Sus amigos se lo advirtieron. Le dijeron que no aceptara la oferta, que pagaría un alto precio, que aquello le pasaría factura. Pero contra todas las advertencias, el joven abogado Edward Miguel Briceño Cisneros decidió dar un paso al frente y aceptar la encomienda: ponerse al servicio de la autodenominada Revolución Bolivariana y juzgar en su nombre actos de terrorismo que, para el chavismo, tienen una definición más amplia que la tradicional, hasta abarcar cualquier disidencia o actividad opositora. 

Hoy se desempeña como Juez Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, parte del circuito postizo de tribunales de terrorismo que cobró protagonismo tras la ola represiva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro para acallar las protestas, luego del zarpazo electoral del 28 de julio.

Sin rostro público aunque no llevara capucha, desconocido entre muchos profesionales del foro, una reciente historia de Armando.info que caracterizaba a otros cuatro colegas suyos en la jurisdicción antiterrorista, tuvo que conformarse con decir, tras una reportería infructuosa, que Briceño “ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.

Pero ese bajo perfil no respondía a una precaución estratégica de su parte. Solo era consecuencia natural de una carrera gris dentro del sistema judicial venezolano. Ahora se sabe que viene de la nada.

 
Briceño, por lo demás, se ocupó de atraer todas las miradas y borrar la incógnita sobre su figura el pasado 2 de septiembre. Entonces firmó con un garabato denso e ininteligible, superpuesto al renglón donde su nombre se aclaraba en letras de molde, la orden de captura contra el candidato opositor y, según todas las evidencias disponibles, ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Así atendía por la vía express a la solicitud de orden de captura hecha por el fiscal Luis Ernesto Dueñez, que a la postre desembocaría en el exilio de González en España.

Esa firma llevó a que Briceño enfrentara casi enseguida una factura de alto precio, tal vez solo la primera de las que sus amigos le vaticinaron que tendría que pagar: el 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una nueva lista de venezolanos sancionados por la llamada Ley Global Magnitsky. De acuerdo al boletín emitido ese día por OFAC desde Washington, Briceño y las otras 15 personas cuyos nombres fueron incorporados a la lista de Specially Designated Nationals (en español, ciudadanos extranjeros con designación especial) eran “funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones”.

Por la letra inicial de su apellido, el de Briceño fue el primer nombre de la lista.

La sonrisa, el Ferrari y el exilio

Recién desatado el escándalo que provocó en las redes sociales la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, empezaron a filtrarse fotografías del juez Edward Briceño en viñetas personales: acompañado con una mujer, montado en un Ferrari antiguo, vistiendo ropas deportivas y, siempre, con una sonrisa de oreja a oreja. 

El desenfado que muestra Briceño en esas fotos -que, por cierto, dejaron de conseguirse en fuentes abiertas de Internet- luce como un indicio de que nunca se planteó adoptar la majestad que se le asigna al rol de juez. Y, menos todavía, de hacerlo al servicio del oficialismo: un par de fuentes confirman que su familia ha sido siempre afín a la oposición.

Edward Briceño es el segundo de tres hermanos, todos nacidos y criados en la urbanización Simón Rodríguez, un barrio de clase media-baja de Caracas. Es hijo de Miguel Briceño, comerciante, y Edi de Briceño, oficinista, sobre quienes todas las fuentes coinciden en describir como una pareja de personas decentes y trabajadoras. Un testimonio de esas fuentes le endilga a Briceño padre -que alguna vez trabajó en el expendio de licores- el coraje suficiente para desafiar verbalmente a la mayoría chavista del vecindario donde viven. 

El hermano mayor de Edward Briceño vive desde hace más de cinco años en Florida, Estados Unidos, mientras que el menor emigró a Chile. El país sureño también atrajo en su oportunidad al propio Edward Briceño, quien probó suerte allá junto a su esposa y una hija, entonces, de dos años.  A sus amigos les decía que trabajaba como abogado en Chile, pero no hay ni un solo indicio testimonial o documental de que realmente haya sido así.  

Su regreso a Venezuela sugeriría que no tuvo mayor éxito en esa aventura en el exterior. Sin embargo, Briceño comentó a sus allegados que solo regresó para tomar la oferta que había recibido de encargarse de un tribunal.

Quizás se miraba en el espejo del fulgurante ascenso de Joel Monjes en la escala judicial. Actual Juez de Control de Responsabilidad para Adolescentes en Materia de Terrorismo, Monjes había sido amigo cercano de Briceño en los inicios de su carrera como defensor público. Hoy, además de Monjes y Briceño Cisneros, completan el circuito de tribunales antiterrorismo Carlos Liendo (Tribunal Segundo), Ángel Betancourt (Tribunal Tercero) y Franklin Mejías (Tribunal Cuarto).

El que no rompía un plato

En la Gaceta Oficial no hay constancia del nombramiento de Briceño, lo que ya de por sí resulta irregular. Tampoco de que su tribunal se sometiera a concurso.  

