Vive junto a las fotogénicas salinas de Araya, en una de las dos penínsulas que se proyectan al oeste -es su caso- y este -la de Paria- del tronco continental del estado Sucre, nororiente de Venezuela. La locación sirvió de escenario al filme de la directora Margot Benacerraf que ganó el Gran Premio de la Crítica del Festival de Cannes en 1958. Alguna vez al lugar se le otorgó la responsabilidad de convertirse también en polo de desarrollo para una de las regiones más pobres del país, el municipio Cruz Salmerón Acosta. Pero, ya adentrada en el siglo XXI, la zona parece devolverse en la historia a su áspera eternidad de sol, arena y sal, como cuando en el siglo XVII la corona española ordenó levantar un baluarte fortificado para defender las salinas de las acechanzas de los mercaderes holandeses.

Por eso, Cruz José y muchos otros pasan los días extrayendo el mineral de forma ilegal -aunque quizás consentida- e insalubre en medio de las aguas rosadas de la Laguna Madre, donde se explaya la fuente natural de la sal. El depósito es propiedad del Estado y de Enasal, la empresa encargada por ley de su explotación. Sin embargo, ahora apenas da lo suficiente para recordarle a Cruz José y a otros como él por qué la palabra “salario” viene de “sal”.

El tráfico de sal desde la península de Araya es un negocio relativamente nuevo: desde 2018, según cuenta Tadeo Patiño, un comerciante que se dedica a ser cronista aficionado del pueblo. Entonces era un negocio de pocos, recuerda. Algunos contaban con el apoyo de unos cuantos funcionarios de la Guardia Nacional, el cuerpo policial militarizado, metidos de lleno en el negocio falsificando documentos y las guías de distribución de alimentos necesarias para trasladar mercancía en territorio nacional. Luego se llegaría a traficar irregularmente con sal en grandes cantidades transportadas en camiones, tal como dan cuenta las investigaciones de la Fiscalía general venezolana que dieron lugar al arresto de algunos uniformados.

Pero pasado ese trago y la mala publicidad y empujados por la búsqueda de alguna forma de subsistencia, ahora los traficantes “artesanales” no ponen mucho empeño en mantenerse de bajo perfil. La clandestinidad es un lujo del pasado. Como Cruz José, cada día centenares de personas entre hombres, mujeres y niños acuden a la laguna a excavar sal en el sitio que sirvió como fuente de materia prima para Enasal, otrora principal empresa en la producción de sal para consumo humano, animal e industrial. Administrada por la Gobernación del estado Sucre, Enasal exhibe hoy una estructura devastada, con maquinaria obsoleta y destruida y trabajadores adelgazados por el hambre.

La Laguna Madre es escenario de esa devastación. Como parte del complejo salinero fue designada como la “unidad uno” de producción. A pesar de ser una reserva inagotable del mineral, la maquinaria que tiene alrededor, propiedad de Enasal, está en la ruina en medio de lotes de arena, un agua rosada y espumosa, y cerros de tierra arcillosa en la que están asentadas algunas estructuras de concreto lesionadas por el tiempo y la desidia.

La faena del microtráfico

Un par de vigilantes, sentados en sillas de plástico bajo unas láminas de zinc, están allí en horario laboral. Pero no para evitar que los traficantes acudan en lote, que de hecho así van llegando. Lo hacen para cumplir con la formalidad de un trabajo que, según dicen, no les sirve ni para comprar un desayuno. No tienen por lo tanto  ni la capacidad ni la intención de impedir que los pobladores lleguen en grupos a extraer el mineral.

La faena de Cruz José comienza a las seis de la mañana. Él y sus compañeros caminan entre cuatro y cinco kilómetros hasta la Laguna Madre sorteando la presencia de algunos funcionarios de la Guardia Nacional. El temor ahora no es a ser arrestados, ni siquiera repelidos. Evitan que los extorsionen para dejarlos tomar la sal. A veces se pasa ileso la alcabala, a veces hay que pagar; cuando no hay dinero para ese peaje, no se va a trabajar.

En la Laguna Madre realiza un proceso rudimentario de excavación, directo en las piedras de sal, hasta apilar unos ocho o diez sacos del mineral en bruto (de unos diez kilogramos cada uno). Luego los lleva lentamente a casa, donde vive -o sobrevive- en pobreza extrema junto con su mujer y dos hijos y en la que no cuentan ni con agua potable ni gas doméstico.

Un pequeño molino manual, que usualmente utilizaban para moler maíz, fue transformado con un motor de lavadora y un embudo para que tuviera más potencia y pudiera acelerar el proceso de trituración; es lo que usan para desgranar finamente la sal.

Una lona en el patio de la casa sirve para poner a secar el mineral al sol, y estos son los dos únicos procesos que pasa esta sal antes de ir al mercado: molienda y sol.

Ocho horas después la empaca en sacos y morrales pequeños, de esos tricolores y con los ojos de Hugo Chávez. Como Cruz, decenas de estos extractores acuden temprano en la mañana a los terminales en los poblados de Araya y Manicuare, desde donde zarpan los botes que trasladan a Cumaná, la capital del estado. Si no hay Guardias Nacionales que les revisen el contenido de los morrales, tardan unos veinte minutos en llegar a la capital de Sucre y acudir al mercado municipal de la ciudad.

De esa forma trasladan la sal hacia Cumaná y desde allí por tierra a otros mercados municipales en Maturín y otros pueblos de Monagas, o a Puerto la Cruz, Barcelona y El Tigre, en el estado Anzoátegui.

Otra de las rutas regulares de la sal traficada es hacia los pueblos de la península, en los cuales se practica la pesca y no hay salinas naturales. Allí se ha puesto a valer la sal por la crisis del sistema eléctrico. Por falta de refrigeración, la salazón es el método predilecto de conservación del pescado. “Allí la gente compra muchísima sal, se vende bastante”, comentó un microtraficante que solicitó omitir su nombre.

El mismo testimoniante detalló que el mineral va dirigido a poblados como El Guamache, Manicuare, Caimancito, Taguapire, Salazar, Merito y Chacopata. Este último es el enlace terrestre hacia otros destinos del estado Sucre como Cariaco, lugar en el que el producto se vende en el mercado municipal, y los poblados pesqueros de Guaca y Guatapanare en las cercanías de Carúpano, sitios en los que están asentadas varias empresas picadoras y enlatadoras de sardinas y otras conservas de pescado.

Cascarón de contrabando

Entrar a las antiguas instalaciones de Enasal es una experiencia triste y aterradora. Parece un campo de guerra en el que decenas de misiles dejaron todo reducido a escombros y chatarra.  Pero aquí la única guerra fue la librada por la corrupción y la ineficacia. Como las instalaciones, la gente parece estar a su suerte. Se hace evidente el malestar de los obreros por los sueldos exiguos que perciben y que no les permiten comer, asearse o comprar algo de ropa para cambiar los harapos con los que acuden a su sitio de trabajo.

En la década de los 90, en manos de la Gobernación de Sucre, la antigua Sacosal pasó a tener un esquema interno con seis unidades de producción, según indican los documentos de la empresa: la Laguna Madre pasó a ser la unidad uno y la más importante, seguida por la unidad dos en las que se crearon lagunas artificiales. Las unidades siguientes: refinación, molienda, mantenimiento y muelle, completaban el proceso cuyo fin último era obtener sal para consumo humano, animal e industrial, así como obtener productos de calidad para exportación.

Maquinarias envejecidas, oxidadas y apiladas, galpones destruidos, locaciones oscuras y malolientes, vehículos arrumados sin cauchos: la devastación hecha estatuas de sal.  Los trabajadores que quedan se dicen dispuestos a prolongar de manera indefinida una huelga declarada el pasado enero hasta saber a dónde fue a parar la sal que hasta hace poco se producía y a la que le ponía precio la  Corporación de Desarrollo del estado Sucre (Cosdesu), ente adscrito a la Gobernación, designado por el mandatario regional Edwin Rojas como administrador de la empresa.

La ruina de la empresa se refleja en sus empleados. Ropas sucias y viejas, calzado roto o chancletas en el peor de los casos, son la vestimenta de trabajadores que no cuentan ya ni con el suministro de uniformes. “La mayoría ha adelgazado mucho, hasta veinte kilos. ¿Cómo no se van a poner flacos si el sueldo no les da ni para comer”, comentó una trabajadora administrativa que solicitó omitir su nombre.

Un empaque engañoso

En el mercado municipal de Cumaná la sal es vendida a los consumidores en empaques de un kilogramo, con el logo de Enasal. Un vendedor, quien solicitó omitir su nombre, explicó que los traficantes traen la sal en morrales o sacos, pero que ellos se encargan de ponerla en pequeñas bolsas plásticas que compran de forma clandestina a otros revendedores, y las venden entre siete u ocho mil bolívares, apenas unos céntimos de dólar, por empaque. “Sabemos que sacan los empaques de la empresa, pero no podemos decir quién nos los vende. La sal que vendemos es de los bachaqueros que la traen de Araya, pero las bolsitas plásticas hacen que se vea como de fábrica”, comentó.

Entre 2018 y 2019 el tráfico de sal significó un delito mayor en la península. En agosto de 2018 Jonni Acosta, alcalde de la localidad y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), anunció la incautación de 20 toneladas de sal en Araya, extraídas de forma ilegal de la Laguna Madre. Tres hombres fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía.

El 22 de mayo de 2019 dos tenientes de la Guardia Nacional pertenecientes al Comando en Araya, fueron arrestados por falsificar guías de distribución y pasar camiones de sal bajo el amparo de una falsa cooperativa y el apoyo de una empresa. La documentación ilegal les permitía burlar los controles militares y pasar las toneladas de mineral a través de las terminales de ferrys de Araya y Cumaná.

“La teniente tenía un gran negocio, falsificaba las guías para que pasaran los camiones, algunos eran del Gobierno y otros de empresas privadas. Y también extorsionaba a los pequeños traficantes, nadie salía del pueblo sin haberle dado una cuota de dinero. Después que la detuvieron, ella delató a todos los que estaban en el negocio”, aseveró un trabajador de las salinas que solicitó el anonimato.

Pero el tráfico no cesó con las detenciones. Por el contrario, cada vez más personas se sumaron a esta actividad. Alguien como Cruz José, por ejemplo, cobra 50.000 bolívares, o 70 céntimos de dólar, por un saco de diez kilos, pero solo acepta dinero en efectivo. “No es nada, pero hay muchos que hacen lo mismo y hay competencia”, explicó.

Hasta hace unos cuatro meses Cruz se dedicaba a la albañilería, pero la falta de trabajo y ver a sus dos hijos pasar días sin comer fue razón suficiente para dedicarse al tráfico. “Los guardias nacionales vienen y uno se esconde, porque nos piden plata. Es lo mismo cuando vamos a llevarla a Cumaná, te ven con el saco o los bolsitos y te piden hasta 200.000 bolívares para dejarte pasar”.

El tráfico de sal también hace mella en la producción de Enasal. La Laguna Madre era la fuente principal del mineral y ahora es el proveedor de quienes bachaquean. Una sola persona puede extraer diariamente hasta 80 kilogramos de sal, lo que equivaldría a 560 kilos por semana y 2.240 kilos por mes, o lo que equivale a 2,24 toneladas mensuales por persona. En la actualidad alrededor de un centenar de personas se dedican a esa actividad. Una hazaña física escasamente remunerada.

Desde que iniciaron el último conflicto laboral, a mediados de enero de 2019, muchos trabajadores optaron por firmar la asistencia a la planta y salir de las instalaciones antes de las nueve de la mañana, para buscar formas de obtener dinero haciendo labores informales.

Luis José Núñez trabaja en Enasal desde hace más de dos décadas. Desde hace unos meses solo firma la asistencia y se va a la calle a vender maní tostado en bolsitas de papel. “Vivo mantenido por mi esposa porque esto es a lo que ella se dedica y ahora yo la ayudo, me rebusco a ver si consigo dinero para comer”, se lamentó.

Rafael García, quien fue gerente general de la empresa entre los años 2000 y 2007, explicó que la planta, denominada Sacosal para ese entonces (Servicio Autónomo Complejo Salinero de Araya), alcanzó entonces la cima de su producción: 220.000 toneladas de sal en bruto al año.

“Era un producto con mercado seguro”, comentó García. Para ese entonces la sal se exportaba a países como Estados Unidos, China, Finlandia y Trinidad y Tobago. En el año 2008, tras un conflicto laboral con la gerencia de la empresa, un sindicato autodenominado bolivariano, exigió que las salinas pasaran a ser una Empresa de Propiedad Social (EPS), administrada por Pdvsa Industrial, filial de la petrolera estatal.

Desde 2008 hasta 2019, el complejo salinero pasó por diversas administraciones. De Pdvsa Industrial pasó a manos del Ministerio de Ecosocialismo y luego al Ministerio de Industrias Básicas y Ligeras, hasta que en febrero de 2018 la Gobernación de Sucre tomó las riendas por completo y actualmente lo administra a través de la Corporación de Desarrollo del estado Sucre.

