Pero no fue así. De hecho, recibió del Estado venezolano una suerte de promoción, más que un premio de consolación: entró de lleno al negocio de negocios, el petrolero. De la mano, cómo no, del propio El Aissami, obtuvo un contrato de la petrolera estatal Pdvsa, para actividades de subsuelo y mantenimiento del campo petrolero Carito-Pirital, en el estado Monagas, oriente de Venezuela. 

El acuerdo lo hizo principalmente a través de una empresa, Oryx Resources de Venezuela, que constituyó más tarde, el 19 de septiembre de 2018. 

Aunque en el acta constitutiva de Oryx Resources figuran Carlos Abigaíl Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, se sabe que entre sus directores también se encuentra Armando José Salazar Gibory, socio de Samark López en diversos emprendimientos, como Profit Corporation, una de las empresas expresamente aludidas en la lista de 13 activos bloqueados por el Departamento del Tesoro.

Ello, así como la presente historia, se desprenden de la revisión de un grupo de documentos filtrados de Oryx Resources, obtenidos por la organización francesa Forbidden Stories y compartidos con Armando.info. La filtración incluye correos institucionales, informes, presentaciones y comunicaciones internas de diversas áreas.

Aunque en mayo de 2022, López Bello negó a Armando.info, a través de sus asesores legales, que estuviese vinculado con Pdvsa, los correos filtrados —anclados a un servidor ruso, como evidencia la terminal de los emails (.ru) y un mensaje de agosto de 2021, con los datos del dominio— demuestran lo contrario. 

De acuerdo con lo que se ve en mensajes intercambiados, en marzo de 2022, entre Salazar Gibory y sus empleados, incluyendo fragmentos de un “documento para la propuesta de reconocimiento de deuda”, en enero de 2019 Oryx Resources de Venezuela, C.A. inició un proceso de negociación de términos del contrato con la Vicepresidencia de Energía y Petróleo de Pdvsa.

Todavía antes, en agosto de 2018, el manejo de este campo petrolero había sido asignado a Venezolana de Enfriadores C.A. (Venenca), una compañía del sector petrolero que ha tenido directivos cercanos a Samark López, entre ellos su primo, José Esteban Chacín Bello. Fue parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción de Pdvsa, anunciado por Nicolás Maduro entre bombos y platillos. Pero este cambio de empresa no tuvo un anuncio oficial.

Según lo aducido en el mismo correo institucional, la negociación de términos de 2019 “originó una caída de producción del campo Carito o Pirital de 166.7 MBD [miles de barriles diarios] a 144.5 MBD”. Esta producción representaba, aproximadamente, 10% de la producción de crudo del país para la fecha, cuando frente a la estatal se encontraba el mayor general Manuel Quevedo.

En el texto se señala también que, en agosto de 2021, Oryx Resources reinició las actividades de este proyecto "con ocasión de las disposiciones establecidas en el acuerdo de fecha 13 de mayo de 2021", sin agregar más detalles sobre el contrato. 

Identificado como director de Oryx en el mensaje, Salazar Gibory indica que el borrador del documento en cuestión debe ser enviado a “S” —letra con la que se refieren los protagonistas del intercambio de correos a Samark López, como se deduce de las respuestas a estos correos de otros empleados que lo llaman simplemente “Samark”— “para su aprobación final”. La fecha de reactivación del proyecto coincide con la gestión de Tareck El Aissami en la cartera del Petróleo. A la postre, El Aissami debió abandonar el ministerio -a su cargo desde abril de 2020- en marzo de 2023, y ahora enfrenta acusaciones por irregularidades en las contrataciones durante su gestión.

En los correos corporativos de marzo de 2022 también queda en evidencia que los pagos de nóminas de Oryx Resources y de Profit Corporation, en los casos de Armando Salazar, Marcos Cabello y  López Bello son hechos a través de Oryx. La aprobación de estos pagos en bolívares también debe contar con el visto bueno de este último, quien, a diferencia de sus socios de confianza, prefiere recibir su pago de nómina a través de Profit Corporation, la contratista de Pdvsa sancionada en 2017.

Otros documentos y correos reafirman la clara relación entre la estatal y la compañía privada, como un informe de Gestión Ambiental de Oryx Resources sobre el levantamiento de un derrame de crudo, originado en el área operacional de la Unidad de Producción Pirital de la División Punta de Mata, ocurrido el 28 de abril de 2022, en el que se detalla que “el personal de Oryx estuvo presente en apoyo al personal de Pdvsa para controlar el derrame existente”. 

Todos estos movimientos contractuales ocurrían en simultáneo con los intentos de Samark López por limpiar su nombre y recuperar los activos que las disposiciones del Tesoro estadounidense congelaron. En junio de 2021, apenas dos meses antes de que Oryx reiniciara las actividades en el campo petrolero de Monagas, López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal en Washington, asegurando ser víctima de una “campaña falsa”. “López es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento se ha visto seriamente amenazado por las acciones ilícitas y los reclamos difamatorios”, alegaban sus representantes legales, quienes cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas hasta entonces derivadas de la aplicación de las sanciones. 

Nuevas empresas, los socios de siempre

Oryx Resources no solo ha servido para la reconexión del conglomerado de Samark López con Pdvsa y el Estado venezolano, sino también como brazo ejecutor de tareas administrativas para otras empresas del mismo grupo. 

En uno de los correos revisados por Armando.info, por ejemplo, se adjunta el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de 18 compañías, muchas de ellas relacionadas con el área petrolera. Para efectos de la presente cobertura, esa correspondencia sirve para pasar lista a algunas de las compañías del emporio de Samark López.

