Mientras fue propiedad del empresario carabobeño Ricardo Degwitz, Notitarde llegó a ser el segundo diario de mayor circulación en Venezuela, según el Comité Certificador de Medios (Ccmaf) de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda) y la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad (Fevap). Es un mérito doble si se considera que lo consiguió en una ciudad de provincias, aunque importante y con gran actividad económica hasta no hace mucho. Cualquiera que haya sido la fórmula para ese éxito, en manos de Carrasco se perdió: el diario circula cada vez menos y en lo periodístico se ha convertido en poco más que un órgano de propaganda de la gestión de Francisco Ameliach, el también ex oficial militar que acaba de dejar su cargo de gobernador de Carabobo para unirse a la Asamblea Nacional Constituyente. 

El nombre de Ramón Carrasco sale a relucir tres veces cuando se cruza el listado de empresas en el Registro Nacional de Contratistas -una base de datos que ha sido descargada por el equipo de Armando.info para la realización de una serie de reportajes donde se incluye el presente- con los nombres de los militares dentro de la administración pública proporcionado por Vendata, un proyecto de liberación de información de la Gaceta Oficial de Venezuela. 

Sus tres empresas tienen como objeto social la administración de medios de comunicación: Inversiones La Ría, donde aparece como director; Publicaciones Degal, C.A, donde es vicepresidente, y Editorial Notitarde, C.A, en la que figuró desde la compra en el año 2015 como vicepresidente hasta que, en la asamblea de accionistas del 9 de diciembre de 2016, toma el cargo de presidente. Las últimas dos compañías tienen por sede en el mismo edificio en Valencia. Mientras en los primeros pisos el militar maneja un periódico, en los últimos lleva una empresa de impresión de revistas en papel glasé o mate.

Ninguna de estas compañías tiene contratos con empresas del gobierno pero sí contratan entre sí y con empresas privadas. Publicaciones Degal tiene como uno sus clientes a Editorial Notitarde, C.A, por ejemplo. En estas empresas también se repiten los nombres de los empresarios, Juan Manuel Tome Fernández, José Rodríguez y Fabián González Vásquez.

En las primeras reuniones que Carrasco tuvo con el equipo de la redacción de Notitarde expresó que, a pesar de que su experiencia laboral se limitaba al área administrativa y militar -o quizás por ello-, su deseo era el de aprender de los periodistas. Sin embargo, dos años después de su llegada parece que los trabajadores del medio han sido los formados: seguimiento de órdenes, ningún derecho a disentir, jerarquía lineal, cumplimiento estrictos de horario y rápidas resoluciones sin importar razón y consecuencias. “‘No oigo, no veo, no siento’ parece ser la nueva norma del periódico” dice una de las ex redactoras del diario.

Periodismo a discreción

“Nosotros queremos trabajar con nuestra misma gente”, aseguró Carrasco en julio de 2015, a poco tiempo de su llegada, cuando le solicitó poner el cargo a la orden a la jefa de redacción de la corresponsalía en Caracas, Lucy Gómez. La frase se fue repitiendo a lo largo del tiempo hasta desmantelar casi por completo la corresponsalía y reducir considerablemente el número de trabajadores en la sede en Valencia.

La orden era sencilla: a todo aquel que no siguiera la nueva política del periódico se le entregaba su cajita feliz -plan de liquidación con incentivos-, una indemnización suficiente para irse sin problemas. Y Carrasco Oropeza, como buen militar, era el encargado ideal para poner en práctica ese plan.

En el registro mercantil de Editorial Notitarde, C.A la venta queda oficializada en la asamblea de accionista realizada el 10 de febrero de 2015 donde la Corporación Noti-libre C.A vende todas sus acciones a La Ria Comunicaciones, sociedad mercantil inscrita el 12 de diciembre de 2014, justo dos meses antes de la compra, y representada por José Rodríguez Álvarez, empresario conocido en Valencia por ser propietario de uno de los hoteles con más renombre en la ciudad, el Hesperia. Según el registro mercantil de la editorial, Carrasco comenzó siendo principal, pasó luego a la Vicepresidencia, para terminar asumiendo la presidencia a finales de 2016.

