El silencio y el aislamiento de una comunidad cerrada, bajo resguardo de barreras y garitas, parecen proteger de cualquier violencia que venga de afuera a las familias que habitan en este ramal, un colofón de la extensa calle Simón Planas, en Colinas de Santa Mónica. Aunque resulte que la violencia siempre estuvo dentro.

A primera vista, una de sus casas luce similar a las adyacentes quintas, típicas de la urbanización, situada en el suroeste de Caracas, cerca de los empinados linderos entre los municipios Libertador y Baruta. Alguna vez en el inmueble hubo vida familiar. Se hicieron hallacas, corrieron niños en su patio, se recibieron visitas.

Dos casas más allá, al fondo de la calle ciega, se encuentra el Salumificio Il Visconti, un restaurante y fábrica de embutidos artesanales, preparados según la tradición italiana. Funciona desde 2010. La casa que le sirve de sede yace sobre una cornisa de las colinas, un mirador que ofrece vistas sublimes del cerro El Ávila y del oeste del valle de la capital venezolana. El local solo atiende en las noches, aprovechando el escenario y el panorama que se observa desde sus terrazas, propicias para contemplar la puesta del sol en una cena romántica con música en vivo. También se celebran bodas, cumpleaños, navidades y brindis corporativos.

Sin embargo, diversas señales empiezan luego a sugerir que nada normal ocurre en la quinta La Arenosa; en cambio, sí algo ominoso. La distinguen altos muros de piedra, cercado eléctrico, paredes reforzadas con ladrillos y cámaras de vigilancia dispuestas en ángulos cruzados, entre otros signos de acuartelamiento.

Los indicios no mienten. Hasta hace poco, en la quinta funcionaba un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), donde sus agentes escondían y torturaban a activistas de oposición secuestrados. Armando.info confirmó al menos siete casos de víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, detenidas después del fraude electoral que Nicolás Maduro perpetró en julio de 2024, que fueron objeto de maltratos y tormentos entre sus paredes.

En algún momento, todas esas víctimas fueron trasladadas -varias de ellas inmovilizadas por un dispositivo que agentes y prisioneros apodaban El pulpo, pues ata manos y piernas a la vez- hacia El Helicoide, el hasta hace poco siniestro reclusorio que también se divisa desde las terrazas de Il Visconti.

Los esbirros siempre cobran la renta

“Sí, esa casa es del Sebin”, afirmó un vecino de la quinta, de dos plantas y jardín, al responder a una consulta del equipo de Armando.info. Aseguró que recientemente no ha visto el movimiento de las camionetas que solían salir y entrar a toda hora, una actividad intensa que duró por años.  

El acceso a la calle está restringido. Para entrar hay que dejar atrás dos garitas de vigilancia donde se valida un código autorizado por los habitantes de la zona residencial. 

La Arenosa fue construida por sus dueños originales en los años 70, cuando la clase media caraqueña se expandía por las colinas del sur del valle y más allá, con el auspicio de la prosperidad petrolera. Personas que vivieron en la casa o la frecuentaron, la recuerdan como un hogar luminoso, de puertas abiertas, donde se celebraban cumpleaños familiares y se hacían parrillas con amigos cada fin de semana. Los festejos navideños en la vivienda se rememoran con cariño. Entonces se reunían varias familias para preparar hallacas en el patio interno, a la sombra de un árbol de mango.

Décadas más tarde, el terror se alojó en La Arenosa.

