Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora. 

Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.

Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que caracterizaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.

Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.

 
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendía por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.

Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida una factura de alto precio, tal vez solo la primera de las que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky. De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros con designación especial) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.

Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.

La sonrisa, el Ferrari y el exilio

Recién desatado el escándalo que provocó en las redes sociales la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, empezaron a filtrarse fotografías del juez Edward Briceño en viñetas personales: acompañado con una mujer, montado en un Ferrari antiguo, vistiendo ropas deportivas y, siempre, con una sonrisa de oreja a oreja. 

El desenfado que muestra Briceño en esas fotos -que, por cierto, dejaron de conseguirse en fuentes abiertas de Internet- luce como un indicio de que nunca se planteó adoptar la majestad que se le asigna al rol de juez. Y, menos todavía, de hacerlo al servicio del oficialismo: un par de fuentes confirman que su familia ha sido siempre afín a la oposición.

Edward Briceño es el segundo de tres hermanos, todos nacidos y criados en la urbanización Simón Rodríguez, un barrio de clase media-baja de Caracas. Es hijo de Miguel Briceño, comerciante, y Edi de Briceño, oficinista, sobre quienes todas las fuentes coinciden en describir como una pareja de personas decentes y trabajadoras. Un testimonio de esas fuentes le endilga a Briceño padre -que alguna vez trabajó en el expendio de licores- el coraje suficiente para desafiar verbalmente a la mayoría chavista del vecindario donde viven. 

El hermano mayor de Edward Briceño vive desde hace más de cinco años en Florida, Estados Unidos, mientras que el menor emigró a Chile. El país sureño también atrajo en su oportunidad al propio Edward Briceño, quien probó suerte allá junto a su esposa y una hija, entonces, de dos años.  A sus amigos les decía que trabajaba como abogado en Chile, pero no hay ni un solo indicio testimonial o documental de que realmente haya sido así.  

Su regreso a Venezuela sugeriría que no tuvo mayor éxito en esa aventura en el exterior. Sin embargo, Briceño comentó a sus allegados que solo regresó para tomar la oferta que había recibido de encargarse de un tribunal.

Quizás se miraba en el espejo del fulgurante ascenso de Joel Monjes en la escala judicial. Actual Juez de Control de Responsabilidad para Adolescentes en Materia de Terrorismo, Monjes había sido amigo cercano de Briceño en los inicios de su carrera como defensor público. Hoy, además de Monjes y Briceño Cisneros, completan el circuito de tribunales antiterrorismo Carlos Liendo (Tribunal Segundo), Ángel Betancourt (Tribunal Tercero) y Franklin Mejías (Tribunal Cuarto).

El que no rompía un plato

En la Gaceta Oficial no hay constancia del nombramiento de Briceño, lo que ya de por sí resulta irregular. Tampoco de que su tribunal se sometiera a concurso.  

Sin oficializarla, en Internet se consiguen un par de indicios sobre tal designación. El primero, su ficha vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS), donde se asegura que el abogado de 38 años de edad es “juez activo” desde el 28 de abril del 2023 y tiene como patrono a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ente que nombra y regula estos cargos.

El segundo es una foto colgada en Instagram por el Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de abril de 2023. En ella se distingue a Briceño Cisneros entre un grupo de diez nuevos jueces en un acto de juramentación presidido por Katherine Haringhton, cabeza del circuito y sancionada por la Unión Europea, que trabaja abiertamente plegada a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres de los recién designados funcionarios públicos no fueron mencionados en el post de esta red social.

Pero el nombramiento de Briceño Cisneros como juez no solo luce inorgánico y circunstancial en la forma, sino también en el fondo. Aunque sea abogado, carece de la carrera o los méritos que pudieran justificar esa investidura.

En lo académico, sus credenciales son magras. Obtuvo en 2008 su título en Derecho en la privada Universidad Santa María de Caracas, según el propio Briceño señala en su perfil de LinkedIn. Completó su especialización en Derecho Penal en esa misma casa de estudios en 2011 y, siempre según lo que refiere en la red social, hizo una pasantía como asistente legal en el escritorio jurídico Hoet, Peláez, Castillo y Duque.

Recuerda el abogado José Amalio Graterol que conoció a Briceño cuando este era muy joven y daba sus primeros pasos como asistente de Laura Blank Ortega, una defensora pública del circuito del Área Metropolitana de Caracas. “Era un muchacho servicial y simpático, que, si le pedías un favor, te lo hacía. Desde eso lo conozco”, afirma. Graterol explica las funciones de un asistente judicial, como lo era entonces Briceño, de la siguiente manera: “Se dedica a archivar las cosas del Defensor Público y en el Libro Diario del Defensor Público, pero no es necesariamente abogado ni tiene que tener conocimiento jurídico. [Briceño] ni siquiera era un analista en ese momento, sino un asistente más de la sala de los defensores públicos”.

Pero, una vez graduado como especialista en Derecho Penal, Briceño Cisneros encaminó su carrera por esos rumbos. Tras un breve paso por el Ministerio Público como fiscal auxiliar adscrito a la Dirección de Delitos Comunes de Caracas y en la Fiscalía 61, designado en octubre de 2011, apenas un mes más tarde de esto fue nombrado como Defensor Público Provisorio Septuagésimo Cuarto (74to) con Competencia en Materia Penal en la jurisdicción de Caracas. 

Thelma Fernández, abogada que comenzó su carrera como defensora pública, mantiene en su memoria la imagen de un, para entonces, bisoño y “muy simpático” Edward Briceño. Nada hacía prever que se disponía a hacer en el futuro las veces de verdugo judicial por encargo. “Pero así era”, insiste Fernández, “se desempeñaba como asistente de una defensora pública, un niño que no rompía un plato”.

¿Mostraba entonces alguna inclinación política y, más en concreto, una filiación por el chavismo? De manera resuelta, Fernández dice que no, “nada de política”, afirma.

Se quedó estancado durante 12 años en la defensoría pública penal, según revela en su propia hoja de vida disponible hasta hace poco, al menos, en LinkedIn. Aparte de su jovialidad, en él no despuntaba ningún rasgo profesional que lo distinguiera. Un motivo que llevó a muchos a sorprenderse cuando supieron de su consagración como juez. “Cuando salió lo de Edmundo [en referencia a la orden de captura contra González Urrutia] todo el mundo se quedó loco, no podían creer que fuera él, el mismo Edward”, dice una abogada que lo conoció. Una reacción similar tuvo Graterol: “Me dije: ‘este nombre me suena’. Me fui a mi Facebook a revisar y digo, ‘bueno, ¡es este muchachito!’. Todo eso sin ningún tipo de carrera, sin concurso. Nombrado a dedo, yo creo, pero no estoy seguro, porque el hombre me borró de Facebook”.

Esos nombramientos de jueces, a dedo y sin concurso, son parte de la reconfiguración que el chavismo inició desde muy temprano para tomar control del Poder Judicial. Por cuenta de ese cambio, los jueces en Venezuela pasaron a ser provisorios, sin estabilidad alguna y con puestos a merced de la voluntad expresada desde el presidencial Palacio de Miraflores. Un hito del proceso de cooptación, que también sirvió como advertencia, lo marcó la detención en 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, a raíz de una petición u orden que Hugo Chávez formuló por televisión.

En ese escenario otro abogado señala a Briceño Cisneros como un paradigma de la camada de jueces resultante. “No solo él, sino todos los jueces con competencia en terrorismo, no hacen más que cumplir las órdenes que les da el Poder Ejecutivo”, asevera. En esta oleada sin precedentes de arrestos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro por razones políticas -el Foro Penal Venezolano contabiliza 1.876 a la fecha- al circuito de tribunales de terrorismo, entre los que destaca aquel Briceño Cisneros que no rompía un plato, le tocará doble ración de instrucciones.

Sube el telón: se ve un salón con varias mesas, unas cortinas negras improvisadas que delimitan el espacio, cajas de cartón kraft selladas con precintos. Un elenco de hombres y mujeres, puros extras sin un protagonista que destaque, mueven las cajas para ponerlas sobre una de las mesas, donde las abren. Todos llevan guantes y mascarillas, como si por celo profesional evitaran contaminar con sus huellas la escena de un crimen; y es verdad: en más de un sentido, realizan una labor forense. Se las ha confiado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo logo impreso en gigante domina el escenario. “Área de peritaje”, se lee en las letras blancas debajo del logo de la institución, al fondo del escenario. Baja el telón.

¿Cómo se llama la obra? La falsa auditoría de las actas electorales.

Lo anterior fue lo que se pudo ver en las tomas del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y en las fotografías difundidas por el propio TSJ en sus redes sociales a mediados de agosto. 

El 31 de julio, en medio de protestas nacionales y el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, en la divulgación oportuna de la información detallada de los resultados, así como en las debidas auditorías posteriores a los comicios, Nicolás Maduro, asediado por fundadas sospechas de fraude y la presión internacional, había acudido a la Sala Electoral del TSJ, también dominado por el chavismo, para solicitar un inédito “recurso contencioso electoral” ante lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.

El 10 de agosto, a raíz de la solicitud de Maduro, el TSJ confirmó que se abocaba “al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio” y unos días después, el 15 de agosto, la presidenta del organismo, Caryslia Rodríguez, informó que “dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales”. Ese mismo día, el país vio las primeras imágenes de la llamada “área de peritaje”.

Al cabo de ese frenético calendario, el 22 de agosto, la propia Caryslia Rodríguez leyó la sentencia por la que confirmaba que los resultados oficiales emitidos por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio” y que esas actas “mantienen plena coincidencia” con los registros de la sala de totalización del CNE. Subrayó ante los representantes del cuerpo diplomático presentes en el acto -cuyos gobiernos, en muchos casos, exigían y siguen exigiendo una verificación imparcial de los resultados- que la sentencia cerraba el caso. 

En la misma ocasión, Rodríguez volvió a destacar el rol de los peritos del tribunal “por su profesionalismo, entrega y el apoyo demostrado, así como el alto nivel técnico exhibido por los expertos nacionales e internacionales”.

Sin embargo, un análisis posterior de los videos y fotografías de esas jornadas de peritaje, sumado a las versiones recogidas entre varias fuentes conocedoras del funcionamiento interno del CNE y a los perfiles en redes sociales de algunos de los involucrados, permiten confirmar que fueron varios funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero Cuevas y al mismo tiempo militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes interpretaron por esos días el papel de “peritos y expertos” en la puesta en escena del TSJ.

La producción de la obra no dejó nada al azar. Cada detalle de la utilería tuvo su porqué. El vestuario, por ejemplo, incluyó gorras y chalecos con las siglas del TSJ para darle verosimilitud a la impresión de que se trataba de funcionarios del alto tribunal, así como tapabocas para dificultar el reconocimiento de los supuestos auditores. Las tomas de video y fotografías eludieron de manera sistemática enfocar los códigos QR en la parte inferior de las papeletas electorales, de modo tal que nadie tuviera la oportunidad de compararlos con los impresos ya divulgados por la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria, y por los que reclaman el triunfo de Edmundo González Urrutia con casi 70% de los votos. 

