Jorge Alfredo Silva Cardona ha tenido mucho que celebrar en 2024. En un solo año se casó con una Miss Venezuela, anunció la dulce espera por su primer hijo y también se hizo socio de la petrolera estatal Pdvsa. Nada mal para un exsuboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que todavía en 2013 se desempeñaba como técnico administrativo del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el ente del Estado venezolano que se encarga de recaudar aranceles e impuestos.

Al comenzar el año, en enero, Silva hizo uso de sus prerrogativas como dueño del Deportivo Táchira, el club más tradicional y laureado en la liga venezolana de fútbol profesional: pidió la mano de su novia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, capital del Estado Táchira, fronterizo con Colombia. Su prometida, Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo de 2018, respondió afirmativamente. Ese día no había juego. Pero la Avalancha Sur, como es conocida la barra brava del equipo, se presentó en el estadio y aparcó un momento sus pasiones futboleras para desplegar desde la tribuna una gigantografía que, junto al escudo de la oncena aurinegra, exhibía una pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”.

Luego del sí, la pareja saltó en julio de la cancha a Pampatar, en la nororiental isla de Margarita, para celebrar su boda. La fiesta estuvo amenizada por el cantante colombiano Silvestre Dangond.

Y apenas dos meses después, a mediados de septiembre, anunció que esperaba su primer hijo.

Pero antes, el 15 de mayo pasado, Pdvsa había dado a conocer la fundación de la empresa mixta Petrolera Roraima, cuya constitución fue aprobada el mes anterior por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista. En efecto, el 16 de abril la AN dio curso a la constitución de una empresa mixta dispuesta sobre “1.825 kilómetros cuadrados y un plan de negocios de inversión por 13.576 millones de dólares”.  

Aunque el anuncio vino acompañado con menos fanfarria que los eventos que condujeron al cambio de estado civil de Silva, igualmente fue divulgado por muchos medios. Roraima se aprestaba a iniciar operaciones el mismo mes en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, un inmenso reservorio de crudos extrapesados en el oriente del país, sobre campos petroleros que hasta 2007 estuvieron asignados a ConocoPhilips. Pdvsa informó además que el Estado venezolano iba a detentar 51% de las acciones. El restante 49% quedaría bajo control de la novel compañía A&B Oil and Gas, una empresa privada de la que Jorge Alfredo Silva Cardona, el sonriente novio de entonces, es propietario.

“Jorge Silva decidió dar un salto desde el sector agroindustrial y deportivo hacia el área de los recursos naturales”, explicaba el boletín de la petrolera estatal, “busca aportar al crecimiento del país, apostando a una de las industrias más importantes de Venezuela, y buscando atraer capitales nacionales o extranjeros que quieran sumarse a este ambicioso proyecto”.

En efecto: así como Silva pareció no preocuparse por la sombra de las sanciones internacionales que, si bien atenuadas en parte, aún se ciernen sobre la industria venezolana de los hidrocarburos, a Pdvsa tampoco le importó que su nuevo socio no contara con experiencia alguna en la actividad petrolera.

Antes de ser dueño del Deportivo Táchira, Silva ganó fortuna y perfil de magnate por su figuración al frente del Grupo Empresarial JHS, un proveedor y distribuidor de alimentos proteínicos al servicio del gobierno. El holding nació en 2013 y muy pronto, en 2015, se convirtió en la contraparte en Venezuela del gigante brasileño JBS, el mayor productor de carne en el mundo, sirviéndole como empacador y proveedor de facilidades de refrigeración. Fue Diosdado Cabello, el excapitán del Ejército considerado tradicionalmente como el número dos del chavismo, actual Ministro de Interior y Justicia, quien en persona se ocupó de hacerle seguimiento en Brasil a un contrato por 2.000 millones de dólares que firmaron el Estado venezolano y JBS para el suministro de carne, pollo y productos lácteos a la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). 

Pero con Cabello no se agotaron las relaciones de Silva con la alta jerarquía chavista. Ni sus posibilidades de negocio.

Se solicita empresario petrolero sin experiencia

De sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana pasó a funcionario del Seniat entre 2008 y 2013; y de allí, a dueño de una docena de compañías relacionadas con el sector agroindustrial, de las que al menos siete contratan con el Estado. Ahora, con 37 años, es un empresario petrolero. Una carrera fulgurante.