 “Antes sabíamos quiénes eran los compradores y en cuánto se vendía la sal. Ahora todo se maneja por Cumaná, hasta la gerencia de la empresa, y no sabemos a dónde va destinada la sal ni cuánto cuesta. Lo que sí es cierto es que todas las últimas cuatro gerencias vienen a llevarse la producción y aquí no nos dejan nada, sino deudas a los trabajadores”, asevera Gregorio Rivero, presidente del Consejo de Trabajadores de la planta.

Ya no llegan embarcaciones extranjeras para exportar el mineral. Desde hace unos tres años tampoco se produce internamente para consumo humano de la marca Enasal y las historias sobre robo de materiales y equipos en la planta abarca desde máquinas empaquetadoras hasta rollos de paquetes de sal por kilo, valorados hasta en mil dólares. Hasta ahora no hay denuncias formales ante autoridades policiales.

Sin yodo ni control

La sal bachaqueada desde la península en los pequeños morrales tricolor o con los ojos de Hugo Chávez -emblemas ambos de la autodenominada Revolución Bolivariana- es vendida por comerciantes informales en el mercado municipal de Cumaná en bolsas plásticas con el logo de Enasal. “Le decimos a la gente que tenga cuidado, esa sal no la procesa la empresa sino los que trafican. No tiene controles sanitarios, no tiene yodo ni ningún otro aditivo”, alertó Rivero.

Los consumidores no están al tanto de la calidad que tiene (o dejó de tener) el producto que adquieren. “Esta es la sal de Araya, ¿no?”, exclama una de las clientas en el mercado municipal de Cumaná al ser consultada sobre la procedencia de la sal que compró a vendedores informales.

El consumo de un producto que carece de ingredientes como yodo y flúor no generará consecuencias inmediatas, pero sí tiene el potencial de causar daños severos a la salud en un mediano plazo, según explicó el presidente del Colegio de Médicos del estado Sucre, Rafael Peroza.

El médico detalló que consumir sal bruta incide directamente en el crecimiento de la glándula tiroidea, un agrandamiento anormal que en términos médicos se denomina bocio. También puede causar hipotiroidismo.

“Los pacientes, en un mediano plazo presentarán arritmias cardíacas, cansancio, depresión y apatía, disminución de la memoria, capacidad de la concentración y aletargamiento. Tendrán una tendencia a engordar y esto también se reflejará en el estado de la piel y la resequedad de sus cabellos. Hay un síntoma físico que aparecerá, que será una especie de bulto en el cuello”.

Peroza indicó que esta enfermedad era común en los pobladores de la península de Sucre y que existen normativas legales que obligan a las empresas y a los vendedores de sal comestible a añadir flúor y yodo al producto. “Cuando las normativas empezaron a cumplirse, la incidencia de pacientes con hipotiroidismo disminuyó en Araya”, recordó.

Así como esa vieja anécdota, los pobladores de Araya habitan un pueblo arruinado que, paradójicamente, posee una fuente inagotable del mineral que durante los últimos 40 años suministró de materia prima a una de las principales empresas salineras de Venezuela, industria que entre los años 70 y 90 contribuyó al desarrollo de la península invirtiendo dinero en el sistema sanitario, educación y servicios públicos.

Pobladores que prefieren el anonimato cuentan que entre esas décadas la producción de la empresa era suficiente para pagar buenos sueldos a sus trabajadores, que llegaron a contar con contratos colectivos equiparados a los de la estatal petrolera del país, Pdvsa. No solo los trabajadores resultaban altamente remunerados; desde la empresa se asignaban recursos económicos para la dotación de liceos y escuelas, suministros médicos y medicinas para el Hospital Virgen del Valle, principal centro sanitario del municipio, así como ambulatorios de los poblados cercanos.

Estos aportes cesaron en la década de los 90, con consecuencias tangibles e inmediatas.

Sin embargo, nada preparó a los lugareños para que en 2020 sus condiciones de vida se asemejaran a las de sus antepasados que Margot Benacerraf filmó en 1959. De un municipio en vías de industrialización pasaron a recolectar de forma manual la sal, para venderla de forma ilegal.

 “Hay hasta profesores que dejaron sus trabajos en el liceo para dedicarse a traficar sal, aquí lo hace todo el mundo, porque nos estamos muriendo de hambre”, comenta Tadeo Patiño, el cronista aficionado que aprovecha el precario acceso a Internet para documentar en línea la decadencia del lugar.

La vida se diluye, como la sal, en la búsqueda de formas para subsistir. La falta de gas doméstico, que se prolonga hasta por cuatro meses continuos, los obliga a peregrinar en búsqueda de madera para armar fogones y cocinar la poca comida que pueden conseguir. La escasez de agua potable les hace caminar kilómetros, con baldes en mano, para poder llevar diariamente el líquido y cocinar o bañarse.

Esa es la faena diaria de Litán, apodo por el que es conocido José Frontado en la zona donde habita, el sector Guanta de Araya. Este hombre, de 45 años de edad, pasa sus días trasladando una carretilla con bidones de agua potable para llevar a su casa, en la que el agua por tuberías está negada desde hace tres meses. Su trabajo, no remunerado, incluye cargar leña desde una zona conocida como Punta de Guate, para que su mujer e hijas puedan cocinar en fogones improvisados. En este hogar, unas dos familias más usan los fogones. Los camiones que venden gas doméstico no aparecen desde noviembre de 2019.

“Los corotos (sic) que usamos para comer los lavamos en agua reciclada, porque pasamos dos o tres meses sin agua en las casas”, detalló Carmen Díaz, otra vecina de Guanta, mientras sumergía envases añejados de plástico en un agua llena de residuos de comida y grasa.

Comprar alimentos tampoco es fácil. Los comerciantes se enfrentan a la tarea titánica de vender la comida a través de transacciones electrónicas, a causa de la falta de dinero en efectivo. Pero, la falta de electricidad que puede prolongarse hasta por dos días, limita las conexiones a Internet y el funcionamiento de puntos de venta.

 “Si me preguntas cuánto bajaron mis ventas, podría decirte que hasta un ochenta por ciento. Pero no solo es eso sino que tenía cuatro empleados en la tienda y ahorita solo tengo dos”, relató el comerciante Richard Salazar mientras enseñaba una foto, guardada en su teléfono celular. “Mira esto, hasta hace un año había tanta mercancía que tenía que almacenarla en la entrada”, dice. De una veintena de comercios en el pueblo, solo nueve abren sus puertas hoy día.

Pero la depauperación hizo de las suyas. “La última quincena que nos pagaron, que fue de 70.000 bolívares [alrededor de un dólar], tuve que completar 10.000 bolívares más para poder comprar una harina de maíz”, ilustra Aníbal Núñez, un ex trabajador presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Enasal.

Machado tenía esa palabra perdida en su memoria, la había escuchado hace muchos años. Sacó su teléfono y escribió “sífilis” en Google. Aparecieron las imágenes de personas enfermas con las palmas de las manos escamadas, con llagas. “Yo no tengo mis manos y mis pies así”, pensó. “¿Cómo un bebé puede tener una enfermedad de transmisión sexual?”, gritó inmediatamente a las enfermeras. La mujer defendió su unión marital, la fidelidad de su pareja, se cansó de pelear con ella, con todos y con nadie a la vez. Y continuó leyendo.

Se mantuvo los siguientes días al lado de la incubadora en la terapia intensiva neonatal del Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas. Allí conoció a Beatriz Vásquez, de 19 años de edad; su primer hijo también nació prematuro, bajo de peso y con la sífilis como causa del parto anticipado. Ninguna de las dos entendía el diagnóstico: sífilis congénita. La que se transmite de la madre al bebé durante el embarazo.

Desde el año 2018 comenzó el repunte de esta infección de transmisión sexual (ITS) en las salas de parto del país.  Un balance del Ministerio de Salud sobre el registro de casos de las distintas ITS en centros públicos, a las que tuvo acceso Armando.Info, revelan que durante los años 2018 y 2019 hubo un alza inesperada de los diagnósticos de sífilis congénita y de la mortalidad neonatal por esta causa. En 2018 nacieron 80 bebés con esa enfermedad y 52 fallecieron, mientras que cuatro años atrás, en 2014, sólo se reportó la muerte de 14 bebés por esto mismo en toda Venezuela.

Pero el conteo sigue en alza. Yosbelis y Beatriz son dos de las madres de los 176 bebés que nacieron con sífilis congénita en el país entre enero y agosto de 2019. Un incremento de 54% con respecto al año anterior.

La jefa de cuidados intensivos neonatales del Hospital Miguel Pérez Carreño, Josefa Castro, observa a los recién nacidos cada mañana y le repite a sus médicos residentes que tenía años sin ver esta enfermedad en su servicio porque el tratamiento es de bajo costo.  “No es común ver a estos bebés nacer enfermos y menos con complicaciones. Esto estaba superado”, explica la neonatólogo.

Los bebés que se infectaron con la bacteria causante de la sífilis, Treponema pallidum, en el vientre de su madre al comienzo del embarazo por lo general nacen muertos, mientras que los que se infectaron al atravesar el canal del parto (cuando nacen por parto natural) tienen más posibilidades de vivir.

Ni Yosbelis ni Beatriz habían vuelto a escuchar sobre la sífilis desde alguna clase de “educación para la salud” , por lo que el término era apenas una reminiscencia de la secundaria. Recuerdan, eso sí, el VIH, que se afianza en la memoria cuando se repite que la enfermedad no tiene cura. El resto de las infecciones de transmisión sexual (ITS) parecen quedar en el olvido a la sombra del VIH.

Los bebés de la crisis

Los cuatro primeros hijos varones de Yosbelis, que tuvo con otra pareja, nacieron sanos. Pero entre los exámenes que le hicieron a su hija recién nacida descubrieron la enfermedad, pese a que ella se hizo el examen una vez al comienzo del embarazo, en un laboratorio privado de Catia, zona popular al oeste de Caracas. Su única hipótesis es que el padre de su hija contrajo la infección en uno de los viajes que hizo a la anárquica zona del Arco Minero, al sur del país.

En cambio Beatriz, de 19 años de edad, madre del otro bebé que compartía la unidad neonatal con el mismo padecimiento, nunca pudo hacerse la prueba para sífilis (llamada VDRL) por la falta de reactivos en  los hospitales. Asegura que su esposo, estando en el Ejército, obtuvo resultados negativos para ese examen. Pensó que era suficiente.

Pero durante los últimos años lo que parecía un asunto zanjado entró en el radar de la salud pública y la doctora Castro asegura que ahora “sospechan” con frecuencia que un bebé puede estar infectado.

Empezando diciembre del año pasado, justo cuando los bebés de Yosbelis y Beatriz se mantenían en terapia intensiva, se celebró el Día mundial de la lucha contra el Sida. En un encuentro celebrado en el  Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en Caracas, donde se reunieron defensores de derechos humanos y médicos infectólogos para hablar sobre los avances y retos de esa enfermedad, la representante del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida en Venezuela (Onusida), Regina López, actualizó sus estimaciones sobre nuevas transmisiones de VIH levantando una alarma que ya muchos rumiaban: “La sífilis está en aumento”. Los médicos presentes no mostraron sorpresa.

Un Informe interno del Ministerio de Salud, de 2019, al que tuvo acceso Armando.info, detalla que en 2018 se diagnosticaron 338 casos de sífilis en adultos mientras que en 2019 la cifra ascendió a 1.038 (hasta agosto). El incremento puede tener varias explicaciones, una de ellas asociadas a la llegada de reactivos para hacer los diagnósticos, pero no es una causa oficial ni pudo ser confirmada. Aún así no resulta un dato menor, pues si aumentan las infecciones en adultos se verá un incremento también en los bebés con sífilis congénita, justamente lo que están viendo los especialistas en las salas de parto.

Además, en el caso de la prevalencia de sífilis en adultos, la organización Onusida Venezuela maneja una estimación de entre 5% y 7%; esto es el porcentaje de la población que puede estar infectada, otro dato que fue revelado en el encuentro realizado en diciembre de 2019, ante un auditorio conformado en su mayoría por médicos.

Según un levantamiento de datos hecho por Armando.info a partir de las estadísticas de tres hospitales de Caracas y cifras epidemiológicas del Gobierno colombiano, se pudo seguir la pista de 136 niños con sífilis congénita que nacieron en 2019, número que representa 77% de la data que admite el Ministerio de Salud (176 neonatos infectados) en todo el país durante ocho meses del año pasado.

En el rastreo, se constató que la primera semana de diciembre del año pasado, cuando Onusida anunciaba sus preocupaciones, solo en la terapia neonatal del Hospital Miguel Pérez Carreño se hospitalizaron a 33 bebés con la enfermedad.

