Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira. 

Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.  

La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.

Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída. 

Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.

Es por eso que ahora sorprende la aparición de su nombre en el listado definitivo de exfuncionarios del chavismo con propiedades y empresas en Florida, resultante del cruce de los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos designados entre 2007 y junio de 2022, con los registros de la División de Corporaciones de Florida, y que ha dado lugar a la serie Miami Nostro, que de forma conjunta publican Armando.info y el Miami Herald.

En los registros, cuya búsqueda también fue apoyada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), se constata que Porras, bien lejos del Socialismo del s. XXI, armó un emporio de bienes raíces en Miami, el puerto soñado en Estados Unidos para el capitalismo latinoamericano.  

El despertar inmobiliario

La hoy exmagistrada se transformó en una virtual magnate de los bienes raíces en el sur de Florida y en Panamá en combinación con su marido y sus dos hijas: Mariela Salas, también ex jueza en el estado Táchira, y Onelymar Salas, que hasta 2011 figuró como funcionaria del Seniat, el ente tributario. 

Porras, sus hijas y sus dos yernos, registraron 11 empresas en Florida y una en Panamá, mientras compraron 10 propiedades en Florida y otras dos en Panamá. En conjunto, el valor de sus inversiones supera los 3,4 millones de dólares, si se toman en cuenta los precios indicados en diversos documentos públicos.

Empezó a comprar en 2008, cuando todavía desempeñaba el cargo de magistrada en Venezuela. Porras se casó por segunda vez ese año con el coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008, Luis Roa Vivas, quien luego de jubilarse del Ejército, también en 2008, compró un apartamento en Florida valorado en 151.000 dólares americanos, según los datos del Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade: tres habitaciones y dos baños, en un condominio construido en 1986 en la localidad de Tamiami. 

Al año siguiente, en 2009, Porras y su esposo crearon en Florida la empresa Inversiones Sofia LLC, con la que luego se dedicaron a comprar apartamentos y casas y que aún se mantiene activa. Ese año, con esta nueva empresa, compraron otra propiedad ubicada en Doral, uno de los enclaves predilectos del exilio venezolano en Miami Dade. Esta inversión, más ambiciosa, está valorada en 560.000 dólares. El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, piscina y jacuzzi. 

En agosto de ese mismo año, su hija menor, Onelymar Salas, que estudió Contaduría, compró dos apartamentos en Panamá, valorados cada uno en 118.000 dólares, además de otra casa en octubre de 2011, pero ubicada en Doral. Esta última, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, costó 420.000 dólares, siempre según el Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade. Amigos cercanos a la familia aseguraron a Armando.Info, que Onelymar fue la primera de la familia migrar a Estados Unidos cuando todavía su madre estaba en la carrera judicial en Venezuela. 

Durante su gestión, Porras se mostró como una celosa guardiana de los intereses del chavismo gobernante. Varios de sus antiguos colegas comentaron a Armando.info que Porras no vacilaba en hacer presiones a abogados y jueces en funciones para que estos se plegaran a los deseos del gobierno en determinadas decisiones. “Porras quería crear un sistema judicial solo con sus aliados y amenazaba con destituir a quien no acataba sus órdenes”, dice una exjuez del Táchira que pidió mantener el anonimato.

Ya habían pasado siete años desde su primera transacción inmobiliaria en el sur de Florida cuando el infortunio alcanzó a Porras: cayó en un lote de 13 magistrados que fueron jubilados de forma prematura por el chavismo gobernante en 2015. Fue parte de una maniobra del oficialismo, que entre gallos y medianoche intentaba dejar bien amarrado desde la Asamblea Nacional un Tribunal Supremo a su gusto para un nuevo período. Pero eso implicaba sacar algunos magistrados para abrir espacio y meter otros. 