“Eso fue una farsa completa”, sentencia una de las fuentes calificadas que habló con Armando.info a condición de conservar el anonimato por razones de seguridad. “No hubo protocolos para la auditoría y, al no estar todas las partes involucradas, sencillamente es un proceso viciado”, añadió. 

Vamos a contar mentiras, tralará

Carlos Quintero, un oficial militar que lleva dos décadas como funcionario del CNE y es considerado el auténtico cerebro detrás del automatizado sistema electoral venezolano, planificó tras bambalinas, junto al presidente de la Asamblea Nacional y exrector del CNE, Jorge Rodríguez, la jugada en el TSJ, de acuerdo con varias de las fuentes consultadas. Quintero y Rodríguez, además, controlan casi que de forma teledirigida las operaciones de Ex-Cle, la empresa argentina que sucedió a la también cuestionada Smarmatic a partir de 2017 como contratista del órgano electoral venezolano. 

Quienes aparecieron en escena no eran solo figurantes. Tenían que cumplir con otra condición: pertenecer al círculo de confianza de Carlos Quintero. No son conocidos para la opinión pública, pero sí a lo interno del CNE.

Uno de ellos es Maickol Daniel Montañez, quien labora en el CNE desde 2005, de acuerdo con los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y que desde el 1 de junio de 2023 se desempeña como director de la estratégica Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos del CNE, según la edición 42.643 de la Gaceta Oficial.

A Maickol Montañez se le ve con gorra y chaleco del TSJ en los videos y fotografías tomadas en el “área de peritaje” del TSJ, tanto del 16 como del 17 de agosto. El tapabocas no cubrió del todo su habitual barba. En ambas oportunidades se le ve transcribiendo los datos de las actas en una laptop y conversando con los tres magistrados de la Sala Electoral: la propia Caryslia Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. “Maickol fue el líder de los supuestos expertos electorales”, explicó otra fuente que también pidió la reserva de su identidad.

Además de su posición decisiva en la estructura del CNE, Maickol Montañez es esposo de Isabel Reyes Mendoza, secretaria de la Junta Nacional Electoral, otro puesto vital del que dependen decisiones como el diseño de las circunscripciones electorales o la definición en número y ubicación de centros y mesas electorales a nivel nacional. Isabel Reyes ingresó al CNE en 2004, según consta en los registros del IVSS, y es una de las personas de mayor confianza para el rector Carlos Quintero. “Ella es parte del círculo de Quintero y tiene más poder que cualquier rector”, sostiene otra fuente interna del CNE. Ambos, tanto Reyes como Montañez, están inscritos en el PSUV. 

Ya desde antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Isabel Reyes servía como una especie de brazo político del CNE por el que el ente comicial hacía llegar sus directrices a los coordinadores regionales de la Junta Nacional Electoral.

Por su parte, Montañez se encargó de la organización de los coordinadores regionales, municipales y parroquiales del organismo electoral en todo el país. “La utilización de la estructura política del CNE en manos de Isabel Reyes y Maickol Montañez es de vital importancia para el manejo de las operaciones en las regiones, municipios y parroquias”, detalló una de las fuentes consultadas para este reportaje.

Junto a Maickol Montañez también estuvo en el peritaje del TSJ, al menos el día 17 de agosto, Enrique Rivera Pérez, funcionario del CNE desde 2011, según consta en su perfil en la red social LinkedIn. En la imagen de ese día no lleva ninguna identificación del árbitro electoral, como otros de los actores en la escena, sino que está ataviado con la gorra y el chaleco del TSJ. Rivera, quien en su perfil profesional dentro del CNE destaca haber sido “analista de datos e información” y “coordinador municipal” en Caracas, es asistente de Maickol Montañez. 

Otras dos de las personas que aparecen en los videos de VTV y en las fotografías de las auditorías como peritos del TSJ, pero que en realidad son funcionarias del CNE, son Niurka Fernández Salazar, coordinadora regional de la Junta Nacional Electoral en el estado Miranda, y Yumary González Valecillos, coordinadora regional de la misma instancia en el estado Guárico. Ambas ingresaron al CNE en marzo de 2015, están inscritas en el PSUV y reportan a Isabel Reyes Mendoza. 

“Todo fue como una simulación y las personas que ayudaron a esa simulación son de confianza de Carlos Quintero”, insistió una de las fuentes conocedoras del funcionamiento del CNE. 

Otro de los empleados del entorno de Carlos Quintero que participaron en el montaje fue Andrés Strubinger Kalchbrenner, Director General de Tecnología de la Información del CNE desde el 1 de febrero de 2023. Strubinger no apareció en cámara pero fue uno de los artífices de la puesta en escena del “peritaje” del TSJ, según las fuentes.

Hagamos "como si"

La escasa independencia -si acaso la hubo- del proceso realizado por el TSJ para, de cualquier manera al final, certificar los cuestionados resultados oficiales del 28 de julio, también queda en evidencia por el perfil de otros peritos que participaron en el peritaje.

Dos de ellos fueron los profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, Emilio Hernández y Víctor Theoktisto Costa, quienes desde hace años se vienen desempeñando como auditores externos del CNE en ocasiones como la de 2021, cuando realizaron lo que se denominó una “auditoría académica” al software del sistema electoral.

A ellos también se les ve en las imágenes de VTV con accesorios que los identificaban como gente del TSJ. En el pasado ambos han aparecido en medios oficialistas promoviendo medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro, como la creación en 2017 de la criptomoneda oficial Petro, de corta vida, pues con el estallido de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en 2023 prácticamente desapareció del mercado.

Del dúo, Víctor Theoktisto es quien tiene una cercanía más evidente con el PSUV y el régimen. En 2010 se postuló como candidato por la parroquia 3 del estado Miranda a las elecciones primarias del PSUV, en la que se elegirían los representantes del partido oficialista para las elecciones parlamentarias de ese año, como consta en documentos del partido. Para esa postulación, Theoktisto tuvo que necesariamente estar inscrito como militante de la agrupación política creada por Hugo Chávez, de acuerdo a sus reglamentos. En 2015 fue designado por Nicolás Maduro como miembro suplente de la Comisión Nacional de las Tecnologías de la Información (Conati) y, en 2021, esta vez por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como Vicerrector Académico de la USB, cargo que aún ostenta. El ascenso de Theoktisto en la jerarquía universitaria ocurrió tras la muerte del entonces rector, Enrique Planchart, como parte de una maniobra que en su momento se interpretó como un golpe de mano para la toma por el chavismo de la USB, una universidad de perfil tecnocientífico y de prestigio hasta no hace mucho.

Por si lo anterior no resultara suficiente para comprobar esa afinidad de Víctor Theoktisto con el chavismo, habría que remitirse a una última y rotunda evidencia: el 20 de julio, en un programa del canal de televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Tvfanb), donde es invitado recurrente, el Vicerrector Académico de la USB evidenció, sin ambages y de manera pública, sus posiciones políticas. Entonces Theoktisto, refiriéndose a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, se refirió a la oposición venezolana como un “grupito” que no ha “reconocido elecciones” en el pasado. “Lo que va a suceder el 28 [de julio] en la noche o el 29 en la mañana es que un sector de la oposición, un candidato, una titiritera en la sombra y un grupo de políticos que ya no están en el país, van a decir: ‘No reconocemos esto’”, pronosticó. 

Ese día también elogió la solidez del sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, asegurando que un hackeo contra su plataforma resultaba imposible; es decir, afirmó lo contrario a lo que pocos días después, desde la misma noche del 28 de julio, el régimen de Maduro y sus acólitos en el CNE esgrimieron: un hackeo del sistema habría sido, según esta versión oficial, la razón por la que al final de la jornada electoral se demoró la entrega y publicación de las actas con los resultados por mesa de votación, una demora que todavía se prolonga hasta hoy. “Es un sistema que es tan redundante en seguridad que es estúpido pensar que ese resultado puede ser modificado por cualquier actor”, dijo Theoktisto.

Días después de la elección y cuando ya el régimen de Maduro había instalado la tesis de un “ataque cibernético” contra el CNE, Theoktisto se desdijo. Entonces declaró al medio estatal ruso Sputnik que “será necesario utilizar equipos y protocolos alternos con mayores redundancias para evitar que [el hackeo] se repita, incluso medidas más drásticas de preservación de la seguridad de las transmisiones”.

El 5 de agosto, pocos días antes de que hiciera parte del equipo de peritos del TSJ, y nuevamente en el canal TvFanb, Theoktisto manifestó que la “carga de la prueba está en el que menciona que el resultado no es el que es” y que, para demostrarlo, no sirve “un sitio web con unas actas en papel que no son las actas oficiales según la ley venezolana”, ya que cualquiera las “puede modificar”.

Consultado para este reportaje, Theoktisto se limitó a asegurar mediante respuesta por Whatsapp que “en cualquier parte del mundo el resultado de las experticias que ordene un tribunal son materia reservada”. Por su parte, Emilio Hernández, el otro profesor de la USB que participó como perito, dijo que es el TSJ a quien corresponde “disponer de los detalles y entregarlos a la prensa”, pero al mismo tiempo aseveró que “los resultados del trabajo arrojaron que los datos expresados por el CNE son absolutamente compatibles con nuestros hallazgos”. 

El periodista especializado en la cobertura de la fuente electoral, Eugenio Martínez, había anticipado el 18 de agosto en la red social X, antes Twitter, que la actuación de los dos profesores de la USB en la auditoría puesta en marcha por el TSJ no sería confiable e independiente, pues “suelen trabajar y ser convocados por el rector Carlos Quintero como auditores externos del sistema”. 

Los peritos internacionales a los que se refirió la presidenta del TSJ en sus pronunciamientos, que también tomaron parte en la revisión de las actas, son miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), una organización que nació a petición de Hugo Chávez en 2004 y que no goza ni de prestigio ni de credibilidad en el ámbito de la observación electoral. El Ceela, a diferencia de otras misiones de observación, como las del Centro Carter o del Panel de Expertos de la ONU, no ha cuestionado la jornada electoral del 28 de julio.

Cuestión de fe

Así como el CNE dice resguardar los resultados detallados del 28 de julio con tanto celo que, a más de 40 días de la jornada comicial, todavía no los muestra, la presidenta del TSJ también se reservó las explicaciones sobre la auditoría. 

Uno de los pocos detalles sobre la auditoría que escapó de ese cerco informativo se encuentra en una de las fotografías tomadas en el “área de peritaje” el 17 de agosto. Allí se observa sobre una mesa diversos documentos que corresponden al llamado Sobre número 1, aquel que el personal militar del Plan República custodia para trasladar las actas originales de cada mesa electoral. Esto sugiere que el material analizado en el montaje es el mismo del que dispone y ha dado a conocer la oposición, pero que ni el CNE, ni el TSJ, han aceptado divulgar. 

