Apenas ocho días antes de las elecciones presidenciales, el Comité Tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para afinar los detalles de la jornada que enfrentaría a Nicolás Maduro, candidato a la reelección, con el opositor Edmundo González Urrutia. El encuentro fue encabezado por los tres rectores de tendencia oficialista de la institución: Elvis Amoroso, presidente del organismo; Carlos Quintero y Rosalba Gil. Frente a ellos, repartidos en dos mesas alargadas a los costados del salón, una veintena de funcionarios, con sus laptops desplegadas, parecían escuchar con atención a Amoroso.

A la izquierda de la escena, según se aprecia en las imágenes difundidas por el propio CNE a través sus redes sociales, se encontraba un hombre de unos 50 años de edad, vistiendo ropa deportiva y que posaba su iPhone sobre el mesón. De cabello y barba entrecanos, lucía más distendido que el resto; era la persona que más cerca se sentaba de los jerarcas del CNE. 

Se llama Guillermo Carlos San Agustín. Empresario argentino, San Agustín es el propietario de Ex-Cle, contratista del Estado venezolano desde 2005, pero que a partir de 2017 sustituyó a la cuestionada Smartmatic en el manejo de software, tecnología y servicios para todas las elecciones en el país. 

San Agustín y la propia Ex-Cle hoy guardan un silencio que se puede calificar como asombroso, ante el presumible fraude masivo cometido en los resultados de las elecciones del 28 de julio reciente, que ha dado lugar a una crisis política de escala hemisférica. No solo está en juego la reputación de la compañía, sino la paz de toda una nación.

Pero aún en una coyuntura tan acuciante, Guillermo San Agustín sigue conservando su bajo perfil.

San Agustín es prácticamente un desconocido para la opinión pública, algo que no es recíproco: de hecho, el argentino es una de las personas que más cosas sabe sobre todos los venezolanos. Maneja datos bancarios, de identidad y biométricos, del registro civil y, claro está, electorales. Un verdadero monopolio de la data oficial repartido entre la propia Ex-Cle S.A y su filial venezolana, Ex-Cle Soluciones Biométricas, y alimentado con, al menos, 43 contratos con instituciones como el propio CNE, bancos públicos, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratista (RNC). 

Su presencia en la reunión de alto nivel del CNE ofrece un testimonio del rol particular que San Agustín y su compañía cumplen para el régimen venezolano: el de completar negocios millonarios, de alcance estratégico y componentes tecnológicos, pero siempre al servicio del poder político. Es un papel que San Agustín ha aceptado desempeñar, no sin algún costo: desde 2020 soporta una sanción individual que Estados Unidos le impuso. Pero son reveses que compensa con creces. “En muchas reuniones se presenta como asesor económico del gobierno”, afirma una fuente que conoce al empresario argentino. La fuente, como otras en esta historia, habló a condición de mantener su nombre en reserva.

Entrevistas con una decena de fuentes, realizadas antes y después de la jornada del 28 de julio, así como documentos a los que ha tenido acceso Armando.Info, entre ellos, actas de auditorías de procesos electorales de varios años, ediciones de la Gaceta Oficial y perfiles de redes sociales, permiten ahora diseccionar la anatomía de Ex-Cle, el misterioso proveedor del Estado venezolano que, en la práctica, funciona como una especie de CNE paralelo bajo la única jurisdicción de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos de las figuras más poderosas del chavismo-madurismo, y del rector Carlos Quintero, de cuyo personal de confianza en el CNE -especialistas en software y analistas de redes, entre otros- se nutre la nómina actual de Ex-Cle. 

La gran familia de Ex-Cle

Conocido es que la salida de Smartmatic de la gestión del sistema electoral, en 2017, le abrió paso a Ex-Cle. 

Antonio Mugica, el venezolano fundador y presidente ejecutivo de Smartmatic, denunció en agosto de 2017, desde la nueva sede de la empresa en Londres, que en las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro convocó ese año, se había registrado una “diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades (...) de un millón de votos”. A la postre el chavismo copó las curules de esa Constituyente que no hizo ninguna Constitución, y ese fue el último proceso en que participó Smartmatic, por lo demás, una presencia fija en las elecciones venezolanas desde 2004.  

Pero el relevo estaba preparado. Para ese momento, Ex-Cle no solo podía mostrar una cartera importante de contratos de entes del Estado, incluyendo el propio CNE, sino que se había constituido en un centro de poder. Para ello contaba con el padrinazgo, trino y único, de Jorge Rodríguez Gómez, actual Presidente de la Asamblea Nacional, recurrente jefe de campaña de las candidaturas presidenciales oficialistas y exrector del CNE; de su hermana, Delcy Rodríguez Gómez, hoy Vicepresidenta de la República; y de Carlos Enrique Quintero Cuevas, militar sancionado por Estados Unidos desde 2017 y actual Vicepresidente del CNE. Aunque desconocido por el público, Quintero resulta clave en la terna: encarna el “cerebro” del sistema electoral automatizado, tras dos décadas en las que tuvo cargos tan importantes como los de Jefe de la Dirección de Tecnología de la Información o miembro de la Junta Nacional Electoral.