Aquella jubilación, forzada y temprana, sin embargo dio pie para que Porras protagonizara una metamorfosis salvadora. A partir de 2015 pudo afirmar que era una perseguida política y en 2016 hizo oficial esta denuncia ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Así pudo entrar, ya de lleno, en el negocio de los inmuebles. En 2016, y en menos de dos semanas, adquirió dos nuevos inmuebles a través de Inversiones Sofia LLC.

El primero, una casa de tres habitaciones y dos baños, lo adquirió el 7 de septiembre de 2016 por 180.000 dólares. El otro, una casa de un piso, dos habitaciones y dos baños, también en Doral, una semana después, el 22 de septiembre, por 258.000 dólares. 

El próximo hito de los negocios de la pareja ocurrió en 2018, cuando Porras y su esposo registraron la empresa 5083 Doral West Llc, disuelta el 6 de febrero de 2019. 

En ese 2019 de prosperidad,  su hija, Mariela Salas, compró otra propiedad, también en Doral, por 180.000 dólares, que vendió en 2021 por 225.000 dólares. Los Roa-Porras también crearon Súper Génesis LLC el 1 de agosto de 2019, que sigue activa. 

También en 2019, pero en enero, la pareja había adquirido una casa por 294.000 dólares. Luego, Porras se hizo con otra propiedad valorada en 412.000 dólares a su nombre, con tres habitaciones y un dormitorio con vista a la piscina, bañera romana y patio, ubicada en el condado de Broward, justo al norte de Miami Dade. 

En enero de 2020 compró a través de su empresa, Inversiones Sofia LLC, un apartamento valorado en 225.000 dólares. Pero sería en 2020 cuando estableció su registro por la compra más cara: una casa recién construida, también en Doral, de 3,690 pies cuadrados -unos 350 metros cuadrados- con cinco habitaciones y cinco baños, valorada en 800.000 dólares para el momento de la compra. La transacción la hizo a nombre de su hija, Onelymar Salas, y el esposo de esta, Wilson Lastra, funcionario del Consejo de la Judicatura hasta 2012 y quien entre 2018 y 2019 se identificaba en redes sociales como realtor en Florida.

Su hija, Mariela Salas, fue contactada por la autora de este reportaje en tres oportunidades a través de Whatsapp para solicitar una entrevista, pero no respondió a ninguno de los mensajes. Su yerno también fue contactado a través de Whatsapp y a su hija menor, Onelymar Salas, se le solicitó una entrevista a través de sus redes sociales. Ninguno contestó a los requerimientos.

Revelación tardía

En Táchira hay quienes se refieren a Porras como “la dama de hierro de San Cristóbal”, una analogía que en poco o nada está vinculada al talento de férreo gobierno de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher, sino a la mano dura e insistente con que Porras alineaba el poder judicial regional con sus intereses y lealtad política. Así, aseguran, podía llegar a obsesionarse con perseguir a cualquiera que no comulgara ni con el chavismo ni con ella. 

En mayo de 2004, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se establecieron mecanismos para que los mismos pudieran ser designados y removidos por una mayoría simple de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el partido de gobierno. En esa fecha, el terremoto en la carrera judicial alcanzó al resto de la pirámide, pues fueron suspendidos los concursos públicos de oposición, lo que consagró de facto que los jueces provisorios fueran nombrados sin concursos y que expuestos a los libres nombramiento y remoción.

Estas reformas desvirtuaron el carácter imparcial del Poder Judicial e incentivaron, en cambio, que las subsiguientes generaciones de jueces y magistrados se preocuparan primero por mostrar lealtad al gobierno.

Carmen Porras lo entendió rápidamente o al menos así se desprende de un expediente que se fue confeccionado en el tiempo desde el año 2002 por colegas jueces con al menos diez denuncias que se entregaron a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, instando a esos organismos a evaluar el comportamiento ético de la magistrada. En el documento, Porras fue señalada por nepotismo, dar falso testimonio, influenciar juicios, perseguir abogados, amenazar a colegas y hasta perseguirlas, Así lo explicaron a Armando.info los autores del reporte, cinco excompañeros de la exjueza,  que pidieron la reserva de sus nombres.

