A las 19:10 horas del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno recibió varios disparos en la localidad de Montelíbano, en el norte de Colombia. Una zona especialmente peligrosa, dominada por el Clan del Golfo, uno de los cárteles más poderosos del mundo.

Inmediatamente después de su asesinato, en Bogotá, nos reunimos decenas de periodistas colombianos, sudamericanos e internacionales para organizar cómo se continuaría su trabajo. 

El 23 de octubre, una treintena de mujeres y hombres, todos periodistas experimentados, decidieron unir sus fuerzas para retomar el trabajo de Rafael donde él lo había dejado.

Seis meses después de su asesinato y coordinados por Forbidden Stories, periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24 y otros medios de comunicacion publican Proyecto Rafael. Una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos que Rafael Moreno había investigado de cerca. 

Al igual que Rafael, decenas de periodistas de todo el mundo salvaguardan su información y sus investigaciones en curso gracias a nuestra SafeBox Network. Esta nueva herramienta se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Algunos de los periodistas, como Alfredo Guachiré en Paraguay, Paola Ugaz en Perú o Haruna Mohammed Salisu en Nigeria, están incluso declarando públicamente, alto y claro, que, por su propia seguridad, han decidido compartir sus investigaciones en curso con nuestro consorcio. Por tanto, matarlos no servirá de nada, salvo para exponer aún más al mundo estas inquietantes investigaciones. 

A pocos días del Día Mundial de la Libertad de Prensa, debemos recordar que están en juego nuestras democracias y el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Proseguir las investigaciones de los periodistas asesinados no es una cuestión de reflejo fraternal, sino de nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas -ya sean delitos medioambientales, corrupción, violaciones de los derechos humanos- que amenazan cada vez más a los periodistas.

A los asesinos de Rafael: se equivocaron. Hoy, 32 medios de comunicación de todo el mundo publican las investigaciones del Proyecto Rafael. Matar al mensajero no matará el mensaje. 

Laurent Richard, periodista y director del consorcio Forbidden Stories.

En este pueblo del norte de Colombia, donde casas y pozos mineros coexisten en medio de una selva tropical casi virgen, todos recuerdan al “pequeño” Rafael Moreno. Aunque se fue de El Alacrán con apenas 18 años, el periodista mantuvo lazos muy estrechos con la aldea minera, y la visitaba frecuentemente. “Se quedaba con nosotros, en su antigua casa. Era parte de nuestra comunidad”, recuerda María Martínez, una habitante. “Siempre, a cada ratico, le decía: ‘Rafael, ¿por qué no te quedas callado? Ya deja todo eso, te va a traer problemas, te van a matar’. Y es lo que finalmente le ocurrió”, dice, secándose unas lágrimas.

Rafael Moreno vivió su infancia y adolescencia entre los mineros artesanales de oro; de estas experiencias emanó una de las causas que más defendió como periodista: el combate contra la extracción ilegal de recursos minerales por parte de las empresas mineras presentes en el sur del Departamento de Córdoba, su región de origen.

“Trabajamos sobre cuestiones ambientales (…) [e investigamos] sobre las administraciones públicas y los consorcios [de empresas que operan] sin ningún permiso ambiental o título minero…”, explicó durante una primera llamada telefónica a Forbidden Stories, el 7 de octubre de 2022, apenas nueve días antes de ser asesinado. Víctima de graves amenazas, había entrado en contacto con nuestro consorcio para salvaguardar sus documentos en la SafeBox Network, una red que permite a los periodistas amenazados proteger su información sensible, compartiéndola con Forbidden Stories. Rafael Moreno quería guardar sus documentos en un lugar seguro para que su trabajo pudiese ser continuado en caso de sufrir un asesinato.

El periodista no andaba con medias tintas, y pocos escapaban a sus críticas. Acompañado por Organis Cuadrado, su compañero y coadministrador de la página de Facebook Voces de Córdoba –el principal canal de difusión de su trabajo periodístico–, Rafael Moreno recorría los caminos tortuosos de su región para denunciar en vivo los “crímenes” que investigaba.

A partir del día siguiente a su muerte y durante los siguientes seis meses, 30 periodistas de 32 medios, coordinados por el consorcio de investigación Forbidden Stories, retomaron su trabajo sobre tres de las minas que él investigaba. El consorcio encontró irregularidades graves en la operación de estas minas, que confirmaron las denuncias del periodista: extraían recursos sin permisos ambientales, sin consultar a las comunidades indígenas o causando daños ambientales y a la salud de las poblaciones aledañas.

“Esta tierra es tanto una bendición como una maldición”

Debajo de una espesa alfombra vegetal, el subsuelo de la región de Puerto Libertador, tierra de origen de Rafael Moreno, contiene abundantes reservas de carbón, níquel, cobre, oro, plata, cobalto y hierro. Esta zona apartada, situada en el norte de Colombia, concentra la mayor parte de la actividad minera y energética de la provincia: tiene 50 permisos de explotación vigentes, más de la mitad de las concesiones otorgadas en el Departamento de Córdoba.

Ubicada entre las faldas de un vasto cerro selvático, la mina de oro de El Alacrán alberga una importante comunidad de mineros artesanales, quienes extraen el metal precioso a mano, a una escala irrisoria en comparación con los recursos financieros, humanos y tecnológicos de las grandes empresas mineras.

Sentada frente a una mesa de plástico blanco, en la terraza de la casa que fue el hogar de Rafael Moreno y su familia, Brenda Bohórquez Díaz, de unos 30 años, entona con su voz potente una canción que ella misma escribió: “Aquí, donde la riqueza es mineral/ de una forma artesanal/ sacan el oro nuestras familias”.

