Este semillero de antenas telefónicas se extiende por el resto del país indicando que existe algún progreso tecnológico, aunque irregular, en un circuito sobrecargado. Pero no todas son de la envergadura de las torres metálicas ni actúan de la misma forma. Existen dispositivos muy discretos llamados IMSI Catchers -también conocidos como Stingrays o Triggerfish- muy difíciles de detectar a simple vista y que trabajan como antenas portátiles que pueden llegar a ocultarse en el clóset de una casa o en la parte trasera de un camión, con un botón de encendido y apagado tan accesible que pueden pasar fácilmente inadvertidas.

Desde luego, estos aparatos sirven para la vigilancia electrónica. Tienen la capacidad de actuar como pequeñas repetidoras, como si fueran una operadora telefónica, interceptando la señal móvil de los teléfonos que se encuentran en un área de un kilómetro a la redonda o de un solo aparato específico si conocen sus detalles. Lo demás es invisible: esta tecnología permite la lectura de los mensajes que llegan a los móviles, escuchar las llamadas y localizar exactamente su ubicación. Los datos personales que se cuidan con tanto celo quedan expuestos.

Armando.info tuvo acceso a un informe elaborado por la organización South Lighthouse -dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos- en un estudio denominado FADe Project, por sus siglas en inglés (Fake Antenna Detection Project). En julio de 2020 publicaron los primeros hallazgos luego de un monitoreo continuo llevado a cabo en Caracas, entre marzo y mayo de 2019, al que luego sumaron otros casos. Estos evidencian la actividad de, al menos, 80 antenas irregulares en Venezuela, algunas de ellas sospechosas, por su comportamiento y ubicación, de ser en realidad IMSI Catchers.

El informe de FADe Project no solo muestra lo que puede constituir una puerta trasera a las comunicaciones venezolanas, sino un peligro latente por el que quedan en riesgo la privacidad y seguridad de los ciudadanos en el marco de un Estado con vocación de fisgón. El envejecimiento de la red de telefonía, la escasa oferta de empresas proveedoras, las restricciones estatales, la falta de una ley que regule el uso indebido de información, y la casi segura adquisición de tecnología para espiar, pintan un escenario ideal de riesgos para la información privada.

Aunque todas las compañías que ofrecen servicios de telefonía celular en Venezuela fueron consultadas para este reportaje, solo Digitel aseguró a través de su oficina de Comunicación Externa que no tienen información y desconocen “la existencia de antenas repetidoras falsas”. “Sin embargo”, prosiguen, “puede haber enlaces de terceros que operan en la banda asignada a Digitel, representando así interferencia para nuestra red, lo cual afecta la calidad del servicio que prestamos. Cuando detectamos esto recurrimos al ente regulador Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) para que este organismo realice las gestiones correspondientes con terceros y se proceda al retiro de estos enlaces”.

Conatel es quien asigna las bandas, otorga las licencias y supervisa todo cuanto ocurre en el espectro eléctrico. 

La antena “loca”

La icónica Plaza Venezuela, ubicada en el centro geográfico de la capital venezolana es, por eso mismo, una encrucijada de caminos con acceso a distintos puntos de la ciudad. Además de la fuente con luces multicolores que se encienden en sus múltiples reinauguraciones -y quizás en alguna festividad decembrina-, también es el sitio de una de las antenas que más suspicacias despierta entre los investigadores del estudio.

“Algunas mediciones encajan en la hipótesis de que se trata de un equipo de vigilancia con una configuración errónea por un período breve de tiempo”, explican Andrés Alärkhon-Schiavi, coordinador de FADe Project y, Carlos Guerra, encargado técnico del proyecto. Ambos aclaran que revisan unos 340 parámetros técnicos para determinar las anomalías y que, cuando consiguen una que sale de la norma, sin justificación aparente, la antena se marca como sospechosa.

En este caso, la precisión del monitoreo ubicó el dispositivo en la Zona Rental, a unos 350 metros de distancia de la fuente de Plaza Venezuela. Fue avistada una sola vez durante los tres meses de barrido constante por el lugar, y su repentina aparición a las 9:03 de la noche, del 11 de mayo de 2019, fue más que sorpresiva: su señal no estaba asociada a ninguna de las tres proveedoras telefónicas que existen en el país -las privadas Movistar y Digitel, o la estatal Movilnet- y no tenía registrado un código de país válido. Una verdadera antena fantasma.

Como mínimo, estas dos variables (asociación con una teleoperadora y un código de discado directo) deben estar presentes para que una torre telefónica funcione de manera normal. Si presenta un error en la transmisión de los datos, lo esperado es que sean valores que existen en la realidad.

“El punto de interés potencial, según el mapa, podría ser las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia”, o Sebin (policía política del chavismo), cuya sede se encuentra en las cercanías de la Plaza Venezuela, según explican los expertos de FADe Project. Sin embargo, esto no es concluyente, ni se pudo comprobar la existencia de estos dispositivos en manos de los agentes de inteligencia.