“Esos Sobres número 1 estaban en resguardo en un galpón del CNE en El Llanito [un sector del Este de Caracas], pero en el TSJ sólo transcribieron los resultados a unas hojas de Excel”, afirma una de las fuentes.

Varios de los expertos y técnicos electorales consultados aseguran que, ante el incumplimiento de las auditorías posteriores a los comicios del 28 de julio, el protocolo de peritaje o auditoría debió ser aún más riguroso de lo que por lo regular se requeriría y de lo que se vio en las imágenes oficiales. 

Entre los especialistas surgen las dudas sobre los criterios seguidos para escoger la muestra de la auditoría, sobre cómo se hizo la verificación de la “cadena de custodia del material físico y digital”, y sobre cómo se “validó” que, en efecto, se trató del material realmente usado el 28 de julio, tomando en cuenta que el CNE suspendió la auditoría de telecomunicaciones que debió hacerse el 29 de julio y la llamada “Verificación Ciudadana Fase II”.

Aseguran que, tras las omisiones e incumplimientos del CNE, cualquier peritaje de lo ocurrido el 28 de julio debería partir de la revisión del software de las máquinas de votación que, a su vez, se origina en la auditoría que todas las organizaciones políticas realizaron el 3 de mayo en la sede principal del organismo electoral. En esa auditoría previa a las elecciones, recuerdan los técnicos, se “revisó el código fuente de la máquina de votación”, se “revisaron los códigos hashes” y se “colocó la clave compartida del CNE y de los 24 partidos políticos”, entre otras acciones. 

“Esta clave compartida es la que permite firmar el código QR al momento de emitir el acta de escrutinio, es la que permite validar si un código HMAC-SHA256 es emitido por una máquina de votación real, utilizada en el evento electoral del 28 de julio”, precisó uno de los técnicos consultados.

Durante años, el rector Carlos Quintero defendió en público la solidez del sistema electoral venezolano, precisamente, por la posibilidad que tenían todas las organizaciones políticas de realizar esas auditorías y verificaciones. “Las garantías electorales no son un acto de fe que funcionan porque el Consejo Electoral dice que el software es inalterable, que se mantiene la integridad de los datos en cada una de las fases del proceso; no es porque el Consejo lo diga, sino que es verificable”, declaró Quintero en diciembre pasado a los medios.

Pero a más de 40 días las elecciones presidenciales, los resultados emitidos por el CNE exigen un verdadero acto de fe de los venezolanos y de todos los países que piden pruebas verificables al respecto, un acto apenas refrendado por el TSJ en un peritaje cuyos actores principales fueron funcionarios del propio organismo electoral y militantes del PSUV.

El proceso de selección ha pasado por cribas subsiguientes desde el momento en que se hizo la convocatoria de candidatos: de un primer listado de 434 nombres, se llegó a uno más corto de 258, puesto a consideración de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales integrada, en su mayoría, por diputados de la Asamblea Nacional oficialista. Antes, los representantes de la llamada sociedad civil constituían mayoría en el comité evaluador, pero una reciente reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal, la misma que en enero de 2022 aprobó el recorte del número de letrados, incorporó más diputados. 

Lo que se ha conservado de la comisión es el proceso con apariencia de escogencia cualitativa. Si bien se sopesan credenciales, lo único indiscutiblemente cierto es que la idoneidad de los candidatos tiene que ver siempre con su proximidad política con el gobierno.

La short list semifinal agrupa a magistrados en busca de reelección, antiguos militantes del partido de gobierno, aliados de la coalición oficialista y disidentes de la oposición a los que de manera táctica se quiere aupar. Las credenciales pesan, aunque son las lealtades las que prevalecen. 

Puertas adentro se debate quién será el próximo presidente. O presidenta, según la mayoría de las apuestas. Hasta el momento de cierre de este reportaje dos nombres estaban sobre la mesa: Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez, mujeres con disciplina que se han ganado la confianza de los líderes chavistas. La primera, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, la segunda, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, exrectora del ente electoral y actual embajadora ante la Corte Penal Internacional (CPI), que es cercana a Cilia Flores, Primera Dama de la República. 

La certeza compartida entre los observadores es que este TSJ tendrá a cargo una delicada reestructuración del Poder Judicial, en medio del escenario que define la investigación que adelanta la CPI por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de premisas tan claras y de la cesta monocorde de la que hay que escoger los nombres, se ha tardado en salir el humo blanco de la Asamblea Nacional. El pasado viernes 25 de marzo de 2022, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez Gómez -un polémico político, exministro y exalcalde, que junto a su hermana Delcy, vicepresidenta, conforman la yunta de mayor influencia en el gobierno de Nicolás Maduro- pidió “unas horas más” para trabajar la decisión. Aseveró que se iniciaría “el proceso de evaluación, discusión, conversación y consulta para que en plenaria los diputados del parlamento escojan a los mejores”. Pero ni con fórceps el parto se termina de consumar.

Jueces, políticos y algo más

Nunca se ha oficializado como un criterio explícito, pero a nadie sorprende que la lealtad política sea requerida a los magistrados del TSJ, creado por la Constitución de 1999. 

La primera demostración, patente y sin pudor, de que la independencia del Poder Judicial se había convertido en una antigualla burguesa que ni siquiera valía la pena aparentar, se dio en 2006, cuando todo el auditorio de la ceremonia de inauguración del año judicial, incluyendo a los propios jueces del Supremo, entonó el lema revolucionario: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”.

La serie Jueces Políticos de Armando.info ofreció pruebas tangibles de las distorsiones del sistema, que se mantienen en la actualidad y son afianzadas por los blindajes legislativos del oficialismo. El enroque ha sido natural: antes ministros, hoy diputados y mañana, posiblemente, magistrados. 

Y ahora toca más de lo mismo. Detrás del negro de las togas palpitan corazones rojos.

De la primera lista de 434 aspirantes, casi dos terceras partes (59,44%) aparecen en los listados de militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que deja en evidencia el incumplimiento de una norma primordial en los propios estatutos para elegir a los magistrados. 

Después de la preselección, los candidatos oficialistas sumaron 147 de los 258 que conforman este segundo grupo. Se mantuvo una proporción de 56,9%: casi seis de cada diez candidatos a magistrados aparecen como miembros del PSUV.

Para colmo, 42 de estos candidatos son o han sido contratistas del Estado. 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece como criterio rector que los aspirantes deben renunciar a cualquier militancia político-partidista y no realizar alguna actividad incompatible con las funciones del cargo. Las transgresiones a esos parámetros han debido detectarse durante las entrevistas con la comisión. Pero, además de un sesgo partidista, el proceso quedó marcado por la brevedad. Según trascendió en una nota de prensa de la propia Asamblea Nacional, 240 de los candidatos asistieron a sus citas presenciales para ser entrevistados por el comité de postulaciones en tan solo dos días: 110 el martes 22 de febrero y, al día siguiente, 130 adicionales. Es decir, sobre una jornada de 24 horas -si las entrevistas se hubieran realizado a lo largo de todo el día-, a cada entrevistado le habrían correspondido alrededor de 12 minutos para demostrar su idoneidad para el cargo de magistrado.

Son varios los casos de postulantes que figuran a la vez como militantes del partido oficialista, contratistas del Estado y jueces actualmente activos en tribunales de diferentes jerarquías.

Uno es el de Milagros Antonieta Zapata Ramírez, quien posee 10% de una empresa de compra, venta y comercialización de bienes y servicios varios, constituida en Caracas en febrero de 2020, mientras que su actividad judicial está en La Guaira, estado del litoral central de Venezuela. 

Otro ejemplo es el de Michel Adriana Velázquez Grillet, que aparece activa como empleada del Parlamento desde 2005 y, según diversas versiones de medios, tiene vinculación con Cilia Flores. Velázquez incursionó en la actividad privada y, desde 2017, es socia de dos empresas, constituidas el mismo día y con sedes en el piso 17 del Centro Financiero Latino, en Caracas, a escasas cuadras del Palacio Legislativo. Ambas compañías declaran como objeto los servicios informáticos, pero solo una se mantiene habilitada para hacer negocios con el Estado.

Hay otros dos empleados de la Asamblea Nacional que aparecen a la vez como candidatos al TSJ y que dejaron rastro entre los contratistas del Estado. Se trata de Gladys del Valle Requena, actual diputada oficialista, y Alejandro Claret Leal Mármol, exviceministro de Prisiones durante la gestión de Iris Varela y exasesor en la Procuraduría General de la República, cuando Cilia Flores encabezaba la institución. 

Como funcionario y empresario también despunta Yuri Quiñones Leones, actual director suplente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE S.A.), adscrita al Ministerio de Educación desde 2015. Antes ocupó el cargo de viceministro de Deporte de Rendimiento, en el Ministerio de Deporte, durante 2011. En ambas ocasiones coincidió con que el ministro de las carteras respectivas era Héctor Rodríguez, actual gobernador del céntrico estado Miranda y también exparlamentario. De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Quiñones tiene acciones en una compañía de recolección de desechos sólidos, así como en una firma exportadora de granos de cacao y chocolate, creada en 2018, otro de los negocios a los que ha apuntado Héctor Rodríguez como gobernador regional. Ambas empresas están habilitadas para contratar con el Estado y tienen su oficina en el municipio Chacao del estado Miranda. 

Daniel Augusto Ramírez Herrera, coordinador general de la Defensa Pública desde 2019, tuvo por su parte  una empresa distribuidora de alimentos, víveres, computadoras y línea blanca, constituida en 2016 en los Valles del Tuy -región obrera y dormitorio al suroeste de la capital venezolana- pero registrada en Caracas, y cuyos socios son dos reconocidos abogados venezolanos, fundadores del bufete VAV & Asociados junto a Luis Manuel Valdivieso, un exfiscal y abogado venezolano con conexiones que cambió el litigio por una vida de lujos en el Caribe.

Trampolín en Caracas

¿Mudarse de Europa a la capital venezolana para ejercer el Derecho? Eso es lo que se propone Eduardo Alfonzo Barranco Hernández, abogado que ha hecho carrera diplomática desde los tiempos en que Nicolás Maduro era canciller durante el gobierno de Hugo Chávez.

Barranco es el único de los candidatos a magistrado que se registra viviendo en el exterior, en Italia, ante el CNE. Es el cónsul general de segunda en Milán, al lado de Gian Carlo Di Martino, actual cónsul general y exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, extremo noroccidental de Venezuela. El aspirante a una de las sillas del TSJ, que pasó a la segunda fase, fue nombrado repetidas veces, entre 2007 y 2012, embajador y responsable de los fondos de avance en la pequeña isla de Santa Lucía, ubicada en el Caribe oriental. 

De acuerdo con el registro de preseleccionados, la mayor cantidad de postulaciones las hicieron abogados que declaran vivir o en el Distrito Capital o en el estado Miranda. Esto se traduce en que seis de cada 10 juristas aspirando a un cargo en el TSJ se concentran en la Gran Caracas, aunque no necesariamente hayan hecho carrera en la ciudad. En total, son 151 aspirantes de los 258 que pasaron a la segunda fase.

