La Comisión Central Electoral de Bulgaria solo admitió las ofertas de Lex.BG y Ciela Norma, a pesar de que ambas pedían pagos por el valor máximo establecido en las condiciones del concurso, de 42,9 millones de levs búlgaros, casi unos 26 millones de dólares. Una oferta muy cerrada para la que bastó un descuento de 1.200 levs –apenas unos 722 dólares de diferencia– que hizo ganadora a la dupla de Ciela Norma y Smartmatic, que una vez más se garantizó la organización de las elecciones de este 4 de abril.

Aunque el proceso fue impugnado por una de las empresas aspirantes que quedaron fuera del juego, el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria –en diciembre del año pasado– terminó por allanar el camino para consumar el negocio. “Lo que sabemos es que nadie más puede cumplir el contrato”, defendió entonces Veselin Todorov, el director ejecutivo de Ciela Norma, la firma finalmente beneficiada. Decía que las condiciones de esta licitación eran tan específicas que ninguna otra empresa hubiera podido estar a la medida de los requisitos, y hasta reconocía que aún sin el contrato aprobado, su compañía ya había adquirido las 6.600 máquinas que ahora Smartmatic suma a las 3.000 que había provisto para elecciones anteriores.

"Así es la vida, todos tienen que correr riesgos si quieren ganar", justificó el empresario esa temeridad en declaraciones a los medios. Pero los mismos medios han venido preguntando qué sabían ese y los demás miembros de Ciela Norma para tener el arrojo de aventurar millones de dólares en unas máquinas que para ese momento no habían sido aceptadas por autoridad alguna.

Dudas razonables

¿Por qué todo ha terminado tan atado para cimentar la plataforma electoral de Smartmatic? Es una pregunta que la empresa no ha querido despejar. Ni siquiera fue posible precisar el costo de cada dispositivo y si –ante tantas denuncias y cuestionamientos– se trata de equipos usados que han reciclado de elecciones de otros países y ofrecido como nuevos. “No estamos autorizados a hablar con los medios”, justificaron sus voceros ante una solicitud de información para esta nota. “Lamentablemente no estamos autorizados, al igual que en la mayoría de los países donde proveemos tecnología, sin ir muy lejos en Los Ángeles, Estados Unidos”.

La historia de Smartmatic en Bulgaria empezó en 2014. Entonces asistió a la misma Ciela Norma para montar el proceso de votaciones para las parlamentarias europeas de 2014, pero solo con 130 máquinas instaladas en cuatro ciudades, a manera de proyecto piloto. Sin duda, les fue bien: hoy estarán presentes en 9.000 de los 11.500 colegios electorales constituidos, es decir, todos aquellos con más de 300 votantes.

En 2019, la dupla de Ciela Norma y Smartmatic ya contaba con una red instalada de 3.000 máquinas y el año pasado –en medio de una inédita ola de protestas políticas que se saltaban la cuarentena aun en tiempos de Covid– el partido de gobierno inició las reformas necesarias para que el Poder Electoral pudiera cambiar su plataforma sin necesidad del visto bueno de otros poderes públicos. Un movimiento político que llevó a la propia jefa de la administración electoral, Stefka Stoeva, a renunciar a su cargo. "Me pregunto por qué el legislador transfirió fácilmente la decisión sobre el tema principal (comprar o alquilar máquinas) a la Comisión Central Electoral, en vísperas de las elecciones”, dijo en una declaración recogida por el semanario Capital.

En Sofía, la capital, hay un halo de dudas sobre la forma como pasaron del sistema manual al voto electrónico. Más allá de las circunstancias del contrato, algunas voces sugieren que fue una transacción que alienta y quizás precede al fantasma del fraude electoral.

Lecciones desde Venezuela

No obstante, a más de 5.700 millas náuticas, varios miembros y expertos cercanos a la oposición venezolana advierten desde Caracas que en ninguna ocasión -incluyendo las muchas en que los cómputos los desfavorecían- encontraron evidencia alguna de que el número de votos hubiera dejado de coincidir con el acta impresa por las máquinas de Smartmatic. No creen en el fraude electrónico, pero igual recomiendan engranar un batallón de testigos que ejerzan auditorías en todas las mesas de votación.

“Desde el punto de vista técnico, estamos seguros de que el sistema garantizaba el secreto y la integridad del voto”. Lo afirma el asesor de la coalición de partidos opositores agrupada en la extinta Mesa de la Unidad Democrática (2008-18), Roberto Picón. “Revisamos muchas veces el software y estamos seguros de que cada voto se depositaba en la máquina y se contabilizaba, transmitía y totalizaba correctamente”.

