La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), una empresa del Estado antillano, replicó en el sector de energía la relación que en otros ámbitos establecieron, bajo el nombre de cooperación bilateral, las revoluciones castrista y chavista: Venezuela ponía la plata y Cuba los productos y servicios de los que con frecuencia solo era intermediario en vez de productor. Pero en este caso el trato incluía que Caracas también financiara la compra de productos y servicios que hacían falta en la isla para reconstruir su propio y devastado sistema eléctrico. Más de 3.000 asesores cubanos desembarcaron para intervenir el suministro de electricidad desde obras que hoy no producen ni un vatio, como Planta Centro, o instalar grupos electrógenos que debían aportar ocho por ciento de la luz en Venezuela, mientras enriquecían a proveedores de otros países como Eslovaquia.
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Cuando en 2004 el presidente Hugo Chávez firmó los acuerdos-marco de cooperación energética con su par de La Habana, Fidel Castro, se abrió para la isla caribeña un frente de negocios en el que la Unión Nacional Eléctrica (UNE, por sus siglas, corporación estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Cuba) se convirtió en un socio forzoso en la provisión de equipos y know-how para el servicio eléctrico de Venezuela, hoy entre los más ruinosos del hemisferio occidental.
Desde consultorías especializadas hasta la compra de tecnología, la UNE fue el gran intermediario con empresas de otros países que dejaban en el camino cientos de miles de dólares en las arcas cubanas con las contrataciones de obras, productos y servicios ofrecidos a Venezuela. La UNE incluyó, a través de su entramado de empresas filiales, la más costosa asesoría para recomendar a proveedores en lo que terminó siendo el fracaso de la expansión de la industria eléctrica nacional prometida por la revolución.
Paradójicamente ese mismo año de 2004 la isla había sido azotada por los huracanes, lo que dejó en el mínimo su escasa estructura eléctrica y también condicionó muchos de los negocios que le propuso a Venezuela. De allí en adelante, lo que necesitaba Cuba para la recuperación de su entramado eléctrico también terminaba comprándolo Venezuela.
En la práctica, el operador privilegiado de esta trama de negocios fue Energoimport, una de las quince empresas que se agrupan en el holding de UNE. Energoimport está a cargo de la compra en mercados internacionales de los llamados “grupos electrógenos” -grandes generadores eléctricos por motores de combustión interna-, que no se producen en la isla pero constituyen la columna vertebral de su sistema de producción de energía. En cambio, en Venezuela, cuyo sistema descansa en las producciones termoeléctrica y, sobre todo, hidroeléctrica, se trataba de algo más o menos exótico. Sin embargo, durante los últimos 20 años, Energoimport compró grupos electrógenos a pedido de su principal cliente, Venezuela.
La misma Venezuela que contaba con uno de los más poderosos complejos hidroeléctricos del continente americano terminó comprando desde la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y a través de la filial de la cubana UNE, generadores eléctricos a fabricantes europeos como Scania (Suecia), MTU (Alemania), Guascor (España); SDMO (Francia), Volvo (Suecia) y CYMASA (España), por casi ocho millones de dólares solo entre 2003 y 2014, según el último informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde enero de 2016.
Todo a través de intermediación cubana y para, según la promesa también de los cubanos, generar 1.500 megavatios en toda Venezuela (alrededor de ocho por ciento de la generación eléctrica nacional), equivalente a lo que solían consumir las grandes empresas básicas productoras de hierro y aluminio al sur del país, y más de lo que instaló entre 2008 y 2011 la cuestionada empresa privada Derwick, la de los llamados bolichicos, que debía aportar cerca de seis por ciento de la producción.
Pero eso es solo un abrebocas, porque los cubanos no solo se limitaron a vender fierros. En el marco de asesorías técnicas, los asesores cubanos recomendaban lo que era bueno para Venezuela a pesar de que, con frecuencia, ello contrariaba lo que los ingenieros venezolanos de la industria eléctrica nacional opinaban. Todo se ejecutó como un programa paralelo de generación distribuida que no estaba incluido en el Plan de Desarrollo Eléctrico Nacional 2005-2024.
Cerca de 3.000 profesionales cubanos trabajaron en áreas estratégicas de Corpoelec y recorrieron el país para la formación y asesoría de servicios eléctricos, según documenta la organización no gubernamental Transparencia Venezuela en su informe del sector.
La UNE cubana aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela, aunque su ficha está vacía en lo referente a obras y servicios prestados o proveedores contratados. Su dirección fiscal es un domicilio residencial que permanece cerrado en Bello Campo, un barrio comercial y de clase media en el este de Caracas. Es una empresa extranjera y como tal está reseñada. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva en el RNC arroja otras pistas que permiten decir que UNE, la del expediente vacío, se convirtió en una campeona de la subcontratación.
