Al igual que otras víctimas de la estafa de World Capital Market, o WCM, Pacheco promovió arduamente el negocio a sus familiares y conocidos. Cuando la estafa Ponzi se derrumbó, un inversionista que perdió su capital decidió matarlo.

Cuatro días antes de que Pacheco fuera golpeado hasta morir, los funcionarios de cumplimiento del gigante bancario mundial, HSBC, advirtieron sobre la entrada de millones de dólares en una cuenta en Hong Kong controlada por los estafadores. Fue al menos el tercero de una serie de informes de supuestas actividades sospechosas que los vigilantes internos del banco habían presentado sobre WCM a lo largo de varios meses. Sin embargo, HSBC continuó gestionando el flujo masivo de dinero sucio de la red Ponzi hacia y desde sus cuentas en el banco.

HSBC se estaba beneficiando de una trama criminal internacional incluso mientras estaba en periodo de prueba por haber servido a carteles de drogas y otros criminales. En 2012, HSBC admitió ante los fiscales de Estados Unidos que ayudó a que el dinero sucio fluyera a través de sus filiales en todo el mundo, incluyendo por lo menos 881 millones de dólares controlados por el cartel de Sinaloa y otras redes de narcotráfico mexicanas.

En una decisión controvertida, los fiscales se negaron a presentar un cargo contra el banco y, en cambio, le permitieron pagar un acuerdo de 1.920 millones de dólares y cumplir un periodo de prueba de cinco años durante los cuales un organismo de control designado por el tribunal supervisaría sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero. El tribunal designó para ello a un ex fiscal de delitos financieros del estado de Nueva York, Michael Cherkasky.

La investigación FinCEN FIles, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), BuzzFeed News y otros 108 medios de comunicación encontró que HSBC siguió prestando servicios bancarios a presuntos criminales, estafadores Ponzi, empresas fantasma vinculadas a fondos gubernamentales saqueados e intermediarios financieros de los traficantes de drogas. Todo esto ocurrió incluso mientras el banco estaba en periodo de prueba y bajo el escrutinio de Cherkasky.

La investigación de los FinCEN Files encontró que la muy rentable filial de HSBC en Hong Kong jugó un papel clave en mantener el flujo de dinero sucio. Aunque sólo ofrecen una visión parcial de los informes de actividades sospechosas del HSBC, los registros muestran que entre 2013 y 2017, el personal de cumplimiento de HSBC en Estados Unidos, encargado de supervisar la actividad de los clientes, presentó informes que carecían de información crucial sobre los clientes de 16 compañías fantasmas que habían procesado casi 1.500 millones de dólares en más de 6.800 transacciones tan sólo a través de las operaciones del banco en Hong Kong. Más de 900 millones de dólares de ese total implicaban a compañías fantasma vinculadas a presuntas redes criminales, según un análisis del ICIJ y los medios que trabajaron en la investigación durante 16 meses.

En una declaración, HSBC no abordó la mayoría de las preguntas de una detallada lista enviada por ICIJ, pero defendió los cambios que el banco hizo en el marco de la vigilancia. "A partir de 2012, HSBC se embarcó en un proyecto de varios años para reformar su capacidad de combatir los delitos financieros", dijo Heidi Ashley, portavoz del banco. "HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012".

Panamá, Brasil y Moldavia

La investigación se basa en una revisión de docenas de informes de actividades sospechosas (SAR) filtrados, así como en entrevistas con más de una docena de antiguos empleados de HSBC que trabajaban en el departamento antilavado. Los bancos que hacen negocios en Estados Unidos presentan estos reportes confidenciales a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros). Los SAR reflejan las preocupaciones de los vigilantes dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de una conducta criminal o una infracción.

Los documentos filtrados muestran que HSBC procesó al menos 31 millones de dólares entre 2014 y 2015 para empresas que luego se reveló que habían trasladado fondos gubernamentales robados de Brasil, y más de 292 millones de dólares entre 2010 y 2016 para una organización con sede en Panamá calificada por las autoridades estadounidenses como un importante agente de lavado de dinero para los cárteles de drogas. La organización, Vida Panamá, niega haber cometido las infracciones y está luchando contra el señalamiento estadounidense. Los registros muestran que HSBC trabajó con un banco dentro del territorio escindido de Moldavia -antigua Besarabia, ex república de la Unión Soviética-, Transnistria, durante cuatro años después de que el Departamento del Tesoro emitiera una advertencia en 2011 sobre los riesgos de hacer negocios con el banco.

