La Guardia de Honor Presidencial es la unidad encargada de prestarle a Nicolás Maduro, Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y a sus familiares inmediatos, “la seguridad, custodia, protección y demás garantías necesarias para su libre desenvolvimiento”, según expresa la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Su origen precede a la llegada de la revolución bolivariana al poder; de hecho, reivindica unos antecedentes que se remontan hasta la Compañía de Húsares creada por el propio Libertador Simón Bolívar en febrero de 1815 mediante un decreto que expidió en Mompox, a orillas del río Magdalena, en Colombia.

La Guardia de Honor forma parte del Despacho de la Presidencia, comandado por la almirante en retiro Carmen Meléndez -exministra de Defensa y actual titular del buró-, y es un ente complementario de las Fanb, con un rango similar al de la Milicia Bolivariana.

La revisión de más de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del proyecto colaborativo de apertura de datos Vendata -liderado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y Transparencia Venezuela-, permitió identificar a los cuatro oficiales, que suelen mantener bajo perfil, así como comprobar que, durante los cuatro años del gobierno de Nicolás Maduro, la unidad a su cargo ha crecido en 48%, tanto en estructura como en publicación de nombramientos y delegación de funciones, en comparación a los últimos años del mandato de su antecesor Hugo Chávez.

Este cuerpo de seguridad del presidente -a mitad de camino entre un destacamento ceremonial y el servicio secreto- ha estado en la mira de la opinión pública venezolana durante el último año, y no precisamente por su buen desempeño. Dos incidentes por separado, en los que el presidente Maduro ha parecido quedar a merced de pobladas hostiles al cabo de actos públicos, dejaron en evidencia posibles fallos en los anillos de seguridad del mandatario. El primero, en septiembre de 2016, tuvo lugar en el sector Villa Rosa de la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, Caribe Oriental venezolano), el segundo este reciente 11 de abril, en la población obrera de San Félix (Estado de Bolívar, Sur del país). Ambos hechos quedaron recogidos en vídeo y fueron difundidos con amplitud por las redes sociales. 

Hay más de un contratista en el cuartel

En el ojo del huracán debieron quedar entonces los cuatro militares a quienes corresponde la mayor responsabilidad en la protección del primer mandatario. Se trata de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor; Eliezer José Meléndez Asmadt, comandante de la Brigada de Guardia de Honor Presidencial; Javier José Marcano Tabata, comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidad del Estado; y Jesús Rafael Villamizar Gómez, comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial.

Uno de ellos, Villamizar, aparecía en 2012 ofreciendo servicios al Estado en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), a través de la empresa Cooperativa Seguridad y Protección Nacional 1204 R.L., en la que figuraba como Secretario de la Junta.

Para la fecha, Villamizar se desempeñaba como parte del grupo de Gestión de Energía Eléctrica del Despacho de la Presidencia de la República.

En su razón social, Cooperativa Seguridad y Protección Nacional 1204 R.L., afirma que se dedica a “actividades combinadas de apoyo a instalaciones, dentro de las cuales figuran los servicios de seguridad personal, institucional y comercial, vigilancia privada, residencial, bancaria, industrial y de cualquier índole”.

Según el Registro Nacional de Contratistas, esa empresa ya no está habilitada para contratar con el Estado. Pero en 2012 proporcionó servicios de vigilancia y de guardias de seguridad. Además de Villamizar, la directiva la completan dos socios de apellido McTurk.

Jesús Villamizar no es el único miembro de la Guardia de Honor que contrata con el Estado, aunque sí el único entre los militares de los cuatro cargos principales. El capitán de corbeta y jefe de la Dirección de Administración y Logística, José Gregorio Machado Pérez, aparece como secretario de la Cooperativa Mabifram 2009, R.L., una empresa de promoción de eventos que vendió al Estado, durante el 2009, publicidad en vallas y estuches de llaveros.

No hay normativa que prohíba de manera explícita a efectivos militares tener empresas privadas. Sin embargo, las leyes venezolanas -incluyendo disposiciones constitucionales y la Ley del Estatuto de la Función Pública- sí impiden a funcionarios públicos contraten con el Estado por sí mismos, a nombre de terceros o a través de empresas. El cumplimiento de esa restricción ha sido pobre durante la administración bolivariana, y claramente permisiva en el caso de militares. Un reportaje de Armando.info en agosto de 2016, “El militar que importa los alimentos en Venezuela también es contratista del Estado”, demostró que la compra y venta de alimentos -un ramo clave y centralizado en el Estado- se había convertido en una especie de logia. En el negocio de la seguridad se verifica algo similar.

Las medallas a la confianza

El 22 de diciembre de 2015, en la Gaceta Oficial número 40.815, se publicó la reestructuración de la Guardia de Honor presidencial y la creación de seis batallones y cuatro unidades especiales adicionales para la seguridad del primer mandatario. Control Ciudadano, una ONG que monitorea los asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional, criticó en su momento los cambios de la llamada también Casa Militar. “No se corresponde con la emergencia económica que pretende declarar y mucho menos parece ‘ético’ frente a la enorme vulnerabilidad que sufren en materia de seguridad millones de venezolanos diariamente”, comentó la presidenta de la organización, Rocío San Miguel, en un comunicado publicado en enero de 2016, donde también critica que no se hayan creado nuevas unidades policiales o militares para la protección de los ciudadanos venezolanos.

A los miembros de la Guardia de Honor es sencillo reconocerlos en los actos oficiales, llevan traje verde oliva con detalles rojos y una boina del mismo color. Siempre cuidando las espaldas del presidente. Quienes ejercen como comandantes son militares que se han ganado la confianza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y su poder es comparable con las personas que forman parte de la corte de un rey en gobiernos monárquicos.

El comandante de la Guardia de Honor es el General de División Iván Hernández Dala, el líder del equipo. Fue nombrado comandante el 1 de marzo de 2016 supliendo a Jesús Salazar Velásquez, quien es ahora presidente de la Junta Administradora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfa) y quien fue ascendido a General antes del tiempo reglamentario, algo sin precedentes en los cuarteles venezolanos.

Hernández Dala, además de ser líder de la Guardia, es el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de ese ente. Es uno de los funcionarios sancionados ese año por el Gobierno de Estados Unidos por su participación en casos de supuestas violaciones a los Derechos Humanos durante el control de las llamadas guarimbas, bloqueos y protestas callejeras.

Compañeros de su promoción “Manuel Manrique” de la Academia Militar, consultados para este reportaje, aseguran que Hernández ha tenido una carrera limpia y siempre se mantuvo como una persona de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la más reciente emisión del programa Los domingos con Maduro, transmitido desde la cumbre del cerro El Ávila que domina por el norte el valle de la ciudad de Caracas, el general Hernández Dala tuvo oportunidad de exhibir su condición de integrante histórico del entorno del comandante revolucionario. Para apoyar un punto, el presidente Maduro pidió al público presente en el plató que levantaran la mano aquellos que conocían al comandante Chávez antes de su fulgurante aparición de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Hernández Dala fue el único entre los interrogados que levantó la mano para romper, desde una fila posterior del público, su casi invariable bajo perfil. Debió entonces levantarse de su silla para saludar al presidente e intercambiar con él bromas sobre su gruesa chaqueta de campaña, una pieza que Maduro decía envidiar bajo el frío clima de la montaña.

Otro favorito de Chávez que permanece al mando del cuerpo es Eliezer José Meléndez Asmadt, comandante de la Brigada Guardia de Honor Presidencial desde marzo de 2016, cuando sustituyó a Leonardo Bello Ortega.

Meléndez, otro oficial escasamente conocido por el público, adopta sin embargo un perfil heroico en la narrativa del contragolpe oficialista completado con éxito en abril de 2002 para conjurar la conspiración, llamada el Carmonazo, que desalojó a Chávez del poder por escasas 47 horas. Para el momento, Meléndez era el capitán de la Compañía de Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial.

“A partir del 13 de abril debía permanecer en mis convicciones revolucionarias, tener fortaleza de actuar en cualquier ocasión”, expresa el militar en el libro Lealtad a Prueba de Golpe, publicado por el fondo editorial William Lara de la antigua Asamblea Nacional de mayoría chavista.

Más allá de esa épica, el también licenciado en Ciencias y Artes Militares ofrece en la misma entrevista una clave para comprender el perfil que han adquirido desde entonces los jefes de la Guardia de Honor. De acuerdo a Meléndez, uno de los errores cruciales cometidos por los golpistas en 2002, precipitando así el fracaso de la intentona, fue precisamente que no removieron a los integrantes de la Casa Militar. Quizás ello explique por qué ahora, al contrario de lo que ocurría regularmente antes de la llegada al poder de la autodenominada Revolución Bolivariana, los militares hacen carrera dentro del ente. Confiabilidad y lealtad política son requerimientos que solo se comprueban con el tiempo.

La Guardia de Honor no sólo tiene la responsabilidad de cuidar al primer mandatario. También lo hace con otras autoridades. Para ello dispone de una Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidad del Estado que, desde el 21 de julio de 2016, está al mando del General de Brigada Javier José Marcano Tataba. Graduado de la Academia Militar en 1991, promoción “Daniel Florencio O’Leary”, donde compartió con el ex ministro de Alimentación Carlos Osorio y con su ahora compañero de guardia Eliezer Meléndez. Pero, a diferencia de ellos, no ha ocupado otros cargos públicos de relevancia.

Allegados a Tabata lo describen como un hombre de “carácter pasivo”, sin fuerza ni determinación, rasgos que normalmente se atribuirían a un oficial en su posición. Su principal credencial, valoran las fuentes -que no han querido que se revelen sus identidades- reside en su cercanía a la pareja presidencial y su afinidad política jurada con el chavismo.

Desde hace nueve años Antonio vive en uno de los 47 edificios ubicados entre las cuatro calles del norte de la urbanización caraqueña de Los Ruices, un sector histórico de la clase media venezolana. Mientras me enseña la zona va explicando cómo se organizan para dividir las colas en los supermercados -una para los vecinos y otra para los bachaqueros- y cómo el aumento del número de robos en la zona sin la presencia de autoridades provocó que la comunidad espontáneamente se empezara a organizar. Antonio no recuerda bien cuál fue el primer intento de linchamiento en el que participó, tampoco cuántos han sido. Lo que sí recuerda es la primera víctima fatal.