Dentro de este grupo de abogados que migraron desde otras regiones del país a Caracas, aparece el nombre de Heriberto Antonio Peña, un merideño que hizo carrera judicial en los tribunales de su estado natal por una década y ejecutó sus últimas decisiones en la Corte de Apelaciones de Mérida, en los Andes del suroccidente de Venezuela. Sin embargo, renunció poco antes de la pandemia, se mudó a la capital venezolana, cambió su centro de votación a un emblemático liceo de una zona popular y empezó a trabajar en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), presidida por su paisano Joselit Ramírez, este, hombre de confianza de Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, ex Vicepresidente de la República  y figura clave en el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto Ramírez como El Aissami han sido objeto de sanciones y medidas judiciales en Estados Unidos. 

En los estados centrales de Aragua y Carabobo se concentra una delegación de apenas 32 aspirantes, pequeña pero dotada de credenciales políticas. Allí destacan tres magistrados que aspiran a la reelección: Marjorie Calderón, de la Sala de Casación Social; Carmen Alves Navas, de la Sala Electoral; y Juan Luis Ibarra Verenzuela, de la Sala de Casación Penal. 

Otro nombre salidor es el de Ramón Carlos Gámez, Juez Rector del estado Aragua y juez provisorio en el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito, designado en 2016 por la Sala Plena del TSJ, a cargo entonces de la magistrada Gladys Gutiérrez. Con experiencia en el área civil, ha sido una ficha clave en el oficialismo, cercano a Elvis Amoroso, parlamentario y Contralor General, desde los tiempos en que ambos coincidían en los pasillos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El juez era decano de la Facultad de Derecho y el político era estudiante, Al menos desde 2006, Gámez ha sido apadrinado por Amoroso. 

Gámez tiene un antecedente llamativo. En diciembre de 2015, tras el triunfo abrumador de la oposición en las elecciones parlamentarias, victoria que pondría a su alcance el nombramiento de un nuevo TSJ, el chavismo aprovechó los últimos días de sesiones legislativas para intentar una maniobra exprés: escogería entre gallos y medianoches a los magistrados cuyos períodos ahora vencen. Sin rubor y con mucho apuro lo hizo. 

Entonces Gámez presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, en reemplazo de su mentor político, Elvis Amoroso. En el comité a su cargo estaba como miembro Elvis Junior, hijo, quien fue candidato a magistrado y este año se propone como inspector general de tribunales y director de la Magistratura. 

Otro de los personajes que llaman la atención en el actual proceso es Reinaldo Enrique Carvallo Machado, con su propio bufete de abogados y, en paralelo, empleado de una empresa de alimentos y bebidas artesanales a la que ingresó a la par del proceso de selección de magistrados. Lo que más destaca de este aragüeño es su rastro como socio en 11 empresas registradas en el sistema público de contrataciones, algunas sin actividad reconocible y otras habilitadas para contratar. Fueron creadas en años recientes, dedicadas a todo tipo de actividades que van desde asesorías hasta comercialización de alimentos. En 2016, Carvallo fue director principal en la empresa estatal de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Luego, en 2021, fue candidato a rector del Consejo Nacional Electoral. Empresario contratista y funcionario, ahora busca ampliar sus credenciales como jurista multifacético. Le va bien: pasó a la segunda fase del proceso. 

De Maracay, la capital de Aragua, llega también el abogado José Antonio Castillo Suárez, hoy inscrito en la nómina de la Asamblea Nacional. Hace tres años, en 2019, solicitó antejuicio de mérito contra el presidente del parlamento en ese momento, Juan Guaidó, quien luego se juramentó presidente encargado de Venezuela. La Sala Plena aceptó el documento legal que acusó al líder opositor de presuntos delitos contra la seguridad de la Nación. Estuvo relacionado con Marisol Plaza Irigoyen, otra de las postuladas cuyo nombre se escucha tras una larga ausencia mediática, luego de dejar la Procuraduría General de la República en 2007, cuando se le vinculó a una operación en la que se esfumaron fondos por unos bonos emitidos por el Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). A propósito de este caso, Castillo Suárez fue abogado apoderado de Plaza en un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional, que salvaba su actuación como procuradora general. 

La cuota

Muchos episodios donde ni siquiera se guardaron las formas pusieron de relieve las costuras del actual proceso de selección de los futuros magistrados. Por ejemplo, la diputada Gladys del Valle Requena integraba originalmente la Comisión Preliminar, sin reparar en que figuraba a la vez como aspirante a magistrada. Renunció y fue sustituida por Desirée Santos Amaral, quien se integró al grupo presidido por Giuseppe Alessandrello, ambos diputados oficialistas. 

Una situación similar ocurrió con el diputado Luis Parra, también participante de la comisión. Evaluó las credenciales de Ramón Flores Carrillo, quien fue su suplente en la anterior Asamblea Nacional de 2015, ambos electos por el estado Yaracuy cuando militaban en filas de la oposición. También fueron compañeros de viaje en la gira europea que en 2019 algunos parlamentarios emprendieron para defender los intereses de Alex Saab, el contratista colombiano predilecto de Nicolás Maduro. El itinerario contempló Francia, Suiza, el principado de Liechtenstein, Alemania, Bulgaria, Portugal y España, con una escala final en República Dominicana. Flores Carrillo pasó el proceso de preselección, sin objeción. Las redes sociales del también exprefecto de Caracas muestran apoyo a los comentarios de Parra cuando se refiere al proceso en el que participa como candidato.

Los otros parlamentarios evaluadores fueron Rosa León, Carolina Cestari, Julio García Zerpa, José Villarroel, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano y Alfonso Campos.

Derechos torcidos

Tres palabras: Corte Penal Internacional, o CPI por sus siglas. Su investigación ha creado desde el año pasado una serie de apresurados cambios legislativos, de cambios en el lenguaje gubernamental y de encuentros de alto nivel. 

Parece probable que esta circunstancia termine por favorecer la designación de magistrados que cuenten con experiencia en el sistema universal de Derechos Humanos. De los aspirantes, al menos tres podrían, eventualmente y a nombre del Estado, intentar acciones para dejar a Venezuela fuera de la investigación que busca a la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad. 

Uno de ellos es Larry Devoe, actual presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y frecuente representante del Estado en foros internacionales, en los que se ha dedicado a socavar las denuncias realizadas por las organizaciones no gubernamentales. 

Otro con experiencia en el campo es Cristóbal Cornieles, quien perteneció a la asamblea de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción) y es un negacionista de la diáspora venezolana, sobre la que, asegura, operan una “mercantilización” y estadísticas contradictorias que distorsionan el supuesto fenómeno, como señala en un informe que intenta desmontar la crisis de refugiados. Cornieles se dice persuadido de que la migración venezolana se encuentra “dentro de los valores promedio del continente americano”, según una nota de prensa difundida en Aporrea.org, sitio del chavismo alternativo. En el movimiento de defensores, el aspirante a magistrado es considerado uno de los responsables de las campañas en contra de las organizaciones no gubernamentales que se adelantan desde el Ejecutivo.

Finalmente, la representante actual ante la CPI por Venezuela y exmagistrada, Gladys Gutiérrez, podría regresar al TSJ. En la misma legación ante la CPI está Jimai Montiel Calles, juez jubilado que fue presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, director de Drogas del Ministerio Público en la gestión del exdiputado y exgobernador chavista, Tarek William Saab, actual Fiscal General, y que se ha dedicado a presionar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se registren, como una forma de control, en la Dirección contra la Delincuencia Organizada. A Montiel lo han señalado como la “mano derecha” del presidente actual del TSJ, Maikel Moreno.

La rosca interminable

De los 32 magistrados actuales, 30 siguen en liza en la segunda lista para repetir. Además, hay exfuncionarios que intentan volver, como la ya mencionada Gladys Gutiérrez o como Rafael Luciano Pérez Moochet, exmagistrado suplente que se postuló para los tres cargos diferentes que se están concursando: magistrado, inspector general de los tribunales y director de la Escuela de la Magistratura. También se repiten los nombres de Tania D’Amelio, quien viene de la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, desde esa institución, se ha convertido en una virtual mano derecha de Jorge Rodríguez, según fuentes que prefieren mantener el anonimato. 

En la simbiosis de la estructura de poderes en Venezuela se encuentran los nombres de funcionarios activos y cesantes del Ministerio Público, que han alcanzado titulares de prensa por sus actuaciones judiciales. 

Katherine Harrington, recordada por el episodio en el que trató de ingresar a la sede del Ministerio Público en la maleta de un carro, dos días después de ser nombrada vicefiscal general del Ministerio Público, aún cuando Luisa Ortega Díaz -anterior fiscal general y acérrima opositora al gobierno de Nicolás Maduro- había negado su nombramiento. Harrington, sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad en el deterioro de la situación jurídica y de Derechos Humanos en Venezuela, duró 15 meses en el cargo, hasta que fue destituida por Tarek William Saab. 

El nombre de Carol Padilla no resulta desconocido y es otro de los que se consigue entre los preseleccionados a magistrados. A los tribunales de control en los que estaba llegaban, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el gobierno. Se cuentan, entre ellos, los casos de supuestos magnicidios e intentos de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, y todos los expedientes han compartido irregularidades y retrasos. 

Aunque de bajo perfil, Gilberto Alfredo Landaeta Gordon aparece entre los aspirantes. Fue fiscal del Ministerio Público y formó parte del equipo que investigó el asesinato de Danilo Anderson en 2008, también fiscal venezolano encargado de investigar los sucesos del 11 de abril de 2002. Landaeta fue destituido por irregularidades en la averiguación, relacionadas con el forjamiento de actas. 

Una mirada amplia al archivo de los 258 postulados en la segunda fase, da fe de que 123 de ellos están activos en 19 instituciones públicas de todo el país, excluyendo a las universidades, de acuerdo con los registros del IVSS. De estos, al menos 82 personas tienen fecha de ingreso desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, y se han quedado en un reciclaje interminable. 

La revisión que hizo el Poder Moral Republicano -una terna burocrática con categoría constitucional de poder del Estado, que integra al Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General- entregó al comité evaluador los nombres de 258 aspirantes, pero poco se sabe de sus méritos reales para alcanzar el nombramiento. Aunque la Constitución Nacional establece que deberán ser juristas de reconocida trayectoria y solvencia moral, con amplio conocimiento y ejercicio profesional mínimo de 15 años, los apuntes públicos ofrecen otra panorámica de incompatibilidad. Pero es un detalle que se pasó de largo en la carrera contra reloj que el régimen lleva para escoger al nuevo TSJ de siempre.

Antes de llegar ahí hay que estar atento a los detalles que anuncian que, en unos años, La Punta y Mata Redonda y otras diez urbanizaciones y barrios, serán la versión venezolana de La Atlántida, el continente sumergido. Una hilera de postes se pierde en la distancia. Disminuyen de tamaño, se hunden mientras se alejan. Miden 10 metros de alto, pero, sumergidos en el agua, parecen mucho más pequeños. No hay calle inclinada ni llanura amplia que explique aquello. El Lago de Valencia, además de avenidas, hectáreas de fincas y comunidades enteras, también se ha tragado el alumbrado.