Sin embargo, sin importar su rol en los papeles del registro mercantil, Carrasco siempre ha sido la cara visible de la nueva administración del negocio periodístico. Rodríguez sólo se presentó en sus inicios como el nuevo dueño pero su presencia fue limitada. Durante 2017, en la redacción, se han escuchado rumores de una nueva venta sin haber aún confirmación en papel.

La bota detrás del escritorio

Aunque Carrasco Oropeza ha pasado por diferentes cargos durante el chavismo, no ha estado en el centro de atención ni ha ocupado grandes puestos políticos. Su trabajo se ha limitado al área administrativa. El militar, ahora en retiro, se graduó en 1985 como integrante de la promoción General de Brigada Lucas Carvajal”. Algunos de sus condiscípulos en esa añada fueron Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y actual ministro del Despacho de la Presidencia; Pedro Carreño, constituyente y ex diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y Jesús García Toussaintt, ahora Ministro del Poder Popular para Transporte.

Uno de los primeros cargos de Carrasco en la administración castrense del chavismo fue la presidencia suplente del comando terrestre de logística de la Comandancia General del Ejército. Así quedó designado el 17 de junio de 2007, según se refleja en la Gaceta Oficial 38.695. Meses más tarde, en la Gaceta Oficial 38.737 del 1 de agosto de 2007, asume la Dirección General Sectorial de Administración del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Carrasco gana notoriedad al formar parte del gobierno en el estado de Vargas -litoral central del país- del general Jorge Luis García Carneiro. Para el año 2012 era el presidente de la empresa estadal socialista Transporte Urbano de Vargas (Transurvar) y también fue Secretario Sectorial de la Salud de la gobernación de ese estado hasta julio de 2014, cuando fue destituido y nombran en su lugar al general Moisés Montero Ferrer.

A diferencia de otras figuras del chavismo de cuartel, Carrasco no tiene presencia en redes sociales. Hay una cuenta de Twitter que parece haber pertenecido a él, que no se actualiza desde mayo de 2014, donde se describe como “revolucionario” y sólo aparecen un par de trinos referentes a su gestión en Vargas. Tampoco parece ser fanático de las fotografías; empleados de Notitarde cuentan que son contadas las ocasiones en que se para frente a una cámara.

Una de esas raras ocasiones en las que la lente fotográfica lo captó fue el 17 de agosto de 2016, en la celebración de las cuatro décadas del periódico. Allí expresó sentirse orgulloso por la labor de los trabajadores. Aseguró que “con amor fraterno de familia” harían lo mejor posible para sacar adelante al diario. “En las vicisitudes siempre hay que ser optimistas y por eso no debemos desfallecer”, dijo en sus palabras al personal del rotativo. Sin embargo, en las conversaciones con trabajadores y ex redactores del diario ese amor fraterno no se ve correspondido. Al preguntarle a una ex redactora del medio cómo describiría a Carrasco, su respuesta fue: “No es un persona que inspira el mismo respeto que Degwitz, el dueño anterior”. Otros lo describen como una persona cortés, lejana pero interesada en aprender el funcionamiento del entorno periodístico. Más allá de sus atributos personales, la suya es una experiencia única: la bota militar logró pisar fuerte hasta en una redacción. Los resultados de esta gestión quizás den oportunidad para parafrasear el proverbio y comprobar que el periodismo militar es al periodismo lo que la música militar a la música.

Como militar y empleado público, Vicari Méndez tiene prohibido “celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro con la República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales”, según el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ocurrió.

Los 406 contratos de Proveeduría Médica VDS, una de las mayores beneficiadas de su ramo, han sido hallados después de sistematizar toda la información pública del RNC en una base de datos elaborada por Armando.Info. Y además pueden cotejarse con la lista exhibida en el portal del RNC, que estuvo disponible para consultas públicas hasta el 30 de junio de 2017.