Eran las 9 o 10 de la noche de un día jueves. Antonio estaba en su casa con su esposa e hijos cuando escuchó el grito agudo de una mujer y el sonido de pitos notificando que algo había ocurrido. Al mismo tiempo su teléfono comenzó a vibrar con la entrada de mensajes al whatsapp. Antonio bajó a toda prisa por la calle A de Los Ruices hacia la Avenida Francisco de Miranda. Mientras corría, alertó a los operadores de turno de la estación del Metro Los Cortijos para que detuvieran los trenes en caso de ver a alguien corriendo en la estación. Ya no era una sola persona gritando, eran dos, tres: ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Está robando! Sin darse cuenta ya no estaba solo, lo acompañaban otros vecinos que blandían botellas y palos.

Al encontrarse frente a frente con la persona a quien señalaban como autor del robo -un indigente evidentemente bajo los efectos de alguna droga- Antonio lanzó el primer golpe a la cara exigiendo: devuelve el celular. Vinieron más golpes. Sólo bastaron cinco minutos para que el hombre, en su dramática caída, soltara la cartera y el celular robados. Sin embargo, la arremetida no terminó allí.

La muerte como destino

“Vecinos organizados. Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría. Te vamos a linchar”, se leía en una imagen publicada en las redes sociales en abril de 2016, cuando el incremento de los linchamientos en la ciudad de Caracas, cubierto por los principales medios de comunicación, fue explicado por expertos como un “fenómeno consecuencia de la impunidad latente en Venezuela”. La imagen del cartel rodaba junto con un vídeo que mostraba cómo en la comunidad de Los Ruices prendían en llamas a una persona que supuestamente había robado a una mujer de la zona. El hombre, que murió horas después en el Hospital Dr. Domingo Luciani, resultó ser inocente y la imagen del cartel nunca se pudo comprobar si en efecto era verdadera o no. El asesinato contrariaba a Goebbels, jefe de la propaganda nazi: las mentiras, aunque se repitan mil veces, no siempre se convierten en verdad. Y también pueden traer consecuencias irreversibles.

Una imagen que sí es verdadera es el graffiti ubicado en la calle A de esta urbanización, justo en la construcción de un nuevo edificio frente a varios negocios, que muestra en tamaño extra grande sobre una pared ajada y sucia, que alguna vez fue blanca, la frase: “Los Ruices se respeta”. La palabra respeto, según la Real Academia Española, tiene tres principales significados posibles. El primero: Miramiento, consideración. A los Ruices empezaron a considerarla y a mirarla con otros ojos después del 6 marzo de 2014. Ese día, que también cayó jueves, luego de varias semanas de protestas, se enfrentaron vecinos, grupos motorizados y la Guardia Nacional, que llegó a la zona con la intención de despejar una barricada. Botellas, piedras y disparos venían e iban hacia y desde los edificios. Las calles se llenaron de humo y tanquetas. El resultado: cientos de detenidos, daños materiales, un funcionario y un motorizado muerto. Justo por esa fecha pintaron el graffiti con aquella frase en letras azules, verdes y rayas moradas que aún se mantiene a veces imperceptible ante el paso de los vecinos y visitantes.

Las miradas se volcaron de nuevo a Los Ruices cuando dos años después Roberto Josué Fuentes Bernal, chef de 42 años de edad, el del vídeo que fue linchado en plena vía pública y resultó ser inocente. “Otro más que agarraron robando”, decía la voz que grababa el vídeo que registra cómo lo molieron a palos. Las imágenes mostraban a un hombre de tez oscura, vestido con camisa blanca y jeans, tirado en el suelo golpeado y sin poder levantarse. Un grupo no menor de 15 personas lo rodeaba. Alguien de lejos lo roció con un líquido mientras otro se acercó a prenderle fuego. El grupo se dispersó, pero la cámara nunca dejó de grabar. Sólo dos personas hicieron un esfuerzo por apagar la candela. Después de este acontecimiento, la presencia policial en la zona aumentó. Ya los ciclistas de la Policía del Municipio Sucre no pasaban cada 8 horas sino cada 2. También designaron a un comisario para lograr un diálogo con la comunidad y enseñarles cómo en vez de linchamientos podían realizar “arrestos ciudadanos”.

El segundo significado posible a la palabra respeto es: veneración, acatamiento que se hace a alguien. Los Ruices sigue sus propias reglas y sus vecinos pelean por las causas hasta que se les presta atención. Las 17 mil personas que en promedio viven allí parecen, de algún modo, conocerse y haber encontrado una manera de organizarse. Tan es así que la comunidad de Lomas del Ávila, en el mismo municipio, está siguiendo su ejemplo: sistemas de alerta de seguridad temprana y reportes de intentos de linchamientos cada semana. El trecho entre seguir el ejemplo a la veneración no es tan largo como se piensa.

El tercer significado posible es: miedo. De ese hablaré más adelante.

Una demostración de fuerza

Antonio le devuelve el celular y la cartera a la muchacha que robaron. Ella, visiblemente alterada por lo que acaba de ocurrir y sintiéndose ya a salvo, se le va encima al ladrón y comienza a darle patadas. A la chica ni siquiera le ha dado tiempo de notar la herida en su boca producto del golpe que recibió de su atacante durante el forcejeo.

Antonio aprovecha las patadas para sostener con fuerza los brazos del hombre dándole así la posibilidad a ella y a otros espectadores de continuar el ataque sin que este pueda moverse, sin que pueda escapar. “El tipo llevó golpe, patada y Kung Fu”, repiten los que recuerdan la arremetida. En cuanto pudo, Antonio se alejó. La policía municipal llegó a los pocos minutos pero prefirió no intervenir de inmediato. Requiere menos esfuerzo dejar a alguien tirado en un hospital que llevárselo detenido. Los golpes de los vecinos sólo se detuvieron cuando el ladrón ya estaba inconsciente. El ataque, y luego el cuerpo semidesnudo tirado en el suelo, quedó para el recuerdo en las galerías de teléfonos celulares, como aquel que -la ahora víctima- se intentaba robar.

El Ministerio Público informó que investiga 26 linchamientos ocurridos, en los últimos meses, en toda Venezuela. Pero ese número se queda corto tomando en cuenta sólo los casos registrados por la comunidad de Los Ruices. Los autores del linchamiento al indigente, y otros que como él corrieron con la misma suerte, han sido perseguidos y amenazados por los servicios de inteligencia. Como cazadores cazados han optado ahora por encapucharse cuando es necesario, por tener escondidos palos y botellas en puntos estratégicos de la zona, por prohibir fotos o vídeos y tener bien identificadas dónde están las cámaras de seguridad que podrían eventualmente delatarlos. Aunque lo niegan, todo parece estar orquestado.

Es curioso que el último de los significados de la palabra respeto sea miedo. Más cuando ésta última se define como la angustia por un daño o el recelo que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Qué es lo que de verdad exigen? ¿Respeto o que les tengan miedo? La comunidad de Los Ruices se define a sí misma como guerrera, solidaria y capaz de defender su zona a como dé lugar. Cuando se les pregunta por los linchamientos dicen, todos a una, sin dudar: “La gente está cansada de tantos robos”. Pero hay otros vecinos que condenan la barbarie en lo que se ha convertido. Los Ruices pasó de tener miedo a convertirse en su administrador. Quizás fue la única manera que consiguieron de ganar respeto. Quizás no le dieron otra opción.

Me detengo a hablar con Antonio justo en la esquina de aquel mural en la calle A cuando se detiene una camioneta marrón junto a nosotros. El conductor baja el vidrio del copiloto y le dice a Antonio:

-Coño, pana, creo que me abrieron el carro y me sacaron unas herramientas que tenía aquí.

-¿Y eso fue ahorita?

-Sí. Así que si ves a alguien corriendo o con cara de sospechoso le lanzas un coñazo de una. Luego preguntas -dice el conductor dejando salir una risa nerviosa que no permite identificar si habla en serio o no.

-Sí va. No hay problema, para eso estamos.

** El nombre de Antonio fue cambiado para proteger su identidad.

*Esta crónica fue escrita durante el XI Seminario de Periodismo Narrativo patrocinado por Cigarrera Bigott, celebrado entre el 20 y 24 de junio en la ciudad de Caracas.

Aunque Guerrero Flores sea mencionado en los periódicos, noticieros de televisión y de radio venezolana y en las comisarías policiales, debido a su amplio prontuario criminal y liderar una megabanda delictiva llamada Tren de Aragua, los habitantes de San Vicente tienen prohibido hablar sobre él.

Su ley fue instaurada hace más de dos años. Ya el barrio estaba dominado por el Tren de Aragua y los cuerpos policiales comenzaban una contienda por el dominio del territorio. Pero el Niño Guerrero se ha ido asentando sobre cualquier autoridad legal.

Su figura polariza en esta comunidad. Es apoyado por, supuestamente, ofrecer seguridad, orden y ayudas económicas a las familias. “Desde que tomó el barrio ha disminuido la inseguridad. Ellos le dan medicinas y sillas de ruedas a los ancianos. Aquí hay dos iglesias católicas y 10 cristiana evangélicas. Ni siquiera los curas se atreven hablar sobre ellos”, dice un vecino. Pero el Niño Guerrero también es aborrecido por convertir a San Vicente en una cárcel a cielo abierto.

No hay cadenas que amarren al Niño Guerrero en San Vicente. Muchos lo han visto entrar, merodear o salir en camionetas negras y blindadas, escoltado y dictando órdenes a la tropa de hombres que dirige. Se impuso con la ley del fuego que, entre otros ademanes, se manifestó con allanamientos, desalojos de familias, desapariciones y violencia. Su banda ha sido capaz de sentar “toques de queda”, así como el ocurrido a finales de noviembre cuando 150 de sus hombres tomaron la comisaría de la Policía de Aragua en el barrio y paralizaron a los lugareños. 

Hágase su voluntad

En San Vicente cualquier propiedad está a merced de los caprichos del Niño Guerrero: administración de mercados, transporte público y espacios recreativos. Si hay un festejo promovido por él o sus hombres, alguna cancha o plaza es ocupada por dirigentes del Tren de Aragua. Si se necesita abastecer de alimentos a la banda, entonces se dispone de despensas de mercados. Si se necesita una movilización masiva, los autobuses públicos son utilizados. O, por lo menos, en esto coincide una docena de vecinos.