Por ello, los prisioneros políticos que por ella pasaron la recuerdan de otra manera. Durante la mayor parte de su estadía permanecieron con los ojos vendados y esposados. Aun así, las impresiones y los atisbos que cosechaban en la casa, cruzados más tarde con otros prisioneros de vuelta a El Helicoide -desde donde eran trasladados-, permitían construir en la memoria un mapa bastante aproximado a la realidad del lugar donde los habían maltratado. Algunos lograron identificar partes de la casa en los breves momentos en los que les quitaban la capucha para interrogarlos o dejarles ir al baño; otros miraban “algo” por los rabillos de los ojos que las vendas no cubrían. Escuchaban las conversaciones de los policías, el traqueteo de una lavadora y los gritos de otros detenidos. Con esas piezas concluyeron que el lugar donde habían estado desaparecidos era ese de Colinas de Santa Mónica

El contraste entre el horror y el candor, distanciados por tan solo unos metros, remite a la atmósfera de la película Zona de Interés, del director Jonathan Glazer, ganadora de un premio Óscar en 2023, a su vez muy libremente inspirada en el libro homónimo del escritor británico Martin Amis. Los pasajes de la una y del otro muestran la vida casi idílica de la familia del comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss, así como las de otros oficiales de la SS nazi, que discurrían impasibles, separadas apenas por una pared del infierno donde a diario gaseaban e incineraban a miles de personas, Con la diferencia de que esas familias arias de la II Guerra Mundial conocían a ciencia cierta que algo terrible ocurría detrás del muro, algo de lo que los vecinos de Colinas de Santa Mónica no necesariamente estaban informados. 

Muchas de las casas clandestinas ubicadas, como La Arenosa, en vecindarios familiares de clase media o media-alta de Caracas, y quedaron en manos del Sebin y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para convertirlas en centros de torturas, fueron parte del botín que el régimen chavista confiscó, la mayoría de las veces sin soporte legal y solo como hecho cumplido, de viviendas de opositores exiliados, presuntos narcotraficantes y familias acomodadas, según explicaba la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (MIIDH) de Naciones Unidas en su tercer informe de 2022. Si bien se trata de organismos oficiales -en el caso del Sebin, por ejemplo, desde 2012 quedó adscrito al organigrama de la Vicepresidencia de la República-, ambos optaron por hacerse de estos lugares informales u oficiosos a manera de casas seguras o casas de seguridad, en principio destinadas al resguardo de funcionarios del régimen ante emergencias de orden público o golpes de Estado, “pero [que] luego se utilizaron para encarcelar, torturar y secuestrar a opositores”, relata el informe. 

La Arenosa aparece como un caso excepcional frente a esa usanza de las agencias de inteligencia del chavismo. Allegados a los propietarios originales aseguran que estos vendieron la vivienda a un militar alrededor del año 2000. La memoria se les hace imprecisa. Así que es un documento judicial el que termina por aclarar la verdadera trayectoria patrimonial de la quinta. 

Se trata de un acta de divorcio emitida en 2012 que revela que, hasta entonces, el inmueble era propiedad del excapitán del Ejército, Carlos Luis Aguilera Borja, junto con su primera esposa, María Esther Rioobo de Aguilera. El documento certifica que en la quinta La Arenosa la pareja, que permanecía separada desde 2005, había establecido “su último domicilio conyugal”. 

Aguilera Borjas fue uno de los guardaespaldas de confianza del comandante revolucionario, Hugo Chávez. Dirigió la policía política (entonces Disip, Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, antes de llamarse Sebin) del primer gobierno del caudillo bolivariano hasta 2002. Entonces, al discreto oficial lo señalaron por su fracaso en prevenir y sofocar el golpe militar del 11 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por 47 horas. Para colmo, durante la asonada, agentes de la misma Disip, sus subordinados, llegaron a arrestar a Aguilera. Así quedó cuestionado su control sobre el cuerpo, así como quedaron en entredicho su eficacia y hasta su lealtad a la Revolución. Fue entonces destituido de aquel puesto y degradado a la insignificante dirección del Fondo de Jubilados y Pensionados. Su defenestración, sin embargo, no le cayó mal a Aguilera. Sería el comienzo de una carrera de negocios en el extranjero, por la que hizo fortuna, hasta el punto de aparecer en una filtración masiva del Credit Suisse en 2022.

