Para ingresar a la academia debía hacerse un examen de sangre para descartar enfermedades y afecciones, era obligatorio, pero como no tenía dinero para costearlos decidió donar sangre para obtener gratis ese informe serológico que descarta, entre otras cosas, la presencia de hepatitis B y C, sífilis, Mal de Chagas, el virus Htlv I y II y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el organismo. Logrado el requisito, no hubo impedimento físico ni de salud que frenara su entrada a la escuela castrense.

Una de esas ocasiones en las que Luis cumplió con el respectivo “ordene”, ocurrió días antes de la graduación del curso que había tomado para abrirse un camino como guardia nacional. “Preséntese vestido de gala en la oficina del general”, le dijeron. Y él, como siempre, asintió con un “entendido”. Lo que ocurrió en esa oficina lo marcó.

Le informaron que no podía graduarse porque no tenía notas ni registro académico por inasistencias. La sorpresa fue mayúscula, Luis había cumplido con todas sus clases e incluso había presentado la tesis para graduarse y ascender a sargento segundo de la Guardia Nacional. Era evidente que aquello no era cierto. Era evidente que no lo querían allí, algo estaba pasando.

Tres meses antes Luis fue invitado a donar plasma junto con otros estudiantes del instituto. Algo de rutina para servir a la población. A las pocas semanas lo llamaron para que acudiera al hospital de Punta de Mata a hacerse un chequeo médico. “Entendido”, dijo. Semanas más tarde le pidieron lo mismo pero, esa vez, con la indicación hacia el hospital Manuel Núñez Tovar en Maturín, en la capital del estado. Y un tercer requerimiento llegó, de nuevo, semanas después: “debes irte de comisión a Caracas, al hospital militar Carlos Arvelo”.

Es allí, en el servicio de infectología, donde Luis se entera de que sus exámenes de VIH dieron positivos. Había ocurrido tres meses antes, al momento de descartar el virus en la donación de plasma, pero nadie le informó. Tampoco se lo dijeron en los hospitales de Monagas. “¿Sabes por qué estás aquí, nuevo?”, fueron las palabras de la doctora segundos antes de decirle el diagnóstico.

A Luis no lo dejaron graduarse ni continuar su carrera militar por ser seropositivo.

Expulsión sin medias tintas

Tener un diagnóstico de VIH dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana es una batalla perdida desde dos flancos: los superiores que no acepten a un seropositivo en sus filas y la humillación y discriminación que se evita a toda costa. Esta reacción a la enfermedad empuja a pedir la baja antes de tiempo y en ocasiones se expulsa al soldado sin mayor explicación, como le pasó a Luis, nombre ficticio del joven de 30 años que lo vivió y que pide mantenerse en el anonimato para no perder su trabajo actual, en un organismo gubernamental, donde no saben su condición.

Pocos se atreven a denunciar y pelear por su causa aún cuando los médicos indiquen que el uniformado puede continuar en sus labores por estar asintomático o con la carga viral indetectable en su sangre, lo que se traduce en cero riesgo de infectar a otros.  La discriminación se vive en silencio, desde el orgullo de no permitir ningún cuestionamiento, o desde la vergüenza. “No es fácil decirle a otro lo que uno tiene”, dice Luis. Tan difícil es que 10 años después de aquella noticia en el hospital militar de Caracas, su familia no sabe su condición. Para ellos Luis no pudo graduarse en la escuela de guardias por sus reiteradas inasistencias; mejor eso que  hablar del VIH.

En los cuarteles venezolanos las reglas internas tampoco dan tregua a los seropositivos. Los alumnos de las instituciones, escuelas y academias de formación de oficiales, suboficiales, tropa profesional, profesionales de carrera y de cualquier nivel de formación que dependan del Ministerio de la Defensa, que resulten positivos a la prueba de VIH, son sometidos a una junta médico-militar para determinar su invalidez para continuar en la carrera militar o no, y de aprobarse tal condición, el joven es excluido inmediatamente “para preservar su salud”.

Si el resultado de “presunto positivo” lo recibe un alistado (aquellos que aún no han sido juramentados para prestar servicio militar), es “diferido temporalmente” hasta realizarse los exámenes confirmatorios; y si se confirma son expulsados. No continúan en la fuerza.

Si es un soldado, lo que corresponde es un reposo domiciliario, y en caso de que el diagnóstico de VIH lo reciba un militar profesional, a partir de ese momento sólo podrá desempeñar funciones administrativas “en tiempos de paz”, mientras que “en tiempo de guerra deberá permanecer de reposo domiciliario”. Todo esto según las Normas para la prevención, manejo y control de la Infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en el personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional, vigente en Venezuela desde 2007.

Para ingresar a cualquiera de los componentes de la Fuerza Armada Nacional se exige la prueba del VIH dentro de la lista de exámenes hematológicos. De resultar seropositivo se niega el ingreso, mientras que una vez adentro, anualmente y antes de cada ascenso, es repetida. Son filtros que cortan en seco cualquier aspiración militar, y que contrastan con los avances que se han logrado en otros ámbitos laborales, tanto en el país como en el mundo, desde que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) debutó internacionalmente en el año 1981, y en Venezuela en 1983.

“Nosotros hacemos el diagnóstico y hacemos un informe donde reportamos que el joven puede regresar a su unidad, pero eso no es lo que finalmente pasa”, relata un médico del servicio de infectología del Hospital Militar de Caracas, antigua Unidad de Inmunosuprimidos de Sanidad Militar, donde centralizan los diagnósticos. “Que los reciban de nuevo no depende de nosotros sino del comandante o general de la unidad”. La última palabra no suele ajustarse a las normativas ni al criterio científico.

“A veces los jefes les dan reposo porque no quieren tener a un VIH en sus filas. También ocurre que las comandancias hacen sus juntas médicas y deciden darle de baja al soldado o al sargento, contrariando lo que dice el informe que emitimos como Hospital Militar de referencia; en estos casos nosotros no podemos hacer nada. Y hay ocasiones en las que el reposo o la baja se dan de mutuo acuerdo. Pero si yo digo que el paciente está perfecto y llega el comandante del batallón y le da reposo, ¿cómo hacemos?”, agrega el doctor.

Eso fue lo que le ocurrió a Luis. Tras recibir la confirmación del virus entendió por qué sus superiores no le permitieron graduarse. Pero no se conformó con aquello. Se leyó la norma del Ministerio de Defensa sobre el manejo del virus en el personal militar y aplicó lo indicado en los numerales 5 y 6 sobre la situación laboral del personal militar diagnosticado. Solicitó ser escrutado por una junta médico-militar, pidió una evaluación psicológica  y llevó su caso a la Fiscalía Militar.

En el primer filtro los médicos confirmaron su buen estado con precisión: “el mencionado aspirante, en vista de estar clínicamente e inmunológicamente estable (…) no hay contraindicación para continuar con sus actividades académicas y laborales desde el punto de vista psicológico y físico”. Los psicólogos lo hallaron apto también: “para el momento de la entrevista no existen contraindicaciones para su desempeño laboral y académico”. Pero ninguno de estos informes, ni el reporte del jefe del Comando de las Escuelas de la Guardia Nacional, ni el de la Fiscalía Militar valieron para que Luis continuara.

“Tú estás suspendido por lluvia”, fue lo primero que le dijo el coronel que dirigía la escuela de guardias de Punta de Mata cuando leyó el informe firmado por sus superiores en Caracas. “Mientras yo esté aquí tú no te vas a graduar”, remató. Luis lo recuerda con la lucidez propia de esos episodios que marcan un momento clave en la vida. Hasta la entrada a la institución le negaron.

“El que se mete en la vida militar es porque quiere, es por vocación. Aplicar esto a los muchachos que están empezando es truncarles la carrera”, explica otro especialista en infectología que trabajó por más de una década en el hospital Carlos Arvelo. Para estos soldados, su estancia en el servicio militar implica un medio de subsistencia, donde tienen comida garantizada, reciben un sueldo y con eso pueden ayudar a sus familias. Tradicionalmente era así. Ahora, en la Venezuela de la hiperinflación, esta opción de apoyo familiar desde el servicio militar se ha desdibujado por completo, aún con los ajustes salariales decretados desde Miraflores para el personal castrense.

Para recibir los ascensos, los militares de carrera también deben pasar por el tamiz de unos exámenes generales (físicos, médicos y psicológicos), donde está incluido el VIH. La confirmación del virus causante del sida les impide ascender, aunque hay excepciones, pero en todo caso implica la reasignación hacia un cargo administrativo.  Aunque es un deber del jefe del servicio de infectología notificarle al jefe del batallón la confirmación de un caso de VIH en sus filas y manejar los datos del uniformado con confidencialidad, la información termina por escurrirse y con ella empieza la discriminación. 

Homofobia legal

Luis es uno de los pocos que se ha atrevido a pelear por su continuidad en la Fuerza Armada Nacional. “Lo común es que pidan la baja apenas reciben el diagnóstico”, indica Eduardo Franco, director de la organización Manos Amigas por la Vida (Mavid), que defiende los derechos de los venezolanos que viven con VIH. “Porque asumir un cargo administrativo es como un despido indirecto aunque sigas siendo uniformado”, agrega. Pero hay un factor adicional que incide en este tipo de decisión.

A su oficina, en el estado Carabobo, han llegado jóvenes que, tras recibir la confirmación, colgaron su uniforme no por motivos de salud -como enfatiza la normativa del Ministerio de Defensa- sino por el miedo a ser identificados, señalados y discriminados. Dentro de la Fuerza Armada Nacional el VIH se sigue viendo como sinónimo de homosexualidad y esta es claramente penada por la ley castrense venezolana.

El Código Orgánico de Justicia Militar detalla, en su artículo 565, que “el oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura”.

Esta norma se ha mantenido vigente durante más de 20 años en un Gobierno que se autodenomina revolucionario y progresista. “Somos el único país de América Latina que penaliza la relación homosexual”, precisa la abogada Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional, referencia en la defensa de los derechos de la población LGBTI y primera diputada transexual de la región.

Mientras los países europeos y del continente americano avanzaron hacia la eliminación de estas penas en sus leyes y códigos, desde que la homosexualidad fue excluida en 1990 de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela se ha quedado rezagada junto a algunas de Centroamérica y del sur, como Paraguay. El rezago se manifiesta abiertamente en el sector castrense.

Si bien persiste dentro de los cuarteles esa asociación retrógrada, propia de la década de los 80, de que el VIH es un asunto exclusivo de homosexuales, dentro de las Fuerza Armada Nacional venezolana el mayor porcentaje de infectados no es el de hombres que tienen sexo con hombres (el grueso de los diagnósticos en Venezuela están concentrados en este grupo). Por el contrario, la mayoría suelen registrarse en hombres heterosexuales, aseguran los infectólogos del hospital que aceptaron hablar para este reportaje, pero además lo confirman investigaciones publicadas por la Sociedad Venezolana de Infectología.

En el Hospital Carlos Arvelo la vía de transmisión más común entre los pacientes diagnosticados con el virus es el contacto sexual entre heterosexuales (45%), seguido por las relaciones homosexuales (29%) y teniendo como elemento común en ambos las conductas de riesgo (no usar preservativos, compartir trabajadoras sexuales), esto según un trabajo académico que determinó el patrón epidemiológico de las nuevas infecciones en dicho hospital, entre 2010 y 2016.

Pero aún con esta particularidad, hablar de VIH en cualquier componente militar es un tabú. “Nunca he entendido cuál es el problema de decirlo si aquí la gente se infecta por la otra concepción, por aquello de querer ser el machote del grupo que mientras más mujeres tiene, mejor”, comenta uno de los médicos del servicio. La tendencia entre los militares venezolanos es que por cada 10 hombres con VIH se diagnostica a 1 mujer.

La homofobia es la respuesta a la pregunta. El artículo 565 del Código de Justicia Militar lo refuerza al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y ciertas prácticas de rechazo la han alimentado por décadas. Gays y, más recientemente, lesbianas dentro de las fuerzas armadas se ven obligados a ocultar su orientación sexual para sobrevivir en sus filas; de lo contrario no solo se exponen a la expulsión o la cárcel, también a tratos humillantes que solían practicarse hasta hace una década atrás a los hombres homosexuales que eran delatados por sus pares. Con los años ha dejado de hacerse, pero el fantasma de su aplicación mantiene viva la cultura de rechazo y vergüenza.