En entrevistas con el ICIJ y BuzzFeed News, más de una docena de ex funcionarios de cumplimiento de HSBC expresaron su profunda preocupación por el programa del banco contra el lavado de dinero, incluso durante el periodo de prueba. Los funcionarios dijeron que el banco no les dio suficiente tiempo para investigar de manera significativa las transacciones sospechosas y que las sucursales fuera de Estados Unidos a menudo ignoraban las solicitudes de información crucial sobre los clientes. Dijeron que se les trataba como personal de segunda clase dentro del banco, con poco poder para cerrar cuentas problemáticas.

Los archivos de la FinCEN generan nuevos cuestionamientos sobre la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2012 de abstenerse de acusar a HSBC o a cualquier ejecutivo bancario en el caso del cartel de Sinaloa. La decisión fue rechazada por los fiscales de base, que habían preparado una lista de hasta 175 cargos criminales contra el banco, que el gobierno finalmente abandonó. Nadie fue encarcelado por la mala conducta del banco en el pasado. Los hallazgos también suscitan dudas sobre la decisión del departamento, cinco años después, de declarar reformado a HSBC y permitir que su período de prueba terminara. La investigación se construye sobre el anterior proyecto de filtraciones suizas del ICIJ, conocido como Swiss Leaks, que puso de manifiesto cómo la rama de banca privada suiza se benefició de hacer negocios con evasores de impuestos y delincuentes de todo el mundo antes de 2008.

Los FinCEN Files muestran que HSBC sabía que los reguladores estaban investigando a su cliente, la estafa Ponzi WCM, y aún así le ayudaba a mover su dinero.

Una demanda colectiva federal presentada por inversionistas estafados alegó que HSBC Hong Kong fue "fundamental para ayudar a WCM777 a continuar con su estafa Ponzi". Un juez federal desestimó la demanda el mes pasado argumentando que había sido presentada en una jurisdicción que no correspondía.

En una entrevista exclusiva con el ICIJ, el fundador de la estafa Ponzi, Ming Xu, vestido con un corbatín, dijo que HSBC no se puso en contacto con él para preguntarle sobre los flujos masivos de dinero que WCM estaba moviendo a través de las cuentas en el banco en Hong Kong.

Solicitud ignorada

Los SAR de los bancos forman la columna vertebral de los intentos de las autoridades estadounidenses de combatir el lavado de dinero, pero el sistema no logra detener los copiosos flujos de dinero sucio. Los bancos pueden bloquear o congelar las cuentas que se sospecha son usadas para el lavado de dinero, pero no necesariamente están obligados a hacerlo, y pueden cumplir con una obligación legal esencial con sólo informar de las transacciones a FinCEN. La entidad recibió más de dos millones de esos informes el año pasado, mucho más de lo que sus agentes podrían leer.

Los SAR revisados por el ICIJ y sus colaboradores incluyen 73 informes presentados entre 2012 y 2017 por HSBC. Los documentos contienen información sobre más de 4.400 millones de dólares en más de diez años de transacciones declaradas sospechosas. Eso equivale a una fracción ínfima del total de las transacciones de HSBC, pero deja ver la ineficacia de los esfuerzos de cumplimiento del banco.

Los registros muestran que a veces las sucursales ignoraban o rechazaban sus solicitudes de información. "Era imposible hacer nuestro trabajo sin esta información", dijo Alexis Grullon, un ex funcionario de cumplimiento que hizo seguimiento a las actividades sospechosas internacionales para las oficinas de HSBC en Nueva York desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2014. Grullon dijo que, en la mayoría de los casos, las sucursales de HSBC en otros países simplemente ignoraban sus solicitudes de información sobre propietarios de las cuentas sospechosas.

“Decían: 'Claro, te llamaremos'. Pero nunca volvían a llamar”, recordó. Grullon dijo que un componente clave de su trabajo era presentar los SAR al gobierno federal, pero que los reportes de poco servían para frenar las actividades sospechosas de sus clientes.

"¿Por qué estamos presentando los SAR?", recuerda haberse preguntado. "La cuenta sigue abierta. No se está haciendo nada en realidad".

"El banco local del mundo"

Fundado en Hong Kong como la Hong Kong and Shanghai Banking Co. en 1865, el HSBC prosperó gestionando las cuentas del gobierno británico en todo el este de Asia. A mediados de la década de 2000, el banco se había convertido en una de las instituciones financieras minoristas más extendidas del mundo, con miles de sucursales en más de 70 países. En un momento, se denominó a sí mismo "el banco local del mundo".