De acuerdo con los cálculos de los expertos, un dispositivo IMSI Catcher en esta zona abarcaría como máximo unos 800 metros alrededor del punto de medición, un radio que incluye las instalaciones del Sebin. Sería una inmensa ola invisible que arroparía todo: hoteles, edificios con más de 20 pisos (residenciales y comerciales), oficinas gubernamentales, despachos de abogados, estaciones de metro, centros financieros, restaurantes, centros comerciales, consultorios médicos. Un solo IMSI Catcher podría recoger y capturar los datos de todos los teléfonos celulares de gran parte del bulevar de Sabana Grande en dirección noreste, aquellos que están casi llegando a la principal de la avenida Maripérez en dirección noroeste y alcanzar una parte de Colinas de Bello Monte, en el sureste.

El experto tecnológico Cooper Quintin, de la organización Electronic Frontier Foundation (EFF), que ha trabajado varios años en la detección de IMSI Catcher, comenta a Armando.info que estos dispositivos “podrían ser capaces de alcanzar precisión solamente con información del número de teléfono y a través de la operadora telefónica rastrear en el área de una cuadra”. Esto es posible porque las compañías telefónicas en todo el mundo, y en Venezuela es una exigencia obligatoria, deben registrar los datos de las personas que compran una línea móvil y anotar el código IMSI, por sus siglas en inglés (International Mobile Subscriber Identify) que está asociada a la SIM card.

Aunque sin entrar en especificaciones técnicas, al ser consultado sobre la posible vigilancia a través de estos equipos, Iván Simonovis, comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, alertó que las oficinas dependientes del Sebin y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en manos de Nicolás Maduro, “tienen la tecnología y hacen trabajo de seguimiento e intervención de teléfonos”. Puntualiza diciendo que “el monitoreo de celulares es de los objetivos que consideran, según el caso”, que casi siempre son figuras de la actividad política.

Simonovis explica que “cuando existe una investigación abierta que amerita información sobre un número o suscriptor, las operadoras telefónicas están obligadas a facilitar los datos a los órganos jurisdiccionales: a quién pertenece, las torres donde ha abierto, el movimiento que ha tenido”. El ex preso político, que escapó del Sebin mientras cumplía arresto domiciliario, precisa que el problema principal es lo que terminan haciendo con esa información.

Digitel respondió sobre este particular señalando que “se manejan de acuerdo a la normativa legal vigente y bajo un lineamiento de confidencialidad. Todas las empresas que operan en Venezuela deben colaborar y dar respuesta a cualquier solicitud de su ente regulador (Conatel), siempre que sea solicitada dentro de una investigación penal, por Fiscalía y Tribunales, y se cumplan con los extremos de ley”.

Autopista por el hombrillo

Uno de los hallazgos más recientes de FADe Project fue la identificación de 26 antenas sospechosas a la vera de la autopista El Valle-Coche. Es uno de los accesos más importantes a Caracas desde los estados industriales del centro del país (Miranda, Aragua y Carabobo) y es una vía rápida de 16 kilómetros, con seis canales (ida y vuelta) que se conecta en distintos puntos con las alcabalas militares que dan acceso al complejo militar Fuerte Tiuna y al Paseo Los Próceres.

La mitad de estas antenas sospechosas fueron asociadas con la operadora Movistar y la otra mitad con la estatal Movilnet, y cambiaron de valores de manera irregular durante cinco de los 29 días que fueron monitoreadas. Aunque se registraron parámetros fuera de lo normal por varios días, el 24 de abril de 2019 fue una jornada que rompió completamente los estándares. El reporte de actividad parecía un sismógrafo haciendo pulsaciones a la máquina de monitoreo que registró, entre las 8:53 hasta las 11:43 de la noche de ese miércoles, 21 antenas con irregularidades, algunas con actividades tan breves como un minuto y otras con valores fuera de lo común por períodos de hasta dos horas.

Al día siguiente, vino la calma y solo se pudieron comprobar seis antenas sospechosas. Durante el tercer día de ese sismógrafo irregular, viernes 26 de abril, prácticamente cesó todo y solo se registraron dos antenas con irregularidades.

Hasta la fecha no hay evidencia que vincule estas actividades sospechosas que tuvieron las antenas con lo que ocurrió cuatro días después, el martes 30 de abril de 2019 en horas de la madrugada, cuando el líder opositor Juan Guaidó llegó al distribuidor Altamira en Caracas, frente a la Base Aérea Francisco de Miranda de La Carlota y, acompañado por su compañero de partido y hasta ese día bajo prisión domiciliaria, Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular y preso político desde 2014. Fue el inicio de un intento de levantamiento cívico-militar que a las pocas horas quedó sofocado.