Lo llamaban “el castigo rojo” y era una práctica para expulsar a quienes tenían una orientación que no fuera heterosexual. Sacaban al joven al patio principal de la comandancia o regimiento, lo obligaban a desvestirse y ponerse un vestido de mujer color rojo o rosado, y conminaban a sus compañeros a darles la espalda; en casos extremos les exigían también golpear al joven, y como cierre lo obligaban a huir por la puerta de atrás, corriendo, saltando muros y rejas. “Esa es la humillación más grande que yo he visto”, dice Ernesto, militar retirado que presenció en dos oportunidades este tipo de actos, una vez en Caracas, otra en Amazonas.

Germán, un militar retirado, seropositivo, que defiende los derechos de las personas con VIH  en el estado Zulia, también lo cuenta. Y lo vincula al hermetismo que existía y persiste en el cuerpo militar con respecto al virus y a las relaciones homosexuales que puedan darse en los destacamentos. “Es una realidad aunque nadie lo habla”.

Él es muestra de ello. Se infectó estando dentro del Ejército, donde mantuvo relaciones sexuales con otros compañeros.  Previo a su ingreso solo había tenido relaciones con mujeres y ninguna de ellas es portadora del virus. Es bisexual. Pidió la baja antes de saber que era seropositivo, luego de 15 años prestando servicio, y recibió el diagnóstico dos años después de haberse ido. Hay quienes se las ingenian para evadir las pruebas y procurar su estancia.

“Recuerdo que había compañeros que se iban repentinamente y nos decían que habían dado positivo a la prueba antidrogas, que los habían expulsado por eso; recuerdo a un sargento que pidió la baja porque tenía neumonía, supuestamente porque fumaba mucho, pero con el tiempo me lo conseguí en la cola donde retiraba mis antirretrovirales. Ahí entendí que se había ido por otra causa”, relata Germán.    

Luis, en cambio, forma parte de ese porcentaje de heterosexuales que encabezan la lista de militares confirmados con el virus,  y que ni siquiera por eso resultan inmunes a la discriminación. Él no habla de homofobia en su caso particular. “Lo que me demostraron fue que me tenían miedo. Miedo al virus, ignorancia”, sostiene.

La directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, asegura que están al tanto de las irregularidades que ocurren dentro del sector militar relacionados con el diagnóstico del VIH, pero documentar estas denuncias y llevarlas a feliz término es difícil. Los jóvenes no denuncian porque se revictimizan, es decir, ya son víctimas por haber sido expulsados por el diagnóstico, así que no lo plantean formalmente porque hacerlo implica ser reconocidos por la sociedad como seropositivos y esto, a su vez, los expone a ser víctimas nuevamente. “Les da miedo que los señalen y discriminen de nuevo. Lo que hemos visto es que por lo general el eslabón más frágil suele ser el soldado”.

A discreción

La tendencia en los países de la región, que llegaron a formar parte del Comité de Prevención y Control del Sida en las Fuerzas Armadas y Policías de América Latina y el Caribe (Coprecos LAC), era dar de baja a los soldados que formaban parte del servicio militar obligatorio si se les confirmaba el virus, entre otras cosas –y en el caso venezolano- por no pertenecer a la nómina fija de la institución militar. Solo Brasil los mantenía en sus filas y les garantizaba el tratamiento.

Hoy el comité está inactivo y Venezuela dejó de participar en sus encuentros a mediados de 2011; la poca información sobre el VIH en las FANB que podía obtenerse por esta vía se cerró. Sin embargo, y más allá de Coprecos, varios países latinoamericanos han cambiado su política, quedando Venezuela muy atrás en esa materia.

En Argentina, por ejemplo, las modificaciones implementadas a partir de 2011, han permitido que personas seropositivas ingresen a las fuerzas armadas y los militares de carrera que eran asignados a tareas pasivas por su diagnóstico retornaron a sus actividades. Sergio Maulen, director del Programa Nacional de Sida de Argentina, explica que ahora no hay impedimento para ascender si el uniformado vive con VIH y pueden seguir haciendo sus actividades propias del componente donde sirven. La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 implicó un reacomodo en las fuerzas armadas, pues tuvieron que cambiar sus políticas vinculadas a los derechos humanos y el VIH, y hacia la diversidad sexual, sostiene el directivo.

En el caso de Colombia, la Corte Suprema ha dictaminado que “ser portador sano de VIH no es calificable de enfermedad” y que por ende, la decisión de desvincular a un alumno de una escuela militar por ser portador asintomático del VIH “obedece a un prejuicio y no a una decisión fundada en la situación objetiva”.

En Venezuela las decisiones siguen quedando a discreción. “De ninguna manera se justifica la salida, en ninguna institución civil o militar, por tener VIH, eso es claramente discriminatorio. Existe algo llamado ‘reasignaciones razonables’ que se aplican si hay un riesgo cierto, y en ese caso pudiera ser la no participación en alguna actividad puntual. Pero esta reasignación no aplica si es infundada”, explica Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria y activista defensor de derechos humanos.

Cuando la carga viral se halla indetectable no hay razón para frenar la participación del uniformado en sus actividades, sostiene Reyna y con él coinciden los infectólogos que atienden a los uniformados, quienes aclaran que solo dan reposo cuando el joven está en etapa sida, de lo contrario no se justifica.

“El VIH no genera ninguna discapacidad, lo que genera es discriminación a todo nivel, incluso entre médicos”, sentencia Martín Carballo, jefe del servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Explica que las personas bajo tratamiento antirretroviral no transmiten el virus de ningún modo porque logran mantenerlo indetectable, pero además reitera que tampoco hay posibilidad de infectarse con el virus por heridas ni en tiempos de guerra “porque esa tasa de infección es bajísima, 0,03%, más baja que la de hepatitis B y C; la vía más eficiente y principal son y siguen siendo las relaciones sexuales”, insistió el especialista.

Tratamiento en secreto

Mientras unos permanecen en el comando tratando de no ser señalados, aquellos que deciden pedir la baja por la presión y discriminación que viven puertas adentro se enfrentan en igual o mayor proporción al estigma y prejuicios que se mantienen en el mundo civil. Es otra historia marcada por el miedo. No retiran sus medicamentos en la farmacia de antirretrovirales del mismo estado donde cumplían sus labores castrenses. Si son de Portuguesa se van a Aragua, o si están en Zulia viajan hasta Lara.

Es común, asegura Raiza Farnataro, de la fundación Conciencia por la Vida, ubicada en Lara, al occidente de Venezuela. Allá, por ejemplo, lograron que la Dirección regional de Sida destinara un día exclusivo para que los funcionarios militares y policiales se hagan los exámenes de carga viral –cuando hay reactivos- para que no coincidan con el resto de las personas y procurar la confidencialidad de los que siguen activos teniendo el diagnóstico.

“Lo llamamos día administrativo”, aclara Eduardo Franco, de la organización Mavid. “Ese día, en nuestro caso, retiran antirretrovirales los militares, policías, políticos y altos funcionarios del Gobierno, para resguardarles su identidad y condición”, detalla. Son excepciones que pudieran pasar por discriminatorias pero Farnataro y Franco coinciden en que la intención es garantizar que los uniformados no dejen de ir a los chequeos ni abandonen el tratamiento que reciben del Ministrerio de Salud, al igual que todos los venezolanos con VIH.

De hecho, sin importar el rango y la condición de activo o retirado, los militares suelen delegar la búsqueda de antirretrovirales a familiares. “Por lo general retira la esposa, un hijo, un amigo. Nunca ellos mismos”, reitera Franco.

Pero además hay uniformados que no asisten a la prueba confirmatoria en el hospital militar de su estado, si hay, ni en Caracas. Prefieren ir a una consulta privada y es algo que pasa, sobre todo, en los altos rangos.  Toda una serie de circunstancias  que inciden, también, en un subregistro.

Desde que se confirmó el primer caso de VIH en el sector militar venezolano (1987) hasta 2007, el Ministerio de Defensa registraba 570 oficiales seropositivos, entre los cuatro componentes que integran la Fuerza Armada Nacional. De esa cantidad, 60% pertenecía a la tropa alistada, “quienes por lo general ingresan ya infectados al servicio militar”, indican los reportes oficiales disponibles. Actualmente la cifra extraoficial se ubica por encima de los 1.200 casos.  

Por tratarse de una cifra pequeña, a partir de 2006 los militares con VIH pasaron a formar parte del Programa Nacional de VIH/Sida del Ministerio de Salud, y comenzaron a recibir los antirretrovirales a través de este despacho, ya no del Ministerio de la Defensa. Por eso ahora, cuando se registra la mayor escasez de tratamientos desde 1999 – ese año el Estado venezolano, por mandato de la entonces Corte Suprema de Justicia, comenzó a otorgar gratuitamente los antirretrovirales- los militares padecen la ausencia de medicamentos para controlar el VIH, las infecciones oportunistas y de los reactivos necesarios para conocer el estatus de la infección (carga viral y linfocitos T CD4).  

Luis suma año y medio sin poder hacerse los exámenes de rutina, por lo que no sabe si el virus se multiplicó o permanece indetectable en su sangre. Como él, hay aproximadamente 130 mil venezolanos con VIH en riesgo por la escasez de reactivos, y 69.308 sin acceso a antirretrovirales desde septiembre de 2017, como reconoció el Estado venezolano en junio de 2018, durante la visita de una comisión técnica de la Organización Panamericana de la Salud al país.  

Desde que vivió esa expulsión a finales de 2008, y que lo obligó a cambiar sus planes de vida militar por la carrera de Derecho, el miedo a ser señalado de nuevo lo arropa. Para ingresar a su trabajo actual en una institución del Estado, optó por falsificar el resultado de la prueba de VIH que le pidieron entre los requisitos. “No sé cómo reaccionarían al saber que tienen una persona con la condición de VIH en su equipo”. “No quiero que me boten otra vez”. 

El estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de antirretrovirales y pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia enfermedad. La pareja aún no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de Suramérica para recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida. La última estación sería Perú.

Antonio y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron en una habitación alquilada al norte de la capital peruana porque solo en este país han encontrado empleo para sufragar sus gastos básicos. “Necesitábamos retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y gestos pausados, en el local en Lima de una organización civil que vigila el abastecimiento de antirretrovirales.

Esta familia forma parte de una oleada de 7.000 venezolanos que en lo que va del año consiguieron permisos de permanencia temporal facilitados por el Gobierno peruano, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron de Venezuela por razones de salud, desde noviembre del 2016, la ONG Grupo Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que emigraron al Perú específicamente con el objetivo de retomar sus terapias para controlar esta enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en el distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima.

En realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por razones de salud. Lo explica la geografía: para alcanzar por tierra el país, primero hay que atravesar Colombia y Ecuador. Por eso, quienes migran en pos de un tratamiento buscan ayuda antes en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza Colombia desde Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, hasta la frontera con Ecuador.

En Ecuador los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos y sencillos: apenas se necesita presentar un carnet de identificación y la historia clínica, además de acudir a algunas charlas de orientación. Pero allá el problema es otro: “En Ecuador no encontramos trabajo y nos quedamos sin dinero”, cuenta Pamela, quien era profesora en una escuela pública de su país, pero ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Su esposo, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante en una fábrica de franelas en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito La Victoria de la capital peruana.

Antes de instalarse en Perú, por unas semanas la pareja recibió atención especializada en el Hospital de Infectología de Guayaquil, la principal ciudad portuaria de Ecuador. A pesar de ello, las nuevas facilidades de migración dispuestas por el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski les atrajeron a Perú.

Hasta hace unos meses, los venezolanos que llegaban a Perú debían obtener un permiso de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno peruano aprobó emitir un permiso temporal de permanencia sólo para ciudadanos de ese país. El documento, que tiene una vigencia de un año, permite a los venezolanos estudiar, trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico. "Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del terrorismo", dice un vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En el Sistema Integral de Salud (SIS) estaban registrados 2.667 ciudadanos con carnet de extranjería hasta 2016, lo que les permite recibir atención médica en calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta porque muchos de ellos aún no tienen el carnet. “Este caso está siendo estudiado para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice María Cecilia Lengua Hinojosa, médico encargada de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del SIS.