Pdvsa, que aspiró una bocanada de oxígeno con el alivio condicionado de las sanciones que Washington impuso a la industria desde 2017, pactó en abril con una compañía hasta entonces desconocida en el sector energético, A&B Oil and Gas. Si la compañía era debutante, más diciente resultaba que a su propietario, Jorge Silva, no se le acredite ninguna experiencia en una actividad altamente especializada, como la de los hidrocarburos. La falta de antecedentes abonó la impresión de que la nueva alianza contaba con un padrino tras bambalinas. 

Aunque novatos, los impulsores del emprendimiento ofrecen villas y castillos. En el sitio web de A&B Oil and Gas, la empresa de Silva Cardona proyecta “un financiamiento de hasta mil millones de dólares en un plazo que va de entre cinco y diez años. El total de reservas que serán drenadas con este proyecto es de mil millones de barriles acumulados en 25 años, esperando una facturación promedio anual de unos 2.000 millones de dólares para todo el periodo de 25 años, siendo el promedio anual de facturación en los primeros cinco años de 1,6 mil millones de USD”. Así mismo, promete que para el sexto año de operación la producción alcanzará los 120.000 barriles diarios. Palabras mayores en términos de inversión y eficacia.

El mismo sitio web de A&B Oil and Gas, recién creado en 2024, detalla que la compañía opera en los campos Zuata Principal, Junín 13 y San Diego Norte del llamado Bloque Junín, en el estado Anzoátegui, sobre la ribera norte del Orinoco. El propio Silva proclamó que la empresa ayudará a mejorar la calidad de vida de más de 2.000 familias de la zona. “De lo macro a lo micro, pero empezando ya”, fue su lema. 

Que la empresa mixta se llame Roraima -en alusión al tepuy más alto del Escudo Guayanés, sobre cuya amplia meseta de 31 kilómetros cuadrados confluyen las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana- debió sonar para Silva como una señal de buen augurio y un eco de sus provechosas relaciones con JBS, su aliada brasileña. No obstante, si en algo se empeñó la comunicación oficial de Pdvsa fue en subrayar que A&B Oil and Gas estaba conformada en su totalidad por capital venezolano. Ese mensaje buscó desmentir el rumor que por esos días corría, según el cual los verdaderos dueños de la empresa eran inversionistas extranjeros: de nuevo, los brasileños de JBS.

Era apenas un secreto a voces, en realidad, pues había informaciones públicas que alimentaban el rumor. Entre ellos un primer antecedente significativo: un memorando de entendimiento de 2014, entre Pdvsa y J&F Investimentos, el holding que controla JBS, para un proyecto de exploración y explotación en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco pertenecientes, precisamente, al Bloque Junín.  

Luego, en fecha tan reciente como diciembre de 2023, Joesley y Wesley Batista, cabezas de JBS, que en 2015 habían recibido en persona a Diosdado Cabello en su sede de São Paulo, anunciaron la expansión de sus negocios al mundo petrolero, primero con la compra de Fluxus, una compañía brasileña con activos en Argentina, y en junio de 2024, mediante la misma Fluxus, con la adquisición de Pluspetrol, que tenía en su poder tres campos en la zona Tarija-Chaco, Bolivia.

El mismo diciembre, Ricardo Savini, Presidente Ejecutivo de Fluxus, dejó saber que la empresa analizaba nuevas inversiones en Brasil, en Bolivia, y en un tercer país: Venezuela. Pocos meses después se anunció la conformación de la empresa mixta Roraima, con la participación de A&B.

Pero se trata de algo más que proyectos o del simple cotilleo. Tres fuentes, diferentes entre sí y relacionadas directamente con el negocio petrolero, aseguraron a Armando.info que, en efecto, A&B Oil and Gas pertenecería a JBS y que Silva Cardona apenas haría de mampara. 

Las mismas fuentes confiaron a Armando.info que, tras solo un semestre de actividad de Petrolera Roraima, los brasileños de JBS quieren dejar la sociedad por incumplimientos contractuales de Pdvsa. Todo esto ocurre en medio de tensiones entre los gobiernos de Venezuela y de Brasil, a raíz de los cuestionamientos del presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, sobre los resultados oficiales de la elección del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente tras un proceso fraudulento, que buena parte de la comunidad internacional pone en duda.

