Es la segunda isla más grande de Venezuela, casi inhabitada, con una riqueza biológica única. Pasó inadvertida hasta que el régimen de Nicolás Maduro reflotó los planes de expansión turística y permitió la construcción de un primer hotel, asignado a dedo a un contratista petrolero que no tenía nada que ver con el sector. La tragedia se ensañó con el empresario y dejó abandonado el proyecto.
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En septiembre de 2013, el flamante Ejecutivo de Nicolás Maduro -elegido presidente cinco meses antes- aprobó una declaratoria como Zona de Interés Turístico para La Tortuga y el pequeño archipiélago que la rodea, frente a la costa central de Venezuela. Desde entonces, en tan solo tres años, Maduro y su equipo lograron lo que Hugo Chávez -que había concebido otro destino para la isla, como base de un proyecto gasífero- no hizo en 15 años. En 2016, la isla exhibió su primer avance en infraestructura y en depredación ambiental: un nuevo hotel, el único construido hasta ahora, que combinó en "alianza estratégica" al Ministerio de Turismo (Mintur) y a un socio inexperto en los asuntos del turismo pero cercano al poder, Luis Napoleón Picardi Flores, fallecido en agosto de 2017 en un accidente aéreo.
El régimen chavista ya había intentado levantar un proyecto turístico de menor envergadura en la isla cuando el comandante Wilmar Castro Soteldo, hoy ministro de Agricultura, asumió las riendas del entonces recién creado despacho de Turismo, en 2005. El proyecto incluía un edificio diseñado por el arquitecto Fruto Vivas. Pero en la espasmódica planificación revolucionaria el plan quedó en el olvido y no volvió a tocarse hasta la gestión de Andrés Izarra al frente del ministerio, en 2014, cuando el arquitecto fue llamado de nuevo para dirigir a un grupo de profesionales en la realización de un “plan maestro” turístico en las islas La Orchila, La Blanquilla y La Tortuga.
Otra vez el espasmo: aunque Vivas propuso entonces levantar construcciones ecológicas para incrementar la capacidad de pernocta para el turismo internacional, no fue sino hasta 2019 cuando se retomó el proyecto en La Tortuga, en esa ocasión bajo la batuta del ministro de turno, Félix Plasencia. La Blanquilla había desaparecido del proyecto.
De uno a otro hito, las decisiones gubernamentales tuvieron en común que ponían la isla a cargo de Mintur, un colonizador con el objetivo claro de vulnerar su virginidad y fomentar el turismo exótico.
Entre tanto, la comunidad científica insistía en la necesidad de preservar la riqueza biológica de esos espacios insulares. Científicos venezolanos llegaron a participar en jornadas de limpieza y de investigación conjunta con varias organizaciones e instituciones del Estado. Pero eso fue posible solo durante un lapso muy corto. Desde hace una década no vuelve a ocurrir. "Las condiciones cambiaron y el acceso fue restringido. No tenemos estudios actualizados”, señala Chelo Noriega, presidenta de la Fundación La Tortuga.
Explica que, entre 2005 y 2007, presentaron ante el Estado Mayor de la Armada Nacional sus trabajos científicos sobre la isla y, en conjunto con otras instituciones, incluido el extinto Ministerio del Ambiente, elaboraron una propuesta de modificación del primer proyecto de desarrollo turístico de la isla elaborado por Mintur. Lograron paralizar las obras iniciadas para la fecha que “abrían una trocha por todo el medio de la isla”.
Otras organizaciones ambientalistas, como Vitalis, respaldaron esos estudios. La isla es en sí misma un tesoro único, prístino, cuya mera existencia siempre queda a merced de los proyectos grandiosos que cíclicamente buscan imponer desde Caracas una transformación definitiva. Una reseña de 2007 explicaba que “el sur de la isla es su área más vulnerable, allí hay una de las mejores expresiones del Pleistoceno, hay tres formaciones geológicas juntas que no se dan en ninguna parte del país, hay fósiles expuestos y se habla de cinco especies endémicas de aves”.
De la fragilidad del ecosistema, Noriega pone un ejemplo: solo el tráfico de aeronaves pone en riesgo el espacio de tránsito de las aves migratorias: "Los aviones no deben ser mayores de una capacidad de ocho o diez pasajeros, ni se pueden exceder en las frecuencias de vuelo”.