La Arenosa pasó a manos de nuevos propietarios en 2012, el mismo año del divorcio del matrimonio Aguilera-Rioboo, según consta en un acta de compraventa inmobiliaria a la que tuvo acceso Armando.Info. El 4 de junio de ese año, María Esther Rioboo de Aguilera, en representación de quien fuera su esposo, Luis Aguilera Borjas, vendió la quinta de 608 metros cuadrados, ubicada en el Ramal 2 de la avenida Simón Planas de Colinas de Santa Mónica, a un ciudadano venezolano cuya identidad se omite por razones de seguridad. 

Siete años más tarde, en marzo de 2019, el Sebin incautó la quinta La Arenosa de forma preventiva como parte de una investigación penal por el delito de reventa y agavillamiento al que supuestamente estaría vinculado el nuevo propietario. Pero cuatro meses después, tanto el Tribunal 20 de Control como la Fiscalía 74 del Ministerio Público, ordenaron al Sebin y a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) la devolución inmediata de los bienes incautados tras cumplirse el procedimiento legal correspondiente. Pero de nada valió ese mandato ni las solicitudes de amparo constitucional introducidas durante los últimos ocho años para que se devuelva la casa. Hasta marzo de 2026, el Sebin sigue usurpando La Arenosa y dándole otros usos muy distintos al residencial.

Libro de visitas

Fueron ocho los hombres vestidos de negro que, la noche del 10 de diciembre de 2024, detuvieron al activista político venezolano, Jesús Armas, en la entrada de un café de la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas. En esa fecha, el exconcejal de Caracas y director de la organización Ciudadanía Sin Límites había decidido salir de la clandestinidad, en la que estuvo a salvo desde que se desató la vorágine represiva tras el fraude electoral del 28 de julio. Estaba harto del encierro, confesó a Armando.info, y lo dejó, si bien lo preocupaba que ese abandono de la concha suponía exponerle al riesgo de engrosar la lista de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, que en aquel entonces ya superaban los 2.000. No pasaron 24 horas antes de que cayera en las garras de la policía política.

Los individuos, con uniformes pero sin insignias, le taparon la cabeza con una capucha, lo obligaron a subir a una camioneta y se pusieron en marcha de inmediato. Al cabo de pocos minutos de recorrido se detuvieron, bajaron al activista político del vehículo, y lo condujeron al interior de algún lugar que, en el primer momento, no tuvo cómo identificar. Con todos los sentidos velados, el también profesor universitario intuyó que estaban cerca de Las Mercedes, donde lo habían apresado, pues el trayecto había sido corto. En efecto, Colinas de Santa Mónica se encuentra en unas alturas cercanas.

Durante su cautiverio, Armas comprobaría poco después que sus captores eran agentes del Sebin, la policía política del hoy depuesto Maduro, según su testimonio para Armando.info.

Luego de sentarlo en una silla de plástico, sigue su relato, le quitaron la capucha y empezaron a interrogarlo. Armas se descubrió entonces en la cocina de una casa desconocida, rodeado por un grupo de hombres, la mayoría con los rostros ocultos tras pasamontañas. Solo dos de ellos dejaban ver sus caras. Fueron precisamente quienes condujeron con agresividad el interrogatorio. Le preguntaron de forma insistente por los paraderos de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa, quienes entonces se encontraban en la clandestinidad, como muchos otros dirigentes de la oposición. En vista de que el exconcejal se negaba a responder, metieron su cabeza en una bolsa de plástico para quitarle el aire, lo que agravó su condición de asmático. 

La sesión de tortura de los policías solo cesó cuando uno de los hombres de negro avisó que “la tipa ya está diciendo que lo secuestraron”. Se refería a la pareja de Armas, la también activista Sairam Rivas, quien para el momento había comenzado a hacer la denuncia de la desaparición a través de las redes sociales, y por lo tanto aparecía en las pantallas de los celulares de los agentes.