Los pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de asistencia social de los hospitales.

Todas estas ventajas aparecían enumeradas en diversos grupos creados en Facebook por otros venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Cruzaron en automóvil desde el pueblo fronterizo de Huaquillas, Ecuador, con dirección hacia Zarumilla, Perú, pernoctaron unos días en Tumbes, y luego tomaron un autobús interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital San José del Callao”, dice Pamela, una mujer de 36 años, de un tono de voz alegre y manos inquietas mientras habla.

Del orgullo a la tragedia

La tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir con la entrevista que concedía a las autoras de este reportaje por un canal de Whatsapp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El Gobierno sólo muestra indiferencia”, añadió.

La crisis generalizada del país, que linda con una emergencia humanitaria, acosa con saña al sistema de atención a los pacientes de VIH en Venezuela, otrora un orgullo de la sanidad pública, incluso, durante la primera etapa de la autodenominada Revolución Bolivariana, cuando el país desafió a los cárteles farmacéuticos globales y distribuyó de manera gratuita drogas antirretrovirales importadas de India.

Pero eso duró lo que el boom petrolero. Desde 2012 empezaron a escasear los medicamentos, casi imposibles de obtener ahora. El virus se propaga otra vez con rapidez, más allá del colectivo de 200.000 portadores que, se calcula muy en trazos gruesos, pervive en el país. La enfermedad vuelve a recobrar una alta tasa de mortalidad en Venezuela, retrocediendo a escenarios de principios de los años 80, pero con el agravante de que el desabastecimiento en los hospitales impiden acompañar la agonía de los pacientes con dignidad y paliativos. Un reportaje del diario Toronto Globe and Mail, publicado a mediados de junio pasado, encontró en Venezuela una situación más dramática que la que enfrentaron los países africanos en los peores momentos de la pandemia, a finales del siglo pasado.

La organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65.000 personas con VIH que recibían del Estado las medicinas que las mantienen con vida. Sin tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su pronóstico se complica.

“Lo que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con sede en Estados Unidos.

En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han incrementado. “En 1997, no superaban las mil; en el 2015, llegaron a los 3.300 casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de las Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela viven también 44.000 personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y cada año se suman un promedio de 5.600 nuevos enfermos.

Pese a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los pacientes infectados. En el 2014, el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y anticoagulantes.

A comienzos del 2017, la situación llegó al límite: 90% de las medicinas de alto costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegaron a las farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas. Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, el Ministerio de Salud mantiene desde 2014 una deuda de 4.000 millones de dólares con laboratorios proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector si liquidaba 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta condición.

Las autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS en los años 2015 y 2016. Sin embargo, Antonieta Caporale, una de los tres ministros de salud que ha tenido Venezuela en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos que todo el lote costaba alrededor de 12 millones de dólares y el Gobierno no tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA  (ACCSI) en una entrevista para este reportaje.

Resistencias peligrosas

Cuando Elvis Ortuño partió de Valencia, la capital del estado de Carabobo y principal centro de la industria ligera en Venezuela, tuvo que desprenderse de su familia, de su pareja y de su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los próximos meses y temió por su vida. Entonces apenas completaba un mes intentando asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH, y las pruebas de carga viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir las infecciones) estaban por debajo de lo normal. “Si me quedada, corría el riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.

Al igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las alternativas de migración que tenía y emprendió un viaje por tierra hacia Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la alcabala de La Caramuca, en el estado de Barinas -patria chica del comandante Hugo Chávez y de su familia, que le ha dado tres gobernadores en fila-, antes de seguir la ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios guardias te siembran cosas son constantes”, relata.

El problema de Elvis empezó en el puesto migratorio colombiano para llegar a la ciudad de Cúcuta desde San Antonio del Táchira, en Venezuela. Allí donde los oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, a manera de constancia de que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio buscó diversas formas de cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso funcionó. Sólo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.

“Sabía que al pasar el Puente Internacional Simón Bolívar (N. de R.: sobre el río Táchira, frontera entre Venezuela y Colombia) mi vida iba a cambiar. Fue como un signo de esperanza”, cuenta. Entonces, Elvis Ortuño tenía apenas 120 dólares en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales que cubriría su terapia de un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en autobús desde Colombia hacia Ecuador.

Luego de 36 horas de recorrido, el joven venezolano de contextura delgada y piel tostada llegó al Puente Internacional de Rumichaca, por donde ingresó a Ecuador. Su éxodo debía terminar en el Hospital de Infectología de Guayaquil, por lo que tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para atravesar territorio ecuatoriano y cumplir su objetivo. En ese servicio de salud recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con tan sólo mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Entonces volvió a indagar en internet una segunda opción de destino y se comunicó por correo con el colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en Perú.

En octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó otra frontera pero esta vez confiado en que conseguiría el trato deseado. No llegó a Lima, sino que se quedó en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, donde consiguió integrarse al programa de tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como mesonero en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo que interrumpir algunas veces su terapia.

Sin embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas del Perú.

Solo este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en Venezuela: desde enero no hay Zidovudina en jarabe para niños y desde febrero tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que este país ya no cuenta con datos epidemiológicos confiables porque tampoco dispone de reactivos para hacer las evaluaciones clínicas. “No sabemos cómo estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y ex presidenta de la Sociedad Venezolana de Epidemiología.

La doctora Sánchez dice que hay pocas posibilidades de medir correctamente los niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo en esta población y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro meses.

El VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en 1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no cuenta con terapias modernas porque son muy costosas”, dice Sánchez.

Retienen las donaciones

En Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), a través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción Solidaria Contra el VIH, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron distribuidas a los beneficiarios.

Además, en el 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75.000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de medicamentos.

Si bien en Caracas una parte de la población de pacientes con VIH sobrevive con las últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a centros urbanos de provincia como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio, Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir los medicamentos y salvar su vida.

Los servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición de salud, pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela porque temen que los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas de medicinas. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a 1,4 millones de dólares en 2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice Alberto Nieves, de Acción Solidaria Contra el VIH.

El desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que salieron a las calles tenían un lema: “Si no salimos, igual nos morimos por falta de medicamentos”.

(*) Reportaje preparado especialmente para Armando.info por el website Ojo Público, de Lima, Perú, en el marco del proyecto The Big Pharma Project.

No es solo contraer la cepa mortal del VIH-Sida y vivir a la vera de los caños que forman el delta del río Orinoco en el estado Delta Amacuro. El estado no tiene la infraestructura para entregar el tratamiento a los pacientes. Tampoco hay muchos médicos que los atiendan. Cuando la persona sale positivo en las pruebas debe acudir al Hospital Luis Razzeti, en Tucupita, para ser atendido por el infectólogo que asiste dos jueves al mes. El infectólogo es de Maturín, capital del estado Monagas que se encuentra a unas tres horas de Tucupita; y también atiende en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Zenaida Matteus, coordinadora de enfermería del Programa ITS/VIH en Delta Amacuro, cuenta que antes la Dirección Regional de Salud les daba estadía de una semana a estas personas para que asistieran a la consulta y que a veces los alojaban en un ala del hospital. Ahora esto no funciona y cuando vienen tienen que quedarse con familiares o amistades.

Los antirretrovirales, que se entregan a la población de forma gratuita, llegan desde Caracas a Tucupita los quince de cada mes y que generalmente hay una buena dotación del medicamento.

Pero donde existe la falla mortal es en la distribución. “Realmente nosotros le prestamos atención al que viene porque ni siquiera contamos con vehículo para ir al hospital. Usted sabe El Cierre, donde está la venta de comida, bueno de Volcán viniendo a Tucupita hay unas casas indígenas y nosotros no hemos ido para allá y es aquí mismo. Entonces realmente no se está haciendo el trabajo que se debe hacer”, denuncia la doctora Mar Medina, coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH.

No hay embarcaciones para distribuir el tratamiento en las comunidades del bajo delta. A finales de noviembre de 2014 Medina y su equipo en el puerto de Volcán desde las seis de la mañana. Se suponían que ya las lanchas estaban preparadas pero a las once de la mañana le dijeron que el motor no arrancaba. La doctora rememora el momento:

—Pero cómo si hace tres días estaba todo bien.

—Bueno doctora si se quiere ir con un motor.

—¡Cómo! ¿Pero tú eres loco? ¿Con qué me auxilio después si se me apaga el motor?”.

El viaje estaba planificado para Guayo donde entregarían 80 frascos con Viraday, uno de los antirretrovirales.

Ante esta situación Medina responde que los pacientes van a Tucupita a buscar los medicamentos: “Por ejemplo hay un paciente de San José de Amacuro [una comunidad más distante que Guayo] que cuando viene nosotros lo tomamos de transporte y le pedimos que lleve tratamiento a los otros. Se supone que deben de venir cada mes pero ellos como son de allá se les distribuye por hasta tres meses”.

“Los que no vienen es porque no han asumido el conocimiento de la enfermedad, tienen otra cultura, dicen que es brujería”, argumenta, por su parte, Zenaida Matteus

El infierno queda en Tucupita

Otra es la realidad de los caños: “Si le dices a un warao que debe buscar el tratamiento en Tucupita es como si le mencionaras el infierno. Incluso algunos se han ido de la consulta. No tienen dinero para el pasaje, no tienen dinero para la logística que implica moverse”, comenta el doctor Luis José Rodríguez.

“No tenemos un transporte para garantizar que la persona se mueva, aunque en 2009 el ministerio facilitó 20 lanchas pequeñas para todos los centros de salud, pero hoy en día no queda ninguna, están desaparecidas; y sobretodo porque hay desgaste de los motores y todo eso ha afectado la movilización. Lo mínimo es que cada comunidad tuviera su lancha, para moverse y ver si el paciente está recibiendo su tratamiento, porque si no hay garantía de que ese doctor o enfermero pueda ir, es mentira que ese paciente va mejorar su estado de salud”, dice Yaneth Ypuana, directora de la Dirección de Salud Indígena, ente adscrito al ministerio del Poder Popular para la Salud.

En lo que va de año los médicos no han recibido tratamiento para administrar entre los que tienen VIH en Guayo y otras comunidades. Luce inexplicable que el Programa, teniendo una lista de las personas con VIH en los caños, y sabiendo que no cuentan con embarcación, no haya aprovechado la oportunidad para enviar los antirretrovirales con los doctores este julio de 2015 cuando estaban en Tucupita o cada vez que alguno de ellos sale de permiso.

“Nuestras limitaciones de acceso a las zonas indígenas siempre son dificultades logísticas: movilización de recursos, médicos, medicamentos, pacientes. En este momento con el costo de los lubricantes y los repuestos se nos ha incrementado el problema”, se une al coro de penurias Yajaira Segovia, jefe de atención médica y coordinadora de la red hospitalaria de la Dirección Regional de Salud.

Pese a que algunas autoridades argumentan que los warao sí se trasladan a Tucupita a buscar el tratamiento todo demuestra lo contrario, la realidad es otra: el warao muere por no tener medicamentos y más al estar contagiado con una cepa más mortal que la normal.

El riesgo del embarazo

Las warao embarazadas con VIH tampoco están recibiendo tratamiento. En ellas el riesgo se incrementa debido a su desconocimiento de la enfermedad, y a la falta de un control prenatal que permita proporcionar los medicamentos específicos de acuerdo al tiempo de gestación, y posteriormente practicar cesárea para reducir las probabilidades de contagio del niño. Por ejemplo, las embarazadas no pueden tomar Viraday, un antirretroviral, en las primeras 15 semanas de embarazo porque produce malformaciones en el embrión o feto. En cambio deben tomar zidovudina y lamiduvina, que en 2014 presentaron fallas de suministro en todo el país, al igual que ciertos reactivos para aplicar las pruebas de VIH.

En ese momento interrumpe una mujer warao que viene a pedir leche maternizada. Ella tuvo un niño que diagnosticaron con VIH cuando nació. Para su segundo embarazo habían programado una cesárea pero se le adelantó el parto y la hicieron tenerlo por parto natural. “Los obstetras pelotean a las pacientes VIH embarazadas. Muchos piensan que van a salir positivos, pero hay niños que han nacido y no se han contagiado de milagro”. En el estante de al lado reposa un kit quirúrgico para cesárea y cirugía general. Ahora el niño debe ser enviado al Instituto Nacional de Higiene en Caracas para que le hagan el examen de reacción de polimerasa en cadena (PCR), estudio específico para descartar el contagio por VIH.