También quedan en peligro los hábitos de la especie que da nombre a la isla, la tortuga marina. Ha encontrado un lugar predilecto de anidación en las playas de arenas blancas de La Tortuga, lejos de todo contacto humano.
También de las tortugas marinas, o según su denominación científica, Chelonia mydas, tomó el nombre el único hotel que la política oficial de incentivos ha conseguido que se levante: Chelonia Eco Resort. Pero, a diferencia de la isla y a pesar de su prefijo "eco", ni las acoge ni las atesora.
Su construcción terminó siendo uno los grandes logros de otra ministra más al frente de la cartera de turismo, Marleny Contreras, diputada por el oficialismo de la írrita Asamblea Nacional, pero mejor conocida por ser la esposa de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y número dos del chavismo.
Contó con la inversión de Luis Picardi, un conocido contratista petrolero a quien otorgó la exclusividad del proyecto. Aún sin estar relacionado con el sector turístico, el empresario logró lo que otros inversionistas ambicionaban pero no consiguieron: levantó en La Tortuga doce cabañas tipo bungaló, interconectadas por caminerías al aire libre, con todas las comodidades en cuanto a servicios públicos y recreativos en una zona de acceso muy restringido.
Fue el 24 de junio de 2016 cuando Picardi firmó la “alianza estratégica” entre su empresa, Ecodesarrollo La Tortuga C.A, creada nueve días antes del acuerdo, y Mintur. Aunque los trabajos en la isla habían comenzado antes de esa formalidad, hasta entonces habían sido gestionados por la otra compañía del contratista, Servicios Picardi C.A., dedicada al transporte naval de la industria petrolera, especialmente para la petrolera estatal PDVSA.
Sobre el papel, el objeto de Ecodesarrollo La Tortuga fue tan amplio que podía optar para ofrecer todo tipo de servicios, obras y productos para el manejo de infraestructura turística, con o sin licitación. Picardi, aún cuando no tenía experiencia en el sector, fue uno de los privilegiados que entró en la ola de entrega de concesiones de los hoteles Venetur a empresarios privados -Campamento Canaima, Morrocoy, Maremare, Puerto La Cruz y Los Roques- que caracterizó la gestión de Marleny Contreras.
El proyecto de La Tortuga llegó a ser muy ambicioso, con una segunda fase que proponía la ampliación del Chelonia Eco Resort. Según la información de su página web -actualmente fuera de línea- se levantarían 15 módulos adicionales para habitaciones, dos para los empleados y un spa. En total, la propuesta turística llegaba a 59 habitaciones dobles, jacuzzi, lounge bar, varios restaurantes, parque infantil, enfermería, un sistema de acueductos para que las embarcaciones visitantes tuvieran agua dulce, alquiler de equipos deportivos para la práctica de kayak, kitesurf y windsurf.
Pero hoy todo está desocupado. A pesar de la inversión de Mintur y las empresas de Picardi, el complejo quedó a la mitad con dos circunstancias clave que enterraron sus logros: el fallecimiento de Luis Picardi, en agosto de 2017, y la salida de Marlenys Contreras de Mintur, en abril de 2018.
Tanto Picardi como Contreras calculaban culminar la segunda fase del complejo turístico en 2018, para ponerlo en funcionamiento en 2019. Pero un accidente aéreo sorprendió a Picardi el sábado 19 de agosto de 2017. Se trasladaba desde el aeropuerto de Maiquetía al estado Anzoátegui, donde vivía y tenía sus empresas, a bordo de un Lear Jet 25, con matrícula YV3191. La aeronave se estrelló, poco después de despegar, frente a las costas de Naiguatá, litoral central del país. Entre los pasajeros también se encontraba el hijo de Miguel Pérez Abad, quien para ese momento era ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
De las causas del accidente no se informó oficialmente, un misterio que luego engendró otro misterio: Un experto rastreador submarinista ítalo-venezolano, Hugo Marino, se interesó en lo ocurrido y ofreció sus servicios para encontrar la aeronave en el lecho marino. Viajó de Miami, donde residía, a Caracas en abril de 2019. Pero desde entonces no se supo más de él. Su desaparición, que ya cumple dos años sin resolverse, es una denuncia permanente que en redes sociales formulan su esposa y su madre.
El jueves, 9 de julio de 2015, la ministra Contreras inspeccionó las obras que había dejado su antecesor para dar la voz de partida a los trabajos de construcción. Picardi puso manos a la obra y en menos de un año ya había adelantado la primera fase del hotel Chelonia Eco Resort.