En la lista aparecen Profit Corporation, y Venenca, la encargada inicial del campo Carito-Pirital. También Provandel Consultores, C.A., en donde figuran como director el propio Samark López, y Consorcio Profvenca, en cuya directiva ha estado Salazar Gibory.

De Ilios Energy de Venezuela, también en la lista, no hay mucha información disponible. Sin embargo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aporta el dato de que una de sus extrabajadoras, María Eugenia Rodríguez Pinto, figuró como Gerente de Proyecto de otra empresa de López Bello, Postar Intertrade Limited, con sede en Barbados. Con esta compañía Samark López importó pinos navideños a Venezuela a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), empresa del Estado encargada de centralizar las compras públicas. Rodríguez Pinto también ha sido directiva de 1000 Investment Group Limited, otra empresa de López Bello.

Más empresas del listado: SMT Tecnología, dedicada a las telecomunicaciones, con Samark López y Armando Salazar, nuevamente, a la cabeza, no solo tiene vínculos con el empresario sancionado, sino también contratos, por servicios de mensajería de texto a través de SMS, con Pdvsa, entre 2013 y 2015. Esta sociedad, también entre las sancionadas por Estados Unidos en 2017, logró acuerdos con la alcaldía del municipio Libertador, en 2015, con Corpoelec, en 2015, la Fundación GIS XXI (una encuestadora que ha sido dirigida por dos exministros del Gobierno, Nelson Merentes y Jesse Chacón), en 2015, el Ministerio de Comunicación, en 2013 y 2015, y el Ministerio para la Energía en 2012.

En el caso de Energy Service, C.A. nuevos nombres aparecen, como los de Carlos Abigail Gago Itriago y Simón Antonio Febres Mata, quienes figuran como Directores Gerentes de la compañía, y son, a su vez, directores de Oryx Resources, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa a la que tuvo acceso Armando.info. Si bien tanto Gago como Febres están mencionados en los correos institucionales de Oryx, sus cargos no se detallan.

De acuerdo con fuentes que conocen la trayectoria laboral de Gago, este y sus socios de empresas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, se fueron del país en 2017, tras las medidas de la OFAC contra Samark López, por sus vínculos con el sancionado. La misma fuente asegura que Gago Itriago regresó a Venezuela hace unos meses, específicamente a Maturín, estado Monagas, donde se ubica la sede de Oryx.

En el mismo domicilio de Energy Service, ubicado en la urbanización Las Mercedes, en el sureste de Caracas, se encuentra Fénix Resources, empresa creada en febrero de 2021, directamente vinculada a la industria petrolera y que registra en su corta trayectoria al menos diez contratos con Corpoelec y tres con Pdvsa, todos en 2022. Esta sociedad también es mencionada en el intercambio de correos de Oryx.

Entre sus directivos se halla Luis Javier Martínez Figuera, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) incluye otras dos compañías dedicadas a la construcción: Bitmar, C.A, y Construcciones Gresso, ambas con sede en el estado Delta Amacuro, en el extremo oriental de Venezuela, del que es oriundo Samark López. Su otro directivo es José Gregorio Franco Herrera, quien posee otras cuatro empresas en el Sistema Nacional de Contrataciones. 

Ofertas turcas y chinas

Un correo del 24 de abril de 2022, enviado por Carlos Gago a Armando Salazar, revela que el grupo de empresas está trabajando en el proyecto Ulé-Amuay, un oleoducto que transporta petróleo desde el patio de tanques de Ulé en Tía Juana, Zulia, región ubicada en la frontera con Colombia, hasta la refinería Amuay en Carirubana, Falcón, en el occidente costero del país. 

En este caso, Gago reenvía un correo de Gregg Mitjens, representante de una empresa llamada Triple MG Consult BV, con sede en Bélgica, en el que hace dos ofertas para la compra de una tubería de 30 pulgadas para el proyecto. La primera propuesta es de una empresa china de nombre Cnood Asia Limited, con sede en Hong Kong. La operación se haría a través de DBS Bank (HK) Limited, la sucursal en Hong Kong de esa entidad financiera con sede en Singapur. La otra postulante es Project Materials SAS (PM Piping), la sucursal turca de Project Materials Group, una corporación especializada en el diseño de tuberías petroleras con sede en Alemania. La propia Project Materials SAS, sin embargo, tiene su cuartel general en El Havre, una ciudad portuaria en el noroeste de Francia.

Aunque no se precisan los montos de la posible transacción, Gago explica que “la idea es trabajar con cartas de crédito, entiendo que por Fénix [Resources] ya se tiene el banco con el cual se actuaría”. 

Armando.info envió cuestionarios, el 20 de abril, a Armando Salazar Gibory y a Carlos Gago Itriago, para conocer sus versiones sobre sus vínculos con la compañía y los de esta con Pdvsa, pero hasta la fecha de publicación no obtuvo respuesta. A Samark López Bello se le contactó a través de la persona encargada de sus comunicaciones; si bien este afirmó el 23 de abril que el cuestionario sería contestado "lo más pronto posible", al cierre de este texto no se había recibido su respuesta.

Aunque el vínculo entre Oryx Resources y la estatal se vio fortalecido durante la gestión de El Aissami, en la últimas semanas la trayectoria del exministro ha virado en un sentido diametralmente opuesto, tras investigaciones de la Policía Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General de Venezuela sobre una red de corrupción vinculada con Pdvsa, por la que hasta el 19 de abril se totalizaban 61 detenidos, 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos. 