A diferencia de la antena loca de Plaza Venezuela, las torres telefónicas irregulares de la autopista El Valle-Coche sí tenían identificación de país y de operadoras, pero las “órdenes” que le daban a los celulares eran otras. Por ejemplo, la torre sospechosa le indicaba a los teléfonos cercanos que podían "usar conexiones GPRS” porque no había redes más veloces disponibles, aunque en realidad sí las hubiera. En términos sencillos, era como decirle a un Maserati o a un Porsche que circulara por el hombrillo, mientras los otros canales de la autopista estaban libres. Los celulares eran engañados por la torre para pegarse a una red 2G, cuya posibilidad de vulneración es aún mayor.

A los expertos de FADe Project les llamó la atención que estas antenas sospechosas de los alrededores de Fuerte Tiuna “forzaran a los teléfonos” a que usaran redes 2G cuando existe disponibilidad de 3G y 4G para la navegación. Esta es uno de los indicios típicos de la acción de los IMSI Catchers, porque mientras más vulnerable la red, mayor acceso se tiene a la información disponible en el celular.

Se le consultó a la empresa Telefónica de Venezuela sobre la existencia de antenas sospechosas que operan como Movistar, pero no dio respuesta a la solicitud de información. El equipo de expertos de FADe Project observó, entre otras irregularidades, que antenas de Movistar Venezuela aparecieron como ubicadas en Cúcuta, Colombia.

La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) registraba, para 2018, más de 16 millones de usuarios de telefonía móvil en Venezuela, que se conectaban por GSM (redes lentas), y solo 2,5 millones por LTE (redes 4G). A mediados de 2019, Nicolás Maduro sorprendió con sus declaraciones de expandir “de manera experimental” las redes 5G para la telefonía móvil apoyándose en sus aliados chinos. Pocos meses antes, en mayo de ese año, había invitado a las empresas rusas para que “hicieran realidad una red 4G” en el país.

Los años de congelamiento de las tarifas celulares y el control del Estado sobre las telecomunicaciones han impactado el funcionamiento de las redes instaladas. La red 4G en Venezuela solo está disponible de manera limitada para centros urbanos del interior del país y Caracas. A pesar de ello, tanto Movistar, marca del gigante empresarial español Telefónica -que recientemente anunció su intención de vender todo su negocio en América Latina, con la excepción de Brasil y en México, donde alcanzó una alianza estratégica con la estadounidense AT&T- y que controla más del 40% del mercado venezolano de suscriptores de telefonía móvil, como Digitel, la otra operadora privada, que tiene un poco más de 10%, han tratado de hacer algunas inversiones para mejorar su tecnología y expandir sus redes en el país. La estatal Movilnet, que tiene un poco más de 35% del mercado, también ha hecho lo suyo.

De acuerdo a la información suministrada por Digitel, sigue atendiendo las necesidades de comunicación de sus clientes en redes 2G y 3G, que son las más vulnerables, y estiman una expansión 4G para finales de 2020. En Caracas tiene 100% de cobertura 3G y han expandido la red 4G, sobretodo hacia la zona sureste de la ciudad, aunque las antenas todavía pueden conectarse en 2G.

Sin plan de vuelo

Los 90 días de monitoreo permitieron identificar también antenas sospechosas fuera de Caracas. Las singularidades se fueron haciendo más grandes y, entre marzo y mayo de 2019, el estudio detalló presencia de torres telefónicas con actividad irregular en los principales aeropuertos que sirven a la capital de Venezuela: el internacional de Maiquetía, ubicado en el litoral central de La Guaira; el Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital y el Metropolitano, en Ocumare del Tuy, que está a casi 70 kilómetros.

Particularmente en los dos últimos, las antenas sospechosas estaban en las entradas de las instalaciones. De acuerdo con las observaciones del equipo de FADe Project, “aunque la mayoría de los parámetros anómalos no resultan decisivos en la ejecución de vigilancia telefónica, son sospechosamente diferente al resto de la red, aún más en Movistar”. Aún cuando no se puede afirmar la existencia de un dispositivo IMSI Catcher, las operaciones de la antena detectada son irregulares y, por lo tanto, arriesgan a quien se conecte con esa red.

El Aeropuerto Metropolitano, en los valles del Tuy, recibe vuelos privados y tiene un ingrediente extra del cóctel de anomalías. La antena sospechosa que se encuentra en ese lugar da instrucciones a todos los celulares cercanos de que está inhabilitada o bloqueada para conectarse, aún cuando existen las redes. Es tanto como decir que la misma operadora telefónica, interesada en atender a sus suscriptores, emite la instrucción de cancelar el servicio. Este caso fue único en el país y, particularmente poco común en los otros países, México y Bolivia, donde se realizó el estudio. El registro ubicó la anomalía el 15 y 24 mayo, así como el 16 de julio del año pasado.

Para cerciorarse, los expertos de FADe Project consultaron a los investigadores de seguridad de SeaGlass, de la Universidad de Washington -creadores de la metodología de monitoreo-, quienes advirtieron las incongruencias y su hipótesis es que esta actividad de la antena busca aislar a las personas.

