Aunque la distancia entre Caracas y La Haya favorece que un manto de opacidad e indiferencia cubra las decisiones de los representantes diplomáticos de la República en esas tierras europeas, ello no significa que las actividades sean escasas o de poca envergadura. En La Haya no solo se encuentran las representaciones diplomáticas ante Holanda (con su consecuente influencia en las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao, limítrofes con Venezuela), también están las sedes de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).

La casona de la calle Nassaulaan del centronorte de La Haya parecía, pues, estar a la altura de esos compromisos diplomáticos. De líneas simples, fachada de ladrillos y largos ventanales blancos, parte de un complejo de casas iguales y contiguas construidas a finales del siglo XIX, la sede fue propiedad de Venezuela desde los años 70. Pero hasta el 30 de septiembre del año pasado.

Ese día, Wilhem Nehomar Díaz Lara, apuntado como Encargado de Negocios desde finales de 2018 y jefe de la misión diplomática ante Países Bajos tras la renuncia de Haifa El Aissami (hermana del ex vicepresidente Tarek El Aissami) como Embajadora, selló la venta del inmueble identificado según los documentos de registro como Nassaulaan 2, 2514 JS 's- Gravenhage sección P, número 7010, de 268 metros cuadrados de terreno, una "mansión de estilo neorrenacentista de 1897, parte del complejo de mansiones de diseño simétrico Nassaulaan 1, 2, 2a, 2b" a la empresa de bienes raíces Angeline B.V por un precio neto de 800.000 euros (966.000 dólares).

Los documentos del traspaso de la propiedad -accesibles al público a través del registro holandés por el pago de una tarifa- destacan que, por su antigüedad y diseño, el inmueble estaba bajo un régimen de protección municipal. También ratifican la existencia de un poder otorgado por el gobierno de Nicolás Maduro a Díaz Lara y que la propiedad era de la República de Venezuela desde noviembre de 1972 según consta en el acta 4096 número 87 del Servicio de Propiedad y Registros Públicos de La Haya.

Unos años antes de concretarse la venta, en 2016, la entonces embajadora Haifa El Aissami -que hoy todavía vive en La Haya y es representante del gobierno de Maduro ante la CPI y la OPAQ- había ordenado la mudanza de la sede de aquella antigua propiedad a un edificio más moderno y estratégico, cerca del edificio donde funciona la CPI. Desde entonces había quedado como un archivo de la embajada, todavía arropada por el beneficio de la inmunidad diplomática.

Aunque para la fecha de la venta el gobierno de los Países Bajos reconocía formalmente a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, la operación pudo haberse llevado a cabo sin contratiempos formales gracias a un lance de pragmatismo del gobierno holandés que, al momento de reconocer el interinato de Guaidó en febrero de 2019 y alinearse con la Unión Europea, también decidió no atarse de manos y mantener vínculos con Maduro.  “(El reconocimiento a Guaidó) no obliga a romper relaciones diplomáticas, con lo cual el Reino continuará manteniendo tratos a nivel diplomático y consular con los representantes de Maduro porque son los que tienen la autoridad efectiva en sus manos”, decía en un comunicado el ministro de Exteriores, Stef Blok.

Una gallina no tan flaca

La venta de la embajada quizá no habría levantado sospechas de no ser porque, un mes después de la entrega de la propiedad a sus nuevos dueños, el 26 de noviembre de 2020, sin que se hubiere hecho alguna remodelación o modernización aparente -ni siquiera la limpieza de la fachada, cubierta de ladrillos visiblemente sucios en comparación con el resto del complejo-, la empresa de bienes raíces Angeline B.V revendió la propiedad por 1,225 millones de euros (apenas menos de 1,48 millones de dólares), 440.000 euros más que el precio obtenido por Venezuela, o casi medio millón de dólares. El inmueble se revalorizó en el mercado a razón de casi 20.000 dólares por día. Más de 50% en menos de un mes.

El encargado de negocios venezolano y primer vendedor de la propiedad, Wilhem Díaz Lara, en conversación telefónica con Armando.info aseguró no sólo que fue autorizado por la Procuraduría General de la República para efectuar la transacción, sino que el precio de venta de la casa fue determinado por peritos registrados según las leyes del Reino de Países Bajos. “Hay una normativa local, existen los peritos evaluadores, los makelaar, técnicos especialistas registrados en la Cámara de Comercio para poder colocar un precio público de acuerdo a la zona, características, ubicación (…) Eso no puede hacerlo Venezuela”.

Díaz Lara asegura que las autoridades venezolanas decidieron vender el inmueble por razones de seguridad. Al tratarse de un edificio de más de 100 años de construcción, afirma, tenía “condiciones estructurales graves” y, como está frente a una escuela, corría el riesgo de causar algún accidente con víctimas infantiles: “O lo reparábamos o lo vendíamos y había que tomar la decisión. Si alguien tiene el dinero para subsanar la situación, pues que lo haga ¿nosotros tenemos el dinero para reparar? Creo que no, el bloqueo financiero impide que lleguen los recursos”.

Aunque el bloqueo al que reiteradamente aluden las autoridades del régimen chavista solo pudiera datarse a partir de las primeras sanciones de Washington contra Pdvsa en 2017, para Díaz Lara es también la explicación de que no se le haya hecho mantenimiento a la propiedad de la calle Nassaulaan. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista afirmó que la actual residencia del embajador (no la sede consular de trabajo, sino el lugar-dormitorio del máximo representante del país, actualmente vacante) está en obras. “Tenemos una residencia oficial que desde el año pasado estamos en proceso de reparaciones y ahí es donde habita el embajador y jefe de misión”.