En la región centro-norte de Venezuela se encuentra el segundo lago más importante del país, el de Valencia (conocido también como Lago Los Tacariguas), que comparte sus 3.140 km2 con los estados Aragua y Carabobo. En el primer caso, la ciudad de Maracay (capital del estado Aragua) es la más cercana al cuerpo lacustre. Toda la zona residencial ubicada al sur de la ciudad se ha acostumbrado a ver esa imagen repetida y desoladora. Los postes de luz hundidos recuerdan cuánto ha avanzado el Lago de Valencia.

Así pasa en Brisas del Lago: de 15 calles que tenía la urbanización solo quedan dos, anegadas en las esquinas y reducidas a 10 viviendas aún ocupadas por sus propietarios. Pasa en Aguacatal 2: la calle Paraíso es la última del sector desde el año 2012 porque hasta entonces aún había vestigios de tres barrios más que los alejaban del lago. Se repite en Paraparal, donde fue construido un muro de asfalto para separar a la comunidad del hoy matorral inundado y donde hace más de 10 años existía el barrio La Vaquera (420 viviendas), también desaparecido bajo las aguas. Y también en Las Vegas 1, un lugar casi desierto donde 18 familias desalojadas por el avance de las aguas viven en la escuela Olinto Mora Márquez, un “refugio temporal” en el que están desde hace 7 años, y a donde el agua ha llegado ya a medio metro de altura en uno de los salones que hasta julio servía de habitación.

En Mata Redonda y La Punta no hay alumbrado público sumergido que recuerde el aumento del nivel del lago sino un terraplén de 1,2 kilómetros de largo ubicado a 4,40 metros por encima de sus casas, como para que no se les olvide que allí arriba está ese gran reservorio de agua sin salida al mar. El Lago de Valencia es una cuenca cerrada (endorreica), que recibe cada año 360 millones de metros cúbicos de aguas residuales, es decir, aguas servidas o de cloacas procedentes de zonas residenciales e industriales de las ciudades de Maracay, Valencia y localidades como Mariara, San Joaquín, Los Guayos y Güigüe; más el caudal de 22 ríos que desembocan en él, más el agua de lluvia que en cada temporada se disponga a caer.

Una noticia que resurge

Mientras el régimen de Nicolás Maduro ofrecía ayuda a las islas y ciudades arrasadas en el Caribe y Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, los venezolanos recordaron la vieja tragedia de estos sectores vecinos al maloliente cuerpo lacustre. Que lo diga Fernando Klein, que, bajo el quicio de la entrada principal de su casa, ubicada en la calle A, manzana 3, a seis metros debajo del nivel del lago, luce como el último de los mohicanos de La Punta. La de él es una de las doce viviendas que todavía quedan en pie. Su casa, de 273 m2, fue construida en la cota 408 metros sobre el nivel del mar y actualmente el lago está a 414,10 metros sobre el nivel del mar. Allí sigue, junto a su esposa y su hija, esperando la indemnización del Estado, a la cual tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La pregunta es: si el máximo tribunal jamás ha fallado contra el gobierno, si es un aliado de postín en el diseño de un modelo que le garantiza al chavismo un gobierno perpetuo, por qué el régimen no ha cumplido con la decisión.

El recorrido en tribunales de este caso comenzó en noviembre de 1999, a los pocos meses de la llegada del comandante presidente Hugo Chávez al poder. La demanda del grupo de propietarios de ambas urbanizaciones reclamaba la omisión del Ministerio del Ambiente en su deber de ejecutar las obras de saneamiento del Lago de Valencia. El fallo favorable podía ser visto también como una forma de vengarse de la vituperada clase dirigente que entre 1958 y 1998 antecedió al chavismo. Ya en ese momento la expansión del lago los estaba afectando. Klein recuerda que cuando compraron esa vivienda en 1979, el lago estaba a unos 10 kilómetros de distancia. En 20 años tocó sus puertas y en 2005 ya se había ubicado a 2 metros por encima de La Punta y al mismo nivel que Mata Redonda.

La solución del Gobierno a esa situación de emergencia, plasmada en decretos y en declaratorias de “zonas de alto riesgo potencial”, fue, sin embargo, construir un terraplén de 1.200 metros, de los cuales apenas un tramo de 4 metros de ancho es de concreto (en la parte baja su extensión es de 21,5 metros), erigido para proteger una planta de bombeo que lanza un grueso caudal de aguas sucias al lago. Se levantó como una especie de dique para detener el avance de las aguas, con una altura de 412 metros sobre el nivel del mar. Era una solución diseñada para durar tres años. En octubre cumplirá doce.

Ese muro de concreto es el que sirve de referencia a las 8 mil familias de al menos siete sectores del sur de Maracay que están en riesgo de quedar bajo las aguas, pues la cota del lago ya está por encima de sus casas. En 2012 elevaron el muro 2,40 metros más, quedando en la cota 414,40 metros sobre el nivel del mar. En agosto de este 2017 comenzaron a levantarle 1 metro más ante la crecida evidente. Si no puede pasar por arriba con el oleaje, lo va haciendo progresivamente por debajo, entre la tierra, o entre las tuberías y drenajes de las cloacas.

Indemnización pendiente

Las 512 familias propietarias que quedan entre La Punta y Mata Redonda no han sido desalojadas a pesar del riesgo decretado sobre ellos. Desde 2006, cuando el TSJ finalmente emitió la decisión de la demanda introducida en 1999, dictando un amparo constitucional que protegía a los propietarios de La Punta y Mata Redonda, han debido ser indemnizados. Así lo establece la sentencia 1632, ratificada en 2007 con la sentencia 1752, pero no todos lo han logrado. De 1043 propietarios quedan esos 512.

Klein y Marianelly Nieves, propietaria de una casa en Mata Redonda, recuerdan que muchos salieron por indemnización, pero otros decidieron apelar a un acto conciliatorio. Cada cual aceptaba los términos acordados con el Estado, distintos a lo establecido en la sentencia (avalúo y pago de la vivienda), y que incluían desde casas en el mercado secundario hasta apartamentos del programa gubernamental Gran Misión Vivienda. Otros tantos, como ellos, se quedaron rezagados y sin respuesta. Ha sido así desde 2010.

En 2015 el TSJ emitió una tercera sentencia judicial donde se acuerda, de nuevo, la ejecución de los fallos de 2006 y 2007, y ordenó concretar los pagos pendientes que hubieran quedado del acto conciliatorio de 2011. La decisión está en manos de un tribunal ejecutor en Maracay, pero aún los propietarios siguen sin ser indemnizados. “Ya agotamos todo lo jurídico, todo lo que dice el librito. Lo que está ocurriendo es una omisión inhumana, un drama humano que rebasa lo jurídico, porque además hay zonas que hoy están peores que como estaban La Punta y Mata Redonda en 1999, cuando se introdujo la demanda”, dice el abogado José Vicente Haro, defensor de 65 familias de La Punta y Mata Redonda.

Quienes quedan en estas comunidades tienen la certeza de que se cometieron hechos de corrupción en la resolución de cientos de casos. La mayoría sabe quiénes terminaron pagando dinero extra a peritos, a funcionarios públicos, o a intermediarios para que los indemnizaran, agilizaran la emisión del cheque, o abultaran el monto del avalúo.

Fernando Klein hizo las gestiones para su indemnización en 2008. Se negó a pagarle a la persona encargada de su caso y cuando recibió el cheque tan esperado, tenía un error en el nombre del destinatario. No hubo manera de arreglarlo. Ya habían visto una casa en otra zona lejana, que podrían comprar con esa indemnización más un crédito, pero por ese error todo se derrumbó.

“Si ese lago no lo hubieran llenado viviéramos felices aquí. Esta iba a ser mi casa para toda la vida y ahora tenemos cuatro metros de agua por encima. Nosotros fuimos estafados y el Estado no ha hecho nada, ellos están esperando que la naturaleza les haga el trabajo sucio y nos han pateado como les ha dado la gana”, comenta Marianelly Nieves. Lo dice porque desde hace dos años el agua potable llega dos veces a la semana, no tienen alumbrado público, ni recolección de basura, patrullaje, dragado del río Madre Vieja, ni mantenimiento. Es como si ya no viviera nadie y dieran por hecho que no hay servicios públicos que prestar. Es como si jugaran al cansancio y buscaran que los propietarios tomaran la decisión de irse sin ser indemnizados, para salvar sus vidas ante el riesgo de morir ahogados.

“Ellos saben que cualquier dinero invertido aquí se perdería, porque estamos en zonas inundables. Por eso abandonaron Mata Redonda, La Punta y todas las comunidades que están en alto riesgo por el lago”, señala Mildred Rojas, habitante de La Esmeralda, otra zona inundada de aguas negras. Para ella, el problema del Lago de Valencia se ha convertido en la caja chica de todos los gobernantes: locales, y regionales; una partida presupuestaria para un saneamiento donde varios cobran y nada se limpia.

Mientras en La Punta y Mata Redonda detuvieron las indemnizaciones, en Aguacatal, Paraparal y Brisas del Lago la gobernación de Aragua decidió declarar a esas zonas, desde 2012, como “refugios a cielo abierto”. Una paradoja. Sus casas anegadas con aguas de cloacas son el lugar seguro donde el Estado les exige permanecer. “Dicen que no hay refugios, ni viviendas, ni dinero, ni nada”, repiten los vecinos de Paraparal; allí, a finales de agosto, acudieron funcionarios de Protección Civil a darles un curso de supervivencia, de cómo evacuar la zona y qué hacer en caso de inundaciones. Lo mismo en Aguacatal 2, allí los médicos no han entrado a recorrer la zona por el miedo de adquirir una infección de las aguas servidas.

También resulta un contrasentido que los habitantes del sur de Maracay vivan con sus viviendas, calles y avenidas anegadas con aguas servidas que se ven, se huelen y se sienten, y que al mismo tiempo vivan un racionamiento de agua que solo les deja recoger algunos litros a la semana, por una especie de “racionamiento” para tratar de no incidir en los niveles del lago, que igual siguen en aumento.

Hasta el parador turístico de Yuma, en el estado Carabobo, donde Hugo Chávez realizó uno de sus programas dominicales en abril de 2005, y prometió sanear el Lago de Valencia en cinco años, hoy está bajo las aguas.

Un problema viejo

“Esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años”, apunta el ingeniero Jesús Castillo, director de la organización Agua Sin Fronteras, al momento de explicar lo que ocurre con este cuerpo de agua, que desde 1999 tiene en emergencia a sus vecinos de Maracay y Valencia.

“Lo que pasa es que siempre hemos actuado a espadas del lago, porque en lugar de ser visto como una gran oportunidad económica, agrícola y turística para la región, lo tenemos como una gran poceta que recibe todas las aguas residuales de las ciudades e industrias”, remata, disculpándose por la comparación.