En el Hospital Universitario de Caracas otros 26 nacimientos abultaron la data epidemiológica del año de esta infección de transmisión sexual. Y en el Hospital de niños JM de los Ríos los epidemiólogos registraron siete hospitalizados, aunque los infectólogos aseguran que son muchos más.

Con la migración de cientos de venezolanas embarazadas, la enfermedad se desplazó también y en Colombia se reportaron 69 bebés de madres venezolanas que nacieron con sífilis congénita y otras 250 parturientas venezolanas fueron diagnosticadas en el país vecino.

La cifra exacta de bebés afectados en todo el país es ajena para los médicos, pero en los hospitales crece la preocupación entre el personal médico, pues los recién nacidos que presentan sífilis congénita ya comienzan a verse en los servicios de terapia intensiva.

El reporte del Ministerio de Salud al que tuvo acceso Armando.info solo declara 309 mujeres en gestación con la enfermedad  hasta agosto de 2019. Sin embargo, una actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016 -año de mayor escasez de medicinas- posicionó a Venezuela como el tercer país de la región con más casos de esta enfermedad en mujeres embarazadas durante los años 2012 y 2016. Los cálculos del ente mundial estiman que hubo 13.850 mujeres en gestación con sífilis en Venezuela en 2016, lo que se traduce en una prevalencia de 2,29% de sífilis entre las embarazadas de ese año (605.044).

El informe de la OMS agrega que en Venezuela había capacidad para someter a exámenes médicos a solo 30% de las mujeres en gestación ese año, por lo que ubicó al país con la cobertura de pruebas diagnósticas más baja de la región.

Vieja pero en aumento

La sífilis es una enfermedad identificada desde el año 1530 y todavía se debate si se originó en Europa o en América y cuál continente se la transmitió al otro. Nunca ha sido del todo erradicada y en las últimas tres décadas se ha mantenido a la sombra del VIH. Se estima que 12 millones de personas se infectan anualmente de sífilis, de las cuales 1.9 millones son mujeres embarazadas que, a su vez, pueden tener bebés con sífilis congénita. 

La doctora Castro explica que el peso de la sífilis en un neonato es más grave que el de un bebé que nace con VIH. Casi la mitad de los bebés mueren en el útero o a los pocos días de nacidos. Solo en el hospital donde ella trabaja se reportaron nueve fallecidos en 2019 por la sífilis congénita.

El bebé que nace vivo puede presentar agrandamiento del bazo o del hígado, retraso en su crecimiento, dificultad para aumentar de peso o presentar la piel  escamada en las palmas de las manos y los pies. Si la enfermedad no muestra grandes manifestaciones externas para detectarlo a tiempo, la bacteria Treponema pallidum va haciendo estragos en el cuerpo de los niños: se producen malformaciones en los huesos que se manifiestan con piernas arqueadas, ceguera, opacidad de la córnea, disminución en la audición o sordera, deformidad de la nariz con el puente nasal aplanado e inflamación articular.

Actualmente, la OMS calcula que 164.000 niños nacen con sífilis congénita en el mundo y el número va en aumento. En 2015, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación de haber eliminado la transmisión de madre a hijo de ambas infecciones, hecho que ocurre cuando las tasas de infección son llevados a niveles tan bajos que dejan de ser consideradas un problema de salud pública. En el caso de la sífilis congénita, la eliminación se define como menos de 1 caso por cada 2.000 nacidos vivos.

Contrario a lo que se cree, son diversas las razones socioeconómicas que han disparado el aumento de esta infección, que toca incluso a países desarrollados como Canadá, donde el alza de casos se explica porque las mujeres no asisten al control prenatal y, además, al uso de metanfetaminas que asocian a encuentros sexuales sin protección, de acuerdo con informes del Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes.

Pero en Venezuela el incremento de la sífilis congénita es otra huella en la historia de la crisis venezolana donde, al menos en los últimos cinco años, la falta de antibióticos, reactivos para detección de la bacteria en embarazadas y  la falta de preservativos hicieron que la sífilis en adultos avanzara en paralelo con el VIH, a la que la gente tiene verdadero miedo.

“En países desarrollados la gente solo le teme al VIH porque no tiene cura, pero hay terapias farmacológicas que la persona puede usar si sabe que tuvo una relación riesgosa. Por eso las personas se han relajado con el uso del condón en muchos países”, explica la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López.

Sin embargo, el caso venezolano está vinculado a la crisis, agrega López. “Siempre hemos tenido casos aislados de bebés con sífilis congénita, pero la escasez de reactivos y los costos de los preservativos aumentaron drásticamente estos casos”, dice.

Gobierno tacaño

Desde 1943, con el descubrimiento de la penicilina, el tratamiento de la sífilis congénita es fácil, rápido, barato y eficaz. Pero en Venezuela, con la profundización de la crisis a partir del año 2015 colapsaron todos los esfuerzos de contención, prevención y tratamiento de enfermedades que habían sido controladas durante más de 20 años. Según la OMS, la transmisión maternoinfantil de la sífilis es la segunda causa de mortalidad fetal prevenible.

El tratamiento para un bebé que nace con sífilis congénita es tan sencillo como inyectar penicilina cristalina cada 6 horas por 10 días.  La OMS calcula que el ahorro que tendría el sistema de salud por cada paciente oscila entre 86 y 177 dólares por caso evitado, sin contar la cantidad de vidas que pueden salvarse, pues el organismo internacional asegura que la transmisión maternoinfantil de la sífilis es la segunda causa en el mundo de mortalidad fetal prevenible.

Según datos aportados por DataSur, base de datos de comercio exterior, en nueve años Venezuela disminuyó en 99,6% el presupuesto para importar penicilina y sus derivados. En el año 2010 el país invirtió 25.395.306 dólares en la importación de estos antibióticos, pero para el año 2018 se destinó 172.283 dólares y hasta junio de 2019 solo destinó un presupuesto de 94.872 dólares.

“Estuvimos casi un año sin pruebas de VDRL, el más barato y rutinario que hay, y no se hacía el diagnóstico. Se sumó la falta de preservativos, los altos costos. Las mujeres quedaron embarazadas sin control y además los seguros quebraron”, explica la jefa de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Universitario de Caracas, Mary Carmen Ferreiro.

En el servicio de Neonatología del Hospital Miguel Pérez Carreño y en infectología del Hospital de niños JM de los Ríos, la enfermedad ya es un tema de tesis de grado para los pediatras que optan a la especialización en neonatología.

El mismo día que los dos bebés prematuros estaban hospitalizados en la terapia intensiva del Pérez Carreño, los médicos Mariangel Pérez y José Mejías presentaban los resultados de su investigación en una oficina adyacente a la terapia intensiva. Los dos especialistas entrevistaron a las madres de 45 bebés que nacieron con la sífilis congénita entre abril y septiembre de 2019.

Pese a que lo ideal es que una mujer embarazada asista al menos a 6 consultas prenatales y se haga los exámenes de laboratorio trimestralmente para descartar distintas enfermedades, el resultado de la tesis de los pediatras del Hospital Pérez  Carreño demostró que 95 % de estas mujeres no cumplieron con los protocolos médicos y 86.67% de ellas accedieron a la prueba de VDRL al momento de egresar de la sala de parto, ya con sus hijos en brazos, no antes, como marca la norma.

El problema podría empeorar. Se estima que 10% de los adultos que tienen sífilis podrían contraer VIH al año, según la médico Mary Carmen Ferreiro, especializada en infecciones de transmisión sexual.

La data obtenida por Armando.info revela que 10.967 personas tuvieron algún tipo de infección de transmisión sexual en 2019, de las cuales a  1.725 personas se les detectó VIH, frente a 1.038 que tuvieron sífilis, todos estos adultos.

Los tiempos de escasez de antirretrovirales en los años 2017 y 2018 también causaron estragos y sus pruebas se mantienen engavetadas. La mortalidad asociada al sida también aumentó:  de 2.218 personas fallecidas en 2014 a 2.828 en 2018, un incremento equivalente a 27% en cuatro años, justo cuando hubo una escasez del tratamiento para las personas que viven con VIH en el país. De estas cifras, 92% de los fallecidos eran personas de entre 20 y 59 años de edad. Sin embargo, Onusida duda de la data y estima que fueron 4.000 los fallecidos.

“La sífilis es una enfermedad de la mezquindad, de la injusticia y de la pobreza. Quien no puede ponerse una penicilina o hacerse un VDLR es porque es absolutamente pobre”, sentencia la jefa de neonatología del Hospital Pérez Carreño.

Los números de víctimas de la crisis siguen ocultos por el Gobierno venezolano y cada vez menos se invierte en prevenir muertes o que una nueva de generación nazca ya enferma. La crisis humanitaria continúa y la pobreza empieza dejando sus estigmas en las salas de parto venezolanos.

Con todo eso, se propuso dejar huella. Anunció que su misión sería la de remodelar y refaccionar los hospitales del país, a los que el paso del tiempo y la falta de inversión les ha pasado una factura más que visible en filtraciones, paredes rotas, pisos inundados, salas derruidas, quirófanos parados.

Pero no es lo mismo el entusiasmo que la acción. Menos cuando aquel viene trufado de un propósito de hacer negocios.

A la larga, la promesa de rehabilitación de las infraestructuras hospitalarias se convirtió en otro capítulo más de opacidad e ineficiencia con la adjudicación de decenas de contratos a empresas y personas sin experiencia. En especial una familia de San Cristóbal, capital del estado andino de Táchira -suroeste de Venezuela, frontera con Colombia-, fue una de las principales elegidas para encargarse de las obras.

López había sido viceministro de Salud cuando la obstetra Antonieta Caporales era ministra en el año 2017, pero ascendió pronto cuando se filtraron las estadísticas epidemiológicas que revelaron el tamaño de la crisis humanitaria que atravesaba Venezuela y Caporales fue destituida. López fue nombrado en sustitución para garantizar que se mantuviera el hermetismo, y esa tarea sí que la cumplió. 

De Aragua para el mundo

Un hermetismo que contrastó con la pompa con la que López anunció el Plan Quirúrgico Nacional, un proyecto que pretendía lograr operaciones masivas de pacientes a partir de la rehabilitación de quirófanos y refacciones de algunos hospitales y en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), creados en el marco de la Misión Barrio Adentro para atender emergencias y hacer diagnósticos. 

En 2017 la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh), ente entonces adscrito al Ministerio para la Salud, sería la encargada de llevar a cabo estas rehabilitaciones, para lo cual manejó un presupuesto de 501,5 millones de dólares. Así se convirtió en el organismo del ministerio con el más abultado presupuesto, según datos de la organización Transparencia Venezuela. 

En enero de ese año obtuvo un crédito inicial difícil de pronunciar:  22.913.238.367 bolívares (34 millones de dólares al cambio oficial) y cerró el año con 1.654.654.967.554 bolívares (495 millones de dólares al cambio oficial). En mayo de 2017 nombraron al joven de 31 años Antoni D´Benedetti como director de la Fundeeh. Por su visto bueno debían pasar las licitaciones y la contratación de las obras.

A través de esa fundación el ministro López otorgó la misión de rehabilitar los centros de salud a la empresa Construcciones y Mantenimiento Lurimonra C.A, creada en el año 2013 en San Cristóbal, perteneciente al comerciante Manuel Alfredo González Zambrano y la madre sus hijos, Beatriz Amanda Crespo González.

La relación entre González y el ministro López comenzó desde el año 2013. El cargo previo de López había sido el de director de la Corporación de Salud en el estado Aragua -entidad en el centro costero de Venezuela- cuando Tareck El Aissami -a la postre también ministro del Interior y Vicepresidente de la República; actual Vicepresidente de Economía- era gobernador de la entidad. Con esta investidura, López comenzó a dirigir contratos a las compañías de Manuel González y sus familiares.

La primera empresa beneficiada desde Aragua fue la cooperativa  Songoro en el Son 76, R.L que tuvo al menos once contratos en el sistema de salud estadal. La alianza se mantuvo y amplió ya con López como ministro de Salud.  

Nunca hubo una valla informativa en las obras que diera los datos de la empresa que hacía los trabajos de rehabilitación, tampoco declaraciones a los medios de comunicación ni se entregó a la Asamblea Nacional una Memoria y Cuenta que diera un balance de su gestión. 

Mientras la crisis humanitaria se desbordaba en el país, López solo anunciaba a través de su cuenta de Twitter sobre las obras  de rehabilitación hospitalarias citando en cada mensaje a Tareck El Aissami, que en ese momento era el Vicepresidente Ejecutivo. Nada informaba sobre las contrataciones o si hubo licitaciones para la adjudicación.

A pesar de su aparente eficacia la gestión del ministro López fue una cadena de eventos desafortunados: en 2017 comenzó la epidemia de sarampión en Venezuela luego de 15 años controlada; se paralizaron los trasplantes en el país; no se publicó ni una sola data epidemiológica y dejaron de llegar los antirretrovirales para las personas que viven con VIH. 

