El gobierno de Nicolás Maduro hace una sigilosa repartición de recursos a países aliados. Dos empresas recién registradas en Estambul aparecen en el vecindario como socias de las estatales Carbones del Zulia y CVG Minerven. Tienen casi la mitad de las acciones, a pesar de que su rastro se diluye en el mercado offshore. Entre Ankara y Caracas reina la opacidad.
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Tan solo con 25 años, Lorenzo Antonelli figura al frente de Marilyns Proje Yatirim, una empresa turca que debuta en Venezuela para explorar y extraer el oro del sur del país. De nacionalidad italiana y con una reputación inadvertida en los mercados globales, el novel empresario aparece como director de la firma radicada en Estambul y que el gobierno venezolano presentó el mes pasado en sociedad como aliada de la estatal CVG Minerven en una sociedad mixta de nombre Minería Binacional Turquía-Venezuela.
Su negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo, numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones Turquía-Venezuela, respectivamente.
Las empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales, mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros mercantiles de Estambul.
Ninguna de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.
El empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía. Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.
El oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a pesar de que Glenmore Solutions Limited había sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España, por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la Castellana elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y publicada el 7 de junio de 2016.
Tovar encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited, establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y Minerven.
Los principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos fuertes.
Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.
El intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década. Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.
El derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la captura de 28 más.
La carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario, su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario desembolso.
Según un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron 48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la compañía, declaró al diario regional La Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que se solían extraer al año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en Zulia”.
Meses antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al país.
Los que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación, capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10 años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales, gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas explotadas.
En un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se separó de su cargo.
Ríos fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera, sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.
El interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza Turquía sobre dos empresas en las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
El segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, después de Citgo, esconde una historia reciente en la que sus ejecutivos, poco antes de dejar las riendas de la estatal venezolana en Barranquilla, pactaron negocios con una empresa privada que a la postre comprarían. Se trata, además, de una compañía cuyo origen está ligado al mundo empresarial del principal contratista que favorecieron durante años siendo directivos de Monómeros. Hoy, incluso, compite en el mercado de fertilizantes contra la filial de Pequiven en Colombia.
El principal contratista de Nicolás Maduro fue detenido el pasado viernes, nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico, a las puertas de África. Puede que sea su penúltimo viaje, si finalmente es deportado o extraditado a Estados Unidos, como pretenden autoridades de ese país. Sería el peor de los finales tras muchos años de viajes en los que acumuló millas pero, sobre todo, millones de dólares gracias a opacas estructuras societarias con las que a partir de 2013 manejó divisas preferenciales, obras públicas, suministros de alimentos para los CLAP, contratos con Pdvsa y hasta el comercio del oro y carbón venezolano.
Durante dos años el aluminio solo brillaba por su ausencia en la planta de Alunasa, una empresa estatal venezolana con sede en Costa Rica. Razones había para la escasez: los proveedores de materia prima desde Guayana no podían cumplir con el suministro por su propia parálisis y práctica extinción. Pero de pronto en 2019 un misterioso cargamento de lingotes del metal llegó a la empresa, aunque a nombre de un privado, y los rollos de papel de aluminio con su marca volvieron a estar en los supermercados. Hay indicios para suponer que la privatización encubierta es el destino que se prepara para una operación ya lastrada por problemas laborales, la mala gestión y hasta la acusación de servir de conducto para el lavado de dinero.
Mientras el estado Zulia sufre cortes de luz de hasta 12 horas cada día, el ministerio de Energía Eléctrica planea resucitar una vieja turbina que falló en la unidad 1 de Termozulia 1 luego de solo tres meses de operaciones y cuya instalación costó más millones de lo que dice la norma. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro pagará 55 millones de dólares a la empresa Turbopre Services para reactivar siete turbinas en el principal complejo termoeléctrico de Zulia, pero el proyecto ignora la información vital del fabricante e involucra el ensamblaje de una rareza ingenieril en la TZ01, que incluye la mezcolanza de tres máquinas con seriados distintos en una sola.
Adrián Perdomo Mata acaba de entrar en la lista de castigados del Departamento del Tesoro estadounidense en su condición de presidente de Minerven, la estatal encargada de explorar, exportar y procesar metales preciosos, sobre todo, el oro de las minas de Guayana. Su llegada a ese cargo coincidió con el auge de las exportaciones intempestivas de oro venezolano a nuevos destinos, como Turquía, para financiar las importaciones de comida. Detrás de esas sigilosas operaciones está la sombra de Alex Saab y Alvaro Pulido, los principales beneficiarios de las ventas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y con quienes el propio Perdomo trabajó antes de que Nicolás Maduro lo colocara al mando del oro venezolano.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