Bohórquez es una de las portavoces de la comunidad de El Alacrán, cuyos 1.200 habitantes viven alrededor de la mina del mismo nombre. “Al igual que los campesinos, nuestra riqueza es la tierra”, dice.

Su comunidad está amenazada por el megaproyecto minero San Matías. Encabezado por la empresa Cordoba Minerals –cuyo capital proviene, en mayoría, de Estados Unidos y China–, este proyecto colosal podría convertir a Colombia en el primer productor de cobre en el mundo. Sin embargo, la empresa describe este proyecto como “una iniciativa a pequeña escala en el contexto mundial”. La empresa pretende extraer, cada día, 22.000 toneladas de minerales (cobre, oro y plata) en una superficie de 20.000 hectáreas.

“Hemos recibido apoyo desde las autoridades locales hasta lo más alto del Estado (…) y las comunidades locales son muy favorables al proyecto”, sostiene Sarah Armstrong Montoga, la representante legal de Cordoba Minerals. 

Pero los habitantes de El Alacrán discrepan. “Este proyecto va a desangrar nuestra tierra”, advierte Brenda Bohórquez Díaz. Junto con otros militantes de su comunidad, la activista denuncia la opacidad de las autoridades. “Nunca nos consultaron. Obtuvieron la concesión sin concertar con nuestra comunidad (…) Nuestra existencia es incompatible con este proyecto, y algún día nos van a desalojar”. La ley colombiana establece que el proceso de consulta a las comunidades indígenas es obligatorio antes de iniciar la fase de exploración de cualquier proyecto minero, o para “cualquier decisión que las afecta directamente”. 

La empresa niega la presencia de comunidades indígenas en la aldea de El Alacrán, aunque “allí viven varias familias indígenas de la comunidad de San Pedro”, afirma Israel Aguilar, exjefe tribal del resguardo indígena Zenú, en el Alto San Jorge.

En un informe preliminar elaborado en 2019, la propia empresa admitió que su actividad minera podría provocar un “deterioro potencial de la salud de la comunidad y un aumento de las patologías sociales”, así como afectaciones por el ruido y una pérdida de la biodiversidad.

En la avenida principal del pueblo, algunos obreros con uniformes de la compañía Cordoba Minerals quitan la lámina del techo de una vivienda humilde antes de derribarla por completo. “Aquí, Cordoba Minerals va a excavar para su proyecto de exploración minera”, explica Brenda. Según ella, la empresa nunca tomó en cuenta la presencia de la población local cuando elaboró sus mapas, lo cual explica por qué están cavando un pozo en medio del pueblo. “Se sorprendieron cuando se dieron cuenta de cuántos éramos”, agrega. Según los vecinos, Cordoba Minerals se comprometió a reconstruir las casas cuando concluya la fase de exploración. 

En respuesta a un cuestionario detallado que le envió el consorcio Forbidden Stories, la empresa negó que alguna casa se hubiera visto afectada por los efectos de la prospección, pero al mismo tiempo reconoció que había pagado indemnizaciones a raíz de intervenciones que habían afectado a determinados edificios, sobre todo viviendas.

Desde hace más de cuatro décadas, es decir, mucho antes de que llegara la compañía –en 2015 –, los mineros de El Alacrán han solicitado un permiso para explotar los recursos minerales de su región de manera legal. Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Minería sigue ignorando su petición. La empresa Cordoba Minerals, por su parte, concentra prácticamente la mitad de los permisos mineros de la región, según documentó el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP). 

Conflictos como éste abundan en la región, cuyas reservas minerales atraen intereses voraces. “Esta riqueza es una bendición y a su vez una maldición”, comenta Brenda Bohórquez.

Rafael Moreno seguía de cerca la lucha que la comunidad de El Alacrán libraba contra la empresa minera. En junio de 2022, lanzó una convocatoria para recabar testimonios y quejas sobre el proyecto. “Las comunidades merecen respeto”, declaró. 

En paralelo, durante los meses previos a su asesinato, el periodista había puesto la lupa en el caso de Carbomas S.A.S, una empresa minera que extrae carbón entre las ciudades de Puerto Libertador y Montelibano.

Carbomas, la última obsesión minera de Rafael

“Abrimos una investigación sobre la empresa Carbomas (…) sobre irregularidades en la ejecución de su proyecto de extracción de carbón en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano”. Con este tono solemne, Rafael Moreno anunció, el 10 de junio de 2022 –en su página de Facebook Voces de Córdoba–, el arranque de un nuevo proyecto periodístico.

El interés de Rafael Moreno en Carbomas tenía un antecedente: el periodista ya sospechaba que la empresa extraía carbón sin permiso ambiental, y dos meses antes le había enviado una solicitud de acceso a la información para pedirle una copia de los permisos ambientales, del certificado de origen de los minerales extraídos, así como la garantía de que el proyecto minero tendría un impacto socioeconómico positivo sobre las comunidades aledañas.

Escasas semanas después, la empresa le replicó que no pensaba contestar a su petición, pues la tildó de “no procedente”. Para Rafael Moreno y su colega Organis Cuadrado, esta respuesta quería decir que la empresa “oculta información por temor a dejar al descubierto irregularidades evidentes”. Además, acusaron que la compañía no llevó a cabo ningún proceso de consulta previa con las comunidades vecinas, un protocolo obligatorio antes de emprender cualquier proyecto minero. 

En Voces de Córdoba, los periodistas multiplicaron los señalamientos contra la empresa. Insistentes en sus denuncias, se volvieron los blancos de críticas malintencionadas. “A todos los que me acusan de hacer esto por dinero o un empleo (…) les contesto que es absurdo”, aseveró Rafael Moreno en un video de 25 minutos que publicó para refutar las acusaciones. “Mi denuncia, la hago basándome en mi trabajo de investigación y en el terreno (...) No invento nada, todo está documentado”.