La cuenca del Lago de Valencia dio un viraje a partir de la década de los 80, cuando se estimuló la expansión urbana e industrial. Buena parte de sus tierras de vocación agrícola se urbanizaron con permisos del Estado. La región creció, se convirtió en uno de los polos de desarrollo económico e industrial y atrajo a miles de venezolanos que decidieron hacer su vida en estas ciudades centrales, ubicadas a solo 2 horas de Caracas. Llegaron a concentrar a 13% de los habitantes de Venezuela, recuerda Castillo.

Pero como todo proceso de desarrollo, requería de trabajos paralelos para mitigar su impacto en la cuenca. He allí la deuda. El lago pasó a convertirse en un problema ambiental, sanitario, económico y social, que suma al menos 12 zonas residenciales ahogadas en sus aguas, siete comunidades de Maracay (unas 8 mil familias) en alto riesgo, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desacatadas, seis decretos de emergencia ignorados, 8.000 hectáreas productivas bajo el agua y 14 obras de saneamiento planificadas y financiadas, pero no ejecutadas. Quienes residen en los alrededores de la cuenca del lago protagonizan una lucha desproporcionada: son ellos solos contra la naturaleza y contra la indiferencia del Estado.

Único en Latinoamérica

A finales de la década de los 70, el lago de Valencia o Los Tacariguas tenía una cota (altura) de 401 metros sobre el nivel del mar. Bajo esta referencia, el Estado venezolano comenzó a otorgar permisos para construir viviendas en terrenos de la cuenca, al sur de Maracay, mientras el Ministerio del Ambiente fijaba, en 1978, la cota máxima de seguridad, o de estabilización del lago en 408 metros sobre el nivel del mar, recuerda Germán Benedetti, ingeniero mecánico y exlegislador del estado Carabobo. Ya en ese momento se sabía que las aguas del cuerpo lacustre podían llegar hasta ese nivel.

Los desarrollos habitacionales planificados por el Estado comenzaron a ejecutarse en terrenos localizados sobre la cota 408, como es el caso de la urbanización La Punta -ubicada en esa altura- y de Mata Redonda, construida sobre los 410 metros sobre el nivel del mar. Pero también hubo otras construcciones que irrespetaron esa cota y levantaron viviendas en terrenos más bajos.

Para atender a la población que comenzaba a crecer junto con el desarrollo urbano e industrial de la cuenca del lago, entre 1975 y 1978 comenzó a construirse el Sistema Regional del Centro I y II, un acueducto necesario para dotar de agua potable a la región central de Venezuela y que, como todos, también implica la generación de aguas residuales. Es así como todas esas cloacas comenzaron a ser drenadas hacia el lago.

Según cálculos de Benedetti, unos 8.500 litros por segundo son descargados al lago desde entonces por este acueducto. En 1978 se condujo el cauce del Río Cabriales hasta el reservorio y terminó siendo un río de aguas servidas con 1.500 litros por segundo adicionales. En total, 10.000 litros por segundo llegan al reservorio de agua y se combinan con el cauce de otros 21 ríos, las descargas de las lluvias, y otro volumen importante de unos 16 metros cúbicos por segundo que recibe desde el embalse Pao-Cachinche, ubicado en Cojedes, también en el centro de Venezuela. Su pureza dejó de ser un atributo y su equilibrio natural, al usar sus aguas para el riego de las hectáreas agrícolas de la cuenca, comenzó a alterarse.

“Lo que está ocurriendo con el Lago de Valencia es uno de los problemas ambientales más graves de América Latina, no solo por la contaminación de sus aguas sino por el costo social que ha tenido el aumento de su nivel”, señala el ingeniero Castillo, de Aguas Sin Fronteras.

En esas condiciones, de recibir mucho y vaciar nada, o muy poco, la cota del Lago de Valencia fue aumentando progresivamente. En 1999 alcanzó los 408 metros sobre el nivel del mar por primera vez desde 1894, indica Benedetti, teniendo como referencia del libro de Alberto Bockh, El desecamiento del Lago de Valencia, y comenzaron a registrarse los primeros desplazamientos de familias afectadas por la crecida del lago, sobre todo en zonas populares y terrenos invadidos, sin mayor reacción de los gobiernos locales y regionales.

El agua del lago comenzó a cubrir calles y avenidas, las cloacas –por momentos- se devolvían por las cañerías de las viviendas, se filtraban por el piso y brotaban a través de las alcantarillas. Una rareza que se convirtió en rutina, una rutina asociada a la época de lluvias (en Venezuela suele ser de mayo a noviembre), y un escenario recurrente que ha empeorado junto con el incremento de los niveles del lago en los últimos 18 años.

“Cuando llueve no puedo bajar el agua de la poceta porque se me devuelve”, relata Betty Carrero, quien vive en el sector La Esmeralda. Lo mismo relata Merly García desde Aguacatal 2. “Todo esto es pura agua servida, pura mierda”, precisa Judit Bandes en Paraparal, una de las zonas más afectadas este año por las lluvias, el desborde de las cloacas y aumento del lago.

El sector lleva casi dos meses inundado. El 5 de septiembre falleció un vecino, un joven de 36 años que ayudaba a sacar enseres de una casa, montado en su caballo. El animal pisó un cable con electricidad que estaba bajo el agua y ambos murieron electrocutados. “Esto es agua de cloacas acompañadas con un poquito de agua de laguna”, volvió a explicar la señora Bandes.

Tal ha sido el efecto del lago de Valencia en Paraparal que en 2013 se construyó un muro para evitar que el lago volviera a afectarlos, pues en 2012 vivieron un momento crítico. “Ese año nos dijeron ‘Paraparal sale completo’ porque ya se habían mezclado las aguas servidas con las limpias en las tuberías. Mira donde estamos”, dice Belén Arcano. El muro, construido por la estatal petrolera Pdvsa, no se completó.

Esta comunidad está ubicada en la parroquia Monseñor Feliciano, sector que ha perdido un tercio de su territorio por el avance del lago, incluidas 420 viviendas del barrio La Vaquera, cinco escuelas y tres centros de salud, indica el ingeniero Jesús Castillo. Además de La Vaquera, los vecinos de Paraparal han visto cómo han desaparecido otras comunidades aledañas: Platanal, Las Casitas, Armando Reverón y cinco manzanas de Paraparal. Fueron desalojados entre 2005 y 2010 y los terrenos pasaron a ser ocupados por la bora que trae el lago.

“Yo tengo 36 años viviendo aquí y me da dolor perder mi identidad porque unos gobernantes no quieren hacer nada. Porque el asunto no es perder los corotos o perder la cédula en esta agua, es perder la identidad de vivir aquí”, relata Bandes, una licenciada en enfermería, con estudios de postgrado, que logró comprar su casa en los años 80, cuando trabajaba en un ambulatorio. Paraparal fue planificado por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).

La más aceptada, y que lleva más de 20 años en ejecución, es la “Alternativa Oeste”, que plantea, como puntos importantes, la construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Lago de Valencia. Solo se han construido tres: Los Guayos, La Mariposa y Taiguayguai, entre 1995 y 1997, las dos primeras en el estado Carabobo y la última en Aragua.

La planta Los Guayos dejó de funcionar en 2016 y actualmente no solo está desmantelada por el robo de sus equipos, sino también inundada por el lago de Valencia y la bora. La de La Mariposa, encargada de tratar las aguas del lago para trasvasar 5600 litros por segundo hasta el embalse Pao-Cachinche (uno de los pocos desahogos del lago), dejó de funcionar en agosto, alertó Marino Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua. Y la planta de Taiguayguay está abandonada. No hay cómo sanear esas aguas.

Junto a estas plantas debía construirse una red de colectores de aguas negras en Maracay, que desviaran las cloacas a estas plantas de tratamiento y las restantes 14, para que fueran saneadas y, de ser posible, trasvasadas. Tampoco se ha concluido esta red.

Una auditoría realizada por la Contraloría del estado Carabobo en el año 2009, sobre la gestión ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, precisa que entre 1999 y 2009 solo se había podido construir 93 kilómetros de colectores marginales, lo que se traducía en la conexión de apenas 51% de las cloacas hacia las plantas. En este caso, las obras formaban parte del “Proyecto de Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia”, aprobado en 2005 para ser ejecutado en 4 años; debía estar listo en 2009. Dichas obras ya habían sido aprobadas en 1999 para construirse en cinco años. No se ejecutaron y se volvieron a presupuestar.

Entre 1999 y 2009, el Estado venezolano invirtió Bs 747.766.208,14 en planes, programas y proyectos dirigidos a solventar el problema ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, detalla el informe de la Contraloría regional. Esa cantidad equivale a 343.337.829,36 dólares, y si se le suman los montos aprobados entre 2009 y 2012, la cifra asciende a 385 millones de dólares. Es decir, con la cantidad invertida en 13 años el chavismo pudo haber construido una vía de navegación como el canal de Panamá, o 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano.

Son millones que no se ven retribuidos en mejoras, pues desde 1999, cuando llegó a la cota máxima de seguridad (408 msnm), ha seguido aumentando su nivel. En 2005 llegó a 410 msnm y en 2012 a 413,43 msnm, dos años en los que se registraron las emergencias más importantes por la crecida de sus aguas, y que todos al sur de Maracay recuerdan. Ahora 2017 pudiera terminar como otro año recordado, por una nueva emergencia en curso.

Al no haberse culminado la red de colectores de aguas servidas ni las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cloacas de Maracay no han dejado de drenar al lago. Al subir el nivel, las tuberías que desembocan en él han quedado por debajo, ocasionando una descarga sumergida, explica el ingeniero Castillo. Como la presión del lago es mayor que la que traen las aguas servidas por las tuberías, impide que se descarguen y lo que hacen es devolverse. Esto lo viven los habitantes cercanos al lago, pero también los que residen más lejos, que, si bien no ven las aguas tocando la puerta de sus casas, se afectan igual porque no les bajan las pocetas y se rebosan los inodoros.

Así se explican las inundaciones con aguas negras, cubiertas por una alfombra verde de lemna, de alturas entre 20 y 40 centímetros que desde hace dos meses afectan a las familias de Paraparal, Aguacatal, Brisas del Lago, Las Vegas y Mata Redonda. Con las torrenciales lluvias de 2017 se han desbordado los ríos porque, como si ya no fuese suficiente, sus cauces tampoco pueden llegar al lago para drenar por lo crecido que está. Esto es lo que ha ocurrido desde julio con el río Madre Vieja, que pasa cerca de Mata Redonda y La Esmeralda, y con el canal Sudantex que bordea a Aguacatal. Ambos ríos reciben cloacas.

Cultivos que ya no están

El nivel del Lago de Valencia podría disminuir si sus aguas, incluso contaminadas, regaran los cultivos de caña de azúcar. Como debe pasar por un proceso industrial para la producción de azúcar, no hay riesgo de que las aguas servidas afecten el producto final.