“La gobernación nos ayudaba a trasladar a Caracas a los bebes que nacen con VIH para los exámenes porque la Dirección Regional de Salud no hacía nada. Les daba el traslado, todo. Incluso llegamos a lograr que le dieran los viáticos a una secretaria del programa para que se fuera con el grupo y se encargara de arreglar todo en Caracas. Este año solo han ido tres y porque los padres tuvieron pagaron el traslado”, denuncia Mar Medina.

Una combinación mortal

Zenaida Matteus tiene las estadísticas de la incidencia del sida en el bajo delta. “En Guayo hay 58 casos de los cuales 25 reciben tratamiento”, afirma. Dice que algunas de estas personas fueron diagnosticadas desde 2006 y que han ido al infectólogo. Matteus prosigue: “Curiapo 9 casos registrados, Nabasanuka 9 casos, San José de Amacuro 7 casos, Tucupita 14 casos”. También dice que de 2010 a 2015 se han reportado 14 fallecidos en Guayo, y que en 2015 murieron dos en el Hospital Luis Razetti de Tucupita, también procedentes de Guayo.

Solo basta un viaje a estas comunidades para confirmar que muchas de las personas registradas han muerto y que hay nuevos casos de contagio. Ha pasado un día y hay contradicción entre los números facilitados por Matteus y las declaraciones de Mar Medina: “Yo le puedo decir que Guayo puede que tenga alguna comunidad indemne, porque existen comunidades donde si hay 100 familias, el 90% tiene a alguien con VIH. Nosotros no le podemos dar la lista a la gente, qué familia ni cuál es el nombre, pero si le podemos decir ‘hay tantos indígenas, tantos niños’. Los médicos que están allá ahorita vinieron alarmados. Todos los que trajeron ya nosotros los tenemos registrados, por eso es que yo me opongo a que estén haciendo estudios en los indígenas a cada rato. Lo bueno sería que a nosotros como nos dieran las herramientas para poder ir y evaluar, porque ¿qué hace uno sacándole la sangre a quien ya está diagnosticado?”.

En Delta Amacuro hay una autoridad única en salud. El director regional de salud es el representante del Ministerio de Salud y de la rectoría de salud de la gobernación. Recientemente el médico Martín Márquez fue designado como rector de salud en el Delta y hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación de los warao. En dos oportunidades se intentó concertar una entrevista pero por motivos de viaje y agenda fue complicado. Del mismo modo se solicitaron cifras de personas con VIH en Delta Amacuro a través de una dirección de correo electrónico facilitada por la funcionaria Yajaira Segovia sin respuesta.

Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud para 2012 se calculaba que 110.000 personas con VIH vivían en Venezuela. De acuerdo con Claudia Morón, viceministra de redes de salud colectiva, había 101.867 pacientes infectados con VIH-Sida 2013. De esa cantidad 42.936 son los que están acudiendo a recibir el tratamiento.

Estas cifras contrastan con las de informes presentados por organizaciones no gubernamentales. Una de estas, Stop-VIH, señala que en el país existen cerca de 220 mil personas con VIH, de las cuales el Ministerio de Salud atiende a 44 mil que ya han sido diagnosticadas.

En una ocasión los doctores de Guayo  necesitaban la lista de las personas VIH-positivas de las comunidades para contactarlas y el Programa no quería dárselas. Finalmente solo proporcionaron los nombres de la gente de Guayo y Nabasanuka.

También ha habido fallas de coordinación. Según Matteus a veces los doctores han traído listados sin número de cédula o a veces los indígenas se cambian el nombre.

“El bajo delta es como una zona de guerra y en Tucupita prefieren tener un muerto antes que falte una cédula, una fecha de nacimiento o un nombre. O incluso han exigido muestras de sangre que deben llegar en menos de 24 horas, conociendo las dificultades que existen con la gasolina. Caiga quien caiga el requisito debe estar completo. Prefieren tener una ficha completa en lugar de resolver”, dice con resignación el doctor Alfredo Silva y recuerda que en Murako murió una niña de 12 años, porque no les dieron el tratamiento para la tuberculosis por no tener en el momento su fecha de nacimiento.

Un gobierno de un médico

En noviembre de 2012 dos médicos se disputaban la gobernación del estado Delta Amacuro. Resultó reelecta la médico cirujano y candidata del gobierno por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Lizeta Hernández Abchi. Los warao continuaron muriendo.

Como reza en la página de la gobernación, Hernández ya había pasado por distintos cargos en el área de salud en la entidad: en el año 2005 fue designada directora de salud del ejecutivo regional. Cuatro meses más tarde es nombrada Rectora de Salud y Desarrollo Social; cargo que desempeña hasta enero de 2008, cuando “atendiendo el llamado de su pueblo” acepta participar en las elecciones internas del PSUV como candidata a la Gobernación del Estado Delta Amacuro.

A principios de julio de este año la gobernadora visitó Guayo en compañía de Amado Heredia, candidato del PSUV por el circuito uno, que comprende los municipios Casacoima y Antonio Díaz. También iban con ella Edgar Guzmán, alcalde del municipio Casacoima; Ramón Antonio Yánez, diputado regional; Fátima Salazar y Evaristo Rodríguez, presidente del Instituto Regional de Atención al Indígena. Un medio de la entidad reseñó: “A la caravana fluvial fueron asistidos, originarios de todas partes del municipio, contando con más de 200 embarcaciones fluviales que casi arropan las aguas de San Francisco de Guayo”. Pero al parecer ni la gobernadora ni ninguna de las autoridades se percataron que la comunidad tenía más de cuatro meses sin luz, tampoco funcionaban los generadores eléctricos del hospital y ni siquiera tenían una ambulancia fluvial.

En 2013 Dalia Herminia Yanez, diputada oficialista y coordinadora de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezolano, dijo que en las zonas del bajo delta había un problema muy serio. Uno de los dirigentes, Emilio Valenzuela, había denunciado casos de VIH-SIDA. También dijo que era un asunto casi silencioso, que nadie se escapaba de eso pero que aún no había podido recorrer a la zona: “Han muerto indígenas de sida, pero no tengo el número exacto de cuántos están contagiados. También de tuberculosis. A pesar que hay la atención hay una desconexión de instituciones”. Un año después en otra entrevista la diputada de la etnia warao declaró no tener información al respecto, pero denunció la falta de coordinación de las instituciones del Estado que deben velar por los derechos de los indígenas.

“A lo mejor con la Cruz Roja hubiésemos podido frenar la epidemia pero las autoridades sanitarias y civiles los echaron de los caños porque estaban alarmando”, señala Mar Medina.

Para 2015 el Ministerio de Salud recibió 38 mil 705 millones 374 mil 057 bolívares, un incremento de 29% con relación al año 2014. De ese dinero 598.752.120 bolívares se destinaron para el fortalecimiento de los servicios regionales que atienden pacientes con: VIH/Sida/ITS, enfermedades respiratorias, tuberculosis (TBC), asma; enfermedades pulmonares, obstructivas y crónicas (Epoc), hepatitis y bancos de sangre; la cantidad solo representa 1,54 % del presupuesto total.

En 2013, el presupuesto para esas enfermedades fue de 517 millones de bolívares y se pretendía atender a 1.551.052 personas. En 2014 bajó la atención a 750.000 pacientes con 598 millones de bolívares presupuestados.

Al revisar la memoria y cuenta de 2013 y compararla con la de 2014 se advierte el progresivo desinterés del Estado por la suerte de los warao afectados con VIH. En 2013 existía la Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro. Dentro de sus líneas y planes de acción para 2014 no había referencias a la prevención de VIH-SIDA en comunidades warao ni en criollos. Dentro de sus actividades mencionan 586 consultas a pacientes con VIH/ITS/SIDA y 382 educación sanitaria sobre VIH/SIDA, pero no identifican si los beneficiados eran warao o no warao.

Sin embargo, presentan obstáculos que dejan por escrito la situación sanitaria y sustentan las demandas de algunas autoridades sanitarias: falta de embarcaciones, de médicos, de vehículos para supervisar la red ambulatoria y hospitalaria. En la memoria y cuenta de 2014 desaparece esta dirección regional. Así sobreviven o mueren los warao. El Estado está presente solo en costoso material POP, y de vez en cuando en giras que más bien parecen turísticas. Ellos siempre “están planificando su próximo viaje al bajo delta”, pero nada mejora. Y mientras tanto solo las aguas del Orinoco lloran la muerte de este grupo indígena que continúa sumergido en una epidemia de sida.

(*) Este trabajo es el último de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

A contracorriente del mundo occidental, las familias más notables y acaudaladas de la etnia warao incluían dentro de su estructura a una segunda esposa y se trataba precisamente de los tidawinas, que mantenían relaciones sexuales exclusivamente con su marido y se desempeñaban, en algunos hogares, como ayudante de la primera esposa. Ya está visto que el VIH terminó de trastocar su rol; concretó lo que la Iglesia venía trabajando durante décadas.

Según el antropólogo Olivier Allard, en su libro Pueblos Indígenas e Identidades de Género: el dualismo sexual sometido a discusión, la discriminación comenzó por presión de los misioneros y la sociedad criolla quienes proscribieron, invisibilizaron y ridiculizaron a esta figura transgénero, desestructurando su identidad y llevándolo a ocupar un lugar marginal en el tejido social: “Exiliada su figura social del mundo warao, el tidawina deja de cumplir un rol en él y pasa a convertirse en una figura propia del mundo criollo y ajena al warao, es decir, un 'maricón', una aberración, una desviación, un desterrado social”; y ahora responsable directo del VIH, porque ya muchos warao relacionan al tidawina como un factor de riesgo para contraer la enfermedad.

El antropólogo Luis Felipe Gottopolo explica todo: “Al preguntar sobre los tidawinas, una mujer warao inmediatamente contestó que no los querían, pues ellos salían "por la noche con sujebu a contagiar a los hombres con esa enfermedad Sida". Por otra parte, al preguntarle a otra mujer warao sobre el origen del Sida, contó que seis tidawinas habitantes de la comunidad de Koberuna se contagiaron en San Francisco de Guayo, y propagaron la enfermedad en sucomunidad”.

Los tidawinas han quedado desligados de las relaciones socioproductivas y por ende las personas transgéneros y homosexuales, que antes eran tolerados por la sociedad warao, ya no pueden tener parejas estables, familia, ni ninguna función social. Relegados a la clandestinidad, algunos de ellos se han dedicado a la prostitución.

En el estudio HIV-1 Epidemic in warao amerindians from Venezuela: spatialphylodynamics and epidemiological patters (2013) algunos pacientes VIH positivos confirmaron haber tenido experiencias sexuales con tidawinas o con otros hombres (64%).

Lo anterior supone un cambio muy fuerte en materia sexual y familiar para los warao. El antropólogo Emilio Monsonyi documentó en 1984 en su libro, La sexualidad indígena vista a través de dos culturas: Waraos y Guajibos, que existían normas que limitaban la libertad sexual en estas comunidades.

“Las relaciones entre hombres y mujeres se caracterizan por el formalismo, la sobriedad y la distancia, capaces de neutralizar y controlar emociones y pulsiones”, explicaba Mosonyi en su libro. “Los niños tienen prohibido hablar de sexo y las mujeres deben llegar en estado de virginidad al matrimonio. Las normas que rigen el comportamiento y los hábitos sexuales son más bien estrictas y conservadoras. Los vínculos sexuales fuera del matrimonio son mal vistos y reprobados”.

Gottopo añade ahora, a 30 años de aquel análisis, que las contradicciones actuales pueden ser el resultado de la flexibilización de las normas sexuales tradicionales, como consecuencia de la interacción con el mundo criollo. Sin embargo, este antropólogo insiste en que no son los tidawinas ni las migraciones de muchos warao las principales causas a atacar para frenar la epidemia de VIH.

Por el contrariodice que es necesario garantizar, antes que nada, la atención médica y la prevención a través de campañas especiales. Después de todo, se trata de una enfermedad que llegó del mundo exterior, por lo que también deben recibir tratamientos de ese mundo exterior.