No existe un sistema blindado por completo, pero sí la manera de detectar un fraude. Eso se demostró en 2017, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, dominado por el oficialismo, entregó la gobernación del estado Bolívar al candidato del chavismo, a pesar de que el opositor Andrés Velásquez tenía las actas de las máquinas que demostraban no solo que él había sido el ganador en buena lid, sino que el sistema permitía probar el robo de elecciones. Eso quedó solo como insumo para la verdad histórica, porque de todas maneras el CNE proclamó como gobernador al candidato oficialista, el general Justo Noguera Pietri, y nunca atendió los reclamos opositores.

Picón, que en 2017 formó parte de la zafra de presos políticos de esa temporada tras una declaración del propio Nicolás Maduro en la que lo acusó de hackear el sistema electoral, asegura que cree en las máquinas, pero no necesariamente en quien las maneja. “El que conoce el sistema puede violar el sistema, y allí el problema está en que, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no es un organismo independiente y está afiliado prácticamente al Poder Ejecutivo y al partido de gobierno, el Psuv”.

La oposición auditó todos los procesos electorales y solo en 2005 encontró un error que inmediatamente fue corregido por la propia Smartmatic. El sistema operativo de Windows XP, que en ese momento corría en las máquinas de votación, guardaba la hora en que se generaba cada archivo. Es decir, permitía saber la hora en que cada voto había sido generado y potencialmente abría la posibilidad de averiguar quién lo había hecho. Una anomalía que, en palabras del experto Mario Torre, fue subsanada enseguida y les permitió tener acceso al código fuente que rápido Smartmatic puso a disposición de cualquier auditoría. Ese hito fue además la piedra angular para conformar el llamado Grupo de Seguimiento Técnico que, desde la sociedad civil, asistió a la oposición en los siguientes catorce comicios.

“Al final del día el mensaje es: no nos preocupemos por el sistema, preocupémonos por buscar los votos”, concluye. “La gente perdía demasiada energía desconfiando en el sistema; el Gobierno buscaba que la gente dudara del voto electrónico y el CNE siempre jugó ese papel opaco para generar lo que nosotros llamábamos abstención selectiva”.

Desde el punto de vista técnico, el software es confiable. Eso sí, una cosa es el sistema electrónico y otra bien diferente la política. Torre, paradojas de la historia, fue profesor del fundador y CEO de Smartmatic, Antonio Mugica, en la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, y en el año 2005 iba dispuesto a reprobar a su ex alumno ante la opinión pública, pero entonces entendió que no había fallas técnicas. “Ellos tienen que lograr que el sistema sea realmente robusto y confiable, si no, no lo venden. Ahora bien, ¿tienen una relación con el Gobierno? Para tú ganarte un negocio de 128 millones de dólares alguna palanca tienes que tener”, concluye. “Smartmatic es un negocio; ¿quién compra un sistema de votación? Su negocio es trabajar con gobiernos”.

Ecos del pasado

Smartmatic fue registrada en el año 2000 en Estados Unidos, pero sus raíces están claramente ancladas a Venezuela. Aún antes de estrenarse en 2004 con el referendo revocatorio que la oposición solicitó para intentar destronar a Hugo Chávez del poder, había nacido como una startup emergente en el sector tecnológico. Una de sus primeras asignaciones fue instalar el circuito cerrado de cámaras de seguridad de la Torre Corp Banca de Caracas, en la urbanización La Castellana del noreste de la capital. Hoy es un coloso transnacional que solo en la en la primera elección en Venezuela de 2004 facturó más de 120 millones de dólares y se anima a querellar en Estados Unidos a la cadena Fox News de la poderosa familia Murdoch.

En cuatro años llegó a cerrar negocios con el entonces rector del CNE y hoy presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, a quien no solo se les relacionó, sino que en 2006 la prensa denunció un conflicto de intereses, tras mostrar la factura de una habitación de hotel en Orlando, Estados Unidos, en la que el vicepresidente de Chávez se hospedó por cortesía de Smartmatic.