Todos esos colegas recuerdan el pasado de Porras como militante de Acción Democrática (AD) -el partido socialdemócrata hegemónico de la antigua democracia puntofijista- y, luego, como parte del coloquialmente llamado chiripero, la sumatoria de facciones de centroizquierda que se congregaron en torno a la segunda presidencia (1994-99) del democristiano Rafael Caldera. De allí saltó al chavismo y, por fin en su última escala, como perseguida política. 

Ya con esa condición acudió a la Asamblea Nacional opositora a denunciar acoso por parte de sus antiguos compañeros de trabajo. El 17 de febrero de 2016, en una reunión privada, dijo en el Palacio Federal Legislativo que recibió presiones para que pidiera su jubilación y aseguró que tuvo que esconderse. Agregó que recibió una llamada de la Presidencia del TSJ, donde la entonces -y ahora de nuevo- titular del despacho, Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo había requerido a otros 12 magistrados cuyos períodos en realidad se vencían en diciembre de 2016.

Luego, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional un año más tarde, el 16 de febrero de 2016 la exmagistrada, aseguró que el vocero del hostigamiento había sido el vicepresidente del TSJ de ese momento y cabeza de la Sala Penal, el magistrado Maikel Moreno, que a la postre sería el presidente del máximo tribunal de 2017 a 2022. “Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una decisión tomada'”, relató la exmagistrada, citando de memoria a Moreno.

La comisión parlamentaria que recibió la denuncia de Porras concluyó que sus declaraciones demostraban que la jubilación de ella y los otros magistrados había sido parte de un esquema diseñado entre los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente -casi unánimemente chavista- hasta 2015, “para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados a afectos al gobierno nacional, para crear una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo”.

Una tribu muy familiar

Ante esa hegemonía Porras no había tenido hasta entonces problemas para inclinarse, no solo con el propósito de asegurar su cargo, sino hasta para colocar a sus protegidos en puestos de trabajo y poder. Según colegas, consiguió insertar en la nómina del circuito judicial de Táchira a 11 familiares y 22 allegados.

Su hija, Mariela Salas Porras, fue secretaria temporal en las Salas de Control y Juicio, secretaria del Area Penal y, por último, juez de Primera Instancia Sección Adolescente del Circuito Penal. Su otra hija, Onelymar Salas Porras, desempeñó el cargo de Analista Profesional III, en la División de Servicios administrativos y Financieros de la Dirección Administrativa Regional (DAR) Táchira, y su ficha del Seguro Social indica que trabajó en el Seniat hasta 2011, justo el año en que compró la casa ubicada en el Doral. 

Su sobrina, Eva María Bustamante Porras fue defensora pública a partir del año 2000. Mientras que el esposo de Bustamente, Freddy Josué Duque Ramírez,  también se benefició entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de Juez Suplente del Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente, conjuez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de Estabilidad Laboral y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Los Andes (con competencia en los estados Táchira, Mérida y Barinas).

Su cuñada, Midrelis Yajaira Ruiz, y el hermano de su esposo, Régulo Roa Vivas, fueron alguaciles. Y así sigue una larga lista de cargos hasta conformar lo que se bautizó como la tribu de Carmen.

“Muchas veces intentó influenciar los juicios”, dice una exjuez de Táchira. Una abogada del mismo estado la acusa de hacer que todos sus casos se perdieran. “Mi bufete pasó de 900 clientes a solo 17 porque Carmen Porras los llamaba para que cambiaran de abogado y ella les haría ganar los casos”, denuncia la litigante.

Otro juez asegura que Porras lo amenazó con destituirlo porque su hija, Mariela Salas, iba a ser reubicada en la jurisdicción de San Antonio del Táchira, alejada de la capital regional. “Carmen Porras quería que el sistema judicial del Táchira fuera gente leal a ella, que acatara sus órdenes”, dicen sus viejos compañeros. 