Solo al tercer día de aislamiento fue cuando Armas consiguió verificar dónde lo tenían. Luego de dormir tres noches en la silla de plástico blanca, debajo de una escalera, y en un pequeño cuarto en la planta baja, sus custodios lo mudaron al segundo piso de la casa, donde había una habitación con literas para el descanso de los agentes policiales. Desde allí, logró asomarse por la ventana de un baño y leer, en el muro de enfrente, un letrero callejero que indicaba: “Ramal 2, Colinas de Santa Mónica”. 

Pero Armas no podría compartir públicamente este hallazgo sino hasta un año y dos meses después, cuando fue liberado del confinamiento por el cual rotó de la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en el noreste de Caracas, a El Helicoide, además de cárcel, sede de oficinas del Sebin. 

Entre sus primeras declaraciones al salir de El Helicoide, el 8 de febrero de 2026, el exconcejal confirmó frente a las cámaras que había sufrido torturas y vejaciones en la quinta La Arenosa de la calle Simón Planas, Ramal 2, Colinas de Santa Mónica. 

El informe de conclusiones de la MIIDH, publicado el 8 de septiembre de 2025, registró también el caso del empresario Noel Álvarez, otro visitante forzado y maltratado en La Arenosa. Álvarez, expresidente de la organización patronal Fedecámaras, fue coordinador del Comando Con Venezuela que organizó la campaña presidencial de 2024 en apoyo al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto que la inhabilitada María Corina Machado designó.

Álvarez ya había recibido amenazas cuando, el 10 de enero de 2025, lo capturaron sin orden judicial en la urbanización Terrazas del Club Hípico, sureste de Caracas. Aquel día estuvo cargado de acontecimientos, pues era la fecha de la toma de posesión fraudulenta de Maduro. 

A Álvarez se lo llevaron unos 15 funcionarios del Sebin a bordo de tres camionetas negras. Le taparon la cara con su propia franela, a modo de capucha improvisada, lo esposaron y le robaron su celular, la cartera, una tablet y 300 dólares en efectivo. Sintió que el trayecto había durado pocos minutos cuando se detuvieron en la casa en la que pasaría cinco días incomunicado, durmiendo en una silla de plástico o en el piso, sometido a preguntas e inmovilizado por El pulpo. Desde el primer momento recibió órdenes de “no me mire” y lo golpeaban cada vez que intentaba quitarse el antifaz de papel, atado con cinta adhesiva. Un perro con cara de pocos amigos lo vigilaba de manera permanente. Luego lo trasladaron a El Helicoide, donde lo confinaron entre el grupo de los presurizados, mote con el que se identificaba a los presos sin derecho a visita. Le imputaron delitos de terrorismo, conspiración e incitación al odio, y su salud se deterioró, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares. Diez meses después, quedó excarcelado. Recientemente su caso estuvo entre los beneficiarios de la Ley de Amnistía que Delcy Rodríguez promulgó. 

Otros dos activistas políticos, que prefirieron mantener sus identidades en reserva, confirmaron a Armando.info que también hicieron su tortuosa pasantía por la casa de Colinas de Santa Mónica. Sus relatos coinciden. Tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, quedaron a merced de un reiterado modus operandi: después de su detención por funcionarios del Sebin, los trasladaron a la casa de Colinas de Santa Mónica, donde permanecieron vendados por varias horas y hasta días, fueron robados, golpeados o asfixiados con bolsas plásticas, al mismo tiempo que le exigían información sobre líderes de la oposición.

La detención arbitraria de Jesús Armas ocurrió dos meses después de que Maduro designara al mayor general Alexis José Rodríguez Cabello como director del Sebin, en sustitución del general Gustavo González López, quien desde 2019 había ocupado ese cargo, donde fue blanco de señalamientos por ordenar y consentir tratos crueles o degradantes, así como torturas, contra los presos políticos. González López es el mismo que esta semana acaba de ser nombrado ministro de Defensa, en relevo del general Vladimir Padrino López, quien ocupó el puesto por casi 12 años. 