Con dólares preferenciales un funcionario importó con profusa regularidad material de osteosíntesis, prótesis, placas, tornillos, clavos y otros insumos para intervenciones de traumatología, para luego venderlos al Ministerio de Salud, a fundaciones y entes dependientes de otros ministerios, al Hospital Universitario de Caracas (donde el especialista trabaja desde 2003), a empresas aseguradoras y a centros privados de salud.

Ganancias súbitas

Creada el 16 de octubre de 2002 en Caracas, las actividades comerciales de Proveeduría Médica VDS, C.A, sin embargo, comenzaron en 2005. Al año siguiente sus estados financieros exhibían robustos ingresos, y así se mantuvieron durante cinco años más.

En 2008 tuvo quizá uno de los mejores desempeños, porque rubricó 217 contratos con el Ministerio de Salud entre agosto y diciembre, durante la gestión de Jesús Mantilla, también oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Vicari Méndez llegó a la empresa en junio de 2005, como director médico, pero ya estaba vinculado a ella desde su creación. Tres años antes había aportado 1 millón de bolívares en efectivo (cheque) para completar el capital inicial de la compañía. En 2008 se convirtió en socio al adquirir 50% de las acciones y convertirse en el gerente ejecutivo. La otra mitad quedó en manos de Decia Morelia Duque Matheus, quien ingresó el mismo año que él para desempeñarse como gerente de administración y en 2006 se convirtió en accionista.

Los ingresos disminuyeron en 2010 debido a la caída de los precios del petróleo venezolano. Pero en los siguientes cuatro años logró quintuplicar sus ingresos. De hecho, entre marzo de 2009 y noviembre de 2011, Proveeduría Médica VDS importó instrumentos médico-quirúrgicos desde Brasil, Alemania y Estados Unidos por 276.000 dólares, como puede comprobarse en los registros de Import Genius, una base de datos de importaciones y exportaciones internacionales, que se nutre del Departamento de Aduanas de Estados Unidos.

Además de haber conseguido numerosos contratos, también obtuvieron dólares preferenciales. La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), creada en 2003 por el gobierno de Hugo Chávez para regir el control cambiario instaurado ese año, y que aún sigue vigente bajo el nombre de Cencoex, le liquidó a esta empresa 383.288 dólares hasta 2012.

Arte y parte

El Ministerio de Salud fue el ente del Estado con el que VDS firmó más contratos, pero no se casaron exclusivamente con ellos. También fueron proveedores del Hospital Universitario de Caracas (suscribieron al menos cinco contratos entre marzo de 2009 y agosto de 2010), de Pdvsa, del Ministerio de Comunas, de Agricultura y Tierras, de Obras Públicas y Vivienda, del Banco Central de Venezuela y de las fundaciones, también gubernamentales, Negra Hipólita, Pueblo Soberano, Vicente Salias y Oro Negro.

Esta última está adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo. Desde 2008 adquiere material médico y quirúrgico para Misión Barrio Adentro (el programa bandera creado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2003) y gestiona ayudas médicas. Desde 2008 trabaja allí uno de los exsocios fundadores de VDS: Rayco Antonio Santana Jiménez, quien luego de ocho años vinculado a Oro Negro fue designado director de Administración y Financiamiento de la fundación, cargo publicado en la Gaceta Oficial del 4 de enero de 2017.

Vicari Méndez, por su parte, trabaja en el Hospital Universitario de Caracas desde 2003. Actualmente es médico adjunto del servicio de Cirugía de la Mano del hospital, a donde suele acudir los lunes y viernes para cumplir con sus obligaciones. Entre los médicos del piso 6 es visto como un adjunto más, que labora también en otro hospital y que cuenta con una casa de representación; “eso dicen”, comenta un especialista.

No es común que un médico tenga su propia empresa importadora de insumos, con la que comercialice el material que use en cirugías de rutina. Traumatólogos consultados, con décadas en ejercicio, coincidieron al decir que no es el “deber ser”. Otros más jóvenes, cursantes de alguna especialidad, no lo ven mal sino como una posibilidad para el ingreso extra, en un país dominado por una inflación de tres dígitos. Aunque la verdad es que los importadores privados de insumos médicos han quedado reducidos al mínimo, y sustituidos por empresas chinas que negocian ventas directas con el gobierno venezolano. VDS pudiera ser un ejemplo.