Sobre el procedimiento para concretar la venta de la propiedad, también señaló que, de acuerdo a las leyes venezolanas, se abrió una oferta pública en la que cinco entidades hicieron propuestas, resultando la de Angeline B.V la del más alto precio.

Esta oferta pública no pudo ser confirmada por Armando.info a pesar de tratarse de una propiedad del Estado sujeta a la normativa de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, que ampara a los inmuebles de la República incluso fuera del territorio nacional. Consultada al respecto, la Superintendencia de Bienes Públicos negó la posibilidad de constatar tanto las condiciones del inmueble como el proceso de venta, a pesar de que éste debió formar parte del Registro de Bienes Públicos, una instancia que, según el artículo 42 de la ley mencionada debe poner a disposición del público el “estado de conservación, uso y mantenimiento del bien (...) ubicación geográfica y georreferenciada del bien, responsable patrimonial y valor de mercado actualizado del bien”.

Díaz Lara precisa que el dinero de la venta fue depositado en la cuenta bancaria de la embajada en el Reino de Países Bajos, y que todavía no lo envían al Tesoro Nacional para evitar que sea bloqueado por consecuencia de las sanciones.

Lo que ni el bloqueo, ni el presunto avalúo profesional, como tampoco el concurso de ofertas, consiguen explicar es el posterior alza del precio de venta del inmueble, que despegó como un cohete. No son muchos los negocios que dan para ganar 50% en un mes.

Si los peritos holandeses tasaron en 800.000 euros el precio de la propiedad para septiembre, no queda claro cómo fue que en noviembre Angeline B.V pudo sumarle un 50% adicional y venderla por 1,225 millones de euros. De hecho, el ask price inicial luce muy por debajo del mercado circundante. Por ejemplo, la propiedad contigua a la otrora embajada venezolana, identificada con el nombre de Nassaulaan 2A, está valorada en 1,750 millones de euros.

Varias caras tiene el ángel

La empresa Angeline B.V tiene una vida discreta pero interesante. En el registro holandés aparece como una sociedad de inversión en bienes inmuebles junto con otra empresa de nombre Aristo Properties B.V., aunque con un accionista único que, a su vez, es otra empresa: Jocu Holdings, a su vez registrada en Bahamas.

En octubre de 2019, Angeline B.V. hizo modificaciones en sus libros de registro. Entonces dio un salto monumental: 16.350 euros de capital a 42 millones de euros. Sin embargo, apenas modificó su estructura de negocios, sigue asegurando que su número de empleados es uno y no tiene website o dirección de correo electrónico.

Por su parte, Aristo es un conglomerado dedicado al negocio de bienes raíces registrado en Estados Unidos y con sedes en Canadá, Bahamas y los propios Países Bajos. El ciudadano neerlandés Raimond Zeilstra aparece como uno de los directores del grupo y cabeza de la sucursal en Países Bajos, junto a otras sucursales del mismo nombre, Aristo II y Aristo III. Zeilstra es también el único dueño de Jocu Holdings Inc., empresa que es la accionista total de Angeline B.V y a la vez dueña de una asociación de propietarios de un edificio en Rotterdam (Vereniging van eigenaars gebouw Kleiweg 109AB te Rotterdam). Tanto Angeline B.V como las Aristo y la asociación de propietarios están registradas bajo una misma dirección, en la que están registradas, a su vez, más de 40 empresas.

Sólo los websites de las sedes en Estados Unidos y Bahamas de Aristo denotan la existencia de empresas con portafolios de proyectos y contactos, no así las direcciones electrónicas de Canadá y Holanda, que apenas ofrecen un formulario de contacto. La página web de Aristo en Países Bajos redirige a otro website encabezado por el apellido Zeilstra y vb&t Groep, este último un grupo especializado en peritaje y tasación de inmuebles que ofrece los mencionados servicios de makelaar.

Armando.info envió mensajes a todas las dependencias de Aristo para entrevistar a Zeilstra sobre la propiedad venezolana y los detalles de la venta -lo mismo que a la Procuraduría General y la Cancillería venezolana- pero no obtuvo respuesta.

Solo el encargado de negocios, Díaz Lara, afirmó no saber mayor cosa sobre el comprador de la embajada. “Se hizo la oferta pública y se siguieron los pasos establecidos en la ley. Una vez se hace la venta, el nuevo propietario es responsable inclusive de las afectaciones a los vecinos”. Sobre el precio de la reventa y la naturaleza del comprador aseguró: “No tenemos conocimiento y no nos compete a nosotros”.

El comprador final de la que fuera la embajada venezolana terminó siendo un ejecutivo de nombre Henry Edmond Aldorf, también ciudadano holandés. De 72 años de edad, es el único hijo de una pareja de judíos que sobrevivieron al Holocausto tras pasar por el campo de concentración nazi de Auschwitz, en la Polonia ocupada.

Según el registro holandés, Aldorf declaró que vive en Singapur, pero actualmente se desempeña como presidente de Claren Energy Corp., una empresa de servicios petroleros canadiense.Ha desempeñado cargos similares en otras empresas del mismo ramo: Pacific LNG Operations, Liquid Niugini Gas, Eflo Energy Inc, Marathon International Ltd. y Equatorial Guinea LNG Holdings Ltd.

A diferencia de la venta protagonizada por Díaz Lara, fuentes aseguraron a Armando.info que la reventa de la propiedad por parte de Angeline B.V a Aldorf fue privada y directa. Es decir, el inmueble no llegó a ser publicitado en prensa o algún website de bienes raíces. “El comprador no llegó de forma pública”, sostienen las fuentes para azuzar la suspicacia.

*Este reportaje fue realizado con el apoyo de Aníbal Pedrique.