Todavía así, en noviembre de ese año obtiene el cargo de presidente del Seguro Social, en sustitución del general Carlos Rotondaro quien llevaba diez años en el cargo. López se estrenó al dejar de pagar una orden de compra para que llegaran los insumos para las diálisis y de forma inédita se agotó el inventario en 32 unidades de diálisis de trece estados del país. Entre octubre de 2017 y junio de 2018 murieron al menos 2.486 personas confirmadas por Armando.info. 

Cambur hospitalario

Con López como ministro, los gochos -el apelativo levemente despectivo con el que el resto de los venezolanos llaman a los nativos de los estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo; y también como se conocía a la logia que con López se instauró en el Ministerio de Salud- tumbaban paredes y pintaban quirófanos en medio de la crisis humanitaria.

Los contratos esta vez apuntaban a otra empresa, Construcciones y Mantenimiento Lurimonra C.A, según quedó establecido en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). 

En esta base de datos consta que a esa empresa se le adjudicaron 63 obras hospitalarias durante el año 2017, entre las que se destacan las rehabilitaciones de los hospitales J.M. de los Ríos, José Ignacio Baldó, Vargas y Victorino Santaella, todos en el área metropolitana de Caracas.

En un canal de Youtube, además, la empresa Lurimonra se congratula por haber obtenido el contrato para la remodelación de nueve de los 18 CDI que el Gobierno refaccionó ese año y entregó en 2018. 

Para el momento de haber recibido estos contratos, la empresa tenía apenas cinco años de creada y no contaba con experiencia en construcciones hospitalarias. A pesar de ello, fue la gran beneficiaria del proyecto epiléptico del Gobierno para mejorar la infraestructura hospitalaria.

Pese a que se contactó a la junta directiva de esta empresa para conocer sobre su experiencia en el sistema sanitario, ninguno de sus integrantes atendió el requerimiento

Mala praxis constructora

De los trabajos de ingeniería se sabía día a día porque la cuenta de Twitter del Ministerio para la Salud publicaba con profusión fotos de obreros trabajando o del ministro López caminando entre escombros y cemento. Pero jamás se supo de inversiones ni de las contratistas que tuvieron estas adjudicaciones.

Además del proceso de licitación sin transparencia que Lurimonra tuvo con el Ministerio para la Salud, las obras que se reportan ante el RNC fueron denunciadas como de mala calidad y algunas nunca se ejecutaron, según un sondeo que se hizo junto con médicos que trabajan en los centros de salud. 

Uno de estos contratos consistía en poner en marcha el generador de energía eléctrica del Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández del estado Amazonas, en el extremo sur de Venezuela. Los pacientes renales de esta entidad jamás han podido optar por una diálisis porque el Servicio de Nefrología -que tiene dos máquinas de hemodiálisis otorgadas desde el año 2013- tiene un deficiente servicio de energía eléctrica, como casi toda la región. Una planta eléctrica es lo que hace falta para que los pacientes, a quienes sus riñones les dejan de funcionar, no tengan que mudarse de estado para sobrevivir. 

El ex ministro Luis López anunció a través de redes sociales la llegada de una planta eléctrica al estado Amazonas. La foto circuló en un tweet el 27 de junio de 2017 y se perdió en las redes. Los médicos jamás la vieron llegar.

Por su parte, los médicos del hospital José Gregorio Hernández recuerdan que cuando López aún era viceministro de Salud hizo una visita al estado Amazonas. El funcionario se detuvo en el Servicio de Nefrología una hora y resaltan el tiempo que duró caminando porque ningún otro funcionario ha superado los cinco minutos de visita en cada servicio del hospital. “Somos el patio trasero de Venezuela”, repite una y otra vez una médico del lugar, consultada para este trabajo. Ese día López lanzó su promesa de precandidato: “El estado Amazonas tendrá planta eléctrica y hemodiálisis”.

Desde que hubo el apagón nacional que dejó sin energía eléctrica a todo el país en marzo de este año durante seis días, el personal de salud denuncia que el Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández -parte también del plan de refacciones de López- quedó en penumbra definitivamente. La planta eléctrica nunca llegó y ahora no prende ni un bombillo.

La historia se repite en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en el estado Sucre, en el nororiente de Venezuela. Se anunció la reparación del enfriador del centro de salud. Jamás sucedió, según confirma a Armando.Info el personal médico. 

En Caracas, las obras fueron más publicitadas y, quizá por eso, mejor acabadas. 

Entre los médicos del Hospital de niños J.M. de los Ríos -el principal centro de referencia pediátrica del país- se conocía a López como “el ministro de las paredes de drywall”. Luego de múltiples protestas, con las que padres y niños trancaban las calles por las filtraciones, los servicios cerrados y las medicinas escasas o simplemente inexistentes, el ministerio lanzó una lista larga de arreglos al que, en su momento, fuera el hospital pediátrico más grande de América Latina. 

Se prometió rehabilitar la torre de infectología, cocina, áreas comunes, oncología, terapia intensiva neonatal, área de fórmulas lácteas, farmacia, lavandería, nefrología y diálisis, desechos patológicos y la acometida eléctrica de sillones odontológicos. 

Llegaron los obreros y comenzaron a tumbar paredes. Los niños amanecían sentados en la sala de emergencia porque la prioridad eran las obras de ingeniería. Entre martillazos y cemento los médicos sorteaban a los obreros para cumplir con la atención de los niños. La obra se hizo, pero nada de eso amplió los cupos para que el hospital pediátrico volviera a tener todas las camas disponibles, según los reportes de la sociedad médica del hospital pediátrico.

En visitas en los meses que se hicieron las obras se pudo constatar que, a los 90 días de terminados los trabajos de ingeniería, había filtraciones en las paredes porque los problemas de tubería no se corrigieron. Tampoco se hizo el remate curvo de los pisos que debe tener un hospital para evitar que se acumulen bacterias. El piso de vinilo se hizo, pero no se cristalizó. La torre de hospitalización se filtró al poco tiempo y el departamento de Medicina III se entregó con un baño dañado.

En el histórico Hospital Vargas de Caracas se rehabilitó el quirófano y a los tres meses el piso se levantó. El contrato del complejo hospitalario José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal, fue más genérico. Se prometió rehabilitar los quirófanos, pero solo se trabajó en la sala de obstetricia y el quirófano de la maternidad Herrera Vegas ubicada dentro del complejo.  La sede principal, el hospital quirúrgico Simón Bolívar, no tuvo ninguna mejora durante ese año.

El 7 de abril de 2018, López dio una rueda de prensa acompañado por José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela. Ambos se uniformaron con una vestimenta de color gris claro y dieron estadísticas sobre planes de vacunación y planes del combate a la epidemia de la malaria. 

Luego, Moya se paró un paso atrás a su izquierda y se quedó escoltando al ministro frente a las cámaras. López siguió con su repertorio de obras de ingeniería que había culminado. Ya no ponía a su personal a tuitear fotos de salas recién pintadas, sino que daba un número a viva voz:  820 obras en centros de salud se habían hecho bajo su gestión, que incluía la reparación de 261 quirófanos, 96 servicios y 18 CDI en Caracas. Un 33%, afirmó, de los centros de salud.

“Se han hecho trabajos integrales que nos permiten ahora tener capacidad de intervención quirúrgica para 40.000 personas adicionales en el sistema”, aseguró. Moya permaneció impávido moviendo sus ojos de un lado a otro.

Pasaron 78 días de estas declaraciones hasta que el ministro fue destituido también con un solo tuit. Nicolás Maduro usó la red social para anunciar el relevo el 25 de junio de 2018, sin transmisión televisiva ni otro aspaviento. 

“Para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población, he designado en esta tarea a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado, es nuestro nuevo Ministro de Salud”, escribió en la red social Maduro. López desapareció de la palestra pública.

Ministerio sin respuestas

En el Ministerio para la Salud consideran que preguntar por la gestión del ministro López, la inversión realizada y el estado de las instalaciones es “información sensible” y de la que no pueden dar ningún dato. 

Pese a que el sustituto de López y actual ministro de Salud, Carlos Alvarado, ocupó en simultáneo el cargo de presidente de la Fundeeh desde el 14 de noviembre de 2018 hasta julio de este año, la información sobre el presupuesto usado por la Fundeeh en 2017 y 2018 y las licitaciones fue negada a Armando.info. De hecho, aseguraron desconocerla.

José Luis Arrechider, asistente de Alvarado y director de Gestión Comunicacional del ministerio, aseguró que no cuenta con la información sobre el dinero usado por López. Y remató: “No es pública para la prensa (...) tampoco podemos dar información tan delicada sobre otro ministro”, dijo.

La Fundeeh pasó a manos de la Vicepresidencia de la República en julio de este año.

Para todos los gustos

Los gochos no solo se hicieron expertos en salud, sino que decidieron abrirse camino en cualquier área que pudiera interesarle al Gobierno. 

González se ha dedicado al comercio y su principal interés en los últimos cinco años fue ser contratista de cualquier organismo donde López se moviera, a su sombra. Tiene en su haber doce empresas de diferentes rubros que le han prestado servicio al Estado, casi la mitad de ellas creadas durante 2017 y 2018.

Una de sus primeras inversiones le permitió asociarse a la Cooperativa Songoro en el Son 76 C.A. en el año 2003, con tan solo 27 años de edad. Tras diez años de creada, la empresa obtuvo contratos para al menos doce obras de remodelación, rehabilitación y adecuación de centros de salud del estado Aragua durante los años 2013, 2014 y 2015. 

Dos años más tarde, cuando ya López tenía el cargo de ministro para la Salud, González conoció una verdadera bonanza.  

Durante 2017 y 2018, los gochos invirtieron más de 160.000 dólares en la creación de todo tipo de empresas que ofrecían lo que el Estado quisiera pedir. González se hizo experto en alquilar aviones, comercializar ganado y hasta en extracción de minerales.

González y sus socios abrieron sede en Miami de la empresa Lurimonra. Según diversos registros revisados por Armando.info también decidieron crear cuatro empresas que ofrecieran servicios en diversos rubros, fusionar dos cooperativas familiares y comprar las acciones de una ya establecida e inmersa en las contrataciones que López venía beneficiando desde su paso por Aragua.  

En marzo de 2017, en Táchira, se registró la empresa Flight MG C.A dedicada a la compra, venta y alquiler de aeronaves, embarcaciones y vehículos, además de compra, venta e importación y exportación de todo tipo de partes y repuestos con un capital equivalente a 2,285 dólares a la tasa oficial de entonces. Cinco meses después, la empresa ya trabajaba también para la Fundeeh.

El comerciante también incursionó ese año en la extracción de minerales y creó dos empresas más en abril de 2018 junto con su primo Ronmy José Cañas Zambrano: la Industria Minera Oresdi C.A y la empresa ecológica Corporación Recieco, dedicadas a la extracción, procesamiento, venta y comercialización de minerales no metálicos y metálicos. Cada una se abrió con un capital equivalente a 3.000 dólares.

Manuel González Zambrano fusionó en 2017 la cooperativa Songoro en el Son 76 C.A, con otro negocio familiar, la Asociación Cooperativa Karlima II, R.L., también creada en 2003, para conformar el Consorcio  Karson, una de las contratistas que trabajaron para la Fundeeh en el año 2017.  Karlima II abrió siete sucursales en el año 2014 y durante 2015 y 2016 se dedicó al mantenimiento de maquinarias pertenecientes a PDVSA Empresa Nacional de Transporte y PDVSA Gas.

En noviembre de 2017 registró además la Agropecuaria Francisca Duarte C.A asociado con Yimmy Alexander González, conocido en San Cristóbal por ser dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), docente de profesión y ex director de la Zona Educativa del estado Táchira durante los años 2010 y 2011. La empresa se abrió con un capital equivalente a 6.000 mil dólares a la tasa oficial de entonces.

Yimmy Alexander González, luego de ser funcionario público y militante del PSUV, se convirtió en un empresario con intereses en el área de Salud, En 2017 compró 90% de las acciones de la empresa Suministros e Inversiones Mederi C.A en la que invirtió el equivalente a casi 150.000 dólares al cambio de la tasa oficial. La empresa pasó de tener un capital de solo un millón de bolívares a 500 millones bolívares.

Esta compañía de insumos médicos fue creada en el año 2012 y en principio estuvo dedicada a la compra, venta, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos y material médico quirúrgico. Dos años más tarde, Suministros e Inversiones Mederi C.A licitó para ser uno de los proveedores de la Corporación de Salud de Aragua y amplió su razón social en tres oportunidades para poder instalar una droguería, justo cuando comenzaba la escasez de fármacos en el país, y para fabricar lencería quirúrgica y todo tipo de material médico. 