Guillermo San Agustín es amigo personal tanto de Jorge y Delcy Rodríguez, como del rector Quintero. Estados Unidos no dudó en calificar a San Agustín como “socio” de Quintero cuando hizo pública la sanción contra el empresario argentino y Ex-Cle, en diciembre de 2020. 

Con los Rodríguez la amistad se remonta casi al desembarco de San Agustín en Caracas, en 2005. En esa época, siendo rector del CNE, Jorge Rodríguez otorgó los primeros contratos electorales a la recién llegada Ex-Cle para que se encargara de la “digitalización de fichas dactilares” o las “auditorías sobre las elecciones de alcaldes y juntas parroquiales”, según se comprueba en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). De allí, una cosa, la cercanía con los Rodríguez, llevó a la otra, el vínculo con Quintero, quien ya hacía parte del CNE. 

Años después, ya como alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez benefició en 2009 a Ex-Cle con contratos de modernización de los sistemas de recaudación tributaria, según mostraba la propia compañía en información en su página web que, con el tiempo, ha ido eliminando, según crecieron las suspicacias que opacan su reputación.

“Guillermo San Agustín fue una especie de jefe en la sombra del comando de campaña de Jorge [Rodríguez] para la alcaldía en la elección de 2008”, recuerda una de las fuentes consultadas para este reportaje. Asegura que Guille, como conocen en el entorno cercano al empresario argentino, usa un teléfono que le sirve solo para comunicarse con los Rodríguez.  

Si esa historia de relaciones interpersonales no resultara suficiente, basta con detenerse en el perfil de los principales cargos de Ex-Cle en Venezuela para comprobar la influencia de los Rodríguez y Quintero en la compañía de Guillermo San Agustín. Funcionarios del CNE y otras instituciones de la administración pública rotan hacia Ex-Cle con naturalidad absoluta.

Jorge Renato Nehmer Ibañez, por ejemplo, es Gerente de Operaciones en Ex-Cle desde mayo de 2021, según su perfil profesional en Linkedin. Antes tuvo varios cargos bajo las órdenes de Delcy Rodríguez en su época de Ministra de Comunicación, primero, y luego en su etapa de Canciller. En julio de 2014, Delcy Rodríguez designó a Jorge Nehmer como “coordinador del sistema de control de gestión” para el Ministerio de Comunicación, según la Gaceta Oficial 40.454. En ese mismo despacho, Jorge Nehmer fue Director Adjunto de Tecnología para, luego, de 2015 a 2016, pasar a ser Subdirector de Tecnología en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siguiendo la estela de su entonces titular, Delcy Rodríguez.

Jorge Nehmer es el responsable en Ex-Cle de los proyectos relacionados con el Saime, el Saren y el Registro Civil, detalla una de las fuentes que conoce las operaciones de la empresa. 

Un caso similar es el de Vanessa Sepúlveda Medialdea, encargada actualmente en Ex-Cle del proyecto vinculado a la plataforma de Biopago para el Banco de Venezuela, negocio que la empresa desarrolla con ese banco estatal desde 2018. En junio de 2015, tal y como consta en la Gaceta Oficial 40.682, Delcy Rodríguez designó a Sepúlveda como Directora de Tecnología de la Información de la Oficina de Servicios Administrativos del Ministerio de Comunicación. En 2019, Delcy Rodríguez, ya en su condición de Vicepresidenta de la República, colocó a Vanessa Sepúlveda como directora suplente en la junta directiva de la estatal de telecomunicaciones Movilnet, de acuerdo a la Gaceta Oficial 41.731. “Vanessa Sepúlveda es protegida de Delcy y Jorge [Rodríguez], y fue por eso que la adoptaron en Ex-Cle”, explica la fuente enterada del funcionamiento de la empresa en Caracas.

Esa puerta giratoria, evidente entre antiguos funcionarios del CNE, se acentuó a partir de 2017, tras la denuncia y partida de Smartmatic.

Entonces, "Carlos Quintero se propuso idear una Dirección de Tecnología de la Información paralela”, recuerda un exempleado del CNE, que asegura que unos 20 cargos de confianza de Quintero o ex altos funcionarios de la institución migraron a Ex-Cle en ese momento. 

Uno de los que entonces hicieron la transición es Erich Javier Briceño Fernández, quien laboró en el CNE entre 2006 y 2017, de acuerdo a su perfil profesional en Linkedin. Desde agosto de 2017, justo después de la elección de la Constituyente, se convirtió en Jefe de Proyectos de Ex-Cle. 

