Farías Luces, el dueño de Seguros Constitución, es uno de los 20 señalados en Dominicana por el fracaso del Peravia. En su caso, el juez José Alejandro Vargas lo acusó de haber pedido unos de los millonarios préstamos ficticios que terminaron ordeñando el capital de la entidad financiera.

Acostumbrado a la buena vida que ha cosechado en tiempos de revolución, este mes no ha pasado desapercibido para él, desde que el pasado 4 de agosto fue retratado caminando con las manos esposadas y escoltado por cuatro policías y una retahíla de reporteros, que esperaban alguna declaración de su parte. Ese día, las autoridades locales truncaron su intención de abandonar República Dominicana en un avión privado, que estaba a punto de abordar desde el mismo Aeropuerto Internacional de Punta Cana que funge como puerta de playas paradisíacas y resorts todo incluido.

La carrera de Farías Luces se ha visto manchada de escándalo en escándalo: ya en 2005 hubo quien vociferaba dudas por su acelerado crecimiento gracias a contratos otorgados por el gobierno bolivariano a su empresa de seguros; 10 años después apareció en la lista de investigados por uno de los grandes casos de lavado de dinero del Banco de Madrid y este año destacó en la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, donde se muestra cómo creó para su beneficio una estructura financiera en paraísos fiscales. Pero ninguno de esos escándalos le habían valido una orden de detención; Dominicana fue la excepción. 

El dueño de Seguros Constitución permaneció cuatro días preso hasta que consiguió el beneficio de prisión domiciliaria a cambio de una fianza de 40 millones de pesos dominicanos –unos 870 mil dólares americanos– por medio de la cual está terminando de negociar su libertad plena. Según el expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, Omar José Farías Luces y su hijo, Omar Gustavo Farías Pacheco, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de Seguros Constitución y ARS Constitución, aprovecharon su relación con los venezolanos José Luis Santoro Castellano y Gabriel Arturo Jiménez Aray, directivos del Banco Peravia, para “hacer maniobras fraudulentas típicas del lavado de activos en perjuicio del banco y sus ahorrantes.”

El préstamo fraudulento

El Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A fue disuelto en noviembre de 2014 ya que no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana, sino como “una verdadera estructura criminal de cuello blanco”, tal como queda expresado en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de ese país y los informes de la Superintendencia de Bancos dominicana.

Uno de los considerados criminales de cuello blanco es Farías Luces quien, junto a 20 empresarios más, fue imputado de cometer varios delitos, entre los que se destaca la violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad, y lavado de activos. Una de las formas más utilizadas para el desvío de los ahorros de los clientes era la aprobación de préstamos fraudulentos.

Según el expediente judicial del caso, aproximadamente 80% de las operaciones realizadas por el banco no eran verdaderas, los fraudes registrados abarcaban falsificación de firmas para el cobro de cheques emitidos a favor de suplidores, sustracción de dinero, facturas y alquileres sin contrato, inclusive el otorgamiento de créditos de manera irregular mediante suplantación de identidad y complicidad con los beneficiarios. Además se usaba “la sustracción de fondos mediante créditos instrumentados de manera ficticia utilizando los datos de clientes existentes, sustracción de fondos mediante créditos otorgados por vías de terceros, así como mediante la instrumentación de créditos fraudulentos para pagos a suplidores y acreedores. Las operaciones simuladas también incluían entradas de efectivo realizadas utilizando los certificados de los clientes para el pago de las deudas de los directivos”.

El zar de los seguros y su hijo se vieron involucrados en el entramado delictivo cuando el 15 de enero de 2014 el banco le otorgó un crédito por 35 millones de pesos dominicanos –más de 760 mil dólares– a la empresa Representaciones Los Andes, C.A (REANDES), propiedad de Reinaldo Enrique Carvallo, empresario venezolano contratista del Estado bolivariano, según el Registro Nacional de Contratistas. Pero ese mismo día movieron 33 de los 35 millones de pesos dominicanos para abrir un certificado financiero a nombre de Seguros Constitución, cuyos directivos presentaron como fondos propios. Se trataba de un enroque de divisas, que muestra uno de los muchos caminos por donde se evaporaron los fondos del banco.