No es un territorio de fácil dominio. San Vicente tiene más de 28 mil habitantes, distribuidos en 28 sectores con distintas demandas. Pero el Niño Guerrero ha delegado en sus hombres el control de esta comunidad. Cada parcela de este barrio es regentada por dos o más lugartenientes designados por él que, entre otras misiones, tiene que velar porque no haya escandalosas fiestas después de las 11:00 de la noche y porque ningún joven esté en las calles en las madrugadas. Los ladrones solo roben fuera de estos predios y nadie delate al grupo delictivo.

Si hay algún reclamo, existe una instancia para decidir sanciones. Muchos vecinos señalan al Tarántula –un moreno de 37 años, nariz alargada y achatada, ojos achinados– como el designado por el Niño Guerrero para esta tarea. Dicen que su despacho está en el vertedero de basura llamado El Bote y desde allí, según lugareños, impone penitencias a los sentenciados por el Tren de Aragua que se barajan entre el trabajo comunitario, golpizas o el desalojo definitivo de la comunidad.

Pero pocos desafían al Niño Guerrero. R.R., un trigueño de 58 años de edad, recuerda que muchos policías fueron expulsados de sus casas por no plegarse a estas reglas: “Se tuvieron que ir del barrio, los hombres del Tren de Araguales decían que sus casas ahora pertenecían a Tocorón (cárcel aragüeña dominada por Guerrero)”.

Desde afuera, San Vicente es visto como un territorio sin garantías para la vida. Los taxistas se niegan a llevar a los clientes al barrio. Juan Acevedo, un chofer de la ciudad, jura que ni por el doble de la tarifa va a este sitio: “¡Nooo, yo no me meto ahí por nada, primero la seguridad!”. El mismo argumento es repetido por dos, tres y cuatro taxistas más. El transporte público se ha convertido en la opción más expedita para los moradores y los visitantes de este barrio.

Los autobuses con destino a este barrio circulan esporádicamente y casi siempre repletos de pasajeros: tríos sentados en puestos dobles, otros parados, apretujados, y muchos guindados en la puerta. Un conductor asegura que la flota del transporte público ha mermado debido al encarecimiento y la ausencia de repuestos provocados por la alta inflación en el país –calculada en 108% en 2015, según reportes del Banco Central de Venezuela– y la escasez de divisas para importarlos, pero también argumentan que sienten miedo de atravesar diariamente una ruta definida por la delincuencia. Pero los buses, aparentemente, no solo prestan servicio a la comunidad. Según los habitantes de San Vicente y dos choferes entrevistados que exigieron el resguardo de su identidad, en ocasiones son utilizados para el traslado de los visitantes de la cárcel de Tocorón, uno de los principales centros de operaciones del Tren de Aragua, y para otras disposiciones del Niño Guerrero como funerales o protestas masivas en apoyo al grupo delictivo.

Una visita, un mensaje

Los Embajadores, como denominan a los encargados de enviar mensajes de las cabecillas de organizaciones criminales, visitaron a José Ramón Arias, diputado al Consejo Legislativo del Estado Aragua (Cleba), para advertirle que dejara de denunciar las operaciones de las bandas delictivas de la región. Su trabajo se ha centrado en llevar el pulso a la violencia en Aragua y sugerir políticas a la Gobernación para mejorar la seguridad ciudadana. “He recibido amenazas (no especifica de qué delincuentes), muchos hemos sido intimidados. Nuestra principal crítica es en contra del Gobierno por la ineficacia de los planes de seguridad. No es solo San Vicente, pues hay un estado de sitio en la entidad debido a la inseguridad”, indicó.

Arias valida algunos testimonios de los vecinos de San Vicente. Confirma que esta comunidad está asediada por delincuentes que imponen sus reglas sin poder ser controlados por la policía y el gobierno local. “Se imponen gobiernos paralelos debido a la ausencia de planes estructurales de las autoridades oficiales”, explica.

San Vicente es fiel al chavismo, su población ha votado por esta opción política en los últimos 17 años. Sin embargo, esta comunidad se ha sentido ignorada por los gobernadores y vejada por la policía regional, como consta en denuncias hechas por sus habitantes a la prensa aragüeña en los años precedentes a la llegada del Niño Guerrero al sector. Margarita Rivero, diputada opositora del Cleba, es austera al opinar sobre este barrio, porque admite que la seguridad no es su “fuerte”. Pero indica que es muy evidente el desgobierno de las autoridades locales en este territorio. “Las razones por las que el hampa se ha apoderado de este barrio son las mismas que podría tener el resto del país. Hay debilidades gubernamentales, falta de gobierno y eso es aprovechado por grupos al margen de la ley”, afirma.

El gobierno de los pranes se inició en empobrecidas zonas rurales de Aragua y se expandió como un virus a toda esta entidad. El gobierno de los delincuentes se fortaleció hace aproximadamente dos años, asentándose en diferentes barrios e instaurando el terror entre los ciudadanos. Esta ciudad fue paralizada por órdenes del Chino Pedrera, uno de los líderes de las bandas que integra el Tren de Aragua, el pasado 4 de febrero. En un comunicado, divulgado por este grupo criminal, se decretó un día de luto por el asesinato de Emilio Rojas Madriz, su lucero –así llaman en las cárceles venezolanas a los lugartenientes de los líderes o pranes–, que obligaba al cierre de los comercios, hoteles, agencias de loterías y a la inoperatividad del transporte público.

El cortejo fúnebre fue seguido por unos 200 hombres, en motocicletas y con armas de fuego. Los cuerpos policiales solo fueron espectadores, no hubo detenciones. Los habitantes de Maracay se escondían en sus viviendas o se asomaban con timidez para presenciar el duelo del Tren de Aragua.

Solo transcurrieron 19 días para que otro entierro paralizara a Maracay. José Gabriel Álvarez Rojas, o el Chino Pedrera había sido asesinado un mes antes de cumplir 34 años de edad por supuestos agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPCP), aunque inicialmente la prensa regional adjudicó el crimen a una rencilla e incluso a un robo cometido por enemigos.

Días antes de morir, el Chino Pedrera supo sobre el asesinato de dos aliados, Rojas Madriz y Josue Manuel Bolívar, debido a supuestos enfrentamientos con policías. Los prontuarios de estos tres prófugos engordaron desde que se asentaron en un barrio conocido como Pedrera, en Maracay. Allí planificaban y ejecutaban robos, secuestros, extorsiones e incluso se les acusaba de homicidios. Sin embargo, el Chino Pedrera se autoproclamaba como un defensor de esta comunidad. “Buenos días, mi gente de Maracay, La Pedrera, siempre los protejo, pero todo amerita un sacrificio”, escribieron el 7 de febrero en la cuenta de Twitter @ChinoPedrera que, supuestamente, pertenecía al delincuente. Según vecinos de La Pedrera, él pedía al barrio que le ayudara a actuar en contra de la policía que le perseguía.

Álvarez Rojas, o el Chino Pedrera, murió en la clandestinidad, huyendo de los cuerpos policiales, en la población de Guacara, localizada en el estado Carabobo, y muy lejos de sus predios. Freddy Bernal, exjefe de la Policía de Caracas y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dedicó unas líneas a la muerte del delincuente en su cuenta de Twitter: “La muerte de ‘El chino pedrera’ del Tren de Aragua, es un duro golpe al crimen organizado. Felicitaciones al CICPC”. Aún, después de su deceso, no cesaron los enfrentamientos y las muertes.

La opinión del concejal Arias es que el crimen organizado se arraigó en la entidad ante la ausencia de políticas de seguridad de la Gobernación, presidida por el oficialista Tareck El Aissami. El diputado, que dirige un observatorio para monitorear la criminalidad en Aragua, asegura que las muertes asociadas con eventos violentos han aumentado 56% en la región desde 2013, año en que hubo más de 924 homicidios en esta entidad, según cifras extraoficiales. En esta región nor-central de Venezuela no son divulgadas las estadísticas oficiales, son ocultadas como sucede en el resto de este país, una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Hugo Chávez y continuada por el actual mandatario Nicolás Maduro. “Sin embargo, el grupo que dirijo lleva una data de los delitos gracias a las publicaciones de la prensa local. Esto significa que el número de muertes puede ser mayor, ya que no se registran algunas. Casi la totalidad son provocadas por armas de fuego”, dijo.

El perfil de las víctimas de la violencia en Aragua son hombres de 28 años, pertenecientes a las clases socioeconómicas medias y pobres y con hijos. Las balas han dejado a 1.526 niños y adolescentes huérfanos en esta región del país. El municipio con más muertos producto del crimen es Girardot, justo donde está asentado San Vicente.

El perfil de las víctimas de la violencia en Aragua son hombres de 28 años, pertenecientes a las clases socioeconómicas medias y pobres y con hijos. Las balas han dejado a 1.526 niños y adolescentes huérfanos en esta región del país. El municipio con más muertos producto del crimen es Girardot, justo donde está asentado San Vicente.

La huella del delito

Aragua es solo una minúscula pieza en el rompecabezas de la violencia en este país. Según un informe elaborado en 2015 por la organización internacional Seguridad, Justicia y Paz, Venezuela tiene tres de las 10 ciudades más violentas del mundo: Caracas (Distrito Capital), Valencia (Estado Carabobo) y Maturín (Estado Monagas). El estudio, aunque cuestionado por autoridades, muestra una nación marcada por el delito.

Caracas, la capital de este país caribeño, ocupa el primer lugar de este penoso ranking, seguida por la ciudad San Pedro Sula en Honduras. Entre 1998 y 2015 se sextuplicó el número de homicidios: de 4.550 saltó a 27.875 asesinatos en 17 años. Se trata de cifras del Observatorio Venezolano de Violencia que anualmente registra nuevos récords de inseguridad en esta nación.

En esta guerra no declarada de las organizaciones criminales contra la población predomina el uso del arma de fuego como objeto de dominio. Muchas están en manos de delincuentes rasos, cabecillas de bandas, prisioneros que las exhiben dentro de las cárceles y en algunos integrantes de grupos conocidos como colectivos que se han caracterizado por defender al chavismo.