Para esta historia se envió una solicitud de entrevista a Jorge Silva Cardona a través de los correos corporativos del Grupo JHS, y de la plataforma de contactos de A&B Oil and Gas. Hasta el cierre de la presente edición, no hubo respuestas. 

La dueña

Al mismo tiempo, Silva Cardona no ha dejado de abarcar nuevos negocios en el área agroalimentaria. Por ejemplo, también produce comida para el engorde de animales. Para tal fin se alió en una firma con Marlene Coromoto Arenas Colina, ella misma exviceministra, y esposa del exministro Pedro Fritz Morejón Carrillo, otro integrante de la cuadra de Diosdado Cabello. 

Desde que en 2009 dejó el gabinete ejecutivo del segundo gobierno de Hugo Chávez, en el que estuvo a cargo de las carteras de Economía Popular y de Turismo, Pedro Morejón, también exdirector de eventos de la Presidencia de la República y exdiputado del chavismo, se dedicó a sus propios negocios. Hoy es dueño de un conglomerado de al menos 20 empresas de diversos ramos, que van desde la organización de conciertos hasta la venta de repuestos automotrices, pasando por clínicas estéticas y administradoras de vales de alimentación. La más conocida es Invershow, productora de conciertos. En todas ellas, Morejón suele asignar a sus allegados el rol de directores o accionistas de sus empresas en los registros mercantiles. Y nadie más allegado que su esposa.

Marlene Arenas, de 51 años de edad, se desempeñó como funcionaria tanto del Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias como del Ministerio para la Economía Comunal, que dirigió su eventual esposo, ambos ya en segundas nupcias.

En el estado Monagas, una provincia agroindustrial y petrolera del oriente de Venezuela, se encuentra la planta de Alimentos El Morichal, en cuya directiva Marlene Arenas Colina y Jorge Alfredo Silva Cardona tienen asientos. En videos promocionales, Alimentos El Morichal se presenta como “la fábrica más completa y moderna del país” en el rubro de alimentos para animales de cría.

La historia de la empresa se remonta a diciembre de 2015, cuando fue constituida con dos socios y 20.000 acciones: 4.000 pertenecían a Misael Smit Silva Cardona, y 16.000 a su hermano, Jorge Alfredo Silva Cardona, a través de una empresa constituida en 2011 en el estado Cojedes, en Los Llanos centrales, denominada Agropecuaria Agrollano. 

En su documento constitutivo, Alimentos El Morichal muestra como objeto: “actividades agrícolas, pecuarias y avícolas sin limitación alguna”.  Los complementos eran “nacimiento, cría, engorde, matanza de aves y su beneficio, el despresado, troceado, y corte de animales, su conservación y almacenamiento”, así como la fabricación de embutidos y de alimentos concentrados para animales. 

Los documentos de su expediente mercantil dejan ver que, en 2016, Misael Smit Silva Cardona salió de la junta directiva y dio paso a Marlene Arenas. El grupo se completó con un tercer director, Reinaldo José Corona Hernández, parte del círculo del exministro Morejón: son socios en la empresa productora de espectáculos Invershow Dominicana, fundada en 2012. De hecho, una fuente cercana al grupo de empresas del exministro, que solicitó el resguardo de su identidad,  identificó a Corona Hernandez como “el tesorero mayor de todo el grupo empresarial”.

En 2024, este año de júbilo para Jorge Silva Cardona, Marlene Arenas Colina figura como directora de por lo menos 15 empresas que contratan con el Estado venezolano. En algunas de ellas es socia de personajes notables del chavismo, como Omar Jesús Farías, presidente de Seguros Constitución y responsable de blanqueo de activos, detenido en 2016 en República Dominicana; y Gabriela Chacón, diseñadora de modas, diputada de la AN y esposa del también Alcalde del Municipio Sucre, en el este de Caracas, José Vicente Rangel Ávalos. Además, participa en Valeven, una empresa de tickets de alimentación creada por el exministro de Desarrollo Urbano, Rafael Gruszka, antes de que este la dejara en manos de su socio sempiterno, Igor Flasz. Por cierto, Gruszka y Flasz también intentaron en su momento entrar al negocio petrolero. 