El caso Carbomas se encaminaba a durar mucho tiempo; sin embargo, un documento que el consorcio descubrió en la mensajería electrónica de Rafael Moreno revela que, el 5 de julio de 2022, en un correo directamente dirigido a Homero Gómez Anaya –el representante legal de la empresa–, el periodista desistió de su solicitud de información enviada tres meses antes. 

El 2 de julio de 2022, apenas tres días antes de este extraño retroceso, Rafael Moreno había sufrido un percance terrorífico: en la caja de su motocicleta, encontró una carta con una amenaza de muerte, junto con la bala de una pistola. “Te crees intocable porque hablas públicamente, pero aquí nadie lo es (…) sabemos todo sobre ti y no te perdonaremos lo que haces”.

Por su lucha contra la extracción ilegal de recursos y contra todo tipo de corrupción, Rafael Moreno incomodaba en muchas partes. Resulta difícil asociar directamente la amenaza de muerte y el correo electrónico a Carbomas para desistir de la solicitud de información, pero lo cierto es que los periodistas dejaron de publicar sobre la empresa después de esa fecha.

El consorcio de Forbidden Stories y sus socios volvieron a solicitar la información que Rafael Moreno quería conseguir. Uno de los documentos obtenidos como producto de una petición a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) –la instancia local de gestión ambiental– revela que, en la época en la que Rafael Moreno denunciaba a Carbomas, la empresa no contaba con el permiso ambiental para su nuevo proyecto minero carbonífero La Estrella.

Gracias a unas imágenes de satélite inéditas de Planet Labs, obtenidas por Occrp – miembro del consorcio –, parece que en mayo de 2022, en el momento de las acusaciones de Rafael Moreno, la mina ya estaba en fase de explotación, aunque la empresa aún no tenía licencia ambiental. “Esta imagen muestra claramente que la mina estaba en fase de explotación, dado el avanzado nivel de deforestación y la presencia de cavidades”, confirma Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas, con sede en Guatemala. A pesar de nuestras preguntas, la empresa no ha comunicado la fecha de inicio de sus operaciones.

La compañía solicitó dicho permiso el 21 de junio de 2022, cerca de dos meses después de ser señalada por el periodista. Aún sin autorización, la empresa había “realizado excavaciones y perforaciones profundas”, según ese mismo documento. El permiso ambiental fue otorgado a finales de noviembre de 2022, un mes después del asesinato de Rafael Moreno.

El consorcio también constató que Carbomas consiguió una exención del Ministerio del Interior que le permitió arrancar su proyecto sin consultar a los habitantes de la región. “No procede la consulta previa con comunidades indígenas para el proyecto”, estipulaba. Tras las peticiones del consorcio sobre este punto, la mina justifica que no ha solicitado una exención.

Carbomas no es la única empresa minera que causa problemas en la región. La compañía suministra carbón a Cerro Matoso, la mina de níquel más grande del continente, cuyo impacto en el medio ambiente y en la salud de las comunidades vecinas ha sido denunciado desde hace años. 

El níquel de Cerro Matoso: contaminador número uno

“Capital niquelera”. En la entrada de la ciudad de Montelíbano, este letrero multicolor, colocado delante de una excavadora Caterpillar 773-D, da una alegre bienvenida a los visitantes. “Junio 2022. Con motivo de sus 40 años y de los 115 de Montelíbano, Cerro Matoso hizo entrega de este camión al municipio (…) como símbolo de la actividad minero-industrial de la región”, se puede leer en una placa recién colocada en la entrada. 

La fama de Cerro Matoso rebasa las fronteras de Montelíbano: es la primera mina de níquel de América Latina y la cuarta en el mundo en términos de superficie. En la carretera, los camiones pasan uno tras otro en un desfile incesante, transportando su valioso cargamento de ferroníquel desde la mina hacia la ciudad portuaria de Cartagena.

El mineral, utilizado sobre todo en la producción de acero inoxidable, se exporta principalmente hacia China, Estados Unidos y Europa. “Participamos de manera activa en la transición energética porque nuestros materiales son muy cotizados para producir paneles solares”, presume Pedro Oviedo, jefe de operaciones en la mina. 

Pero el níquel divide. En algunos, el mineral despierta orgullo, pero para muchos, la mina de Cerro Matoso representa, ante todo, un desastre ambiental y sanitario. El gigantesco boquete, de 84.989 hectáreas, se encuentra en medio de la reserva indígena Zenú del Alto San Jorge, y una quincena de comunidades indígenas viven en su alrededor. El pueblo más cercano, Puerto Colombia, se encuentra a apenas 750 metros de las excavaciones y de las plantas donde el níquel es transformado en ferroníquel.

“Aquí no van a encontrar ninguna persona con buena salud, todos estamos enfermos”, afirma Estela Isabel Hoyos Arcia, una habitante del pueblo. El bosque tupido que rodea el poblado no basta para reducir los perjuicios de las actividades mineras. “Nuestros ojos están irritados todo el día”, agrega.

Este malestar es producto del humo que se escapa de las chimeneas de la planta minera, “y más en la noche”, según los habitantes. En noviembre de 2021, Rafael Moreno publicó una fotografía comprometedora para la minera Cerro Matoso: en ella, se observaba una enorme nube de humo de color rosáceo, con aspecto de torbellino, que salía del sitio minero y cubría una vasta zona. “Que hermosa se ve nuestra subregión con las decoraciones que le pone Cerro Matoso”, comentó con un tono irónico. 

La empresa acusó entonces a Rafael de publicar una fotografía desactualizada. En reacción, el periodista y su colega Organis Cuadrado se trasladaron, días después, a escasa distancia de la mina, y filmaron la nube. “Hoy 23 de noviembre de 2021 (…) esta nube rosada que ven, es la que hace daño, la que perjudica a las comunidades”, recalcó.