El proceso de selección ha pasado por cribas subsiguientes desde el momento en que se hizo la convocatoria de candidatos: de un primer listado de 434 nombres, se llegó a uno más corto de 258, puesto a consideración de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales integrada, en su mayoría, por diputados de la Asamblea Nacional oficialista. Antes, los representantes de la llamada sociedad civil constituían mayoría en el comité evaluador, pero una reciente reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal, la misma que en enero de 2022 aprobó el recorte del número de letrados, incorporó más diputados. 

Lo que se ha conservado de la comisión es el proceso con apariencia de escogencia cualitativa. Si bien se sopesan credenciales, lo único indiscutiblemente cierto es que la idoneidad de los candidatos tiene que ver siempre con su proximidad política con el gobierno.

La short list semifinal agrupa a magistrados en busca de reelección, antiguos militantes del partido de gobierno, aliados de la coalición oficialista y disidentes de la oposición a los que de manera táctica se quiere aupar. Las credenciales pesan, aunque son las lealtades las que prevalecen. 

Puertas adentro se debate quién será el próximo presidente. O presidenta, según la mayoría de las apuestas. Hasta el momento de cierre de este reportaje dos nombres estaban sobre la mesa: Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez, mujeres con disciplina que se han ganado la confianza de los líderes chavistas. La primera, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, la segunda, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, exrectora del ente electoral y actual embajadora ante la Corte Penal Internacional (CPI), que es cercana a Cilia Flores, Primera Dama de la República. 

La certeza compartida entre los observadores es que este TSJ tendrá a cargo una delicada reestructuración del Poder Judicial, en medio del escenario que define la investigación que adelanta la CPI por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno de Nicolás Maduro.

A pesar de premisas tan claras y de la cesta monocorde de la que hay que escoger los nombres, se ha tardado en salir el humo blanco de la Asamblea Nacional. El pasado viernes 25 de marzo de 2022, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez Gómez -un polémico político, exministro y exalcalde, que junto a su hermana Delcy, vicepresidenta, conforman la yunta de mayor influencia en el gobierno de Nicolás Maduro- pidió “unas horas más” para trabajar la decisión. Aseveró que se iniciaría “el proceso de evaluación, discusión, conversación y consulta para que en plenaria los diputados del parlamento escojan a los mejores”. Pero ni con fórceps el parto se termina de consumar.

Jueces, políticos y algo más

Nunca se ha oficializado como un criterio explícito, pero a nadie sorprende que la lealtad política sea requerida a los magistrados del TSJ, creado por la Constitución de 1999. 

La primera demostración, patente y sin pudor, de que la independencia del Poder Judicial se había convertido en una antigualla burguesa que ni siquiera valía la pena aparentar, se dio en 2006, cuando todo el auditorio de la ceremonia de inauguración del año judicial, incluyendo a los propios jueces del Supremo, entonó el lema revolucionario: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”.

La serie Jueces Políticos de Armando.info ofreció pruebas tangibles de las distorsiones del sistema, que se mantienen en la actualidad y son afianzadas por los blindajes legislativos del oficialismo. El enroque ha sido natural: antes ministros, hoy diputados y mañana, posiblemente, magistrados. 

Y ahora toca más de lo mismo. Detrás del negro de las togas palpitan corazones rojos.

De la primera lista de 434 aspirantes, casi dos terceras partes (59,44%) aparecen en los listados de militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que deja en evidencia el incumplimiento de una norma primordial en los propios estatutos para elegir a los magistrados. 

Después de la preselección, los candidatos oficialistas sumaron 147 de los 258 que conforman este segundo grupo. Se mantuvo una proporción de 56,9%: casi seis de cada diez candidatos a magistrados aparecen como miembros del PSUV.