Tanto el Aeropuerto Caracas como el Metropolitano, ambos en el estado Miranda, están bajo el control administrativo y operacional de la administración de Maduro. Tal vez no fuera coincidencia que en mayo de 2019 -el mes de la actividad inusual de la antena a la entrada del Aeropuerto Metropolitano-, efectivos de los distintos cuerpos de seguridad del Estado tomaron las instalaciones, evaluaron los hangares y los talleres, así como los sistemas de control para la salida de aeronaves, pilotos y pasajeros, de acuerdo con la información oficial difundida en el momento.

El peso omnipresente

Hablar de IMSI Catchers es como “tratar de describir a un fantasma, que te asusta porque te abre y cierra la puerta, pero es difícil de explicar”, describe el experto Cooper Quintin, de Electronic Frontier Foundation (EFF). “Mi sospecha es que sí son usados frecuentemente”, enfatiza.

La organización con sede en Estados Unidos es reconocida mundialmente por el prestigioso trabajo que ha desarrollado en la defensa de las libertades civiles relacionadas con el uso de la tecnología. En su país de origen, EFF ganó litigios civiles vinculados con dispositivos de vigilancia como los IMSI Catchers, usados por agentes de seguridad para tratar de identificar sospechosos por delitos mayores o menores, sin discriminación. El objetivo podía ser desde un secuestrador hasta un inmigrante, o también manifestantes.

“En una protesta, se capturan todos los identificadores de teléfonos y con esto se consiguen más datos con las operadoras”, precisa Quintin. Al preguntarle sobre el procesamiento de la información, señaló que usan softwares específicos para big data. En la página de la EFF tienen publicado un catálogo de tecnología que podría ser usada en espionaje.

De acuerdo con Rocío San Miguel, presidenta de la organización venezolana Control Ciudadano, hay un riesgo creciente de vulneración del derecho a la privacidad por parte de organismos de inteligencia y contrainteligencia. Señala el peligroso camino que experimenta el país si no hay una ley que señale procedimientos, alcances y proteja los derechos de los ciudadanos. Al final todos están expuestos, aún más cuando existen arbitrariedades para conducir investigaciones.

Los intentos de EFF porque no se extienda de manera ilegal el uso de los dispositivos IMSI Catchers han resultado una tarea titánica, en la que se han enfrentado con el Departamento de Justicia estadounidense y las grandes corporaciones que venden estos equipos. Una de las más conocidas es Harris Corporation -hoy conocida como L3 Harris luego de su fusión con L3 Tecnologies, otro gigante de la tecnología- y fue la mencionada por dos periodistas mexicanos sobre la presencia de antenas sospechosas en el Distrito Federal, según un artículo del Washington Post.

Venezuela es uno de los 130 países del mundo en el que Harris Corporation tiene una subsidiaria y lleva por nombre Harris International Venezuela C.A. Según el Registro de Contrataciones Públicos del Estado se encarga de manejar los negocios de la corporación y cualquier otra sociedad relacionada, y para 2003 mostraba en su cartera de clientes al Ministerio de Defensa y componentes de los distintos cuerpos militares (Armada, Ejército, Guardia Nacional Bolivariana). Su oficina estaba en el sector de Las Mercedes, barrio de tiendas de lujo y sitios nocturnos del sureste de Caracas, y en su junta directiva aparecía para entonces el ciudadano libanés Mohamad Kannan Zuhdi El Haffar.

El Haffar figura además en la sociedad Venconsul Ingeniería, constituida en 1998 y parte del grupo de empresas aliadas que lideraron la creación de la operadora de telefonía celular Digitel. En 2007, una mención en una demanda civil lo señala como Director Ejecutivo de la operadora. En la junta directiva de Venconsul Ingeniería también estuvo Ibrahim El Hibri, empresario que invirtió en el proyecto de telefonía privada Digitel que empezó a operar en 1999. Tanto Veneconsul como Harris International Venezuela tuvieron de clientes a los mismos organismos militares venezolanos, según las fichas del Registro Nacional de Contratistas de 2003.

Aunque Harris Corporation es el principal proveedor de IMSI Catchers, no es el único. Su catálogo de productos es muy variado, enfocado en tecnología para comunicaciones y, de acuerdo con la precisión de Quintin de la EFF, esta corporación se ha dedicado a venderle al sector militar, no a fuerzas del orden civil.

Hasta la fecha, no hay evidencia de que la administración de Nicolás Maduro haya comprado dispositivos de vigilancia para Venezuela, como sí la hubo en 2008 con respecto al gobierno de Hugo Chávez, cuando la primera filtración masiva de documentos de Wikileaks liberó una comunicación firmada por la unidad de Desarrollo Tecnológico de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), fechada en el año 2000. En ese documento se detalla la compra de unos Triggerfish, modelo 4080 (IMSI Catchers), cuyo proveedor fue Phoenix Worldwide Industries. En 2001, Phoenix Worlwide Industries entregó 225.256 dólares en equipos a la policía secreta de Venezuela y, según registros de la corte federal citados en la filtración, hubo contratos hasta 2004.