En la operación se utilizó en garantía el mismo inmueble para el que supuestamente se estaba tomando el préstamo para adquirirlo y nunca se presentaron datos o registros de la compra-venta del terreno.

La abogada mercantil, Lucia Escalante, quien ha analizado el expediente del caso Peravia, explica que en el préstamo en el que se vio involucrado Seguros Constitución, es obvia la presencia de fraude y desviación de fondos. “En un día lograron hacer todo: supuesta venta de inmueble, aprobación de crédito, préstamo, certificado financiero. Esas operaciones no se logran de la noche a la mañana. En Venezuela tomaría meses la aprobación de un crédito, por ejemplo. Seguros Constitución montó una mampara para estafar a los ahorristas en complicidad con los dueños y administradores del banco. Se pagaron y se dieron el vuelto, como se dice coloquialmente”, explica Escalante.

A Farías Luces se le señaló de haber violado los artículos 265, 266, 405, 408, 147 y 148 del Código Penal Dominicano; también la Ley 183-02 y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana le otorgó casa por cárcel, después del intento fallido de escape, y una medida de coerción con fianza de 870 mil dólares.

El abogado defensor de Farías, Erick Hernandez Machado, expresó a través de un comunicado de prensa, publicado por medios dominicanos, que la relación del empresario venezolano con el Banco Peravia ha sido exclusivamente en su condición de cliente, con operaciones lícitas, y que es sólo uno más de los miles de clientes afectados por la situación.

Por su parte, los perjudicados por el fraude siguen esperando respuesta de la justicia dominicana. El abogado César Amadeo Peralta, quien defiende a algunas de las víctimas de nacionalidad venezolana, explica que confían que el proceso avance para que a los acusados les decomisen bienes ocultos y así las víctimas obtengan el pago que les corresponde. “En el caso de Farías, él pagó la multa en efectivo y le será retirada la acusación”, agregó Peralta.

Otros negocios turbios

Omar Farías es actualmente el dueño de Corporación OFL, que representan las siglas de su nombre, una empresa encargada de contratos en las áreas de salud, comercial y finanzas. Desde el 2008, sus empresas Seguros Constitución y a ARS Constitución tienen sede en República Dominicana. Según investigaciones del portal de perfiles Poderopedia, en 2009 se asoció con Pedro Torres Ciliberto, adquiriendo 33% de las acciones de las empresas La Previsora y Premier. 

Pero antes de eso, el llamado zar de los seguros inició su carrera en los archivos de una compañía de seguros, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, según ha contado en entrevistas a los medios. Fue creciendo paulatinamente en el área, pasó por Seguros Horizonte, la Británica de Seguros y Seguros la Previsora. En 2005 fundó Seguros Constitución, compañía que lo consolidó finalmente como importante representante en el mundo de los seguros. Desde entonces se le ha visto en una carrera meteórica llena de jugosos contratos con el Estado venezolano. No en vano, se hizo de jugosas pólizas como la de Petróleos de Venezuela, así como de contactos con célebres amistades como el ex gobernador de Carabobo, Felipe Acosta Carles, y el ex alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto.

En Dominicana, de cualquier forma, no valieron esas amistades. Tuvo que pagar el préstamo del fracasado Banco Peravia con multa incluida, mientras queda libre de cargos y termina de cerrar un caso que lo hizo pasar un cumpleaños –sin duda diferente– con un grillete electrónico aferrado a su tobillo.

En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles, operación a la que se alió Julio Herrera Velutini, quien acababa de adquirir el Helm Bank y el Banco Real.

Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran.

La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas.

El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario.

El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía.

La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía.

Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora.

Contacto en Galicia

Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas.

En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol.

En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh.

Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto.

En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway.

Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción.

En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña.

Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation.

¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora?

La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga.

Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”.

Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora.

El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”.

Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”.

Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora.

En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd.

Como pagar y darse el vuelto

Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense.

Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse.

En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF.

El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL.

Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez.

En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A.

Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”.

Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A.

A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita.

Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas.

Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febrero de 2014.

Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes.

Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbency Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation.

El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelf companies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”.

Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción.

En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business.

Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd.

El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuela se le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”.

Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición.