Por aquellos días, ese arroz podía considerarse maná del cielo. Se sentían todavía los embates de meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que se organizaron en toda Venezuela y la situación parecía insostenible. Las medicinas escaseaban. Los alimentos, que tenían meses siendo estrictamente racionados por abastos y mercados, desaparecían prácticamente del todo en los anaqueles. La violencia -política o no- seguía en las calles y el chavismo en agosto había instalado una Asamblea Nacional Constituyente completamente oficialista, que significó un quiebre definitivo de los procesos democráticos.

La falta de dinero para los pagos y lo complejo de las logísticas hacían inviable para muchas empresas extranjeras continuar sus negocios, por lo que comenzaron a cerrar sus operaciones en la otrora potencia petrolera. Sin embargo, en la hecatombe hubo quien pudo salvarse e incluso mantenerse, entre ellos Damboriarena & Ecosteguy, que hasta hoy continúa siendo uno de los principales proveedores del arroz que se comercializa en Venezuela.

Damboriarena & Ecosteguy opera en el departamento de Rivera, en el norte de Uruguay. Lleva dedicada al negocio del arroz varias generaciones y es reconocida en el mercado local. Mejor conocida como Dambo, la arrocera produce desde 1966, cuando el abuelo materno de la familia heredó las tierras y su cercanía con la frontera con Brasil facilitó la exportación de su mercadería.

Unas características concretas que, alentadas por la afinidad ideológica de los gobiernos de Uruguay y Venezuela, y apoyada en la intermediación de algunos actores claves, logró ingresar al mercado del país caribeño con una particularidad respecto de sus competidoras: es la única arrocera uruguaya que en los últimos años continuó vendiendo su producto a Venezuela, según surge de los registros públicos.

Durante décadas la industria uruguaya del arroz vivió una próspera estabilidad. Su producto fue y es reconocido en mercados de todo el mundo por su calidad. Sin embargo, la colocación de la cosecha en el mercado internacional se ha vuelto más trabajoso en los últimos años para los productores locales . A este problema se suma que desde 2010, año tras año, la superficie dedicada al cultivo de arroz se viene reduciendo. Con todo, y a pesar de que sin duda los años de mayor bonanza para el sector hayan quedado atrás, al cierre de 2019 Uruguay seguirá siendo uno de los mayores exportadores globales de arroz, el octavo, con un aproximado de 800.000 toneladas.

Venezuela nunca fue de los principales destinos para el arroz uruguayo. De hecho, los embarques al país caribeño eran una rareza. La estrategia expansiva del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, abrió la puerta a empresarios y productores uruguayos interesados en ingresar a un mercado respaldado por petrodólares y la afinidad política entre los dos gobiernos. Pero el descalabro de la economía venezolana en los últimos años provocó una reducción drástica en los negocios y una aversión de parte de los exportadores a seguir con ellos, ya que les resulta muy difícil cobrar las deudas pese a que tienen como garante al propio Estado.

Es así con la mayoría de los empresarios, excepto con Damboriarena & Escosteguy, que todavía mantiene a Venezuela como el principal destino de sus exportaciones y recibe sus pagos sin mayores inconvenientes.

Consultado acerca de cómo es posible que su negocio funcione con Venezuela, Zeferino Escosteguy respondió que “no hay mucho misterio”. La arrocera exporta a “empresas privadas” y ellas se hacen cargo del resto, aseguró. “Son dos o tres empresas que en su momento las conocimos allá y a poquitos fuimos incrementando los negocios”. En 2018, Damboriarena & Escosteguy exportó un poco menos de 6,7 millones de dólares a Venezuela. Las ventas hacia ese destino supusieron cerca del 60% de las exportaciones de la arrocera. Escosteguy no quiso dar detalles de quiénes son esos clientes a los que les vende y de los que recibe en fecha los pagos.

Sin embargo, una factura de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el holding estatal que centraliza las exportaciones públicas, parece dar una pista de cómo es posible que la arrocera uruguaya cobre a tiempo.

El documento, al que accedió Armando.Info, indica que en noviembre de 2017 Corpovex pagó a Million Rise Industries, una sociedad creada en Hong Kong, 888.573 dólares por la importación de un embarque con 668 toneladas de arroz de Damboriarena & Escosteguy. Se trataba de fundas de arroz marca Oro Criollo y el costo por tonelada declarado en la factura fue de 1.330 dólares CIF, es decir después de sumar el costo del producto, el de flete y de seguro.

Pero fuentes del sector arrocero aseguran que el precio por tonelada del arroz nunca estuvo a ese nivel y que la factura evidencia sobreprecio. El propio Escosteguy reaccionó sorprendido cuando se le mencionó la cifra: “No, es muy difícil eso. El precio de mercado debe ser 500 dólares (…) Eso es público, si mirás en el site de Aduana sale el precio publicado. Nosotros nunca vendimos a ese precio, nuestros precios siempre fueron de mercado”, aseguró

—La factura dice Damborearena & Escosteguy

—Si esa factura que tenés aparece 1.000 y algo de dólares, no es lo que nosotros vendimos a ese precio. No existe ese precio. El arroz empaquetado que vendemos es a 540, con un precio que es relativamente bajo.

Información de la página aduanera de Uruguay muestra que la exportación de 668,1 toneladas de arroz que hizo Damboriarena & Escosteguy a Venezuela en 2017 tuvo un valor de 353.424 dólares, lo que implica un costo por tonelada de 528 dólares FOB, es decir,  previo al costo de flete y seguro. Ese precio sí estaba dentro del promedio internacional.

Escosteguy reconoció, no obstante, que Million Rise Industries era cliente suyo. Era “el importador”, dijo. Y añadió: “Si venden a 50% o 100% arriba de lo que compran no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que hacen de ahí para adelante. Evidentemente debe tener su margen internamente allá”.

—¿Pero son venezolanos?

—Sí, son de allá. Son de allá. Yo no me entero mucho cómo se dan esas cosas. A mí me llega el pedido de algún 'broker'… Acá mi precio de venta es el de mercado y mando la mercadería. Cuando llega allá nosotros no participamos de eso. Cómo distribuyen, cómo venden, cómo hacen, no tengo ni idea.