Era más que un eslogan. Bajo la marca global, HSBC operaba como una confederación de feudos mayormente autónomos. Este grado de descentralización significó que la sede del banco, que se trasladó a Londres en 1941, extendió su enfoque de no intervención incluso a las cuestiones relacionadas con el lavado de dinero.

Un resultado: HSBC aceptó a clientes cuya enorme riqueza se tradujo en grandes beneficios para el banco, pero que resultaron ser criminales.

En 2003, HSBC aceptó una orden de consentimiento elaborada por las autoridades estadounidenses mediante la cual el banco prometió arreglar su programa antilavado y empoderar a los funcionarios de cumplimiento al proporcionarles mejores herramientas e información sobre los clientes.

En lugar de eso, el banco participó en uno de los episodios más notorios de la historia del lavado de dinero. Cuando la guerra contra el narcotráfico en México explotó a mediados de la década de 2000, el banco brindó cuentas denominadas en dólares esenciales para los narcotraficantes que necesitaban lavar cientos de millones de dólares en ganancias de la venta de drogas. Los carteles diseñaron cajas especiales que cabían en las ventanillas de las sucursales de HSBC para depositar las enormes cantidades de dinero ilícito que obtenían.

En 2010, el banco se vio obligado a someterse a otra orden judicial obtenida por su principal regulador, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos. El banco prometió una vez más fortalecer los sistemas contra el lavado de dinero y proporcionar a los funcionarios de cumplimiento más información sobre sus clientes.

En el verano de 2012, el panel de investigación del Senado de Estados Unidos publicó su informe de 339 páginas sobre el trabajo del banco con los carteles mexicanos y su papel en el financiamiento al terrorismo. Más tarde ese año, el Departamento de Justicia y HSBC llegaron a su acuerdo de enjuiciamiento diferido. Los críticos calificaron la decisión del gobierno de renunciar a la acusación del banco o de cualquiera de sus ejecutivos como una señal de la impunidad de los grandes bancos ante las consecuencias significativas de sus infracciones.

Hong Kong y la lavandería rusa

Aunque ya no es la sede del gigante bancario, Hong Kong sigue siendo el corazón de HSBC. En 2015, sus operaciones en el territorio insular, que incluyen a una filial llamada Hang Seng Bank, representaron casi la mitad de las ganancias globales de HSBC, y su cuota de mercado en Hong Kong eclipsa a la de sus competidores.

El 20 de junio de 2012, el mismo día en que los abogados de HSBC estaban describiendo los protocolos antilavado del banco a los investigadores del Senado en el Capitolio, la filial de HSBC en Hong Kong comenzó a transferir fondos para una empresa fantasma llamada Trade Leader Corp. Ltd, un importante nodo en Asia oriental de la lavandería rusa, una red extensa que movía dinero del crimen desde los antiguos países soviéticos a Occidente

En febrero de 2014, las transferencias hacia y desde las cuentas de la empresa fantasma en Hong Kong sumaron más de 581 millones de dólares.

Los archivos de la FinCEN muestran que, cuando el personal de cumplimiento del banco en Estados Unidos solicitó información acerca del propietario de la cuenta, los banqueros de HSBC en Hong Kong simplemente respondieron que no había "ninguna disponible".

El ICIJ analizó las transacciones por valor de casi 1.500 millones de dólares que fluyeron a través de las compañías fantasma que tenían cuentas comerciales con HSBC Hong Kong entre 2011 y 2016. En cada caso, HSBC presentó SAR que no incluían datos fundamentales sobre los propios clientes de gran valor del banco, como quiénes eran los propietarios de las cuentas, en qué países vivían estos propietarios y de dónde procedía el dinero.

El informe del Senado de los Estados Unidos sobre HSBC en 2012 destacó el peligro de que esa información básica no fuera reconocida por los funcionarios de cumplimiento del banco.

"El intercambio de información fue una de las principales cosas que HSBC prometió que haría", dijo Elise Bean, autora principal del informe del Senado y ex ayudante del entonces Senador Carl Levin, demócrata de Michigan. Los archivos de la FinCEN muestran que HSBC, cuyas acciones se desplomaron a su mínimo en 25 años luego de la publicación de esta filtración, incumplió esa promesa en repetidas ocasiones.