Ante las acusaciones, El Aissami renunció a su cargo. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de que el propio Samark López negó hasta tres veces, en sus respuestas enviadas el 13 de marzo de 2022 a este medio, que haya retomado los negocios con el estado venezolano, lo cierto es que por esa fecha un nuevo grupo de sus empresas no solo continuó contratando con Pdvsa, sino que sus acuerdos tomaron un nuevo impulso con la llegada del exministro Tareck El Aissami, ahora caído en desgracia. 

*Adrián González, de Cazadores de Fake News, colaboró con la revisión y procesamiento de los datos.

**El 16 de abril de 2024 se introdujo una corrección en sobre los socios de la empresa Venenca C.A. Los hermanos Bevilaqcua antes señalados en la infografía no fueron socios de las personas señaladas, le vendieron a estas personas la empresa en el año 2011.

Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras: una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y actual presidente ejecutivo de Bancamiga. 

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de 14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países —incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.   

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito. 

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una “campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami. 

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los medios con su propia agenda”. 

Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5 millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark López. 

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por Washington.  

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725 millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia, quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga. Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente” por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities, cuyo nombre Mezquita no revela. 

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares, superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco. La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas, tarjetas y puntos de venta. 

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000 clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato, parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de 2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro (49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi 40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en España. 

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer (KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016 de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su trabajo en Profit Corporation C.A. 

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A., durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España. “Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada, no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”, indicó. 

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga, Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’ como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia

La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.

Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21 de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez, el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos [sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp, perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente registrado”.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de 16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la bahía de Biscayne en Florida. 

En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de 2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018, un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.  

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles — promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de lavado de dinero. 

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos. Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.  

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era “poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que poseía”. 

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información adicional sobre este trust en una comunicación posterior? 

En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones asociadas”.   

Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que no está ‘registrado’". 

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp, registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que nunca se concretó”.

Un contratista con deudas incobrables

La otra compañía en proceso de liquidación, reflejada en los documentos, es Ivycity Worldwide Limited, inscrita en Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2013, y cuyo único accionista es, nuevamente, Yakima Trading Corp. Consultado sobre el objeto de esta entidad, López señaló que era “una sociedad holding” de una de sus “empresas operativas” y que la liquidación tampoco pudo efectuarse por las sanciones. 

El capital de Ivycity al momento de su proyecto de liquidación también consistía en “cuentas por cobrar” y ascendía a 908.875 dólares. “Fue un préstamo entre compañías del grupo para capitalizar una de las empresas operativas del grupo, de la cual Ivycity Worldwide era su única accionista”, explicó López en sus respuestas, sin especificar cuál era la otra compañía. Sin embargo, esta empresa fue uno de los “miembros” de Yakima Oil Trading LLP, empresa registrada en Reino Unido, que también apareció entre las sancionadas por la OFAC.

En la planilla que el bufete Salcedo envió a Trident para ordenar la liquidación de Ivycity, Samark López es perfilado por sus abogados como un “empresario de la industria de los commodities” (materias primas, como alimentos o materiales de construcción, los rubros que le granjearon millonarios contratos con el chavismo a través de Postar y Yakima Trading Corp.) e indican que Ivycity fue “socia” de Yakima Oil Trading LLP, a la que describen como una compañía dedicada al comercio de petróleo. Como liquidador se encuentra, nuevamente, el contador Ariel Martínez.

Martínez figura como directivo en Property Re Group Corp., una empresa inscrita en Barbados el 1 de septiembre de 2015, junto a un venezolano de nombre Oswaldo Stephan D Jesús Rivero Rivera. Datos suministrados por Occrp, y confirmados a través del registro de propiedades del estado de Florida, permiten establecer que Rivero Rivera tiene una relación de negocios con José Esteban Chacín Bello en el área inmobiliaria. 

Chacín Bello aparece como representante legal de una empresa en Nevis de nombre Match Worlwide Investments Corp. Esta compañía offshore sirvió como directivo de dos empresas que a su vez figuraban como dueñas de propiedades en Florida. La primera es un apartamento en las residencias One Tequesta Point en el distrito financiero de Brickell, en Miami, que había pertenecido a Chacín Bello y su esposa, Dibsi Helen Suárez Boekhoudt, quienes en 2017 lo traspasaron a Match 712, LLC, una compañía cuyo último directivo, sustituyendo a la compañía de Nevis, fue Suárez Boekhoudt. La empresa de Florida vendió la propiedad el 17 de noviembre de 2020, por 620.000 dólares, a Maxori Trust, en el que el venezolano Rivero y su esposa, Anna Zakharova — una agente de bienes raíces de Florida —, figuran como fideicomisarios. El beneficiario final de esta sociedad se desconoce. 

El segundo apartamento está en las residencias Baltus House ubicadas en Biscayne Boulevard, una avenida franqueada por condominios de lujo que recorre la costa de la bahía desde el centro de Miami hasta el noreste de la ciudad. La empresa Match 919 LLC —en la que la compañía de Nevis vuelve a ser reemplazada como directivo por la esposa de Chacín Bello— compró el apartamento en junio de 2015 por 484.900 dólares. La propiedad fue vendida el 7 de mayo de 2020, por apenas 350.000 dólares, a María de los Ángeles Cárdenas. El documento del traspaso fue preparado por Yamilet Estévez, una abogada de Salcedo Attorneys at Law, lo que deja ver que, si los primos ya no mantuvieran relaciones comerciales -tal como sostiene López-, todavía recurren a la misma firma legal.  