Más allá de confirmar que quienes están detrás de Million Rise Industries son venezolanos, Escosteguy se negó a brindar otros datos de sus clientes. Los registros públicos de Hong Kong tampoco aportan más información. El registro mercantil indica que esa compañía fue creada el 3 de octubre de 1995. Al menos hasta comienzos del año pasado, los directores eran Cheung Kwok Chuen Joseph y Ho Kin Din Danny, quienes también figuraban como directores de otra sociedad de Hong Kong llamada Mass Joy Industries, la que también era proveedora del Estado venezolano, según publicó Armando.Info.

Desde que se publicó esa información, Million Rise Industries dejó de operar con arroceras uruguayas, dijeron fuentes del sector.

De la admiración y los negocios

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno en Uruguay en 2005 y su afinidad ideológica con el chavismo, los dos países incrementaron mucho su intercambio comercial. Venezuela llegó a ocupar el quinto lugar entre las exportaciones uruguayas. Apenas asumido en su primer mandato, el presidente Tabaré Vázquez firmó con su homólogo Hugo Chávez un acuerdo de venta de petróleo por el que Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, vendería crudo a Uruguay financiando 25% del costo a 15 años con una tasa de interés fija a corto plazo del 2% anual y con una gracia de dos años. El restante 75% podría ser abonado por la estatal uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) a 90 días sin intereses.

Muchos negocios surgieron cobijados por esos acuerdos bilaterales. Varias empresas informáticas uruguayas —representadas por Javier Vázquez, el hijo del presidente— fueron de las primeras en conseguir contratos millonarios. Sobre el final del mandato del primer gobierno de Vázquez en 2009 apareció un nuevo actor que adquiriría un rol importante en el comercio binacional: Aire Fresco, una empresa cuyos integrantes tenían vínculos con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), liderado por José Mujica, quien al año siguiente asumiría la presidencia del país.

El director de Aire Fresco, Omar Alaniz, integra el MLN desde los 18 años y, según declaró en la justicia uruguaya en 2016, era admirador de Chávez desde que intentó los golpes de Estado en 1992. Alaniz dijo en el juzgado que entre 2007 y 2009 realizó decenas de viajes para abrir el mercado venezolano a productos alimenticios uruguayos. 

“Yo ahora conozco los hábitos alimentarios de los venezolanos y me fui ganando la confianza de muchos venezolanos tanto a nivel gubernamental como de gente en general. Yo conozco al pueblo en Venezuela, no por política, sino por este emprendimiento comercial”, relató dos años atrás. Y recordó que a Chávez “el proyecto le cayó muy bien desde el inicio, porque él no quería comprarle más a los gringos y a las transnacionales”. Sus contactos dieron resultados y la empresa de Alaniz se volvió un intermediario clave para los arroceros y otros productores. Aire Fresco vendió entre 2011 y 2015 unas 268.000 toneladas de distintos productos al mercado venezolano, principalmente arroz y pollo, pero también trigo y pasta seca. 

Sus directores aseguraron que esa cantidad representó apenas 8% del total de las exportaciones a Venezuela, un monto que demuestra la profundización de negocio privilegiado del que, en agosto del 2015, Aire Fresco volvió a hacer gala. En el expediente judicial que investigó irregularidades en los negocios con ese país, luce un convenio firmado entre la compañía y algunas de las principales arroceras locales: Saman, Coopar, Casarone, Agroindustrial SA, Arrozal 33 SA, Ganadera Santa María y Glencore SA.

Días antes habían viajado en la misión oficial que encabezó el ministro de Ganadería uruguayo con el cometido de lograr un acuerdo de exportación de arroz tipo cáscara y pulido. La misión llegó a un acuerdo de exportación por 60.000 toneladas métricas de arroz cáscara a granel y 30.000 toneladas métricas de arroz blanco en bolsa de 50 kilogramos. Ese año la cosecha de arroz cerró cercana a 1,2 millones de toneladas, por lo que el arreglo con el gobierno venezolano implicaba 10% del arroz producido.

“Considerando la premura del comprador en recibir los productos negociados y en función de los antecedentes conjuntos de exportación de arroz a Venezuela y la probable demora en lograr el registro y aprobación de una nueva empresa, las empresas uruguayas participantes acuerdan en forma expresa, que los embarques sean realizados a través de la empresa Aire Fresco”, dice el documento firmado por las arroceras y la empresa de Alaniz.

“Las partes acuerdan realizarla bajo la marca fantasía Paso Dragón, la cual será usada de aquí en más, solo para operaciones realizadas en conjunto por todos los participantes en esta operación”, añade. 

Aire Fresco salió del negocio después de que las denuncias realizadas por la oposición política uruguaya ante la justicia por presunta corrupción en los negocios con Venezuela, que fueron archivadas en 2018 a pedido del fiscal Luis Pacheco. El último embarque que envió fue en 2016, después de que los dos gobiernos volvieran a firmar un acuerdo para financiar la exportación de arroz con un fideicomiso.

Llegó la hora loca

Pero con el tiempo, la crisis venezolana superó en importancia estratégica la afinidad de los gobiernos. La mayoría de las empresas uruguayas dejaron de hacer negocios con Venezuela en los últimos años, pues prefirieron evitar un mercado tan inestable y donde las reglas no siempre están claras, según explicaron a Armando.Info fuentes del sector. Ese proceso de entenderse -y lograr los pagos- con la enrevesada administración venezolana lo tenían resuelto por la intermediación de Aire Fresco y, sin ese actor clave, tratar directamente con el Estado venezolano era un problema para casi todos los empresarios uruguayos.

La debacle institucional en Venezuela, sumada a las presiones y sanciones internacionales, llevaron a que el modelo de negocio se volviera más complejo. Mientras Aire Fresco fue un actor preponderante el Estado era el encargado de comprarle al intermediario, quien se encargaba de adquirir la mercadería de las arroceras uruguayas.Ahora, de acuerdo a los datos obtenidos, este proceso involucra nuevos actores. El modus operandi sigue siendo este: si el Estado venezolano quiere comprar arroz se lo compra a empresas privadas, estas se contactan con intermediarios, quienes a su vez se encargan de concretar la compra a las arroceras uruguayas.