Con Maduro en el poder, el cortejo con las empresas proveedoras de equipos espías pasó de correos a las visitas en casa. Uno de los antecedentes más certeros está registrado en otra filtración que hicieron a la empresa italiana Hacking Team, especializada en la venta de software para piratear computadoras y teléfonos celulares. Al igual que los IMSI Catchers, este software permitía tener acceso a la mensajería de texto, la geolocalización y grabar las llamadas, además de interceptar los correos electrónicos del objetivo escogido.

El episodio que rodeó las negociaciones con Caracas está publicado en Armando.info. En el reportaje se cuenta cómo el equipo de ventas de Hacking Team y uno de sus aliados, la empresa estadounidense DTXT Corporation, especializada en aplicaciones de seguridad, mantuvieron conversaciones con altos funcionarios del gobierno y presentaron las nuevas soluciones de intercepción móvil.

Entre sus potenciales clientes estaban el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), División de Inteligencia Militar (DIM), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aunque tenían pautada la reunión el 6 de marzo de 2013, a menos de 24 horas después del anuncio de la muerte del presidente Hugo Chávez, finalmente lo lograron dos días después. El sucesor no detendría los objetivos estratégicos; en su nombre asistió un general del Ejército venezolano y el coqueteo seguiría, al menos, por dos años más.

El interés ha seguido latente. Hace menos de un año, a mediados de noviembre de 2019, Maduro aprobó la compra de unidades Cellebrite UFED Toch2 por un costo de 51.000 euros. Este dispositivo es usado para extraer los datos de un teléfono celular y, según lo anunciado, sería empleado en investigaciones criminales legítimas. La reacción de 25 organizaciones no gubernamentales de Venezuela no se hizo esperar y solicitaron a la empresa israelí evitar la venta de cualquier tecnología de extracción de datos.

(*) Los mapas interactivos que acompañan a esta historia fueron realizados por el equipo de FADe Project.

Antes que cualquier otra consideración, incluso como negocio, a las telecomunicaciones se las concibe en La Habana como un asunto de seguridad de Estado. Valdés supervisó en los años 90 la creación del consorcio estatal Copextel y, ya entre 2006 y 2011 como titular del ministerio de Telecomunicaciones, su orientación hacia una política enfocada en la vigilancia y espionaje a través de redes informáticas.

No es de extrañar que Valdés, asesor directo del régimen chavista en Venezuela, haya traído consigo a Caracas tanto esa doctrina como a la propia Copextel. La empresa cubana mantuvo en Venezuela hasta 2019 un esquema de asesorías a través de la empresa CVC Soluciones y Servicios Tecnológicos Integrales C.A., con registro fiscal venezolano y oficinas en el centro de la capital venezolana.

Pero a mediados del año pasado, la administración de Maduro dio un paso más en la progresiva cubanización del sector al crear en 2019 la Corporación Socialista de Telecomunicaciones y Servicios Postales C.A. Al holding estatal se adscriben empresas ya tradicionales como Cantv, Movilnet, Telecom Venezuela, Red TV e Ipostel, a la que se suma, curiosamente, la empresa mixta Gran Caribe, en la que son socios Cuba y Venezuela.

Para presidir esta corporación, Maduro escogió a alguien de su entera confianza, Jorge Eliéser Márquez, general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, quien también dirige la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2017. En mayo de 2020 ocupó la dirección de la junta administradora ad hoc de Directv, después del madrugonazo que dio la empresa privada de telecomunicación satelital cuando cesó todas sus operaciones para irse del país. Mucho antes de eso Márquez había sido objeto de una sanción del Departamento del Tesoro estadounidense, en noviembre de 2017. Luego, en junio de 2020, recaería sobre él una sanción de la Unión Europea emitida, como en el caso de la norteamericana, por el rol de Márquez en la censura de medios informativos.

Pero que un militar esté al frente del nuevo consorcio estatal de las telecomunicaciones venezolanas no ha neutralizado las amenazas a la soberanía que representa la creciente intromisión cubana. Por el contrario: luce como su conquista definitiva.

La batalla de los “bytes”

En 2006, cuando Venezuela se preparaba para un evento electoral que ratificaría a Hugo Chávez en la presidencia, Cuba hacía los enroques para mantener su influencia en el gobierno bolivariano y seguir prestando servicios. En simultáneo, Ramiro Valdés asumió en la isla el Ministerio de Informática y las Comunicaciones.

Tras los comicios, no solo Chávez seguía al mando, sino que se autoproclamó “socialista”. Fue el pistoletazo de partida para una racha de nacionalizaciones en sectores estratégicos. Entre ellas estuvo la de la telefónica Cantv, hasta entonces y durante quince años en manos de la estadounidense GTE/Verizon. La re-estatización de la compañía dio al traste con las negociaciones que se venían haciendo para levantar desde la nada una nueva telefónica oficial, CVG Telecom, que recibió propuestas de Uruguay y China para la dotación de equipos, software y servicios. A fin de cuentas, nacionalizar Cantv saldría más barato y tendría resultados más inmediatos.