Sin oficializarla, en Internet se consiguen un par de indicios sobre tal designación. El primero, su ficha vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS), donde se asegura que el abogado de 38 años de edad es “juez activo” desde el 28 de abril del 2023 y tiene como patrono a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ente que nombra y regula estos cargos.

El segundo es una foto colgada en Instagram por el Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 26 de abril de 2023. En ella se distingue a Briceño Cisneros entre un grupo de diez nuevos jueces en un acto de juramentación presidido por Katherine Haringhton, cabeza del circuito y sancionada por la Unión Europea, que trabaja abiertamente plegada a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres de los recién designados funcionarios públicos no fueron mencionados en el post de esta red social.

Pero el nombramiento de Briceño Cisneros como juez no solo luce inorgánico y circunstancial en la forma, sino también en el fondo. Aunque sea abogado, carece de la carrera o los méritos que pudieran justificar esa investidura.

En lo académico, sus credenciales son magras. Obtuvo en 2008 su título en Derecho en la privada Universidad Santa María de Caracas, según el propio Briceño señala en su perfil de LinkedIn. Completó su especialización en Derecho Penal en esa misma casa de estudios en 2011 y, siempre según lo que refiere en la red social, hizo una pasantía como asistente legal en el escritorio jurídico Hoet, Peláez, Castillo y Duque.

Recuerda el abogado José Amalio Graterol que conoció a Briceño cuando este era muy joven y daba sus primeros pasos como asistente de Laura Blank Ortega, una defensora pública del circuito del Área Metropolitana de Caracas. “Era un muchacho servicial y simpático, que, si le pedías un favor, te lo hacía. Desde eso lo conozco”, afirma. Graterol explica las funciones de un asistente judicial, como lo era entonces Briceño, de la siguiente manera: “Se dedica a archivar las cosas del Defensor Público y en el Libro Diario del Defensor Público, pero no es necesariamente abogado ni tiene que tener conocimiento jurídico. [Briceño] ni siquiera era un analista en ese momento, sino un asistente más de la sala de los defensores públicos”.

Pero, una vez graduado como especialista en Derecho Penal, Briceño Cisneros encaminó su carrera por esos rumbos. Tras un breve paso por el Ministerio Público como fiscal auxiliar adscrito a la Dirección de Delitos Comunes de Caracas y en la Fiscalía 61, designado en octubre de 2011, apenas un mes más tarde de esto fue nombrado como Defensor Público Provisorio Septuagésimo Cuarto (74to) con Competencia en Materia Penal en la jurisdicción de Caracas. 

Thelma Fernández, abogada que comenzó su carrera como defensora pública, mantiene en su memoria la imagen de un, para entonces, bisoño y “muy simpático” Edward Briceño. Nada hacía prever que se disponía a hacer en el futuro las veces de verdugo judicial por encargo. “Pero así era”, insiste Fernández, “se desempeñaba como asistente de una defensora pública, un niño que no rompía un plato”.

¿Mostraba entonces alguna inclinación política y, más en concreto, una filiación por el chavismo? De manera resuelta, Fernández dice que no, “nada de política”, afirma.

Se quedó estancado durante 12 años en la defensoría pública penal, según revela en su propia hoja de vida disponible hasta hace poco, al menos, en LinkedIn. Aparte de su jovialidad, en él no despuntaba ningún rasgo profesional que lo distinguiera. Un motivo que llevó a muchos a sorprenderse cuando supieron de su consagración como juez. “Cuando salió lo de Edmundo [en referencia a la orden de captura contra González Urrutia] todo el mundo se quedó loco, no podían creer que fuera él, el mismo Edward”, dice una abogada que lo conoció. Una reacción similar tuvo Graterol: “Me dije: ‘este nombre me suena’. Me fui a mi Facebook a revisar y digo, ‘bueno, ¡es este muchachito!’. Todo eso sin ningún tipo de carrera, sin concurso. Nombrado a dedo, yo creo, pero no estoy seguro, porque el hombre me borró de Facebook”.

Esos nombramientos de jueces, a dedo y sin concurso, son parte de la reconfiguración que el chavismo inició desde muy temprano para tomar control del Poder Judicial. Por cuenta de ese cambio, los jueces en Venezuela pasaron a ser provisorios, sin estabilidad alguna y con puestos a merced de la voluntad expresada desde el presidencial Palacio de Miraflores. Un hito del proceso de cooptación, que también sirvió como advertencia, lo marcó la detención en 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, a raíz de una petición u orden que Hugo Chávez formuló por televisión.