Sin embargo, no por ello Picardi descuidó sus negocios petroleros. Entre 2016 y 2018, años en los que se construyó el complejo turístico, la compañía Servicios Picardi reportó ante el sistema de contrataciones del Estado los trabajos que hizo para Pdvsa, Petrosucre, Petrocedeño, Petroindependencia, Petropiar, Bariven, Supermetanol y Metanol de Oriente Metor.
Un exfuncionario del estado Anzoátegui recuerda
que Picardi tenía “dos tanqueros anaranjados anclados en la bahía de Pozuelos,
en el puerto de Guanta, al noreste de la región, que fueron los que usó para
transportar materiales a la isla”. Además, siempre según la fuente, los usaron
“en el traslado del material e instalación del cable submarino a Cuba”.
En el Sistema Nacional de Contrataciones, Picardi aparece vinculado a siete empresas. Cinco de ellas tienen como objeto social la prestación de servicios petroleros. Las dos más recientes son del año 2016: C Tech Services C.A, dedicada a la perforación de pozos petroleros, gas, agua o de cualquier otro tipo, y Ecodesarrollo La Tortuga. Pero Servicios Picardi, fundada en 1992, fue la que tuvo mayor presencia en el país y durante más tiempo.
Con el fallecimiento de Picardi fue su esposa, Liseth Odilis Romero Malavé, quien tomó las riendas de los negocios. En enero de 2018, unos meses después de la muerte del empresario venezolano, registró en Singapur a Servicios Picardi como compañía local. En esa misma fecha, ocurrió lo mismo con dos sociedades con las que está vinculada, Gulf International 2016 Inc y Venezolana de Tubulares Inc. En medio de las sanciones económicas que afectan al país, crear compañías en Singapur genera ventajas fiscales para sortear las restricciones.
Sobre los negocios turísticos de su marido, a Romero le corresponde la mitad accionaria de Ecodesarrollo La Tortuga, la otra parte la tiene la sucesión que por leyes venezolanas le corresponde a su esposa e hijos. En el caso de Servicios Picardi, tiene solo el 35%, y comparte sociedad con la sucesión, Port Management Venezuela y Guillermo Tilerio Silva. Armando.info intentó conversar con un representante de la empresa, pero aseguraron que no estaban “autorizados para responder” indicando que la potestad la tienen las autoridades del Ministerio de Turismo.
Aunque algunos negocios del grupo siguieron su marcha, la muerte de Picardi paralizó la construcción del proyecto turístico en La Tortuga. Pocos meses antes de su fallecimiento, Luis Picardi hizo una visita con la ex ministra Marleny Contreras y mostró con orgullo lo que había logrado con la inversión otorgada por el ministerio. El desembolso incluyó créditos turísticos otorgados durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) de 2017 y en el evento se presentó a la isla como un destino atractivo al nivel del archipiélago de Los Roques.
De acuerdo con un ex funcionario del Ministerio de Turismo, la alianza estratégica también incluyó la inversión de otros organismos del Estado para la construcción de la infraestructura de servicios. Por ejemplo, la planta desalinizadora fue obtenida a través de un convenio entre Pdvsa y el Ministerio de Ecosocialismo, y el sistema híbrido de generación eléctrica fue gracias a la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundalec), del Ministerio de Energía Eléctrica.
A la empresa de Picardi también se le dió la potestad de rehabilitar la pista de aterrizaje -1200 metros para recibir aeronaves de hasta 30 pasajeros- que se encuentra muy cerca del hotel, para lo que el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo había destinado 55 millones de bolívares (entre cuatro millones y casi nueve millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio oficial usada por el gobierno para 2015). Uno de los usuarios recurrentes de la isla aclara que “quedó en granzón y sin torre de control”.
Como el papel aguanta todo, en proyecto la empresa de Picardi asumiría también la construcción de la estación secundaria de Guardacostas La Tortuga, para el Comando de la Armada Bolivariana, una estación biológica para el marcaje de tiburones, conservación de tortugas marinas, monitoreo de pesca de langosta y pez león. También un museo arqueológico de los hallazgos de la isla, que datan de unos 400.000 años atrás. “Un producto de alta calidad combinando los recursos naturales con una infraestructura basada en criterios sustentables desde la perspectiva ambiental, social y económica”, de acuerdo con la ficha técnica del proyecto del año 2017, a la que tuvo acceso Armando.info.