A cientos de kilómetros de Monagas, brotó otro emprendimiento pecuario de Marlene Arenas: el Centro Genético Murcia en Loma Brisa, La Victoria, municipio José Félix Ribas del central estado Aragua. Desde su génesis, al amparo del paraguas corporativo del Grupo Itoto, un conglomerado que produce derivados de ganado caprino y ovino, el centro genético contó con el apoyo del gobierno de Maduro. Por ejemplo, en diciembre de 2017, el entonces gobernador de Aragua y, hasta hacía dos meses, ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció la inauguración para mayo de 2018 del “primer centro genético de ganado ovino y caprino”. Se refería, claro, a la nueva empresa de los Morejón-Arenas.    

Una fuente relacionada con el sector, que habló con Armando.info bajo la condición de mantener su nombre en reserva,  afirma que la empresa ha sido favorecida con créditos de los bancos públicos Banco del Tesoro y Banco de Venezuela, así como de los privados Banesco y Bancamiga. Notas de prensa colgadas en internet dan fe del apoyo, sin mencionar montos, del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

En agosto de 2020, durante una entrevista para la estatal Venezolana de Televisión, la gerente de comercialización de Grupo Itoto, Ofelia Achi, dijo que la empresa ha recibido “apoyo de instituciones públicas y privadas, y son buenos estos espacios para agradecerlo, porque gracias a eso somos lo que somos hoy”. En noviembre de 2023, el Banco de Comercio Exterior destacó la participación de Alimentos El Morichal en la Feria Internacional de La Habana, Cuba. Y en marzo de 2024, el Centro Genético Murcia tuvo un rol protagónico en la Expo Feria Nacional Agropecuaria Miranda 2024, que dirigió el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.  

En el sitio web de JHS se despliega un mensaje central: “Porque creemos en lo nuestro, producimos en Venezuela”. Es el costado buenista y publicitario de la realidad que hay detrás, la de un hombre que un buen día despertó tocado por el dedo benefactor de la autodenominada Revolución Bolivariana. 

Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira. 

Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.  

La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.

Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída. 

Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.

Es por eso que ahora sorprende la aparición de su nombre en el listado definitivo de exfuncionarios del chavismo con propiedades y empresas en Florida, resultante del cruce de los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos designados entre 2007 y junio de 2022, con los registros de la División de Corporaciones de Florida, y que ha dado lugar a la serie Miami Nostro, que de forma conjunta publican Armando.info y el Miami Herald.

En los registros, cuya búsqueda también fue apoyada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), se constata que Porras, bien lejos del Socialismo del s. XXI, armó un emporio de bienes raíces en Miami, el puerto soñado en Estados Unidos para el capitalismo latinoamericano.  

El despertar inmobiliario

La hoy exmagistrada se transformó en una virtual magnate de los bienes raíces en el sur de Florida y en Panamá en combinación con su marido y sus dos hijas: Mariela Salas, también ex jueza en el estado Táchira, y Onelymar Salas, que hasta 2011 figuró como funcionaria del Seniat, el ente tributario. 

Porras, sus hijas y sus dos yernos, registraron 11 empresas en Florida y una en Panamá, mientras compraron 10 propiedades en Florida y otras dos en Panamá. En conjunto, el valor de sus inversiones supera los 3,4 millones de dólares, si se toman en cuenta los precios indicados en diversos documentos públicos.

Empezó a comprar en 2008, cuando todavía desempeñaba el cargo de magistrada en Venezuela. Porras se casó por segunda vez ese año con el coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008, Luis Roa Vivas, quien luego de jubilarse del Ejército, también en 2008, compró un apartamento en Florida valorado en 151.000 dólares americanos, según los datos del Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade: tres habitaciones y dos baños, en un condominio construido en 1986 en la localidad de Tamiami. 

Al año siguiente, en 2009, Porras y su esposo crearon en Florida la empresa Inversiones Sofia LLC, con la que luego se dedicaron a comprar apartamentos y casas y que aún se mantiene activa. Ese año, con esta nueva empresa, compraron otra propiedad ubicada en Doral, uno de los enclaves predilectos del exilio venezolano en Miami Dade. Esta inversión, más ambiciosa, está valorada en 560.000 dólares. El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, piscina y jacuzzi. 