“La caña es lo más barato que hay para salvar al lago, es un cultivo estratégico en el control del nivel porque es una planta de alto consumo de agua”, explica Rafael Chirinos, ingeniero agrónomo, exdirectivo de la Sociedad de Cañicultores de Aragua (Socaragua).

Pero desde 2009, con un decreto que prohibió sembrar caña de azúcar en 53.000 hectáreas, ubicadas entre Aragua y Carabobo, la producción en la cuenca del lago disminuyó, aunado a las amenazas de expropiación de fincas que llevaron a varios cañicultores a cambiar de rubro. El decreto pretendía sumar esas tierras a la cosecha de otros alimentos, como tomate, cebolla y pimentón, para sumarlos al plan de Soberanía Alimentaria. Un error grave, aseguran los expertos, porque los productos hortícolas no pueden ser regados con las aguas residuales del Lago de Valencia, pues son alimentos de consumo directo, no pasan por un proceso industrial.

El proyecto no se ejecutó. Tres años después, en 2012, en el decreto 8844 se incluyó un artículo que pedía aumentar las cosechas de alto consumo de agua en la cuenca del Lago de Valencia. Pero no se ha sembrado más caña de azúcar porque no hay recursos para hacerlo.

En el caso de las tierras de Aragua ubicadas en la cuenca, las hectáreas de cosecha disminuyeron de 11.000 a 3.000. A medida que bajó la producción de caña de azúcar, aumentaron los niveles del lago, haciéndose evidente en 2011 y 2012, cuando se presentó otra emergencia.

En 2011, viendo que los niveles del lago se habían elevado 3 metros tras la caída de la producción, Socaragua propuso al Ministerio de Agricultura sembrar 3.100 hectáreas de caña de azúcar en un lapso de tres años. No les respondieron. Por iniciativa propia, explica Chirinos, un grupo de cañicultores decidió ejecutar el plan y han sembrado 1.000 hectáreas nuevas por su cuenta, pero para llegar a las 3.100 necesitan que el Estado les apoye con 5 millones de dólares.

Entre tanto, y de manera progresiva, cientos de hectáreas de caña de azúcar ubicadas en la cuenca del lago que limita con el estado Carabobo se han ido perdiendo por el aumento del nivel de las aguas. La mayor afectación en este estado, a diferencia de Aragua, es justamente en terrenos agrícolas y carreteras.

La Finca Montecristo, en el municipio Los Guayos, es un ejemplo. Pasó de tener 40 hectáreas hace 20 años a solamente dos, porque 38 hectáreas están bajo las aguas del lago. Hace dos décadas sembraban las 40 hectáreas completas de caña de azúcar. Hace 8 años se vieron obligados a cambiar de rubro pues no es rentable cosecharlas en baja cantidad, relató Carlos Delgado, encargado de la finca. Es una tragedia definitiva. Aunque se produzca el milagro de la disminución del nivel del agua ya no será posible sembrarlas.

Cuenta Andrea Wulf en su libro La invención de la naturaleza, que Alexander Von Humboldt desarrolló su idea sobre el cambio climático provocado por el ser humano justamente en el Lago de Valencia, en el año 1800. En ese entonces, cuando se encontró con él en una visita a los valles de Aragua, los lugareños le comentaron que el lago estaba disminuyendo su nivel con cierta rapidez, y que temían que se tratase de un río subterráneo. Tras observar su ecosistema, Humboldt concluyó que la tala de bosques circundantes y el desvío de las aguas que solían alimentar al lago para regar los campos agrícolas, habían hecho descender los niveles. ¿Qué diría Humboldt ahora, si se encontrara con el Lago de Valencia en las actuales condiciones?

Fotos: César David Bracamonte / Patricia Marcano

Lo suyo es claramente el chavismo. Lo dice en sus redes, lo sugieren sus sentencias, lo desnuda la gorra roja con la que se presenta. Y no es el único: al menos uno de cada tres jueces de la República Bolivariana de Venezuela aparece circunscrito en las listas de militantes de la revolución.

Ya a principios de 2006, los magistrados de la República inauguraron el año judicial con el célebre “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. Cubiertos por la majestad que embiste la toga negra de la justicia, se levantaron de sus asientos en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para corear el estribillo que solía convocar a los seguidores del líder de la revolución bolivariana. Presente en el auditorio, cual acto electoral, un Hugo Chávez henchido se inflaba de aplausos mientras agradecía el gesto.

Los magistrados venezolanos son chavistas. Ya no es nuevo advertir que la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia está teñida de rojo, pero aguas abajo resulta que buena parte de los jueces venezolanos también están directamente comprometidos con el Gobierno. Sus vínculos quedan de manifiesto, en esta investigación, tras el cruce de cinco bases de datos que mezcla la lista oficial de todos los jueces penales del país con cuatro de los registros que el buró político de la revolución ha venido filtrando desde 1999. Conclusión: 40% de los jueces penales son o al menos han sido acólitos del partido de gobierno.

Aunque el Poder judicial suma 1.125 tribunales penales en todo el país, solo confirma los nombres de 823 jueces a su cargo. De ellos, 332 están en al menos una de las listas de militantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela almacenó en los años 2007, 2012 y 2013 o en una anterior del otrora Movimiento Quinta República que encabezaba el ex presidente Hugo Chávez.

Diecinueve de esos jueces incluso están apuntados y refrendados en todas las listas del chavismo. Destaca en ese club la jueza del Área Metropolitana, Fanny del Valle Sánchez, que impuso en 2010 régimen de presentación cada 20 días contra el diputado de la oposición por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, hoy recién encarcelado por un caso político y en ese momento sentenciado por primera vez a causa de un altercado con una funcionaria policial que demandaba abuso a la autoridad, luego de que el parlamentario pasara a convertirse en disidente del gobierno.

Figura también, entre los incondicionales, el juez Javier Toro Ibarra, cuyo nombre quedará remachado al caso de Araminta González, la joven químico que cayó presa en 2014 tras unos explosivos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dice que encontró en su casa durante un allanamiento que unos “patriotas cooperantes” le incriminaron.

Son jueces políticos. Que sus nombres estén asentados en las trincheras del PSUV confirma que en Venezuela la justicia no es ciega. “Incluso aunque hayan sido coaccionados a inscribirse en cualquier partido”, señala la abogada Laura Louza, quien en los últimos años ha venido advirtiendo sobre la falta de independencia del sistema judicial desde la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. “Si fueron obligados a formar parte de un partido es aún más grave, porque retrata a la justicia como brazo ejecutor del Gobierno”.

Peor que Afganistán

Si el artículo 26 de la Constitución garantiza una justicia “imparcial”, es aún más expresa en el 256 sobre la necesidad de jueces, fiscales y magistrados ajenos a alguna parcialidad: “(…) desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función”.

Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Verbigracia, el caso de Edgar Daniel Parra Barrios, que ejerció funciones de juez en el Circuito Judicial Penal del estado Mérida luego de presidir el Frente de Abogados Socialistas y la Asociación Bolivariana de Abogados. Ni hablar del presidente del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, Jaime de Jesús Velásquez Martínez, que hasta 2004 fue viceministro de Seguridad Jurídica del gobierno de Chávez.

No en vano, Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Estado de Derecho que año a año publica el World Justice Project, para medir el acceso a la justicia que un ciudadano común encuentra en los tribunales de 113 países diferentes. Aun por detrás de Afganistán y Camboya, la justicia bolivariana lleva más de cinco años a la cola del mundo, de acuerdo con los resultados de más de 100.000 encuestas –aplicadas en simultáneo en todos los países– que miden precisamente el funcionamiento de la justicia penal, así como separación de poderes, lucha anticorrupción, gobierno abierto y derechos humanos entre otros temas.

Sin ir tan lejos, más de la mitad de la población venezolana valora negativamente a sus jueces. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 –que llevan en conjunto las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar–, 56% considera como “muy malo” su trabajo. Al frente de ese estudio, el investigador Roberto Briceño-León indica que aun peor es la idea que el país se ha hecho sobre la relación entre los jueces y los delitos: 52% los vincula directamente mientras que otro 32% cree que están más o menos relacionados.

Al margen de percepciones, la realidad demuestra que se trata de funcionarios vulnerables, subordinados a un sistema en el que carecen de autonomía. Del total de 1.125 tribunales penales que hay en el país, en solo 273 se encuentran jueces titulares, de acuerdo con la data procesada para este trabajo, que presenta el TSJ con algunas imprecisiones. Es decir, solo uno de cada 4 jueces es titular, el resto son provisorios, accidentales, itinerantes, suplentes o temporales que bien pueden ser destituidos sin proceso disciplinario alguno. “El portero de un tribunal goza de más estabilidad que el juez que lo preside”, resume Briceño-León.

El perfil del jurista

Si hubiera que hacer un perfil del jurista a cargo de los tribunales penales, los datos indican que se trata de un abogado egresado principalmente de la Universidad Santa María de Caracas y cuyo cargo no obtuvo a través de un concurso de oposición como lo manda la Constitución en el artículo 255. Es simpatizante del chavismo y en 40% de los casos incluso se afilió al partido de gobierno.

En ocasiones hasta se muestra más severo con partidarios y dirigentes de la oposición venezolana. Para muestra Alfredo Baptista Oviedo, del Circuito judicial penal del estado Aragua, quien milita en el PSUV y tuvo más clemencia para sus camaradas, los pistoleros de Puente Llaguno, que con un grupo de jóvenes que el año pasado participaron en una protesta contra el primer mandatario, Nicolás Maduro.

En sentencia conjunta con otros dos colegas, Baptista declaró inocentes y liberó a cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas disparando contra la concentración que pedía la renuncia de Chávez. Pero privó de libertad el año pasado a 13 jóvenes que participaron en la marcha que la Mesa de la Unidad Democrática convocó el 26 de octubre con el nombre de la “Toma de Venezuela”.

El sistema premia a los chavistas. Los magistrados Maikel Moreno y Marjorie Calderón llegaron hasta la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia luego de forjarse –precisamente en los tribunales penales– con fallos contra presos políticos emblemáticos como el comisario Iván Simonovis. Los eficientes escalan, pero el aparato también sabe expulsar y castigar a los que se salen del molde. Es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, para quien la Organización de Naciones Unidas pidió en 2010 su liberación inmediata así como la reposición de su cargo como titular del Tribunal 31 de Control de Caracas, del que fue destituida tras dictar medidas cautelares contra Eligio Cedeño, otro preso político.

La sombra del caso Afiuni

“En Venezuela los jueces no deciden sino que complacen los caprichos del Gobierno”, afirmó Afiuni el 30 de junio de 2015 en una de las mismas salas de audiencia del Palacio de Justicia de Caracas en las que, años antes, destacaba en el podio. "En seis años me destruyeron mi vida, la de mi hija y la de mi familia".