Aunque también se ha encargado de diversas funciones en la Vicepresidencia de la República y la Cancillería -ambos, cotos de Delcy Rodríguez-, Erich Briceño fue uno de los responsables de la recolección de las máquinas de votación luego de que los comicios del 28 de julio cerraron. Hoy ronda la sospecha del uso de esos aparatos para una posible impresión ex post facto de unas actas cuyas cifras eventualmente respalden el boletín leído por el presidente del CNE la medianoche del 28 de julio, cuestionado por la oposición venezolana, pero también por observadores de la elección presidencial como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU. 

Otro que cambió de camiseta, pero no de lealtades, es Ángel José Elía Rodríguez, quien trabajó en el CNE desde 2009 hasta agosto de 2017, cuando ya era Director de Soluciones Electorales, tal y como refleja su perfil de Linkedin. Ángel José Elía, junto a su hermano, José Ángel Elía, este, analista de sistema en el CNE, pasaron a servir a Ex-Cle una vez que la compañía argentina sustituyó del todo a Smartmatic.  

Los hermanos Elía Rodríguez sorprendieron a todos en las auditorías que, en 2020 y 2021, técnicos electorales independientes y de partidos de oposición realizaron a los sistemas y a las máquinas de votación del CNE, compradas luego del incendio en un galpón al Este de Caracas que, en marzo de 2020, destruyó las usadas en tiempos de Smartmatic. Entonces, Ángel y José Elía participaron en las auditorías, ya no en representación del árbitro electoral, sino como “asesores externos”, como reflejan las actas de esas revisiones, obtenidas para este reportaje. En ocasiones, hablaron en calidad de voceros de Ex-Cle. “En las auditorías vimos que los ingenieros de confianza de Quintero en el CNE aparecían en representación de Ex-Cle. ¡Todo el core de Quintero ahora estaba en Ex-Cle!”, rememora una de las fuentes consultadas para esta investigación. 

Ese camuflaje de funciones también llamó la atención de Eugenio Martínez, periodista especializado en la cobertura electoral. “No queda claro si José Elía (hermano de Ángel Elía, director de sistemas electrónicos del CNE) actúa como representante de una empresa consultora no identificada o como funcionario del CNE. Insisto: no se sabe quién es el propietario de la plataforma”, publicó Martínez el 15 de octubre de 2020 en la red social X, entonces Twitter. 

Otra de las cabezas de Ex-Cle es Richard Hendry Chirino Torres, encargado de la Gerencia de Proyectos para Soluciones Electorales. Chirino fue Director de Infraestructura del CNE, pero en el proceso del 28 de julio tuvo un papel clave a nombre de Ex-Cle, así como durante los días posteriores a la crisis de credibilidad en los resultados, haciendo las veces de enlace entre la compañía y el árbitro electoral venezolano. 

“Carlos Quintero desarmó la Dirección de Tecnología del CNE y le cedió mucho control a Guillermo San Agustín y Ex-Cle”, resume la fuente conocedora de las actividades de la compañía argentina en Venezuela. Hasta tal punto se desarrolló esa fusión, detalla la misma fuente, que el propio Quintero convirtió la sede principal de Ex-Cle en Caracas, ubicada en una quinta de la urbanización Santa Eduvigis, en su centro de operaciones, lejos de la sede oficial del CNE.  “Ex-Cle paga los sueldos, pero es como si fueran empleados de Quintero”, insiste la fuente. 

San Agustín y Ex-Cle, por su parte, terminaron haciendo uso de recursos del CNE como propios, para ofrecer servicios como el de verificación de identidad que le prestan al estatal Banco De Venezuela. “Ex-Cle utiliza la plataforma del CNE para la comparación de huellas, usan los servidores del CNE, pero lo cobran como si fueran propios”, precisa la misma fuente.  

Argentinos y un criollo 

La arquitectura de la quinta Mary de Santa Eduvigis es también reflejo de la expansión que han logrado Guillermo San Agustín y Ex-Cle de la mano de los jerarcas del régimen chavista-madurista. Lo que en principio era una casa residencial, ha terminado por convertirse en un búnker que incorpora otras tres casas vecinas. Así un sector de viviendas de clase media, tradicional y apacible, en el noreste de la capital venezolana, pasó a tener como vecino inesperado un recinto fortificado que resguarda secretos comerciales y políticos.

La calle donde se ubica la quinta no está del todo cerrada, pero unos conos blancos, varios hombres de negro, un toldo de vigilancia y la cantidad de camionetas estacionadas a lo largo de la cuadra, sirven para disuadir el paso. Los vecinos confirman que esa “casa ha cambiado mucho” en relación a la construcción original, levantada en 1957. En efecto, ha sido remodelada, al igual que las otras tres anexas, hasta hacerlas parecer como si todas fueran parte de un único volumen. Allí se encuentran el centro de datos y las oficinas de Ex-Cle, desde donde no solo atiende el negocio electoral, sino los otros donde actúa la compañía.