Así, en el mismo RNC, se pueden encontrar los expedientes de 98 empresas, entre nacionales, extranjeras, asociaciones cooperativas y personas naturales, que de 2009 a 2014, por ejemplo, aparecen realizando hasta 334 obras a nombre de UNE, que las subcontrató.
Solo en el estado Carabobo, una región industrial del centro del país, 19 empresas comerciales y 21 cooperativas generaron 175 reportes de servicios para UNE. Un análisis en detalle comprueba que los trabajos se hicieron en su mayoría en la Central Termoeléctrica Planta Centro, cerca de la localidad de Morón, una de las principales plantas eléctricas del país, y cuya ampliación se había contratado a la china CMEC.
La revisión muestra además que la UNE contrató a proveedores no solo de Carabobo, sino también de otras provincias como Falcón, Miranda, Yaracuy y Anzoátegui, para hacer trabajos en Planta Centro. Estos iban desde el mantenimiento y reparaciones hasta suministro de gases industriales y aislamiento térmico. Todas las unidades de la gran termoeléctrica venezolana fueron intervenidas y el contratante fue la UNE. Pero el resultado es que hoy Planta Centro -que fue pasto de un gran incendio en 2009- está paralizada.
Otros trabajos contratados por la empresa cubana están relacionados con la mudanza de la Planta Térmica Carora, en el estado Lara, a la Planta Táchira; compra de materiales eléctricos para transformadores (talleres de Lara y Anzoátegui); construcción e instalación de unidades de generación solar (Zulia); proyecto de instalación de sistemas híbridos eólicos-fotovoltaicos-diesel en comunidades aisladas; servicios de poda de la línea de 400 kilovatios en Uribante (Táchira) hasta el transporte y montaje de transformadores de Puerto Cabello hasta la subestación La Horqueta (Aragua) o a La Arenosa (Carabobo). Estas dos últimas fueron protagonistas de un gran apagón a finales de 2018, afectadas por incendios.
Según los mismos registros, la UNE dispuso de recursos para pagar traslados y hospedajes a personal de la Misión Revolución Energética -la misión que dio inicio a los acuerdos de cooperación energética entre Cuba y Venezuela- durante sus múltiples visitas a los diferentes estados y alcanzó para pagar vacaciones en Bolívar, a finales de 2012, para el personal cubano destinado a la Misión Saber y Trabajo.
El RNC no refleja, en cambio, que para la misma fecha en que se ejecutaban estos trabajos y servicios, las empresas eslovacas Energo Control y PPA Control realizaban obras de modernización en la misma Planta Centro y también bajo contrato con la UNE cubana.
Energo Control, especializada en ingeniería y suministro en el área de automatización de procesos tecnológicos, fue la encargada del instalar para la unidad 5 de Planta Centro un sistema computarizado de control de plantas eléctricas Yokogawa Centum VP ProSafe en el año 2010.
Llamativamente, ese mismo año se instaló un sistema similar en la estación termoeléctrica Nuevitas, en Cuba.
UNE firmó también contrato con la eslovaca PPA Control, quien colaboraba directamente con la empresa cubana Energoimport en la rehabilitación de la unidad 5 de Planta Centro en Venezuela, donde ya operaba su paisana Energo Control.
A su vez, entre 2012 y 2013, PPA Control contrató a Energo Control para instalar otra vez un sistema Yokogawa Centum en la misma unidad de Planta Centro y con idénticas especificaciones.
Emilia Tomasovicova, quien representa los intereses de la empresa eslovaca PPA Control en Colombia, se comunicó con Armando.Info y ratificó que la firma del contrato fue con la UNE. En el mismo se especificaban los suministradores de las partes operativas: PPA Control, a cargo de la parte eléctrica y las que faltaban en la sala de caldera; Energo Control, la parte automática y de control; las checas Invelt, sala de turbina y SES Bohemia, tratamiento químico del agua. “Es por esa razón que PPA Control firmó contrato con Energo Control, Invelt y SES Bohemia. La parte eléctrica, la de control y la automática son diferentes e independientes”, dijo.
A su juicio “nadie contrató, ni facturó, ni hizo un trabajo dos o más veces”.
La licitación no se realizó sino hasta 2011 y es allí “cuando los cubanos a través de la UNE invitaron a los eslovacos para preparar el contrato de suministro”, explicó.
En el caso de la participación de los eslovacos en la rehabilitación del sistema eléctrico nacional y su vinculación con Cuba, la vocera señala que “firmaron contrato de suministro y asesoría técnica con la UNE y este contrato lo cumplieron en su totalidad hasta el año 2013”. Concluye indicando que “la unidad 5 de Planta Centro no arrancó por el fallo en el generador, el cual no suministraron los eslovacos ni los checos”.