La compañía minera sigue negando que contamine: “De nuestras chimeneas sólo sale vapor de agua; en cuanto a esta nube rosada, seguramente se trata de un fallo del sistema, es una excepción”, asegura Pedro Oviedo, jefe de operación en Cerro Matoso, en entrevista con Forbidden Stories. Sin embargo, videos difundidos por fuentes locales muestran que sucedieron episodios similares el mismo año y en abril de 2022.

En 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya había alertado sobre las "emisiones no controladas" que salían de la mina; esta observación fue corroborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que dio cuenta de la existencia de una “nube de color naranja”.

En 2020, antes de las acusaciones de Rafael Moreno, Cerro Matoso ya había sido condenada por el CVS –el órgano regional de gestión medioambiental– por superar las emisiones de partículas, muy por encima de las normas medioambientales. 

Sin embargo, Cerro Matoso niega cualquier acusación sobre contaminación atmosférica y se defiende: “Ninguna de las mediciones [del aire ambiente en 2022, nota del editor] alcanzó el límite de la media anual de las directrices definidas por la Organización Mundial de la Salud”. La empresa también afirma ser transparente, y todas las medidas de sus estaciones de muestreo están disponibles en línea.

Víctor Pineda trabajó durante 22 años en Cerro Matoso, principalmente en la zona de los hornos donde el níquel es transformado a muy alta temperatura, y de los cuales se escapan estas polémicas nubes. “Muchos gases son liberados durante estas operaciones y contienen sustancias peligrosas, muchas de las cuales son cancerígenas, como la sílice cristalina, un cancerígeno reconocido”, explica.

A cuatro kilómetros de la mina, entre las colinas verdes, está la aldea de la comunidad indígena Guacarí-La Odisea. A lo lejos se observan enormes montículos grises: son los residuos de la producción de ferroníquel, amontonados al aire libre.

Los millones de toneladas de residuos generados desde el inicio de las operaciones de la mina se almacenan al aire libre y son dispersados por las inclemencias del tiempo. “Están compuestos de partículas muy tóxicas. Basta un poco de viento o lluvia para que las partículas se desplacen y contaminen”, explica el antiguo trabajador de Cerro Matoso.

Ahí también se multiplican las enfermedades: según los habitantes, no hay una persona que no tenga una discapacidad, afirman que ni siquiera los niños se salvan de los males “inhabituales” que acechan a la comunidad. Yolanda Rosa Hayos, de 63 años, solloza: “Tengo dolores en todas partes (…) y estas manchas negras aparecieron sobre todo mi cuerpo. Consulté con doctores de la clínica de Cerro Matoso, me dijeron que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparme”. 

Efectivamente, la empresa minera financia una clínica a través de una de sus estructuras, la Fundación Panzenú. A ella pueden acudir tanto sus empleados como los integrantes de las comunidades aledañas para recibir atención médica. “Este territorio ha sido abandonado por las autoridades sanitarias. Para recibir atención, la gente va al hospital, pagado por Cerro Matoso, o a la clínica que pertenece a la mina. [Cerro Matoso] es, por lo tanto, juez y parte en las cuestiones de salud”, analiza Camilo Castellanos, médico toxicólogo en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para las comunidades que viven cerca de la mina, no cabe duda: las actividades del níquel tienen un impacto devastador en su salud. “Son sobre todo problemas respiratorios los que nos llevan a la tumba”. Luchan desde hace años para que Cerro Matoso sea reconocida como responsable de estas afectaciones.

Un caso de alcance nacional

En 2013, Israel Aguilar, entonces gobernador y jefe indígena de la comunidad Zenú del Alto San Jorge, y Luis Hernán Jacobo, presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia contra Cerro Matoso, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, por daños ambientales y sanitarios. El máximo tribunal aceptó el caso, y movilizó recursos importantes para determinar el grado de responsabilidad de la minera en los agravios.

Un estudio sin precedentes fue solicitado al Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses –una autoridad muy reconocida en el país– para determinar la presencia de níquel en la sangre y la orina de 1.147 personas que viven cerca de la mina, y para identificar la tasa de enfermedades vinculadas a la actividad minera. Sus resultados fueron demoledores: establecieron que “los niveles obtenidos en el muestreo tanto en sangre como en orina están por encima de los datos arrojados por estudios mundiales”, y posteriormente fueron confirmados por el Ministerio de la Salud.

Estela Isabel Hoyos Arcia, residente de Puerto Colombia, sujeta con firmeza la hoja de resultados que recibió cuando el estudio se hizo público: le midieron 6 μg de níquel en la sangre y 19 μg en la orina, tasas 10 y 11 veces superiores, respectivamente, a los límites establecidos por el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, una de las normas más estrictas en el mundo.

A la luz de estos análisis, el tribunal emitió una resolución en contra de Cerro Matoso: ordenó a la empresa el pago de una indemnización a las comunidades afectadas, y le conminó a cubrir los gastos completos de atención médica y a renovar su permiso ambiental, que no había cambiado desde 1981. En caso de incumplir con las sanciones, el juzgado contemplaba la posibilidad de decretar “la suspensión de sus actividades extractivas”. 

Pero la empresa South 32 –dueña de la mina–, impugnó la decisión y se armó con los abogados más poderosos del país, entre ellos Eduardo Cifuentes Muñoz, expresidente de la Corte Constitucional (1991-1998). 

Los abogados alegan que “el tribunal malinterpretó el informe médico publicado por el Instituto de Medicina Legal (…) porque una relación de causalidad directa no fue establecida entre el impacto constatado en la población y la explotación de Cerro Matoso”. Argumentaron que no era posible atribuir solamente a Cerro Matoso la presencia de níquel en las muestras de sangre, ya que “factores externos” pudieron influir en los resultados.