Desde Delta Amacuro, el médico Luis José Rodríguez cuenta que una vez entregaron condones y algunos warao los agarraron para hacer globos: “Ahorita estamos trabajando dando charlas pero no es un método muy efectivo porque está fracasando. ¿Cómo hacemos para educar al warao en prevención sin afectar su cultura?”, pregunta. “¿Cómo tú le dices al warao que no tome agua del río porque le va dar diarrea? Cuando no hay una planta potabilizadora de agua. ¿Cómo tú le dices al warao no cocines en leña porque te van a dar enfermedades respiratorias?”.

Los jebus de la gente de los caños

En su investigación sobre la medicina natural de este pueblo, Fitoterapia Warao, libro editado por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (1996), el antropólogo Wilbert Werner señala que en el imaginario warao existen, paralelamente, dos teorías de la enfermedad. Ambas suponen un origen espiritual o mágico, pero se diferencian en las terapias que se emplean.

Por un lado, de acuerdo a la teoría chamánica, las enfermedades son producidas mediante el ataque de espíritus caníbales devoradores de almas (jebus), objetos patógenos (bajanas) o encantamientos (joas) que se introducen en el cuerpo de un individuo, causándole dolencias. Generalmente este tipo de enfermedades son tratadas por los chamanes. Hay otra teoría que entiende el contagio de patologías a través de olores fétidos que son transportados por el aire, el agua o el fomes, hasta el cuerpo, en el cual se introducen para alojarse en cualquiera de las varias almas que componen la esencia del warao y que se ubican en la cabeza, tórax, pecho y abdomen.

La terapia aplicada a este tipo de enfermedades carece de rituales y se fundamenta en la sustitución de un olor fétido y patogénico, por otro aromático y terapéutico, donde los medicamentos naturales, de índole vegetal, son administrados mediante el consumo oral, inhalación o unción tópica, con el fin de desplazar los olores fétidos causantes de enfermedades.

El diagnóstico de la enfermedad lo hacen chamanes y fitoterapeutas de forma mancomunada. Si ninguno de los campos médicos tradicionales logra determinar la patología, entonces se asume que es de origen exótico y que el paciente debe ser tratado con la medicina del criollo. Es el caso de la tuberculosis o el VIH. El problema es que por la falta de información muchos de ellos solo reconocen los síntomas más no el virus. Saben, de cualquier modo, que es mortal porque casi nadie sale ileso cuando comienzan a sentir diaraya (fiebre), sojo (diarrea), botukataya (pérdida de peso), botobotoya (debilidad), ataearakateobo (mareos).

“El problema con los tratamientos de VIH y tuberculosis no es la disponibilidad, gracias a Dios y al Estado la tenemos, sino el apego del paciente al tratamiento, además que al sentirse bien deja de tomarlo”, señala Yajaira Segovia, jefe de Atención Médica y coordinadora de la Red Hospitalaria de la Dirección Regional de Salud.

En este caso es peor el remedio que la enfermedad porque la persona puede desarrollar resistencia al medicamento. De hecho en el estudio Evidence of at Least Two Introductions of HIV-1 in the Amerindian Warao Population from Venezuela (2012) se encontraron algunas mutaciones del virus, personas con estas resistencias que habían contaminado a otros, aunque no todos los individuos infectados y resistentes al fármaco habían recibido tratamiento antes del estudio.

(*) Este trabajo es el tercero de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Los doctores, resignados, esperaron hasta el día siguiente para iniciar una travesía vital en esta zona de la Venezuela más recóndita. El extremo oriental es quizá el último lugar de la geografía nacional en el orden de prioridades de todos. Allí, donde la prevalencia del VIH es más alta que en cualquier parte del país, los especialistas quieren evaluar el impacto del virus en la población warao de 15 a 50 años, pertenecientes a 15 comunidades de la parroquia Padre Barral y 11 de la parroquia Manuel Renaud. Hay que aplicar dos pruebas rápidas de diagnóstico (Oraquick y Alere) y determinar cuántos pacientes conocidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (la mayor parte por los estudios realizados por estos investigadores) sobreviven en el hospital Hermana Isabel López de Guayo. La travesía es perentoria: el equipo aspira a que quienes aún sobreviven sean incluidos en las estadísticas nacionales a través del Programa Nacional de ITS/VIH y puedan recibir tratamiento. Los que han fallecido arrojan una conclusión quizá más importante: cuán letal es la cepa que tienen los warao.

Amaneció el jueves en Puerto Volcán, una comunidad con estructuras improvisadas de madera, zinc y bolsas negras donde viven, de forma permanente o pasajera, los warao que vienen de los caños más adentrados del delta, y los doctores Jacobus de Waard, un biotecnólogo holandés que actualmente dirige el Laboratorio de Tuberculosis en el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela; Sergio Poli que trabaja en el mismo laboratorio; Alfredo Silva, Luis José Rodríguez y Jan Costa, quienes actualmente hacen su año de rural en los hospitales de San Francisco de Guayo y Nabasanuka, llegaron al embarcadero con el propósito de zarpar. Los médicos comenzaron a meter la carga en la curiara de hierro azul identificada con el nombre del “Instituto Autónomo de Biomedicina de la UCV”, y se percataron que aún faltaban dos tambores más de gasolina.

Habían pedido seis para poder visitar todas las comunidades. En este puerto la venta de gasolina está restringida a dos tambores, de 200 litros cada uno por mes, lo que apenas es suficiente para un viaje de ida y vuelta desde Puerto Volcán hasta San Francisco de Guayo o Winikina. “Hablamos con el comandante”, decía el doctor Jacobus con una carta en la mano, mientras que uno de los tenientes insistía en que debía llamar para verificar. Luego de unos minutos los militares vendieron la gasolina que necesitaban y el grupo partió a las 10:30am, un día después de lo pautado.

Al principio un sendero de agua es todo el camino. Luego el río Orinoco se abre como un abanico formando una red intrincada de caños y diversas islas deltaicas. Esta cuenca, ubicada en el extremo nororiental del país, cubre una superficie de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados. Solo el delta tiene 22.500 kilómetros cuadrados, demarcado por el Caño Manamo en el oeste, el Río Grande en el sur y las aguas del océano Atlántico que bordean sus costas.  De lado y lado hay manglares, árboles retorcidos que emergen del agua, la vegetación típica de esta zona.

La travesía duró varias horas porque uno de los motores de la lancha desapareció. A las 8:00 de la noche el equipo médico desembarcó en San Francisco de Guayo, un lugar muy remoto que queda casi tocando el océano Atlántico. Desde ahí se desplazarían a las otras comunidades donde aplicarían las pruebas de despistaje de VIH.

Llegar hasta aquí es un milagro. El resto del equipo que ya está instalado, formado por siete pasantes de la escuela de medicina José María Vargas de la UCV, también vivió una odisea. La Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro solo les facilitó dos camionetas pick up para su equipaje y ellos tuvieron que contratar un camión 350 para el resto de las cosas: comida para dos meses y medicinas que ellos mismos habían recolectado a través de donaciones.

Una vida precaria y a la deriva

Una ambulancia fluvial, corroída por el óxido y llena de agua, permanece encallada frente al hospital Hermana Isabel López. El ir y venir de las pequeñas olas del Orinoco la golpean constantemente y ella permanece ahí, un poco torcida, pero negada a hundirse.

A finales de abril tenían que trasladar a un bebé de seis meses con diarrea hasta el hospital en Tucupita, y no fue posible por no contar con una embarcación. El doctor y los familiares tuvieron que resignarse a verla morir. Otro caso fue el de un niño warao con un cuadro de tuberculosis, que murió al no ser trasladado a tiempo a Tucupita. En mayo Nubia López murió tras 11 días de convalecencia por la misma razón. Un medio local publicó las fotos de la mujer cadavérica. En enero de 2015 se fue la luz y los médicos tuvieron que atender los partos con velas. Otro día nació un niño y no lloraba. Resulta que había inhalado meconio, las primeras heces del bebé, durante el parto, cuando lo estaban aspirando se fue la luz y el recién nacido murió.

A estas historias, que parecen de otro continente y de un siglo lejano, y a una precaria infraestructura se enfrenta el equipo que viene a establecer el alcance de la epidemia de VIH en el Delta del Orinoco. El hospital en Guayo cuenta con 16 camas y cuatro camillas de observación. Existen algunos equipos: dos incubadoras, una centrifugadora que perteneció al doctor Jacinto Convit, una estufa y un microscopio. Pero es como si no existieran. Los dos generadores eléctricos del hospital no funcionan desde hace dos años y el generador que proporciona luz en el pueblo tiene problemas por piezas dañadas o falta de gasoil.

Existe una máquina para tomar placas de rayos X que los doctores descubrieron este año. Había estado dentro de una caja debajo de una camilla por meses y nadie había mostrado interés por su contenido. Pero de poco sirve, no hay un cuarto plomado –un espacio adaptado para trabajar con rayos X– y los doctores hacen las pruebas de la forma más rudimentaria.

El hospital no tiene lavadoras industriales para mantener una higiene continua: todavía los obreros lavan en el río. Tampoco cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes. En promedio son 1.200 al mes, 45 y 50 consultas diarias, y 4 o 5 hospitalizados a la semana. Un ejemplo es la falta de un yelco pediátrico, una especie de catéter utilizado para administrar suero a los niños, por lo que deben utilizar el de adultos y atravesar sus diminutos huesos. No hay cremas azufradas para la escabiosis; y ni mencionar los tratamientos antirretrovirales para los pacientes con VIH.

Esta situación avergüenza a la hermana Isabel López, de la congregación Terciarias Capuchinas. “Yo dije un día: el hospital no amerita que lleve mi nombre”, dice. Ella está consciente de que los médicos son muy competentes, pero que poco pueden hacer sin insumos. “En la temporada en que descubrieron los casos de VIH morían al menos 5 mujeres al mes porque no podían ser trasladadas”,  agrega López, que tiene más de 50 años conviviendo entre los indígenas warao del bajo delta.

Es esta congregación, la que aporta la comida para los pacientes hospitalizados, la tienen difícil para que todos reciban sus raciones. La Alcaldía del Municipio Antonio Díaz solamente les dona 7.000 bolívares mensuales. A veces los doctores y pasantes deben ir a los mercados populares de la red Mercal y colocar su dedo pulgar en las máquinas captahuellas para comprar la comida con este dinero.

El doctor es como un conserje del hospital. Debe proveer todo lo necesario para él y los pasantes, incluso el agua que consumen. Esta la consiguen en Teikuburojo donde tienen una planta potabilizadora y la compran a cambio de darles un poco de gasolina: “Pensar hacer un hospital en Guayo fue una idea muy buena y estratégica ya que está ubicado en un lugar grande, remoto y de difícil acceso. Pero al no estar dotado y las comunidades no disponer de motores fuera de borda ni gasolina se les dificulta el traslado al mismo”, comenta el médico Alfredo Silva.

El desplazamiento de una comunidad a otra puede durar 10 o más horas, e incluso días si el trayecto se realiza a canalete o remo. Algunas comunidades cuentan con lanchas a motor, pero su uso es restringido por la escasez del combustible.

Dos grupos estadísticos

La mañana del viernes el equipo se reunió en la residencia de los doctores, justo al lado del hospital Hermana Isabel López. Una salita con mueble, una computadora y una nevera para guardar las vacunas es todo el mobiliario. Las paredes están pintadas de rosado y en una de ellas está pegado un papel con el horario de guardias y consultas. Los días están escritos en idioma warao. También hay un José Gregorio Hernández y una virgen. El resto de la casa tiene una cocina, dormitorios, baños y un espacio en la entrada donde están guindados unos chinchorros y las cajas con las pruebas Oraquick que fueron donadas por una empresa estadounidense.

Oraquick es una prueba oral que se usa recogiendo una muestra de saliva mediante el frote de las encías superiores e inferiores con una paleta recolectora. Luego el dispositivo se introduce en el tubo de prueba que contiene un líquido y se obtienen los resultados en 20 minutos: si solo aparece la línea C, los resultados de la prueba son negativos; pero si los anticuerpos contra el VIH se depositan en la línea T esto indica que los resultados son positivos.

En ese caso los médicos aplican una segunda prueba rápida –llamada Alere Determine HIV - 1/2– que requiere una muestra de sangre. El Programa Nacional de Control de VIH incorpora a sus estadísticas a un paciente que haya dado positivo en ambos exámenes.