Ninguno de los 24 planes aplicados entre 1999 y 2015 han podido desarmar al país. En San Vicente, por ejemplo, se aplicó un programa de prevención de seguridad e inclusión social llamado A Toda Vida Venezuela, creado por el gobierno de Maduro para atacar la inseguridad, en 2014. De esta misión social hay videos testimoniales, relatos de los vecinos y una pequeña fábrica de bloques bautizada como La Esperanza Cristiana que tuvo una inversión de 550.000 bolívares (55.000 dólares calculados a la tasa de cambio de Divisas Protegidas, Dipro).

Las trazas de las balas

La comisaría de la Policía de Aragua de San Vicente es una evidencia del potente arsenal de la tropa del Niño Guerrero. Las paredes y el techo de esta comandancia están marcados por agujeros hechos por las balas, unos imperceptibles y otros cuyo tamaño es comparable con el grosor de un limón. Esta es una oficina que ha sentido la furia del Tren de Aragua en, al menos, tres ocasiones desde agosto. Uno de estos ataques cometidos por 15 hombres mató al oficial Nelson Álvarez Hernández e hirió de un disparo en la cabeza a su compañero Ángel Miguel Utrera. Tras este asalto, en el sitio fueron hallados casquillos de balas procedentes de armas cortas y largas.

La guerra fue declarada a principios de 2015. Jesús Rafael Chourio, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Aragua), indicó entonces a la prensa venezolana que conocía la organización de los delincuentes: “Tienen una distribución por cuadrantes para delinquir en todos los sectores del estado”. San Vicente apenas se erigía como un bastión para el grupo delictivo, casi una treintena de sectores entrelazados por callejones y caseríos por donde se movían los tentáculos del Tren de Aragua.

San Vicente es indomable para la policía. Varias avanzadas armadas de los cuerpos de seguridad estatales han intentado frenar el arraigo del Tren de Aragua en el barrio, pero los enfrentamientos han resultado en la muerte de 19 presuntos delincuentes y de un policía, centenares de detenidos y decenas de heridos. Es una cifra cuestionada por los moradores, que cuentan más de 30 bajas por esta guerra que se inició hace más de un año. Ni los cuatro Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, (un plan iniciado por el presidente Maduro y cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su letalidad), han zafado al barrio del poderío del Niño Guerrero.

Esta guerra captó la atención de los medios de comunicación en agosto de 2015. Siete agentes de la Policía de Aragua fueron grabados cuando sujetaban a un hombre y le disparaban para asesinarlo, mientras otros tres yacían en el suelo ensangrentados. La fecha de la grabación coincide con la muerte de Leonardo Antonio Mejías Medina, Douglas Bolívar Reyes, Omar Ramírez, que, según informaciones ofrecidas por fuentes policiales al periódico regional El Siglo, se enfrentaron a los agentes al ser sorprendidos durante un secuestro en un taller conocido con la firma comercial Tebelca, ubicado en la Zona Industrial de San Vicente II. Tras divulgarse el vídeo aficionado del ajusticiamiento, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que ocho oficiales fueron detenidos e imputados por el exceso policial.

El tesoro

Según fuentes policiales y vecinos, el tesoro del Tren de Aragua está en un sitio denominado El Bote. No es más que un extenso vertedero de desechos, invadido por moscas y buitres, pero que supuestamente esconde oscuras transacciones.

Por El Bote se han desatado enardecidas pugnas entre los vecinos y las autoridades regionales. A finales de noviembre hubo una protesta, encarnizada por lugareños y miembros del Tren de Aragua, para rechazar un plan del gobernador El Aissami de cerrar este vertedero. Los manifestantes, que estuvieron más de dos días en reclamo, argumentaban que se dejaría a seiscientas familias sin empleo. Después de cuatro meses de esta protesta, hay vecinos que insisten en que es una fuente de trabajo y otros que afirman que fueron obligados a salir en defensa del botadero de desechos.

Este kilométrico terreno de escombros, desechos y malos olores, se conecta con el estado Carabobo a través del lago de Valencia. Los que habitan cerca de este vertedero aseguran que escuchan el sonido de los motores de potentes camionetas y de lanchas casi a diario. Es en este lugar donde, según fuentes policiales, podría almacenarse y distribuirse cargamentos de droga. Lo cierto es que, si no se conoce la anatomía de ese horizonte de desperdicios, es difícil emprender una persecución con resultados alentadores para las autoridades. Por eso, el Niño Guerrero y sus secuaces han hecho de estos dominios su república.

Con esta filtración salieron a la luz los secretos detrás de la industria global del espionaje electrónico, que se ha ido extendiendo alrededor del mundo sin reglas deontológicas ni aparente control. Y aunque Venezuela no figura como cliente en los archivos, una serie de correos electrónicos compartidos entre Hacking Team y autoridades gubernamentales revelan el interés de entes del Estado venezolano en comprar el producto que comercializa la empresa italiana.

Hacking Team, con sede en Italia, vende a agencias nacionales de seguridad de todo el mundo un tipo de software conocido como Sistema de Control Remoto (RCS, por sus siglas en inglés) que permite piratear computadoras y teléfonos celulares. Al contratar el producto, el cliente podrá tener acceso a correos, registro de llamadas, mensajería de texto, micrófono, cámara, GPS y hasta grabar conversaciones telefónicas de cualquier dispositivo elegido como objetivo. El producto estelar en el portafolio de Hacking Team se llama Da Vinci, capaz de sortear barreras de encriptado, y especialmente concebido para la captura de teléfonos móviles inteligentes.

Ya para 2013, la organización de libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde su sede en París, Francia, había publicado un reporte en el que consideraba a la italiana Hacking Team un “enemigo corporativo de internet”, junto con otras cuatro empresas de tecnología: Gamma Group (Reino Unido), Trovicor (Alemania), Amesys (Francia) y Blue Coat Systems (Estados Unidos). El reporte criticaba la disposición de las compañías para convertirse en “mercenarios digitales” y vender sus productos a regímenes autoritarios.

Ese año, un estudio conjunto de la organización no gubernamental Electronic Frontier Foundation (San Francisco, California, Estados Unidos) y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Ontario, Canadá), determinó que Venezuela había sido uno de los compradores del Packet Shaper de la empresa californiana Blue Coat. Los investigadores definen el producto como un sistema en la nube que ofrece visibilidad externa de 600 aplicaciones para la web y control del “tráfico indeseable”.

Ahora, en la hoja de Excelque se filtró con la lista de clientes de Hacking Team apenas unos días atrás, aparecen los regímenes de Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Bahrein, Kazajstán, Etiopía, Arabia Saudí y Azerbaiyán, entre otros con pésimo historial de derechos humanos.

Mientras a la luz quedaban expuestos serios indicios de que el Ecuador del presidente Rafael Correa, cercano aliado del régimen bolivariano en Caracas, contrató los servicios de Hacking Team para su Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Venezuela no figura en la lista de clientes. Pero de que se dejó cortejar, no hay dudas: mantuvo conversaciones con la empresa e intermediarios para comprar el software de espionaje. Los correos electrónicos que explican con detalle las negociaciones fueron organizados y pueden ser consultados en Wikileaks.org.

Presentación a un general

El equipo de ventas de Hacking Team eligió una fecha poco propicia para visitar Caracas. Sus representantes pisan tierras venezolanas la mañana del miércoles 6 de marzo de 2013, menos de 24 horas después del anuncio de la muerte del presidente Hugo Chávez.

“Rápida actualización, acabo de llegar al hotel. Es un poco loco aquí. Controles de seguridad en la propiedad del hotel, caminando por el lobby y entrando a los ascensores. El taxista dijo que no sería fácil moverse. Toda la ciudad está de luto. Se esperan manifestaciones y marchas. El funeral está pautado para el viernes. ¿En qué nos hemos metido?”, le escribe Alex Velasco, manager de cuentas de la empresa de hackers, a sus compañeros de trabajo en un email que lleva por asunto: Caracas Chávez Caos.

En ese momento Velasco había viajado a la capital venezolana con Alex Berroa y Richard Berroa de DTXT Corporation, una compañía estadounidense que provee aplicaciones de seguridad y servicios de suscripción de sistemas de tecnologías de la información. DTXT Corp era, junto con otros aliados locales cuyos nombres no se revelan en los documentos, el nexo entre los informáticos y los potenciales clientes del Estado venezolano.

Previo a su llegada a Caracas, DTXT corp envía un PDF donde especifica que "hay una instrucción presidencial" de recibirlos para mostrar la nueva solución de intercepción móvil, gracias al aumento de un 42% del uso de celulares en Venezuela en 2012. También nombran los organismos con quienes se reunirían para mostrar el demo: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), División de Inteligencia Militar (DIM), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (DICOFANB).

El equipo de Hacking Team, DTXT Corp y el aliado local se reúne finalmente el viernes 8 de marzo de 2013 con un general del Ejército venezolano. Allí, a pesar de los inconvenientes que han tenido, despliegan sus productos RCS y hacen una demostración en la que infectan en vivo un teléfono Android, por petición del general. Velasco, en su reporte, habla también de un “primer ministro” que no pudo llegar a la reunión debido a la “actual situación”.

Como dato curioso, Velasco agrega que a unos 300 metros del edificio donde hacen la presentación ocurre un incendio que fue controlado. Velasco remata el correo con una frase casi jubilosa de cumplimiento del deber: “Dead president, crazed loyalist and forest fires can't stop us from doing our job!” (“¡Ni el presidente muerto, sus partidarios enloquecidos o los incendios forestales pueden detenernos de hacer nuestro trabajo!”).

En uno de los correos electrónicos posteriores a la reunión que tuvo lugar en Caracas, Richard Berroa le explica a Marco Catino, ingeniero de aplicaciones de la empresa italiana, que los posibles clientes venezolanos han pedido una semana más para dar una respuesta porque necesitan reponerse de una serie de eventos desafortunados: ya no se refieren solo a la muerte del presidente Chávez, sino también a los decesos de la madre del presidente de la Asamblea Nacional y del padre del general con quien se encontraron en Caracas.