En agosto de ese mismo año, su hija menor, Onelymar Salas, que estudió Contaduría, compró dos apartamentos en Panamá, valorados cada uno en 118.000 dólares, además de otra casa en octubre de 2011, pero ubicada en Doral. Esta última, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, costó 420.000 dólares, siempre según el Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade. Amigos cercanos a la familia aseguraron a Armando.Info, que Onelymar fue la primera de la familia migrar a Estados Unidos cuando todavía su madre estaba en la carrera judicial en Venezuela. 

Durante su gestión, Porras se mostró como una celosa guardiana de los intereses del chavismo gobernante. Varios de sus antiguos colegas comentaron a Armando.info que Porras no vacilaba en hacer presiones a abogados y jueces en funciones para que estos se plegaran a los deseos del gobierno en determinadas decisiones. “Porras quería crear un sistema judicial solo con sus aliados y amenazaba con destituir a quien no acataba sus órdenes”, dice una exjuez del Táchira que pidió mantener el anonimato.

Ya habían pasado siete años desde su primera transacción inmobiliaria en el sur de Florida cuando el infortunio alcanzó a Porras: cayó en un lote de 13 magistrados que fueron jubilados de forma prematura por el chavismo gobernante en 2015. Fue parte de una maniobra del oficialismo, que entre gallos y medianoche intentaba dejar bien amarrado desde la Asamblea Nacional un Tribunal Supremo a su gusto para un nuevo período. Pero eso implicaba sacar algunos magistrados para abrir espacio y meter otros. 

Aquella jubilación, forzada y temprana, sin embargo dio pie para que Porras protagonizara una metamorfosis salvadora. A partir de 2015 pudo afirmar que era una perseguida política y en 2016 hizo oficial esta denuncia ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Así pudo entrar, ya de lleno, en el negocio de los inmuebles. En 2016, y en menos de dos semanas, adquirió dos nuevos inmuebles a través de Inversiones Sofia LLC.

El primero, una casa de tres habitaciones y dos baños, lo adquirió el 7 de septiembre de 2016 por 180.000 dólares. El otro, una casa de un piso, dos habitaciones y dos baños, también en Doral, una semana después, el 22 de septiembre, por 258.000 dólares. 

El próximo hito de los negocios de la pareja ocurrió en 2018, cuando Porras y su esposo registraron la empresa 5083 Doral West Llc, disuelta el 6 de febrero de 2019. 

En ese 2019 de prosperidad,  su hija, Mariela Salas, compró otra propiedad, también en Doral, por 180.000 dólares, que vendió en 2021 por 225.000 dólares. Los Roa-Porras también crearon Súper Génesis LLC el 1 de agosto de 2019, que sigue activa. 

También en 2019, pero en enero, la pareja había adquirido una casa por 294.000 dólares. Luego, Porras se hizo con otra propiedad valorada en 412.000 dólares a su nombre, con tres habitaciones y un dormitorio con vista a la piscina, bañera romana y patio, ubicada en el condado de Broward, justo al norte de Miami Dade. 

En enero de 2020 compró a través de su empresa, Inversiones Sofia LLC, un apartamento valorado en 225.000 dólares. Pero sería en 2020 cuando estableció su registro por la compra más cara: una casa recién construida, también en Doral, de 3,690 pies cuadrados -unos 350 metros cuadrados- con cinco habitaciones y cinco baños, valorada en 800.000 dólares para el momento de la compra. La transacción la hizo a nombre de su hija, Onelymar Salas, y el esposo de esta, Wilson Lastra, funcionario del Consejo de la Judicatura hasta 2012 y quien entre 2018 y 2019 se identificaba en redes sociales como realtor en Florida.

Su hija, Mariela Salas, fue contactada por la autora de este reportaje en tres oportunidades a través de Whatsapp para solicitar una entrevista, pero no respondió a ninguno de los mensajes. Su yerno también fue contactado a través de Whatsapp y a su hija menor, Onelymar Salas, se le solicitó una entrevista a través de sus redes sociales. Ninguno contestó a los requerimientos.