Para colmo, 42 de estos candidatos son o han sido contratistas del Estado. 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece como criterio rector que los aspirantes deben renunciar a cualquier militancia político-partidista y no realizar alguna actividad incompatible con las funciones del cargo. Las transgresiones a esos parámetros han debido detectarse durante las entrevistas con la comisión. Pero, además de un sesgo partidista, el proceso quedó marcado por la brevedad. Según trascendió en una nota de prensa de la propia Asamblea Nacional, 240 de los candidatos asistieron a sus citas presenciales para ser entrevistados por el comité de postulaciones en tan solo dos días: 110 el martes 22 de febrero y, al día siguiente, 130 adicionales. Es decir, sobre una jornada de 24 horas -si las entrevistas se hubieran realizado a lo largo de todo el día-, a cada entrevistado le habrían correspondido alrededor de 12 minutos para demostrar su idoneidad para el cargo de magistrado.

Son varios los casos de postulantes que figuran a la vez como militantes del partido oficialista, contratistas del Estado y jueces actualmente activos en tribunales de diferentes jerarquías.

Uno es el de Milagros Antonieta Zapata Ramírez, quien posee 10% de una empresa de compra, venta y comercialización de bienes y servicios varios, constituida en Caracas en febrero de 2020, mientras que su actividad judicial está en La Guaira, estado del litoral central de Venezuela. 

Otro ejemplo es el de Michel Adriana Velázquez Grillet, que aparece activa como empleada del Parlamento desde 2005 y, según diversas versiones de medios, tiene vinculación con Cilia Flores. Velázquez incursionó en la actividad privada y, desde 2017, es socia de dos empresas, constituidas el mismo día y con sedes en el piso 17 del Centro Financiero Latino, en Caracas, a escasas cuadras del Palacio Legislativo. Ambas compañías declaran como objeto los servicios informáticos, pero solo una se mantiene habilitada para hacer negocios con el Estado.

Hay otros dos empleados de la Asamblea Nacional que aparecen a la vez como candidatos al TSJ y que dejaron rastro entre los contratistas del Estado. Se trata de Gladys del Valle Requena, actual diputada oficialista, y Alejandro Claret Leal Mármol, exviceministro de Prisiones durante la gestión de Iris Varela y exasesor en la Procuraduría General de la República, cuando Cilia Flores encabezaba la institución. 

Como funcionario y empresario también despunta Yuri Quiñones Leones, actual director suplente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE S.A.), adscrita al Ministerio de Educación desde 2015. Antes ocupó el cargo de viceministro de Deporte de Rendimiento, en el Ministerio de Deporte, durante 2011. En ambas ocasiones coincidió con que el ministro de las carteras respectivas era Héctor Rodríguez, actual gobernador del céntrico estado Miranda y también exparlamentario. De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Quiñones tiene acciones en una compañía de recolección de desechos sólidos, así como en una firma exportadora de granos de cacao y chocolate, creada en 2018, otro de los negocios a los que ha apuntado Héctor Rodríguez como gobernador regional. Ambas empresas están habilitadas para contratar con el Estado y tienen su oficina en el municipio Chacao del estado Miranda. 

Daniel Augusto Ramírez Herrera, coordinador general de la Defensa Pública desde 2019, tuvo por su parte  una empresa distribuidora de alimentos, víveres, computadoras y línea blanca, constituida en 2016 en los Valles del Tuy -región obrera y dormitorio al suroeste de la capital venezolana- pero registrada en Caracas, y cuyos socios son dos reconocidos abogados venezolanos, fundadores del bufete VAV & Asociados junto a Luis Manuel Valdivieso, un exfiscal y abogado venezolano con conexiones que cambió el litigio por una vida de lujos en el Caribe.

Trampolín en Caracas

¿Mudarse de Europa a la capital venezolana para ejercer el Derecho? Eso es lo que se propone Eduardo Alfonzo Barranco Hernández, abogado que ha hecho carrera diplomática desde los tiempos en que Nicolás Maduro era canciller durante el gobierno de Hugo Chávez.