Vicari, como funcionario del Ejército, también es médico titular del Hospital Militar Vicente Salias Sanoja, ubicado dentro de Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante de Caracas, al suroeste de la ciudad. Y desde 2014 preside la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano. Adicionalmente, ejerce la medicina privada en dos clínicas que también han sido clientes de VDS.

Como militar activo, su hoja de servicios exhibe varios reconocimientos de la Dirección de Salud de la FANB (2011), de la Guardia de Honor Presidencial (2007), de la Dirección de Sanidad Naval y otros tantos, que deja ver en su perfil profesional.

En 2012 el ministro de la Defensa del momento, Henry Rangel Silva, lo ascendió al grado de Mayor del Ejército y cuatro años más tarde, en 2016, el actual titular, Vladimir Padrino López, lo ascendió a Teniente Coronel, ambas en la categoría de asimilado.

El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal señala, en su numeral 4, que la celebración de contratos por funcionarios, por persona interpuesta o en representación de otro, con entes y organismos del poder público nacional, estadal, municipal o distrital, pueden generar responsabilidad administrativa. Vicari Méndez no consideró que era necesario asesorarse jurídicamente cuando decidió sumarse a una empresa contratista del Estado siendo funcionario.

Su historia, como él mismo la describe, es la de un médico que quiso participar en una “empresa pequeña, familiar, en un equipo de emprendimiento” para tener un ingreso extra. Asegura que todos los trámites en la empresa eran legales, transparentes, que no había nada irregular y por ello no vio problema alguno en formar parte de ella siendo militar.

Su ingreso como director médico se debió a la necesidad que tenía la compañía de gestionar el registro sanitario para importar y vender los insumos médicos e instrumental quirúrgico que utilizarían para las cirugías. Vicari Méndez no considera como un conflicto ético o una irregularidad que su empresa le haya vendido el material al hospital donde trabajaba. “Eso depende de quién lo mire y cómo lo mire. Si tengo un paciente con un requerimiento, si no hay el material, pero yo sé dónde sí lo hay, lo busco. ¿Qué hago? ¿No lo opero?”, afirma el especialista.

Desaparecida del sistema

De ser una de las empresas que firmó más contratos, VDS también pasó a ser uno de los proveedores que heredó deudas con el despacho de Salud. No fue la única. Vicari recuerda que en la misma situación se encuentran unas 791 empresas, a las que el Ministerio no les cancela por no tener presupuesto para eso. Esa fue la respuesta que obtuvo la empresa en varias reuniones con representantes del despacho.

El incumplimiento de los pagos del Ministerio acumuló una deuda, entre 2011 y 2013, que llegó a Bs 17.369.540. Sin embargo, en 2014 debió honrarse una parte equivalente a 7 millones de bolívares, aproximadamente, a juzgar por los estados financieros de la empresa, incluidos en el expediente archivado en el Registro Mercantil I de Caracas.

Proveeduría Médica VDS pasó a estar inhabilitada para contratar con el Estado, por no actualizar sus datos en el RNC. El abogado de la compañía, Erwin Dugarte, sostiene que se ha mantenido activa, vendiendo a particulares el poco stock que le queda (unas prótesis muy específicas), pues no tienen cómo importar material. Acerca de la deuda del Ministerio de Salud dice desconocer el estatus. “Yo me encargo de la parte legal, no sé nada sobre eso”.

Vicari Méndez renunció a su cargo como gerente ejecutivo en febrero de 2014. Tres años después de haber tomado esa decisión, asegura no saber si la empresa sigue, o qué ha pasado con ella. Después de haber transcurrido tanto tiempo, dice, espera no tener problemas asociados a su paso por la empresa, de la cual aclara no haber obtenido ningún beneficio ni haberse enriquecido por sus ganancias. Afirma que vive alquilado y no posee mayores bienes.