Es apenas uno de los signos del poderío económico de la empresa. Un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, elaborado en 2019 y revelado el pasado 8 de agosto por Infobae, al que también Armando.Info tuvo acceso, descubre que solo en 2017 Ex-Cle cobró al CNE cuatro “órdenes de servicios” relacionadas a las elecciones municipales de ese año por casi 71 millones de euros. El año siguiente, en el que tuvieron lugar tanto la también cuestionada elección presidencial en mayo como los comicios regionales, Ex-Cle tuvo al menos 12 contratos con el CNE, tal y como consta en el RNC, que no detalla los montos. 

Por estos días, a las oficinas de Santa Eduvigis solo asiste el personal venezolano que trabaja bajo las órdenes de Guillermo San Agustín. Hernán Sorell, Gerente de Tecnología de Ex-Cle y quien figura en algunas de las actas de auditorías técnicas realizadas por el CNE en varios procesos electorales, así como Javier Nassif, el gerente general de Ex-Cle en Venezuela, ambos argentinos, volaron de regreso a su país. Nassif acompañó a San Agustín en la reunión del Comité Técnico del CNE realizada el 20 de julio, pero salió del país entre gallos y medianoche, dejando atrás la controversia sobre los resultados.

En la estructura patrimonial ideada por Guillermo San Agustín para la operación en Caracas lo acompaña un socio venezolano, Marcos Javier Machado Requena. Formalmente, es el único accionista local que tiene Ex-Cle Soluciones Biométricas, la filial venezolana de Ex-Cle. Por eso mismo, Marcos Machado también fue blanco de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro en 2020. “Machado participa en la gestión y las operaciones financieras de adquisición de máquinas y hardware de votación relacionados con las elecciones adquiridas de proveedores extranjeros para el gobierno de Venezuela, y está asociado con San Agustín y Quintero en la gestión de Ex-Cle”, argumentaron entonces las autoridades estadounidenses en un comunicado. 

El mismo reporte de la UIF menciona un pago por casi 120.000 dólares para Marcos Machado, hecho desde una cuenta corriente de Ex-Cle en Argentina.

En efecto, Machado Requena, de 43 años de edad, se ha ganado la confianza de San Agustín. Pero, además de ser accionista en Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A., figura como propietario de otras dos empresas constituidas en Venezuela junto a socios argentinos distintos a San Agustín. Una es Neométrica C.A., donde comparte sociedad con el ya mencionado Hernán Sorell, para la que también tuvieron figuras jurídicas en Buenos Aires y en Islas Vírgenes Británicas; la otra es Datamap S.R.L, dedicada al mapeo y la geolocalización, como su homónima de Buenos Aires. En la Datamap de Caracas, Machado es socio de Santiago Casaux Alsina y Erica Raymaekers, los accionistas originales de la empresa matriz en Argentina. 

Casaux Alsina, dueño de numerosas empresas en Argentina, tanto del sector informático como de otros, acaba de ser designado por la administración del presidente Javier Milei en las directivas de Nucleoeléctrica y Dioxitek, dos compañías del conglomerado estatal de energía atómica en el país austral.

Machado Requena también es dueño de otras dos compañías que hacen parte del ecosistema de Ex-Cle como prestadoras de servicios: Inversiones Empacados 3000 C.A. e Inversiones Neotecnología 3000 C.A., esta última con sede en el piso 3 del edificio Bonpland, en el centro de Caracas, siempre de acuerdo a los datos del RNC.

Según su expediente, esa oficina también la utiliza Ex-Cle Soluciones Biométricas. Pero en una visita realizada por Armando.Info, se comprobó que en el lugar no hay rótulos de Ex-Cle o de Inversiones Neotecnología 3000; en realidad no se encuentra ningún tipo de identificación que siquiera confirme que allí opera algún tipo de empresa. 

Ni Guillermo San Agustín, ni Ex-Cle, como tampoco Marcos Machado Requena, respondieron a las solicitudes de entrevistas formuladas por correo electrónico para este reportaje. Algo similar ocurrió cuando la organización Transparencia Electoral, junto a representantes de otras agrupaciones, intentaron entregar una petición de información en la sede principal de la compañía en Buenos Aires. El 9 de agosto encontraron que las oficinas del edificio número 1896 de la calle Paraguay del microcentro porteño permanecen vacías. No había quien les diera respuesta. El portero del edificio se limitó a explicar que el personal trabaja de manera remota, haciendo home office. 

Nada ha frenado a Guillermo San Agustín en su expansión con Ex-Cle, hasta ahora subrepticia. Cierto es que, durante las dos décadas en las que ha concentrado el monopolio de los datos y la identidad de los venezolanos, pudo mantener un bajo perfil. Pero tras el presumible fraude electoral del 28 de julio, cuyas características “no tienen precedentes en elecciones democráticas contemporáneas”, según concluye el informe el Panel de Expertos de Naciones Unidas, su nombre ya no puede pasar inadvertido. 