“Por supuesto que existe un factor externo: la mina en sí misma”, comenta Camilo Castellanos, toxicólogo e integrante del equipo metodológico que elaboró el informe del Instituto de Medicina Legal. “Los niveles de níquel observados en las muestras estaban entre 10 y 100 veces superiores a los límites establecidos por la norma de Quebec (…) Más allá de la interpretación del informe, las tasas de níquel eran de tal magnitud que estoy íntimamente convencido de que la mina intoxica a las poblaciones de manera crónica”, sostiene. 

Antes de llevar a cabo el estudio, la metodología fue validada por las instituciones públicas participantes y por todas las partes actoras, incluyendo Cerro Matoso. Según Javier de la Hoz, quien representó a las comunidades en el juicio, “este informe es la prueba más contundente que pueda existir para demostrar la responsabilidad de la minera”.

En su respuesta a las preguntas enviadas por Forbidden Stories, Cerro Matoso cita un informe de 2016 de Julie E. Goodman, toxicóloga de prestigio internacional, que plantea las limitaciones metodológicas y de evaluación del Instituto de Medicina Legal. 

Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados en septiembre de 2018: en segunda instancia, la Corte Suprema dio la razón a la empresa y anuló la mayor parte de las sanciones contra Cerro Matoso. Sólo quedaron las decisiones de renovar el permiso ambiental –con la obligación de realizar un proceso de consulta indígena–, de remediar los impactos ambientales y de garantizar servicios de salud de las poblaciones afectadas.

Muy pocos se explican la revocación de la sentencia en segunda instancia, a pesar de las pruebas aportadas por el Instituto de Medicina Legal. Para Javier de la Hoz, no hay duda: "Hubo corrupción”.

En 2015, meses después de que la Corte Constitucional de Colombia inició la acción de tutela contra Cerro Matoso, el gigante minero BHB Billiton, que era propietario del yacimiento de níquel desde 1980, cedió la concesión de la mina a South 32, una sociedad australiana de reciente creación, que nació de una escisión de la propia BHB Billiton y heredó los activos considerados no estratégicos de la transnacional.

Desde que se dio a conocer la sentencia del juicio, un acuerdo para definir el protocolo de la consulta indígena ha sido pactado con las comunidades. Este acuerdo contempla el pago de 58.000 millones de pesos a las comunidades a través de proyectos sociales, defiende Cerro Matoso en su respuesta a nuestras preguntas.

En Puerto Colombia, el pueblo más cercano de la mina, casi todas las casas han sido renovadas, y algunas siguen en obra. Pero “la salud no tiene precio, y esta casa nueva no me la devolverá”, deplora Estela Isabel Hoyos Arcia, quien sufre múltiples problemas digestivos. 

Aunque el caso concluyó, las acusaciones contra Cerro Matoso continúan. En San José de Uré, pueblo afrocolombiano ubicado a diez kilómetros de la mina de níquel, un desastre sanitario ocurre en silencio: en los últimos dos años, cerca de veinte mujeres han sufrido una histerectomía (ablación del útero), según una investigación llevada a cabo por RFI, integrante del consorcio de Forbidden Stories. Todas las mujeres han presentado síntomas similares: hemorragias graves y dolores insoportables. “¿Por qué somos tantas las que sufrimos de esta manera?”, preguntan .

La respuesta se encuentra en el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: el documento señala que el fibroma uterino es una de las diecisiete enfermedades que afectan a las poblaciones aledañas a Cerro Matoso. Pese a la orden de la Corte Constitucional para que la minera proporcione una atención médica completa a las víctimas de estas enfermedades, ninguna de las mujeres recibió apoyo. En su reporte, la Corte Constitucional había alertado sobre la “contaminación del río Uré con partículas provenientes de la mina”. La empresa se defiende afirmando que, hasta la fecha, “sólo una persona ha solicitado asistencia en virtud de este protocolo”.

“El caso de salud no está cerrado (…) y las consecuencias sobre nuestra madre tierra son peores que antes”, afirma Israel Aguilar. 

En Córdoba, arriesgar la vida denunciando las actividades mineras

Al igual que Rafael Moreno, muchos actores locales y personas afectadas por las actividades mineras de la región han denunciado sus efectos negativos sobre la salud y el medioambiente; al hacerlo, se han expuesto a graves peligros.

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, 56 líderes locales, en parte involucrados en temas relacionados con las minas, han sido asesinados en el sur de Córdoba, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz). En Colombia, las actividades mineras constituyen una de las principales causas de conflictos socioambientales. 

Israel Aguilar, exminero y enérgico defensor de las comunidades indígenas de la zona, da cuenta del peligro latente: “Ya no puedo desplazarme en espacios públicos. En mi casa, no paso más de veinte minutos en la terraza, es demasiado arriesgado”. Orador público muy activo en las cuestiones de minería desde hace varias décadas, el líder ha recibido numerosas amenazas y solo se mueve con escolta. En Córdoba, 202 personas se benefician de una protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. 

“Aquí, el poder funciona en triángulo: los grupos armados (el Clan del Golfo, principal pandilla de narcotraficantes en el país), los políticos y las mineras constituyen un mismo ecosistema de corrupción y de delincuencia”, dice una fuente que prefiere guardar su anonimato. 

“Todas las empresas mineras presentes aquí pagan al clan. Donde hay minas, hay grupos paramilitares”, comenta otra fuente, quien también desea preservar su identidad.