Deciden que para el estudio tendrán dos grupos. El grupo A donde usarán una muestra probabilística (cada 4 casas en comunidades con más de 40 casas, cada 2 casas en comunidades más pequeñas). El grupo B con una muestra no probabilística, grupo de estudio intencional donde los criterios de inclusión serán: VIH positivo conocido, con síntomas aparentes, contacto de VIH positivo conocido, voluntario.

“Hay que ser activos. Yo acá tenía 10 años que no venía y me recuerdan. Yo venía a hacer pruebas de tuberculosis”, dice el doctor Jacobus de Waard con un acento extranjero muy difícil de ocultar pese a estos 20 años que tiene en Venezuela, y sale de la residencia con el grupo a realizar las primeras pruebas.

La etnia de las aguas

San Francisco de Guayo pertenece a la parroquia padre Barral y forma parte de las más de 365 comunidades asentadas en el municipio Antonio Díaz. El municipio, que es el más grande de los cuatro que integran el estado Delta Amacuro, tiene una superficie de 22.746,49 kilómetros cuadrados.

Según el censo del año 2011, la población indígena venezolana representa 3% del total de la población del país. De ese porcentaje los warao constituyen el segundo pueblo indígena más numeroso, con una población de 48.771 individuos, lo que corresponde a 6,7% del total de los indígenas de Venezuela. Los warao se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional; sin embargo, se concentran mayoritariamente en sus territorios de origen (40.280 individuos), es decir, en el estado Delta Amacuro y, en menor medida, en la región oriental del país y el Distrito Capital. En Delta Amacuro la población ronda los 165.525 habitantes, de los cuales 24% se asumen warao, según el censo de 2011. El 13% de ellos se asienta en áreas urbanas, mientras que 87% restante lo hace en zonas consideradas tradicionales en los municipios de Antonio Díaz (58,7%), Tucupita (29,5%), Pedernales (10,9%) y Casacoima (0,9%).

Fray Julio Lavandero, sacerdote capuchino, explica que los warao se quedaron en la era del palo, ni siquiera la de la piedra. Nunca han salido de las aguas. No en vano el significado de la palabra warao significa “gente de la canoa” o “gente de los caños”. Su modo de vida se desarrolla en las riberas del río Orinoco, en viviendas autóctonas tipo palafito y se transportan usando una curiara. Pero el hecho de haberse quedado en este lugar tan recóndito de Venezuela no les aseguró que su cultura haya permanecido intacta.

Este poblado tiene una misión católica fundada en 1942 por el padre de la orden capuchina Basilio de Barral, quien construyó una escuela y un internado para niños warao. Posteriormente en 1951 llegaron las religiosas de la congregación Terciarias Capuchinas quienes todavía permanecen en Guayo.

Guayo tiene dos sectores: Guayo I (la Calle de los casados y la Ranchería) y Guayo II. Una parte de las caminerías de Guayo son de cemento y los janokos, vivienda de los warao que se levantan sobre las aguas, rozan apenas sus orígenes. Ahora muchas reposan en estas veredas, elevadas a escasos centímetros del suelo para evitar que se inunden cuando llueve, y están construidas con listones de madera pintados, casi no tienen partes abiertas, solo las ventanas y la puerta. En otra parte de la comunidad estos palafitos y caminerías están sobre las aguas, y estás últimas sí son de listones de madera o de troncos.

Los habitantes de las primeras casas de la calle de Los Casados, donde empezó a trabajar el grupo, salen negativos a la prueba de VIH.

—¿Saben cómo se transmite?—le pregunta Jacobus a uno de los jóvenes.

—Relaciones sexuales y drogas—responde.

—Yo le digo a los muchachos que se cuiden—interviene Miguel, profesor de deportes de la comunidad, e inmediatamente menciona el caso de Florentino.

Florentino era muy activo. A sus 41 años pertenecía al equipo de futbol de San Francisco de Guayo y trabajaba como obrero cuando había construcciones. Su cuarto estaba lleno de zapatos deportivos, gorras y medallas. El licor era su único vicio, pero desde el 8 de marzo, día de su cumpleaños, no tomó más. En enero le dio una gripe muy fuerte y a partir de ese momento cada tarde lo visitaba la fiebre. Cada vez que comía le dolía el estómago. Luego se comenzó a poner flaco. “Será la diarrea”, le decía a sus familiares. El 7 de junio lo encontraron tirado en su chinchorro. “¿Qué te pasa, mijo?”, le preguntó su madre Aura y él no dijo nada. “Perdió el habla, había quedado como ciego, parecía como un niño y no quería que lo vieran”, recuerda ella con una tristeza que apenas encuentra consuelo.

Aura fija su mirada en sus pies descalzos. Su hija, que la observa desde la vereda, prosigue: “Él tenía el virus desde 2011, desde que vino el doctor Julián, pero nunca dijo nada. Florentino tenía en el cuarto un montón de pastillas y no sabíamos qué eran. Venía una doctora y se iban para adentro. Él tenía su secreto. Con el doctor Alfredo se dejó colocar el tratamiento pero ya parecía un niño, le cambiaban el pañal varias veces. Se puso duro como una piedra, el cuello, los brazos y, ¡ay!, ese hipo que daba miedo. Él se la pasaba en la Ranchería y los que tuvieron trato con él murieron el año pasado”.

La diarrea era continua. Un día lo estaban alimentando con una manguera y el mismo se la sacó. Otro día Aura le fue a llevar jugo de guayaba y en el pañal había sangre. Y otro día comenzó a golpearse en el pecho: “Lo agarraba a uno fuerte y ni abría la boca”, evoca su madre.  Cuando el padre le administró los santos óleos el cuerpo de Florentino perdió la consistencia de la piedra. La piel se ablandó y cerró los ojos. Sus ocho días en el hospital habían terminado.

Basura y gente enferma

Cuando los doctores llegan a la Ranchería todo cambia. En este lugar, ubicado en Guayo I, hay más ancianos y la mayoría habla warao. También está en peores condiciones higiénicas, hay mucha basura debajo de las viviendas. Comienzan a aparecer las personas con VIH tanto en la búsqueda activa como en el conteo al azar. El primero es un joven de 15 años.

En una de las casas Isaac está enrollado en su chinchorro y se mece lentamente. Tiene ojos tristes y está muy delgado. De las ventanas cuelgan dos afiches decolorados por el sol: “Digna Sucre, alcadesa”. La mujer sale sonriente junto al presidente Nicolás Maduro y la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta González. Uno de los doctores le pide a Isaac que abra la boca e introduce el Oraquick. Minutos después, otro caso positivo. El doctor le da un comprobante para que vaya a hacerse la prueba de sangre en el hospital, que está unas casas más allá pasando la escuela, la Iglesia y la casa de las religiosas. Isaac se levanta bastante débil y con papel en mano comienza a caminar, es inevitable que su cuerpo se vaya de un lado. Hace solo unos meses tomaba ron con Florentino.

Él es hijo de Silvio Rico, el wisidatu (dueño del dolor), que funge como chamán o sacerdote étnico y sirve de mediador entre la gente y el jebu (espíritu malo). Silvio está encargado de mantener la salud de su pueblo y de presidir el ritual del sagú, utiliza la maraca sagrada y canta mensajes curativos. Solo que esta medicina no ha resultado para este mal. A Silvio se le han muerto dos hijos. El primero fue Melesio (35 años): “Pasó dos semanas en Tucupita pero como no había nada que hacer me lo traje a la casa. Vomitó sangre y se murió”. Tenía sida y tuberculosis. El segundo fue Silvano (24 años) que también “murió flaquito”.

“Antes no había la enfermedad. Esa gente que se muere es porque ha estado en San Félix”. Silvio también piensa que este mal salió del ron porque dice que cuando la gente toma se vuelve como animal y no puede hablar con ellos porque lo quieren matar. Pero lo que realmente pasa es que en las fiestas se forman verdaderas orgías donde los tomadores no usan ningún método anticonceptivo y quedan expuestos al contagio.

En otra de las viviendas Jhon Grande viste una camisa ajustada que deja ver parte de su abdomen, un short y tiene el cabello recogido en un moño. Cuando camina marca bien sus pasos y mantiene el pecho erguido. Abre la boca para hacerse la prueba. Positivo. Le dan el mismo papel y lo envían a tomarse la muestra de sangre.

Uno a uno van apareciendo. La mayoría son hombres jóvenes y ninguno está tomando el tratamiento. Queda claro que los hombres mantienen relaciones sexuales con hombres sino no existiría una diferencia tan marcada en la prevalencia entre hombres y mujeres.

El antropólogo Luis Felipe Gottopo explica que aunque en los warao lo habitual es la vida familiar monogámica, no es extraño entre ellos la presencia de individuos transgéneros llamados tida-winas (mujer con pene), los cuales mantienen relaciones sexuales con otros hombres. En un estudio llamado HIV-1 Epidemic in waraoamerindians from Venezuela: spatial phylodynamics and epidemiological patters (2013), algunos pacientes VIH positivos confirmaron haber tenido experiencias sexuales con tida-winas o con otros hombres (64%).

El factor de riesgo no radica en la homosexualidad en sí misma, sino en la práctica del sexo anal. El doctor Jacobus explica que el problema es que el epitelio vaginal tiene mayor cantidad de capas celulares por lo que no se rompe o desgarra con facilidad, a diferencia del anal que son pocas capas de células y es más frágil. A la larga las células epiteliales no se infectan sino las dendríticas.

Durante la jornada un hombre llama al doctor Jacobus y comienza a hacer reclamos “La gente se está muriendo”, le dice Es un exenfermero del hospital. “No están mandando el tratamiento al bajo delta y usted lo sabe”, le contesta Jacobus.

Saliendo de la Ranchería varios jóvenes interceptan a los doctores: “Queremos hacernos la prueba”. En la calle alguien grita: “Reactivo”, y suelta una carcajada. Probablemente tanta muerte los tiene alerta.

Sexo y mosquito

—¿Cuéntame qué es el VIH? —pregunta Jacobus a uno de los jóvenes que tiene 17 años.

—Una enfermedad que se transmite por el sexo y el mosquito.

—Por el mosquito no. ¿Mueres o vives?

—Mueres.

—¿Qué haces para no morir?

—Condón.

“Apenas nos enteramos no nos quedamos con las manos cruzadas, comenzamos a pasar películas, hacer charlas. Estoy segura que en 2009 había como 60 casos y deben quedar vivos como cinco. El primero en morir fue un señor de 50 años, él contagió a muchos”, cuenta la religiosa Isabel López. Mar Medina, coordinadora del Programa de ITS/VIH en Delta Amacuro, también asegura que en Guayo colocaron películas para explicar la situación e incluso se apoyaron en traductores warao, “pero se cayó el interés de la Dirección Regional de Salud”. Muchos doctores que han pasado por esta comunidad han brindado información sobre esta enfermedad, así que algunos habitantes de Guayo conocen la letalidad del virus y aunque muchas veces no lo llamen por su nombre –la palabra VIH o sida no existe en warao– ya identifican los síntomas: diaraya, sojo, botukataya, botobotoya, ataearakateobo. El problema sigue estando en la prevención y el acceso a los medicamentos.

Próxima parada

Los doctores suben a la lancha y siguen su recorrido hacia la Isla de Jobure, a unos 30 minutos de Guayo. Tres perros raquíticos y un joven los recibe en el muelle de tablas desgastadas por la humedad. Sobre estas hay un pescado salándose. Más atrás dos jóvenes observan desde el vaivén de su chinchorro.  El resto de la familia ha salido. Alfredo le explica al joven el motivo de la prueba y se la aplica. El resultado es negativo. Jacobus saca su lista de viejos casos diagnosticados y pregunta por Jhenny Freites de 28 años. “Está en Tucupita con sus hijos”, responde el joven, que resulta ser su hermano. Él no sabe si Jhenny volverá, así que por ahora es una portadora del virus que vive en la capital del estado y no hay información que indique si está recibiendo tratamiento.