“Dejé eso porque no valía la pena seguir allí, no valía la pena afectarme mi carrera. Estoy desconectado totalmente”, señala el médico asimilado. Descarta la posibilidad de haber sido una empresa favorecida con contratos por tener en su directiva a un militar.

Vicari vendió sus acciones a Decia Duque, con quien mantiene un vínculo familiar; ambos tienen un hijo en común. Duque es la actual directora gerente, con el 100% de las acciones. A pesar de haberse mostrado dispuesta a hablar sobre la empresa en un principio, terminó por rechazar la entrevista solicitada y remitir cualquier inquietud a su abogado Erwin Dugarte.

Dugarte justifica los 406 contratos suscritos por VDS con el argumento de que la empresa era “única” que tenía ese tipo de insumo médico y quirúrgico de traumatología para el momento, por lo que “resolvió un problema que ya no puede resolver porque no tiene stock”. Pero en el gremio de importadores de insumos médicos no se le recuerda así.

El abogado descarta cualquier irregularidad vinculada a la presencia de un militar en la directiva de la compañía, mientras fue contratista del Estado. “El doctor Vicari es militar pero no de carrera, es asimilado porque es médico, eso no tiene nada que ver. Una vez que comenzó a vender sus equipos yo lo retiré de la empresa, en el año 2014. Cada quien puede tener la empresa que quiera. Él es asimilado, los asimilados pueden hacer lo que quieran porque él no es militar activo”. Y agrega: “el asimilado está totalmente separado del activo. Son dos cosas totalmente diferentes. El militar activo maneja armas. Los asimilados no maneja armas, son profesionales de cualquier carrera que prestan servicios a la Fuerza Armada”, dice Dugarte.

Sin embargo, los estados financieros de Proveeduría Médica VDS lo contradicen. La compañía vendió insumos al Estado mientras el militar asimilado estuvo en la directiva. Y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también. Los artículos 89 y 92 hablan sobre los asimilados y los incluyen dentro de la clasificación de personal militar.

Con base en esos artículos de la Ley, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, asegura que los asimilados no solo forman parte íntegramente de la Fuerza Armada Nacional (FAN), sino que tienen las mismas obligaciones y límites con respecto a la FAN, como cualquier integrante militar, “entre ellos la prohibición de contratar con el Estado, directa o a través de interpuesta persona. El personal asimilado tiene las mismas obligaciones respecto a la Ley de Corrupción”, precisa.

En todo caso, los ascensos recibidos en 2012 y 2016 dan cuenta de su carácter activo, y en 2012 Vicari aún formaba parte de la compañía.

Tras renunciar a sus acciones en VDS, Vicari y Duque no se han mantenido del todo alejados laboralmente. VDS ha patrocinado y apoyado los congresos que la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano ha organizado en 2014 y 2015, y que es presidida desde hace tres años por Vicari. El evento que estaba previsto para el pasado julio de este año, con médicos extranjeros invitados (como en los anteriores) fue suspendido. La sociedad “está quebrada”, indica Vicari.

El historial de Proveeduría Médica VDS, con información pública que podía ser consultada vía online en el portal web del Registro Nacional de Contratistas, desapareció el viernes 30 de junio. Se mantuvo visible y disponible al público durante los cinco años que estuvo inhabilitada (desde 2012), hasta que su búsqueda fue bloqueada en el sistema. Ya no es posible ver ni siquiera la ficha con los datos generales de la empresa.

Con todo, sorprende comprobar que en los últimos diez años, al menos 785 oficiales han sido contratistas del Estado. Es la cifra que surge al cruce de la lista de empresas incluidas en el Registro Nacional de Contratistas –una base de datos que ha sido descargada y procesada para esta serie de reportajes que inicia hoy– con el listado de ascensos militares dentro de la administración pública proporcionado por Vendata, derivado de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial publicadas durante ese período.

Si bien no hay normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada ni formar parte de una junta directiva, también es cierto que el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el numeral 4 de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establecen pena con responsabilidad administrativa a los militares que contraten con el Estado. De modo que podría sostenerse que al menos 785 oficiales han contravenido la ley.