Así Cantv y sus filiales pasaron a manos del Ministerio de Telecomunicaciones y la Informática dirigido por Jesse Chacón. La presidencia de la telefónica la ocupó Socorro Hernández, quien ganó notoriedad cuando asumió la dirección de la Sala Situacional de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de Pdvsa durante la huelga petrolera de 2002. La transición había comenzado y en silencio ya se encaminaba el virtual take over del sector telecomunicaciones por las empresas cubanas Copextel, Cubatel, Etecsa y la recién creada comercializadora de software, Albet Soluciones y Servicios, entre otras.

El diseño “socialista” del sector compartía la premisa del comandante Valdés: las nuevas tecnologías constituían “uno de los mecanismos de exterminio global” y, por tanto, debían ser dominadas, tal como lo dijo el veterano comandante en la Convención de Informática del año 2007, en La Habana. Designó esa misión como un “campo de batalla en la lucha contra el imperialismo”.

El año siguiente, en 2008, Valdés firmó un memorando de entendimiento con Rafael Ramírez Carreño, para entonces ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para la creación de Guardián del Alba S.A. Sería administrada por Albet Soluciones y Servicios -fundada en noviembre de 2005- en conjunto con AIT Pdvsa, de donde venía Socorro Hernández, y ambas se encargarían del desarrollo de software nacional con la finalidad de “preservar la soberanía e independencia petrolera”, según reseñaba una nota de prensa.

Esta asociación cubano-venezolana cumpliría el papel de Intesa, que hasta la huelga de 2002 y desde la política de apertura era la responsable del servicio de tecnología de la información de la petrolera estatal. El 40% que poseía la estadounidense Science Applications International Corporation (SAIC) pasó a manos del Estado venezolano y, con esto, el corazón informático de Pdvsa fue conectado a un respirador. Se cambió una hegemonía por otra.

A las empresas cubanas se le encargaban entre tanto otros proyectos en territorio venezolano, Una de ellas, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), es CVC Soluciones y Servicios Tecnológicos Integrales C.A. Aún se encuentra activa y su expediente mercantil está actualizado hasta agosto de 2019, cuando nombró nueva junta directiva. Mantiene al día su oficina comercial, que se encuentra en dos locales contiguos ubicados en el antiguo edificio del Fondo Latino, en el centro de Caracas, y ha sido la misma desde su fundación en 2005.

Tiene número fiscal venezolano y participación societaria extranjera. Los documentos constitutivos señalan que fue creada en el marco del convenio integral entre los dos países y tiene por objeto “la explotación del ramo de telecomunicaciones, electrónicas e informática”. En el expediente mercantil se explica que esta compañía “es la entidad administradora de los proyectos contratados” por: Corporación Copextel, Universidad de Ciencias Informáticas (UCI-Albet) y el Ministerio de Informática y Comunicación de Cuba.

Hasta 2009, CVC Servicios y Soluciones tenía dos accionistas: la empresa panameña Corporación de Inversiones Globales S.A. CIGSA (99,8%) y Copextel (0,2%). En su expediente en el registro mercantil correspondiente en Caracas se recoge una ampliación del objeto social de su accionista minoritario Copextel, firmada por Ramiro Valdés como ministro de la Informática y las Comunicaciones de Cuba.

Pero en 2012 Copextel se hizo del control de todas las acciones. El hasta entonces socio mayoritario, la panameña Corporación de Inversiones Globales S.A. CIGSA, desapareció a partir de entonces de los documentos de la compañía. Registrada en Panamá en enero de 2002, con un capital accionario de un millón de dólares y finalmente disuelta en julio de 2015, estaba controlada por funcionarios cubanos.

Un experto consultado por Armando.info que pidió no ser identificado señaló que “durante el gobierno de Chávez y en el marco de las mesas de negociación Cuba-Venezuela, prácticamente todos los organismos de la administración pública nacional participaron y los cubanos obtuvieron contratos. Esta fue la manera que instrumentaron para transferir recursos a Cuba de forma legal”. Personalmente conoció de desarrollos que las empresas cubanas proveían directamente los servicios así como de otros en los que realizaban la contratación con un tercero.

“Si era algo novedoso”, continúa el experto, “se involucraba a la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, de la que se dice que recibía financiamiento de Pdvsa. De hecho, el formato curricular de dicha universidad es basado en proyectos, en los cuales para graduarse los estudiantes deben participar en soluciones de desarrollo real”.

‘Money for nothing’

La principal asignación ejecutada por CVC Servicios y Soluciones con Cubatel para Cantv data de 2008, y fue el proyecto de la Red de Telecomunicaciones del Estado. Se propuso la ampliación de 9.000 kilómetros de cableado, apoyándose en la infraestructura que ya para entonces poseían Edelca, Cadafe y Electricidad de Caracas. La idea era fortalecer las transmisiones de datos y voz a través de fibra óptica, lo que permitiría mejorar la conectividad. La ejecución no se extendería más allá de doce meses y le costó a Venezuela 11.524.080 dólares.