Los doctores navegan hasta la segunda casa donde encuentran a tres personas, dos de ellos, una mujer y un hombre, acostados cada uno en su chinchorro. Sus ojos están apagados, han perdido mucho peso y tienen una tos que no se detiene. Ambos tienen tuberculosis y los doctores le aplican la prueba para descartar VIH, porque muchas veces este virus queda silenciado por el padecimiento de la ocasión y los warao no tienen manera de saberlo. De todos modos deberán ir el lunes al hospital de Guayo para hacerles las pruebas. Ellos no tienen motor, así que irán en una curiara utilizando canaletes. “Salimos a las 4: 00 am y llegamos allá a las 7:00 am”, dice Kenny, el esposo de la mujer que está en el chinchorro y el único que está en pie. Él tiene VIH.

En la tercera casa, donde hay un afiche con la cara de Nicolás Maduro que ha ido borrando el sol, todos resultan negativos. El saldo es que en una comunidad de solo tres familias hay dos que tienen a alguien con VIH, lo cual resulta alarmante.  Jacobus saca nuevamente su lista. “Ese se murió hace como dos años trabajaba en Cambalache (…) Ismenia murió hace como una o dos semanas”, responde uno de los hombres del lugar.

Un nuevo contagio

Comienza a oscurecer y los doctores van en la curiara de regreso a Guayo. Las noches en Guayo transcurren con el sonido de las olas que forman los balajús que pasan a toda velocidad por el Orinoco, la lluvia y las historias sobre los fallecidos por la enfermedad. Ya se confunden los nombres y las historias. La hermana Ilvia Rosa dice que en Jobure una familia completa murió: “Primero fue la esposa, luego el señor se casó y murió la otra esposa, sus hijos y él. El último hijo que quedaba murió hace poco”. La hermana Isabel cuenta que un hombre contagió a un montón: “Eran como una pandilla y todos fueron muriendo menos él, luego un doctor me dijo que eso podía suceder pero con el pasar del tiempo él también caería”.

Ronald Ortiz es enfermero de Merejina, comunidad de la parroquia Padre Barral del municipio Antonio Díaz. El ambulatorio es su propia vivienda: “Lo que más hago es inyectar, pero a los niños es difícil porque solo tengo yelco 18 y es demasiado grande”. La embarcación que usa es la de su madre. Cuenta que busca la medicina en Tucupita: “Cuando hay traigo y cuando no me vengo con las manos vacías”.

Su testimonio evidencia la deficiencia en la articulación del sistema de salud en el territorio: no cuenta con ningún tipo de infraestructura oficial, el programa de salud no lo provee con un motor fuera de borda para trasladar a sus pacientes al hospital más cercano, y tampoco para reabastecerse de medicamentos en Tucupita, aunque lo ideal sería que también lo hiciera en el sitio más cercano a su zona de influencia, en este caso Guayo. Además los médicos y el personal auxiliar de los hospitales tipo I deberían evaluar el trabajo de estos auxiliares, pero se vuelve a lo mismo no hay embarcaciones.

Werner y Ayala Lafée-Wilbert lo explican muy bien en el libro Salud Indígena en Venezuela, editado paradójicamente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud: “Bajo estas condiciones, la mayoría de los warao no encuentra una solución confiable a sus problemas de salud. En muchos casos, cuando necesitan de atención médica urgente no tienen manera de trasladarse al CAI 2 [actualmente hospitales tipo I en el Delta] y, en el CAI 1 [ambulatorio] de su comunidad, no hay médico o se acabaron los fármacos porque el auxiliar no ha podido trasladarse a Tucupita a buscarlas. Es de esperar entonces que el warao siga atendiendo a su gente a la manera tradicional, a través de sus chamanes”.

En una de las casas Ismael se niega a hacerse la prueba de VIH porque dice que “es evangélico y creen en Dios”. Después de explicarle accede. Sin embargo hay otras personas que deciden no realizarse la prueba por la misma razón.

Del otro lado de la comunidad las caminerías están destruidas. Manuel Beria con tuberculosis se esfuerza en toser para darle un esputo a Sergio, uno de los doctores. Comienza a llover y los doctores se mueven como pueden entre las tablas rotas para hacer el resto de las pruebas de VIH. Afortunadamente nadie se cae, ya en el otro sector de Merejina una de las caminerías había colapsado y más de uno se golpeó. Rafael Niño, uno de los enfermeros warao que trabaja en Guayo y también formado con el Plan Delta, ha sido un gran apoyo en esta jornada.

La lluvia no cesa. Una neblina blanca y densa resta visibilidad. Aun así los doctores deben regresar a Guayo, que queda a una hora. Comienza a oscurecer y faltando veinte minutos para llegar al poblado la curiara se queda sin gasolina. En medio de la noche empiezan a remar con lo que tienen. El sonido de pájaros, ranas, árboles o cualquier cosa entre los manglares los acompaña. Al cabo de un rato pasa una curiara cargada de gente y les regala un poco de combustible. Empapados y sin almorzar llegan a la residencia.

Por primera vez en cuatro meses la noche de Guayo está iluminada. Ayer llegó el gasoil y hoy encendieron el generador eléctrico. Las luces de los palafitos flotan en las aguas del Orinoco y se escucha Bailando de Enrique Iglesias, Como yo le doy de Don Miguelo y No voy a llorar de Los Diablitos, todo es un mix de música urbana, reggaetón y vallenato. Hay risas y los perros también ladran. Aquí muchas fiestas terminan en peleas por los efectos del alcohol o en encuentros sexuales casuales. Las palabras del wisidatu de la comunidad, Silvio Rico, reaparecen en la escena: “Este mal salió del ron”. “Cuando la gente toma se vuelve como animal”. Hoy seguro habrá un contagio de VIH.

Luis José Rodríguez, médico de la zona, ha tenido que dar explicaciones similares a las del sacerdote. Los indígenas warao solo advierten la fulminante presencia de la enfermedad cuando el cuerpo comienza a descomponerse. Rodríguez, de 26 años, está realizando su rural en Guayo. Acomoda sus lentes y continúa frente al computador revisando la lista de casos de pacientes con VIH, tiene muy presente el episodio porque recientemente le dio la noticia a una paciente de Jeukubaca, otra comunidad del municipio Antonio Díaz en Delta Amacuro. “Lo tomó como si nada”, recuerda. “Le pregunté: ‘¿sabes lo que es el VIH-sida?’. Y me dijo: "No, no sé”. Al revisar la historia de esta paciente encontraron que su anterior esposo había muerto de VIH.

Prueba piloto

San Francisco de Guayo fue una de las ocho comunidades –las otras fueron Jobure de Guayo, Isla de Jobure, Jobotoboto, Ibute, Usidu, Guayo, Jeukubaka, Ibuiruina– donde a finales de 2011, el doctor Julián Villalba y otros investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela elaboraron el estudio HIV-1 Epidemic in warao amerindians from Venezuela: spatial phylodynamics and epidemiological patters (2013), que arrojó como resultado que 55 indígenas tenían el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Los especialistas se alarmaron porque 9,55% de los habitantes de ocho comunidades estudiadas habían contraído el virus. La más alta prevalencia en el mundo corresponde hasta ahora a una región lejana: el África subsahariana, con 5% de su población. El promedio mundial para el año 2013 –las últimas cifras disponibles de la Organización Mundial de la Salud– era de 0,8% en adultos entre 15 y 49 años, ligeramente superior a la población venezolana comprendida en el mismo rango para 2005. Con respecto a esta última cifra algunas autoridades sanitarias nacionales declaran que está en 0,56%.

El análisis genético del genoma del virus sugería, además, que la epidemia de VIH en las comunidades warao se duplicaría cada 10 meses. La prevalencia del virus fue más significativa en los hombres (15,6 %) en comparación con las mujeres (2,6%), todos en edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Y la comunidad más afectada fue Usidu (21,6% seropositividad).

Los warao que dieron positivo en el estudio del IVIC estaban infectados con el VIH-1 subtipo B, que es el más común en Venezuela; y solo hubo un caso de una mujer con VIH-1 subtipo C. Ya esto había sido indicado en otro estudio titulado Evidence of at Least Two Introductions of HIV-1 in the Amerindian Warao Population from Venezuela (2012).

Este trabajo fue presentado en reuniones con las viceministras de salud Miriam Morales y Claudia Morón, en 2012 y 2014, respectivamente. De estas autoridades sanitarias solamente Claudia Morón continúa como viceministra de Redes de Salud Colectiva. En aquel momento las funcionarias aseguraron que tomarían medidas, que una parte de la institución ya conocía el problema, y que debían planificar una investigación de campo. En 2015 algunos especialistas de estos estudios y antropólogos de otra investigación Estudio de VIH en poblaciones warao. Determinantes sociales (Fundacredesa), que aún no se ha publicado, también se reunieron con representantes de la Defensoría del Pueblo para plantearles la situación. Solo se sabe que luego de esto viajaron a Tucupita, se reunieron con autoridades y realizaron talleres con líderes comunitarios.

Desde ese entonces, sin embargo, nada ha cambiado. Mientras las aguas del Orinoco siguen corriendo, hay nuevas historias de indígenas warao con VIH. Con el paso del tiempo los médicos han advertido que los nuevos portadores del virus llevan en la sangre una variante más agresiva que los está matando en menos de cinco años. Ningún ente está garantizando que todos puedan acceder al tratamiento: “Yo tengo siete años aquí, he escuchado que tienen VIH y no he visto que han recibido tratamiento. Cada año mueren cuatro o cinco”, aseguró Luis Tocoyo, profesor en una escuela de Jobure, otra comunidad con alta prevalencia en casos con VIH.

Una cepa más agresiva

Una persona con VIH puede estar infectada entre ocho y diez años sin presentar ningún tipo de síntoma y sin embargo transmitir el virus. Alguien infectado con la cepa más común en Venezuela, el VIH-1 subtipo B, podría vivir ese tiempo sin tratamiento, pero los warao están desarrollando síntomas del sida en menos de cinco años.

Flor Pujol, bióloga del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y una de las investigadoras del estudio The evolving HIV-1 epidemic in Warao Amerindians is dominated by anextremely high frequency of CXCR4-utilizing strains (2015), explica que en las muestras de los warao, el doctor Héctor Rangel, del mismo laboratorio, analizó la envoltura del genoma, que es la parte por donde el virus se une con su receptor a los correceptores, y el resultado fue que 90% de las muestras eran X4, una cepa del virus más virulenta. Los afectados con esta cepa manifiestan más rápido los síntomas. En los warao esta transición al virus más letal se produce más rápido. Esto puede ocurrir cuando la persona ha sido infectada por más de una cepa del virus. Casos como este se han detectado en Cuba y la investigación fue publicada en EbioMedicine bajo el título de CRF19_cpx is an Evolutionary fit HIV-1 Variant Strongly Associated With Rapid Progression to AIDS in Cuba. Los warao, además de tener una variante más agresiva del virus, tienen alta prevalencia de tuberculosis, hepatitis B, entre otras enfermedades que ensombrecen más la situación.

En los estudios señalados anteriormente se destaca que uno de los subgrupos de VIH encontrado en los pacientes del Delta del Orinoco está constituido por personas de las comunidades de San Francisco de Guayo y Usidu, y el otro subgrupo por habitantes de Jeukubana y de la Isla de Jobure. Basándose en esta información, se determinaron los movimientos migratorios y las rutas de transmisión a través de la historia filogenética del virus: Una ruta llamada GU probablemente se inició en San Francisco de Guayo en el año 2005, desde ahí el virus se diseminó hacia Isla de Jobure, Jobure de Guayo y Usidu. Luego desde Usidu pasó hacia Jobure de Guayo, Jobotoboto y Kuberuna. Y otra ruta, llamada JE, tal vez comenzó en Jeukubaka también en 2005, desde donde se esparció hacia Cambalache (estado Bolívar), Isla de Jobure, Nabasanuka y Usidu. Finalmente, desde Nabasanuka hubo un desplazamiento hacia Caño Yeri. Aparentemente la conexión entre ambas rutas de transmisión es mínima.

Los análisis filodinámicos sugieren que el virus se introdujo en poblaciones warao a principios del año 2000. Luego de atravesar su fase inicial de crecimiento lento, alcanzó San Francisco de Guayo y Jeukubaka alrededor de 2005. Hace diez años que comenzó su fase de crecimiento exponencial de expansión.