Circuito maligno

La quinta La Arenosa, que ocupa toda la esquina de una cuadra, forma parte de un circuito de centros clandestinos que se halla en el perímetro de la urbanización Santa Mónica, parroquia San Pedro del municipio Libertador. El circuito colinda con puntos estratégicos, como el complejo militar Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y la urbanización Cumbres de Curumo, tradicionalmente predilecta de la oficialidad castrense, y donde los hijos de la ex primera dama, Cilia Flores, se adueñaron de 14 propiedades en una zona calle. Además, está a unos dos kilómetros del edificio principal del Sebin en Plaza Venezuela, en cuyos sótanos se encuentra La Tumba, la infame cárcel subterránea. 

Para más señas, desde Colinas de Santa Mónica es posible conectar casi de forma directa con El Helicoide, ubicado en la colina de Roca Tarpeya, para lo que hay que atravesar el Paseo Los Ilustres en dirección hacia la avenida Nueva Granada que, luego, empalma con la avenida Fuerzas Armadas. 

En Santa Mónica también funcionaba otro centro clandestino, a cargo de la llamada Coordinación del Orden Democrático (COD) del Sebin, según el Casla Institute. En su informe anual 2023-2024, la organización aseguraba que un centro de adiestramiento operaba en la Base 100 de Santa Mónica, entre las calles Lisandro Alvarado y Gil Fortoul, donde los agentes de inteligencia venezolanos no solo recibían entrenamiento de sus colegas del régimen cubano, sino que también prodigaban torturas a detenidos.  

En 2022, dos años antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la MIIDH ratificaba que el Sebin había perpetrado actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención del Helicoide.

Pero hoy los alrededores de la quinta La Arenosa en Colinas de Santa Mónica lucen más apacibles que de costumbre. Podría pensarse que por efectos de la operación militar de Estados Unidos que, el reciente 3 de enero, concluyó en el arresto y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Fuerte Tiuna, y en la toma del poder por parte de una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez. No es así. La tregua llegó antes a La Arenosa.

“Ellos [el Sebin] ya no están. Se fueron de esa casa hace como un año. Ahora solo vive allí una funcionaria”, dijo un vecino, a la vez que se encogía de hombros, quizás desentendiéndose de los fines funestos a la que la vivienda fue destinada. A lo que sí pasó revista pormenorizada, en cambio, fue a la cuenta de todas las familias de los ramales de Colinas de Santa Mónica que tuvieron que vender sus casas patrimoniales y emigrar por la crisis incubada durante más de dos décadas de chavismo.

*Este reportaje fue actualizado el 9 de abril de 2026 con la información sobre lo que ocurrió con la quinta La Arenosa entre los años 2012 y 2019, cuando el Sebin se apoderó del inmueble. 

Desde hamburguesas –full de tocineta y queso derretido– hasta antiácidos. Hay de todo en este lugar: harina de almendras, barras de proteína, freidoras de aire, Alka Seltzer Plus en empaques de “20 effervescent tablets”... Tampoco faltan marcas importadas de cerveza, como Bud Light o Estrella Galicia, entre dos y tres dólares cada una. O muñecas de la película Frozen II, semillas de ajonjolí y paquetes de “100% Colombian Coffee” de Kirkland, la marca privada de los almacenes mayoristas Costco de Estados Unidos, cuya avena también se ofrece en el local. 

Además del mercado, el lugar incluye un restaurante y un local nocturno que combina espacios para ver partidos de béisbol y de fútbol con presentaciones de stand-up comedy y una pista de baile donde la rumba se prolonga hasta las 3:00 de la madrugada.

Es el bodegón Beer & Food Truck, al final de la avenida Bolívar, en el sector Rancho Grande de Puerto Cabello, estado Carabobo. 

