Ese desliz bastó para que en la isla procesaran y abrieran una investigación a todas las personas a bordo. Aunque un año más tarde quedaron absueltas, el expediente de la causa judicial –obtenido ahora tras una búsqueda de casi seis meses entre archivos públicos, mecanismos de transparencia y leyes de acceso a la información en diferentes países– revela pistas, nombres y conexiones del caso con las redes que, desde hace algunos años, han venido apareciendo como involucradas en el tráfico furtivo de oro desde Venezuela.

Según señala la acusación del director del Ministerio Público de Islas Caimán, Patrick Moran, en los teléfonos de los pilotos y pasajeros de la avioneta se encontraron mensajes, conversaciones y rastros, entre ellos, una foto en el dispositivo de Daniel Aguilar Feriozzi, un joven entonces de 26 años, que se declaró inicialmente como dueño del cargamento por una herencia. En la imagen salía junto a Marco Antonio Flores Moreno, un capo del tráfico ilegal de oro en el sur del estado Bolívar.

George Town

La avioneta había salido de Venezuela el 28 de mayo de 2019 y llegó dos días después a las Islas Caimán. Así completaba un periplo que empezó en Puerto Ordaz, siguió hacia a la isla de Margarita y terminó en George Town, la ciudad principal de Gran Caimán, con escala previa en Punta Cana.

Durante los interrogatorios, los tripulantes confesaron que en ese centro turístico de República Dominicana se habían encontrado con Flores, quien “les había dado 4 bolsas de oro”. Si esa revelación no resultara suficiente, los registros del Aeropuerto Internacional Owen Roberts, próximo a George Town, permiten comprobar que Flores había aterrizado allí apenas dos semanas antes, el 16 de mayo de 2019, precisamente a bordo de la misma avioneta, pero en un vuelo anterior en el que llegaron, según los mismos registros, tres bolsas con 107 lingotes de oro doré, valorados en más dos millones de dólares.

En ambos vuelos tuvieron que rehacer las declaraciones y facturas por discrepancias entre la cantidad de oro declarado y la cantidad física presentada. Algo no cuadraba incluso para los actores. “Unas barras se cayeron del avión”, se lee en los chats telefónicos del grupo de venezolanos. Eso llamó la atención de las autoridades de Islas Caimán, que alertaron a sus homólogos metropolitanos en Gran Bretaña para que interceptaran el oro de los venezolanos que, entretanto, había seguido su ruta al aeropuerto londinense de Heathrow, con destino final en Suiza.

Ambos vuelos, apenas separados por dos semanas, eran una muestra del rol que Islas Caimán, un territorio de ultramar del Reino Unido en el mar Caribe noroccidental, iba adquiriendo como hub de distribución del oro de sangre venezolano hacia mercados internacionales.

Lugano

La cadena de facturas del cargamento advierte que el oro salió de Islas Caimán con destino final a Suiza, a nombre de la empresa curazoleña Cupremeco, mediante los servicios de transporte y logística de una compañía local. Esta última, Byzantium International Ltd, debía dejar la mercancía en la ciudad de Lugano, en el cantón italoparlante suizo de Tesino, donde se encuentra la intermediaria PMS (Precious Metals Services), uno de los agentes registrados y aceptados en la lista de proveedores de la refinería Argor-Heraeus, considerada la más grande del mundo y ubicada a escasos 20 kilómetros de allí.

Lo que no relataban las facturas es que el oro había tenido origen en Venezuela. Y no era raro que no lo dijeran: según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Venezuela exporta 75 toneladas del mineral precioso al año, una cifra incluso superior a la producción brasileña (70 toneladas en 2024), pero de la que solo 20% sale del país por rutas y mecanismos lícitos. La comercialización del resto queda en manos de un tinglado de mafias opacas que han invadido el sur del país, donde se superponen la Orinoquia y la Amazonía, y se han hecho fuertes diversos grupos irregulares, incluyendo a la guerrilla colombiana. La toma de la selva guayanesa hasta ha reinstaurado prácticas de esclavitud de las que las etnias aborígenes son víctimas.

Como pocas veces se ha podido documentar, en la ruta de Islas Caimán aparece involucrado Marco Flores. Es el mismo Marco Flores que fue imputado y solicitado por la llamada Operación Hespérides de la justicia brasileña; el mismo que fue encarcelado en Venezuela, durante unos meses, por la Operación Manos de Metal y, aun con esto último, el mismo con el privilegio y los contactos suficientes para que luego, en 2022, consiguiera del régimen de Nicolás Maduro la concesión de una estación de gasolina en Santa Elena de Uairén, frontera sur del estado Bolívar de Venezuela con el estado brasileño de Roraima.