En tres meses la razón social de esta empresa fue cambiando hasta incluir su dedicación a la construcción, plomería, computación, distribución de repuestos automotrices, alimentos perecederos, de limpieza, instrumentos musicales, juguetes, suministros para la educación, festejos, jardinería, alquiler de maquinarias de todo tipo, transporte, perforación de minería y petróleo y gas, así como también poder contratar y realizar obras civiles con el sector público.

Ese mismo año Yimmy González incursiona en la ganadería y agricultura, con Manuel González como socio, con una inversión de 10 millones de bolívares, el equivalente a 3.000 dólares para ese momento.

El ex director de la Fundeeh fue removido el mismo día que Maduro tuiteó el cambio de personal. En la Gaceta Oficial de esa fecha se dio a conocer el cambio de las directivas de todos los entes adscritos al ministerio. Anthony  D´ Benedetti, que daba la cara en la Fundeeh, no solo fue removido de su cargo, sino que fue interrogado por el Sebin, según información confirmada por funcionarios del Ministerio para la Salud. La rehabilitación de hospitales terminó en un interrogatorio policial. 

Hoy la sede en Miami de Lurimonra está inhabilitada, pero las oficinas de todas las demás empresas de vuelos y construcción continúan operativas en San Cristóbal. 

Yimmy González continúa cotizando en el Seguro Social como funcionario público en el Ministerio para la Educación, mientras que Manuel Alfredo González, tras mantenerse de bajo perfil en el área de la construcción, decidió brillar con un autolavado ecológico VIP en Pueblo Nuevo, un suburbio de San Cristóbal. Se muestra en sus redes sociales como regente de un concesionario de carros de Miami con clientes que exhiben sus camionetas Range Rover, Toyotas, y deportivos Corvette y Camaro de último modelo.

En aquel entonces, gracias a acuerdos internacionales con países como Argentina, llegaron equipamientos médicos nunca antes vistos en Venezuela, como la litrotricia intracorpórea, que permitía eliminar los cálculos renales en una sola sesión y sin anestesia. Por un momento los servicios de salud en el país parecían mejorar, y la esperanza era posible para los más de 15 millones de venezolanos dependientes del sistema público de salud.

—Ahora es diferente, como si se tratara de países distintos —dice Lorenzo, los ojos verdes siempre vivos, frustrado porque hoy, de nuevo, no podrá realizar una cirugía—. Imagínese, en este momento yo debería estar operando, pero estoy hablando con usted.

La crisis es el escenario donde las vocaciones se prueban. Y él, como todo el sistema de salud en su país, ha vivido su propia crisis. Esta inició, calcula, hace unos cinco años. Antes, cuando a un paciente se le programaba una operación y se carecía de un insumo acaso muy rebuscado, como una prótesis de rodilla o una malla para la reparación de una hernia, el paciente podía adquirirlo por su cuenta. La lista de cosas para comprar consistía, casi siempre, en un solo elemento. 

En 2014 el precio del barril de petróleo —la base de la economía venezolana— cayó a 57 dólares (en 2012 estuvo a 107). Para el año siguiente, 2015, la salud fue una de las sacrificadas en el presupuesto general: pasó de significar el 3.1% del gasto total del gobierno a 1.9%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde entonces, la lista que comenzó a darse a los pacientes empezó a incluir todo tipo de cosas, no solo para operar. A ella se añadieron los insumos más básicos (hojas de bisturí, sueros hospitalarios), aquellos que debería tener siempre en sus bodegas un centro médico urbano —como el hospital de Caracas donde Lorenzo trabaja— para funcionar con normalidad. Y cuando la escasez se hizo más profunda, hasta los guantes quirúrgicos faltaban con frecuencia. 

La lista se convirtió en una mala noticia para los más pobres, quienes no tienen más remedio que acudir al sistema público. Los insumos básicos para una intervención quirúrgica equivaldría al día de hoy al salario de ocho meses, lo que significa que una familia tendría que destinar lo que comúnmente usaría en comida para comprarle a un privado (o al mercado negro) un insumo que el gobierno podía —y debía— darle. Si faltan los guantes quirúrgicos, es porque falta todo lo demás. 

Para el público internacional, Venezuela es hoy sinónimo de escasez. De apagones. De hambre. De un lugar en el que todo falta. Y se habla tanto de esto y de forma tan impersonal que parece un fenómeno ubicuo, fatal. Como si hubiera llegado de la nada. Lo cierto es que lleva años cocinándose entre varios ingredientes, como la dependencia casi exclusiva al petróleo. Otro de ellos es la corrupción, que tuvo una de sus caras más polémicas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que dirigió la entrega de dólares preferenciales para importaciones entre 2003 y 2012. A su sombra se desviaron miles de millones de dólares.

Para frenar la situación de descontrol creada por Cadivi y paliar una escasez cada vez más manifiesta, el gobierno de Nicolás Maduro creó en marzo de 2014, a solo unos meses de haber asumido el poder, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que se encargaría de centralizar la totalidad de las importaciones del sector público, desde papel higiénico hasta medicinas.

En teoría, su misión es la de «organizar y garantizar las importaciones para cubrir las necesidades del país». La idea era que, al realizar compras en volúmenes mucho mayores, se pudieran lograr mejores precios y, con eso, surtir, por ejemplo, con más medicinas a los más de 14 millones de personas que, actualmente, solo pueden recurrir al sistema público de salud.

Pero es la misma Corpovex, la dichosa solución para la escasez creada por el gobierno de Nicolás Maduro, la que está ahora al centro del problema señalado por el doctor Jaime Lorenzo. Sobre todo, por el «mal ojo para los negocios» que parecen tener sus encargados.

Para muestra, si el lugar común es tolerable, hay un botón: un trato por el que un encargado de adquisiciones podría ser despedido en cualquier empresa privada. Uno en el que se compró un insumo médico tan básico, como los guantes quirúrgicos, a más de 10 veces su precio internacional.

El juego de los intermediarios

Diciembre, 2016. Un barco parte rumbo a Venezuela desde El Salvador, Centroamérica, con un paquete de 17 mil pares de guantes quirúrgicos fabricados en Malasia. Un trámite que no sería raro si no fuera por este detalle: el gobierno de Maduro, a través de Corpovex, pagó más de 44 mil dólares por ese paquete: 2,60 dólares por cada par de guantes, 30% más que el salario mínimo de un venezolano.

El negocio, para Venezuela, no puede ser más desventajoso. Naciones vecinas, como Colombia o Perú, consiguen el par por 25 centavos de dólar y en compras mucho más pequeñas, gestionadas por hospitales individuales y no por un monstruo como Corpovex, con la capacidad para adquirir los productos por decenas de toneladas y desde la fábrica. Sin mayor explicación y contra toda lógica económica, la entidad venezolana se inclinó por la oferta más cara haciendo el trato con un pequeño intermediario que no era ni siquiera salvadoreño, sino de Puerto Rico: los 17 mil pares de guantes tuvieron que cruzar al menos tres fronteras (Malasia, Puerto Rico, El Salvador) antes de llegar a Venezuela.

Este es solo uno de los casos identificados en un esquema de compras con sobreprecio que involucran a cuatro empresas extranjeras intermediarias que vendieron a Corpovex, vía El Salvador, al menos 11,3 millones de dólares entre 2016 y 2018. La entidad venezolana desembolsó 20 veces más que las instituciones públicas de El Salvador, Colombia, Perú y Guatemala por los mismos productos, entre los que se incluyen mascarillas de oxígeno, catéteres, sondas foley: nada rebuscado, sino insumos que todo centro de salud debe tener siempre disponibles para funcionar con normalidad. 

Las cuatro compañías funcionaron solo como intermediarias: estas no fabricaron ninguno de los insumos médicos, que provenían de países como China, Malasia, Camboya, México o Uruguay. De este modo, debido a su paso por El Salvador, los productos tuvieron que cruzar, en cada caso, al menos tres fronteras antes de arribar a Venezuela.

Y este parece ser solo uno de tantos esquemas: la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) advirtió en septiembre de 2017 que Corpovex estaba al centro de negocios irregulares, en los que la marca común eran las compras a precios muy superiores que los de la referencia internacional.

Al conocer estos negocios, el fenómeno de la escasez de insumos médicos en Venezuela deja de ser ubicuo y fatal. Comienza a tener un rostro: el de quienes se benefician a costa de ella para llenar sus bolsillos de dinero.

Los nombres tras el negocio

Walter Baumgartner es desde 2006 profesor del Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, más conocido como El Algodonal, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas. Es, por tanto, empleado del Ministerio del Poder Popular para la Salud, una de las instituciones a las que Corpovex surte de productos. Baumgartner también está detrás de la empresa panameña Santek Pharma, que vendió a esta entidad 581 mil dólares en insumos médicos sobrevalorados.

Su importancia en el esquema va más allá de lo enviado. Constituye una especie de nexo entre Venezuela y las otras compañías de la operación. Cuenta con una subsidiaria en El Salvador que recibe los productos para alojarlos en su bodega y que luego contrata a una sociedad local, EFI Logistics, para que se encargue de la exportación final al país sudamericano.

Al invertir hasta 20 veces más en los productos básicos enviados por las empresas de este esquema, el país se queda sin la posibilidad de adquirir otros insumos. A eso asiente el urólogo Simón Paz desde su consultorio privado en Caracas. Su voz de barítono, de ritmo pausado y firme, parece hecha para dosificar hasta las peores noticias.

Algo que en su trabajo en el Hospital Oncológico Luis Razetti, de la capital, debe hacer a diario, pues este centro solo es capaz de surtir el 30% de las quimioterapias requeridas por sus pacientes. Y adolece de casi todo, incluso de lo más básico (suturas, gasas), como la mayor parte de los hospitales públicos en Venezuela.

—El residente se encuentra de brazos cruzados al no contar con el instrumental adecuado —dice Paz—. Pero uno siempre trata de buscarle la solución tratando de improvisar. Está en juego lo más importante, que es la dignidad del paciente.

Y esa improvisación se traduce, muchas veces, en lavar minuciosamente material desechable, como algunos tipos de sonda, para usarlo en más de un paciente. O en recurrir a bibliografía anterior a los años 70, o al consejo de doctores en retiro, para buscar soluciones a problemas que tenían décadas superados.

Santek Pharma, la empresa panameña de Baumgartner, el profesor del hospital de El Algodonal, tiene mucho de offshore y parece creada para que no sea fácil descubrir quiénes son sus verdaderos beneficiarios.

Su dirección legal está en el primer piso del edificio Omega, en la capital de Panamá. Es la misma de Rodrigo Molina Ortega y Asociados, el bufete de abogados que la constituyó en 2015 y que colocó a algunos de sus empleados como accionistas de la sociedad y como miembros de su junta directiva. 

Sin embargo, sus apoderados generales no son prestanombres y forman parte del staff de la empresa, según su página web. Walter Baumgartner es uno de ellos, junto a su pariente Gunther Baumgartner y los empresarios venezolanos José Ruggiero Moreno y Andrés Ruggiero Hernández. El poder los faculta para “manejar, administrar y llevar adelante los asuntos o negocios de la sociedad en cualquier parte del mundo”. También para “abrir una o varias cuentas en cualesquiera bancos, firmas o instituciones financieras de cualquier país, hacer depósitos y retiras los que existiesen en esas o en otras cuentas que tenga la sociedad”. El resto del poder puede leerse a continuación.

El puertorriqueño beneficiado por el chavismo

Rolando Fernández ama el vino. Casi en cada una de las 813 fotos subidas a su Instagram, the_wine_list, el ardiente líquido es el protagonista. No es casual: se trata del producto estrella entre todos los que comercializa su empresa, Labraterra. Los hay de todas las regiones del mundo.

Hasta hace muy poco, este puertorriqueño de 52 años se ganaba la vida de una manera muy diferente a la que ahora le permite lucirse junto a cientos de botellas. Su rubro, entonces, era la salud. Y las dos sociedades con las que participaba eran sinónimo de sobreprecio.

Fernández fue el único accionista de dos compañías domiciliadas en la isla, MedLatin Group y MCare Solutions, que formaron parte del esquema identificado por Salud con lupa, en el que cuatro empresas enviaron a Corpovex más de 11 millones de dólares en insumos médicos sobrevalorados. Fueron 8,7 y 1,6 millones de dólares respectivamente.

Ambas reportaron ganancias hasta que se comenzaron a hacer los envíos y fueron disueltas cuando estos cesaron, en 2018, según el Registro de Corporaciones de Puerto Rico.

Rolando Fernández tiene una larga relación comercial con el gobierno de Venezuela, que comenzó en los 90 a través de la empresa Meditec Venezuela, de la que controla el 97 % de las acciones desde el 2003. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió casi 74 millones en dólares preferenciales de Cadivi, que entregaba dinero al cambio más ventajoso a, entre otras, sociedades farmacéuticas escogidas a dedo para que compraran en el extranjero productos que escaseaban en Venezuela.