Hay una tercera propiedad en la que aparece involucrado el trust que compró uno de los departamentos que era de Chacín Bello y su esposa. Es una casa de más de 4.000 metros cuadrados ubicada en Pinecrest, un suburbio de Miami Dade que se caracteriza por los altos precios de sus viviendas. En diciembre de 2017, la propiedad fue comprada por 1,23 millones de dólares por los esposos Oswaldo Rivero y Anna Zakharova, quienes pusieron como dirección personal, en el registro, la sede de Salcedo Attorneys at Law en Florida. El 19 de junio de 2018 la pareja hizo un traspaso de la propiedad a sí misma, pero esta vez en su carácter de fideicomisarios de Maxori Trust. Este documento también fue redactado por el bufete de Miami dirigido por el abogado Jorge Salcedo.

Armando.info envió un cuestionario a José Chacín Bello, el pasado 28 de febrero, para conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. También se enviaron comunicaciones a los correos de Salcedo Attorneys at Law, que confirmó que esa institución, en conjunto con otras firmas, presta servicios legales a López que son permitidos por las normas de la OFAC. “Esta licencia general autoriza a abogados estadounidenses a prestar servicios legales a personas sancionadas esencialmente en áreas de cumplimiento con los programas de sanciones y defensa judicial”. Salcedo declinó dar más detalles sobre sus actividades con López citando las Reglas de Conducta Profesional del Florida Bar, la organización que regula la práctica del derecho en ese estado, relacionadas con las obligaciones de confidencialidad de estas empresas con sus clientes. 

Bancamigos de larga data

En la comunicación enviada a Armando.info, Martínez indicó que le une una relación de amistad con Chacín Bello desde hace más de 25 años: “Hemos trabajado en varios proyectos en común a lo largo de nuestra vida profesional y es una persona a la que tengo en alta estima”. Así lo confirman múltiples registros. Ambos aparecen como integrantes de la casa de bolsa Venemutuo, fundada en 2005 como sociedad de corretaje de valores, y cuya junta directiva en 2008 estuvo integrada por Chacín Bello, Martínez, Luis Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Aníbal Romero Márquez.

Venemutuo fue intervenida el 28 de enero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores, en medio de la razzia que protagonizó el entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, en contra de las casas de bolsa ese año y la llamada “minicrisis financiera” que se extendió hasta algunos bancos pequeños. Producto de esta intervención, Romero llegó a pasar algunos días detenido.

Exdirectivo del intervenido y después desaparecido Banco Canarias, Romero figura como director de Banplus, una institución bancaria fundada en 2007. La relación de Chacín Bello y Martínez también se formó en este banco. De acuerdo con lo señalado en una sentencia judicial, Martínez era director principal de la institución financiera para abril de 2007 y Chacín Bello era director suplente. 

El nombre de Romero también apareció en una nota de Armando.info asociado a Mauro Libi, un empresario del sector alimentos, que figuró como directivo de Banplus y de Intercontinental Bankshares LLC, la empresa que tenía las acciones del Intercontinental Bank, un pequeño banco comunitario del sur de Florida en el que Samark López fue accionista entre 2012 y 2013. 

Como lo revelan los Papeles de Pandora, Martínez y Chacín Bello vuelven a coincidir en documentos de 2016 en las empresas offshore de Samark López, con el argentino fungiendo de liquidador de las sociedades y Chacín como directivo. Más recientemente se juntan de nuevo en la casa de bolsa Statera, en la que se repiten varios nombres de la directiva de Venemutuo.

Hasta la fecha de esta publicación, el portal Web de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) registra a Ariel José Martínez como presidente de Statera y a Luis Guillermo Salazar como vicepresidente. Sin embargo, en su respuesta a Armando.info, Martínez aclaró que esa información no está actualizada, pues ocupó ese cargo entre 2016 y diciembre de 2020. “Mi separación de Statera CB respondió a la necesidad de evitar cualquier conflicto de intereses con accionistas y directores de Bancamiga”, detalló.

Chacín Bello no figura en la directiva oficial de la institución, pero de acuerdo con los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), está en la nómina de esa casa de bolsa desde enero de 2017. El propio Chacín Bello señala, en su cuenta en la red social laboral Linkedin, que se desempeña como gerente de cartera fija de Statera desde marzo de 2014.

Martínez fue nombrado presidente ejecutivo de Bancamiga el 21 de mayo de 2021, poco después de que la asamblea de accionistas del banco del 18 de enero de 2021 decidiera inscribir a Bancamiga en el Registro Nacional de Valores, “como alternativa válida al financiamiento alterno al convencional”. El 11 de junio la Sunaval autorizó la emisión de 23.450 millones de acciones que representan el capital total de la compañía.

Martínez también figura como directivo de Statera Asset Management SL, una empresa de consultoría empresarial fundada el 20 de diciembre de 2016 en Madrid, tres días antes que declarara a Amicorp Group que sus ingresos provenían de su trabajo en una compañía de Samark López. En la empresa española aparecen como consejeros José Esteban Chacín Bello y José Luis Queijeiro Taboada, quienes para ese momento ya eran accionistas de Bancamiga. Martínez indicó a este medio que fue cofundador, junto con Chacín Bello, de esta compañía. “Ha sido mi emprendimiento junto a un grupo de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito financiero, cuando decidí continuar mi actividad profesional en Madrid, España, en 2016”, añadió.