Tanto la variedad de marcas extranjeras como la canícula playera recuerdan a sus clientes que están en el principal puerto del país, a donde siguen llegando contenedores con mercancía todos los días. En su inventario y aspecto, el expendio reproduce una metáfora ya habitual de Venezuela, la que establecen los llamados bodegones, en boga desde hace años: un país donde un maestro que gana escasos tres dólares al mes puede ser vecino de un establecimiento repleto de productos exóticos y a precios más caros que en los mercados internacionales.

Lo distinto aquí son los nombres y filiaciones de quienes registraron este comercio. Son tres las dueñas, que aparecen también en los expedientes mercantiles de, al menos, otra decena de empresas. Todas son parientes del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sobre quien pesan desde 2019 sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, que lo señalan como uno de los responsables de las más graves torturas atribuidas por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro.

El año pasado, el propio Granko dejó ver ante el público una pista de su vínculo con el bodegón. Entonces anunció en sus redes sociales el lanzamiento de la edición limitada de un destilado de ron disponible, exclusivamente, en ese negocio de Puerto Cabello. Al lanzamiento lo acompañó el lema "Es tiempo de lealtad", y a la botella de la bebida la rotulaba el escudo del Team Espartanos, una plataforma multieventos de aventura y deportes extremos con la que Granko promueve actividades de motocross, paracaidismo o surf.

Pero si eso no consigue relacionarlo de manera rotunda con el establecimiento, para hacerlo basta con las identidades de las tres propietarias: Yurima Ferreira y sus hijas, Yhuryseck y María de los Ángeles Escalante Ferreira. Al trío, que aparece en el expediente mercantil del negocio, abierto en septiembre de 2019, lo constituyen, respectivamente, la suegra, esposa y cuñada del flamante coronel Granko Arteaga.

Miami, cómo no

El 18 de julio de 2022, una firma homónima fue registrada en Miami, pero no a nombre de Granko ni de su esposa, sino a través de su familia política. La norteamericana Beer & Food Truck CA Corp. quedó registrada ante la División de Corporaciones del estado de Florida por los venezolanos Najdi Valentina Millán Longart, Vicente José de Abreu Godoy y la propia cuñada de Granko, María de los Ángeles Escalante Ferreira, que también es parte de la directiva del bodegón en Puerto Cabello. Mantiene desde entonces su sede oficial en la oficina 313 del 1695 NW con la avenida 110, un edificio comercial en Doral, la ciudad del occidente del condado de Miami-Dade conocida por su numerosa población venezolana. En el directorio del edificio, en su planta baja, esa oficina se identifica como sede de un negocio de bienes raíces de Najdi Valentina Millán Longart. 

Para esa fecha, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Granko Arteaga. Fue el 19 de julio de 2019, tras “el arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo”, bajo custodia de la contrainteligencia militar, cuando el Departamento del Tesoro emitió restricciones contra Granko y otros oficiales de la Dgcim: Rafael Blanco Marrero, Hannover Guerrero Mijares y Rafael Franco Quintero. Para los cuatro, la principal consecuencia de la medida era que “todas las propiedades e intereses en propiedades (…) de estos individuos que estén en Estados Unidos o bajo control de personas en Estados Unidos, quedan bloqueadas y deberán ser reportadas a la OFAC [las siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro]”, según rezaba el comunicado oficial desde Washington, que añadía que así quedaban prohibidos “todos los tratos de personas de Estados Unidos, o dentro de (o en tránsito en) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas”. 

Dos meses más tarde, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea también expidieron sanciones similares contra Granko.

Pero apenas tres años después, el entorno de Granko se las arregló para abrir Beer & Food Truck en Florida. Junto a su familia política, el oficial de contrainteligencia venezolano y temido represor había encontrado su propia manera de burlar las sanciones.

Además de Beer & Food Truck, en la misma dirección de Doral se domicilian otras empresas también registradas por Millán Longart, Escalante Ferreira y De Abreu Godoy, como E & F Servicios Generales Corp, Multiservicios Generales S & S Corp y Multiservicios GEF LLC; esta última permanece inactiva.