Revelación tardía

En Táchira hay quienes se refieren a Porras como “la dama de hierro de San Cristóbal”, una analogía que en poco o nada está vinculada al talento de férreo gobierno de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher, sino a la mano dura e insistente con que Porras alineaba el poder judicial regional con sus intereses y lealtad política. Así, aseguran, podía llegar a obsesionarse con perseguir a cualquiera que no comulgara ni con el chavismo ni con ella. 

En mayo de 2004, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se establecieron mecanismos para que los mismos pudieran ser designados y removidos por una mayoría simple de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el partido de gobierno. En esa fecha, el terremoto en la carrera judicial alcanzó al resto de la pirámide, pues fueron suspendidos los concursos públicos de oposición, lo que consagró de facto que los jueces provisorios fueran nombrados sin concursos y que expuestos a los libres nombramiento y remoción.

Estas reformas desvirtuaron el carácter imparcial del Poder Judicial e incentivaron, en cambio, que las subsiguientes generaciones de jueces y magistrados se preocuparan primero por mostrar lealtad al gobierno.

Carmen Porras lo entendió rápidamente o al menos así se desprende de un expediente que se fue confeccionado en el tiempo desde el año 2002 por colegas jueces con al menos diez denuncias que se entregaron a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, instando a esos organismos a evaluar el comportamiento ético de la magistrada. En el documento, Porras fue señalada por nepotismo, dar falso testimonio, influenciar juicios, perseguir abogados, amenazar a colegas y hasta perseguirlas, Así lo explicaron a Armando.info los autores del reporte, cinco excompañeros de la exjueza,  que pidieron la reserva de sus nombres.

Todos esos colegas recuerdan el pasado de Porras como militante de Acción Democrática (AD) -el partido socialdemócrata hegemónico de la antigua democracia puntofijista- y, luego, como parte del coloquialmente llamado chiripero, la sumatoria de facciones de centroizquierda que se congregaron en torno a la segunda presidencia (1994-99) del democristiano Rafael Caldera. De allí saltó al chavismo y, por fin en su última escala, como perseguida política. 

Ya con esa condición acudió a la Asamblea Nacional opositora a denunciar acoso por parte de sus antiguos compañeros de trabajo. El 17 de febrero de 2016, en una reunión privada, dijo en el Palacio Federal Legislativo que recibió presiones para que pidiera su jubilación y aseguró que tuvo que esconderse. Agregó que recibió una llamada de la Presidencia del TSJ, donde la entonces -y ahora de nuevo- titular del despacho, Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo había requerido a otros 12 magistrados cuyos períodos en realidad se vencían en diciembre de 2016.

Luego, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional un año más tarde, el 16 de febrero de 2016 la exmagistrada, aseguró que el vocero del hostigamiento había sido el vicepresidente del TSJ de ese momento y cabeza de la Sala Penal, el magistrado Maikel Moreno, que a la postre sería el presidente del máximo tribunal de 2017 a 2022. “Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una decisión tomada'”, relató la exmagistrada, citando de memoria a Moreno.

La comisión parlamentaria que recibió la denuncia de Porras concluyó que sus declaraciones demostraban que la jubilación de ella y los otros magistrados había sido parte de un esquema diseñado entre los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente -casi unánimemente chavista- hasta 2015, “para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados a afectos al gobierno nacional, para crear una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo”.

Una tribu muy familiar

Ante esa hegemonía Porras no había tenido hasta entonces problemas para inclinarse, no solo con el propósito de asegurar su cargo, sino hasta para colocar a sus protegidos en puestos de trabajo y poder. Según colegas, consiguió insertar en la nómina del circuito judicial de Táchira a 11 familiares y 22 allegados.

Su hija, Mariela Salas Porras, fue secretaria temporal en las Salas de Control y Juicio, secretaria del Area Penal y, por último, juez de Primera Instancia Sección Adolescente del Circuito Penal. Su otra hija, Onelymar Salas Porras, desempeñó el cargo de Analista Profesional III, en la División de Servicios administrativos y Financieros de la Dirección Administrativa Regional (DAR) Táchira, y su ficha del Seguro Social indica que trabajó en el Seniat hasta 2011, justo el año en que compró la casa ubicada en el Doral. 