Statera Asset Management SL funge, a su vez, como administrador único de Statera Construcción y Real Estate SL, una sociedad inscrita en Madrid en julio de 2017 y dedicada al sector de la construcción y de los bienes raíces. En esta empresa figura como directivo Enrique Chacín Bello, el hermano menor de José Esteban Chacín. 

Pero en el caso de Bancamiga, los antiguos socios no coincidieron en el tiempo. Chacín Bello dejó de ser accionista de la institución antes de la llegada del argentino. Sin embargo, la presencia de ambos en puestos clave —todavía vigente en el caso de Martínez— luego de las dificultades que enfrentó Samark López para mover su cuestionada fortuna como consecuencia de las sanciones estadounidenses, deja ver que por la pujante institución financiera han pasado dos viejos conocidos del polémico empresario que le acompañaron en sus operaciones con empresas que lograron millonarios contratos con el Estado venezolano, compañías que luego fueron sancionadas por las autoridades estadounidenses bajo señalamientos de lavado de dinero.

Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato. Esta impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscación de bienes por hasta 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, según calculaban sus abogados en una demanda radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La sanción de Washington convirtió a López, “un hombre de negocios internacional”, según afirma el documento de sus representantes, en una suerte de apestado para la banca y circuitos comerciales internacionales, “cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados ". Los perjuicios, amén de contantes y sonantes, habrían sido reputacionales, siempre según la demanda: muchas posibles contrapartes no quieren hacer negocios con López o se arrepienten de haberlos hecho.

Algo de ello se refleja en uno del par de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) rendidos por bancos privados de Estados Unidos ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), también adscrita al Departamento del Tesoro, y que este ente difundió en su publicación semanal, Kleptocracy Weekly, del 10 al 16 de marzo de 2017, menos de un mes después de la sanción contra Samark López.

El boletín está incluido en la filtración de los llamados FinCEN Files, obtenida originalmente por Buzzfeed News, que dejó al descubierto más de 2.100 reportes de actividades sospechosas, algunos de ellos relacionadas con el blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto periodístico incluyó a 400 reporteros de 110 medios en 88 países de todo el planeta -entre ellos, Armando.info-, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC.

En el SAR antes mencionado, y según cita del Kleptocracy Weekly, COR Clearing (adquirida en 2019 por Axos Financial Inc), una entidad financiera especializada en compensación bancaria y custodia de valores, se apresuraba a avisar desde Nebraska a FinCEN que en octubre de 2016, apenas meses antes de la sanción contra el empresario venezolano, le había tocado procesar una wire transfer por un millón de dólares para una cuenta de inversión de Samark López.

Con ese reporte COR Clearing buscaba curarse en salud frente al órgano regulador, poniendo sobre la mesa lo que sabía sobre el recién sancionado. Pero una revelación igualmente significativa yacía en el reporte: la cuenta de López era servida por una casa de banca de inversión con sede en Nueva York, pero propiedad de venezolanos, dirigida mayormente por venezolanos, y muy activa en el mercado de papeles de deuda venezolanos: Torino Capital.

Negocios riesgosos

El 9 de junio de 2016 tuvo lugar, con todos los bombos y platillos de promoción, un extraño evento en Nueva York: el gobernador del estado Lara, una provincia agroindustrial del centro occidente de Venezuela, ofrecía una conferencia en la sede de un prestigioso think tank, el Consejo de las Américas (AS-COA, sus siglas oficiales, por Americas Society-Council of the Americas en inglés). El para entonces gobernador de la entidad, Henri Falcón, disidente del chavismo, empezaba a despuntar como una tercera opción de alcance nacional, hasta cuajar en 2018 en su candidatura presidencial para las controvertidas elecciones que Nicolás Maduro convocó en mayo de ese año, y que la oposición mayoritaria boicoteó.

Pero eso era futuro todavía en junio de 2016. En ese momento, la presencia de Falcón ante los ejecutivos de una de las capitales financieras del mundo lucía desproporcionada o, en todo caso, prematura. La invitación para los asistentes al evento, mientras explicaba que Falcón compartiría "sus visiones sobre el estancamiento político y la situación económica" de Venezuela, a la vez se veía obligada a contar que se trataba de "un líder altamente reconocido" y "gobernador de una de las provincias más pobladas y económicamente activas" del país. Si algunos de los asistentes, entre ellos, el comentarista y experto petrolero, Gustavo Coronel, calificaron las palabras de Falcón como "vagas, generales, de llamado a la concordia nacional, al diálogo fraternal", eso no importaría; más que el contenido, lo verdaderamente resaltante era la propia ocasión, una virtual presentación en sociedad de Falcón como opción política factible.

Además de Falcón, entre los otros dos ponentes estaba Francisco Rodríguez, por mucho tiempo economista asesor del parlamento venezolano y quien, entonces, venía de ser economista jefe para la región andina del Bank of America-Merryl Lynch Bank para asumir, apenas unos días después, el 6 de julio de 2016, la función de jefe de investigaciones de Torino Capital. En 2018, Rodríguez pasaría a ser el asesor económico del programa de gobierno del candidato a presidente, Henri Falcón, y hubiese podido terminar como ministro de Finanzas de Falcón haber ganado la presidencia.

De hecho, Torino Capital era el patrocinante de la actividad. El venezolano Víctor Sierra, el dueño de Torino, hizo las veces de moderador. De acuerdo a la reseña de Gustavo Coronel, Sierra abundó en elogios para Falcón “por sus contribuciones a la patria”.