En ese escenario otro abogado señala a Briceño Cisneros como un paradigma de la camada de jueces resultante. “No solo él, sino todos los jueces con competencia en terrorismo, no hacen más que cumplir las órdenes que les da el Poder Ejecutivo”, asevera. En esta oleada sin precedentes de arrestos ordenados por el régimen de Nicolás Maduro por razones políticas -el Foro Penal Venezolano contabiliza 1.876 a la fecha- al circuito de tribunales de terrorismo, entre los que destaca aquel Briceño Cisneros que no rompía un plato, le tocará doble ración de instrucciones.

En Ciudad Caribia, el conjunto de viviendas ideado por el presidente Hugo Chávez en 2006 cercano a la autopista Caracas-La Guaira, en la vía hacia el aeropuerto internacional Simón Bolívar del estado de Vargas, vivía, de modo provisional, Joshua Holt, nacido en Utah (EE.UU.) hace 24 años. El pasado 30 de junio fue sorprendido en su cama por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), el vigesimotercer plan de seguridad implementado por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana para acabar con la inseguridad que mortifica a los venezolanos. Según el Ministerio Público, fue capturado en flagrancia.

Según otra versión, fue sacado de su cama en ropa interior y, ante lo que percibió como un abuso policial, se dispuso a grabar con su teléfono celular su propio arresto. “Conozco mis derechos”, repetía. En esa misma versión, los agentes, al darse cuenta del origen del sorprendido, decidieron apresarlo. Una suerte de botín del que pronto se haría alarde en todos los medios públicos, con el propio ministro de Interior, Justicia y Paz, el hoy destituido mayor general Gustavo González López, como portavoz. Le dejaron vestirse y se lo llevaron detenido junto a la mujer con la que recién se acababa de desposar, Thamara Belén Caleño, de origen ecuatoriano, pero nacionalizada venezolana

El 3 de febrero de 2016, un viajero vestido con una bata naranja, pelo canoso y largo, flaco y alto, y con la piel pálida, se disponía a tomar un vuelo desde el aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto (estado de Lara, centrooccidente del país), con rumbo a Caracas. En el mostrador de identificación algo llamó la atención de los trabajadores de la aerolínea: identificación falsa y dos alertas de Interpol. Un hombre con tres nombres: Robert Caring, Niels Christian Nielsen y Robert Dean Child; dos profesiones confesas: escritor y profesor; y un pasado que se remonta a 1995 en la lejana población de Purulia, en la región de Bengala Occidental (India).

El estadounidense, nacido en Pennsylvania en 1953, tiene diversos pasaportes del país del norte y una cédula de extranjero de Brasil. Está solicitado por India desde el 10 de enero de 1996 y tiene dos notificaciones rojas internacionales, una del 1 de diciembre de 1997 y otra del 18 de febrero de 2016. Ambas, bajo las acusaciones de tráfico de drogas, contrabando de armas, blanqueo de capitales y terrorismo.

Dos hombres, dos ciudades

Holt, misionero mormón, dejó el misionado activo para ser feligrés de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En su afán por entender mejor a las comunidades de origen latinoamericano a las que atendía, buscó aprender español a través de Internet. Y en ese camino, encontró a Thamara Caleño. La interacción digital dio paso al encuentro personal en República Dominica. Luego vino el plan de ir a Estados Unidos juntos y casarse, previa petición de la “visa K”, esa que permite al futuro cónyuge del ciudadano estadounidense acelerar sus trámites y obtener sus papeles. Llegó a Caracas el 11 de junio. Algo pasó en el camino, quizá las prisas por la vida marital, que llevaron a Joshua y a Thamara a casarse en Venezuela, lo que hizo que debieran seguir esperando otros cinco meses en el país para poder viajar y cumplir con los trámites administrativos de Estados Unidos.

La utopía comunal de Ciudad Caribia reside en un conjunto enorme de edificios altos, en mitad de la nada en la carretera que va desde Caracas a La Guaira. Para llegar a su altiplano hay que desviarse por una carretera llena de curvas, sin nada alrededor. Allí se encuentran algunos servicios, como un centro médico básico, un abasto, una escuela primaria y unas dependencias judiciales, todos organismos del Estado. También hay tiendas informales que se anuncian en las rejas de las casas con carteles manuscritos al estilo “Hay helado”. En las pocas paradas de autobús, la gente se agolpa esperando el transporte.

La misión de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP, campaña de tomas armadas de barrios populares por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, para someter a las bandas del crimen organizado que en ellos se han hecho fuertes) se desarrolló en Ciudad Caribia durante la madrugada del 30 de junio. La Guardia Nacional no estuvo allí más tiempo del necesario, hasta que volvieron a tomar la zona, un día después de que el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz saliera en el canal del Estado a hablar de la captura de El gringo, como apodaron a Holt. El 21 de julio, a la entrada de los bloques de edificios todavía permanecían en el urbanismo un helicóptero, carros blindados y decenas de militares. “No podemos decir qué hacemos aquí, pero es preventivo”, aseguraba uno de los militares al mando. Entre los organismos presentes, la Unidad Antisecuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, policía auxiliar de la Fiscalía).