En ese nuevo contexto Damboriarena & Escosteguy es la única que sigue exportando a Venezuela y el empresario que tiene la llave de ese mercado la tiene Gustavo Radunz, según empresarios consultados. Radunz es un ciudadano de nacionalidad brasileña que tiene emprendimientos en Uruguay y es uno de los pocos productores que sigue trabajando en Venezuela. Se conoce desde hace tiempo con la familia Damboriarena & Ecosteguy y se lo puede ver en varias fotografías de actividades sociales vinculadas al empresariado arrocero. Es un viejo conocido en el sector y también del intercambio comercial con Venezuela. En 2008 representó a la gremial de arroceros cuando vendió su producto en ese país. En febrero del 2017, el productor brasileño declaró como testigo en una causa que investigaba los negocios de Aire Fresco. En esa oportunidad, Radunz contó cómo se vinculó con Alaniz y se volvió uno de los principales actores detrás de las exportaciones de arroz uruguayo.

En 2009, según su relato, los titulares de Aire Fresco lo invitaron “para ver si quería exportar arroz a Venezuela” por lo que en 2010 viajó por primera vez con una delegación de esa compañía para intentar concretar el negocio. Cuando antes los arroceros tenían dificultades para ingresar al mercado, Aire Fresco demostró que sabía cómo destrabar y refrescar el negocio.

Entre 2010 y 2016, Radunz envió al menos diez embarques. “Siempre Aire Fresco me invitaba a ir a Venezuela, en algún momento lo acompañé para negociaciones y siempre fue todo muy claro y transparente con nosotros. Es un trabajo que ellos hacen la parte logística que es bien complicada allá en Venezuela, ellos tienen su representante allá y ha servido en estos años como un trading. Aire Fresco me compra a mi (FOB) y vende (CIF) a Venezuela”, detalló.

Radunz hizo de contacto entre Aire Fresco y otros arroceros. Y fue de los últimos en cortar lazos con la empresa. Su último embarque de 2016 fue con Aire Fresco “por respeto”, declaró.

Pero sigue siendo considerado un actor clave en las exportaciones de arroz a Venezuela. Escosteguy dijo que Radunz tiene molinos de arroz y chacras, y que “en algunos negocios” trabajaron juntos, aunque negó que estuviera vinculado a Million Rise Industries, la empresa de Hong Kong que facturó al Estado por un embarque de arroz un precio más de dos veces superior al del mercado. “Es un broker. Él tiene sus contactos allá y hace algunas ventas allá”, añadió.

La figura de este broker no se limita al territorio uruguayo. También ha vendido desde Estados Unidos y Argentina a Million Rise Industries y otras empresas intermediarias que son las que luego negocian de forma directa con sus pares venezolanas. A pesar de tratar de ser consultado por Armando.info para este reportaje, Radunz no quiso hacer declaraciones.

En momentos en que la muchos empresarios ven al país caribeño como un lugar tachado en el mapa de negocios posibles, Radunz concretó nuevos emprendimientos en Venezuela. En la zona de Calabozo, estado Guárico, Radunz “se está consolidando fuerte”, relataron fuentes del sector consultadas para este artículo. Allí, indicaron, está financiando unas 3.000 hectáreas a pequeños productores y continúa realizando importaciones de arroz y de maquinaria para comercializar en el mercado local.

El proyecto quedó amparado bajo el nombre de CVG Telecom. Propuestas desde Uruguay y China estaban sobre la mesa para ser consideradas en la contratación de equipos, software y servicios, que sentarían las bases de esa nueva empresa estatal tutelada por la todopoderosa Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El anuncio de la nacionalización de Cantv en enero de 2007, y su posterior compra a la estadounidense Verizon, dieron al traste con el proyecto. De todas maneras, y a pesar de la cancelación, hubo tiempo para los negociados.

En 2005 se había creado el Fondo Bolívar-Artigas entre los Gobiernos venezolano de Hugo Chávez y uruguayo de Tabaré Vásquez, entonces en su primera administración. Como otros fondos binacionales impulsados por Caracas durante el auge de los precios petroleros, este capitalizaba como inversión o compra de bienes locales unos 200 millones de dólares, parte de la deuda de Montevideo por la factura de importaciones de hidrocarburos.

Durante la primera macrorrueda de negocios organizada en el marco del Fondo, en Caracas en julio de 2005, uno de los participantes llamó la atención: Javier Vásquez, ingeniero, hijo del presidente Vásquez, quien como privado intermedió en algunas de las transacciones firmadas entonces con financiamiento del fideicomiso binacional, en particular, para la adquisición de software uruguayo. Aunque las sospechas sobre tráfico de influencias y pago de sobornos -que llegaron a discutirse en el parlamento y la justicia uruguayas- ensombrecieron la primera gestión de Tabaré Vásquez, no hubo resultado concluyente en las investigaciones. Mientras, en Venezuela, el asunto pasó por debajo de la mesa.

Ahora, más de una década más tarde, con Tabaré Vásquez de nuevo en la presidencia, documentos incluidos en los llamados Panama Papers, así como actas judiciales y registros públicos, analizados durante meses por la revista Búsqueda de Montevideo, revelan una historia en la que varios millones de dólares del negocio en el que trabajó activamente el hijo del presidente uruguayo circularon por paraísos fiscales; algunos de esos fondos terminaron en la cuenta bancaria del hermano de quien a la sazón se desempeñaba como Director de Planificación Estratégica de CVG Telecom,  quien entre 2005 y 2006 tuvo a su cargo el análisis de viabilidad de los contratos uruguayos de los proyectos de software.

Lo que primero se supo

La trama tuvo inicio gracias a dos decisiones adoptadas por el Gobierno de Hugo Chávez a fines de 2004. Primero creó una compañía estatal de telecomunicaciones, CVG Telecom. Y después, el 23 de diciembre, aprobó un decreto en el que fijaba como política pública la “adopción del software libre”. También, a los pocos meses, la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sancionaba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).