Flores no es un novato en estas lides. Ya en expedientes de la justicia brasileña, correspondientes a la causa número 0000491-85.2019.4.01.4200 que se ventilaba en el 4° Juzgado Penal Federal de Boa Vista, capital de Roraima, se le señalaba como uno de los cabecillas del contrabando binacional. También figura como directivo de USA D&D International INC, entre otras empresas de Florida. Se trata, pues, de uno de los señores del comercio ilegal de minerales preciosos en Venezuela, cuyo nombre luce en todas partes engastado en oro de sangre.

El 16 de mayo de 2019 apareció de nuevo en documentos oficiales. Entonces llegó a Islas Caimán a bordo de la misma avioneta de matrícula YV2317 junto con 107 lingotes, valorados en más de dos millones de dólares, y otros cinco individuos, entre los que destacaban Roger Rafael Rosas Ruiz, director del Centro Ítalo Venezolano de Guayana, y Wilson Jesús Aponte Marcano, “el hombre del casino”, como fue descrito en los interrogatorios en Gran Caimán, por ser bien conocido en el submundo de los juegos de azar. De hecho, la avioneta era propiedad de la empresa Airworld Corporation, una empresa registrada en Caracas, en el Registro Cuarto del Distrito Capital y Estado Miranda, a nombre de su hijo, con quien comparte nombre y apellido, Wilson Javier Aponte Gómez. Una hija de Aponte, Gabriela Aponte Gómez, firmaba además mensajes de correo electrónico a nombre de Cupremeco, la empresa de Curazao antes citada.

Guayana

Por años, Aponte fue el dueño de las máquinas traganíqueles del emblemático Bingo de Las Mercedes, en el sureste de Caracas, como consta en la Comisión Nacional de Casinos, de la que también obtuvo licencias para operar salas de juego en el sur del país. Una de ellas fue el salón de juegos del Roraima Inn, un hotel de cuatro estrellas que está entre los más renombrados de Ciudad Guayana, la urbe industrial y comercial del estado Bolívar. Aponte llegó a figurar como propietario de la sala, junto a familiares como su hermano, Javier Gregorio Aponte Marcano –el único dueño en estos momentos, según los papeles–, y una prima llamada Annasilia del Carmen Feriozzi Aponte, madre de Daniel Aguilar Feriozzi, el joven de 26 años arrestado, procesado y absuelto en Islas Caimán.

Wilson Aponte ha estado al frente de varios casinos en Venezuela, entre ellos el del Hotel Roraima Inn de Puerto Ordaz. Crédito: Instagram / casinororaima_

Pero que el nombre de Marcos Flores llame la atención en esta enrevesada cadena –así como los del resto de los venezolanos involucrados– no significa que solo lleguen hasta ellos las conexiones que la causa judicial en Islas Caimán permite entrever. Los detalles del caso asoman la bisagra entre las mafias locales de Guayana con redes de tráfico global. 

Al tirar del hilo, se encuentra que la empresa Cupremeco de Curazao –una antigua colonia insular neerlandesa frente a las costas de Venezuela– que envió el oro desde Islas Caimán, tiene por dueño al italiano Mario Pataro, otro viejo conocido en el mercado negro de minerales y vinculado a empresas ligadas al lavado de dinero. Junto a sus hermanos, Francesco y Luciano, Mario Pataro era accionista de Aurea Trading International y Universe Gold, dos de las empresas involucradas en la llamada Operación Unigold de 1994. Esta reunió a autoridades de Italia, Colombia y Panamá para detectar y desbaratar las sofisticadas maniobras del Cártel de Cali, que entonces contaba con un complejo esquema para cambiar cocaína por oro sin la necesidad de registrar ni transacciones bancarias ni exportaciones de minerales.

Miami

En 2016, Pataro ya había enviado oro ilegal a través de empresas de Marco Flores. Dos décadas después de ser investigado por lavado de dinero con los carteles colombianos y apenas tres años antes del caso de Islas Caimán, hay registros de que desde Curazao envió oro venezolano a Suiza.

Facturas y registros contables internos de Cupremeco, la intermediaria con sede en Curazao, muestran depósitos de al menos 45 millones de dólares entre 2017 y 2019 para firmas estadounidenses como Moonlight Investments INC, USA D&D International INC y Dazzling Eagle Holdings Limited, por cuyas juntas directivas pasó Marcos Flores, además de otros socios. Entre esas operaciones destaca un legajo de siete depósitos, obtenidos para esta investigación, que muestran que esa empresa asociada a Flores recibió, entre febrero y agosto de 2016, transferencias por más de 2,8 millones de dólares en una cuenta del Bank of America en Miami, desde una agencia del Commezbank en Lugano, Suiza, que giraba la intermediaria ya nombrada, PMS (Precious Metals Services). Todas las transferencias señalaban como motivo que se trataba de una orden de la empresa Cupremeco (“Order of Cupremeco NV - Curacao”).