Su sobrina, Eva María Bustamante Porras fue defensora pública a partir del año 2000. Mientras que el esposo de Bustamente, Freddy Josué Duque Ramírez,  también se benefició entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de Juez Suplente del Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente, conjuez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de Estabilidad Laboral y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Los Andes (con competencia en los estados Táchira, Mérida y Barinas).

Su cuñada, Midrelis Yajaira Ruiz, y el hermano de su esposo, Régulo Roa Vivas, fueron alguaciles. Y así sigue una larga lista de cargos hasta conformar lo que se bautizó como la tribu de Carmen.

“Muchas veces intentó influenciar los juicios”, dice una exjuez de Táchira. Una abogada del mismo estado la acusa de hacer que todos sus casos se perdieran. “Mi bufete pasó de 900 clientes a solo 17 porque Carmen Porras los llamaba para que cambiaran de abogado y ella les haría ganar los casos”, denuncia la litigante.

Otro juez asegura que Porras lo amenazó con destituirlo porque su hija, Mariela Salas, iba a ser reubicada en la jurisdicción de San Antonio del Táchira, alejada de la capital regional. “Carmen Porras quería que el sistema judicial del Táchira fuera gente leal a ella, que acatara sus órdenes”, dicen sus viejos compañeros. 

La abogada especialista en derecho tributario, Elvira Dupouy, explica que es legal para los venezolanos tener empresas y cuentas en distintas jurisdicciones incluidas las de baja imposición fiscal, por lo general conocidas como paraísos fiscales, y que las mismas deben ser declaradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como inversiones extraterritoriales de acuerdo con el régimen de transparencia fiscal internacional presente en la legislación vigente. Termina siendo un ilícito cuando no son declaradas ante el fisco.

“Según el Código Orgánico Tributario es una de las presunciones de defraudación fiscal el no informar sobre las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto lo establece el numeral 15 del artículo 117. Es uno de los pocos ilícitos tributarios sancionados con penas restrictivas de libertad. Es el famoso ilícito por el cual a Al Capone por fin lo pusieron preso”, aclara Dupouy.

Existe una lista de paraísos fiscales elaborada por el Seniat –conocida también como la lista negra- para efectos de la declaración tributaria. El artículo 1 de la providencia administrativa que aborda este tema indica que para Venezuela “se califican como jurisdicciones de baja imposición fiscal, aquellas donde la tributación que grave a la totalidad de la renta, la totalidad del patrimonio, o cualquier parte de los mismos, sea nula o hasta una alícuota igual o inferior al 20% por este concepto”.

El listado de territorios que para Venezuela cumplen con esta clasificación es de 83 jurisdicciones e incluye a lugares como Aruba, Islas Caimán, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre otros.

Sin embargo, Dupouy comenta que no ha visto procedimientos llevados cabo en Venezuela relacionados con el ilícito de defraudación fiscal por no declarar inversiones en paraísos fiscales. “Al final, se depende de la buena fe y transparencia del contribuyente”.

Por su parte, el abogado Ramón Medina, especialista en Derecho asociado con legitimación de capitales, cuenta que en el país no hay tradición de investigar ilícitos cometidos por venezolanos a través de paraísos fiscales. “No hay una verdadera supervisión de estos temas, pues la estructura judicial venezolana no está capacitada para investigarlos”. Explica que se trata de temas que demandarían tiempo y que son complejos de seguir.

Mientras no existe la declaración de la inversión offshore, para el país es inexistente y solo se podría investigar si se llega a conocer y puede guardar relación con algún ilícito como podrían ser la corrupción o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, “en Venezuela no existe la infraestructura para detectar esas situaciones”, añade el abogado.

También para Medina esto responde a un asunto cultural, pues según explica, cuando un caso lleva más de dos meses en investigación, se convierte en los llamados “cangrejos” que tienden a ser engavetados, pues, a su juicio, en Venezuela la justicia busca respuestas rápidas. Por eso, casos asociados con paraísos fiscales –que tomarían más tiempo investigar y son más complicados de demostrar- no se encuentran en la lista de prioridades. Para Medina, se trata de una deuda pendiente de la justicia venezolana.