La luna de miel, sin embargo, acabó una década después. Ya no desde Caracas, sino desde Londres, el mismo CEO, el venezolano Antonio Mugica, apareció en rueda de prensa el 2 de agosto de 2017 para denunciar que el CNE había inflado los votos para polémica elección de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que nunca reconocieron ni la Unión Europea ni Estados Unidos, así como tampoco más de la mitad de los países latinoamericanos. "Calculamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos", dijo.

Fue una denuncia audaz. Mugica y su negocio tenían mucho que perder. El Estado venezolano aún le debía dinero que nunca terminó de pagar. Pero Smartmatic ya no era la misma. Había gestionado sistemas electorales en Estados Unidos, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Haití y Curazao, hasta Omán, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Kirguistán, Estonia, Armenia, Reino Unido y hasta Filipinas y Argentina, países estos dos últimos donde también había tenido que enfrentar controversias públicas. Su reputación global ya no solo había dejado de depender de su experticia acumulada con la llamada democracia participativa de Venezuela, que el chavismo propugnó y puso en marcha mediante constantes elecciones y referendos, sino que en cierta medida se lo exigía.

Esa distancia entre las circunstancias de 2017 y las de, por ejemplo, diez años antes, afloran en una pregunta que en voz alta se hace el experto Roberto Abdul desde Súmate, una organización no gubernamental enfocada en la participación ciudadana, y especialmente crítica de la autodenominada Revolución Bolivariana y de Smartmatic. "¿Por qué la misma Smartmatic que intervino en 2017 para publicar los resultados nunca terminó de precisar los resultados de 2007, la primera vez que Chávez no solo perdía una elección, sino que exaltado pedía a la oposición a que administrara “su victoria de mierda?", cuestiona Abdul.

“Uno entiende que allí hubo una intervención desde el punto de vista político de poder, por la cual no se publicaron esos resultados en 2007”, dice. “Es uno de los episodios más oscuros en la trayectoria de Smartmatic en Venezuela, que se manejó sin duda de una manera opaca a lo largo de toda la relación que históricamente mantuvo con el Consejo Nacional Electoral”.

¿Gemelos y rivales?

Smartmatic bien supo atender al que fue su cliente VIP, el CNE venezolano, hasta 2017, cuando ya había ampliado sus fuentes de negocio y llevaba cuatro años estableciéndose en Bulgaria.

En Bulgaria también ha sabido ganarse a las autoridades electorales. De otra forma no se explica cómo es que pasó a la segunda fase de la licitación de la mano de las únicas dos clasificadas. Mientras se presentaba en sociedad con la firma Lex.BG, pasaba por una puerta giratoria y acompañaba también a la finalmente ganadora, Ciela Norma.

“De hecho, es difícil hablar de competencia, ya que ambas empresas ofrecen máquinas de la misma marca: Smartmatic", apuntó el periódico Sega de Sofía en su edición del pasado 30 de diciembre. “Este hecho, así como las casi completas similitudes entre las ofertas de Ciela Norma y LEX.BG, despertaron la sospecha entre los miembros de la Comisión Central Electoral de que en realidad los candidatos al contrato habían acordado de antemano”.

El opositor Emil Voinov, del partido socialista BSP, terminó por calificar la jugada como un "teatro" en el que, más que competir,  las dos empresas estaban cooperando. No solo que las propuestas eran idénticas, sino que ambas empresas compartían estados financieros preparados por el mismo contable y certificados por el mismo auditor, con un texto idéntico: “Algunos pueden decir que después de presentar la máquina a un fabricante, no es de extrañar que sus ofertas sean las mismas, pero los dos participantes cometieron los mismos errores en sus ofertas. Entiendes que si cada participante escribe sus propias ofertas, las cosas correctas pueden coincidir, pero no los errores", insistía Voinov con agudeza.

Añadió que ambas empresas presentaban el demo de un dispositivo que presentaba el mismo número de serie que identifica a cada equipo, lo que quiere decir que ambas compañías compartían la máquina de la demostración: “En ambos protocolos, el número de serie es el mismo, es decir, ¡los dos feroces competidores usaron la misma máquina de presentación!".

Las similitudes pasaron de ser llamativas a casi risibles. Pero, dependiendo de los resultados de hoy y el desempeño de los equipos y sistema, tal vez mañana lunes no haya muchos que sonrían por el dominio casi monopólico que Smartmatic en tan solo siete años alcanzó en el pequeño mercado búlgaro de tecnología electoral.

(*) Este reportaje es producto de una cobertura conjunta con el reportero Nikolay Marchenko de la plataforma de Bivol.org de Sofía, Bulgaria.