Años después, la misma gente apareció en Islas Caimán con un nuevo cargamento que presentaban originalmente de la mano de una empresa dominicana llamada Inversiones Valkaria S.R.L., detrás de la que aparece una pareja de apellido Fernández, Pablo y Sabrina, con vínculos a Héctor Castellón, residente de Estados Unidos, socio en algunos negocios del italiano Mario Pataro y quien, en 2021, explicó los entretelones de este y otros botines ante una corte federal de Florida.

“Para que diferentes personas abran grandes cuentas en distintas refinerías se necesita mucho papeleo (…) Así que decidimos tomar otra ruta. Decidimos hacerlo a través de Mario [Pataro], y Mario mismo lo hace a través de otra empresa que es la que entrega a Argor en Suiza, por ejemplo”; así lo declaró Castellón ante el circuito judicial número 11 del condado de Miami-Dade, donde fue citado como testigo en el proceso de divorcio de su socio, Mario Pataro.

Lo que comenzó como una disputa por la separación de bienes y una posible compensación económica para la cónyuge de Pataro, escaló hasta convertirse en una demanda por crimen organizado, registrada como Pataro vs. Castellón (número 1:22cv20866). Con base en la Ley RICO (siglas en inglés de la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), la acción legal dio pie a la exposición de una cadena de operaciones que comprenden despachos de oro venezolano. Durante las audiencias del juicio se llegó a sugerir que estas maniobras habrían generado más de 3.000 millones de dólares en ganancias.

Así se legaliza el oro de sangre, y así terminó atascado el oro de Guayana en Reino Unido.

Londres

En junio de 2019, al apenas aterrizar en Londres el valioso cargamento de oro, las autoridades británicas lo decomisaron. Las indagaciones no tardaron en relacionar ese alijo con el narcotráfico.

“Nuestra investigación mostró que este envío estaba vinculado a cárteles de la droga que operaban desde Sudamérica, pero pudimos evitar que llegara a su destino final gracias a vínculos establecidos con socios en el extranjero”, declaró el 21 de marzo de 2023 la británica Agencia Nacional contra el Crimen (NCA por sus siglas en inglés), a través de su comandante, Andy Noyes. “Los delincuentes se sienten atraídos por el oro como una forma de mover dinero del narcotráfico debido al alto valor que contiene en cantidades relativamente pequeñas”, remató.

Desde entonces, las agencias policiales del Reino Unido se mantuvieron herméticas en torno al caso. Apenas en 2023 se supo que, tras negociar un acuerdo, obtuvieron una orden de recuperación civil por más del 80% del tesoro. “El 20% restante se devolverá a empresas con intereses financieros en el oro”, declararon en un comunicado que no especificó a quienes se refería. Aunque la NCA no respondió a una solicitud de información para esta entrega, los documentos de Islas Caimán revelan que, tras bastidores, cuatro empresas reclamaban el oro en el Tribunal Superior Londres, a través de una firma boutique de abogados llamada Preiskel & Co LLP.

Se trata de la panameña Daguiron S.A. y otras tres de Florida, como las ya mencionadas Moonlight Investments Inc, USA D&D International Inc y M&P Mining Equipment Supplies Inc, en cuyas juntas directivas destacan nombres de venezolanos como el de Mario Oswaldo Spagnolo, del que diversas versiones confirman es el suegro de Marco Flores.

Ni Flores ni Pataro atendieron varias solicitudes para contrastar su papel en esta trama. Tampoco fue posible obtener respuestas de Wilson Aponte, en Guayana, ni de Marco Briccola en Suiza, el dueño de la empresa PMS, el último eslabón que dejó el oro en la refinería. Ni siquiera de los ejecutivos de Argor-Heraeus, a quienes se pidió una entrevista para ayudar a entender cómo han recibido, lavado y fundido oro de sangre, a pesar de que en su página web se precian de contar con controles y políticas claras de transparencia, que “no toleran el apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales”, ni permiten “lucrarse, contribuir, asistir ni facilitar la comisión de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y de trabajo forzoso”.

El oro se funde, las responsabilidades no. Pero un rizo consiguió que fueran los mismos contrabandistas del oro venido desde Venezuela, pasando por Islas Caimán, y con un destino frustrado en Suiza, quienes terminaran reclamando el botín incautado en Reino Unido.

Se trata de uno de los mayores fornecedores –o “proveedores”, en portugués– de oro de la frontera, según apunta el expediente judicial de la llamada Operación Hespérides que las autoridades brasileñas han adelantado. Ese individuo maneja ahora el combustible que el gobierno de Venezuela lleva a esa zona remota del sur del estado Bolívar.

Después de mucho tiempo cerrada, Pdvsa reabrió la estación de gasolina de la frontera con Brasil en agosto de 2022. En la región el evento se vivió como una señal de reactivación económica, de que lo peor de la crisis ya había pasado. 