El complemento ideal para facilitar los negocios a los uruguayos llegó el 2 de marzo del 2005. Ese día los gobiernos de Venezuela y Uruguay —cuyo presidente, Tabaré Vásquez, había asumido el día antes— firmaron un acuerdo de “cooperación estratégica” que implicaba crear el Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso de 200 millones de dólares a partir de un porcentaje de las compras de petróleo que realizaba la petrolera uruguaya estatal Ancap a su similar venezolana, Pdvsa.  Mediante ese mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrían pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios de empresas públicas o privadas de Uruguay.  

Uno de los primeros que detectó las posibilidades de los negocios del software fue Javier Vázquez. El ingeniero trabajaba entonces para una corporación privada, Interamericana de Cómputos (Inco), y manejaba la cuenta de Artech, una operación especializada en software libre.

Uno de los acuerdos que cristalizó, justamente, tras la implementación del Fondo binacional, fue la contratación por parte de CVG Telecom de servicios de software y hardware a empresas uruguayas por 63,6 millones de dólares. En febrero del 2006 las contratistas uruguayas, entre las que estaban Inco y Artech, presentaron su propuesta conjunta y en marzo firmaron el contrato con la estatal venezolana, previendo un proyecto de tres años de duración. El hijo del presidente Vázquez participó en el proceso de elaboración y presentación de la oferta ganadora.

El acuerdo provocó que otro empresario uruguayo vinculado al software, Eduardo Gómez Canon, denunciara que le habían robado su oportunidad. “Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa. El entonces diputado Washington Abdalá (del opositor Partido Colorado) solicitó la creación de una comisión investigadora en el Parlamento y después llevó el tema a la justicia penal. Después de meses de interrogatorios y tras el fallecimiento de Gómez Canon, cuyas conductas erráticas habían hecho que perdiera credibilidad, el fiscal Juan Gómez pidió el archivo del caso.

Al olvido del caso también contribuyó la nacionalización de Cantv en 2007. Ya no hizo falta todo el proyecto, que involucraba a los uruguayos, de una telefónica pública. Partes fueron absorbidas por la compañía recién adquirida y otra siguió de la mano de CVG Telecom. No se trató solo de la adquisición de unos data center sino de la provisión de servicios de software. 

Lo que ocurría por debajo

Poco después de la firma del acuerdo entre las empresas uruguayas y CVG Telecom, el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), especialista en servicios offshore, recibió un par de requerimientos. Con apenas días de diferencia, desde Venezuela llegaron dos solicitudes se para comprar sociedades anónimas y abrir cuentas en Panamá que después recibirían dinero del proyecto financiado por el Fondo Bolívar-Artigas.

El 21 de marzo de 2006 José Antonio Fraga compró a través de MF la empresa panameña Eliston S.A. Y para abril ya tenía una cuenta en Credicorp Bank. La velocidad era necesaria porque menos de un mes después recibió el primer giro desde Uruguay por 1,8 millones de dólares. 

Fraga solicitó a los panameños que emitieran una factura con una “oferta de servicios” para Fernando Burstin, uruguayo, propietario de Interamericana de Cómputos, Inco, por una “asesoría tecnológica correspondiente al proyecto CVG-Telecom”. Ello se lee en la propia factura, que forma parte de los once millones de documentos contenidos en la filtración llamada Panama Papers, recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) con sede en Washington DC.

A pedido de Burstin, Fraga cambió el destinatario de la factura: en lugar de dirigirla a Inco, debía ir a nombre de Shidner Corporation S.A., otra sociedad del uruguayo Burstin creada ese año.

Parte del dinero que giró Burstin a Fraga siguió moviéndose por algunos meses más. En septiembre de 2006, 690.000 dólares llegaron a una cuenta en Panamá de Hallway International S.A. Esa offshore fue adquirida en marzo del 2006 por Alejandro Giolito, cuyo hermano Pablo era entonces alto ejecutivo de CVG Telecom.

Los hermanos Giolito estaban vinculados al tema informático. Mientras Pablo detentaba el cargo de Gerente de Planificación Estratégica de la estatal, Alejandro trabajaba en una prestigiosa firma caraqueña que asesoró a autoridades ministeriales en la discusión de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Interrogado telefónicamente para esta pieza por la reportera de Armando.Info, Pablo Giolito explicó que su trabajo en CVG Telecom consistía en analizar si un proyecto “tenía lógica y viabilidad” para “estructurar” su desarrollo. “Más allá de eso yo no tenía niveles de aprobación, no tenía presupuesto para eso. Simplemente me llegaba como Planificación Estratégica, yo agarraba y decía: ‘Bueno están todos estos proyectos acá y el más viable es éste o podemos darle la vuelta a este’", detalló.

En ese momento, a su juicio, la propuesta uruguaya no tenía rivales a la hora de poner en marcha el proyecto CVG. “Hacían falta fondos adicionales”, rememora, y si bien había una oferta china, la única opción “realmente factible en ese momento porque no requería dar iniciales o poner una contraparte en dinero, eran esos fondos uruguayos”.

Giolito se desempeñó como gerente en CVG Telecom entre octubre del 2005 y agosto del 2006, y admite que por su trabajo se reunió con “unos siete” empresarios uruguayos del software. El período que integró la compañía estatal coincide con el momento en que los uruguayos presentaron la propuesta ganadora y se firmó el acuerdo.

Offshores y bienes raíces

En los archivos de Mossack Fonseca reposan las pistas de la offshore que Alejandro Giolito incorporó en Panamá mientras su hermano Pablo aún trabajaba en CVG Telecom.

“Sí, yo sabía que él lo había hecho”, acepta Pablo Giolito durante la conversación telefónica, “pero era un negocio de familia en el que yo no estaba involucrado”. Luego, sin reparar en posibles contradicciones, durante la entrevista explicará que llegó a interesarse en la gestión de la empresa para “ayudar” a su hermano en el negocio inmobiliario. Pero que, todavía así, de las transferencias recibidas, “quién las hizo, cómo las hizo… No te lo puedo asegurar si efectivamente ocurrió”.