En efecto, Felicia Rondón de Cabello, madre del número dos del chavismo y presidente del parlamento, el ex teniente del Ejército Diosdado Cabello, falleció justo el domingo antes del deceso del comandante Chávez, que acaeció un martes.

También la prensa reportó que el 12 de marzo de 2013, poco más de una semana después de la muerte del líder revolucionario, falleció Juan José Barrientos Tarazona, padre del mayor general del Ejército Wilmer Barrientos, quien para ese entonces ejercía como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceo-Fanb). El presidente encargado a la fecha –ratificado luego en las elecciones del 14 de abril–, Nicolás Maduro, le expresó públicas condolencias a través de su cuenta de Twitter: “Querido compañero, soldado de la patria, cuentas con toda nuestra solidaridad y todo nuestro amor… Tu padre vive y la lucha continúa”.

Este cruce puede llevar a pensar que el oficial militar de la reunión fue Barrientos, un activista bolivariano originario de la asonada del 4 de febrero de 1992, que Chávez –entonces, un teniente coronel de paracaidistas– lideró para intentar derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Pero Barrientos, actual Embajador de Venezuela en Canadá, lo desmiente de manera enfática en conversación telefónica para este reportaje. “No conozco a la empresa (…) no me nombran en ninguna parte”, dijo, a la vez que alegaba que la única reunión que ha sostenido “es con el país”. Además el ex militar, ahora diplomático –y que en el gobierno de Nicolás Maduro ocupó las carteras ministeriales de Industrias y del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno– restó credibilidad a la filtración, por lo que no quiso hacer ningún otro comentario oficial.

Intermediarios en Venezuela

Apenas un mes después de esa visita malhadada de Hacking Team a Venezuela, la empresa Importadora Ventech, con oficinas en Madrid y Caracas, se puso en contacto con la compañía italiana para promocionar de nuevo el producto en el país.

En modo persuasivo, Ventech asegura en la comunicación que tiene varios “clientes pertenecientes a los organismos de seguridad de estado, inteligencia y contrainteligencia de Venezuela y otros países de Sudamérica”.

En un correo electrónico enviado el 13 de mayo de 2013, Franklin Colombo,<franklinc@ventech.com.es>, apoderado de la empresa en Madrid, le dice a Alex Velasco que las dos agencias gubernamentales donde tiene posibilidades de colocar el producto son la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM, sus siglas oficiales) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Nelson Colombo, presidente de Importadora Ventech en Venezuela, confirmó durante una entrevista que sí hubo contacto para ofrecer los productos a agentes del Estado venezolano. Sin embargo, ninguna negociación se concretó, según su testimonio.

“Nosotros conocimos de sus productos en una feria, nos interesó el software y lo presentamos a nuestros clientes. Pero ellos no quisieron venir a Venezuela y eso quedó así. No tenemos ninguna relación con Hacking Team. Ventech es una empresa limpia, con todo al día, que no se ha visto involucrada en problemas”, explicó Colombo.

Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la Importadora Ventech, tiene por objeto “la compra, venta, arrendamiento, gravamen y en general de todo acto inherente a la comercialización, importación, exportación de equipos, partes y piezas de la industria en general”. Entre sus clientes destaca la telefónica estatal Cantv.

Por lo que se ve en los correos filtrados, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) también había mostrado interés en el software de espionaje.  A mediados del 2013, revelan los documentos, el manager de cuentas de Hacking Team, Mostapha Maanna y el venezolano Julio Durán  <duran.julio@gmail.com, jduran@mij.gob.ve>, se conocieron en la conferencia ISS World Europe en Praga, República Checa.  Desde ese día, mantuvieron conversaciones para promocionar RCS en Venezuela.

Julio Ernesto Durán Malaver, al momento del intercambio de correos, ejercía como Director Encargado de la Comisión Ministerial de Proyectos Especiales del MRIJP y Director General de la Oficina de Tecnologías de Información de la misma entidad. Para entonces, el titular de la cartera del Interior era el ex general del Ejército Miguel Rodríguez Torres, también compañero de Chávez en la aventura golpista de febrero de 1992, que en el Gobierno del comandante barinés ocupó por mucho tiempo la jefatura de la policía política (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip) y llevó adelante la transformación de ese cuerpo en el actual Sebin.

Durán lideró en ese despacho uno de los proyectos bandera de la gestión de Rodríguez Torres: el Sistema Integral de Monitoreo y Asistencia (Sima), una tecnología de origen chino –su proveedor era el holding estatal China National Electronics Import and ExportsCorporation– que combina vigilancia por video y comunicación satelital para controlar alteraciones del orden público, con la que se iban a instalar 30.000 cámaras de vigilancia en todo el país. Durante su implementación por fases, que empezó por el municipio Sucre (este de Caracas) del estado de Miranda, tuvieron lugar diversos actos de inauguración transmitidos por los medios oficiales. En algunos de ellos, donde llegó a participar el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, Durán sirvió de vocero.

Durán solicitó al equipo de Hacking Team que tuviera lista una versión en español del acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para firmar en cualquier momento, y hablaron de reunirse en Berlín, Alemania, para una presentación del demo.

Luego de su paso por la administración pública, Julio Durán figura como director de Telecorp, C.A, una empresa venezolana de servicio de internet satelital que, según reza su página web, se especializa en “soluciones de Acceso a Internet, Datos y Voip de Alta Velocidad”.

Además dirige, junto a Mariange Durán Malaver, la compañía Sistemas Simulnet, C.A  que tiene como objeto “todo lo relacionado con la consultoría en el área de telecomunicaciones e informática (...) exportación e importación de equipos y componentes”, tal como aparece en su ficha del Registro Nacional de Contratistas.

Se solicitó una entrevista a Durán en las oficinas de Telecorp, C.A, ubicadas en la Torre Unión de El Rosal (municipio Chacao, este de Caracas), pero no fue posible concretarla, pues el ejecutivo se encontraba de viaje.

Triangulación colombiana

La última vez que se nombra Venezuela en los correos electrónicos de la filtración fue en febrero de 2015. Entonces Eduardo Pardo <e.pardo@hackingteam.com> le dice a Alex Velasco <a.velasco@hackingteam.com> que conoció a un sujeto en el puesto de Robotec durante la feria Expodefensa 2014 en Bogotá, Colombia, quien a su vez podía ponerlos en contacto con agencias del Estado bolivariano.

Se habla del ministerio de Defensa, de grupos antisecuestros, y de la empresa petrolera estatal PDVSA, que estaría interesada en comprar una “herramienta de seguridad para luchar contra la corrupción dentro de la compañía”.

Ya en comunicaciones anteriores, el Director de Defensa y Seguridad Nacional de Robotec Corporation, Hugo Fernando Ardila Miranda, aparecía diciendo que tres agencias venezolanas le habían consultado sobre el producto: Comando Nacional Antiextorsión (Conas), la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD).

Robotec Corporation, empresa colombiana dedicada al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de tecnologías especializadas, explica en un comunicado público que la única relación que tenía con Hacking Team era como agente de distribución de sus productos en la región.

“No operamos, ni investigamos, ni tampoco tenemos acceso a las bases de datos ni a los equipos, solamente vendemos la tecnología”, se lee en la página web de la corporación.

En un escueto correo electrónico que envió a Armando.info, la empresa –en persona de Hugo Ardila– se limita a aclarar “que no hemos vendido nada a su país”.

Todo indica que Venezuela no compró las soluciones RCS de Hacking Team. No aparece en la lista de clientes. Sin embargo, manifestó la clara intención de comprar el software para filtrarse entre los dispositivos de cualquier ciudadano, incluyendo entre sus potenciales objetivos de quienes conforman la principal empresa del país. El Gobierno de Maduro tiene apetito por husmear las comunicaciones electrónicas. Cabe preguntar: ¿habrá quién lo haya satisfecho?

Una vez se descarga Zello en el teléfono, solo hay que escoger un nombre de batalla, asociarlo a una cuenta de correo y poner una foto. El consejo es que nada permita identificarnos en la vida real. En este caso, nos reservamos el nombre escogido. Para escoger la foto se puso en Google “Venezuela resistencia” y se eligió una imagen de Jesucristo abrazando la silueta del país pintado con la tricolor. A la hora de elegir los canales se buscaron los más activos y con más seguidores. Venezuela hasta los tuétanos, Venezuela SOS, Caracas Ciega y DiosenVenezuela. Cada canal tiene unas normas y unos moderadores. En algunos casos, para poder entrar por primera vez hay que mandar un mensaje de voz. En otros, te aceptan pero durante un tiempo indefinido los mensajes solo podrán ser escuchados por esos moderadores. En este caso, hablamos lo menos posible para no causar suspicacias por el acento.

A partir de ese momento empezó la escucha indistinta de esos canales, a diferentes horas, en distintos días de la semana.

“Soy experta en trapos rojos”

La primera sensación que dan los grupos es la de un arroz con mango, un batiburrillo. Hay veces que no se puede entrar a los canales o que no se escucha nada. Cuando por fin se escucha algo, hay que esperar que pase un rato para enterarse del tema del momento. El grupo Venezuela hasta los tuétanos es el más activo. Hay jaleo todo el día.

Durante la mañana, temprano, las más activas suelen ser las mujeres. En la noche, los hombres.  Hay un código por el que se respeta el horario infantil y solo cuando este termina se pueden decir groserías. Más de una usuaria lanza sus mensajes y de fondo se oyen los llantos de un bebé. Es una escena muy común de fin de semana.

Cuando había pasado una semana desde el inicio de la huelga de hambre desde la cárcel del ex alcalde de Chacao (municipio del Este de Caracas) y dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, junto con el ex alcalde de San Cristóbal (estado de Táchira, Andes suroccidentales de Venezuela) y copartidario Daniel Ceballos y decenas de estudiantes, las expresiones de apoyo y admiración no se hicieron esperar. “Esos muchachos sí son valientes, vale. El CICPC [N. de R.: Policía judicial] los está hostigando en la iglesia de San Luis, en Chuao”, dice una. La respuesta es inconexa. “La MUD está implicada en una cantidad de cosas con este gobierno”. A partir de ahí, se deja de lado el tema de los prisioneros en huelga de hambre y se entra en el tema favorito de todos los canales: “Aquí se va a montar un peo”.