Aunque en la gasolinera no se expiden ni facturas ni recibos de pago a nombre de una persona jurídica, los lugareños de ese paso fronterizo no tienen dudas de que el expendio de combustible está en manos de Marco Flores.

Marco Antonio Flores Moreno era un maestro de Educación Física cuya prosperidad floreció en los últimos años a contracorriente de la debacle de la economía nacional. En Santa Elena coinciden en que la compraventa de oro lo convirtió en prominente empresario, nuevo vecino de una urbanización cerrada en el sector Laguna de Cielo Azul, y en propietario de un par de locales comerciales que quedaron a medio hacer en el centro, en una zona estratégica de la carretera troncal 10 que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar.

Apenas dos años antes de estrenarse como distribuidor de gasolina, Flores Moreno había sido arrestado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La detención ocurrió el 22 de agosto de 2020 en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz, el ala occidental de Ciudad Guayana, capital de la industria pesada, mucho más al norte, sobre la intersección de los ríos Caroní y Orinoco.

Flores Moreno quedó detenido junto a otros dos venezolanos. Entonces, la noticia no pasó de unos breves en las páginas locales de prensa del estado Bolívar. Pero en otras páginas, algunas de las más de 30.000 del expediente judicial número 0000491-85.2019.4.01.4200 que reposan en el 4° Juzgado Penal Federal de Brasil, con sede en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, a Flores Moreno lo retratan con detalle como uno de los cabecillas del primer caso en el que, hasta ahora, hayan quedado documentadas y judicializadas las redes de oro que trafican desde las cada vez más grandes y abundantes minas furtivas que emergen en la selva de Guayana, al sur del río Orinoco. 

Como una muestra de las necesidades materiales que enfrentaba la Venezuela chavista, entonces y todavía, ese tráfico de mineral áureo se saldaba desde el lado brasileño mediante el pago con alimentos y productos de la cesta básica.

La fotosíntesis del oro

Se trata de una lavadora singular, según los detalles que el expediente brasileño saca a la luz. Oro de sangre extraído ilegalmente en el Arco Minero del Orinoco, a cambio de camiones de comida. “Los hechos se relacionan con la supuesta exportación de productos, incluidos alimentos, a Venezuela por parte de empresas brasileñas que reciben oro como pago, sin ningún control aduanero y fiscal”, resumió el juez Olindo Menezes, del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, en una de las tantas sentencias de apelaciones en las que ha derivado el caso. “Las investigaciones apuntan a distribuidores de alimentos con sede en Boa Vista y Manaos, que exportan insumos básicos a Venezuela y reciben metales preciosos como forma de pago”, añadió la Policía Federal de Roraima en un informe sobre el caso.

Un esquema que involucra a 35 imputados y otros 50 actores investigados en una enrevesada cadena que entre 2017 y 2019 blanqueó al menos 1,2 toneladas de oro, que salieron de las minas ilegales del estado Bolívar y que –vía Brasil– terminaron en el mercado global.

Todo empezó con un racimo de facturas de joyas usadas. La empresa MC Produtos da Extração Mineral, de Pacaraima, de repente registró un aumento inusitado de chatarra de oro, mineral de baja pureza a menudo obtenido de sobrantes de prendas. Justificaba el auge con recibos de ciudadanos venezolanos, que, de paso, vendían y empeñaban prendas de segunda mano por no más de 10.000 reales, equivalentes a 2.000 dólares. La versión de los implicados refería que un tropel de venezolanos cruzaba a diario para empeñar sus joyas al otro lado de la frontera, pero las identidades de los supuestos clientes y el peso y el tamaño de sus supuestas prendas nunca terminaron de cuadrar. “Sorprendería que 148 venezolanos pudieran haber buscado a (la empresa) MC en la ciudad de Boa Vista, en un solo día, para realizar negociaciones que ascendieron a 10 kilos de oro”, resume el oficial Walacson Gomes de Oliveira, de la Policía Federal de ese país, en el informe 0098/2019.

El oro fundido de MC destacaba por su 98% de pureza, mucho más que el 75% de lo que suele tener una joya procesada; ni qué decir en comparación con la declarada chatarra de oro. Aún así, las sospechas en realidad lucieron fundadas sólo cuando se corroboró que esa actividad inusual de compraventa de oro la hacía el propietario del negocio, el brasileño Marcelo Camacho, en una empresa que originalmente había registrado como una embotelladora de agua, bajo la razón jurídica de MC Agua Mineral Ltda.

Su hija, Marcela Camacho, tampoco supo justificar uno de los tantos envíos de oro que venía haciendo desde Boa Vista hasta São Paulo, la capital industrial y empresarial de Brasil, en el sureste del país. A partir de allí empezó un proceso legal, aún inconcluso, que investiga una red de venezolanos, con Marco Flores a la cabeza, que entregaba el oro a Marcelo Camacho y otros empresarios brasileños.