Lo cierto es que la primera transferencia que recibió la offshore de Alejandro Giolito fue en septiembre del 2006 y provino de Fraga, según consta en la filtración de Mossack Fonseca. Antes de llevarla adelante, el bufete pidió a Fraga que justificara el movimiento de dinero. “La operación se basa en la declaración de dividendos de Eliston S.A. a mi persona y los fondos serán transferidos a Hallway International, S.A. con quien existe una deuda pendiente”, respondió Fraga.

Los panameños le dijeron que necesitarían otros documentos que explicaran la deuda. Entonces la estrategia cambió. Giolito les mandó una factura en la que daba detalles de la “asesoría en el desarrollo” de “aplicaciones informáticas” que su offshore recién creada le había provisto a la de Fraga. El precio final era de 670.973 dólares por 2.900 horas de trabajo. El detalle revelador que incluye la factura es la lista de conceptos que se cobran: “Consultoría en operaciones CPD”, “Seguridad ante fraude”, “Seguridad internet e implementaciones” y “Mejores prácticas CPD”. Son los mismos rubros que Fraga le había facturado antes a Fernando Burstin, el uruguayo jefe de Javier Vásquez.

Fuentes del sector informático consultadas por el reportero de Búsqueda en Montevideo calificaron como “por lo menos llamativas” la falta de detalle en las facturas y los montos que se manejan —en especial el costo de más de 230 dólares por hora—. Burstin rechazó que esos montos estuvieran inflados.

Ni bien tuvieron el dinero en su cuenta, los hermanos Giolito compraron propiedades por un total superior a los 580.000. En dos meses adquirieron un apartamento y un penthouse en el lujoso California Mall de Las Mercedes, una zona costosa del sureste de Caracas. También adquirieron una oficina en el World Trade Center de Montevideo, puesto a nombre de su madre, y pagada a tercios junto a Fraga y a otra socia, la uruguaya-venezolana Laura Pintos Trías.

Fraga transfirió a Giolito otros 796.348 dólares en enero del 2008. Igual que en la primera ocasión, antes de mandarle dinero al ex gerente de CVG Telecom, Fraga había recibido una cifra millonaria desde Montevideo: Burstin le giró 1,6 millones en setiembre del 2007. (Fraga declaró al banco que tenía previsto recibir del uruguayo otros dos giros).

La factura para justificar la nueva transacción incluía los mismos detalles de servicios de software que la anterior, aunque en su “segunda fase”. Era la segunda factura que emitía la empresa de Giolito en toda su historia; la primera había servido para justificar la transferencia inicial de 2006.

Ni bien llegó la segunda remesa a su offshore, los hermanos Giolito adquirieron otras tres propiedades por un total que superó 500.000 dólares.

Pablo Giolito aduce que “en 2008 o 2009” proveyó servicios a Fraga por “consultoría”.

Sus declaraciones son contradictorias entre sí y tampoco se compaginan con lo que dicen los documentos incluidos en los Panama Papers.

Ya para 2010, la anualidad de pago de Giolito por empresas administradas por Mossack Fonseca correspondía a cuatro empresas: Hallway Internacional, Glenrock Properties Inc, Kinborough Investments S.A. y Kerwin Properties Incorporated.

En los años siguientes, Pablo Giolito y Laura Pintos, quienes se conocían desde los tiempos en que Giolito trabajaba en la oficina en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Oficial de Programas de Tecnologías de Información y Comunicación, también se hicieron socios en varias empresas venezolanas, junto con José Antonio Fraga. Algunas, como Parking Valla C.A. y Telecomunicaciones Erictelco, ya no están activas.

“Laura fue socia de Tony (José Antonio Fraga) toda la vida, desde todas las empresas que ellos han tenido”, dice Pablo Giolito. Y de su ex socio Fraga, dijo no verlo desde hace unos cinco años.

El del estribo

En 2009 los Giolito preveían recibir al menos una transferencia más, según se lee en las comunicaciones contenidas en los Panama Papers. Debía llegar en septiembre de ese año, directo desde la empresa uruguaya de Fernando Burstin -jefe de Javier Vásquez, el hijo del presidente Tabaré Vásquez-.

En su declaración a la justicia uruguaya en diciembre del 2008, Burstin dijo que no habían terminado ni de hacer los trabajos ni “de cobrar” en Venezuela. Requerido hace pocos días por el reportero de Búsqueda, Burstin insistió en que, a diciembre de 2007, no tenían “deuda alguna con el proyecto (…) Ni se pagó nada con posterioridad a eso. ¿Por qué? Porque los tipos nos cortaron el proyecto para no pagarnos”.

El empresario uruguayo dijo que contrató a Fraga para el proyecto, pero que desconocía cualquier información sobre las transferencias que recibió Giolito, el ex gerente de la estatal venezolana.

Giolito también negó haber tenido una relación comercial con Burstin. “Todas las relaciones que tú ves allí [en los Panama Papers], nunca son con Fernando Burstin. Yo nunca he tenido una relación directa con él”, aseguró el venezolano al ser consultado por teléfono. “Muchas de las cosas de las que están ahí se toman como ciertas para nunca ocurrieron”, añadió. Sin embargo, después dijo que sí había tenido previsto cobrar 860.000 dólares, aunque por un servicio de “consultoría” que habría ofrecido a Fraga.

Pero también a este respecto los archivos de Mossack Fonseca desmienten a Giolito.

Pablo Giolito envió en agosto de 2009 un correo electrónico a Fernando Burstin, del que el bufete panameño recibió una copia. Mediante el texto Giolito ponía en contacto a Burstin con Egbert Wetherborne, quien atendía “los intereses” de su sociedad anónima en el bufete panameño. Diez minutos más tarde, Wetherborne escribió a otros empleados de MF para informarles que “un sobre” llegaría a sus oficinas. “Es la documentación de soporte para un cheque que se depositará en la cuenta bancaria de la sociedad Hallway International”, detalló.