Ese día pocos querían hablar del caso de Holt. Quienes hablan lo hacen más de Thamara, su esposa, quien “no se metía con nadie, era muy trabajadora y una de las pioneras de Ciudad Caribia”, dice una vecina que pide reservar su nombre. Sobre Joshua Holt: “Lo veíamos por aquí, sabíamos que era el esposo, pero apenas lo conocemos y no puedo decir si es buen o mal muchacho”. Al fin de cuentas, era un recién llegado.

Los primeros habitantes llegaron en 2011 al valle elegido por Chávez. Eran de aquellos damnificados que habían perdido su casa en las fuertes lluvias de finales de 2010. Thamara, junto con su madre y sus hermanas, fue una de ellos, y pronto empezó a trabajar como limpiadora en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona. “No puedo tener queja de ella, como trabajadora y como persona es excelente. No sé qué ha podido pasar”, dice una de las encargadas de personal del CDI que prefiere no dar su nombre: “No nos dejan dar declaraciones”.

La situación de Robert Caring en Venezuela era bien distinta a la de Holt. Según los documentos judiciales, no tiene ninguna credencial, pero sí una dirección, en el país.

Después de subir una calle empinada, larga, sin nadie a pesar de que el recorrido se hace a plena luz del día, jalonada por grandes quintas, algunas con jardín delantero, se llega a la quinta Prout. En la esquina de la calle Terepaima con Mosén Sol, en El Marqués –una urbanización de clase media en el noreste de Caracas-, frente a una garita de seguridad a medio hacer y abandonada, se encuentra esta enorme casa con una bandera venezolana, acompañada de otra de color morado con un globo terráqueo en su centro. En su balcón, un gran cartel con el nombre de la quinta, Prout, acrónimo de Progressive Utilization Theory, Teoría de la Utilización Progresiva, una teoría socioeconómica nacida en India en los años 60 de la mano del filófoso Prabhat Ranjan Sarkar y que tiene como objetivo superar las limitaciones del capitalismo y el comunismo, ambas teorías económicas paradigmáticas y contrapuestas que definían época. Este centro de investigación es donde, según los registros del Tribunal Supremo de Justicia, se alojaba Robert Caring.

Nadie atiende al timbre. Nadie atiende al teléfono. Tampoco los habitantes de la casa de al lado. No hay ningún indicio que pueda decir que en esa zona había un terrorista internacional. Pareciera que el tiempo se hubiera detenido en este centro que busca la construcción de un mundo mejor y que se opone a la corrupción, la violación de los Derechos Humanos o a “las reglas económicas que impactan adversamente las comunidades, los gobiernos nacionales y a regiones enteras del mundo”, tal y como reza su página web. Pero, si dieron cobijo a Robert Caring, puede que hayan contravenido sus propias reglas.

Sobre presuntos y confesos

El 11 de abril se encontró en Ciudad Caribia el cuerpo de Omar Jesús Molina Marín, candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido del Gobierno). Fue asesinado. La OLP de la madrugada del 30 de junio tenía como objetivo el desmantelamiento de la banda criminal paramilitar Los sindicalistas, según los investigadores, responsable del asesinato del dirigente político. En el camino se encontraron a Joshua Holt y lo detuvieron “por posesión de armas de guerra, municiones de alto calibre, mapas estratégicos de la ciudad y equipos informáticos que serían empleados para ejecutar acciones terroristas”.

La rueda de prensa del entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, se afincó en demostrar la hipótesis oficial: “Bajo distintas fachadas, los servicios de Estados Unidos buscan concretar objetivos de la Guerra No Convencional a través de acciones injerencistas y estimulan la conformación de bandas criminales paramilitares para desplazar los objetivos conquistados de la Revolución”.

González López dijo que Caleño y Holt tenían “una extraña y sospechosa relación por Internet”, que ella había salido varias veces del país financiada por él y que el matrimonio de ambos se llevó a cabo con irregularidades. De esto último, la Alcaldía de Sucre dijo que ambos cumplieron con todos los requisitos requeridos por la ley. El ex ministro también dijo de él que era “un pistolero entrenado, especializado en el uso de nuevas tecnologías, evidencia en las redes sociales adoración a las armas, propio de la cultura impuesta a gran parte de los estadounidenses, donde son comunes actos terroristas”.

La noche del 17 al 18 de diciembre de 1995 un avión sobrevolaba Purulia, a unos 300 kilómetros de Calcuta, la capital de Bengala Occidental. Algo no salió como estaba previsto y, además de la carga llena de armas que cae en paracaídas, cae el avión. Al día siguiente, las autoridades indias lo encontraron, y dentro de él, pistolas 9 mm, fusiles de asalto Dragón, dispositivos para visión nocturna, miras telescópicas y municiones, todo traído desde Bulgaria, según el Gobierno de India. Pero ni rastro del organizador del envío, el verdadero Niels Christian Nielsen, alias Kim Peter Davy, ni del dueño del avión, Robert Caring.