Que todos viajaban con pasaporte venezolano.

En los últimos cinco años, los servicios de seguridad de esos tres países –Líbano, Canadá y Bulgaria- han detectado que individuos pertenecientes a grupos irregulares, extremistas, o a las redes que los apoyan, casi todos provenientes del Medio Oriente, han cruzado sus fronteras con documentos venezolanos. El detalle: algunos de los reportes indican que se ha tratado de pasaportes auténticos, no de falsificaciones.

Cuba y Venezuela mantienen desde 2000 un convenio de cooperación que le ha llevado a firmar contratos en las más diversas áreas, incluso las neurálgicas para la seguridad y defensa del país, como el servicio de identificación de los ciudadanos. En 2003, con asesoría cubana, el fallecido presidente Hugo Chávez creó la Misión Identidad como mecanismo para otorgar cédulas de identidad –requisito indispensable para votar- a más de tres millones de personas, en la víspera del referéndum revocatorio que se celebró el año siguiente.

Un testigo privilegiado de los tratos entre Venezuela y Cuba para los cambios en la identificación civil, el exasesor del Ministerio de Interior, Anthony Daquin, explicó que, valiéndose de esa asesoría, los cubanos pretendían otorgar documentos venezolanos a agentes de inteligencia y miembros de organizaciones radicales, para no despertar sospechas. Recientemente, documentos desclasificados del servicio de inmigración de Canadá confirman que ciudadanos de nacionalidad iraní han cruzado esa frontera y burlado sus sistemas de seguridad con pasaportes venezolanos que han considerado “no apropiados”, una descripción que engloba a quienes viajan con documentos falsos, alterados, robados o que son genuinos, pero han sido expedidos u obtenidos con identidades ficticias.

El hub de La Habana

Algunas de las primeras pistas de este patrón de viajes surgieron hace más de 10 años, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez comenzaba a estrechar lazos políticos y económicos con los gobiernos del sirio Bashar al Assad y del iraní Mahmud Ahmadineyad. En febrero de 2003 fue detenido Hasil Mohammed Rahaham-Alan, quien viajaba con un pasaporte venezolano y llegó al aeropuerto Gatwick de Londres en un vuelo de British Airways, que partió de Caracas e hizo escalas en Colombia y Barbados. El hombre llevaba una granada en su equipaje y su arresto ameritó la evacuación del terminal y el movimiento de militares. Habían pasado apenas dos años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York y el transporte del explosivo causó alarma y retrasos en los vuelos.

Dos años más tarde, en 2005, fue detenido Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de la guerrilla colombiana de las FARC. Aunque Washington se desligó de la operación de captura ejecutada por Colombia en territorio venezolano, el reclamo a Caracas por haber albergado al terrorista, expresado a través de una nota del Departamento de Estado, contenía una revelación: “Urgimos al gobierno del presidente Chávez a que explique por qué permitió a un alto terrorista de las FARC movilizarse libremente dentro de su territorio y que inclusive obtenga pasaporte venezolano”.

Tras los atentados terroristas en Estados Unidos y Europa se extremaron las medidas de seguridad. La Organización de Aviación Civil Internacional (IATA por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza) estableció que todos los países debían emitir pasaportes electrónicos, con chips que contienen datos biométricos (como las huellas dactilares), a más tardar en 2010.Venezuela comenzó a emitirlos en 2007, de la mano de su principal aliado político, Cuba, que delineó cómo debía ser la modernización de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, la antigua Onidex, para dar paso al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el actual Saime.  Bajo la tutela antillana, las compañías proveedoras de los pasaportes biométricos fueron contratadas con la participación de funcionarios de Copextel, la corporación pública cubana encargada de importar y comercializar productos electrónicos y tecnológicos para la isla, cuyo manejo ha estado históricamente ligado a los militares de ese país.

La isla, que no aparece en el radar de los rankings de países con más tecnología de electrónica y biométrica y que, en correspondencia con ello, no cuenta con capacidad técnica para fabricar estos materiales y diseñar los programas informáticos, se convirtió en un intermediario de estos servicios. En 2005 creó la empresa Albet Ingeniería y Sistemas, el brazo comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), a la que Venezuela compra buena parte del software de la administración pública, en especial, el que usan el Ministerio de Interior y sus organismos adscritos, como el Saime, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el servicio de emergencia y el de las policías.

José Lavandero García, el cubano que diseñó el Saime y los sistemas de expedición de documentos, es vicerrector de la UCI, casa de estudios que depende del Ministerio de Informática y Comunicaciones de la isla, encabezado por el general Ramiro Valdés, quien también fue ministro de Interior y es considerado el artífice de los servicios de inteligencia cubanos.