Roraima potencia

En menos de cinco años, el estado de Roraima multiplicó más de 20 veces sus exportaciones de todo tipo a mercados externos. Pasó de exportar 15 millones de dólares, en 2018, a más de US$ 336 millones, en 2021. De ese estallido, dos terceras partes correspondieron al vecino estado Bolívar venezolano como destino.

La crisis humanitaria de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos, la pandemia y la migración de más de 100.000 venezolanos a Roraima, son algunas de las variables que explican el crecimiento de los últimos años. Un boom que, según relata el economista Fabio Rodríguez Martínez, director de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo de la Gobernación de Roraima, se refleja en récords en las exportaciones de arroz y azúcar, entre otros productos. 

El estado más pequeño, selvático y despoblado de Brasil –también el de mayor concentración de pueblos indígenas de todo el país– por primera vez destaca por su balanza comercial. “[La economía de Roraima] sólo aumentó 0,1% en ese periodo, pero fue la única entidad que creció en medio de la pandemia, en un país cuya economía menguó -3,3%”. Aunque invisible en los cuadros macroeconómicos, Rodríguez reconoce que la minería ilegal, incluido el oro de Venezuela, es piedra angular en este crecimiento súbito.

El Monumento al Garimpeiro de Boa Vista es el mejor testimonio de que en Roraima la minería es omnipresente. Una estatua de cemento de siete metros se alza en medio de una redoma con fuente de agua, en el punto más céntrico de la ciudad. Allí  confluyen todos los poderes de la región y, precisamente desde allí, la imagen de un hombre con sombrero y suruca recuerda que, aunque ilegales en estos días, la historia de Boa Vista, la única capital regional de Brasil ubicada en el hemisferio norte, se forjó a la zaga de los cazadores de fortunas.

En 2021, Brasil registró una producción estimada de 97 toneladas de oro. De ese monto, 54% tiene graves indicios de ilegalidad, de acuerdo con el estudio Oro bajo el microscopio: más de 200 toneladas del oro brasileño son potencialmente ilegales, del Instituto Escolhas, una organización no gubernamental con sede en São Paulo, que aborda temas socioambientales y de desarrollo sustentable. Según el documento, 21% (20 toneladas) de la producción nacional corresponde a oro con “títulos fantasmas” sin indicios de su fuente de extracción, mientras 7% (6,7 toneladas) fue exportado sin registros de producción oficial.

Los principales receptores de ese oro –Canadá, Polonia, Reino Unido, Suiza, India y Bélgica– están expuestos al riesgo de que sus importaciones resulten ilegales y procedan de la Amazonía, recalca el Instituto Escolhas.

Rastros sobre papel

Como pocas veces se ha podido documentar, parte del oro movido por la red de Moreno Flores se pagó con pollo, arroz y aceite, entre otros productos, en aquella época en que los alimentos eran precisamente oro en Venezuela. Los movimientos bancarios de MC Agua Mineral Ltda –la empresa que recibió el oro en Pacaraima y que quedó al descubierto al no poder justificar tantas remesas hacia São Paulo– dejan en evidencia que algunas de sus transferencias, para colmo las más voluminosas, se dirigieron a proveedores nada convencionales: empresas del sector alimentario, y hasta supermercados de Boa Vista, que entonces empezaron a enviar gandolas a la venezolana Santa Elena de Uairén, según la información que consta en aduana.

Esos depósitos se intensificaron en 2018. Solo para diciembre de ese año, los movimientos bancarios de MC dejan ver transferencias a la empresa de alimentos Big Trading Empreendimentos Ltda, por poco más de 1,64 millones de reales, equivalentes a casi 320.000 dólares. También para una fábrica de pastas y otros comestibles, llamada Ricca Comércio Ltda, por 1,36 millones de reales, o unos 260.000 dólares, así como a la distribuidora de arroz Faccio Alimentos. Entre los beneficiarios destacan Araújo & Saraiva Ltda, la firma que representa a la cadena local del Supermercado Goiana, otro supermercado llamado Gaviao, y la Distribuidora Solimoes Ltda, en la que uno de sus dueños, Antonio Parima Vieira, es socio en otra empresa –el frigorífico Frigo 10 Ltda– del gobernador de Roraima, Antonio Denarium.

En la Gobernación de Roraima no dicen ni una palabra sobre este asunto. Ni vía telefónica ni en persona aceptaron dar, en noviembre pasado, un balance de una trama que involucra hasta a socios del primer mandatario regional. “¿Qué socios?”, ponía en duda Leandro Freitas, director de Prensa de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno regional. “Está mal informado”, resolvió tras despachar el caso.

