El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos. Se comprobó además que transacciones realizadas desde esa entidad con allegados y fachadas corporativas de Saab en 2016 y 2017 despertaron suspicacias entre funcionarios del sistema financiero de Estados Unidos.
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Hubo una época en la que Alex Nain Saab Morán no era tan conocido. Cierto que su detención en Cabo Verde el pasado 12 de junio lo colocó en los titulares de la prensa de medio mundo y hasta obligó al régimen chavista a admitir una relación que durante años mantuvo en la sombra. Pero mucho antes del trance que ahora lo tiene al borde de la extradición a Estados Unidos, ya en el sistema financiero internacional se iban encendiendo poco a poco las alarmas por los movimientos de dinero que hacían algunas de sus opacas estructuras societarias registradas en Panamá, Suiza o Hong Kong, tras obtener millonarios contratos de distinta índole en Venezuela.
De ello hay rastros en algunos de los Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, sus siglas en inglés) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, e incluidos en la filtración que obtuvo BuzzFeed News y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), así como con otros 108 medios de todo el mundo -entre ellos, Armando.info-, para dar lugar al presente proyecto de los FinCEN Files.
Mucho antes de que Saab fuera calificado como “testaferro” del propio Maduro e incluido en la lista de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, también adscrita al Departamento del Tesoro), o de que el chavismo lo ascendiera a la condición de “enviado especial” del Gobierno, esos documentos secretos arrojaban pistas sobre los bancos que el principal proveedor del régimen chavista utilizó para colocar fondos, así como de otras fachadas financieras utilizadas para intentar blanquear operaciones, especialmente las ligadas al negocio del suministro de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el programa con el que el gobierno de Nicolás Maduro vende alimentos subsidiados a los sectores pobres de la población y que a la vez funciona como un instrumento de control político.
El 2 de marzo de 2017, la empresa Group Grand Limited transfirió 5,5 millones de dólares en favor de la mexicana Jaifar Comercial por “paquetes de comida”. El dinero salió de una cuenta bancaria en el Global Bank of Commerce, de Antigua y Barbuda, hasta el Banco del Bajío en México. Group Grand Limited está domiciliada en Hong Kong y es apenas una, aunque quizás la más sonada, de las compañías fantasmales con las que Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, controlaron desde su inicio en 2016 el millonario negocio del suministro de alimentos para los Clap.
Esa misma transacción por 5,5 millones de dólares etiquetada como sospechosa en los documentos de la FinCEN está incluida en la denuncia DEN-UIF-40-2018 que, un año después, formuló la Unidad de Inteligencia Financiera de México ante la Fiscalía de ese país contra las empresas de Saab y Pulido por la venta a Venezuela de alimentos de mala calidad y con evidentes sobreprecios.
Para el momento de la transferencia entre Group Grand Limited y Jaifar Comercial, la sociedad registrada en Hong Kong había recibido al menos un contrato por 340 millones de dólares de parte del gobierno de Maduro. Meses después, en julio de 2017, consiguió otro con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, por poco más de 425 millones de dólares. Ese mismo año también firmaría al menos dos convenios más por 154,4 millones de dólares para importar medicinas de la India, promesa que cada tanto repetía Maduro para calmar el severo desabastecimiento de medicamentos que por entonces ya sufría el país.
En
público, en cambio, Alex Saab lo negaba todo. Negaba su vinculación a Group
Grand Limited, pese a que en abril de 2017
Armando.Info había revelado que uno de sus hijos, Shadi Nain Saab,
fungía como director de la empresa, o que en agosto de ese año la fiscal
venezolana en el exilio, Luis Ortega Díaz, lo señalaba de manejar la compañía
como testaferro de Nicolás Maduro.
“No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos”, afirmó Saab al diario colombiano El Tiempo el 25 de agosto de 2017. Negaba también conocer a Maduro “más allá de un par de actos protocolarios”. Paradójicamente, nada más ser detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde, la Cancillería de Maduro calificó a Saab como el “enviado especial” del Gobierno que, precisamente, se encargaba de las compras de alimentos para los Clap y de medicinas para atender la crisis de la Covid-19.
Entre los documentos de la filtración de los FinCEN Files se encuentra otra prueba de la relación de Saab y Group Grand Limited: en enero de 2016, la sociedad inscrita en Hong Kong y con cuenta en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda transfirió casi 150.000 dólares a Cynthia Certain Ospina, quien para ese momento ya era ex esposa de Alex Saab, a una cuenta bancaria en Panamá; en marzo de 2017 hubo otra transferencia por 36.465 dólares a una empresa colombiana de reservas de eventos y espectáculos justificada como “pago de reserva de hotel”.
El total de transacciones sospechosas de la sociedad que a la postre concentraría cientos de millones de dólares en contratos con el régimen chavista, incluidas en los documentos de la filtración de los FinCEN Files, suma 7,6 millones de dólares, un monto pequeño comparado con las cantidades amasadas en Venezuela, pero revelador sobre el curso de sus negocios.