Ese mismo trío a veces se alterna con otros nombres, hasta completar un grupo de siete personas, cuyas firmas se combinan en los directorios de al menos diez empresas, en su mayoría registradas en simultáneo en el período de gobierno de Nicolás Maduro, un tiempo en el que Granko fue ascendiendo en la nomenklatura de la inteligencia chavista mientras se iba granjeando fama de torturador.

Granko lideró los comandos que hace seis años participaron en la llamada Masacre de El Junquito. El 15 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano detectaron en El Junquito, una zona montañosa al oeste de Caracas, el escondite de Óscar Pérez, piloto y exintegrante del grupo de asalto de la policía judicial, que se había rebelado contra el régimen y protagonizado acciones inocuas pero espectaculares, como el robo de un helicóptero oficial con el que sobrevoló el valle de la capital venezolana e hizo algunos disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior. Las tropas de choque rodearon el lugar y tendieron una emboscada.

Uniformado, con armas largas y chaleco antibalas; con toga y birrete; en traje de gala militar, y, hasta con tanques de guerra. Así se presenta Granko en su cuenta de Instagram, reabierta esta semana tras ser ascendido al grado de coronel. Crédito: Instagram / @grankoarteagagk

Después de algunas horas de combate, en las que usaron armas de guerra, las fuerzas del gobierno lograron herir a Pérez y a sus acompañantes, hasta obligarlos a rendirse. Pero luego vino el horror, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relató. Citando las imágenes del asalto y los informes de las autopsias de las víctimas, la CIDH concluyó que los rebeldes fueron ejecutados con "tiros de gracia". 

A Granko lo distinguen otros honores dudosos. Como el de figurar entre los pocos funcionarios del Estado venezolano que Naciones Unidas, en el primer informe de su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de septiembre de 2020, señaló explícitamente como responsable de la cadena de mando sobre la tortura y los tratos crueles. Específicamente, a Granko se achaca el mando de las casas de tortura. Dos años después, un nuevo informe del mismo ente volvió a mencionar al oficial, hasta 96 veces en un documento de 123 páginas, asociándolo con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, redadas y traslados a centros de detención clandestinos.

“Según estas víctimas, en muchas de las sesiones de tortura, [Granko] Arteaga no se cubría la cara como otros funcionarios de la DGCIM. Él mismo amenazaba a las víctimas, les propinaba golpes y les aplicaba otros medios severos de tortura, al tiempo que daba órdenes y supervisaba las acciones de sus subordinados”, señala el informe de 2022, elaborado a partir de 471 entrevistas con víctimas y funcionarios del Estado. “Estas órdenes incluían actos de violencia sexual, como golpes y descargas eléctricas en los genitales de los detenidos y desnudez forzada”.

Ese descaro permitió, por ejemplo, que en 2022, Vasco Da Costa, activista al que el régimen arrestó en tres oportunidades, confirmara en entrevista para Armando.info, poco antes de fallecer, que en su última detención, en abril de 2018, Granko lo torturó personalmente: “Me ahogaba con una bolsa de plástico”. Da Costa se desmayó y al despertar se vio colgado en una escalera, donde luego lo apalearon por todo el cuerpo. 

Es el mismo Alexander Granko Arteaga que hoy ofrece el ron Espartano y todo un emporio del disfrute.

En las 123 páginas de este documento de una misión de la ONU en 2022, a Granko se le menciona 96 veces como perpetrador de delitos asociados a la tortura y tratos crueles

Crueldad y ‘resuelve’

Una idea que propuso la filósofa judío-alemana Hanna Arendt en su famoso reportaje de 1961, “Eichmann en Jerusalén”, encargado por la revista The New Yorker, fue la de la banalidad del mal. Adolf Eichmann, el oficial de la SS nazi entonces puesto a rendir cuentas frente la justicia de Israel, quien había organizado el traslado de millones de judíos desde diversos rincones de Europa a los campos de exterminio, no era el monstruoso sicópata que todos querían imaginar. En cambio, se percató Arendt, apenas se trataba de un hombre común, quizás anodino, al que habían impulsado a cometer actos atroces la obediencia a la autoridad, la falta de pensamiento crítico y la adaptación a un sistema burocrático y deshumanizante.