Que Torino Capital se mojara de manera tan abierta en las aguas de un cierto activismo político, si bien pudo despertar algunas aprensiones éticas, extrañó a pocos. Para la fecha, Torino era uno de los grandes jugadores en el mercado de deuda venezolana, al punto de concentrar allí la mayoría de sus intereses. Según le fuera a los papeles venezolanos, estos servirían como un yunque o una cometa a los negocios de Torino.

Torino Capital tenía tiempo trabajando en el mercado venezolano con fondos extranjeros y criollos que estaban interesados en los bonos de PDVSA. Caracas era entonces, en 2016, el motor económico de la firma, aunque otras empresas y calificadoras de riesgo empezaban a desconfiar del país. El disenso también era interno: uno de los cofundadores del banco de inversión, Jorge Piedrahita, dejó la empresa por desacuerdos con sus socios en cuanto a la atención prioritaria que daban al mercado venezolano, con todos los riesgos existentes. “Todos los demás en Torino querían enfocarse solo en Venezuela”, dijo a Bloomberg Quint. Una fuente comentó que el banco de inversión “tuvo lo mejor y lo peor del gobierno. Por un lado, los primeros bonos de PDVSA para comercializarlos, pero también sumaron como clientes los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas para rendirlos por la devaluación”.

Razones para desconfiar del desempeño próximo de la economía venezolana sobraban. Cabe recordar que durante ese 2016 el antagonismo del gobierno de Maduro con Washington ya se había empinado. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13.692, por la que designaba a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos”. El decreto, aprobado por la Casa Blanca en respuesta a la cruenta represión del régimen de Caracas contra las protestas populares de 2014, sería apenas la antesala de una dinámica de sanciones y represalias que luego, con la venidera administración de Donald Trump, se agudizó todavía más.

También se hallaba Venezuela sumida ya en la espiral de la escasez de bienes y de una hiperinflación que a la postre batió récords mundiales de esa tasa. La producción petrolera, principal fuente de divisas, caía en picada por ineficiencias internas y falta de inversión de Pdvsa, la compañía estatal, cuyas capacidades de exportación se verían al mismo tiempo mermadas por las sucesivas sanciones estadounidenses. La oposición venezolana, además, promovía con fuerza la activación de un referendo revocatorio para sacar del poder a Maduro, quien se valdría de todo tipo de artimañas para bloquearla con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, controlado con rienda corta por el chavismo.

A pesar de esa tormenta perfecta, Torino Capital apostaba entonces contra Wall Street y contra la lógica aparente. La economía venezolana se encogía vertiginosamente pero la firma mostraba en sus reportes, citados con profusión por la prensa, un optimismo sistemático en torno al país y su capacidad de pagos.

Esos pronósticos solían tener por sustento los diagnósticos del equipo de Francisco Rodríguez, un académico de prestigio bien ganado.

Rodríguez, hijo del legendario exministro de Planificación del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79) y líder del ala izquierda de la socialdemocracia venezolana, Gumersindo Rodríguez, forma parte de instituciones educativas de renombre en las que enseñó economía y estudios latinoamericanos, como la Universidad de Maryland, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas y la Universidad de Wesleyan. También fue Economista Asesor de la primera Asamblea Nacional constituida durante el chavismo. Tras salir de la atribulada Torino, en septiembre de 2019, Rodríguez conduce hoy una fundación de nombre Oil for Venezuela, cuya misión es la de persuadir a actores políticos y de opinión pública sobre la necesidad de instaurar un programa de intercambio de petróleo por alimentos y mercancías que ayude a Venezuela a superar su actual crisis humanitaria.

Desde Nueva York, Rodríguez se mostraba como un vocero muy activo en lo que respecta a la economía venezolana y sus desafíos, cambiantes todo el tiempo. Fue en medio de esas turbulencias, en octubre de 2016, cuatro meses después del evento de Henri Falcón en Nueva York, y cuatro meses antes de la sanción del Departamento del Tesoro contra Samark López, cuando COR Clearing -que prestaba servicios a corredores minoristas de la bolsa y asesores de inversión registrados en Estados Unidos, incluida la firma Torino Capital- recibió y procesó la transferencia de un millón de dólares a la cuenta de López con Torino Capital.

Bonos de PDVSA

De acuerdo con un reporte de actividad sospechosa recibido por FinCEN, y citado por el Kleptocracy Weekly, el 17 de octubre de 2016 “[Samark] López Bello recibió una transferencia bancaria de un millón de dólares en su cuenta de operaciones atendida por el corredor Torino Capital".

Seguía la reseña del semanario de FinCEN diciendo que "según COR, López Bello puede haber utilizado su cuenta comercial para recibir e iniciar transacciones en el fomento de un esquema involucrando corrupción oficial y actividad internacional de narcotráfico asociada con funcionarios del gobierno venezolano".

Sin más precisiones acerca del origen de los fondos y qué le hacía sospechar que la transacción podía estar conectada con actividades corruptas, la entidad financiera de Nebraska había informado a FinCEN que desde esa cuenta de Samark López "se compraron bonos de PDVSA".

Ciertamente, el reporte de COR Clearing coincide en el tiempo con la evolución del mercado de papeles de PDVSA, así como con la inclinación de Torino Capital a participar en él.

En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro acababa de ceder a las presiones para buscar una reestructuración de la deuda, sobre todo, renegociando papeles de PDVSA que vencían pronto, en 2017. Francisco Rodríguez, desde Torino Capital, se animaba a asegurar entonces que “se encontraban avanzadas las conversaciones” para la operación de sustitución de bonos por papeles con vencimiento en 2020, cuyo valor se calculó en 7.000 millones de dólares.