“Según el artículo 145 de la Constitución de 1999 vigente, un militar activo en virtud de su condición de funcionario público deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ni por sí mismo ni en representación de un tercero”, explica el abogado experto en contrataciones públicas, César Esteves.

Comercio en general, transporte, alimentación y servicios informáticos, son algunos de los rubros en los que se desempeñan las empresas participadas por oficiales militares en rol de hombres de negocios. Son 70, por ejemplo, las empresas a manos de mandos de las Fuerzas Armadas que se han encargado de vender a instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, mantenimiento electrónico, papelería y material de oficina.

Pero es en el sector de la construcción donde se concentra el mayor número de compañías propiedad de oficiales militares: 259 o, lo que es lo mismo, casi una de cada tres de las 785 que hicieron negocios con el Estado durante la última década.

Parece una opción casi obvia. Aunque paralizado en la actualidad, hasta 2012, al calor de los ingresos extraordinarios del boom petrolero y de los planes de vivienda del Gobierno, el sector de la construcción era donde había que estar. Hugo Chávez descartó a las constructoras tradicionales mientras prefería buscar proveedores extranjeros, a cargo de los megaproyectos, o a nuevos emprendedores locales. En esta última categoría encajaron los militares.

Construcciones en general

Un ejemplo resaltante de esta permanente reinvención de algunos oficiales, que no tienen problemas en metamorfosearse de mandos de tropa a contratistas del Estado, y de allí a ejecutivos gubernamentales, es el de Frank Herbert Lynch Dávila.

General de la Guardia Nacional –el cuerpo de policía militarizada encargado en Venezuela del resguardo de fronteras, del orden público y la lucha contra el crimen organizado–, Lynch es un hombre de piel morena, delgado, expresión apacible y que, según las fotografías, siempre porta sus lentes de aumento. El pasado 1 de julio tuvo una de sus raras exposiciones a los medios. En el Panteón Nacional, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, al norte-centro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro oficiaba la ceremonia de ascenso de los oficiales con el primer lugar en su promoción. Según palabras del propio mandatario venezolano, se premiaba “la lealtad y el compromiso” que los uniformados habían demostrado con la patria “y el legado de Hugo Chávez”.

Uno de esos ascensos de la jornada fue, precisamente, el de Frank Herbert Lynch Dávila, quien recibió los dos soles dorados en sus galones que le dan el rango de General de División. Fue apenas el segundo reconocimiento oficial en menos de tres meses. El 17 de abril había sido designado como Presidente de la Corporación Socialista del Cemento, S.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según se anunciaba en la Gaceta Oficial 41.132.

Fue solo parte de la buena racha que adorna los últimos años del paso de Lynch Dávila en la administración pública. Ha recibido condecoraciones y la jefatura de comandos regionales en los estados de Cojedes y Bolívar (centro-occidente y sureste de Venezuela, respectivamente).

Pero en el terreno de los negocios privados, entre tanto, el alto oficial de la Guardia Nacional formaba parte inadvertida de la junta directiva de un negocio familiar de construcción beneficiado por al menos 31 contratos con el Estado.

Frank Herbert Lynch Dávila es el vicepresidente de Proyectos, Inspecciones, Consultoría y Construcciones Lynch (Proincon Lynch, C.A), una compañía constituida en 1984 en el estado Zulia, según aparecía reflejado en el Registro Nacional de Contratistas hasta esta semana. Pero luego de contactarlo, la información desapareció sospechosamente de los servidores oficiales. La ficha de la empresa, de cualquier modo, quedó guardada para este reportaje, donde consta que comparte junta directiva con familiares como Herbert Lynch Blackman, Carmen Beatriz Lynch Dávila y Herman Herbert Lynch Dávila.