En 2007 la Cruz Roja Venezolana había identificado 15 casos de VIH en la comunidad de San Francisco de Guayo, Murako, Jobure, Isla Jobure, Murako, Ajimurina, Merejina, Kuamujo, La Mora y Guayaboroina. En ese tiempo la doctora Oriana Contreras estuvo primero trabajando como médico rural en el hospital de Guayo y luego apoyando en un proyecto de la Cruz Roja Internacional, que profundizó en la búsqueda de enfermedades graves. Así encontró sida, pero también algunos casos de VDLR o sífilis. Las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Delta Amacuro entonces comenzaron a desacreditarla como profesional hasta el mismo día de su salida.

Al finalizar el proyecto, Contreras fue vetada por el director regional de salud para esa época, Luis Beltrán Gómez. Le dijo que no podía ejercer más allá, que no debía haber informado sobre el caso. “¿Cómo iba a quedar el ante las autoridades del Ministerio de Salud en Caracas?”, recuerda Contreras a ocho años de aquella escena.

Según Pujol, el virus ingresó a la comunidad hace casi tres lustros y ha evolucionado muy rápido. El panorama, bien lo sabe, es devastador: la magnitud de la epidemia, la velocidad con que se está transmitiendo y en especial la agresividad de la cepa.

La comunidad que está al frente de Jeukubaca desapareció hace dos años. Gran parte de sus habitantes murieron de sida, como lo confirma una lista con la estadística de fallecidos que lleva el hospital de Guayo. La mayoría eran hombres y las mujeres que quedaron abandonaron el lugar.

Uno de los habitantes de Jeukubaka denunció a través de TaneTanae, un medio de comunicación local, que la mitad de los parroquianos de su comunidad han fallecido con claros síntomas del sida: “Narciso, una tía mía, su hijo Jesús, su nuera Amelia y ahora murió otro hijo que se llamaba Rafael… también murió Avilio, un nieto, Jaime, su papá, y los primos Juan Méndez, Julio y Elio; este último era el jefe de la comunidad”.

Fray Ernesto “Kiko” Romero, recientemente nombrado vicario de Tucupita, dijo que una vez estuvo 40 días en una comunidad y hubo 12 muertes de jóvenes con VIH. “El Ministerio de Salud tiene prohibido decir que hay casos de VIH y los indígenas no llaman al VIH por su nombre, sino que le dicen tuberculosis, diarrea. Yo en todas las homilías me encargo de repetirlo”, dice el sacerdote.

Sin duda lo que ocurre en las comunidades indígenas del Delta del Orinoco es una epidemia de VIH. Allí se cumplen a rajatabla todas las características que engloban el término: enfermedad propagada en cierto periodo de tiempo, en una zona geográfica determinada, que afecta simultáneamente a muchas personas y supera la cantidad de gente esperada. La prevalencia del virus para estas comunidades es extremadamente superior a los estándares nacionales, incluso internacionales.

De Cambalache a Guayo

La mayoría de los infectados llega al hospital ya en la última etapa del sida, donde uno de los síntomas es una diarrea que no se detiene. “Cuando ellos llegan con un síndrome diarreico crónico de más de un mes de evolución, uno pregunta ¿eres casado? ‘Sí’. ¿Concubino? ‘Sí’. ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Vive contigo? Muchísimas veces el esposo está en Bolívar, está en Cambalache”, explica el doctor Rodríguez.

Cambalache es un basurero ubicado en el estado Bolívar, a unos 260 kilómetros de San Francisco de Guayo, donde buena parte de los warao que van a este lugar regresan con VIH. Es el caso de una joven que estaba hospitalizada. Ahora tiene un hijo de seis meses, también infectado, y su esposo se quedó viviendo en Bolívar: “Viene, se busca otra mujer y la infecta”, dice la religiosa Ilvia Rosa, quien pertenece a la congregación Terciarias Capuchinas, presente en Guayo desde 1951.

En este vertedero de basura la prostitución y el tráfico de drogas son frecuentes. De hecho, se reportó en el mismo estudio, HIV-1 Epidemic in warao amerindians from Venezuela: spatial phylodynamics and epidemiological patters (2013), que 53% de los individuos VIH positivo en Delta Amacuro habían visitado esta comunidad. Se especula que las idas y venidas entre Cambalache sean la causa de la generalizada propagación del virus entre la población warao. Otro lugar donde adquieren el virus es la ciudad de San Félix, también en el estado Bolívar.

El antropólogo Luis Felipe Gottopo explica que la transmisión y propagación del virus puede estar relacionado con el éxodo hacia Tucupita, Ciudad Guayana y Barrancas de una parte de la población warao luego de la epidemia de cólera desatada entre 1992 y 1993. En aquella oportunidad al menos 500 warao perdieron la vida.

Otra hipótesis apunta hacia los barcos que transportan mercancías relacionadas con la industria minera y cuyas rutas atraviesan o se aproximan al Delta del Orinoco. “¿Ves esos barcos?”, pregunta Jacobus de Waard, biotecnólogo holandés que actualmente dirige el Laboratorio de Tuberculosis en el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela, mientras le pasa uno en frente. “Traen tuberculosis, VIH, hepatitis y una semana sin actividad sexual. Entran sin ningún control sanitario”.

Muchos de los marineros proceden de Filipinas, un país asiático, y pasan por estas locaciones en busca de sexo. Luce probable que de alguno de estos lugares los warao hayan importado el virus y que cuando regresaron al Delta del Orinoco comenzara la proliferación.

“Hace diez años Guyana era el país con más VIH en Latinoamérica, ahora lo tienen más controlado pero en la frontera no sabemos qué pasa”, dice Jacobus. Pujol también reafirma que ellos no saben qué cepa del virus está circulando en Guyana.

Una epidemia que no se detiene

En julio de 2015 se tomaron las muestras para un nuevo estudio. Después de analizar las pruebas de VIH aplicadas a 666 individuos warao, de entre 15 a 50 años de edad, de las 15 comunidades ubicadas en el radio del hospital de San Francisco de Guayo (Guayo, Usidu, Ibute, Jobotoboto, Isla de Jobure, Jobure de Guayo, Guayaboroina, Teikuburojo, Jeukubaka, Ibuiruina, Murako, Kuamujo, La Mora, Merejina y Jabana de Merejina) pertenecientes a la parroquia Padre Barral, los doctores encontraron una prevalencia de 7% (48 casos), que continua siendo mayor a la estimada tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

Los médicos también concluyeron que las comunidades con mayor prevalencia de infección VIH son Jobure de Guayo, Usidu y San Francisco de Guayo; que los hombres resultan más propensos a la infección que las mujeres y la mayor prevalencia de VIH se encuentra en el grupo etario comprendido entre los 15 y 24 años. La mortalidad de infección por VIH en los últimos 8 años es elevada y la prevalencia de infección por VIH en las comunidades estudiadas se ha mantenido en los últimos 3 años.

Paralelamente el grupo que trabajó en las 11 comunidades ubicadas en el radio del hospital de Nabasanuka (Arawabisi, Bamutanoko, Bonoina, Burojosanuka, España, Kuarejoro, Kuberuna, Manakal, Nabasanuka, Siawani, Winikina) de la parroquia Manuel Renaud, realizó las pruebas de VIH  a 361 waraos de los cuales resultaron positivos 6 (4 hombres y 2 mujeres) para una prevalencia de 1,69%. El número es significativo tomando en cuenta que se trata de comunidades más alejadas y que habían estado aparentemente sin ningún caso hasta 2012. Además es la primera vez que se realiza la detección de casos de VIH asociados a TBC (tuberculosis) en la parroquia Manuel Renaud, lo que quiere decir que las personas presentan ambas enfermedades, ya que al tener VIH están más propensas a adquirir otras.

El VIH debilita el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud, “los pacientes infectados tienen una probabilidad hasta 50 veces mayor de sufrir tuberculosis a lo largo de su vida”. No en vano, la mayoría de los casos de TBC en personas infectadas por el VIH se registran nuevamente en el África subsahariana, donde 80% de los pacientes con TBC también tienen probabilidad de estar infectados por VIH.

Luego de analizar los resultados los doctores determinaron: la mayor prevalencia de VIH se encuentra en el grupo etario comprendido entre los 22 y 50, la mayoría de las personas con VIH (5) había realizado viajes fuera de su comunidad y 4 señalaron haber tenido contacto con múltiples parejas. En cuanto a la tendencia sexual 3 dijeron ser heterosexuales, 1 homosexual y 2 bisexuales. Ninguno tenía tuberculosis.

Las comunidades con mayor incidencia de VIH fueron Nabasanuka (3 casos que representa una prevalencia de 5%), Burojosanuka (2 casos que representa una prevalencia de 6,6%), y Bamutanoko (1 caso que representa 5,26%). Son evidencias claras de que lo que ocurre en el Delta de Orinoco es una epidemia, una epidemia que está poniendo en riesgo la supervivencia de todo un pueblo indígena.

“Hace diez años Guyana era el país con más VIH en Latinoamérica, ahora lo tienen más controlado pero en la frontera no sabemos qué pasa”, dice Jacobus. Pujol también reafirma que ellos no saben qué cepa del virus está circulando en Guyana.

Una epidemia que no se detiene

En julio de 2015 se tomaron las muestras para un nuevo estudio. Después de analizar las pruebas de VIH aplicadas a 666 individuos warao, de entre 15 a 50 años de edad, de las 15 comunidades ubicadas en el radio del hospital de San Francisco de Guayo (Guayo, Usidu, Ibute, Jobotoboto, Isla de Jobure, Jobure de Guayo, Guayaboroina, Teikuburojo, Jeukubaka, Ibuiruina, Murako, Kuamujo, La Mora, Merejina y Jabana de Merejina) pertenecientes a la parroquia Padre Barral, los doctores encontraron una prevalencia de 7% (48 casos), que continua siendo mayor a la estimada tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

Los médicos también concluyeron que las comunidades con mayor prevalencia de infección VIH son Jobure de Guayo, Usidu y San Francisco de Guayo; que los hombres resultan más propensos a la infección que las mujeres y la mayor prevalencia de VIH se encuentra en el grupo etario comprendido entre los 15 y 24 años. La mortalidad de infección por VIH en los últimos 8 años es elevada y la prevalencia de infección por VIH en las comunidades estudiadas se ha mantenido en los últimos 3 años.

Paralelamente el grupo que trabajó en las 11 comunidades ubicadas en el radio del hospital de Nabasanuka (Arawabisi, Bamutanoko, Bonoina, Burojosanuka, España, Kuarejoro, Kuberuna, Manakal, Nabasanuka, Siawani, Winikina) de la parroquia Manuel Renaud, realizó las pruebas de VIH  a 361 waraos de los cuales resultaron positivos 6 (4 hombres y 2 mujeres) para una prevalencia de 1,69%. El número es significativo tomando en cuenta que se trata de comunidades más alejadas y que habían estado aparentemente sin ningún caso hasta 2012. Además es la primera vez que se realiza la detección de casos de VIH asociados a TBC (tuberculosis) en la parroquia Manuel Renaud, lo que quiere decir que las personas presentan ambas enfermedades, ya que al tener VIH están más propensas a adquirir otras.

El VIH debilita el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud, “los pacientes infectados tienen una probabilidad hasta 50 veces mayor de sufrir tuberculosis a lo largo de su vida”. No en vano, la mayoría de los casos de TBC en personas infectadas por el VIH se registran nuevamente en el África subsahariana, donde 80% de los pacientes con TBC también tienen probabilidad de estar infectados por VIH.

Luego de analizar los resultados los doctores determinaron: la mayor prevalencia de VIH se encuentra en el grupo etario comprendido entre los 22 y 50, la mayoría de las personas con VIH (5) había realizado viajes fuera de su comunidad y 4 señalaron haber tenido contacto con múltiples parejas. En cuanto a la tendencia sexual 3 dijeron ser heterosexuales, 1 homosexual y 2 bisexuales. Ninguno tenía tuberculosis.

Las comunidades con mayor incidencia de VIH fueron Nabasanuka (3 casos que representa una prevalencia de 5%), Burojosanuka (2 casos que representa una prevalencia de 6,6%), y Bamutanoko (1 caso que representa 5,26%). Son evidencias claras de que lo que ocurre en el Delta de Orinoco es una epidemia, una epidemia que está poniendo en riesgo la supervivencia de todo un pueblo indígena.

(*) Este reportaje es el primero de cuatro entregas desarrolladas a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).