Pornomiseria en la selva

Aliado del hoy expresidente Jair Bolsonaro, Denarium ganó las elecciones de diciembre de 2018 con la tarjeta del Partido Social Liberal. Su gestión se ha desarrollado en un periodo en el que Venezuela y los venezolanos se volvieron tema local, con impacto entre los electores. En plena frontera las carpas blancas de un campamento de la agencia de Naciones Unidas para Refugiados, Acnur, ya advierten sobre el desplazamiento de venezolanos. Pero el fenómeno ha penetrado cientos de kilómetros tierra adentro: en las calles de Boa Vista es común encontrar migrantes con poca ropa y hasta descalzos, hablando español de Venezuela. Ni hablar de Pacaraima, en plenos linderos binacionales.

“Venimos de Caracas y vamos para Río Grande do Sul”, contaba Rodney Niño, junto a su mamá, su esposa y sus dos hijos menores de edad, que se acomodaban en un rincón de la calle Parima de Pacaraima, junto a otras familias de diferentes puntos de Venezuela que tenían sus cabezas puestas en diferentes destinos de Brasil. Compartían provisionalmente acera y circunstancia a la espera del permiso de tránsito para seguir su peregrinaje. La escena, de noviembre del año pasado –en un viaje especial para este reportaje– mostraba postales de inmigrantes pidiendo limosna y comida, entre cajas de cartón a modo de cojines y con una niña quitándole los piojos a su hermano menor a la luz del sol.

En todo el estado de Roraima hay quienes afirman que la inseguridad se incrementó por causa de esos huéspedes. También hablan de un repunte en las tarifas de los alquileres de apartamentos tipo estudio o piezas, popularmente conocidas en Brasil como kitnets. Son muchas las noticias y rumores que acompañan no solo el paso de los venezolanos por el territorio de Brasil al norte del Amazonas, sino también a la minería ilegal y la cadena de negocios –directos e indirectos– que se tejen alrededor de las explotaciones en la Guayana venezolana. Varios de los choferes de las líneas de transporte que transitan las más de tres horas de camino entre Pacaraima y Boa Vista son los primeros en advertir las señas del contrabando de oro. “Uno los reconoce porque te compran todos los asientos del carro”, cuenta uno de ellos a condición de anonimato.

Todos saben del fenómeno, pero es algo que difícilmente pasa de las conversaciones informales. En las compraventas es bienvenido el oro venezolano, no así un periodista venezolano que pregunte por las transacciones. 

En un informe de la Superintendencia Regional de Roraima de la Policía Federal de Brasil, los investigadores del caso llamaron la atención sobre las fotos que encontraron en la cuenta de Whatsapp y el correo electrónico del brasileño Cleber Felisberto de Aguiar, dueño de Ricca Comércio Ltda, la misma fábrica de pastas y otros comestibles que se constituyó como el tercer mayor beneficiario de los depósitos de la empresa MC: “Se identificaron decenas de fotografías con imágenes de lingotes de oro e informes de análisis de pureza de estos metales preciosos”.

También hay indicios de que el oro ilegal venezolano pagó despachos de medicinas brasileñas. Eso ocurrió en, al menos, dos ocasiones: el 15 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo de 2019, según refiere la Receita Federal de Brasil, el organismo fiscal de ese país. Fueron operaciones clandestinas, sin autorización o supervisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Mucho menos del Ministerio de Salud de Venezuela.

Algunas transferencias bancarias de la empresa MC fueron a dar a la Drogaria Monte Roraima y el laboratorio Laboanalise de Pacaraima. A su dueño, Fabiano Coelho, le encontraron barras de oro en su carro cuando la Policía Federal allanó los establecimientos.

No fue posible dar con Coelho en Pacaraima. En su farmacia remitieron a un teléfono en el que nunca contestó. Ninguno de los otros involucrados quiso dar respuesta. Cleber Felisberto, dueño de la empresa Ricca Comércio Ltda, abrió la puerta de su oficina, sí, pero solo para pedir que le anotaran los nombres de los reporteros y medios que hoy publican esta historia.

Lingotes a India

En primera instancia, la jueza Luzia Farias da Silva Mendonça resolvió el 28 de noviembre de 2019 otorgar prisión preventiva o temporal para 22 ciudadanos de Brasil y Venezuela, entre ellos Flores y otros que no llegaron a ser arrestados. El juicio no ha terminado, como tampoco el tráfico de oro del sur de Venezuela al norte de Brasil. Lo dicen los comerciantes de la frontera, lo susurran algunos de los contrabandistas y, de alguna forma, también los fiscales del caso. Aunque no contestaron una solicitud de información para este trabajo, se disculparon vía electrónica advirtiendo que no podían referirse al tema, porque se trata de un caso “con ramificaciones hasta la actualidad”.