Davy escapó con la ayuda de Caring. Cruzaron la frontera indio-nepalí después de pasar por Mumbai, sin salir de modo legal de India, según reseña el diario indio The Telegraph. Desde allí, fueron a Tailandia, y se sabe que Caring voló luego desde Singapur a Brasil, donde residía. Se desconoce cómo llegó de allí a Venezuela, si fue en un vuelo comercial o por tierra.

Desde el 10 de enero de 1996, India pide el arresto de Caring y es en enero de 1997 cuando se hace la primera notificación roja de Interpol con la siguiente advertencia: “Puede ir armado, puede usar otras identidades”. Y se le acusa, además de los cargos ya mencionados, de contrabandear con oro, con otros bienes de Asia y África, comercio de piezas de ordenadores y artículos electrónicos Kim Davy, el cabecilla del envío de armas “para usos terroristas” de Purulia, está relacionado con tres personas condenados en los años 80 por haber puesto una bomba en Sidney, S. Forder alias Dhuba, Mrs Singh y David O'Hee. Las autoridades indias saben que pasó por Rotterdam, Orebro (Suecia) y por Sao Paulo, donde se le vio con Caring.

Lo último que se sabe de Davy es a través de su aparición en una entrevista concedida al Times Now de India en 2011, en la que no se especifica el lugar donde se hizo, ni si fue presencial o telefónica. El compinche de Caring habla ante el riesgo de ser extraditado como terrorista: “No me siento terrorista, no siento que haya hecho daño a nadie, quería proteger a la gente del comunismo en la zona”. Cuenta que las armas eran para la defensa legal de la gente de Purulia ante el Partido Comunista de India y que detrás estaba la inteligencia de India, la RAW (Research and Analysis Wing) y el MI5 británico. “Había un ex agente de inteligencia dentro del avión, [las autoridades indias] sabían del plan, la carga que llevaba el avión, la zona de desembarco de la carga...”.

Toda una trama internacional, documentada en los medios, confesada incluso por sus protagonistas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, de estar solicitado internacionalmente, Robert Caring –o Nielsen o Dean Child–, no mereció ni una mención en cadena presidencial, ni una alocución del Ministro de Interior, Justicia y Paz. Su caso se supo después de que la periodista de la fuente de sucesos, Altagracia Anzola, recibiera un pitazo de sus fuentes en Lara. Una información que apenas alcanzó para unos tweets y que pocos medios nacionales replicaron en sus versiones digitales.

Sobre Holt, el ministro dijo que pertenecía a una banda criminal paramilitar “con respaldo de grupos de la extrema derecha del país”. Nicolás Maduro habló de él, el diario Últimas Noticias sacó la nota entre sus páginas con el titular Paraco Joshua Holt “tenía nexos con instituciones y personajes políticos”. La página web Misión Verdad le dedicó extensas líneas al caso.

Caring está a la espera de ser extraditado a India. Mientras se escriben estas líneas, Holt espera una acusación firme entre las paredes del Helicoide.

Que todos viajaban con pasaporte venezolano.

En los últimos cinco años, los servicios de seguridad de esos tres países –Líbano, Canadá y Bulgaria- han detectado que individuos pertenecientes a grupos irregulares, extremistas, o a las redes que los apoyan, casi todos provenientes del Medio Oriente, han cruzado sus fronteras con documentos venezolanos. El detalle: algunos de los reportes indican que se ha tratado de pasaportes auténticos, no de falsificaciones.

Cuba y Venezuela mantienen desde 2000 un convenio de cooperación que le ha llevado a firmar contratos en las más diversas áreas, incluso las neurálgicas para la seguridad y defensa del país, como el servicio de identificación de los ciudadanos. En 2003, con asesoría cubana, el fallecido presidente Hugo Chávez creó la Misión Identidad como mecanismo para otorgar cédulas de identidad –requisito indispensable para votar- a más de tres millones de personas, en la víspera del referéndum revocatorio que se celebró el año siguiente.

Un testigo privilegiado de los tratos entre Venezuela y Cuba para los cambios en la identificación civil, el exasesor del Ministerio de Interior, Anthony Daquin, explicó que, valiéndose de esa asesoría, los cubanos pretendían otorgar documentos venezolanos a agentes de inteligencia y miembros de organizaciones radicales, para no despertar sospechas. Recientemente, documentos desclasificados del servicio de inmigración de Canadá confirman que ciudadanos de nacionalidad iraní han cruzado esa frontera y burlado sus sistemas de seguridad con pasaportes venezolanos que han considerado “no apropiados”, una descripción que engloba a quienes viajan con documentos falsos, alterados, robados o que son genuinos, pero han sido expedidos u obtenidos con identidades ficticias.