Congeladas y activas

En septiembre de 2013, poco antes de que los reguladores financieros de todo el mundo anunciaran las investigaciones sobre la empresa, los líderes de WCM trasladaron la sede de la estafa Ponzi de Los Ángeles a Hong Kong.

En octubre, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que la policía nacional iniciaría una investigación sobre las presuntas actividades ilegales del negocio. Tres días después, los funcionarios de cumplimiento de HSBC presentaron el primero de varios informes de actividades sospechosas relacionadas con las cuentas de WCM, y señalaron que se habían movido más de seis millones de dólares en transacciones a través de una sola cuenta en los tres meses anteriores. El SAR indicaba que una búsqueda en Internet había revelado "acusaciones contra la empresa de ser una estafa Ponzi".

Cuatro meses después, en febrero de 2014, HSBC presentó otro reporte de actividad sospechosa sobre el esquema, en el que afirmaba que WCM había recibido o enviado 15 millones de dólares entre 2013 y principios de 2014 a través de su cuenta de HSBC en Hong Kong y de las cuentas de la empresa en otros bancos a los que HSBC prestaba servicios en dólares estadounidenses. Para entonces, las autoridades de Perú, Colombia, California y Massachusetts habían iniciado públicamente investigaciones civiles o criminales contra la empresa.

Sin embargo, siguieron fluyendo cantidades enormes de dólares a la cuenta de Hong Kong. Shane Riedel, un ex ejecutivo de cumplimiento de HSBC que ahora dirige una consultoría con sede en Berlín, Alemania, contra el lavado de dinero, dice que un banco en esta situación debe tomar medidas. "Si una estafa Ponzi se reporta en un país y las cuentas no se cierran en otro país, no es por error", dijo Riedel. Añadió que los sistemas de los bancos para analizar y compartir la información de cumplimiento son a menudo inadecuados.

En marzo de 2014, los funcionarios de cumplimiento de HSBC presentaron otro informe de actividad sospechosa sobre WCM, cuyo negocio continuó funcionando a pesar del intenso escrutinio de las fuerzas de la ley en todo el mundo. Cuatro días después de la presentación del informe, la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC) de Estados Unidos obtuvo una orden de restricción que buscaba congelar las cuentas bancarias de la empresa.

Pero incluso después de la orden de la SEC, las cuentas de WCM en HSBC siguieron muy activas. Según los documentos judiciales presentados posteriormente por los abogados designados por la SEC para conseguir la restitución a las víctimas de la estafa, WCM vació más de siete millones de dólares de las cuentas durante la semana siguiente, hasta reducir su saldo a cero.

La orden de cese y desistimiento de HSBC de 2010 estipulaba que el banco debía examinar su manejo de las citaciones y las investigaciones policiales. Once días después de la orden de restricción, HSBC Hong Kong se negó formalmente a cumplir con el citatorio de un tribunal estadounidense para entregar los registros.

Mientras tanto, los ejecutivos de WCM compraron campos de golf en el sur de California, casas millonarias y terrenos en el condado de Santa Bárbara que el fundador fervientemente religioso de la empresa, Ming Xu, le dijo al ICIJ que estaban destinados a convertirse en una "comunidad de cuidado y colaboración" cristiana.

A principios de 2014, Elvis Callejas, de 29 años, trabajaba en su sueño de construir un conjunto de tiendas minoristas en la región rural en el extremo norte de Bolivia. Pero se vio obligado a despedir a los hombres que ayudaban a construir el proyecto cuando sus ahorros por 10.000 dólares desaparecieron con el colapso de WCM. "Me di cuenta de que había caído en una trampa", dijo Callejas al ICIJ. Tuvo que sacar préstamos para cubrir la pérdida repentina.

Reynaldo Pacheco, el inversionista de WCM asesinado en el condado de Napa, no era un hombre rico. Según la policía local, había buscado durante años oportunidades de negocio y creía que WCM se trataba de una inversión legítima. Posteriormente, tres personas fueron condenadas por su secuestro y asesinato.

Ming Xu niega que WCM fuera una estafa Ponzi y le dijo al ICIJ que la SEC lo había "saqueado". Cuando regresó a China a principios de 2015, comenzó una nueva versión de WCM, según documentos judiciales chinos. En noviembre de ese año, las autoridades chinas arrestaron a Xu por delitos financieros relacionados. Posteriormente fue condenado y pasó tres años en prisión.

Los documentos judiciales chinos en el caso de Xu afirman que su empresa en China tenía cuentas en varios bancos chinos, junto con un único banco global: HSBC.