Víctor Pineda dejó Cerro Matoso en 2003, después de 21 años de trabajo en la empresa, por motivos de salud. Víctima de una disautonomía del sistema nervioso y de varios problemas digestivos y cardíacos, el extrabajador lleva dos décadas luchando para que sus padecimientos sean reconocidos como una enfermedad laboral, lo que le daría derecho a una retribución. El hombre acusa a la compañía de no haber implementado las medidas de protección necesarias, y de haberlo expuesto a temperaturas dañinas para la salud.

Algunos días después del asesinato de Rafael Moreno, Víctor Pineda compartió en Facebook varias publicaciónes del periodista sobre Cerro Matoso, para honrar su memoria. Más de una semana después recibió, por su ventana, una carta de amenaza: “Deje de tirarse de líder ambiental (…) ya vio lo que le pasó al periodista Rafael Moreno en Montelíbano (…) está advertido” . Se quedó estupefacto. “No entiendo por qué me amenazan personalmente. Somos muchos los que denunciamos la mina, y no soy ni líder ni vocero” , dice el jubilado.

Organis Cuadrado, compañero de aventuras de Rafael Moreno y crítico acérrimo de la actividad minera en su región, decidió adoptar un bajo perfil desde el asesinato de su amigo. Conduce ahora un programa musical y de noticias para la radio local La Piragua: “Tengo una familia, quiero ver a mis hijos crecer (…) sé que sería el siguiente en la lista si siguiera denunciando como lo hacía con Rafa”. El periodista siempre viaja acompañado por dos guardaespaldas y se desplaza en un auto blindado. 

El asesinato de Rafael Moreno marcó un antes y un después en la región. Aunque algunos siguen levantando la voz, muchos prefieren callarse. “Es el silencio”, suelta Organis. 

Felipe Morales (El Espectador), Pascale Mariani (France 24), Ivonne Rodríguez (CLIP), Angélica Perez (RFI) y Aabla Jounaïdi (RFI) contribuyeron con entrevistas e investigación.

Traducción de Mathieu Tourlière y Elena García.

Esta provincia, donde él mismo residía, es un corredor estratégico en la ruta del narcotráfico. Los acuerdos de paz de 2016 con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no pusieron fin a los conflictos civiles ni tampoco a los escándalos de corrupción, en los que se especializó el periodista, llegando casi a la obsesión. En la página de Facebook de su medio Voces de Córdoba, que lanzó en 2018, Rafael Moreno no se callaba ante nadie. Sus 56.000 suscriptores seguían con atención los escándalos que denunciaba casi a diario, y que involucraban tanto a políticos locales como a empresas mineras y grupos paramilitares. Con su tono voluntariamente excesivo, se ganó una fama local que lo dejó expuesto.

En su video del 21 de julio, el periodista, de 37 años, habló de la amenaza más reciente que recibió el 2 de julio, en el baúl de su motocicleta. Frente a la cámara, exhibió la bala de una pistola, acompañada de una carta anónima. “Sabemos todos los movimientos que haces dónde vas, a qué hora te levantas, a qué  hora te acuestas”, leyó el periodista, con una voz entrecortada, pero firme. “Ya sabemos dónde tomas trago en Montelíbano, mejor dicho sabemos todo de ti, no te vamos a perdonar lo que estás haciendo. Así, que ya sabe parcero, este resto de proveedor de esta 9 [milímetros] está listo esperando por ti”. 

Menos de tres meses después de la difusión de este video, poco después de las 19h del 16 de octubre de 2022, Rafael Moreno está cerrando la caja del Rafo Parrilla, el restaurante de comida rápida que compaginaba con su trabajo de periodista. De pronto, un hombre penetra en el edificio, la cabeza cubierta por una gorra. El individuo saca una pistola y le dispara tres veces. Rafael Moreno fallece al instante. Hasta la fecha, su asesino sigue en libertad. 

Durante seis meses, 30 periodistas de investigación retomaron su trabajo, como él lo deseaba. Apenas unos días antes de su asesinato, estaba en contacto con Forbidden Stories para poner a salvo sus archivos a través de la SafeBox Network. Esta red ofrece a periodistas amenazados, en cualquier lugar del mundo, la posibilidad de proteger sus investigaciones más sensibles. En caso de ser secuestrados, encarcelados o asesinados, Forbidden Stories y sus socios colaboradores pueden continuar el trabajo de estos periodistas y difundirlo de manera masiva.

Gracias a cientos de documentos y de correos electrónicos del periodista de Voces de Córdoba, el consorcio de periodistas que representa Forbidden Stories continuó las investigaciones de Rafael Moreno sobre los casos de corrupción local y de desvíos de dinero público, y publicó los hallazgos en 32 medios internacionales.

Forbidden Stories ha descubierto el sistema de clientelismo a gran escala que impera en la provincia de Córdoba, analizando de manera sistemática los contratos públicos de los municipios que investigaba el periodista, además de realizar trabajo de campo y entrevistas a numerosas fuentes. El consorcio ha desvelado el desvío masivo de varios millones de euros de recursos públicos perpetrado en cinco municipios de la región.

La voz de Córdoba

Cuatro días después del asesinato de su esposo, Kiara Moreno regresó por primera vez al apartamento que el periodista utilizaba como oficina. La acompañaban varios familiares y periodistas del consorcio Forbidden Stories.

Sobre la mesa se apilaban una montaña de actas administrativas y cientos de solicitudes de información relacionadas con adjudicaciones de contratos públicos. En Colombia, estas solicitudes se han convertido en una herramienta útil para obtener información sobre temas de interés público. En el sur de Córdoba, Rafael Moreno era uno de los únicos en enviar este tipo de peticiones, que funcionan relativamente bien, pero pueden exponer a su autor a represalias. En los días previos a su muerte, había enviado cuatro. 