Ese día, Afiuni rompió el silencio sobre una retahíla de torturas y vejámenes que había mantenido en reserva. Narró que una patada con la bota de una funcionaria de la Guardia Nacional le provocó una distorsión en uno de sus senos. Que fue obligada a compartir pabellón y recibir golpes y acosos de reclusas que previamente habían sido condenadas en su despacho. Que en varias oportunidades rociaron con gasolina su celda. Que fue víctima de varias golpizas y que nadie, nadie, hizo nada para evitarlo.

“Quiero que sepa una cosa: a mí me vaciaron el útero”, dijo mirando a uno de los tantos jueces que conocieron el caso. Otro de ellos, ironías de la vida, fue Alí Paredes, el siguiente en caer preso luego de que la Comisión Judicial lo señalara de favorecer al narcotraficante venezolano, Walid Makled, y sus hermanos.

Paredes fue más clemente con los Makled que con la propia Afiuni, a quien no solo le negó medidas sustitutivas de libertad sino también tratamiento médico. La defensa de la jueza solo atribuía este comportamiento a vínculos entre el jurista y el Gobierno, que hoy se constatan en los registros de militantes del PSUV. “Nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre (...) por la revolución doy la vida como la expuse el 11 de abril en Puente Llaguno”, escribió en 2009 en la página web del mismo partido de gobierno.

Aun con carnet, la revolución también se come a sus hijos. El de Paredes es un ejemplo de los 332 casos de jueces chavistas que desarropa esta investigación y que pululan por los pasillos de los tribunales.

Allí sin embargo, en los vericuetos del sistema judicial, no hay respuestas sobre este tema: como si se tratara de una novela de Franz Kafka, no fue posible que algún representante del Tribunal Supremo de Justicia explicara cómo los de Venezuela son jueces rojos. Mucho menos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura donde, a falta de respuestas, en el Departamento de Seguridad de la institución tomaron los datos del autor de la nota y confiscaron su cédula durante un interrogatorio que reclamaba las motivaciones de sus preguntas.

En lugar de explicar los artilugios que emplean para elegir a los jueces encargados de dirimir los homicidios y secuestros de uno de los países más violentos del hemisferio, la tarde del pasado 6 de julio les pareció sospechoso que alguien indagara en el tema. “Tú eres gringo”, concluyeron.

Pero los detractores de García Urbano-Taylor creen que él ha recibido algo más que la bendición de un arcángel en sus florecientes negocios. El abogado es acusado de invertir dinero procedente de los bolsillos del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Marcos Tulio Dugarte en propiedades en Venezuela.

Según un expediente consignado en la Asamblea Nacional, García Urbano-Taylor había traspasado 14 de 17 apartamentos comprados a la constructora Edivial a la compañía Actiempresa 2006 Inmuebles e Inversiones, perteneciente a Alejandro Rivero Romano, a finales del año 2010. El propietario de esta empresa –agrega el documento–, realmente, sería el exmagistrado Dugarte, quien, supuestamente, emplea a Rivero y García Urbano-Taylor como sus testaferros. “García Urbano-Taylor hacía continuas referencias al magistrado Dugarte, al que calificaba como ‘su inversionista principal’ y lo llamaba El Magis. Informó que El Magis había puesto dos apartamentos del proyecto La Tahona a nombre de su esposa, la notaria (Subgey Alejandría Saab Madriz)”, señala la misma denuncia.

De acuerdo con un correo enviado por el abogado García a los ingenieros Humberto y Enrique Padrón, copropietarios de la constructora Edivial, cuatro de esos apartamentos traspasados a la compañía Actiempresa estaban destinados a los hijos y un yerno del exmagistrado del TSJ: Daniela Mercedes Dugarte Briceño, Diana Victoria Dugarte Briceño, Marco Tulio Dugarte Briceño y Gustavo Adolfo Becerra La Cruz. La formalización de este trámite se haría en la Notaría de Río Chico, en el estado Miranda, dirigida en ese momento por la madre de García, Isabel Josefina Urbano-Taylor.

La familia Dugarte ha sido una referencia en parte de la vida del abogado García Urbano-Taylor. En su boda con Ana Carpio estuvo como invitada Mariana Dugarte Angarita, sobrina del exmagistrado e hija de Juan Carlos Dugarte (actual jefe del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), en noviembre de 2008. En fotos se les ve abrazados, como amigos, y sonrientes en un amplio salón del hotel Gran Meliá Caracas.

La polémica familia Dugarte

Cuando Marcos Tulio Dugarte fue magistrado de la Sala Constitucional del TSJ estuvo involucrado en varios escándalos que oscurecieron su imagen pública. Su esposa, Subgey Alejandría Saab Madriz, y otras 13 personas fueron arrestados el 18 de abril de 2009 por estar relacionados con una notaría pública paralela. Todos fueron imputados por cometer los delitos de falsa atestación de funcionario público, asociación para delinquir, peculado de uso, tráfico de influencias y corrupción. Pero apenas estuvieron seis meses en la cárcel, pues un tribunal les dictó una medida sustitutiva de libertad.

En mayo de 2012 otra noticia salpicaría a Dugarte. Luis Velásquez Alvaray, un exmagistrado prófugo, concedió una entrevista al canal internacional SoiTV para acusar a varios funcionarios del Estado venezolano de estar involucrados con supuestas mafias del narcotráfico.

Velásquez Alvaray lanzó un zarpazo contra Dugarte: “Es el abogado de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Venezuela”. Ismael García, un parlamentario que se había separado de las filas del chavismo para militar en la oposición, persistió en la denuncia. Según el diputado de la Asamblea Nacional, el magistrado y el exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo El Pollo Carvajal habían huido del país sudamericano debido a las acusaciones hechas por Velásquez Alvaray.

Pero Dugarte desmintió al parlamentario de la oposición en La Hojilla, un talk show conocido por exaltar al chavismo, al llamar por teléfono al conductor del programa, Mario Silva, para decir que se hallaba en Venezuela. “Es una infamia. Siempre hemos estado aquí y aquí seguiremos porque el amor hacia la patria es muy grande… Este es un Poder Judicial que ha evolucionado, un estado de justicia social y de derecho donde se toma en cuenta a las personas, donde la justicia es igual para todos”, dijo. El exdirector de la DIM no acudió al programa por supuestamente estar enfermo, aunque dos años después, en junio de 2014, fue detenido en Aruba por orden de Estados Unidos que lo acusa de presuntos nexos con el narcotráfico y las Farc. Carvajal fue liberado horas más tarde gracias a la intervención del gobierno holandés, que reconoció su inmunidad diplomática que otorgaba su designación como cónsul de Venezuela en ese territorio de ultramar.

Luego de las acusaciones, Dugarte mantuvo bajo perfil. Dos meses antes de las elecciones parlamentarias en Venezuela (diciembre de 2015), él y otros 12 magistrados fueron sorpresivamente jubilados del Poder Judicial. La oposición consideró esto como una jugada del Gobierno para mantener el control del TSJ ante la inminente derrota del chavismo en los sufragios. La Asamblea Nacional, entonces dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (fundado por Hugo Chávez), designó a sus fichas en el Supremo para un nuevo período. Hasta ahora existe un conflicto entre ambos poderes.

Los señalamientos contra el exmagistrado reaparecieron hace unos días. El miércoles, 30 de noviembre, la Asamblea Nacional envió una citación al exmagistrado Dugarte, a sus allegados Subgey Saab, Diana Dugarte, Gustavo Becerra La Cruz, César García, Isabel Josefina Urbano-Taylor y al abogado Octavio Calcaño para comparecer el 7 de diciembre en las oficinas de la Comisión de Política Interior del Parlamento, en el centro de Caracas, por asuntos referentes a las denuncias hechas por los propietarios de Edivial. 

El contrato de la discordia

Los propietarios de Edivial continuaron negociando inmuebles con García Urbano-Taylor luego de la compra de un lote de terrenos en El Rosal (este de Caracas). Uno de los contratos firmados con el abogado fue el proyecto Las Mercedes 711 –la semilla de la Torre SMA– que ahora encarna la discordia más resaltante entre estos empresarios.

El deterioro de las relaciones empresariales coincidió con la intervención de varias obras habitacionales de esta constructora, dictada por el presidente Hugo Chávez en octubre de 2010 debido al supuesto incumplimiento de la empresa con los clientes. Humberto, Enrique y Ricardo Padrón y Rafael Ontiveros, copropietarios de Edivial, decidieron salir de Venezuela para pedir establecerse en Estados Unidos ante la posibilidad de ser arrestados por las autoridades venezolanas. Desde ahí han denunciado que fueron estafados mediante la supuesta falsificación de un contrato que traspasaba la construcción y venta de la Torre Las Mercedes 711 –ahora llamada SMA– a García Urbano-Taylor y otros socios.

El documento certificado el 16 de diciembre de 2010 en la Notaría Pública de Río Chico –la misma en la que trabajaba la madre de García Urbano-Taylor– tiene las rúbricas de Humberto y Enrique Padrón, y Jorge Jiménez. Pero estos socios ahora aseguran no haberlo firmado y tampoco autenticado. Uno de ellos, incluso, señala que no estaba en Venezuela en el momento de la certificación del contrato; pues entre el 5 de noviembre de 2010 y el 4 de enero de 2011 estuvo en Estados Unidos (así se aprecia en las copias de su pasaporte). “Caímos en una trampa. García invirtió en muchos inmuebles y se asoció en proyectos con nosotros, pero después se aprovechó de nuestra desgracia. ¡Hasta sumó a nuestro abogado de toda la vida, Octavio Calcaño, a su equipo!”, dice Ontiveros en una entrevista concedida vía Skype.

García, entretanto, no se ha referido al tema. Aunque se le contactó para este trabajo, no hubo ningún tipo de respuesta bien sea por teléfono o correo electrónico. Ya se sabe, de cualquier modo, que su familia –los Urbano-Taylor– tienen una tradición inmobiliaria, aunque no todos han optado por asentar sus negocios en Venezuela. La empresaria Vanesa Urbano-Taylor Romero, hija del sociólogo y dirigente político opositor Henry Urbano-Taylor (tío de César García), aparece mencionada en la base de datos de la firma Mossack Fonseca –protagonista de los Panamá Papers– por un contrato de opción de compra y venta de un edificio en Ciudad de Panamá, en 2014.

Sin embargo, García Urbano-Taylor no abandona el inestable terreno venezolano. El abogado ahora es director de la empresa Promotora Inmobiliaria 711, la constructora Urbi-et- Orbi y la Corporación Inmobiliaria SMA 33; además de promotor de la torre SMA en Venezuela. Su apuesta casi altruista está escrita en un artículo de opinión, publicado el 11 de julio de 2016 en la revista digital Entre Rayas, donde se apodera de un comentario escuchado en un aeropuerto para llegar a una conclusión: “El futuro siempre es incierto y solo tenemos potestad sobre el presente y en este presente las oportunidades inmobiliarias saltan a la vista de quien se dispone a verlas, sin la bruma del pesimismo… Y todas ellas están en Venezuela: el mejor lugar del mundo para invertir”.