Los informes de Cherkasky

El acuerdo de enjuiciamiento diferido (o, en inglés, Deferred-Prosecution Agreement, DPA) de HSBC de 2012 fue emitido por los fiscales del Departamento de Justicia como un castigo grave. Exigía, por ejemplo, que el banco vinculara las bonificaciones de los ejecutivos al progreso de sus sistemas antilavado. Se suponía que los salarios altos se reducirían si el cumplimiento era deficiente. Apenas dos años después, HSBC había vuelto a pagar enormes bonificaciones a los ejecutivos, incluyendo 3 millones de dólares para el entonces director ejecutivo Stuart Gulliver.

El DPA le había dado mucha libertad al supervisor independiente del banco, Michael Cherkasky, que presentaba a los fiscales revisiones anuales del desempeño de HSBC contra el lavado de dinero. Las evaluaciones son secretas, pero los resúmenes breves publicados en los documentos de la corte ofrecen indicios de la insatisfacción de Cherkasky. En 2016, por ejemplo, el supervisor mencionó "casos de posibles delitos financieros" que ocurrían en las cuentas de HSBC. También cuestionó si HSBC estaba satisfaciendo todos los requisitos del DPA.

Al acercarse el final del periodo de prueba del HSBC, en 2017, los fiscales reflexionaron sobre si dejar o no que este caducara. En diciembre de ese año, el Departamento de Justicia acordó permitir que el periodo de prueba del banco terminara. El banco alegó que había "cumplido con todos sus compromisos" en virtud del DPA.

La noticia dejó atónito a un alto ejecutivo de HSBC contra el lavado de dinero, que se retiró del banco poco después de que expirara el DPA. El ejecutivo, que pidió hablar en forma anónima por temor a represalias del banco, identificó a Hong Kong como el epicentro de los problemas de delitos financieros del banco y dijo que los problemas continuaron "en gran medida intactos" durante la vigilancia.

Seis antiguos empleados de HSBC entrevistados por el ICIJ dijeron que el vencimiento del DPA coincidió con un amplio cambio cultural en el banco para dar prioridad a la obtención de ganancias por encima del cumplimiento. El cambio, dijeron, incluyó despidos, la expiración de contratos de personal de combate al lavado de dinero y el cierre de una oficina de monitoreo de transacciones en New Castle, Delaware.

En una declaración al ICIJ y a sus organizaciones aliadas, el Departamento de Justicia defendió su historial de acciones de cumplimiento contra los grandes bancos. "El Departamento de Justicia defiende su labor y sigue comprometido a seguir investigando agresivamente y procesando los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, dondequiera que lo encontremos", dijo Matt Lloyd, portavoz de la División Criminal del departamento.

Desde el vencimiento del DPA, el banco y las autoridades de Estados Unidos han luchado enérgicamente para mantener en secreto los informes de vigilancia de Cherkasky.

En noviembre de 2015, Hubert Dean Moore Jr., propietario de una casa que demandó a HSBC, alegando que el banco había manejado deficientemente su solicitud de desgravación del interés hipotecario, pidió a un juez federal en Nueva York que desbloqueara uno de los informes de Cherkasky sobre HSBC. El juez estuvo de acuerdo, pero un panel de la corte de apelaciones revocó la decisión y se puso del lado del Departamento de Justicia, que argumentó que el informe no era un documento revelable. Los informes de Cherkasky permanecen reservados.

En 2019, BuzzFeed News interpuso una demanda para la publicación del informe final de Cherkasky, argumentando que el interés del público por entender la actuación del gobierno en el caso de HSBC exige que el informe se revele. El Departamento de Justicia continúa luchando para mantener bajo sigilo las evaluaciones de Cherkasky.

Mike Coates, un ex empleado de HSBC que trabajó en el área de delitos financieros durante la vigencia del DPA hasta 2018, dijo que las estructuras de incentivos de la industria centradas en las ganancias anulan la lucha contra los delitos financieros.

"No se puede hacer que un hombre crea en algo cuando su salario depende de que no lo crea", dijo Coates, quien se negó a dar detalles sobre su experiencia en el banco. "Ese es el mayor desafío que se tiene en esta industria".


Contribuyeron en esta historia: Jason Leopold, Anthony Cormier, Kyra Gurney, Roman Anin, Emilia Diaz-Struck, Agustín Armendáriz, Delphine Reuter, James Oliver, Golden Matonga.