El hub de La Habana

Algunas de las primeras pistas de este patrón de viajes surgieron hace más de 10 años, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez comenzaba a estrechar lazos políticos y económicos con los gobiernos del sirio Bashar al Assad y del iraní Mahmud Ahmadineyad. En febrero de 2003 fue detenido Hasil Mohammed Rahaham-Alan, quien viajaba con un pasaporte venezolano y llegó al aeropuerto Gatwick de Londres en un vuelo de British Airways, que partió de Caracas e hizo escalas en Colombia y Barbados. El hombre llevaba una granada en su equipaje y su arresto ameritó la evacuación del terminal y el movimiento de militares. Habían pasado apenas dos años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y el transporte del explosivo causó alarma y retrasos en los vuelos.

Dos años más tarde, en 2005, fue detenido Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de la guerrilla colombiana de las FARC. Aunque Washington se desligó de la operación de captura ejecutada por Colombia en territorio venezolano, el reclamo a Caracas por haber albergado al terrorista, expresado a través de una nota del Departamento de Estado, contenía una revelación: “Urgimos al gobierno del presidente Chávez a que explique por qué permitió a un alto terrorista de las FARC movilizarse libremente dentro de su territorio y que inclusive obtenga pasaporte venezolano”.

Tras los atentados terroristas en Estados Unidos y Europa se extremaron las medidas de seguridad. La Organización de Aviación Civil Internacional (IATA por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza) estableció que todos los países debían emitir pasaportes electrónicos, con chips que contienen datos biométricos (como las huellas dactilares), a más tardar en 2010.Venezuela comenzó a emitirlos en 2007, de la mano de su principal aliado político, Cuba, que delineó cómo debía ser la modernización de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, la antigua Onidex, para dar paso al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el actual Saime.  Bajo la tutela antillana, las compañías proveedoras de los pasaportes biométricos fueron contratadas con la participación de funcionarios de Copextel, la corporación pública cubana encargada de importar y comercializar productos electrónicos y tecnológicos para la isla, cuyo manejo ha estado históricamente ligado a los militares de ese país.

La isla, que no aparece en el radar de los rankings de países con más tecnología de electrónica y biométrica y que, en correspondencia con ello, no cuenta con capacidad técnica para fabricar estos materiales y diseñar los programas informáticos, se convirtió en un intermediario de estos servicios. En 2005 creó la empresa Albet Ingeniería y Sistemas, el brazo comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), a la que Venezuela compra buena parte del software de la administración pública, en especial, el que usan el Ministerio de Interior y sus organismos adscritos, como el Saime, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el servicio de emergencia y el de las policías.

José Lavandero García, el cubano que diseñó el Saime y los sistemas de expedición de documentos, es vicerrector de la UCI, casa de estudios que depende del Ministerio de Informática y Comunicaciones de la isla, encabezado por el general Ramiro Valdés, quien también fue ministro de Interior y es considerado el artífice de los servicios de inteligencia cubanos.

“A Cuba le interesa colocar agentes en Estados Unidos, Venezuela, México y España, donde se concentra la diáspora de la isla, para multiplicar la presencia de su servicio de espionaje. También venden esa información a otros países, a grupos extremistas o religiosos, que a través de la isla tienen medios para infiltrar”, explica Anthony Daquin, ingeniero venezolano, desde Estados Unidos, donde pidió asilo político luego de –asegura- recibir amenazas por criticar la injerencia cubana en la identificación. Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 fue empleado de una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa, del que aún conserva las credenciales que le permitían ingresar a las instalaciones militares. Luego de trabajar en dos empresas más del área que prestaban servicios al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, se convirtió en asesor del organismo.

Daquin asegura que miembros de grupos terroristas como Hezbolá, Hamas y las FARC viajan con doble identidad sin causar alarmas, pues poseen un pasaporte que les permite entrar en Europa y gran parte de América sin necesitar visa de turista. Un pasaporte vinotinto.

Hubo una alerta temprana en la región. En 2008, cuando los pasaportes electrónicos venezolanos tenían apenas un año de circulación, el entonces director de Inmigración de Costa Rica, Mario Zamora, observó un flujo constante de árabes que viajaban con pasaporte venezolano y se lo comunicó a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en San José. El hecho fue reseñado en uno de los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks en 2011. La representación diplomática sugirió alertar a la embajada en Caracas y al servicio de inmigración sobre esta práctica que podría enmascarar o facilitar los viajes de terroristas a Estados Unidos.

Gatos venezolanos por liebres iraníes

Un informe de julio de 2012, desclasificado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, detalla las atípicas características de la migración de iraníes hacia ese país entre 2009 y 2011. A las autoridades les llamaba la atención cómo burlaban los controles y sus posibles nexos con el crimen organizado. El reporte advierte que, si bien muchos son detectados, los iraníes tienen un alto porcentaje de éxito al entrar con documentos “no apropiados”: uno de cada tres de ellos lo logra y solicita asilo en el país. Los oficiales mencionan la participación de funcionarios del aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, y de personal de las líneas aéreas para facilitar los viajes de iraníes. “En los últimos tres años, las principales ciudades de embarque de personas con documentos inadecuados que llegaron a Canadá fueron: Ciudad de México, México; Londres, Inglaterra; Caracas, Venezuela, y Frankfurt, Alemania”, señala el documento.