Dos semanas después Giolito le mandó otro correo a Wetherborne, en el que estaba copiado Burstin, en el que le informaba que las cosas se movían. “El día viernes 4 me informaron que fue realizada la entrega (por parte de la casa de bolsa) de un sobre a tu nombre en las oficinas de Mossfon, contentivo con la documentación y cheque conversado hace algunas semanas entre nosotros. Te pido por favor corrobores esta información para yo informarle al señor Burstin de que ha finalizado este proceso”.

Pero nada había llegado. Ante esto, Giolito insistió: “El ingeniero Burstin está realizando la llamada a la casa de bolsa de Panamá para determinar la información exacta. Los mantendremos informados tan pronto nos comuniquen los detalles”.

Una semana después tenía más información para los panameños, según otro correo. “Acabo de hablar con el señor Burstin, me indica que de la casa de bolsa le informaron que hubo un problema con la emisión del cheque, que fue corregido, y que desde la semana pasada está a la espera de que le confirmen el envío”.

Al día siguiente, fue el propio Burstin el que escribió a los panameños (desde el correo corporativo de Inco, Interamericana de Cómputos): “Ante nada mis saludos y disculpas por la demora. Recién hablé con nuestro contacto de Uruguay quien me confirma que se estaría entregando mañana por la mañana. En paralelo le estoy enviando a Pablo el contacto en Panamá para que lo contacte directamente en el día de hoy”.

La “casa de bolsa” panameña a la que recurriría Burstin para hacer la transacción, según Giolito, era Thales Securities. 

Pero algo falló. “Teníamos pendiente la recepción de estos documentos y un cheque, hubo inconvenientes con este último por lo que decidieron realizar una transferencia”, escribió Giolito. Y agregó enseguida que ahora sí el dinero debía llegar a su cuenta bancaria porque Burstin le había dado el “número de referencia” de la transacción.

Pasaron dos días y la transacción no estaba acreditada en la cuenta. Giolito mantenía sus buenos modales en los mails, pero parecía un poco más ansioso. “Tal como les anexé e incorporé en el mail anterior, lo que necesito investiguen es una transferencia en proceso” por “un monto de US$860.600 procedente del HSBC”, escribió. “Necesito que validen si esta información es correcta y qué ha pasado que no ha llegado a la cuenta de Hallway”.

El enredo continuó durante un prolongado intercambio de correos, que concluye en la filtración de los Panama Papers sin despejar si el inconveniente fue superado. En todo caso, el hilo quedó registrado para documentar una relación, al menos de confianza, entre Pablo Giolito y Fernando Burstin.  

Entre tanto, y mientras el dinero seguía circulando entre cuentas offshore, la avidez venezolana por proveedores de telecomunicaciones parecía no tener fin.

En noviembre de 2006, el mismo año en que Pablo Giolito -quien había diagnosticado la oferta uruguaya como la preferible- dejara CVG Telecom, y apenas semanas antes de que Chávez nacionalizara Cantv, el comandante revolucionario anunció la suscripción de acuerdos entre Venezuela y la provincia china de Shandong para la puesta en funcionamiento de celdas de tecnología CDMA 450, entre CVG Telecom y Huawei Technology.

Giolito, en su declaración telefónica para Armando.Info y Búsqueda, recordó que esa oferta china fue una de las que le tocó descartar: “¿Qué querían vender ellos? Ellos querían vender tecnología CDMA en frecuencia 450. ¡Basura! Para esa época, doce años atrás, eso ya era basura y el proyecto estaba montado. Una de mis responsabilidades fue decir que eso no servía”.

Pero, de alguna manera, los chinos ganaron.

El video famoso (más de un 1,3 millones de visitas en dos meses) registra la alocución de Álvarez en el Primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud de la Red Iberoamérica Líder, celebrado entre el 17 y 19 de setiembre en Zaragoza.

Esta red de políticos jóvenes se fundó hace un año y dice tener como objetivo “integrar bajo una única organización, a distintas agrupaciones juveniles políticas y jóvenes líderes” para “posibilitar el desarrollo de nuevas corrientes de pensamiento comprometidas con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad individual”.

Se presenta como una organización plural, pero sus integrantes están identificados con la filosofía liberal. De hecho dos jóvenes dirigentes del Partido Nacional son miembros de la directiva: Roel Bottari y Christian Núñez. La Red Iberoamérica Líder ha dado un fuerte impulso en la difusión del mensaje “renovador y fresco” de Álvarez, una joven centroamericana de 29 años, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Francisco Marroquín, y que también realizó una maestría en Desarrollo Internacional en Bélgica.

En Guatemala conduce desde hace cuatro años un programa radial, “Viernes de Gloria”, con el que busca “empoderar a la gente para que pueda defender la República”. También trabaja como directora de proyectos en la asociación civil Movimiento Cívico Nacional. Esta organización se financia con el aporte de 34 empresarios guatemaltecos y de la fundación norteamericana National Endowment for Democracy. Y sostiene que su finalidad es “promover la participación ciudadana responsable, informada y activa en la política nacional y a través de ella la renovación de nuestra clase política y el rescate de las instituciones de nuestra República”.

En Zaragoza la joven conquistó a los presentes –y su video en Youtube se hizo viral– con frases como esta: “El populismo se encarga de desmantelar instituciones y de reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica”. Aludiendo a Sócrates y a Aristóteles ensayó una clase de filosofía política desde la época de los griegos, esgrimiendo conceptos básicos sobre democracia y formas de gobierno. Todo esto para apoyar lo que ella considera pilares del republicanismo: “vida, libertad y propiedad privada”.

Con duros cuestionamientos a los gobiernos de Cuba y Venezuela, lanzó su propuesta desde el estrado: “educar en tecnología” para desmantelar el populismo que “ama tanto a los pobres, que los multiplica” (según frase del analista político liberal argentino, Mariano Grondona).