Para sobrevivir y cubrir las necesidades de su familia, en una región donde ningún medio podría financiar investigaciones incómodas y que requieren mucho tiempo, Rafael abrió, a principios de 2022, un pequeño car wash, y luego su puesto de comida Rafo Parrilla, que inauguró apenas tres semanas antes de ser asesinado. Cada semana, hacía recorridos de cinco horas en el carro de un amigo para comprar pescado y venderlo a sus vecinos.

Pese a realizar tres actividades a la vez, el periodista siempre conseguía tiempo para difundir videos en su página de Facebook, Rafael Moreno - Periodista Investigador, y la de su medio Voces de Córdoba. En su plataforma, que usaba como espacio de denuncia, nadie era intocable: consejeros, alcaldes, gobernadores… hasta sus colegas periodistas podían convertirse en diana de los ataques feroces -y a menudo muy bien documentados- del periodista. Su hermana menor, Maira Moreno, de quien era muy cercano, recuerda haberle dicho: “Vas demasiado lejos, hasta podrías denunciarme a mí, tu hermana”. Y que éste le contestó: “Sí, si haces cosas malas”. No conocía límite alguno, ni siquiera los lazos de amistad lo frenaban cuando se trataba de corrupción. Rafael Martínez, número dos en el municipio de Puerto Libertador y amigo del reportero durante más de dos décadas –situación que no le protegía de sus publicaciones-, confirmó a un miembro del consorcio de medios: “Tiró piedras a muchos lados. Puede haberlo asesinado cualquiera”.

Recursos naturales acaparados por una familia influyente

El 7 de octubre de 2022, Rafael Moreno sabía que su vida corría peligro. Empezó a compartir con los equipos de Forbidden Stories encargados de la SafeBox Network múltiples documentos de una investigación que lo tenía absorto: “Estamos llevando a cabo una investigación muy rigurosa y nos enfrentamos a muchos problemas. Se trata, prácticamente, de un modus operandi en el que las administraciones públicas, los empresarios y los consorcios aprovechan el lecho del río de Uré y sus arenas para realizar obra pública, sin tener ningún permiso, licencia o título de concesión”.

Rafael Moreno había descubierto que decenas de camiones llegaban a diario a las orillas de un río ubicado en el límite de un parque natural protegido, y cargaban arena destinada a obras públicas, de manera totalmente ilegal según el periodista. Cuando investigó acerca de los responsables, el reportero se percató de que uno de los lugares de extracción pertenecía presuntamente al clan Calle, una de las seis familias políticas que se disputan el poder en Córdoba.

Como de costumbre, Moreno no hizo las cosas a medias. Se grabó en vivo desde la propiedad y realizó su denuncia pública, frente a una retroexcavadora. El video se difundió en redes sociales, y afectó a la imagen del influyente clan.

El terreno pertenece a Carmen Aguas, la esposa de Gabriel Calle Demoya, el patriarca de la familia. Calle fue diputado por la provincia y alcalde de Montelíbano (2012-2015), una ciudad estratégica en la región. Calle ha sido blanco de varias investigaciones, entre otros cargos, por celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Su familia está vinculada al tráfico de drogas; su primo, César Cura Demoya, ha sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Uno de sus hijos, Gabriel Calle Aguas, fue director de una de las campañas municipales del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y jefe de oficina del ministro del Interior; actualmente, es candidato para la gobernación de Córdoba en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2023. 

Yamir Pico, primo de Rafael Moreno –y también periodista–, considera que este caso es "extremadamente sensible", particularmente en temporada electoral. “Rafael se metió en la propiedad privada de los Calle; es una familia sobre la que solemos publicar información con precaución, porque sabemos de lo que son capaces”. Tres periodistas cercanos a Rafael Moreno, incluyendo Yamir Pico, retomaron la nota del reportero. Todos recibieron amenazas después de su asesinato.

Interrogado por el consorcio, Gabriel Calle Demoya rechaza cualquier responsabilidad en la extracción de arena: “Entonces el gran problema no sería Gabriel Calle, supuesto dueño de la cantera ilegal. Serían los que están ejecutando obras con material de cantera todo ilegalizado”. El exalcalde de Montelíbano añadió que los camiones habían sido grabados en una carretera pública, no en la propiedad de su mujer, aunque el catastro no menciona la existencia de una carretera pública en este lugar.

Al revisar las matrículas de un camión de carga que aparecía en el video de Rafael Moreno, Forbidden Stories pudo encontrar a su dueño: la empresa constructora JV Ingeniería, cuyo representante legal es un tal Juan Carlos Amador Carrascal, quien no ha respondido a nuestras peticiones. El hombre ya se había hecho notar en 2012, cuando estuvo involucrado en un caso de obras mal realizadas en una escuela. Un mal funcionamiento en el sistema de tratamiento de aguas negras propagó olores nauseabundos en los salones de clases. El 12 de octubre, es decir, cuatro días antes de su asesinato, Rafael Moreno envió solicitudes de información al municipio para conseguir documentos sobre el río de Uré y la propiedad de los Calle. La respuesta llegó dos días después de su muerte.

Contactado por Forbidden Stories, Custodio Liborio Acosta Urzola, el alcalde de San José de Uré, donde se halla la propiedad de los Calle, ha declarado que “la entidad no tiene conocimiento alguno sobre la extracción de material en la rivera de la Quebrada de Uré” y que había realizado “monitoreo sobre los posibles puntos donde pudiese extraerse material de esta denominación encontrándonos que esta actividad no se lleva a cabo”.

Espedito Duque, de mentor a “mentiroso”

El clan Calle no es la única familia política que atraía la atención del periodista en la región. Desde años atrás, investigaba a otra familia, igual de poderosa y peligrosa. Rafael Moreno había tenido vínculos personales con ella; de hecho, estuvo a punto de ser uno de sus miembros. Además, esta familia fue, irónicamente, una de las razones por las que se dedicó al periodismo.