No hay día que no digan que el clima está a punto para que pase algo. “Algo viene. O lo del paro de transporte o algo. Han pasado más de dos meses y en el Gobierno no han lanzado otro magnicidio. Y lo hacen cada 15 días. Yo soy experta en ver trapos rojos hasta cuando una mosca pasa”. De ahí a hablar de las entonces aún no convocadas elecciones, es un paso. “El régimen, ha perdido demasiados seguidores. Hay un gentío que no quiere saber de ellos. No han sacado fecha de elecciones porque han perdido muchos adictos. Sí, adictos, no adeptos. No quieren que ellos mismos peguen el grito de fraude”.

Salvar el voto

Las elecciones parlamentarias fue el tema más discutido. En cuanto a la fecha, en más de una ocasión se discutió cuándo se realizarían. Un día se difunde por la red la versión de que la cita tendrá lugar el 20 de diciembre. Se arma el revuelo: “Está claro que eso lo hace el Consejo Nacional Electoral para que ellos no puedan ir a votar y desmovilizar a la gente”. Otro día nombran a Nitu Pérez Osuna y un tuit en que el afirma que un patriota cooperante le dijo de la decisión del Gobierno de atrasarlas para marzo de 2016. Cuando finalmente el ente electoral anuncia la convocatoria oficial para el 6 de diciembre, todos comentan que se veía venir. “Esa fecha les conviene”.

Ponen el audio de un abogado, entrevistado en la radio, donde pide elecciones y que Leopoldo López y los estudiantes acaben la huelga de hambre. “Algunos presos políticos no quieren elecciones”, dice alguien en el canal. “El pueblo no quiere elecciones. El pueblo está harto de mentiras. Ese abogado no puede hablar en nombre de los estudiantes, no los representa”, dice un señor con una voz que, mínimo, suena a entrados los 50. “Todo mi apoyo a los estudiantes, son valientes y dignos venezolanos, pero dictadura no sale con votos”.

El debate muchas veces se centra en qué hacer si finalmente hay elecciones. “No debemos ir a votar ni exigir fecha para las parlamentarias. Llevamos 19 elecciones en el lomo. Eso es para desmotivarnos. Por eso nos dan el día libre al día siguiente, para pasar el despecho”.  Alguien apoya esa idea, dice que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no va a reclamar ningún resultado. “Son unos desgraciados, van a repartirse las curules. Cuándo terminaremos de ahorcar a la MUDa, malditos todos, los mataría a todos”. Pero también está quien sí apoya los comicios. “El Gobierno busca la abstención, el llamado es que vayamos a votar todos”.

El usuario @nomasCNE da una charla nocturna sobre un concepto que se repite casi todos los días en uno de los canales: salvar el voto. Él responde a las preguntas que cada tanto hacen los integrantes del grupo. Cuenta que entre votar o tomar el fusil, “las opciones que da el castrocomunismo”, queda la de votar nulo de modo consciente, “para demostrar que se está conforme con el CNE pero no con ningún grupo político”; abstenerse y quedarse en casa “sin importar lo que pase ese día” y salvar el voto, “ciudadanos organizados y empoderados que manifiestan que no están de acuerdo ni con los políticos ni con el CNE a través de una protesta ciudadana pacífica”. Alguien lo interpela y le pregunta que por qué hacer eso en vez de votar. “Las elecciones son inconstitucionales desde 2009. El objetivo es que haya una pérdida de legitimidad de la MUD. No puede creerse con el derecho de disolver nuestras manifestaciones”.

Títere sin cabeza

El “gordo Mario Silva”, “Drogadiablo” (en alusión hiriente a Diosdado Cabello) o “Masburro” (refiriéndose a Nicolás Maduro), son algunos de los nombres que usan para referirse a los jerarcas del Gobierno. Las burlas y ataques son constantes. Puede parecerse a las pintas en las paredes de losas de los baños en un liceo de bachillerato. Alguno se anima a parafrasear la canción típica de las excursiones en buses escolares: “Tenemos un chofer que es una pesadilla, acelera con los pies y frena con las canillas. ¡Adivinen el personaje!”, para poner después a un burro rebuznando.

También critican a sus compatriotas, “muchos son borregos, hay que decirles lo que hay que hacer, es lamentable que muchos sigan así” y se quejan de que el venezolano no se movilice porque “cuando salgamos todos, esto (el Gobierno) se acaba”.

Ya se ha visto que la MUD (MUDa para la mayoría de los tertulianos de Zello) es otro blanco de críticas. Algunos nombran a Henrique Capriles para bien, “fuimos a votar y no salimos a la calle a reclamar y dejamos el peso en un solo hombre”, otros no, “¿Recuerdan cuando Caprilito aceptó lo del millón de votos en las elecciones?”.

Pero, puestos a criticar, no dejan títere con cabeza. Ni siquiera del extranjero. Con motivo de la fugaz visita del ex presidente español Felipe González, que buscaba participar en la defensa en tribunales de Leopoldo López y del también prisionero ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, hubo un día completo de debate sobre lo que venía a hacer o no a Venezuela el socialista español. “Está purgando culpas porque le dio el espaldarazo al difundo (Hugo Chávez)”. Otra persona dice que el expresidente español viene “a buscar protagonismo. No tiene interés en ayudar en nada. Solo a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, nada de los muchachos de La Tumba”, en referencia a los dirigentes juveniles que, según denuncias, permanecen recluidos en una celda de castigo en la sede principal de la policía política. Una mujer dice que él venía con la intención de “denunciar al régimen”, pero que luego de un “almuerzo suculento con la oposición, ahí le dijeron que tenía que pedir por los votos y el diálogo, que nada de criticar al régimen”. Otra asegura sin remilgos que en realidad no viene a ayudar a nadie, sino a “recabar información para llevarla a su lucha en España contra Podemos”.

Tras varios días de escucha se podría pensar que la mayoría de los participantes son afines a Voluntad Popular, hasta que la puyas también llegan allá. “Ya es horario nocturno. Lo puedo decir. Leopoldo López está preso por ‘hijoeputa’”.  Nadie le rechista o lo increpa. “Si fuera Lilian Tintori, me iría de Venezuela con mis hijos y diría que lo que le pasa a Leopoldo es culpa del régimen, pero que no se ponga a llamar a elecciones”. Y el ataque comienza.

-Ella no sabe ni hablar, creo que ni Leopoldo López piensa que lo representa.

-Nadie le pide a ella que sea una voz, es una madre. Que salga y cuide de sus hijos. A mí no me da la impresión de que ella esté sufriendo por el marido.

-Si sus hijos estuvieran de verdad en peligro se habría ido ya. Eso es una política sucia, un juego político. A saber qué habrá pactado con Diosdado Cabello.

Todas las que hablan, por cierto, son mujeres.

Como Santo Tomás, pero en línea

Junto a la política –López, Tintori, la “MUDa” o el “castrocomunismo” – lo que más pasiones  levanta en Zello es el tema religioso. Al menos así fue durante un mes.

-No sé a qué viene el Papa, ¿a negociar con la oposición? Eso dice Maduro. Es mejor que ni venga.

 -El Papa no viene, es Masburro el que va a ver al Papa.

-El Papa es argentino. Yo soy católica, apostólica y romana, pero yo no sé… Ese papa argentino a mí no me termina de cuadrar. Vamos a ver qué va a hacer. Le mandó una carta a la Botox [N. de R.: En alusión a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner]. Vamos a ver para creer.

Una moderadora interviene y dice que mejor se deje el tema, que en otras ocasiones se ha prendido la controversia, “alguien dijo que el Papa era comunista y se lió”.

Así que se evita discutir la religión, aunque en realidad esté presente todo el  rato. Durante el día se ha podido insultar a todos los políticos, sacar sapos y culebras por la boca, que por la noche, en torno a las 12, todo cierra con una oración para que “Venezuela salga del mal y que la Virgen cubra con su manto celestial a todos”. Tras la oración, muchos responden “amén”.

Venezuela es un país lleno de sincretismo y Zello no podría ser ajeno a esto. Las oraciones cristianas se mezclan con las recomendaciones a leer las predicciones de un brujo. Ya no es Reinaldo dos Santos, alias El Profeta (un brasileño residente entre Miami y México), pues pasó de moda. Ahora el que está “’in y acierta en todo” es Mister Popo Celestial. Entre las últimas predicciones de este nuevo gurú, y que generan entusiasmo en medio del secretismo de Zello, están que “un informante, ex alto rojo, dará fuerte y contundente noticia desde el exterior, donde por medios internacionales cantará y todo se revelará”; que “el ilegítimo heredó  la enfermedad del presidente difunto. Está enfermo y algo o alguien lo hará renunciar”;  y que “nuevamente aparecerán policías fallecidos”.

La resistencia es zellosa

Además de las propuestas de salvar el voto, apoyar a los estudiantes en huelga y organizar charlas nocturnas con voceros como el ex general Antonio Rivero o Alberto Franceschi, el resto del día se les pierde en decidir qué hay que hacer para “salir de esto”, un “esto” que nunca terminan de definir, porque “esto” es todo, Gobierno y oposición. Cada día aparecen varios llamados a tomar la calle, a alzarse, hacer paro de transporte, “un paro nacional de verdad-verdad, que no haya nadie en la calle, pero pacífico”.

Alguien, en un tono muy encendido, dice que “hay que salir a la calle para acabar con el régimen. No duran un día en el poder. Basta ya de hablar y hablar, hay que hacer”. Ni siquiera están de acuerdo con las marchas. Critican las últimas convocatorias de la dirigencia opositora. “No sirven para nada, no necesitamos que nos llame nadie, tenemos que salir nosotros”. Unos días después otro dice que hay que seguir el ejemplo de Ecuador, “hay que salir, es una orden de nuestra amada y adorada Venezuela. No hay que esperar a los militares”.

No deja de ser un muro de los lamentos en el que también se dice que la Coca Cola de dieta está impagable, y, en clave de sorna, que se va a sembrar una matica de acetaminofén y otra de Ponche y uva pasita. Tras la queja de alguien porque no le dejaron comprar en un establecimiento privado sino una caja de Pirulín (una galleta con chocolate, muy popular en Venezuela), otra dice que una acción de resistencia sería tomar cinco cajas de Pirulín, “las abrimos todas, nos los empezamos a comer, se chupan, lo que sea. Si nos unimos todos, se puede”.