Barranco es el único de los candidatos a magistrado que se registra viviendo en el exterior, en Italia, ante el CNE. Es el cónsul general de segunda en Milán, al lado de Gian Carlo Di Martino, actual cónsul general y exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, extremo noroccidental de Venezuela. El aspirante a una de las sillas del TSJ, que pasó a la segunda fase, fue nombrado repetidas veces, entre 2007 y 2012, embajador y responsable de los fondos de avance en la pequeña isla de Santa Lucía, ubicada en el Caribe oriental. 

De acuerdo con el registro de preseleccionados, la mayor cantidad de postulaciones las hicieron abogados que declaran vivir o en el Distrito Capital o en el estado Miranda. Esto se traduce en que seis de cada 10 juristas aspirando a un cargo en el TSJ se concentran en la Gran Caracas, aunque no necesariamente hayan hecho carrera en la ciudad. En total, son 151 aspirantes de los 258 que pasaron a la segunda fase.

Dentro de este grupo de abogados que migraron desde otras regiones del país a Caracas, aparece el nombre de Heriberto Antonio Peña, un merideño que hizo carrera judicial en los tribunales de su estado natal por una década y ejecutó sus últimas decisiones en la Corte de Apelaciones de Mérida, en los Andes del suroccidente de Venezuela. Sin embargo, renunció poco antes de la pandemia, se mudó a la capital venezolana, cambió su centro de votación a un emblemático liceo de una zona popular y empezó a trabajar en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), presidida por su paisano Joselit Ramírez, este, hombre de confianza de Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, ex Vicepresidente de la República  y figura clave en el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto Ramírez como El Aissami han sido objeto de sanciones y medidas judiciales en Estados Unidos. 

En los estados centrales de Aragua y Carabobo se concentra una delegación de apenas 32 aspirantes, pequeña pero dotada de credenciales políticas. Allí destacan tres magistrados que aspiran a la reelección: Marjorie Calderón, de la Sala de Casación Social; Carmen Alves Navas, de la Sala Electoral; y Juan Luis Ibarra Verenzuela, de la Sala de Casación Penal. 

Otro nombre salidor es el de Ramón Carlos Gámez, Juez Rector del estado Aragua y juez provisorio en el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito, designado en 2016 por la Sala Plena del TSJ, a cargo entonces de la magistrada Gladys Gutiérrez. Con experiencia en el área civil, ha sido una ficha clave en el oficialismo, cercano a Elvis Amoroso, parlamentario y Contralor General, desde los tiempos en que ambos coincidían en los pasillos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El juez era decano de la Facultad de Derecho y el político era estudiante, Al menos desde 2006, Gámez ha sido apadrinado por Amoroso. 

Gámez tiene un antecedente llamativo. En diciembre de 2015, tras el triunfo abrumador de la oposición en las elecciones parlamentarias, victoria que pondría a su alcance el nombramiento de un nuevo TSJ, el chavismo aprovechó los últimos días de sesiones legislativas para intentar una maniobra exprés: escogería entre gallos y medianoches a los magistrados cuyos períodos ahora vencen. Sin rubor y con mucho apuro lo hizo. 

Entonces Gámez presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, en reemplazo de su mentor político, Elvis Amoroso. En el comité a su cargo estaba como miembro Elvis Junior, hijo, quien fue candidato a magistrado y este año se propone como inspector general de tribunales y director de la Magistratura. 

Otro de los personajes que llaman la atención en el actual proceso es Reinaldo Enrique Carvallo Machado, con su propio bufete de abogados y, en paralelo, empleado de una empresa de alimentos y bebidas artesanales a la que ingresó a la par del proceso de selección de magistrados. Lo que más destaca de este aragüeño es su rastro como socio en 11 empresas registradas en el sistema público de contrataciones, algunas sin actividad reconocible y otras habilitadas para contratar. Fueron creadas en años recientes, dedicadas a todo tipo de actividades que van desde asesorías hasta comercialización de alimentos. En 2016, Carvallo fue director principal en la empresa estatal de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Luego, en 2021, fue candidato a rector del Consejo Nacional Electoral. Empresario contratista y funcionario, ahora busca ampliar sus credenciales como jurista multifacético. Le va bien: pasó a la segunda fase del proceso. 