Con este informe como base, el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), un organismo para el estudio de temas de seguridad y defensa con sede en Washington, inició una investigación cuyos resultados publicaron en junio pasado en el informe Canadá en guardia: Evaluando la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria. Los autores, Victoria Henderson, Fernando Menéndez y Joseph Humire, señalan que las autoridades venezolanas emitieron, entre 2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, visas y otros documentos a islamistas radicales que buscaban entrar sin despertar sospechas a América del Norte. También encontraron evidencia de que Irán colabora con Cuba y Venezuela para explotar las debilidades del sistema de inmigración canadiense. Pero no solo iraníes han tomado ventaja. El informe asegura que también sirios y libaneses relacionados con Hezbolá se han hecho de identificaciones venezolanas.

Los investigadores aseguran que Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua, es el puente para los extremistas de Medio Oriente. Según esa versión, El Aissami habría facilitado documentos a los terroristas mientras estuvo al frente del Ministerio de Interior, entre 2008 y 2012, y habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento de esos grupos. “Tiene redes que atraviesan Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania”, precisa Humire, director del SFS, que condujo la investigación. “Desde finales de 2012 recolectamos información e hicimos viajes a Venezuela y otros países. Vimos documentos de identidad de diferentes tipos otorgados a irregulares: pasaportes legítimos, certificados de nacimiento, cédulas, registros del Seguro Social”.

Humire afirma que las autoridades estadounidenses están al tanto de la situación desde hace varios años. Jaime Ruiz, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), servicio adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, no confirma ni niega que haya ciudadanos provenientes del Medio Oriente que viajen con documentos venezolanos a ese país. Señaló que todos los puntos fronterizos están protegidos ante amenazas como esta.

Estados Unidos ha establecido sanciones a algunos venezolanos de ascendencia siria y libanesa por sus presuntos nexos con Hezbolá. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Ghazi Nasr al Din y Fawzi Kanaan, a quienes acusó de solicitar donaciones y facilitar viajes a la organización terrorista, razón por la que congelaron sus bienes y prohibieron a empresas o ciudadanos de Estados Unidos hacer negocios con ellos. Nasr al Din fue funcionario diplomático de Caracas en la Embajada en Damasco y luego ocupó un cargo directivo en la representación en Líbano. Cuatro años después, el gobierno estadounidense desarticuló una red de lavado de dinero del narcotráfico para Hezbolá encabezada por Ayman Joumaa, que tenía vínculos con los venezolanos-libaneses Abbas Hussein Harb, Ali Houssein Harb y Kassem Mohamad Saleh, dueños de empresas en Venezuela y Colombia a través de las cuales operaban.

Modus Operandi del Alba

En abril se revelaron más detalles del atentado con bomba que mató a cinco turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, el 18 de julio de 2012.  La periodista Ana María Luca, del site Now, que cubre historias del Medio Oriente, afirmó que el cuarto miembro del grupo que perpetró el ataque, considerado el autor intelectual, usó un pasaporte venezolano para a entrar a Bulgaria desde Turquía. Aunque las autoridades no precisaron la nacionalidad del hombre, el FBI lo relaciona con Hezbolá y sus agentes en Líbano. “Cuatro hombres, de cuatro nacionalidades, viajan a Bulgaria desde cuatro continentes diferentes (por cuatro fronteras) sin aparente conexión entre ellos. Hacen seguimiento a los vuelos, ven cuáles autobuses usan los turistas israelíes, monitorean los hoteles y diseñan un plan. Toman ventaja de la falta de seguridad en el pequeño país balcánico y el hecho de que sus fuerzas de seguridad no tienen experiencia en lidiar con bombardeos suicidas. Fácilmente volaron el autobús”, escribió Luca.

Otro hombre con un pasaporte venezolano estuvo entre los terroristas que secuestraron a siete ciclistas de Estonia en la ciudad de Zahlé, al este de Líbano, el 23 de marzo de 2011. “Wael Abbas, clave detrás del secuestro de los siete estonios, había viajado a Qatar desde el aeropuerto de Damasco, con un pasaporte venezolano auténtico”, señaló entonces el diario libanés The Daily Star, que citó a fuentes de seguridad de alto rango. La investigación reveló  que Abbas esperaba un pago de 120.000 dólares, pero solo recibió 40.000 por la autoría intelectual del secuestro, en coordinación con agentes de inteligencia sirios.