Group Grand Limited fue finalmente incluida en la lista de la Ofac del Departamento del Tesoro en julio de 2019 por formar parte de una “vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.
Pero, de acuerdo a lo visto en los documentos de la FinCEN que ahora se revelan, Group Grand Limited no es la única de las sociedades controladas por Alex Saab y Alvaro Pulido que activó las alarmas en el sistema financiero estadounidense.
Otras dos compañías del dueto, que lograron negocios con el chavismo, aparecen en los informes bancarios. Se trata del Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas, con la que a finales de 2013 el tándem colombiano logró un contrato de al menos 100 millones de dólares para la construcción de los denominados “gimnasios verticales” impulsados por Nicolás Maduro a comienzos de su gobierno, y de China Royal Industrial Limited, también inscrita en Hong Kong, y que fue beneficiaria en la sombra de las subastas de dólares preferenciales autorizadas por Maduro en 2014 y proveedora de la extinta red estatal de Abastos Bicentenario, locales que a la postre quedaron privatizados en manos del propio Alex Saab y rebautizados como Tiendas Clap, bajo condiciones nunca explicadas por ninguna autoridad.
Sun Properties LLC, inscrita en Delaware -un estado de la Unión que en la práctica funciona como un paraíso fiscal dentro del territorio continental de Estados Unidos-, y Salmex Assets Corp, de Panamá, no ejecutaron negocios en Venezuela, pero también forman parte del entramado de Alex Saab y Álvaro Pulido, y aparecen en los reportes.
Al igual que Group Grand Limited, varias de estas empresas tenían cuentas en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda. Desde allí se giraban transferencias en dólares a cuentas bancarias de distintas partes del mundo, en las que muchas veces el Crown Agents Bank Limited de Inglaterra sirvió como banco corresponsal.
Al ser consultado sobre las transacciones marcadas como sospechosas, el Global Bank of Commerce indicó que “en este momento” no mantiene relación con las empresas ligadas a Alex Saab, pero no contestó si las tuvo en el pasado. “Estamos en condiciones de confirmar que en este momento nuestras cuentas no identifican relaciones bancarias con ninguno de los nombres dados en su comunicación”, respondieron vía correo electrónico sus voceros, tras advertir que las regulaciones impiden suministrar cualquier tipo de información sobre los clientes.
Fuentes conocedoras de los negocios en Venezuela de Alex Saab y de su socio Álvaro Pulido aseguran que, durante años, el Global Bank of Commerce fue uno de los bancos más importantes para sus operaciones. Otros documentos obtenidos para este reportaje confirman que Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido -cuyo verdadero nombre es Germán Rubio-, o la sociedad panameña Global Foods Trading, también ligada a la dupla colombiana, usaron por igual esa entidad financiera para colocar el dinero proveniente de contratos con organismos públicos venezolanos.
Por su condición de “representante económico”, Alex Saab llegó, incluso, a manejar una suerte de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, emitido en 2014 por el para entonces primer ministro de la nación insular, Gaston Browne, aliado incondicional del chavismo en el Caribe y en foros internacionales como el de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras el Global Bank of Commerce, Saab también utilizó para el negocio de los Clap al North International Bank, igualmente domiciliado en la isla, y perteneciente a banqueros venezolanos.
Por su parte, el Crown Agents Bank Limited de Inglaterra negó que las empresas relacionadas con Alex Saab estuvieran entre sus clientes, pero admitió haber actuado como corresponsal del banco de Antigua y Barbuda. “Es información pública que tuvimos una breve relación de corresponsalía bancaria con Global Bank of Commerce. Esto se terminó hace algún tiempo”, argumentó el banco tras asegurar que han desarrollado una “estricta” vigilancia contra los delitos financieros.
Los documentos que forman parte de los FinCEN Files recogen las sospechas en torno a transacciones realizadas, también desde el Global Bank of Commerce y con la corresponsalía del Crown Agents Bank Limited, de personas que desde Caracas han tenido responsabilidades estratégicas en los negocios de Saab y Pulido: Víctor Alfaro, Andreína Fuentes Mazzei, Ana Jeannette Guillermo Luis, Adrián Perdomo -a quien Maduro designó en 2018 como presidente de la estatal Minervén-, o David Faraco, piloto privado de Alex Saab, figuran entre ellas.
Aunque la empresa panameña Salmex Assets Corp no realizó negocios en Venezuela, una de sus transacciones, marcada como sospechosas por los bancos y revelada en los FinCEN Files, dibuja un trazo que conduce a otra de las fachadas financieras usadas por Alex Saab para controlar el negocio de los Clap.
Se trata de un pago por casi 1,3 millones de dólares realizado en marzo de 2017 por Salmex a la sociedad Heimdal S.A, también inscrita en Panamá. El motivo de la transferencia, de acuerdo a los informes bancarios, fue la “consultoría de productos: alimentos latinoamericanos”. Heimdal S.A está administrada por Jorge Guillermo Wuerms, ciudadano suizo, que tuvo residencia en Panamá, que está igualmente vinculado a los negocios de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido.