“A Cuba le interesa colocar agentes en Estados Unidos, Venezuela, México y España, donde se concentra la diáspora de la isla, para multiplicar la presencia de su servicio de espionaje. También venden esa información a otros países, a grupos extremistas o religiosos, que a través de la isla tienen medios para infiltrar”, explica Anthony Daquin, ingeniero venezolano, desde Estados Unidos, donde pidió asilo político luego de –asegura- recibir amenazas por criticar la injerencia cubana en la identificación. Relata que comenzó a trabajar con sistemas de identificación inteligentes en 1992. Entre 1999 y 2004 fue empleado de una contratista de seguridad del Ministerio de la Defensa, del que aún conserva las credenciales que le permitían ingresar a las instalaciones militares. Luego de trabajar en dos empresas más del área que prestaban servicios al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, se convirtió en asesor del organismo.

Daquin asegura que miembros de grupos terroristas como Hezbolá, Hamas y las FARC viajan con doble identidad sin causar alarmas, pues poseen un pasaporte que les permite entrar en Europa y gran parte de América sin necesitar visa de turista. Un pasaporte vinotinto.

Hubo una alerta temprana en la región. En 2008, cuando los pasaportes electrónicos venezolanos tenían apenas un año de circulación, el entonces director de Inmigración de Costa Rica, Mario Zamora, observó un flujo constante de árabes que viajaban con pasaporte venezolano y se lo comunicó a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en San José. El hecho fue reseñado en uno de los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks en 2011. La representación diplomática sugirió alertar a la embajada en Caracas y al servicio de inmigración sobre esta práctica que podría enmascarar o facilitar los viajes de terroristas a Estados Unidos.

Gatos venezolanos por liebres iraníes

Un informe de julio de 2012, desclasificado por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, detalla las atípicas características de la migración de iraníes hacia ese país entre 2009 y 2011. A las autoridades les llamaba la atención cómo burlaban los controles y sus posibles nexos con el crimen organizado. El reporte advierte que, si bien muchos son detectados, los iraníes tienen un alto porcentaje de éxito al entrar con documentos “no apropiados”: uno de cada tres de ellos lo logra y solicita asilo en el país. Los oficiales mencionan la participación de funcionarios del aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, y de personal de las líneas aéreas para facilitar los viajes de iraníes. “En los últimos tres años, las principales ciudades de embarque de personas con documentos inadecuados que llegaron a Canadá fueron: Ciudad de México, México; Londres, Inglaterra; Caracas, Venezuela, y Frankfurt, Alemania”, señala el documento.

Con este informe como base, el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), un organismo para el estudio de temas de seguridad y defensa con sede en Washington, inició una investigación cuyos resultados publicaron en junio pasado en el informe Canadá en guardia: Evaluando la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria. Los autores, Victoria Henderson, Fernando Menéndez y Joseph Humire, señalan que las autoridades venezolanas emitieron, entre 2008 y 2012, al menos 173 pasaportes, visas y otros documentos a islamistas radicales que buscaban entrar sin despertar sospechas a América del Norte. También encontraron evidencia de que Irán colabora con Cuba y Venezuela para explotar las debilidades del sistema de inmigración canadiense. Pero no solo iraníes han tomado ventaja. El informe asegura que también sirios y libaneses relacionados con Hezbolá se han hecho de identificaciones venezolanas.

Los investigadores aseguran que Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua, es el puente para los extremistas de Medio Oriente. Según esa versión, El Aissami habría facilitado documentos a los terroristas mientras estuvo al frente del Ministerio de Interior, entre 2008 y 2012, y habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento de esos grupos. “Tiene redes que atraviesan Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania”, precisa Humire, director del SFS, que condujo la investigación. “Desde finales de 2012 recolectamos información e hicimos viajes a Venezuela y otros países. Vimos documentos de identidad de diferentes tipos otorgados a irregulares: pasaportes legítimos, certificados de nacimiento, cédulas, registros del Seguro Social”.

Humire afirma que las autoridades estadounidenses están al tanto de la situación desde hace varios años. Jaime Ruiz, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), servicio adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, no confirma ni niega que haya ciudadanos provenientes del Medio Oriente que viajen con documentos venezolanos a ese país. Señaló que todos los puntos fronterizos están protegidos ante amenazas como esta.