En el último trimestre de 2016, PDVSA consiguió reducir su deuda financiera mientras atendía las obligaciones adquiridas, contra el pronóstico de las calificadoras y analistas de banca de inversión, que señalaron el canje de bonos propuesto como de alto riesgo. El hecho de haber cancelado sus compromisos próximos a vencer ofreció una dosis coyuntural de oxígeno a la estropeada imagen financiera del gobierno de Nicolás Maduro y a las arcas públicas venezolanas.

En un detallado cronograma que se publicó en la página de la estatal petrolera sobre el proceso de canje, el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transacción a la cuenta comercial de Samark López- aparecía destacado.

Aunque el reporte de COR Clearing citado por el Kleptocracy Weekly no especifica los detalles de la compra de papeles de la petrolera que López habría hecho, existen elementos que permiten afirmar que sus fondos fueron utilizados para comprar la nueva emisión, en la que Torino Capital sirvió de broker o intermediario comisionista. Casi en simultáneo, el 16 de octubre de 2016, PDVSA había pagado unos 1.600 millones de dólares en capital e intereses, y un día después concluyó el canje de los bonos Pdvsa 2017 por títulos al 2020.

Ya para la fecha, aún antes de las sanciones de Washington, Samark López sonaba regularmente como uno de los contratistas favorecidos por el gobierno venezolano. Cualquier tarea de due dilligence, por superficial que fuera, se toparía con datos y referencias en ese sentido. López pasó por el sector de la construcción, de los alimentos, de los hidrocarburos y hasta de la venta de árboles de navidad, y forjó una red de empresas que extendió sus tentáculos mediante contratos con PDVSA, el Ministerio del Interior y Justicia, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Sus relaciones con Tareck El Aissami tuvieron su génesis en Mérida, estado andino en el suroccidente del país.

¿Cómo se propuso entonces Torino Capital incorporarlo a su cartera de clientes? Esa y otras interrogantes se enviaron a Torino Capital, que se limitó a responder, en un escueto comunicado en inglés, que la empresa es "periódicamente auditada por los reguladores de Estados Unidos" y que no está habilitada "por las regulaciones de confidencialidad para discutir cualquier cliente que podamos o no tener".

¿Justos por pecadores?

En 2017 Venezuela entró en el temido default que muchos actores de Wall Street venían pronosticando. Durante todo ese año, a contracorriente, Torino Capital había insistido en que Venezuela “más que un país insolvente, es un país mal manejado”.

Consultado por Armando.info, Francisco Rodríguez respondió por escrito con una misiva fechada en South Bend, Indiana, haciendo la precisión inicial de que no está "en la posición de responder interrogantes relacionadas con transacciones, clientes y procedimientos internos de la empresa para la que trabajé hasta hace dos años" y a la que le atan todavía "acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes". Desde su perspectiva, corresponde a Torino Capital referirse al asunto.

Aún con esa salvedad, Rodríguez aclara que durante su desempeño de tres años como Economista Jefe de Torino Economics, "el departamento de investigación económica de Torino Capital", elaboraba con su equipo informes nutridos con información pública, "de ninguna manera información interna de Torino Capital o de sus clientes". En esos documentos, insiste Rodríguez, "el análisis de los riesgos de corrupción en Venezuela y sus consecuencias siempre jugó un papel importante" y, en lo personal, "jamás observé otra cosa en la empresa que no fuese un escrupuloso y riguroso cumplimiento de las regulaciones y mejores prácticas en todas las dimensiones del negocio, y en particular con respecto a la prevención del blanqueo de capitales". Para ilustrar esa posición, cita un reporte de Torino Capital de fecha 16 de octubre de 2017 -justo un año después de la transferencia reportada por COR Clearing- donde "advertimos sobre las implicaciones de una alerta emitida el 20 de septiembre de ese año por la Red de Control de Delitos Financieros (conocida por su acrónimo en inglés, FinCEN) relacionada con los amplios niveles de corrupción en el Estado venezolano".

Resalta Rodríguez que, con todo ello, continúa siendo razonable que los entes financieros privados busquen maneras de "balancear adecuadamente la necesidad de reducir el riesgo de facilitar transacciones ilegales contra el riesgo de obstaculizar transacciones legales", un equilibrio difícil en el que con toda probabilidad "se cometan errores en ambas direcciones", tanto por omisión como por sobrecumplimiento. El problema "no es trivial", advierte el economista, por cuanto, en el caso de "el exceso de cautela con que algunas instituciones tratan las relaciones con Venezuela", como consecuencia de investigaciones oficiales o denuncias periodísticas, se ha desembocado en situaciones que "han llevado al cierre de cuentas de venezolanos honestos y la negativa a procesar transacciones originadas en actividades legales relacionadas con Venezuela".

Por su parte, luego de la sanción oficial emitida por las autoridades en Washington simultáneamente contra Samark López y Tareck El Aissami en febrero de 2017, los abogados de Samark López se concentraron en reflotar su imagen y la de sus negocios, alegando que era víctima de una campaña falsa, de motivación política, promovida por el gobierno de Estados Unidos. Al principio, el empresario venezolano se defendía a través de su blog personal -actualmente fuera de línea-, en el que se proyectaba como un filántropo, dispuesto a “ayudar a transformar el futuro de Venezuela”. Como se dijo al comienzo de esta nota, luego de cuatro años desde que se ejecutaron las sanciones financieras, el martes 29 de junio de 2021 López Bello demandó al Departamento del Tesoro en una corte federal. “Las acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsas”, señalaron los demandantes a través de una información que circuló en agencias de noticias.