En 2012 CVC Servicios y Soluciones inició otro proyecto ambicioso que fue financiado por Conatel y ejecutado por Cantv. La participación cubana en el proyecto incluía la instalación de 1.000 kilómetros de fibra óptica, pero se hizo inalcanzable y pasó a otras manos. Finalmente subcontrataron a la china Huawei Technologies, Alcatel-Lucent (una conocida proveedora de servicios tecnológicos de Cuba) y la portuguesa Texeira Duarte & Asociados. Esta vez era la Red Nacional de Transporte que proponía sumar en total otros 7.000 kilómetros de fibra óptica a las que ya había instalado la telefónica venezolana y abarcar 18 estados del país para mejorar el procesamiento de las llamadas telefónicas y el acceso a Internet. El costo fue de 400 millones de dólares, que incluyó un moderno centro de operaciones de datos del que poco se conoce y que está ubicado en Valle de la Pascua, estado Guárico, en el centro llanero del país.

Hasta 2018 son escasos y opacos los reportes de los trabajos ejecutados. Existen inconsistencias en las metas logradas, en el estado actual de los equipos y lo que realmente salió de Conatel. Fuentes internas de Cantv aseguran que “esa infraestructura se encuentra inoperativa y desvalijada, debido a lo aislado y la dificultad para llevar personal a labores de mantenimiento preventivo y correctivo”.

Por ejemplo, la red planeaba llegar a Los Pijiguaos, un asentamiento de vocación minera al oeste del estado Bolívar donde opera la planta de CVG Bauxilum y que, en 2008, tenía unos 56 habitantes. Hoy está a merced de los grupos armados, sobrevivientes a la pobreza y dedicados a la explotación de otros recursos. En perspectiva, hay indicios de que proyectos de interconexión como este buscaban serle funcionales al proyecto político de la revolución bolivariana en zonas remotas del país, sin considerar el retorno de la inversión. En definitiva, a Venezuela se le secaron las fuentes de dólares para mantener esa instalación.

Parte de esos dólares venían del Fondo de Servicio Universal, creado en 2001, que recaudaba el 1% de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones y eran destinados a financiar proyectos en la industria. El administrador es Conatel -institución fundada en 1991 pero que pronto se alineó con las políticas de la revolución bolivariana- y la asignación de los recursos la hacía a través del Plan Nacional de Telecomunicaciones. En 2005 se aprobaron los primeros ocho proyectos financiados por el Fondo de Servicio Universal, y dos de ellos estuvieron dirigidos a proveer recursos a programas sociales como Misión Alimentación y Misión Identidad.

En un informe de la organización Derechos Digitales, publicado en julio de 2018, se explica al detalle esta situación. Las investigadoras Raisa Uribarri y Marianne Díaz exponen que, durante los primeros años del chavismo, Conatel aumentó progresivamente las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. “Los montos pasaron de Bs 692.463.000,00 en el año 2000, a Bs 2.517.636.369 en el año 2006. Del año 2000 a mes de enero del año 2003 la tasa de cambio aumentó ligeramente de 701 a 765 Bs/$”, y después de esta fecha hubo un férreo control de cambio que llegó con Cadivi.

En medio de esa expansión de la inversión, que finalmente tuvo un límite, a juicio de Uribarri, “Cuba es el referente en cuanto a restricciones de acceso. Rusia es el otro, en cuanto a las estrategias para contaminar el poco espacio libre de control”. Según explica la experta en el tema de Internet, estos dos países y China “son una triada: censura, propaganda y vigilancia”.

No en balde en Cuba impera el Decreto-Ley 370, también conocida como la Ley Azote, que luce como un espejo de la venezolana Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), popularmente bautizada en su momento como la Ley Mordaza. Urribarri recuerda una entrevista al fallecido investigador Antonio Pasquali, en 2007, en la que este alertaba de “la hegemonía” que pasaba por eliminar la disidencia. “Internet y el teléfono son instrumentos de libertad (…) por eso ni Cantv ni Internet avanzan”, dijo. La paradoja se resumía así: había recursos para invertir en tecnología y logísticas que se desarrollarían con un socio-proveedor, Cuba, doctrinariamente opuesto a ese desarrollo.

En cualquier caso, Cuba se ha hecho indispensable para Venezuela desde que en 2007 quedó a cargo de la modernización del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), antes Onidex. Aunque la isla caribeña nunca lideró ni en el ranking de países con mayor tecnología ni de venta de software, consiguió un rentable nicho de negocios como proveedor del chavismo

El expresidente de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información (Cavedatos) y del capítulo venezolano de la Internet Society (ISOC), Ricardo Holmquist, explicó para este reportaje que “los cubanos les pidieron a empresas en Uruguay el desarrollo de parte de uno de los softwares de telecomunicaciones que les solicitaron. La exigencia del gobierno de Chávez era que se desarrollara en software libre, y los cubanos no tenían esa experiencia. Ellos desarrollaban con productos licenciados”. En ciertos grupos gubernamentales venezolanos existía la fantasía de que el software libre era “de izquierda” y que, por lo tanto, Cuba se avendría a gusto a trabajar con él.