Más de ocho décadas después, Alexander Granko Arteaga todavía no enfrenta un tribunal, y de su personalidad solo dan algunos atisbos sus mensajes, a menudo desafiantes, en las redes sociales que había cerrado y esta semana volvió a reactivar tras su ascenso a coronel. Pero ya queda claro que sus acciones guardan ambiciones de riqueza y lucro personal.

“Según víctimas y otras fuentes, Granko Arteaga posee importantes propiedades y está implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”, decía uno de los informes de Naciones Unidas. “Un exoficial de la DGCIM indicó que luego de la Operación Manos de Metal del año 2018 en el estado de Bolívar, que tuvo por propósito erradicar a los grupos armados organizados de las áreas mineras, Granko Arteaga recibió áreas para la explotación de minería”.

Alexander Enrique Granko Arteaga, alias Barba, nacido en marzo de 1981, empezó como escolta del expresidente Hugo Chávez, un cargo que percibe un salario en bolívares. Aún con esa desventaja inicial, hoy apenas cuarentón, mantiene un alto nivel de vida inalcanzable para la mayoría de los venezolanos. Ese ascenso también se explica con emprendimientos como el de la extorsión. Según informa la ONU en uno de sus reportes, un empresario fue detenido en cinco ocasiones en una casa clandestina ubicada en la zona de Prados del Este, un barrio de quintas de clase media-alta en el sureste de Caracas: “Granko Arteaga y otros funcionarios de la DGCIM lo obligaron bajo tortura a realizar transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a las cuentas personales”.

Mientras esas denuncias iban apareciendo, también emergían alusiones a las empresas del círculo más cercano a Granko. Por ejemplo, en su libro 30-A: día en que Nicolás Maduro pudo caer, el general Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), hoy en el exilio, llega a contar otras 20 empresas presuntamente vinculadas a Granko, entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas. 

“A la fecha es conocido, que esta estructura creció exponencialmente, después de las operaciones Manos de Papel y Manos de Metal, conducidas [por el general Iván] Hernández Dala y Granko, es decir, cometiendo todo tipo de abusos y atropellos su emporio se pierde de vista”, escribe Figuera. Iván Hernández Dala es el jefe de la Dgcim.

Detrás de la lista de empresas que refiere Cristopher Figuera aparecen varios de los nombres de la estructura comercial de Miami y Puerto Cabello. En conversación telefónica para este reportaje, el exdirector del Sebin cuenta que, en los últimos tiempos, Granko ha ido tejiendo una red de empresas, muchas de ellas a cargo de otros familiares, colaboradores y amigos, entre los que salta a la vista el nombre de su hermano, Luis Ignacio Granko Arteaga, que se ha desempeñado como gerente de Oficinas Regionales del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y que en paralelo tiene dos distribuidoras de alimentos en los estados Carabobo y Miranda, sobre la costa central del país. 

Esas empresas han mantenido un bajo perfil, tal como el propio Granko hasta la reciente reapertura de su cuenta en Instagram. Pero en el caso de Beer & Food Truck, Puerto Cabello, la cosa es distinta: en ese lugar hay buena rumba, que se hace sentir hasta la madrugada. En sus salones el viernes transmitieron el partido de la Vinotinto y la de ayer fue otra noche de salsa. Allí, entre cervezas importadas y destilados exclusivos como el ron del Team Espartanos, se encuentra el bodegón de Alexander Granko, el torturador que calculaba.

* Por los riesgos que comportaba, Armando.info decidió en consejo editorial adoptar medidas extraordinarias para este trabajo. Por lo tanto, los reporteros ni buscaron la versión de los involucrados ni firmaron la nota, ambos, de otro modo, estándares que regularmente se cumplen en este medio.