La acusación del Departamento del Tesoro en febrero de 2017 describe a López Bello como “un líder clave para El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de la droga” que, además, ha sido utilizado “para comprar ciertos activos” y hacer “arreglos comerciales y asuntos financieros para El Aissami, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal”. Todo un precedente. Los negocios y la fortuna acumulada por Samark López dejaban un rastro difícil de ignorar para las autoridades de Estados Unidos.

Ante la solicitud de entrevista hecha por la reportera de Armando.info a Samark López, desde Nueva York respondió en su nombre un representante legal, Alexei Schacht. El abogado confirmó por correo electrónico que López Bello tuvo una cuenta en Torino Capital por un monto de un millón de dólares, que habría abierto justo el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transferencia reportada por COR Clearing a FinCEN- tras una presentación hecha por el propio Víctor Sierra, presidente de Torino, que lo convenció de suscribir los servicios de la banca de inversión.

Según Schacht, la cuenta era detentada por una persona jurídica de Samark López, YPP Offshore Holdings, pero fondeada por otra compañía, Postar Intertrade LTD, "empresa que previo a la sanciones del 2017 poseía relaciones comerciales con diversas empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa como Home Depot, Graybar y Masonite, entre otras".

En efecto, en la base de datos de los Offshore Leaks, una de las primeras filtraciones trasnacionales sobre paraísos fiscales manejada por ICIJ, aparece una empresa registrada en Barbados con el nombre de YPP Offshore Holdings. Sus directores son allegados de López: Marcos Rafael Cabello Bello y Armando José Salazar Gibory.

Curiosamente, Postar Intertrade es una empresa de López que no menciona FinCEN en su Kleptocracy Weekly de marzo de 2017, como tampoco lo hizo OFAC al sancionar a López en febrero de 2017.

Postar Intertrade Limited llegó a importar árboles de navidad en 2016 para la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Luego apareció también activa en la venta de cajas de alimentos, con la misma empresa estatal venezolana como contraparte, en la provisión de insumos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por otro lado, YPP Offshore Holdings de Barbados -a cuyo nombre estaría la cuenta de inversión en Torino Capital- controla una empresa de López a la que FinCEN y OFAC sí hicieron referencia en sus boletines: Yakima Trading Corp, registrada en 2002 en Panamá.

Yakima Trading Corp tuvo varios contratos con el Estado venezolano, entre los que se incluye la venta a PDVSA Industrial de 5.712 piezas de viviendas prefabricadas. La otra compañía que menciona la citada edición del Kleptocracy Weekly fue Profit Corporation. Ambas terminaron bloqueadas cuando OFAC emitió la medida sancionatoria, y lo mismo ocurrió con otra docena de empresas, previendo que fueran utilizadas por López Bello para lavar fondos originados en actividades ilegales. Asegura el abogado Schacht que, "según nuestro mejor conocimiento", la cuenta de YPP Offshore Holdings en Torino Capital, "está bloqueada por OFAC de conformidad con las sanciones impuestas en febrero de 2017".

La transferencia registrada esa día clave del 17 de octubre de 2016 -y de la que COR Clearing se apresuró a informar a FinCEN después de las sanciones- correspondía al monto con que López Bello se disponía a abrir una cuenta de inversión en Torino Capital. La secuencia de hechos entre octubre de 2016 -momento de apertura de la cuenta- y febrero de 2017 -fecha de la sanción contra El Aissami y López- se precipitó de tal manera que, desde luego, la inversión no produjo retornos visibles al inversionista. Schacht dice que su cliente, Samark López Bello, "no posee al momento el detalle de los bonos adquiridos, pero se adquirieron bonos recomendados según la estrategia de inversión sugerida por Torino Capital".

"No tenemos el detalle [de] si la totalidad del monto de un millón de dólares fue invertido en bonos venezolanos", concluye el abogado, pero sí está en condiciones de afirmar que "el monto transado no excede dicha cantidad, la cuenta nunca recibió ningún otro aporte o transferencia distinto al del monto de apertura". 

También es cierto que la operación de López con Torino Capital no fue el único rastro que dejó en los SAR contenidos en la muy pequeña muestra incluida en la filtración de los FinCEN Files: apenas 2.100 documentos, frente a más de dos millones que recibe al año esa dependencia supervisora del Departamento del Tesoro.

En otro reporte se alertaba sobre la compra de una propiedad por parte de López Bello en la avenida Brickell, una zona de rascacielos caros del condado de Miami-Dade. Se trató de un condominio de lujo de un poco más de 1.000 metros cuadrados, adquirido a nombre de una de sus empresas en 2013, pero que fue disuelta en 2018. En su oportunidad, el empresario venezolano explicó al ICIJ en Washington que “todas y cada una de las transacciones relacionadas con 1425 Brickell Ave 63-F LLC fueron transferidas con el único propósito de adquirir el condominio”, añadiendo que lo compró con “ahorros personales y dividendos que obtuvo legalmente” de sus compañías operativas.

Sin embargo, por mera probabilidad estadística, no cabe duda de que Samark López Bello quedó mencionado en otro número, desconocido, de documentos del intercambio entre los ejecutivos de cumṕlimiento de los bancos en Estados Unidos y FinCEN. El runrún en torno a López Bello no hizo más que crecer hasta que el Departamento del Tesoro lo mencionó abiertamente al momento de sancionarlo, pero ese murmullo nunca disuadió a Torno Capital para tratar de ganárselo como cliente.