Pero resulta que los productos con licencias abren una ventana de rentabilidad para el proveedor porque cobra al principio y durante su mantenimiento. Esto ha sido un modelo de negocio rentable para las compañías de software cubano. Norges Rodríguez, cofundador del medio cubano especializado en tecnología Yucabyte, explica que, gracias a ello, “las telecomunicaciones en la isla están generando más ingresos al régimen que sectores como el turismo o la prestación de otros servicios”.

Vanidad tecnológica

En ese marco, la comercializadora cubana de software Albet halló en Venezuela un entorno favorable y único para la diversificación de su catálogo de productos. Si bien trabajaba en dupla con la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, en un reordenamiento reciente pasó a formar parte del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones.

Por su parte, Copextel se encargaba de ofrecer, comercializar y subcontratar los productos y servicios técnicos o de redes que eran requeridos en los proyectos venezolanos. En términos simples, empresas del estado cubano subcontrataban a sus mismas empresas (entre ellas Albet) para dar soluciones informáticas y tecnológicas a prácticamente todos los ámbitos de la administración del Estado en Venezuela.

No son pocas las compañías cubanas que exhiben en vitrina como argumento de ventas sus logros con proyectos para clientes venezolanos.

Por ejemplo, PC Max publica como caso de éxito “el sistema de cableado estructurado del Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela y la instalación de la sala de servidores del Centro de Tecnologías de la Información (CNTI)”.

O Maxso comenta su participación en “los proyectos ‘Identidad’ y ‘Humanización de Prisiones’ venezolanas”.

Sistemas Informáticos y Software (SIS) se jacta de haber liderado “la creación del Centro Nacional de Informática Forense”, de su participación “en muchos de los proyectos que la UCI desarrolla en Venezuela, no sólo como proveedor”, sino también como asesor, desarrollador de contenidos educativos e históricos-culturales, audiovisuales y multimedia.

Albet, por su parte, se refiere al diseño en 2012 del Sistema de Información de Investigación Policial (Siipol), que reúne los datos de vehículos, motos, armas y ciudadanos que manejan tanto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía asistente de la fiscalía) como la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La descripción del proyecto que apareció en una publicación cubana lo perfilaba como “la principal herramienta en la lucha contra el delito en Venezuela”.

La Revista Cubana de Ciencias Informáticas menciona diversos proyectos formulados según requerimientos del mercado venezolano. Por ejemplo, refiere soluciones tecnológicas que hicieron con la estatal petrolera venezolana, como el “sistema de inspección general de taladros” (2014), desarrollado para la Gerencia de Inspectoría de Taladros de Pdvsa, o “un centro de soporte técnico de la UCI” para hacer efectiva la gestión de servicios de los softwares (2016), que se contabilizaban en “39 contratos con entidades nacionales venezolanas y una extensión de servicio en Pdvsa”.

El experto que pidió anonimato para este trabajo expuso que “las empresas cubanas gestionaban el dinero, la contratación, eran la cara con el cliente, en este caso, el cliente eran los organismos de la administración pública nacional”. Por ejemplo, el Ministerio de Alimentación contrató en 2013 una solución tecnológica para la administración de productos y centros de acopio de Mercal, que fue llamada Proyecto Samán y que contó con la participación simultánea de Portugal y Cuba. “Los cubanos realizaban la captura de los requerimientos del sistema, lo que se esperaba del producto. Luego estos requerimientos eran el insumo de trabajo para los portugueses, que dominaban la plataforma de desarrollo Oracle Retail” (solución especializada para minoristas), recordó.

Que China se haya sumado en ocasiones como un tercer vértice en los negocios no era de extrañar. Con Venezuela se han firmado diversos acuerdos que han convenido en la relación comercial de ambas y Cuba. Aclara el experto que “cuando comenzaron a escasear los dólares y no había para comprar en Estados Unidos o Europa, los productos de infraestructura tecnológica fueron adquiridos a partir de los convenios China-Venezuela. Para estos proyectos había dinero ya pagado o reservado”.

Las relaciones en el sector de telecomunicaciones de Venezuela y Cuba se extendieron tierra, pero también por mar. La cubana Etecsa era la encargada del ambicioso proyecto de interconectar ambas naciones con un cable submarino de 1.630 kilómetros de fibra óptica, que le daría la posibilidad a la isla de multiplicar la velocidad de transmisión de datos y voz. El costo aproximado fue de 70 millones de dólares y lo ejecutaría una filial de la francesa Alcatel Lucent. Finalmente, sería administrado por la empresa mixta Gran Caribe que actualmente pertenece al consorcio de telecomunicaciones venezolano. El cable llegó, pero hubo un silencio alrededor que aún no se disipa.