Existe otra empresa en el esquema, OEG Internacional, domiciliada en Florida, Estados Unidos, que envió 275 mil dólares. Creada también en 2015, tiene mucho de empresa de maletín: su dirección legal es una bodega en Miami a la que otras 50 compañías señalan como sede. Entre sus agentes hay personas que ocupan el mismo puesto en cientos de sociedades creadas en ese estado de Norteamérica.

Las víctimas del sobrecosto

—Él llegó aquí caminando y ahora ni se para de la cama. Quiero salvarle la vida a mi esposo.

Miriam (quien prefiere no revelar su apellido por temor a represalias) lleva el cansancio a cuestas, en su mirada, en su caminar pesado, en su tono de voz. Desde la primera semana de junio está en el Hospital Universitario de Caracas con su esposo, Néstor, un hombre de 40 años, alto y corpulento en fotos, delgado y débil en la cama de internamiento.

Lo que comenzó como un malestar estomacal y diarrea derivó en un diagnóstico de VIH, una noticia inesperada en la familia. A Nelson deben hacerle ocho exámenes para saber qué tan avanzada o complicada está la infección del virus en su organismo, pero el hospital no está en condiciones de realizarlos.

Le controlaron el cuadro diarreico. Lleva dos semanas sin apetito, sin ingerir alimentos sólidos. Le recetaron “Solución 0,9%”, mejor conocida como suero fisiológico, un insumo básico en todo ambulatorio y hospital, pero que en Venezuela se ha convertido en uno de esos elementos que duran más tiempo ausentes de los centros de salud que en sus propios inventarios.

Esta es la consecuencia de beneficiar con contratos a pequeños intermediarios. Como los que protagonizan el esquema descubierto por Salud con lupa, en el que Corpovex decidió gastar 11 millones de dólares en unos insumos médicos que podrían haberle costado solo 500 mil. 

La salud pública es una cadena, lo que se desvía o se paga de más en un punto, irremediablemente faltará en otro lado. ¿Cuántos sueros como los que Néstor necesita se habrían podido comprar con los 10 millones de dólares que Corpovex decidió pagar de más por productos para nada rebuscados?

Él debe recibir cuatro soluciones diarias, pero con este ya lleva cuatro días sin ingerirlas. Lo realmente grave es que estas ni siquiera representan el tratamiento de su enfermedad, sino solo su alimento.

—Desde el primer día lo hemos comprado nosotros porque las enfermeras dicen que aquí no hay —reclama Gabriela, su madre—. ¿Cómo no hay suero en un hospital?

Las cuatro unidades cuestan entre 13 y 16 dólares por día, pero el sueldo mínimo mensual en Venezuela para ese día era de 10,4 dólares al cambio oficial. No hay manera de cubrir los cuatro frascos de suero diarios: el salario no les alcanza.

Nelson vendía arepas en la calle. Su esposa tenía un local de comida en un centro comercial, pero la hiperinflación hizo inviable el alquiler del local en bolívares. Cuando el centro comercial empezó a exigir pagos en dólares, Miriam debió dejar el negocio. Todos los miembros de la familia tratan de ayudar, pero las cuentas no salen.

Para Néstor y los suyos es difícil imaginar un futuro. El presente lo llena todo, como una espesa neblina que no deja ver más allá de donde alcanza la mano.

Por ahora, solo importa conseguir esas cuatro unidades al día. Esas que el gobierno de su país no le ha podido brindar. El mismo gobierno que regaló un negocio redondo para un empresario extranjero y un empleado del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

El cirujano Jaime Lorenzo, frustrado porque hoy de nuevo no podrá operar, arquea las cejas, se pasa una mano por la nuca y echa la cabeza hacia atrás cuando escucha la historia de las compañías intermediarias que se beneficiaron con los sobreprecios. Su cara es la de aquel que se entera que ha sido estafado por años.

—Saquemos la cuenta de la cantidad de guantes que se dejaron de comprar al pagarlos a tres dólares por par, o de otros insumos médicos. La cantidad de personas que pudieron haber sido ayudadas y tener una asistencia adecuada… eso no beneficia a nadie, ni a Venezuela ni a los países productores, solo a estos intermediarios —dice Lorenzo, mientras acomoda sus lentes y exhibe una mueca de hastío ante la seguridad de que esta, sin operar, será otra tarde perdida.

*Con la colaboración de Patricia Marcano desde Caracas. Este reportaje forma parte de la serie Venezuela: un país en busca de alivio, de la plataforma colaborativa Salud con Lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ)

Este reportaje fue modificado el 26 de septiembre de 2019 en el sitio web original, Salud con Lupa. En una versión anterior, la redacción de un párrafo daba a entender que la empresa panameña Santek Pharma le pertenecía a Walter Baumgartner, lo que no es preciso. Salud con lupa hace esta aclaración: Walter Baumgartner es un apoderado legal con amplias facultades y se incluye el nombre del resto de apoderados de la sociedad, así como más detalles del documento en el que se plasma lo anterior. Abogados contratados por Santek Pharma niegan que la empresa sea proveedora de Corpovex. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una comunicación formal de la compañía, pues estos abogados no permiten citarlos en sus argumentos.

El sarpullido les hizo pensar en mucho de lo que no era. ¿Varicela? Fue lo primero que se les ocurrió cuando puntos rojos salpicaban los brazos, las piernas y la cara de la niña. Hasta que hubo otro síntoma: inflamación de amígdalas. ¿Amigdalitis? Habían transcurrido tres días desde la primera fiebre y pensaron que no tenía relación. ¿Difteria? En Venezuela, estado Bolívar —la región donde vive la familia—, hacía poco que esa enfermedad había resurgido y había matado a más de 20 niños en 2016. Los padres de Ariannys no querían seguir en incertidumbre. La llevaron al médico. La niña, les dijeron, tenía sarampión.

Ha pasado un año desde ese día y ahora, sentadas en el porche de la casa, María Gabriela y su madre, Gloria, recuerdan la crudeza de aquello de lo que nada sabían. La familia de Ariannys vive en Puerto Ordaz, principal ciudad del estado de Bolívar, al sur de Venezuela, y que durante la segunda mitad del siglo XX fue sede de las empresas del hierro, la bauxita y el aluminio. En ella, a la par del desarrollo industrial, creció un cinturón de barriadas con servicios básicos precarios y alta criminalidad. Algunas, levantadas alrededor de una fortaleza militar llamada Comando Regional 8, o Core 8 como le llaman los vecinos.

Para cuando su nieta se enfermó, la abuela Gloria recuerda que ya había “algunos casitos” en el barrio. Hasta ahora no se ha determinado quién los contagió, pero lo cierto es que fue el comienzo del miedo para todos.

El proceso de Ariannys fue de 15 días. El tratamiento que le mandaron fue amoxicilina y acetaminofén. “Solo le dimos acetaminofén, porque no conseguimos el otro”, recuerda la abuela. La escasez de medicinas los llevó a ingeniárselas de otras formas. Le daba agua de arroz y alguna planta medicinal hasta que sanó. Pero el virus ya estaba asentado en la casa 32.

El siguiente en enfermar fue otro nieto de Gloria, Oliver, de dos años, y luego otra nieta, Mariannys, de cuatro. No tenían idea de como se habían contagiado. Para julio de 2017, la casa de los Castellón Hernández era noticia en toda la comunidad. Pronto, la comunidad también se volvió noticia, y no precisamente por las multitudinarias protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro que ocurrieron ese año allí. En el Core 8, según los informes de salud, había un brote de sarampión que no dejaba de expandirse.

El Ministerio de Salud desplegó una cuarentena en la calle de Ariannys y una jornada de vacunación para toda la comunidad. Gloria recuerda que vacunaron como a 60 niños esa vez. Pero de ahí no han vuelto.

¿Cómo podía ser mortal un virus que, hasta hace unos años, en uno de los países más ricos de la región, podía prevenirse con una simple vacuna?

La expansión invisible

El sarampión es uno de los virus más contagiosos descritos por la ciencia médica. Una sola persona con sarampión puede infectar a 18 más. Se transmite muy fácilmente, de persona a persona, apenas aparecen los primeros síntomas  —fiebre muy alta, tos, conjuntivitis, congestión nasal, erupciones en la piel— y a través de las gotas de saliva que se esparcen al toser y estornudar.

De ahí que, en los años sesenta, científicos desarrollaran una vacuna para frenar su propagación y mantenerlo bajo control, o al menos reducir la cantidad de niños que se enfermaban y fallecían por el virus. Y es que el sarampión es tan letal que, si no es tratado a tiempo, puede causar neumonía, sordera, ceguera, afectar el corazón y causar lesiones neurológicas, entre otras enfermedades, como informa Consenso Sarampión, publicado por la Sociedad Venezolana de Infectología a raíz del brote registrado en 2017.

Por esa facilidad de contagio sumada a la escasez de vacunas, Venezuela acumula —entre 2017 y julio de 2019— 10 mil 329 casos sospechosos de sarampión (hasta ese momento, 6 mil 923 confirmados) y 81 fallecidos reconocidos por las autoridades. Los datos extraoficiales hablan de 139 muertos desde que inició la epidemia y ninguna muerte en lo que va de 2019.

La expansión del virus, sin embargo, ya es internacional. El sarampión se ha convertido en el virus que más se ha propagado desde Venezuela hacia Sudamérica, como consecuencia directa del éxodo que ya suma cuatro millones de venezolanos según cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta junio de 2019.

Brasil y Colombia fueron los primeros países en documentar casos “importados” de sarampión desde tierras venezolanas. “Importados” es el término epidemiológico que se aplica cuando la persona se contagió en otro país, que no es el mismo donde se detecta y diagnostica. Cada nación debe registrar esos casos de ese modo para precisar cuándo el virus está circulando dentro de su territorio y cuándo no.

En América Latina, hacer esa distinción no fue difícil. En septiembre de 2016, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró al continente como territorio libre de sarampión. Fue la primera región del mundo en lograrlo, luego de 22 años de habérselo propuesto y trabajado en un amplio programa de inmunización con la vacuna triple viral, que previene el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Solo duró nueve meses. Venezuela quebró la certificación.

Hasta junio de 2019, y de acuerdo con los datos notificados por cada gobierno, se habían identificado 358 casos de sarampión importados desde Venezuela en seis países: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. En todos ha sido identificado el mismo genotipo (D8) y mismo linaje (MVi/HuluLangat.MYS/26.11) del virus del sarampión que originó la epidemia en Venezuela. Estos seis países se han convertido en los principales lugares de acogida de los venezolanos que huyen de la hiperinflación y de la emergencia humanitaria compleja. Sobre todo porque las enfermedades viajan con la gente.

En agosto de 2018, la OPS emitió un comunicado donde informaba que el sarampión se había vuelto endémico en Venezuela, pues el virus tenía más de 12 meses continuos circulando en el territorio. Como consecuencia del brote venezolano, Brasil y Colombia también han perdido el reconocimiento de territorios libres de sarampión y el virus también se tornó endémico.

Aunque el organismo internacional no lo haya anunciado, Brasil registró los primeros casos de sarampión en febrero de 2018 y Colombia un mes después. Los reportes mensuales de la OPS sobre la situación del sarampión en la región confirman que ambos tienen más de 12 meses con circulación activa, una circunstancia lamentable considerando que la mayoría de los países latinoamericanos tenían 18 años sin reportar casos endémicos del virus.

En el continente, esta epidemia parece poner a prueba la calidad del sistema de salud en cada nación, dejando ver sus profundas debilidades.

Sin vacunas, sin información

Bolívar es el estado más grande de Venezuela. Limita con Brasil al sur y con la Guyana Esequiba al este. Cuenta con amplias extensiones de selvas y sabanas junto a una riqueza mineral y natural envidiables, que incluyen oro, diamante, coltán y tepuyes, las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Pero Bolívar también se ha convertido en un crisol donde convergen las epidemias que terminan afectando a todo el país primero, y a otras naciones después.

No es fácil cubrir todo su territorio para vacunar a todos sus habitantes y controlar, selva adentro, el brote de algún virus. Allí una enfermedad arropa a la otra, circulan en paralelo, no hay tiempo para asimilar el paso de una cuando llega la próxima. Actualmente, por ejemplo, la emergencia es la hepatitis A. Antes fue el sarampión, y antes la difteria y siempre, cuando inician las lluvias, es la malaria, que puede tenerse una y otra vez.

Fue en este contexto donde el sarampión encontró a miles de niños no vacunados, tanto en Bolívar como en el resto de los 23 estados de Venezuela. Para evitar un brote o frenar el desarrollo de alguno, se debe lograr la cobertura mínima de 95% de la población estimada a vacunar, y en este caso no se limita a los infantes. La vacuna contra el sarampión está indicada desde los 12 meses de edad hasta los 39 años. Pero cuando hay una epidemia en curso, se puede vacunar a los bebés a partir de los 6 meses, explica la infectóloga y pediatra María Graciela López, de la Sociedad Venezolana de Infectología.