Y a la uruguaya Rapalin, quien se postuló a diputada por el Partido Nacional en procura de “educar en valores” y así enseñar al trabajador a que “cumpla con su trabajo, que no falte, que no te robe, que no te mienta”,  le encantó la idea de financiar el viaje a Uruguay de esta joven liberal defensora de la propiedad privada.

Es que además, el discurso de la guatemalteca –que nunca había pisado América del Sur– contaba con el beneplácito del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien junto a los también ex mandatarios liberales Armando Calderón Sol (El Salvador) y Ricardo Martinelli (Panamá), presidieron el encuentro de jóvenes políticos en Zaragoza.

Así, con el auspicio y apoyo de jóvenes militantes nacionalistas, específicamente de un grupo denominado “Ni me callo ni me voy” (liderado por el diputado Martin Elgue junto con el edil Núñez y el exconcejal Bottari), se organizaron las conferencias de Álvarez en Montevideo y en cuatro departamentos en los que gobiernan los blancos: Florida, Paysandú, Tacuarembó y Soriano.

Al llegar a Montevideo, la joven nueva popular –que ya quiere ser presidenta de Guatemala, según contó a Sudestada–, señaló que desde filas de Luis Lacalle Pou, le prohibieron meterse en la campaña electoral uruguaya.

Sin embargo, la lógica de su show “Populismo versus República” implica que la conferencista juegue con las sutilezas contra el gobierno del Frente Amplio o directamente lo cuestione por la adopción de ciertas medidas políticas. Nada de andar “por la positiva”.

La espera y el inicio del show

Desde las 20:00 se podía observar una larga fila que aguardaba con gestos de ansiedad y expectativa en las puertas del teatro Movie Center. Era previsible que ese público fuera casi en su totalidad de filosofía política liberal, y que estuviera predispuesto a coincidir con la exponente. Pero aun así, la pregunta se volvía latente en la espera: ¿qué tendrá para decir la joven politóloga, activista, comunicadora y modelo guatemalteca sobre la realidad política de Uruguay?

Al ingresar a la sala, se veía un mostrador con lapiceras y hojas. Las preguntas que se redactaran serían respondidas por la estrella de la noche, ya sea en vivo (si eran seleccionadas por el comité organizador) o por Facebook, que en este contexto simboliza una herramienta de combate contra el populismo.

El primero en hablar desde el escenario fue Roel Bottari en su calidad de coordinador del cono sur de la red. A modo de aperitivo provocó una aplaudida atronadora cuando cuestionó la actual política de seguridad pública en Uruguay: “la lucha es en ser esclavos o ser ciudadanos, la lucha es en vivir en la jungla o vivir en la República”, exclamó.

Por su parte el edil por Montevideo Christian Núñez se refirió a los peligros de que exista en Uruguay una ley de medios tal como ha ocurrido en Venezuela, Bolivia o Argentina, países a los que atribuye regímenes populistas.

Cumplido este preámbulo, los aplausos acompañaron el ingreso de la rubia conferencista de finos tacos altos y vestido claro de faldas bien cortas, ropas fuera de lo común quizás en Uruguay para un evento político, las que motivaron más de un comentario al oído de quienes se encontraban en la platea, sobre todo de parte de los hombres de las primeras filas.

Esto parecía ser una prolongación de ciertas expresiones que se pueden leer en discusiones de Twitter y Facebook: la “hermosa” o la “bonita” politóloga, por decir lo menos, algo que no suele suceder si el expositor es hombre, pues a este solo se lo destaca por sus ideas, sea para apoyarlo o cuestionarlo.

“He venido a conversar, a darnos cuenta (de) qué tenemos en común…”, dijo la joven al saludar. Y auguró que “los ciudadanos latinoamericanos vamos a poder lograr la unidad que nuestros políticos han fracasado en darnos en cuestiones políticas y en cuestiones económicas…”. De abuelo materno húngaro exiliado tras la ocupación soviética y abuelos paternos exiliados cubanos, la conferencista lanzó: “Me corre sangre antisistema por mis venas”. Allí se produjo la primera ronda de aplausos de los cerca de 600 asistentes que llegaron a la sala principal del Movie Center.

Egoísmo y ligereza frente a la realidad uruguaya

En la primera parte de su exposición planteó que desde la época de los incas, mayas y aztecas existen diferencias sociales en las comunidades, y que desde entonces en América Latina pueden observarse los “cinco principios de la opresión”. Citando al autor Álvaro Vargas Llosa (hijo del escritor peruano), la guatemalteca los enumeró: 1) corporativismo, 2) mercantilismo estatal, 3) privilegio, 4) trasferencia de riqueza, y 5) leyes politizadas. Todo a favor de los que gobiernan, de los que manejan los hilos del Estado, según su discurso.

Para Álvarez, la idea de República debe afianzarse en reconocer que “todos somos egoístas. ¿Qué tiene de malo serlo? Lo más importante es entender que el otro ser humano también tiene derecho a ser egoísta”.

Con desconocimiento del accionar habitual de los políticos uruguayos, la joven trasladó sin precaución algunos comportamientos que observa en su país: “Cuántas veces han escuchado ustedes decir a los políticos: ‘a mí las instituciones me las paso por el arco del triunfo’ –gesticuló–. ¡Yo soy del pueblo!…”. En Uruguay no hay político que haga cosa por el estilo, en todo caso lo primero que declara es su apego a las instituciones, para luego difundir su mensaje. Sin embargo, ese tramo del discurso fue muy aplaudido.

Álvarez también sostuvo que el populista puede llegar a presentarse como el “enviado de Dios para salvar al pueblo”. Y en esto quizás sí hubo una coincidencia, pero no precisamente con un político de la izquierda, sino con el diputado electo por el Partido Nacional, Álvaro Dastugue, yerno del pastor Márquez, líder de la Iglesia Misión Vida: “Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú nos has entregado el Uruguay a nosotros, y nosotros somos los gobernantes de esta Nación, señor…”, gritó el también pastor y ahora legislador a sus fieles.

Cuando la guatemalteca desplegó un mapa de América Latina para describir la historia del populismo por estas tierras, se vio a Uruguay pintado con los colores de la bandera de Paraguay y viceversa.