De Maracay, la capital de Aragua, llega también el abogado José Antonio Castillo Suárez, hoy inscrito en la nómina de la Asamblea Nacional. Hace tres años, en 2019, solicitó antejuicio de mérito contra el presidente del parlamento en ese momento, Juan Guaidó, quien luego se juramentó presidente encargado de Venezuela. La Sala Plena aceptó el documento legal que acusó al líder opositor de presuntos delitos contra la seguridad de la Nación. Estuvo relacionado con Marisol Plaza Irigoyen, otra de las postuladas cuyo nombre se escucha tras una larga ausencia mediática, luego de dejar la Procuraduría General de la República en 2007, cuando se le vinculó a una operación en la que se esfumaron fondos por unos bonos emitidos por el Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). A propósito de este caso, Castillo Suárez fue abogado apoderado de Plaza en un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional, que salvaba su actuación como procuradora general. 

La cuota

Muchos episodios donde ni siquiera se guardaron las formas pusieron de relieve las costuras del actual proceso de selección de los futuros magistrados. Por ejemplo, la diputada Gladys del Valle Requena integraba originalmente la Comisión Preliminar, sin reparar en que figuraba a la vez como aspirante a magistrada. Renunció y fue sustituida por Desirée Santos Amaral, quien se integró al grupo presidido por Giuseppe Alessandrello, ambos diputados oficialistas. 

Una situación similar ocurrió con el diputado Luis Parra, también participante de la comisión. Evaluó las credenciales de Ramón Flores Carrillo, quien fue su suplente en la anterior Asamblea Nacional de 2015, ambos electos por el estado Yaracuy cuando militaban en filas de la oposición. También fueron compañeros de viaje en la gira europea que en 2019 algunos parlamentarios emprendieron para defender los intereses de Alex Saab, el contratista colombiano predilecto de Nicolás Maduro. El itinerario contempló Francia, Suiza, el principado de Liechtenstein, Alemania, Bulgaria, Portugal y España, con una escala final en República Dominicana. Flores Carrillo pasó el proceso de preselección, sin objeción. Las redes sociales del también exprefecto de Caracas muestran apoyo a los comentarios de Parra cuando se refiere al proceso en el que participa como candidato.

Los otros parlamentarios evaluadores fueron Rosa León, Carolina Cestari, Julio García Zerpa, José Villarroel, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano y Alfonso Campos.

Derechos torcidos

Tres palabras: Corte Penal Internacional, o CPI por sus siglas. Su investigación ha creado desde el año pasado una serie de apresurados cambios legislativos, de cambios en el lenguaje gubernamental y de encuentros de alto nivel. 

Parece probable que esta circunstancia termine por favorecer la designación de magistrados que cuenten con experiencia en el sistema universal de Derechos Humanos. De los aspirantes, al menos tres podrían, eventualmente y a nombre del Estado, intentar acciones para dejar a Venezuela fuera de la investigación que busca a la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad. 

Uno de ellos es Larry Devoe, actual presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y frecuente representante del Estado en foros internacionales, en los que se ha dedicado a socavar las denuncias realizadas por las organizaciones no gubernamentales. 

Otro con experiencia en el campo es Cristóbal Cornieles, quien perteneció a la asamblea de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción) y es un negacionista de la diáspora venezolana, sobre la que, asegura, operan una “mercantilización” y estadísticas contradictorias que distorsionan el supuesto fenómeno, como señala en un informe que intenta desmontar la crisis de refugiados. Cornieles se dice persuadido de que la migración venezolana se encuentra “dentro de los valores promedio del continente americano”, según una nota de prensa difundida en Aporrea.org, sitio del chavismo alternativo. En el movimiento de defensores, el aspirante a magistrado es considerado uno de los responsables de las campañas en contra de las organizaciones no gubernamentales que se adelantan desde el Ejecutivo.