La obra se desarrolló en varias etapas, específicamente en el sector Punta del Este (también conocida como Punta Delgada), al noreste de la isla, frente a Playa Caldera. De acuerdo a los estudios de Mintur esta área constituía una “unidad turística” de aproximadamente 71.000 metros cuadrados en los que se implementaría la modalidad de turismo full day con la construcción de un restaurante, baños públicos, toldos, doce cabañas sin pernocta, y un módulo para empleados. La empresa de Picardi llevó el proyecto un poco más allá: paisajismo, cabañas ecológicamente amigables, plantas de tratamiento de agua, dos plantas desalinizadoras para generar 30.000 galones de agua dulce al día y un muelle privado. Además, zonas recreativas, fuente de soda, salón de usos múltiples, área de reuniones, piscina y un sistema híbrido de generación eléctrica con paneles solares y generadores eólicos.
Aún cuando el acuerdo de Mintur se suscribió con Ecodesarrollo La Tortuga, la otra empresa del fallecido empresario también facturaba por los trabajos realizados en la isla. Un trabajador que laboró en el hotel durante el año 2017 dijo a Armando.info que Servicios Picardi pagó sus honorarios desde el inicio, luego se canalizó por la compañía turística.
Del estudio de impacto ambiental se tienen dos certezas. Una, que lo hizo la empresa transnacional Grupo Incostas Nouel, en 2014, a petición del Instituto Nacional de Turismo adscrito a Mintur, y que se evaluó la primera etapa del proyecto turístico de islas La Tortuga y La Blanquilla. La otra, que en 2016 Grupo Incostas repitió como proveedor de servicios ambientales, pero esta vez trabajó para Servicios Picardi, y desarrolló un “sistema natural del tipo humedal” para las instalaciones del hotel Chelonia Eco Resort y de la Estación Secundaria de Guardacostas de isla La Tortuga, según describe en un folleto publicado en su página.
Incostas se ha dedicado a proyectos de envergadura en el ramo portuario y petrolero, y ofrece soluciones especializadas en ingeniería y construcción. Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales con más trayectoria desconocen del estudio de impacto ambiental y las consecuencias en el frágil ecosistema. En la isla se encuentran aves endémicas, residentes y migratorias; además de formaciones geológicas, y uno de los últimos reservorios marinos existentes en el país y aunque biólogos y especialistas aseguran que hay zonas de La Tortuga que son tan frágiles que cualquier elemento externo impactaría, Mintur asegura que sería un “turismo sostenible”.
En la actualidad, unos pocos turistas llegan a la isla por vía marítima hasta las playas de Cayo Herradura, al noroeste, donde se observan yates anclados y los campamentos improvisados de carpas para visitantes, sin baños como los construidos en el complejo, y sin agua dulce aunque Mintur invirtió en plantas desalinizadoras. Los otros residentes temporales de la isla son funcionarios de una estación secundaria de la Armada que vigilan la franja norte, aunque no se precisa información oficial de cuántos hay. Sin embargo, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela calcula que no pasan de diez personas. Los pescadores han sido desplazados de una zona a otra, algunos tienen toda la vida allí porque sus padres emigraron de una isla a otra, de Margarita a la Tortuga, y el lugar permisado para ellos estar es la Laguna El Carenero.
En La Tortuga se erige un faro que fue significativo para los marinos, una atracción inutil porque no se puede subir por falta de mantenimiento, tampoco ilumina la ruta para las naves. Sólo está ahí como las construcciones de Picardi y Mintur, abandonado, un hotel lleno de fantasmas en una isla con cuentos de piratas.
Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.
Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe. Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela, que bajo la “revolución bolivariana” sedienta de dólares los mercadea como destinos de un nuevo turismo cinco estrella.
No es el único proyecto turístico que se construye en la costa centro occidental de Venezuela, pero sí el que más ha penetrado en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, al lado del Parque Nacional Morrocoy, zonas protegidas por más de una decena de leyes y normas ambientales. Crear la "nueva Punta Cana" es la ambición de su promotor, un empresario español de gran calado con muchos socios militares. Pero mientras llega la prosperidad prometida, la primera manifestación del desarrollo es el dragado de un canal que pone en peligro a un ecosistema único.
Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