Pero además, se mostraba la figura de José Batlle y Ordóñez como uno de los “principales exponentes” en la historia del populismo. Esto molestó a dirigentes del Partido Colorado que se encontraban en la sala, quienes procuraron hablar con ella al término de la disertación, pero no la encontraron.

“Fue una diapositiva que pasó rapidísimo, pero se veía claramente a Batlle y Ordóñez debajo del ex presidente peruano Guillermo Billinghurst”, describió a La Diaria el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz. Y el dirigente Felipe Schipani, sostuvo: “Encontramos la presentación en internet, y pudimos comprobar que lo coloca como uno de los propulsores del populismo en América Latina. Muestra un desconocimiento del tema que está tratando. No es una cuestión de partidos, sino de leer historia: Batlle y Ordóñez fue quien sentó las bases de la República”.

Álvarez respondió a través de Facebook tratando de desentenderse del asunto y alegando un malentendido de parte de los colorados. Pero las diapositivas que usó –extraídas de un trabajo de una estudiante de 4º año B del Colegio Santa Cruz de Río Bueno, en Chile dejan al descubierto la verdad.

Las dos caras de una chica republicana

La guatemalteca describió que el populismo promueve la “educación del victimismo”, y que así genera personas inseguras, incapaces de tomar riesgos, y que se sienten tan inferiores que solo aspiran a que el líder populista los salve. Sostuvo que esa “baja autoestima” les impide ser críticos con el sistema, pues “no saben si ir para acá o para allá”, graficó.

Y recomendó: “si tu reconoces que tus libertades valen lo mismo que valen para otros, te conviene defender la República; si a ti no te gusta que te encasillen, si a ti no te gusta que se usen prejuicios en contra tuyo, te conviene una República…”.

Pero nada de esto pareció aplicar la joven política cuando, el 27 de setiembre de 2012, su paso se vio entorpecido por una manifestación de maestros que marchaban por la séptima avenida de Ciudad de Guatemala rumbo al Palacio Nacional. Enojada, la defensora de las libertades republicanas sacó su celular y grabó un video: “¿De qué es la manifestación?”, gritó a los que pasaban. “De maestros”, le respondieron. “¿Qué quieren los maestros?”, replicó ofuscada. “¿Por qué están manifestando?", reiteró y ella misma respondió: "Por nada, solo por ir… ”.

Entonces, la joven que pregona republicanismo para combatir los encasillamientos y los prejuicios contra los individuos, miró a la cámara y reflexionó poniendo en tela de juicio “si este es el tipo de personas que deberían estar enseñándole algo a nuestros hijos”. Y en otro pasaje: “será que vale la pena poner el intelecto de nuestros hijos en manos de estas personas”.

Y siguió con su bronca contra los que parecían no tener baja autoestima para cuestionar la política de gobierno: “a falta de palabras llevan pitos para hacer ruido, ahora nos toca aguantarnos el tráfico y la manifestación…”, se quejó. Y se mantuvo ajena al propósito de los y las que marchaban rumbo a la sede presidencial.

Pues los maestros reclamaban la derogación de un decreto de “racionalización de recursos humanos” que aumentaba a 50 la cantidad de escolares por aula, y hasta 60 en secundaria. Pedían además la recontratación de 25 mil docentes, la construcción de 10 mil nuevas aulas, la provisión de desayunos y refacciones escolares, libros y materiales de estudio. Todo esto que la joven Álvarez ignoraba fue discutido por el gremio de Magisterio con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien se comprometió a derogar el decreto, recontratar a los docentes y a estudiar el resto de los reclamos.

La sutileza del juego: populismo y Frente Amplio

Otro de los momentos aplaudidos de la conferencia tuvo lugar cuando la joven política se refirió a la expropiación de medios de comunicación como uno de los pasos básicos de cualquier gobernante populista. En un contexto uruguayo donde la ley de servicios de comunicación audiovisual –que no promueve expropiación sino cierta regulación en la explotación de los medios– está próxima a concretarse, las palabras de la guatemalteca avivaron a la audiencia.

La expositora jugaba a actuar como populista y se preguntó: “¿Si la prensa empieza a decir que estoy robando…? No: ¡empecemos a expropiar medios de comunicación! Me empiezan a pasar leyes. ¡Acá va a ser prohibida la libertad de expresión, acá va a ser prohibida la libertad de prensa!”, teatralizó para el aplauso. Y antes de que las palmas terminaran, miró a una persona de la primera fila, y entre risas comentó: “En eso estamos’, dicen aquí…”. Y la complicidad se acentuó en la sala.

Casi al finalizar su discurso la expositora alertó sobre el peligro del populismo en Uruguay. “Uruguayos queridos, tienen un país hermoso, cuídenlo, con todo, aférrense ya que es muy feo lo otro, yo lo vi con mis abuelos (exiliados cubanos)”. La guatemalteca parecía intentar diseminar el miedo entre el auditorio: ¡Que Uruguay no se convierta en una Cuba ni en una Venezuela!

No obstante, por si no quedaba claro el intento de asociación de ideas entre populismo y Frente Amplio en ese llamado a la defensa de la República Oriental del Uruguay, el comité organizador ya seleccionaba preguntas bien específicas sobre el verdadero tema de la noche…

“Ahora voy a hacer de periodista…”, dijo la dirigente Rapalin, y se sentó en un coqueto sofá blanco junto a la estrella invitada. Y así le trasmitió las preguntas del público, que no podían ser otras: “¿Visualiza al Frente Amplio como un partido clásico populista debido a sus políticas sociales? ¿Cómo sería un manual para prevenir y detectar el populismo?”.

Y con sutileza, la liberal guatemalteca se las ingenió para responder con una pregunta retórica sobre la falta de transparencia en el gasto público, y soltó que había escuchado discursos –que no identificó– como herramienta para generar odios entre clases. Y así logró la glorificación del auditorio, que se fue alabando el espectáculo.

(*) Esta nota fue publicada originalmente en el sitio Sudestada.com.uy de Uruguay el 27 de noviembre de 2014.