En una primera audiencia, el brasileño Marcelo Camacho declaró que el oro era guardado en Boa Vista, en casa de la venezolana Libia Cristancho, una de las asistentes de Marco Flores. No fue posible obtener respuesta alguna de su parte, a pesar de que se le contactó por diferentes vías en Venezuela, donde ahora reside. La contabilidad paralela que encontraron en su correo electrónico y en apuntes de su cuenta de Whatsapp muestra que el oro llegaba a Brasil con recibos y certificados procesados en oficinas de análisis de los municipios Sifontes, Roscio, Piar y Gran Sabana del estado Bolívar, donde la escasez de fuentes de trabajo y la histórica explotación ilegal ha fomentado laboratorios informales donde determinan la pureza del material. 

En la calle Zea de Santa Elena de Uairén, a dos cuadras de la plaza Bolívar, abrieron la puerta del cubículo de la empresa Orka. Les llamó la atención que los reporteros preguntaran por el nombre que tienen en su registro fiscal, pero luego no hubo más intercambios. Dejaron en claro que no les conviene hablar. En ese y otros laboratorios del pueblo sobreviven en medio de las condiciones de un mercado que, en Venezuela, es cada vez más informal.

El rastro del dinero muestra que tres supermercados de Santa Elena de Uairén llenaron sus anaqueles con las mismas distribuidoras brasileñas que recibieron depósitos de MC. Al menos 50,5 toneladas de azúcar llegaron a la Distribuidora Pague Barato C.A. desde el Supermercado Gaviao de Roraima. Otras 60 toneladas de azúcar llegaron al Hipermercado Maxi Oriental C.A. y Big Market Amazonia C.A. desde los depósitos que tiene el Supermercado Goaina, de acuerdo con las facturas que se han podido encontrar. La base de datos de Import Genius, una de las más grandes de información aduanera del mundo, muestra muchos más registros de embarque entre las mismas empresas.

Ninguno de los encargados de esos supermercados han aceptado referirse al tema. Al contrario: cuando se les abordó en sus locales comerciales, se limitaron a remitir las solicitudes de información a unos ejecutivos que nunca respondieron. Pero algo indica que hay cosas que no han cambiado en la frontera: el antiguo Hotel Jean Bistró de Pacaraima –adquirido por Marcelo Camacho, a nombre de Nayslan Spagnolo, esposa de Marco Flores, y en el que encontraron balanzas y piezas de hierro utilizadas para la fundición de oro–, acaba de abrir nuevamente.

Pintado y remodelado, ahora con el nombre de Roraima Suites, el establecimiento muestra nueva imagen y fachada. Pero al pagar 120 reales por una noche, los comprobantes de pago asoman el nombre de una empresa llamada M&N Import, cuyos datos conducen al mismo grupo. La firma está a nombre de Migdonia Nayibe Álvarez Moreno, hermana de Marco Flores Moreno.

El oro entretanto siguió fluyendo a São Paulo, donde la Recuperadora Brasileira de Metais (RBM) –una de las más grandes procesadoras de Brasil y toda la región– lo despachó al otro lado del mundo, en Asia. El caso sigue en tribunales y es poca la información que más de dos años después precisan tanto las autoridades como las partes involucradas, pero unas facturas sueltas que quedaron en aduana dejan ver que al menos parte del botín llegó –a finales de enero de 2019– al norte de la India, a más de 9.000 millas náuticas de distancia, a las refinerías que la empresa Kundan Care Products Limited tiene en la ciudad de Haridwar, junto a la frontera con China.

La versión de Flores

Allí llegaron 46,62 kilos de oro en seis barras, pero a nombre de una empresa de Dubai, llamada PMG Overseas Trading FZC, cuyo número de teléfono no conduce al de una corporación, como dicen en su página web, sino al celular de alguien que se presenta como Sachin y que enseguida evade cualquier solicitud de información. 

PMG Overseas Trading FZC es una empresa registrada en Dubai, la misma ciudad-estado donde Marco Flores, el de la estación de gasolina de Santa Elena de Uairén, abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa Fast Support General Trading el mismo año en que llegaron los lingotes.

Aunque no hay detalles del cargamento de oro y de la empresa consignataria, sí se encuentra un intercambio de correos electrónicos en los que Flores plantea el día 21 de mayo de 2019 –poco menos de un año antes de ser apresado en Venezuela por la Operación Manos de Metal– abrir la cuenta bancaria en el Abu Dhabi Islamic Bank a través del gerente Nimr Noor.

“Todo fue legal”, responde Flores al otro lado de una videollamada. Atendió los llamados de los reporteros para afirmar que nada tiene que ocultar. Reconoció que está al frente de la gasolinera, añadió que consiguió la concesión de una nueva mina, ahora amparadas bajo el formato de “alianzas mineras” según el argot del gobierno venezolano. “Se llama inversiones El Amanecer y queda en Upata”, dijo para luego advertir que el caso por el que lo solicitan en Brasil corresponde en realidad a una cadena de malentendidos: “Teníamos licencias y permisos, y así lo demostramos, pero el volumen fue tan alto que llamó la atención de las autoridades”.