En una intervención en la audiencia del 9 de julio de 2013 ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos, Humire y otros expertos en seguridad de think thanks estadounidenses expresaron que no solo Venezuela emite pasaportes a personas ligadas a grupos irregulares, sino que es una operación orquestada con los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), especialmente Bolivia y Ecuador.

Como si se tratara de una franquicia, Cuba extendió los servicios de identificación electrónica a otros países de la región, especialmente a los de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Las cláusulas de los contratos en Venezuela le permitían comercializar los programas en otros países, así que el régimen cubano aprovechó el trampolín para extenderse en el vecindario. Argentina y Bolivia, a través de decretos presidenciales, pusieron también en manos de Cuba el manejo y diseño de sus sistemas de identificación electrónica, que en esos países opera con la empresa Datys.

En Argentina, los antillanos contribuyen desde 2011 a la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, que pretende recabar los datos de los 40 millones de argentinos para la prevención del crimen. En Bolivia, su presencia es rastreable desde 2009, cuando un decreto del presidente Evo Morales autorizó la contratación directa de Datys para la elaboración de los pasaportes de lectura mecánica, tanto los regulares como los diplomáticos. Con este alcance regional, la isla es capaz de manejar los datos de identidad de cerca de 80 millones de personas en la región.

Las credenciales diplomáticas también

Un pasaporte diplomático salvó al cónsul venezolano Hugo Carvajal Barrios de una larga condena en las cárceles de Estados Unidos, país que le acusa de colaborar con el tráfico de drogas. A finales de julio, luego de cinco días de arresto en Aruba, donde representaba al gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue liberado porque Holanda reconoció su inmunidad diplomática. Así de importante resulta este documento.

Aunque en Bolivia los cubanos elaboraron los pasaportes diplomáticos desde el principio de su contrato, fue hace dos años que comenzaron a hacer los pasaportes de este tipo para la Cancillería venezolana. Seis empleados de la cancillería consultados aseguran que desde entonces sustituyeron el viejo librillo de tapa dura, escrito a mano por un par de caligrafistas en la planta baja de la Casa Amarilla, con sellos lacrados y una cinta tricolor que unía las hojas.

Las fechas coinciden. La edición de la revista científica de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba de noviembre de 2013, despliega el artículo Capa de procesos del sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones de Venezuela, en el que Idia Herrera Rivero y Annie Cubas González, del Centro de Identificación y Seguridad Digital, disertan sobre las modificaciones que se hicieron en el sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

“Era necesario cambiarlos porque el anterior pasaporte no tenía muchas medidas de seguridad. En Asia lo revisaban y mandaban a llamar a otra persona para chequear que fuera auténtico”, dice un funcionario. Recuerda que el cambio comenzó en 2011, cuando el Saime abrió una oficina en el edificio de la Cancillería para la expedición de cédulas y documentos de viaje, que luego se instaló definitivamente en la Casa Amarilla.

Herrero y Cubas analizaron las debilidades del antiguo sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, que son otorgados por ley a las cabezas de los poderes públicos, responsables de misiones diplomáticas y a sus familiares. Luego de entrevistar a los funcionarios del Área de Pasaportes Oficiales, determinaron fallas como poca confiabilidad de registro de la información manuscrita en los libros; retardos en la transcripción y recuperación de datos en el sistema y falta de control sobre la expedición de pasaportes en años anteriores. Justifican el cambio, hecho a través del convenio Cuba-Venezuela, con la descripción del siguiente escollo: “Los mecanismos de seguridad que se tienen en cuenta para realizar la solicitud y el enrolamiento de los pasaportes diplomático y de servicio, son insuficientes, pues no se realiza validación de los datos capturados ni de la identidad del titular, lo que constituye un riesgo”.

La solución informática que crearon consiste en un módulo de citas para la solicitud del documento, que aparece en la intranet de la Cancillería, en la que los funcionarios deben inscribirse para luego ir a la Casa Amarilla, al departamento de Protocolo encargado de los pasaportes, a que les tomen los datos y la fotografía. “He visto a cubanos de seguridad, que sabemos que son los guardaespaldas del ministro, viceministros y directores, en la misma oficina haciendo la cola para sacarse el pasaporte diplomático”, afirma una empleada del organismo. Otra recuerda que desde 2005, con Alí Rodríguez Araque como ministro y luego con Nicolás Maduro al frente, comenzaron a verse más cubanos en los pasillos del despacho. “Decían que venían como asesores de la reestructuración”, recuerda.

Un tercer funcionario refiere que la primera vez que obtuvo el documento diplomático electrónico no lo atendió el personal de costumbre y ya no vio a los caligrafistas. “Una mujer con acento cubano hizo el papeleo interno, llenó los datos en la planilla y la firmó”. El conocimiento del régimen cubano sobre los datos de identidad y los documentos de los venezolanos se extiende también al de las posiciones de los funcionarios en el servicio exterior. Un manejo que ya ha encendido muchas alarmas.