Un usuario pregunta por otra. Es sábado por la mañana. La interpelada habla: “Estoy haciendo cosas del hogar, con los niños y eso”. Otra le contesta entre risas: “Estamos conspirando”. Una tercera: “Eso es, estamos conspirando”.

Cada tanto, si a alguien se le escapa el nombre real de otro o un dato sobre dónde vive, se le alerta y se le dice que tenga cuidado, que hay muchos sapos y que cualquiera, “incluso el gordo Mario Silva”, está a la escucha. “A nosotros nos oyen. Esto no es un canal de amistad. Esto es de resistencia”.

Yendri Jesús Sánchez González, de 28 años de edad, natural de Maracaibo, la capital del estado Zulia (noroccidente de Venezuela, frontera con Colombia), no le contó a nadie lo que, según planeaba, sería su mayor hazaña. La preparó en serio. Tanto, que el día anterior de cometerla, no quiso disfrutar de una noche de amigos y bebida en la casa de su hermana. En cambio, prefirió abordar un autobús de Pdvsa que saldría a las 10:00 de la noche desde la plaza Alonso de Ojeda de Lagunillas (Municipio Lagunillas del estado Zulia, sobre la ribera oriental del Lago de Maracaibo).

En el vehículo viajó junto a un grupo de simpatizantes del oficialismo que iban a demostrar su respaldo al nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su acto solemne de juramentación. Todavía es un misterio cómo hizo para colarse entre ingenieros y trabajadores de la estatal petrolera. En la zona y en la industria “todo el mundo se conoce”, y Sánchez no pertenecía a ninguna de ellas. Solo se sabe que se hizo pasar por funcionario del Ministerio de las Comunas. Vestía con una chaqueta roja del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pantalones de jean negro y calzado cómodo. Se infiltró entre los camaradas. Junto a ellos, rodó 12 horas hasta llegar a la plenaria de la Asamblea Nacional en Caracas.

Ni siquiera frente a su familia transparentó sus intenciones. Apenas expresó que iba a la capital para “pedir una ayuda y participar en una marcha”. No les extrañó. Yendri, en todo caso, no tenía ni trabajo ni oficio diario que implicara cumplir un horario. Podía moverse a donde quisiera sin las restricciones de un empleo fijo. Era un “becado del gobierno, Chávez le ayudaba, siempre lo buscaban, le daban su plata y lo paseaban por orden presidencial”, cuenta una fuente que exige mantenerse en el anonimato.

Era viernes. También 19 de abril, una fecha patria en Venezuela. Se recuerda la rebelión, en 1810, de los patriotas mantuanos de Caracas ante el Capitán General Emparan y ante la usurpación francesa del trono español. Pero ese 19 de abril de 2013 era todavía más especial: Nicolás Maduro asumía la presidencia de la República tras la muerte de Hugo Chávez y de una accidentada elección que, por esos días, era impugnada por la oposición.

Frente al televisor, en su casa seguían el acto protocolar: Celina González, la mamá, y Mariagny, la única de los seis hermanos con quien comparte padre y madre, vieron su aparición en cadena nacional de radio y televisión.

En ese hogar se identifican como chavistas pero, recalcan, no “100 por ciento fanáticos como Yendri”.

Maduro, ya con su banda del tricolor nacional impuesta, comenzaba a saludar a los 12 jefes de Estado y a las delegaciones de 47 naciones presentes en su investidura. No tenía 10 minutos frente al micrófono, cuando el muchacho de 1,70 metros de estatura, contextura fuerte, cabello oscuro, cejas negras, con una cicatriz en la frente y una marca de lechina en la mejilla izquierda, nariz gruesa, orejas pequeñas y boca grande, lo interrumpió. Era Yendri.

“¡Nicolás soy Yendri, ayúdame!”, gritó mientras le arrebataba el micrófono al presidente y lo hacía a un lado. Lo contuvieron cinco hombres, entre ellos Diosdado Cabello, el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional. Reinó la confusión. Las cámaras de televisión se perdieron en un plano, que pareció eterno, donde se veían la bandera de Argentina y el escudo nacional. Los invitados no encontraban explicación. ¿Se trataba de un atentado?

Bastaron 20 segundos para que Maduro se repusiera. Se apresuró a decretar que el incidente con “el espontáneo” había sido “superado” e indicaba que después conversarían “con este muchacho” de quien se preguntó “quién sabe qué desesperación traía”. Al mismo tiempo, fustigaba a su servicio de seguridad: le habrían podido “dar un tiro”.

Casi en simultáneo la prometida conversación ya estaba teniendo lugar. Pero con Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, y María Gabriela Chávez, la hija predilecta del Comandante Eterno, en “una parte sola de la Asamblea”. Arreza lo interrogó “un rato” y la hija de Chávez le preguntó por qué lo hacía y advertía que era “muy peligroso”.

Pero no quedó solo en una reprimenda. Salió esposado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide, una construcción sin concluir de los años 50 en el suroeste de la capital venezolana. Tres días después, lo llevaron bajo custodia a la medicatura forense de Bello Monte. "Necesito hablar con los medios de comunicación, me tienen aislado, no me dejan hablar. Amo al Zulia, amo a mi estado querido, los amo a todos", fueron las primeras palabras al salir a las 11:15 de la mañana del interrogatorio.

Sufría maltratos, contó. Le pegaban con “una vara en las piernas porque andaba desesperado”, contó. Al día siguiente lo confinaron en la Ciudad Penitenciaria de Coro, estado Falcón (noroeste de Venezuela).

El drama

La comida que llevaban a Yendri regresó intacta. Los enlatados y la pasta quedaron en la bolsa donde también había desodorante, medias, un jean y una franela. No necesitaba nada, les dijeron en la puerta de la cárcel. Adentro lo alimentaban y vestía el uniforme amarillo reglamentario. Era un preso como todos los demás.

Veintitrés días después por fin su voz se escuchó en el teléfono de su hermana. Le autorizaron una llamada para que avisara que ya vería el sol y podía recibir a sus seres queridos. Del otro lado, se respiró un alivio que duró poco: todavía no podían visitarlo, él se comunicaría de nuevo para indicar la fecha.

Les pidió organizarse porque no podían entrar todos los que quisieran. Solo permitían a los padres y hermanos reconocidos con el mismo apellido.

A la semana siguiente, se encontraron. La maleta que llevaron su mamá, hermana y un medio hermano cambió por galletas, dulces y un par de botas que de inmediato les regresaron porque debía usar el calzado del penal. Tampoco requería toallas, ni colchonetas ni sábanas. Su papá, Tomás Sánchez, no fue a la primera visita. Alegó estar ocupado en su trabajo.

Los martes de cada semana les tocaba dejar el trabajo para ir a Coro, la ciudad colonial que fue primera capital de Venezuela y ahora lo es del estado Falcón. La frecuencia cambió luego a solo una vez al mes. No por decisión propia. Desconocen hoy la razón de la disminución del contacto, pero sí saben que no se trató de una medida específica contra Yendri, sino una decisión general para toda la población reclusa.

Con la contribución de tíos y amigos reunían los fondos para los pasajes. Mariagny, la hermana mayor, deseaba contar con más dinero no solo para ayudar a su hermano, sino cubrir los gastos de sus dos hijas. Pero se sometía a un tratamiento contra el cáncer de útero y no estaba en condiciones de trabajar.

Las dificultades angustiaban a Mariagny. En compensación, cuando visitaban a Yendri en Coro siempre lo veían “muy bien”. Sin evidencias de agresiones, su familia tenía para sentirse tranquila. Pero Yendri les contradecía con su testimonio. Vivía días difíciles, confesó una vez. A ocho meses de su arresto, denunciaba que violentaban sus derechos y no podía asistir a los tribunales.

“Los custodios me han tratado mal. Estoy muy mal, demacrado y muy flaco, no sé qué es lo que me han diagnosticado porque no me quieren decir. Ellos creen que estoy loco y me hablan como si fuera un asesino, hasta con un chopo me dieron una vez. Tengo los perdigones porque me encerraron en un cuarto de castigo y empecé a gritar para que me sacaran de allí y me metieron unos chopazos”, dijo a la revista Clímax de Caracas.

“Necesito hacerle un llamado al Presidente para que se acuerde del caso mío que sigo aquí ultrajado. Me están culpando como una persona mala y simplemente soy un hombre humilde que hice eso para llamar la atención delante de los ojos del mundo para ayudar a mi hermana que tiene cáncer y pedirle una casa para mi mamá. Eso fue demostrado y se lo dije a él, no me quieren ayudar, ni nada, sino que tienen parado el juicio”, insistía.

El tiempo pasó y su caso no reportó novedades. También fue perdiendo espacio en los medios. A quien quisiera escucharla, su familia se esmeraba en difundir su versión: no quiso atacar al presidente sino gestionar 114 mil bolívares para cubrir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia de su hermana y recursos para culminar los trabajos de remodelación en la casa de dos habitaciones, un baño y sala-comedor que le otorgó el Gobierno. Desde su entrega hace tres años está inhabitable y él, junto a su madre, viven con su hermana.

La liga de los espontáneos

En libertad, Yendri se había relacionado con personajes de su mismo perfil. Entre ellos Juan Bautista Salas Sierra, quien se colgó del pantalón de Enrique Iglesias en la gala del concurso Miss Venezuela 2002, y que en dos oportunidades llegó a sabotear presentaciones de Servando & Florentino y de Ricardo Montaner en Festivales de la Orquídea, en Maracaibo. En otro certamen de Miss Venezuela, se montó sobre el piano de Franco De Vita en plena función. Una vez mantuvo en jaque durante tres horas a los cuerpos de seguridad zulianos, mientras se encaramaba sobre la pila 21 del Puente Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo, desnudo, enarbolando una bandera de Venezuela y con la amenaza de que se arrojaría al vacío. En 2007, traspasó los anillos de seguridad del presidente Chávez y antes, en 2006, se filtró en un hotel de Maracaibo solo para abrazar al futbolista argentino Juan Román Riquelme.