“Salmex era una empresa usada por Saab, no para contratos, sino que seguramente se usaba para pagar utilidades o comprar activos”, presume una fuente que prefiere el anonimato.
Tanto Wuerms como Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano y ex cónsul de ese país en Nueva York, son los propietarios cada uno con 50% de las acciones de la sociedad Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos, que a su vez forma parte del tinglado que levantaron Saab y Pulido para controlar el negocio de los Clap. Además, Javier Betancourt llegaría a figurar como director de Group Grand Limited, la empresa de Hong Kong, junto al hijo de Alex Saab.
Asasi Food FZC fue la sociedad que Saab y Pulido usaron para la firma de los contratos con el chavismo luego de que Group Grand Limited fuera descubierta por la prensa y señalada por las autoridades mexicanas en octubre de 2018 como responsable de la venta a Venezuela de alimentos de mala calidad con sobreprecios. Entre 2017 y 2018, Asasi Food FZC firmó contratos con la estatal Corpovex por casi 550 millones de euros, siendo el mayor uno para el suministro de los Clap por algo más de 345 millones de euros.
En julio de 2019 la sociedad de nombre Asasi Food, pero terminada en FZE al estar registrada en otro de los Emiratos Árabes Unidos, también fue incluida en las sanciones del Departamento del Tesoro contra la red de sociedades usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido para manejar en la sombra el millonario negocio de suministros para los Clap.
Otros documentos vistos para este reportaje no sólo prueban que Jorge Wurms y Javier Betancourt son los propietarios en papel de Asasi Food FZC, sino que idearon una estructura financiera para que las sociedades Heimdall S.A. y Heimdall AG, ambas inscritas en Suiza y pertenecientes a Wuerms, y la panameña Branil Overseas S.A, pudieran recaudar y mantener en su poder los dineros de Asasi Food. Ni Wuerms ni Betancourt contestaron a las peticiones de entrevista para este reportaje. El bufete de Baltasar Garzón, que forma parte del equipo legal de Alex Saab, tampoco contestó la solicitud.
En conjunto, Group Grand Limited y Asasi Foodz FZC lograron contratos de la administración de Maduro por alrededor de 1.500 millones de dólares, justo en el momento en el que la crisis económica y social de Venezuela se agudizaba.
Esos movimientos bancarios sirven ahora para dibujar las rutas que tomó el dinero salido de Venezuela y explican también las distintas investigaciones financieras que le siguen a Alex Saab no solo en Estados Unidos, sino en Italia, Bulgaria, el principado de Liechtenstein, Bélgica, México o en su Colombia natal. Unas investigaciones que se suman a las que hace años inició la Fiscalía ecuatoriana en su contra por el primero de los negocios que firmó con el chavismo a finales de 2011. También confirman que, pese a esas sombras que desde el comienzo sus negocios proyectaban, a Nicolás Maduro no le importó favorecerlo ampliamente desde 2013 hasta el día de su detención el pasado 12 de junio en Cabo Verde.
En un gesto inusual en él, el 'número dos' del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
El de 2009 fue un ‘annus horribilis’ para el ‘Zar de Mercal’, que por entonces se disponía a pasar de ser un manufacturero y comerciante, candidato del chavismo para sustituir a Polar, a convertirse en todo un banquero. Pero justo en ese momento los cuatro bancos que ya casi había comprado fueron intervenidos y el empresario cayó en prisión. Tras las rejas tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.
Al menos un cuarto de las denuncias de transacciones sospechosas incluídas en los FinCEN Files tienen que ver con empresas que comercian con oro. Una de ellas es el Grupo Kaloti Jewellery de Dubái, que tiene una planta en Surinam que pudiera estar procesando oro venezolano. La compañía estuvo bajo investigación de la DEA y del Departamento del Tesoro, cuyos agentes llegaron a sugerir que la empresa fuera marcada por sus actividades vinculadas al lavado de dinero, pero el gobierno estadounidense decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas. Aunque la compañía se salió con la suya, perdió una importante certificación y algunos bancos globales optaron por cerrar sus cuentas.
La magnitud del "banco local del mundo", como se llamaba en su publicidad, es colosal, tanto como su desdén por las medidas de cumplimiento antilavado de dinero. La investigación de los FinCEN Files lo deja muy mal parado, al revelar que la entidad facilitó la perpetración de un esquema Ponzi también global, mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga y pese a las multas a las que la sometieron los reguladores de Estados Unidos. Luego de divulgados los hallazgos, sus acciones cayeron esta semana en bolsas internacionales.
Las filtraciones de los FinCEN Files revelan transacciones sospechosas vinculadas al empresario austríaco-venezolano que multiplican por siete los 100 millones de dólares por los que fue acusado de lavado de dinero en 2015. Sus habilidades le permitieron escapar de las investigaciones y ahora el experto financiero se ha dedicado a guiar a los fiscales federales por el tinglado de corrupción operado por el ex banquero francés Charles Henry De Beaumont, que incluye a empresarios y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Es decir: sus antiguos clientes.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
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La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
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