El director del proyecto fue Pavel Svolik, ingeniero de nacionalidad eslovaca, quien trabajó en la empresa eslovaca, con sucursal en Cuba, SES Energo Caribe hasta 2009 y luego en Energo Control hasta 2014. Entre 2015 y 2017 su hoja de vida señala que fue director técnico para PSEnergía S.R.O. de la que posee la mitad de las acciones y figura, además, como vicepresidente en los registros de la compañía.
Esta última compañía tiene sucursal en Venezuela, específicamente en el estado Lara, y tuvo como cliente a la Corporación Eléctrica Venezolana (Corpoelec) a quien le hizo un servicio de fabricación de bombas para la Central Termoeléctrica Planta Centro, en 2015, como consta en la ficha del RNC. Es miembro del holding PSE Global, conformado por PSEnergía EPC a.s. y la empresa local PSEnergía de Venezuela, C.A., también registrada en Lara y constituida en 2013.
En las mismas fichas del RNC, de 2017, aparece que PSEnergía de Venezuela tuvo como cliente a PSEnergía S.R.O. para realizar mantenimiento eléctrico en el país.
De acuerdo con la información publicada en su página web, el holding comercial tiene sede en la República Eslovaca y Venezuela y que dos de sus proyectos están relacionados con Planta Centro.
Su currículo en los últimos dos años señala que participó en la preparación de la propuesta técnica del proyecto de Planta Centro U2, U3, U4 y U5, así como de la Planta Tacoa U9. También realizó estudios de factibilidad en la Planta de coque en Anzoátegui (en 2010, Pdvsa firmó carta de intención con la rusa Inter Rao Ues) y la fábrica de Pellets Orinoco. Su socia eslovaca, Tomasovicova, insiste en afirmar que nunca hizo ni un estudio de factibilidad y solo hacía propuestas técnicas.
Por otro lado pero en simultáneo, la también eslovaca Energo Control manejó entre 2006 y 2010 el proyecto de la rehabilitación de la Refinería de Cienfuegos de Cuba, cuyo cliente fue la estatal venezolana PDVSA en conjunto con la cubana CUPET.
La declaración conjunta entre Cuba y Venezuela, firmada en 2004 y que estableció el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, obtuvo solo en 2005 un presupuesto de 834 millones de dólares, según lo informado en la VI Reunión de la Comisión Mixta en Caracas. Este dinero sería destinado a 209 proyectos en esferas claves de desarrollo económico y bilateral.
En 2008, los proyectos habían disminuido a 173 y el monto de la inversión, sin embargo, se incrementó hasta 2.000 millones de dólares. Una década más tarde, en la firma del Plan Anual de Cooperación Cuba-Venezuela, los proyectos fueron apenas 22, correspondientes a servicios sanitarios, suministros de medicamentes, fomento agroalimentario y soporte eléctrico.
En total, según el informe de Transparencia Venezuela, solo la llamada Misión Revolución Energética le costó al Estado venezolano 6.323 millones de dólares entre 2006 y 2015. Los recursos llegaban por distintas vías y los órganos ejecutores eran también distintos, según fuera la naturaleza del proyecto.
En los casos de los servicios de consultoría, formación de personal para el uso eficiente de la energía eléctrica, creación de plantas de ensamblaje de microcontadores eléctricos (para llevar el conteo residencial de consumo de kilovatios), migración a plataformas libres y proyectos de instalación de sistemas híbridos, el dinero provenía del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Ministerio de Energía Eléctrica.
Cuando se trató de rehabilitaciones de centrales eléctricas, soporte en subestaciones y líneas de transmisión, así como la exportación e importación de grupos electrógenos, los recursos provenían de Fonden como del Banco de Desarrollo Social (Bandes).
Venezuela, que poseía a finales de los 90 un sistema eléctrico interconectado, se vio una década después requiriendo de intervenciones y equipamientos para expandir el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Pero de la mano de las revoluciones bolivariana y cubana la industria fue estatizada y desguazada. Los asesores cubanos diseminaron su influencia en todas las áreas de generación eléctrica pero lo único que está a la orden del día hoy son los apagones, también como los cubanos, en todo el territorio nacional.
Este reportaje fue actualizado el 21 de agosto de 2019. Los cambios incorporados se hicieron en el capítulo denominado “El cortocircuito eslovaco”.
Se cumple un año de la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que culminó la paulatina conquista ideológica y comercial del sector en Venezuela por el castrismo, tanto como proveedor tecnológico así como mentor ideológico. Por una parte, empresas estatales cubanas como Albet o Copextel encontraron en la administración pública de Caracas voluminosos ingresos y oportunidades para desarrollar una experticia que, de otra manera, no tendrían; por la otra, el comandante Ramiro Valdés impuso su concepción de la informática y las telecomunicaciones como una herramienta de represión y seguridad interna. Los cubanos llegaron a constituir una empresa privada exclusiva para Venezuela y, a través de una compañía binacional, por fin consiguieron un puesto en el nuevo holding venezolano.
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