Pues bien: Juan era cercano a Yendri desde sus respectivas adolescencias. Eran alter ego y rival de cada uno. “Se retaban para ver quién tenía más cojones”, confía un allegado.

Los dos jóvenes son de origen humilde. La madre de Juan, Guillermina, es conocida por ser la vendedora de dulces y periódicos frente al hospital de Ciudad Ojeda y su padre, Orlando, era un colombiano parasicólogo, conocido como El médico curano. Creció con violencia y en la escuela fue un estudiante de bajo rendimiento. Como Yendri, apenas completó la educación básica.

“Mi vida es extraña, vacía y dolorosa, es un desastre”, admitió Juan en una entrevista con el diario Panorama de Maracaibo en 2012, cuando tenía 22 años. “Tú serás el sacerdote de Satanás”, le auguró su padre, y antes de cada aparición intempestiva en actos públicos, confesó, invocaba a “Lucifer, Banshee y Belcebú”. Eso lo hacía “invencible”.

Su actitud se volvió competencia para Yendri, quien también padecía las consecuencias de un hogar precario, con una madre dedicada a la limpieza de casas ajenas y un padre intermitente.

Espoliado por el reto, Yendri agregó logros a su curriculum. El 16 de marzo de 2008, mientras sonaban los tambores de guerra entre Caracas y Bogotá, se montó en el escenario del Concierto para la Paz que organizaron Juanes y Miguel Bosé, y que ese día se celebraba junto al Puente Internacional Simón Bolívar que une a San Antonio del Táchira con la Villa del Rosario de Cúcuta, para arrebatar el micrófono al cantante español Alejandro Sanz.

Un año antes había irrumpido en el Miss Venezuela, una de las vitrinas predilectas de estos personajes. Corrió por la tarima del teatro Teresa Carreño de Caracas para quitarle la corona a la recién electa Dayana Mendoza, que más tarde se convirtió en la quinta Miss Universo venezolana. Una docena de funcionarios de seguridad se abalanzó sobre él para neutralizarlo.

Apenas unos días antes de su último lance con Maduro, el 10 de abril de 2013, en el fragor de la campaña presidencial, Yendri alcanzó a colarse a la tarima de un mitin en Maracaibo del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. “Capriles, el próximo presidente de la República de Venezuela, te amo”, llegó a gritar para el micrófono. El gobernador de Miranda se lo tomó con humor. No pidió sanciones para el trasgresor. “No me puedo poner bravo, solo me tienen que dejar que termine mis palabras” dijo.

Las familias de Salas y Sánchez se culpaban entre sí por lo que ocurría, a la vista de los medios y de todo el país. Las disputas los distanciaron. Pero eso no lo dio por sentado la policía política. Mientras los agentes del Sebin interrogaban a Yendri en Caracas, otros colegas detuvieron a Juan en Ciudad Ojeda, estado Zulia, la misma noche de ese 19 de abril.

No lograron vincularlos. Eran verdaderos némesis uno del otro. Las autoridades comprobaron la coartada de Juan: se encontraba en su casa, con su esposa e hija de nueve meses, cuando Yendri se apareció en la Asamblea Nacional. Además, lo diagnosticaron con esquizofrenia.

La necesidad de ser admirado

A una condena de diez años en la cárcel se enfrentaba Yendri Sánchez. Quedaba a merced de la fiscal Katherine Harrington, quien lo acusó por cargos de ofensa al presidente y Asociación para Delinquir, este último tipificado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

El Tribunal 9 de Control de Caracas aceptó la petición de la fiscal para mantener a Yendri en cautiverio.  Su historial ya era amplio y elocuente.

El Ministerio Público divulgó que se le enjuiciaría en julio de 2013, tres meses después de su detención. Pero sus audiencias se fueron suspendiendo. La prevista para el 2 de septiembre de 2013 no se concretó porque no fue trasladado desde Coro a Caracas y quedó fijada para el 7 de enero de 2014.

La abogada Gloria Stifano, quien dirigió parte de la defensa de Yendri Sánchez, relató en el transcurso del proceso que en la cárcel de Coro le habían tratado de disuadir de tener a una “escuálida” por representante, que “lo iba a hundir y no lo iba a poder representar como Dios manda”. Yendri se habría dejado convencer y firmó una revocatoria, pero ese supuesto documento nunca llegó al Palacio de Justicia.

Stifano consideraba una “barbaridad” lo ocurrido y decidió continuar con la defensa, luego de dejar en claro que era la única abogada juramentada en el caso y lo representaría en enero en el juicio oral y público para impedir los diferimientos. Tenía, además, una estrategia. Frenaría el proceso apelando a que el Código Orgánico Procesal Penal (COOP) establece que primero hay que determinar con psiquiatras y psicólogos si el procesado es imputable o inimputable.

“Él tiene algún tipo de desequilibrio mental. No es que esté loco, pero no está apto para asumir un debate”. Citaba los exámenes psiquiátricos forenses que emitieron las doctoras María Elena Berroterán y Ana Carolina Breto, que detectaron “dependencia de alcohol de larga data y una inteligencia clínicamente baja que se acerca al retardo mental”.

En el documento se resaltaba que el imputado presentaba escasa capacidad de análisis, una personalidad poco madura, además de “rasgos egocéntricos, la necesidad de ser reconocido y admirado por lo que hace”. Recomendaban una “evaluación neuropsicológica y otros estudios paraclínicos” para atender los padecimientos.

El diagnostico no era nuevo. Dos años antes, el 11 de enero de 2011, otro despacho concluyó lo mismo cuando se le procesó por intentar robar en una clínica de Pdvsa, situada en la intercepción de las avenidas Hollywood con Lagoven. En un descuido de una doctora, sustrajo artículos de su cartera y fue hallado en flagrancia. Ese día lo retuvo la Guardia Nacional Bolivariana. En el Asunto N° VP11-P-2011-000160, Decisión N° 4C-0066-2011 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal (Cabimas), Sánchez aparece imputado por el delito de “hurto agravado en grado de frustración”.

Con sus 24 años para la fecha, Yendri negaba su responsabilidad. “No me hace falta robarle a nadie porque yo estoy becado por el Gobierno, a nosotros nos dan 500 mil bolívares quincenales sin hacer nada. Soy inocente y la Guardia violó mis derechos, me llevó al Retén sin presentarme al Tribunal, eso es primera vez que me pasa (…) me querían agarrar las nalgas, y me querían violar”, se lee en el documento al consultar su declaración.

Durante el acto judicial, se discutió que “en apariencia” presentaba un “desequilibrio emocional” y se ordenó practicar “exámenes psiquiátricos y psicológicos a los fines de demostrar el estado mental del imputado”. Finalmente, recibió medida cautelar y quedó en libertad.

Oídos sordos

“No vuelvas a hacerlo. Te pueden matar, hijo. Piensa muy bien las cosas, ya no eres un muchachito sino un hombrecito”, repetía Celina a Yendri con llanto desde que llegaba a la cárcel a las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde que los custodios la sacaban del lugar. Él aceptaba los consejos con el compromiso de no repetir sus errores. Se mostraba arrepentido cuando le recordaba que su cumpleaños 28 años lo pasó tras las rejas.

Hace una semana, el viernes 19 de septiembre de 2014, parecía acabar el encierro. El defensor público a cargo del caso de Yendri –no identificado por la fuente– llamó a su hermana para informar que la boleta de excarcelación había sido emitida y al día siguiente volvería a la libertad. La alertó para que fuera a buscarlo temprano.

La madre estaba en Caracas cuando se emitió la decisión y su hermana sin un bolívar en los bolsillos en Ciudad Ojeda. No pudieron ir a verlo cruzando los muros de la Ciudad Penitenciaria de Coro, ubicada en el sector San Agustín, “El Cebollal”, de la parroquia Santa Ana del municipio Miranda en la carretera nacional Falcón-Zulia donde se albergan mil reclusos en 45 mil metros cuadrados.

Los funcionarios de la Guardia Nacional de turno resolvieron el traslado. A primera hora, cerca de las 6:00 de la mañana “buscaron una cola”, detuvieron a un autobús con destino a Maracaibo y le ordenaron dejar al hombre, que sueña con entrar al libro de récords Guinness, en la cabecera del Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta para que ahí lo recogieran.

El conductor del expreso cumplió. Mariagny, una vez más, fue por él. El sábado lo dedicó a saludar a su familia. Celebró con todos estar en la calle. El domingo se albergó en la casa de una amiga en el callejón 5 de la carretera L de Ciudad Ojeda. Ahí paso la noche.

A los reflectores

El lunes se levantó, vistió una camisa estampada color gris, un jean azul, zapatos negros y añadió un anillo plateado en su dedo meñique izquierdo y portó una cadena plateada por fuera de la camisa. Lucía delgado y casual para las cámaras. Volvería a los reflectores y flashes.

Como artista con agenda se paseó por las corresponsalías de los medios en la costa oriental del lago. Pisó Panorama y El Regional del Zulia para declarar que no era delincuente ni terrorista, sino que le gustaba “llamar la atención”.  Sus afirmaciones llegaron a las redes sociales en video y publicaron el martes en la prensa escrita de la región.  La marea de comentarios estalló a favor y en contra. Otros eran solo burlas.

Pero la puesta en escena salió mal. El martes a las 6:00 de la mañana, ni siquiera 30 horas después de su regreso a las pantallas y páginas de periódicos, un jeep del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas estacionó en la casa de su hermana. Lo solicitaban para “una entrevista más”. Mariagny no estaba. Había salido temprano a limpiar la casa donde trabaja como doméstica. Su madre, quien apenas recién dejaba la cama, subió a la unidad y llevó a los funcionarios hasta la casa de la amiga que refugiaba a su hijo. No sospechaba que lo buscaban para capturarlo.

Él dormía. Los funcionarios lo llamaron, luego gritaron su nombre y tocaron la puerta. Se levantó y salió. Ya afuera le pidieron vestirse para irse con ellos. No los evadió ni resistió. El viernes, a tres días después de la nueva detención, no se sabía su paradero. Su madre y hermana, sin recursos para pagar un carrito hasta Maracaibo aguardaban un contacto con él. Todavía lo esperan con la esperanza de que nada haya pasado y retorne para terminar de construir la casa que le regaló Hugo Chávez antes de morir y poder vivir en paz.