Por sus características geográficas, Bolívar es uno de los estados con las coberturas de vacunación más bajas. Pero las cifras nacionales no son mejores, aunque el equipo de salud que acompaña a Nicolás Maduro diga lo contrario. Las coberturas anuales reportadas por Venezuela a la OPS son demoledoras.

En 2017, en plena circulación de la epidemia, solo se alcanzó una cobertura de 59% de la población que debía ser vacunada. Los esfuerzos fueron insuficientes durante los meses más claves para contener el virus. Esto explica no solamente el porqué de la propagación del sarampión por toda Venezuela, sino también los grupos más afectados en el país: menores de 5 años de edad, mayormente, seguidos por el grupo de 6 a 15 años. Muchos de estos niños y adolescentes han llegado a otras naciones sudamericanas.

Cálculos de varios especialistas venezolanos, con base en las coberturas de vacunación que Venezuela informa a OPS, pero no a sus propios habitantes, detallan que al menos 1.150.000 niños menores de 1 año dejaron de ser vacunados en una década: es la misma cantidad de lactantes susceptibles a enfermarse, explica José Félix Oletta, médico internista y exministro de Salud.

Los reportes levantados por él y varios colegas, divulgados a través de la organización civil Alianza Venezolana por la Salud, han terminado siendo una referencia sobre la salud pública venezolana frente a la censura de información que impera. Los últimos boletines epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud venezolano son los del año 2016.

Si a estas bajas coberturas se suman la escasa disponibilidad de vehículos para trasladar las vacunas refrigeradas, las fallas eléctricas que comenzaron a afectar al país a partir de 2010, la falta de enfermeras y la escasez de biológicos (solo en 2017 apenas hubo dos de doce vacunas del esquema nacional), la expansión del sarampión durante los últimos dos años era una bomba de tiempo.

Incluso las farmacéuticas trasnacionales con sede en Venezuela, que tradicionalmente importaban vacunas, dejaron de hacerlo debido a la cuantiosa deuda que el Estado venezolano dejó acumular y no pagó, derivando en el cierre de las líneas de crédito y, posteriormente, en el cese de operaciones de estas empresas.

De hecho, cuando se revisan las importaciones de vacunas realizadas por estas empresas privadas que hacían vida en Venezuela, se observa que 2013 fue el último año en el que ingresaron biológicos. La información de la base de datos latinoamericana Datasur confirma no solo la reducción y cese de las compras, sino que también da luces sobre la dependencia total de Venezuela del Fondo Rotatorio de OPS.

Son limitaciones que termina padeciendo la población, como le pasó a Gloria Hernández con tres de sus nietos, y que dos años después no han sido resueltas. Bastó recorrer los ambulatorios de salud de San Félix y Puerto Ordaz para verificar que no todos los lugares visitados tenían disponible la vacuna triple (SRP) o doble (SR) para prevenir el virus.

“Llegan la próxima semana, venga los martes”, respondieron en el ambulatorio Las Manoas y en un módulo cubano en la UD 145. “No hay”, sin más detalles, dijeron en el módulo del sector La Victoria. Dependen del Estado, algunos del gobierno regional. Por ello, las enfermeras y médicos prefieren no hablar o lo hacen con desconfianza. Solo algunas vacunadoras se atreven a comentar los desafíos de su trabajo.

Es el caso de Noelia, una de las pocas enfermeras vacunadoras que quedan en el estado. En el ambulatorio de Castillito, en Puerto Ordaz, donde ella trabaja, no hay planta eléctrica para mantener refrigeradas las vacunas cuando ocurre un apagón. “Cuando se va la luz, si es sábado o domingo, vengo corriendo y cambio los paquetes de frío de las neveras donde tenemos las vacunas”, cuenta Noelia, que ya lleva 34 años de servicio. “Afortunadamente vivo cerca”.

“Estos paquetes hacen el milagro de la cadena de frío. En segundos esa cadena muere”, advierte mientras señala los empaques de plástico congelados. Las vacunas SRP, SR, Polio, Fiebre Amarilla y BCG son las que deben conservarse entre los 2º y 8º centígrados, dice Noelia. Lo sabe de memoria porque ya suma 34 años de experiencia.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López,  recuerda que la vacuna más susceptible o termolábil es la SRP, que debe refrigerarse a una temperatura entre los 2ºC y 8ºC para garantizar su calidad. Como se trata de una vacuna de virus vivos atenuados, mueren cuando se enfrentan a temperaturas superiores a los 8ºC y por ende la efectividad se pierde. Si se aplican no generan inmunidad. Por ello lo delicado de la cadena de frío. Y también por ello es que algunos niños que son vacunados en jornadas especiales de calle terminan enfermando con sarampión; si no se cuida esa refrigeración reciben un biológico que no genera inmunidad.

En busca de soluciones

El sarampión continúa circulando en Venezuela, con transmisión activa en 14 estados hasta el mes de julio. En buena parte del territorio venezolano solo se dispone de la vacuna SR (Sarampión-Rubeóla) para seguir controlando la enfermedad, detalle que preocupa a los pediatras porque ya están previendo un posible brote de parotiditis a futuro, como consecuencia de ese buen número de niños vacunados solamente con la SR y no con la vacuna triple, que protege del Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

A diferencia de los países de la región, Venezuela activó en mayo la “Semana de Vacunación de las Américas”, campaña promovida anualmente por la OPS. Casi un mes después que el resto de los países del continente y por mucho más tiempo: 43 días continuos.

Con poca difusión en medios de comunicación masivos e insuficientes vacunas, la campaña finalizó sin la certeza de resultados óptimos con coberturas por encima de 95%. De hecho, a la comunidad de Core 8, en Puerto Ordaz, la comunidad de Ariannys y su familia, la misma que fue noticia en 2017 por tener un brote de sarampión, no llegó la cruzada de vacunación.

Desde el último trimestre de 2017, el Ministerio de Salud de Venezuela no ha organizado más jornadas de vacunación contra el sarampión en la zona, recuerda la abuela Gloria Hernández. A su casa solo llegaron esa vez, cuando sus nietos fueron diagnosticados con el virus, hace dos años. No han vuelto.

Gloria es una especie de líder comunitaria: organiza, junto con entidades gubernamentales, la venta de gas regulado en el barrio. Por ese liderazgo vecinal ha tratado también de impulsar jornadas de vacunación. No ha podido. Ninguna institución ha respondido a sus solicitudes.

Además de que no hay medidas de prevención, tampoco hay formas de afrontar un nuevo brote de la enfermedad porque no hay medicinas.

“Uno va al módulo y le dicen: no hay nada. Pero uno va al mercado, al lado, y los bachaqueros tienen de todo: allí consigues antibióticos, para el dolor, para inflamación, aspirina. Eso es en el mercado. Hay puestos en donde venden pastillas de todo”, dice Gloria y agrega un dato: a veces esos medicamentos que venden vienen en su cajita con el sello del ‘Gobierno Bolivariano de Venezuela”.

Bachaquero es el mote con el que en Venezuela se conoce a los revendedores: son aquellos que consiguen productos a precios regulados y los venden a precios de productos importados. En todo el país, el “bachaqueo” es un negocio tan ilegal como rentable. La reventa de medicinas en Core 8 no es excepción.

¿Cómo llegan esas medicinas a los revendedores? En la comunidad apelan a la explicación más obvia: complicidad entre los trabajadores del módulo y los revendedores. Nadie investiga. Y nadie denuncia. La verdad es que no hay fe en que habrá soluciones.

Toca, entonces, ingeniárselas con lo poco que hay: los 40 mil bolívares de salario mínimo mensual, equivalentes a poco más de 3 dólares.

“Hace poco nos fuimos para el Uyapar (el único hospital público de Puerto Ordaz) y está de terror. Tuvimos que comprar las medicinas porque no había nada. ¿Una solución fisiológica? 57 mil. ¿Una amoxicilina? 47 mil. Si yo de pensión cobro 40 mil bolívares, ¿cómo compro esas medicinas y, además, la comida?”, comenta Gloria sobre su experiencia vivida en julio. Hoy, en setiembre, el salario mensual sigue en 40.000 bolívares, pero las medicinas que menciona han triplicado su precio.

En la sala de la casa, Oliver, de cuatro años, mira videos en una pequeña laptop mientras que Nairobi (quien prefiere no hablar), lo vigila. Mariannys y Ariannys no están. El mayor temor de todos es que algo similar o peor que el sarampión los contagie otra vez, porque nadie garantiza que recibirán los tratamientos.

“Cuando el paludismo se puso de moda —dice Gloria—, eran colas y colas que se hacían en los módulos. Si no llevabas las láminas no te hacían el examen. Si tenías que tomarte una muestra, tenías que ir a la clínica a que te hagan el examen. Los dos módulos, el venezolano y el otro, estaban colapsados. Ahorita el paludismo está calmado. No sé si es porque no hay gente de las minas”.

Pero la “calma” en la que están las enfermedades no les da esperanzas. Saben que si ya fue el sarampión, podrá ser otra cosa. Y no hay garantías de que haya cambios en el descalabrado sistema de salud venezolano.

El gobierno, acostumbrado a negar, minimizar o incluso a no hablar de las epidemias que circulan en el país, se refirió por primera vez en el año al sarampión el jueves 6 de junio. Nicolás Maduro, acompañado del ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que los casos de sarampión habían disminuido 91% y que celebraban tener hasta ese momento tres semanas sin el reporte de nuevas infecciones. Pero la realidad de miles de familias venezolanas no se corresponde con esas cifras.

El pequeño Oliver, sobreviviente del sarampión, no lo sabe ni tendría por qué: allí, en esa casa 32 de la manzana 50, en el Core 8 de la ciudad de Puerto Ordaz, todas las condiciones están dadas para que se den otras epidemias. Allí y en cualquier parte del país.

Por ahora, su familia hace lo que puede para protegerlo.

* Este reportaje forma parte del especial "Venezuela: un país en busca de alivio" de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Así como se ha documentado la destrucción de la industria eléctrica nacional -que se puso en evidencia con el apagón masivo de los últimos días en todo el país-, otro ejemplo de desmantelamiento del servicio público ocurre con las hidrológicas. La crisis del agua no tiene solo que ver con el abastecimiento, apenas regular y de acceso restringido, sino también con la potabilización.

La cadena productiva que garantiza la calidad de vida está “contaminada” desde su génesis. No se trata solo de agentes patógenos que se encuentran en el agua, una situación que debería ser atendida como emergencia por las autoridades pero ante la que, por el contrario, guardan silencio; es también la falta de planes de contingencia que puedan prevenir una catástrofe de mayor magnitud que ya está en gestación.

Ya desde 1998 -víspera de la llegada de la revolución bolivariana al poder- se advertía sobre la necesidad de reemplazar con una nueva la planta ya existente de Cloro-Soda que sustituyera la existente, levantada en 1978 en el Complejo Petroquímico Ana María Campos (antiguo El Tablazo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia), de la petroquímica estatal Pequiven. El Cloro-Soda es el ingrediente principal para el proceso de tratamiento de aguas para el consumo humano en zonas urbanas. Pero esa tarea, prevista en los planes estatales, nunca se llevó a cabo. El resultado es que hoy la vieja planta, con su limitada capacidad productiva, no cubre las necesidades del país, con lo que su población queda expuesta a consecuencias catastróficas en la salud colectiva.

La primera campanada de alerta sobre la crisis que se asoma acaba de llegar hace días desde el estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, donde debió haber funcionado desde hace dos décadas la empresa regional Aguas de Anzoátegui, para lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había asignado recursos. Pero como con la nueva planta de cloro-soda, el proyecto no se llevó adelante.

Alerta sanitaria

Las primeras horas fueron de preocupación y los médicos tuvieron que habilitar más camas en los hospitales para recibir a cientos de contagiados que se presentaron con los mismos síntomas. Era la primera quincena del reciente mes de febrero. La situación tuvo su pico más alto cuando las autoridades estadales dieron como oficial la muerte de nueve personas, solo en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, la capital del estado.Anzoátegui, gemela de la vecina ciudad turística y petrolera de Puerto La Cruz. Entre las víctimas hubo seis niños, según la data de la Dirección de Epidemiología regional. Unas 4.825 personas debieron ser atendidas en hospitales públicos durante los primeros 17 días de ese mes, con incidencia en cinco de los 21 municipios de la provincia. Luego de tres semanas, el conteo final fue de casi 6.000 pacientes.

Lo que en un inicio suponía un preocupante pero controlable brote de amibiasis, se fue haciendo cada vez más grande y más complejo con los días. El análisis microbiológico practicado a muestras fecales de 18 pacientes escogidos al azar en centros públicos del estado Anzoátegui, confirmaba el resultado positivo a la bacteria Shigella flexneri y al virus Norovirus.