Estados Unidos ha establecido sanciones a algunos venezolanos de ascendencia siria y libanesa por sus presuntos nexos con Hezbolá. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Ghazi Nasr al Din y Fawzi Kanaan, a quienes acusó de solicitar donaciones y facilitar viajes a la organización terrorista, razón por la que congelaron sus bienes y prohibieron a empresas o ciudadanos de Estados Unidos hacer negocios con ellos. Nasr al Din fue funcionario diplomático de Caracas en la Embajada en Damasco y luego ocupó un cargo directivo en la representación en Líbano. Cuatro años después, el gobierno estadounidense desarticuló una red de lavado de dinero del narcotráfico para Hezbolá encabezada por Ayman Joumaa, que tenía vínculos con los venezolanos-libaneses Abbas Hussein Harb, Ali Houssein Harb y Kassem Mohamad Saleh, dueños de empresas en Venezuela y Colombia a través de las cuales operaban.

Modus Operandi del Alba

En abril se revelaron más detalles del atentado con bomba que mató a cinco turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, el 18 de julio de 2012.  La periodista Ana María Luca, del site Now, que cubre historias del Medio Oriente, afirmó que el cuarto miembro del grupo que perpetró el ataque, considerado el autor intelectual, usó un pasaporte venezolano para a entrar a Bulgaria desde Turquía. Aunque las autoridades no precisaron la nacionalidad del hombre, el FBI lo relaciona con Hezbolá y sus agentes en Líbano. “Cuatro hombres, de cuatro nacionalidades, viajan a Bulgaria desde cuatro continentes diferentes (por cuatro fronteras) sin aparente conexión entre ellos. Hacen seguimiento a los vuelos, ven cuáles autobuses usan los turistas israelíes, monitorean los hoteles y diseñan un plan. Toman ventaja de la falta de seguridad en el pequeño país balcánico y el hecho de que sus fuerzas de seguridad no tienen experiencia en lidiar con bombardeos suicidas. Fácilmente volaron el autobús”, escribió Luca.

Otro hombre con un pasaporte venezolano estuvo entre los terroristas que secuestraron a siete ciclistas de Estonia en la ciudad de Zahlé, al este de Líbano, el 23 de marzo de 2011. “Wael Abbas, clave detrás del secuestro de los siete estonios, había viajado a Qatar desde el aeropuerto de Damasco, con un pasaporte venezolano auténtico”, señaló entonces el diario libanés The Daily Star, que citó a fuentes de seguridad de alto rango. La investigación reveló  que Abbas esperaba un pago de 120.000 dólares, pero solo recibió 40.000 por la autoría intelectual del secuestro, en coordinación con agentes de inteligencia sirios.

En una intervención en la audiencia del 9 de julio de 2013 ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos, Humire y otros expertos en seguridad de think thanks estadounidenses expresaron que no solo Venezuela emite pasaportes a personas ligadas a grupos irregulares, sino que es una operación orquestada con los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), especialmente Bolivia y Ecuador.

Como si se tratara de una franquicia, Cuba extendió los servicios de identificación electrónica a otros países de la región, especialmente a los de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Las cláusulas de los contratos en Venezuela le permitían comercializar los programas en otros países, así que el régimen cubano aprovechó el trampolín para extenderse en el vecindario. Argentina y Bolivia, a través de decretos presidenciales, pusieron también en manos de Cuba el manejo y diseño de sus sistemas de identificación electrónica, que en esos países opera con la empresa Datys.

En Argentina, los antillanos contribuyen desde 2011 a la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, que pretende recabar los datos de los 40 millones de argentinos para la prevención del crimen. En Bolivia, su presencia es rastreable desde 2009, cuando un decreto del presidente Evo Morales autorizó la contratación directa de Datys para la elaboración de los pasaportes de lectura mecánica, tanto los regulares como los diplomáticos. Con este alcance regional, la isla es capaz de manejar los datos de identidad de cerca de 80 millones de personas en la región.

Las credenciales diplomáticas también

Un pasaporte diplomático salvó al cónsul venezolano Hugo Carvajal Barrios de una larga condena en las cárceles de Estados Unidos, país que le acusa de colaborar con el tráfico de drogas. A finales de julio, luego de cinco días de arresto en Aruba, donde representaba al gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue liberado porque Holanda reconoció su inmunidad diplomática. Así de importante resulta este documento.

Aunque en Bolivia los cubanos elaboraron los pasaportes diplomáticos desde el principio de su contrato, fue hace dos años que comenzaron a hacer los pasaportes de este tipo para la Cancillería venezolana. Seis empleados de la cancillería consultados aseguran que desde entonces sustituyeron el viejo librillo de tapa dura, escrito a mano por un par de caligrafistas en la planta baja de la Casa Amarilla, con sellos lacrados y una cinta tricolor que unía las hojas.

Las fechas coinciden. La edición de la revista científica de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba de noviembre de 2013, despliega el artículo Capa de procesos del sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones de Venezuela, en el que Idia Herrera Rivero y Annie Cubas González, del Centro de Identificación y Seguridad Digital, disertan sobre las modificaciones que se hicieron en el sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, de servicio y acreditaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

“Era necesario cambiarlos porque el anterior pasaporte no tenía muchas medidas de seguridad. En Asia lo revisaban y mandaban a llamar a otra persona para chequear que fuera auténtico”, dice un funcionario. Recuerda que el cambio comenzó en 2011, cuando el Saime abrió una oficina en el edificio de la Cancillería para la expedición de cédulas y documentos de viaje, que luego se instaló definitivamente en la Casa Amarilla.