Militares retirados que brindaron sus testimonios para este reportaje señalan que la cercanía de Lynch Dávila con el recién relevado comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres –nuevo Jefe de Gobierno de Caracas–, y su compadrazgo con el actual Ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo –también oficial de la Guardia Nacional–, lo ha llevado al puesto al que ahora ocupa. “En los primeros años, Frank se comportó como la mayoría de los oficiales pero comenzó a cambiar con los incentivos que fue recibiendo. Él está totalmente entregado a la revolución. A pesar de que tiene una hermana en la MUD de Miami”, comenta el ex oficial de la Guardia Nacional y ex director del Servicio de Inmigración y Extranjería, Marcos Ferreira.

Ferreira se refiere a Catherine B. Lynch Dávila, quien en 2011 formó parte de los integrantes de la Mesa de la Unidad para la Comisión Electoral de Primarias en el Exterior (CEPEX) de Florida, Georgia y las Carolinas, en Estados Unidos.

Negocios familiares

El presidente de Proincon Lynch, C.A, ingeniero Herbert Lynch, es también padre del General de División. Explica por teléfono que la empresa en cuestión es un negocio familiar con muchos años de trayectoria y que ninguno de los contratos recibidos han sido gracias a su hijo. “Frank Lynch Dávila tiene una vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la enfermedad de mi esposa en 2007 y así dejarle todo resuelto a mis hijos cuando yo muera. Él no puede hacer nada en la compañía sin mi autorización ni ha recibido un centavo. Menos recibimos contratos gracias a él. Hemos trabajado para todos los gobiernos”, comenta el ingeniero.

Proincon Lynch, C.A, entre 2002 y 2015, realizó al menos trece obras de construcción para el Estado venezolano. Más de 40% de esas obras fueron ya concluidas. Uno de sus clientes fue Odebrecht, el conglomerado de ingeniería civil brasileño envuelto en un escándalo mundial por pagar sobornos a funcionarios públicos de doce países con la finalidad de obtener contratos de obras.

Para Odebrecht, la empresa de la familia Lynch estuvo a cargo en 2008 de la ingeniería para la vialidad integradora El Diluvio - El Palmar, que serviría a un importante sistema de riego al suroeste del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia; sistema de riego Estado Zulia; control de calidad de muestras tomadas en la construcción de vías asfaltadas y laboratorio, en 2009; evaluación de pavimento de carreteras para el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo, en 2011; e ingeniería de detalle de vialidades agrícolas para los equipos de riego, ese mismo año, para el nombrado proyecto.

El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo se vendió en su momento como la solución para garantizar la soberanía alimentaria en esa región del occidente venezolano. Según el website de Odebrecht, el proyecto fue concebido como un plan de desarrollo integral endógeno, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en el Occidente venezolano y “contiene tierras de labranza, viviendas, cuerpos de agua, infraestructura vial y de servicios, y campo para más crecimiento organizado”.

Poco después de la participación de Proincon Lynch en el proyecto agrícola, este comenzó a languidecer. Ello no afectó los negocios de esta empresa que, por el contrario, siguieron navegando con viento en popa. Mientras Lynch Dávila era coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en el municipio Caroní, en el estado de Bolívar, al sur del país, y luego comandante del destacamento 88 en Puerto Ordaz, la principal ciudad comercial e industrial del mismo estado, su empresa recibió contratos de construcción de apartamentos en la zona. En 2011, la Fundación Misión Hábitat le dio la tarea de hacer 422 viviendas en diferentes comunidades de la parroquia Dalla Costa y luego recibió dos contratos más para realizar obras adicionales a la construcción de dichas viviendas.

Proincon Lynch también tuvo como clientes a la Fundación Cinemateca Nacional en dos entidades, los estados de Anzoátegui y Monagas, en el Oriente de Venezuela; a la Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado de Zulia para la rehabilitación de campos de fútbol; y al Fondo de Inversión Misión Negro Primero S.A. para la construcción de dormitorios, cuadra para tropas y canchas de obstáculos para los efectivos de la Guardia Nacional.

En ocasión de este reportaje se envió una solicitud de entrevista al General de División Lynch Dávila, a su despacho de la presidencia de la Corporación Socialista del Cemento, que no fue atendida.