Ambos producen síntomas similares a la amibiasis, como vómitos y diarrea, pero son mucho más letales. La shigella es una bacteria que puede infectar el aparato digestivo y provocar diarreas, dolor abdominal y náuseas. El norovirus causa la misma sintomatología y se transmite por el consumo de aguas y alimentos contaminados en espacios cerrados como guarderías, cuarteles o escuelas.

La evolución de los casos más graves no superó los 5 días, de acuerdo a los médicos tratantes y las actas de defunción arrojan como causa de muerte un desequilibro hidroeléctrico. Los pacientes más vulnerables llegaban con una condición pre existente de desnutrición y deshidratación, en algunos casos, sin el esquema epidemiológico de vacunación para los infantes. Las familias de las personas atendidas coincidían en las carencias mínimas de condiciones sanitarias por el irregular acceso a los servicios públicos como electricidad y agua potable, sobre todo en zonas rurales.

“Lo que mata son las complicaciones. Las condiciones de higiene en las casas ahorita es muy baja”, comentó la doctora Gladys Grisanti, jefa de Pediatría en el hospital Luis Razetti, de Barcelona.

Recuerda que los primeros tres días del brote tuvieron que habilitar salas y camillas adicionales para recibir a los niños que llegaban con vómito, diarrea, cólicos, heces con sangre, fiebre muy alta y algunos convulsionaron. “En el triaje se atendieron 60 niños asistiendo de emergencia, en menos de 24 horas”.

A su juicio y, de acuerdo a la literatura médica, “cuando existen este tipo de casos de brote, por lo general la persona consumió alimentos contaminados o agua”.

Los exámenes fueron contrastados en cuatro laboratorios distintos para verificar la confiabilidad: no solo los enfermos portaban esos microorganismos, sino que estaban presentes en el agua de las dos plantas potabilizadoras de esa provincia oriental.

Además y para colmo, los estudios develaron simultáneamente que los niveles de cloro en esas aguas estaban muy por debajo de los establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, un documento publicado en la Gaceta Oficial del viernes 13 de febrero de 1998.

 “El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y químicos establecidos…” (artículo 14). Sin embargo, el organismo responsable del abastecimiento del recurso hídrico en el país no publica cifras oficiales, menos los parámetros de calidad actuales que sí estuvieron disponibles en algunas empresas hidrológicas en el pasado previo a la llegada del chavismo.

Tanto el Ministerio de Atención de las Aguas –una nueva entidad burocrática que se creó luego de su separación del Ministerio de Ecosocialismo y antes estaba adherida al extinto Ministerio de Ambiente- como Hidrocaribe se han limitado a decir que “garantizan el suministro” y el acceso al recurso, pero en sus redes sociales se pueden detallar los anuncios de continuos cortes en el servicio. Este es un patrón que se repite en todo el país. La realidad es que el agua resulta muy escasa y, aún más, el agua potable para el consumo humano como para mantener los estándares mínimos sanitarios que prevengan enfermedades.

Cloro escaso

En sus inicios, hace 40 años, la planta de Cloro-Soda de El Tablazo producía 130 toneladas de cloro al día y 147 toneladas de soda al día, para atender la demanda nacional. Hace dos años, en 2017, se seguía produciendo casi lo mismo y con un circuito fuera de servicio (140 toneladas de cloro al día y 158 toneladas de soda al día), de acuerdo a lo publicado en un reporte filtrado a El Cooperante.

Según fuentes ligadas a la industria química nacional, en 2019, la planta de Cloro-Soda está parada casi en su totalidad. Debió cerrar hace siete años y su sustitución por una nueva estaba prevista en los planes, así como la construcción de otras manufacturas similares de menor tamaño. La idea de abrir centrales más pequeñas llevaba consigo la lógica de prevenir accidentes en el traslado de químicos muy contaminantes y tóxicos desde un solo punto de suministro en Zulia. Nunca se concretó el proyecto.

Lo cierto es que el Complejo Ana María Campos dejó de ser suficiente hace tiempo y se paralizaron los procesos. Resultaba muy costoso su mantenimiento y prácticamente se regala el producto. La cloroficación empezó a ser deficiente y al mismo tiempo se dejaron de hacer públicos los parámetros de calidad de agua.

Responsabilidades diluidas

Uno de los indicadores del desarrollo del país yace en el acceso al agua potable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluye entre los Objetivos del Milenio. En 2014, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro celebraba que oficialmente había superado las metas establecidas por el organismo multilateral.

“En cuanto a la población con acceso a agua potable, Venezuela ha cumplido con la meta en relación a cobertura de este servicio. El acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014”, señalaba una publicación propagandística del gobierno y citaba como fuente al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

Sin embargo, cinco años después, lo ocurrido en Anzoátegui refuta el discurso oficial. Venezuela no solo está lejos de alcanzar la meta sino que retrocedió en los índices de cobertura y, por si fuera poco, también oculta la calidad del agua que a duras penas se suministra.

“Hoy tenemos un drama con el agua y, lo más grave, es que están mandando agua sin agregarle químico, cloro, y eso ha producido una situación dramática de enfermedad de tipo vírico en la población”, afirma Glenn Sardi, el último expresidente de Hidrocaribe, la empresa estatal del oriente del país, antes de la llegada de Hugo Chávez.

En paralelo a los análisis de laboratorio a las personas, también se les hicieron al agua de las plantas de tratamiento en Anzoátegui. Los laboratorios que hicieron el estudio microbiológico encontraron que los niveles de cloro “estaban fuera de la norma”, según agregó un especialista de ingeniería sanitaria de la Gobernación del estado, quien delegó el tema a sus superiores para la vocería.

“Se le tomó la muestra al agua y también presentaron Shigella y el Norovirus. Nosotros hicimos las pruebas para confrontar lo que decía Hidrocaribe. Al final no dio nada, que había problemas eléctricos, pero el agua que estaba circulando estaba prácticamente sin cloro”, confirmó el Gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.

Desde la Gobernación, afirma la máxima autoridad del estado, se les pidió a las autoridades de Hidrocaribe el acceso a las instalaciones para un estudio detallado junto a ingeniería sanitaria y contraloría sanitaria, pero no fue posible.

La responsabilidad es, en primer nivel, de la hidrológica regional cuya casa matriz es Hidroven con sede en Caracas, dependiente del Ministerio de Aguas. Todas las personas a cargo de las instancias públicas han guardado silencio ante las incidencias continuas de la falta de agua y, en este último mes sobre lo ocurrido con la presencia de Shigella y Norovirus en las muestras de agua.

La respuesta oficial cuando se contactó a Hidrocaribe para su versión fue que “no están autorizados para la vocería, garantizan el servicio y se encuentran operativos en los diversos sectores”.

Pese a los cambios internos en Hidrocaribe, Hidroven y Ministerio de Aguas, las responsabilidades recaen sobre los mismos nombres. En la hidrológica del estado Anzoátegui está Iván Rebolledo, quien se había desempeñado en la Unidad de Gestión de esta misma empresa hasta octubre de 2017, aunque para esa fecha trabajaba, también, para la empresa Inversiones ABE C.A., que le prestó rehabilitación a la planta José Antonio Anzoátegui. Fuentes ligadas al sector señalan que su llegada fue para atender con urgencia las continuas fallas en el suministro de agua en los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja, así como en los problemas de potabilización y bombeo.

Rebolledo no ha estado separado de Hidrocaribe en su vida profesional. También fue Gerente corporativo del Acueducto Metropolitano, en 2015, quien llevaba el seguimiento y control de planes, proyectos y obras hidráulicas, así como las inspecciones. En 2009, hizo una inspección contratada en la reparación del sistema del canal de Caratal y en la rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la planta José Antonio Anzoátegui.

Constructora Conkor –la misma ligada a temas de corrupción con asignaciones de contratados de Pdvsa que presuntamente involucra al ex gobernador Tarek William Saab y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente–, aparece también en la hoja curricular del presidente de Hidrocaribe. En 2008 fue ingeniero residente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. También trabajó en SNC-Lavalin, en 2004, otra compañía sacudida por el escándalo por negocios con la estatal petrolera y los impagos de ésta.

En el cargo de ministra de Atención a las Aguas está Evelyn Vásquez y como viceministra de Gestión de Aguas está Siboney Tineo, ambas del círculo de Jacqueline Farías, antigua ministra de Ambiente y promotora de la obra inconclusa de saneamiento del río Guaire, en Caracas.

20 años de olvido

La red de distribución de la región está colapsada. De acuerdo al proyecto dejado por la empresa hidrológica que dirigía el ingeniero Sardi, hace 20 años, se proponía garantizar 6.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora El Rincón y 2.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, lo que cubriría el servicio en la zona metropolitana de Barcelona. Ahora, sin proyección urbanística, un incremento de población zonas rurales con tomas clandestinas y desinversión, el abastecimiento se ha hecho claramente insuficiente.

“El manejo del agua le compete al Estado. Ellos pueden dar una concesión pero la responsabilidad recae sobre sus hombros y han dejado de hacer lo necesario para el mantenimiento de la red de distribución”, señaló. En Anzoátegui, el principal afluente es el río Neverí, que alimenta el canal de Caratal y este, a su vez, las plantas de potabilización José Antonio Anzoátegui y El Rincón. La primera le presta servicio a Barcelona centro y sur, la segunda a los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja y parte de Barcelona.

Es precisamente en el municipio Urbaneja, sector Rómulo Gallegos, que el análisis microbiológico arrojó cero trazas de cloro en el momento de tomarse la muestra (finales de enero) cuando se diagnosticó el brote diarreico.

Un funcionario de ingeniería ambiental del estado Anzoátegui que prefirió no ser identificado señaló que “lo que se puede inferir es que están dando tratamiento pero no dosificado”, cual si fuera una inyección letal.

El cloro es usado para “limpiar” el agua y eliminar cualquier microorganismo dañino para la salud. Su presencia mejora las características organolépticas: sabor, olor y color, que en todo caso debe mantener ciertos estándares para el consumo humano. La norma establece que los índices de cloro menores a 0,1 mg/L son insuficientes para potabilizar el agua. En tal caso, el agua que sale de los grifos pierde sus cualidades y deja de ser insabora, incolora e inodora. En el centro del país, la denuncia masiva de las plantas potabilizadoras que surten de agua a Valencia, capital del estado Carabobo, y a la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, está referida a la calidad del recurso: el agua que sale del grifo es turbia y maloliente.

Pero si el cloro es usado en exceso puede causar daños irreparables a la salud que van desde fallas renales y hepáticas, hasta la incidencia del cáncer de colon, mama, vejiga y pulmón.

Estado de minusvalía

En septiembre de 2018 se reportó una fuga de gas de cloro en la Planta Potabilizadora El Rincón. El peligro inminente de una catástrofe obligó al desalojo de unas 3.000 personas de las comunidades vecinas.

Este no fue el único accidente. La Planta de Bombeo Cuanaguaro que trabaja en la red de distribución de agua estuvo paralizada por varios días tras el derrumbe del canal de Caratal, en agosto de 2018, que sirve a la ciudad de Barcelona. A esto se le suma que, a principios de febrero, explotó la subestación eléctrica Barcelona que dejó sin energía al 75% de la zona norte del estado por más de 72 horas y que, inevitablemente, afecta el suministro de agua potable.

El presidente de Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, José Gregorio Wong, pone sobre la mesa otra hipótesis acerca del origen de la emergencia sanitaria: “Es posible las aguas servidas estén entrando en las tuberías de aguas blancas que no se encuentran presurizadas y se contaminan las aguas que están llegando a las casas”. Explicó que le pidieron a Hidrocaribe que iniciara el protocolo del cerco sanitario del sistema, con una evaluación de la fuente del agua contaminada, y que aplique los correctivos para evitar que siga propagándose. En reuniones para abordar el tema, las autoridades de la hidrológica no han asistido.

Ante la ausencia de políticas públicas para atender la crisis de agua, la gobernación obtuvo directamente de la Organización Panamericana de Salud (OPS), “una considerable cantidad de pastillas potabilizadoras”, 49.600 tabletas en total, que distribuyeron en los ambulatorios con más alta incidencia de afectados y en zonas rurales. El Ministerio de Salud, por su parte, “contribuyó con la distribución de insumos y medicamentos desde el nivel central” antes del brote y repuso en la contingencia, puntualizó el mandatario regional. A la fecha, el brote diarreico había disminuido considerablemente.

La diputada Nora Bracho, presidenta de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional, sostiene que estamos frente a un “estado de minusvalía”, con una infraestructura de las empresas responsables de los servicios públicos prácticamente paralizadas y las obras fracturadas. Recordó que esto no es un tema nuevo, que ya cuando la contaminación de los embalses la entonces Fiscal General, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, habló de la “manera irresponsable en cómo los medios abordaron el tema” y hubo una prohibición por difundir noticias sobre el estado del agua.