Herrero y Cubas analizaron las debilidades del antiguo sistema de emisión de pasaportes diplomáticos, que son otorgados por ley a las cabezas de los poderes públicos, responsables de misiones diplomáticas y a sus familiares. Luego de entrevistar a los funcionarios del Área de Pasaportes Oficiales, determinaron fallas como poca confiabilidad de registro de la información manuscrita en los libros; retardos en la transcripción y recuperación de datos en el sistema y falta de control sobre la expedición de pasaportes en años anteriores. Justifican el cambio, hecho a través del convenio Cuba-Venezuela, con la descripción del siguiente escollo: “Los mecanismos de seguridad que se tienen en cuenta para realizar la solicitud y el enrolamiento de los pasaportes diplomático y de servicio, son insuficientes, pues no se realiza validación de los datos capturados ni de la identidad del titular, lo que constituye un riesgo”.

La solución informática que crearon consiste en un módulo de citas para la solicitud del documento, que aparece en la intranet de la Cancillería, en la que los funcionarios deben inscribirse para luego ir a la Casa Amarilla, al departamento de Protocolo encargado de los pasaportes, a que les tomen los datos y la fotografía. “He visto a cubanos de seguridad, que sabemos que son los guardaespaldas del ministro, viceministros y directores, en la misma oficina haciendo la cola para sacarse el pasaporte diplomático”, afirma una empleada del organismo. Otra recuerda que desde 2005, con Alí Rodríguez Araque como ministro y luego con Nicolás Maduro al frente, comenzaron a verse más cubanos en los pasillos del despacho. “Decían que venían como asesores de la reestructuración”, recuerda.

Un tercer funcionario refiere que la primera vez que obtuvo el documento diplomático electrónico no lo atendió el personal de costumbre y ya no vio a los caligrafistas. “Una mujer con acento cubano hizo el papeleo interno, llenó los datos en la planilla y la firmó”. El conocimiento del régimen cubano sobre los datos de identidad y los documentos de los venezolanos se extiende también al de las posiciones de los funcionarios en el servicio exterior. Un manejo que ya ha encendido muchas alarmas.

“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”, dice Anthony Daquin, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerio en materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explica el exasesor.

Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportes venezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otros extranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado”.

La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto. También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.

La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es Albet Ingeniería y Sistemas. Ante sus limitaciones operativas y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.

Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado por el gobierno de Cuba.

Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza Miguel Torrealba, profesor del departamento de computación de la USB y experto en seguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”, añade.

El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras, históricamente ha sido vulnerable. El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices. En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.

Decisión binacional

En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentos a los que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso a la data.

El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.

Durante la gestión de Jesse Chacón, como titular del despacho de Interior y Justicia, se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software para manejarlas. También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede del Saime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.

Secreto

El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se advierten desde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primera vez que conversa –desde un lugar en Estados Unidos– sobre la información a la que tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque –asegura– fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubana en asuntos como la cedulación.

El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a las instalaciones y sistemas del Saime para los trabajos asociados a la implementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”.

“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”, aclara otra cláusula.

Caro y tardío

Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.

La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente que han adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema de registro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitación pública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional, México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por 51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.

El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades venezolanas han aplazado la fecha. Dante Rivas, director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no está en ejecución.

Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de los antillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de que los cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al final Venezuela pague más por los proyectos”, dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado. “Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano. Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde las oficinas públicas.

Licitación antillana

Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni el software para introducir la información en los chips y manejar el sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.

Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba a participar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdo con el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.

Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de la propuesta técnica y económica. Al final de la misiva, Albet adjuntó un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se encontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda.

Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde y cuándo se hizo. En los registros venezolanos no aparece ningún llamado a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, mediante el correspondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 de febrero de 2008, a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales, entonces director de Identificación y Extranjería.

Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela trabaja para la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.

Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina. Asegura que esta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos en la contratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba”, asegura. Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su participación.

"Cliente final”

El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará los bienes y servicios transados. Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, director general de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto en México. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato con chip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en Venezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet, como al cliente final.

El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por el cliente final”, aclaran. Extrabajadores del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesite ajustar el software o renovarlo, tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsos nuevamente.

En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó problemas. Los extrabajadores de la institución señalan que, cuando presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidos de sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.

En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que los funcionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervención cubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica. Otros señalan que el grupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.

El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer los programas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En la comunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analiza las leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algo que no establecen los contratos firmados con Albet. Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y les dejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”, concluyeron. Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.

“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de la sede del Saime y solo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin. Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interrogante.