Libre, desde algún sitio de Caracas con terraza, Flores se presenta en la pantalla de una videoconferencia dejando claro que atrás quedó el episodio de Brasil. También superó, añade, la ristra de denuncias que llegó a mantenerlo preso en Venezuela, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Libertad a toda costa

La detención de Flores en Caracas fue, ciertamente, un revés momentáneo que tuvo solución en la justicia chavista. Pero en el proceso quedaron trazas de los hilos que el tráfico de oro mueve a lo interno del Estado venezolano. 

En sentencia redactada por el magistrado Maikel Moreno, cuando aún presidía el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal ordenó en noviembre de 2021 volver a detener a dos personas que entonces gozaban de un régimen de libertad condicional: Antonio José Briceño Vera y Luis Miguel Vivas Mata. Moreno tomó la decisión luego de que el diputado chavista, Antonio Benavides Torres, interrumpiera el 1 de agosto de 2021 en la audiencia del Juzgado 5° de Control de Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz, para usurpar la autoridad del juez y exigir medidas sustitutivas de libertad a los dos imputados.

Mayor general y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, soldado de la Revolución e hijo de Chávez, como se presenta en sus redes sociales, Benavides Torres se hizo célebre por su protagonismo en las calles de Caracas durante la represión de las revueltas de febrero a agosto de 2014. Tristemente célebre, se diría, hasta el punto de ser objeto de sanciones en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Panamá y México, bajo acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy Benavides es un parlamentario oficialista al que se tiene por cercano al poderoso número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Investido de ese rol, Benavides intervino en la audiencia judicial de agosto de 2021. Allí afirmó que “él era la máxima autoridad y se encontraba por encima de la autoridad del Tribunal, Ministerio Público y Defensa Pública”.

“En virtud de las constantes amenazas a la libertad personal y judicial por parte de los representantes de la Asamblea Nacional, a este Juzgado, dejo constancia que firmé la correspondiente boleta de libertad de los imputados”. Eso resolvió el juez Darwin Bastardo, del tribunal local que llevaba la causa, en una decisión que tres meses después revirtió Maikel Moreno desde Caracas.

La intervención de Benavides Torres ante el tribunal benefició a Briceño Vera y Vivas Mata. El tercero del trío de imputados era el propio Marco Flores, entonces ya detenido y apresado en la urbanización Boleíta de Caracas, en los calabozos de la Dgcim. Poco después apareció libre en Caracas.

Interrogado al respecto, Marco Flores niega cualquier relación con autoridades, dirigentes políticos o mandos militares. ¿Cuál es su relación con el general Benavides Torres? “Lo conozco desde hace años cuando era general activo, trató de ayudarme lo más posible sin ningún trasfondo”, responde sin más.

Pero en el expediente judicial de Roraima resaltan diversos datos y testimonios que demuestran que las partes del negocio de oro por alimentos estaban conscientes de que había que reservar un papel a los militares venezolanos. De hecho, llegaron a sostener alguna reunión en Santa Elena de Uairén con ellos. 

Se pone en evidencia, por ejemplo, en la transcripción de los mensajes que intercambió Marcelo Camacho, considerado como el cabecilla de la mafia y dueño de la empresa MC, con una funcionaria de la aduana brasileña llamada Yonara Pinho, que formaba parte de la conspiración. 

“Esta reunión contaría con la participación de un comandante que podría ser un militar venezolano. En esta negociación, Marcelo Camacho muestra interés en adquirir hasta cinco kilos de oro por semana de ese proveedor”, refiere el informe 0098/2019 de la Policía Federal. “El primer encuentro de Yonara con el comandante se produjo el 14/07/2016 (como todo indica el lugar fue el Hotel Villa Fairmont)”. La próxima reunión tendría lugar en Puerto Ordaz, según las comunicaciones que interceptaron hasta entonces. Pero la llamada Operación Hespérides cambió todos los planes.

Varias redadas destaparon la trama en agosto de 2020. Algunos de los actores huyeron o fueron detenidos; las empresas fueron allanadas y el pudor llegó a las compraventas de oro en la frontera. Las autoridades brasileñas no han cerrado el caso, entretanto, algunos de los protagonistas de esta historia han vuelto a la zona. Es el caso de Marco Flores Moreno, que se asoma nuevamente en ese rincón minero ahora desde el nuevo hotel Roraima Suites y al frente de la única estación de gasolina que Pdvsa tiene en la frontera.

(*) Esta es la primera entrega de una serie investigada y publicada por Armando.info, Occrp y Correo del Caroní, con el acompañamiento y apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.