Finalmente, la representante actual ante la CPI por Venezuela y exmagistrada, Gladys Gutiérrez, podría regresar al TSJ. En la misma legación ante la CPI está Jimai Montiel Calles, juez jubilado que fue presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, director de Drogas del Ministerio Público en la gestión del exdiputado y exgobernador chavista, Tarek William Saab, actual Fiscal General, y que se ha dedicado a presionar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se registren, como una forma de control, en la Dirección contra la Delincuencia Organizada. A Montiel lo han señalado como la “mano derecha” del presidente actual del TSJ, Maikel Moreno.

La rosca interminable

De los 32 magistrados actuales, 30 siguen en liza en la segunda lista para repetir. Además, hay exfuncionarios que intentan volver, como la ya mencionada Gladys Gutiérrez o como Rafael Luciano Pérez Moochet, exmagistrado suplente que se postuló para los tres cargos diferentes que se están concursando: magistrado, inspector general de los tribunales y director de la Escuela de la Magistratura. También se repiten los nombres de Tania D’Amelio, quien viene de la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, desde esa institución, se ha convertido en una virtual mano derecha de Jorge Rodríguez, según fuentes que prefieren mantener el anonimato. 

En la simbiosis de la estructura de poderes en Venezuela se encuentran los nombres de funcionarios activos y cesantes del Ministerio Público, que han alcanzado titulares de prensa por sus actuaciones judiciales. 

Katherine Harrington, recordada por el episodio en el que trató de ingresar a la sede del Ministerio Público en la maleta de un carro, dos días después de ser nombrada vicefiscal general del Ministerio Público, aún cuando Luisa Ortega Díaz -anterior fiscal general y acérrima opositora al gobierno de Nicolás Maduro- había negado su nombramiento. Harrington, sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad en el deterioro de la situación jurídica y de Derechos Humanos en Venezuela, duró 15 meses en el cargo, hasta que fue destituida por Tarek William Saab. 

El nombre de Carol Padilla no resulta desconocido y es otro de los que se consigue entre los preseleccionados a magistrados. A los tribunales de control en los que estaba llegaban, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el gobierno. Se cuentan, entre ellos, los casos de supuestos magnicidios e intentos de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, y todos los expedientes han compartido irregularidades y retrasos. 

Aunque de bajo perfil, Gilberto Alfredo Landaeta Gordon aparece entre los aspirantes. Fue fiscal del Ministerio Público y formó parte del equipo que investigó el asesinato de Danilo Anderson en 2008, también fiscal venezolano encargado de investigar los sucesos del 11 de abril de 2002. Landaeta fue destituido por irregularidades en la averiguación, relacionadas con el forjamiento de actas. 

Una mirada amplia al archivo de los 258 postulados en la segunda fase, da fe de que 123 de ellos están activos en 19 instituciones públicas de todo el país, excluyendo a las universidades, de acuerdo con los registros del IVSS. De estos, al menos 82 personas tienen fecha de ingreso desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, y se han quedado en un reciclaje interminable. 

La revisión que hizo el Poder Moral Republicano -una terna burocrática con categoría constitucional de poder del Estado, que integra al Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General- entregó al comité evaluador los nombres de 258 aspirantes, pero poco se sabe de sus méritos reales para alcanzar el nombramiento. Aunque la Constitución Nacional establece que deberán ser juristas de reconocida trayectoria y solvencia moral, con amplio conocimiento y ejercicio profesional mínimo de 15 años, los apuntes públicos ofrecen otra panorámica de incompatibilidad. Pero es un detalle que se pasó de largo en la carrera contra reloj que el régimen lleva para escoger al nuevo TSJ de siempre.