Oriundo de Puerto Libertador, un pueblo retirado de la región de Córdoba en disputa entre guerrilleros y paramilitares, Rafael Moreno no estaba destinado a ser periodista. Durante su adolescencia,  empezó a trabajar en una mina de oro de un pueblo vecino; posteriormente se dedicó a la recolección de hojas de coca, y luego se afilió al Ejército para realizar su servicio militar. Cuando regresó, a los 20 años, tejió una amistad con un hombre que cambiaría su vida: Espedito Duque.

Este político, quien reivindica su pasado como recolector de limones, tenía un sueño: sacar del poder al clan Carrascal, que controlaba las riendas de la provincia por cerca de una década. Su aspecto bonachón inspiraba confianza, y sabía cómo hablar ante una multitud. Se presentaba como el primer candidato del pueblo. Su discurso sobre la justicia social y la dignidad de los pobres hizo efecto en  Rafael Moreno. Ambos desarrollaron una relación casi filial. “¡Él era como un hijo!”, confirma Espedito Duque al consorcio. Rafael puso a toda su familia al servicio de la campaña de Espedito Duque para la alcaldía municipal de Puerto Libertador. Maira Moreno, su hermana menor, recuerda: “Hacíamos todo por él, Rafael era su brazo derecho, prácticamente era su director de comunicación”. Después de dos fracasos electorales y 12 años de lucha, Espedito Duque finalmente resultó electo en 2015. 

Rafael Moreno empezó a trabajar para el nuevo alcalde. Instaló generadores eléctricos en zonas sin luz, una tarea que, según sus cercanos, llevó a cabo de la mejor manera. La alcaldía le otorgó una beca para estudiar un semestre de Derecho, pero rápidamente sus relaciones con Espedito Duque se degradaron.

Como no venían los cambios que su mentor había prometido, Rafael perdió la paciencia. Peor aún: Espedito Duque nombró a funcionarios de administraciones pasadas para los puestos claves. Estas decisiones cayeron sobre Moreno como baldes de agua helada, pues vio articularse el mismo esquema político de antaño. Terminó apartado del equipo, hasta que rompió definitivamente con Duque, en 2017. “Cuando ganamos, recuerdo que abracé a la madre de Espedito Duque y le agradecí dar luz a nuestra esperanza. Pero estaba equivocado, y me causa tristeza recordarlo. (…) Nos hizo creer que cambiaría las cosas y, para conseguirlo, se rodeó de las mismas personas que tanto habíamos criticado, y que tanto retrasaron nuestra esperanza de llegar a la alcaldía municipal”, deploró Rafael Moreno en una publicación en Facebook el 11 de septiembre de 2021.

En diciembre de 2018, el militante decepcionado se lanzó al periodismo, y abrió su medio digital para publicar investigaciones sobre la administración de Duque, de la que había sido expulsado. 

Una revancha personal según Espedito Duque, quien aceptó responder al consorcio: “¡Expresó que iba a hacer lo imposible por destruir el proyecto político, se llenó de odio, rabia y resentimiento!”

El reportero analizó de manera sistemática los contratos públicos otorgados por el equipo de quien fuera su mentor, y luego por el de su sucesor, Eder John Soto. Prestanombres de Duque, Soto fue electo en 2020 gracias a las aportaciones financieras del alcalde: la hermana de su esposa donó cerca de 20 millones de pesos colombianos, equivalentes a 14.000 euros, a su campaña. Espedito Duque logró sacar a un clan del poder, pero formó uno nuevo a su alrededor. 

Bajo la administración de su protegido, Espedito Duque sigue siendo el verdadero jefe del clan, tal y como confiesa en una entrevista con el consorcio un funcionario de la provincia que prefiere mantener el anonimato por temor a eventuales represalias: “Duque decide sobre todo lo que es importante en el municipio. Recibe en su casa, a partir de las 11 de la noche o de medianoche, hasta las 3 de la mañana. Todo el mundo va para pedirle favores, contratos, nombramientos o respaldos”, afirma. 

El hombre que pone hace temblar los mercados públicos

Desde su ruptura con Espedito Duque, Rafael Moreno se quedó con una idea en mente: exponer la corrupción masiva y sistemática del clan Duque.

El periodista tenía su método: navegaba en la página oficial de la provincia, donde aparecen los contratos de obra pública de la administración, descargaba los documentos, verificaba minuciosamente los presupuestos y planes ejecutivos, y visitaba el lugar para verificar si las obras se habían llevado a cabo como estaba previsto.

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, en 2016, el dinero ha llovido a cántaros en cinco municipios de la provincia, particularmente afectados por el conflicto: más de 90 millones de euros se invirtieron ahí. En teoría, estos recursos debían financiar 130 proyectos de construcción de carreteras, programas educativos, planes de viviendas e infraestructura energética. Por ello, Rafael Moreno puso la lupa sobre los contratos que estas cinco alcaldías otorgaron. Gracias a las leyes de transparencia, el reportero pudo conseguir los contratos y los desmenuzó con la ayuda de los conocimientos que recibió durante sus estudios de Derecho.

Publicadas en Facebook, la red social más popular en el país, las investigaciones de Rafael Moreno se convirtieron en trabajos de referencia. Una de ellas, sobre la renovación del estadio municipal de Puerto Libertador, contribuyó a impulsar su fama pública: pese a contar con un contrato de más de 960.000 euros y ampliaciones, las obras fueron abandonadas sin llegar a terminarse nunca. Con su ironía mordaz, Rafael Moreno bautizó la obra el Estadio de la eternidad. En esa región pobre y azotada por la violencia de la guerrilla y de la delincuencia organizada, el escándalo y los montos despilfarrados causaron indignación, y a la vez dieron notoriedad a Moreno.

Pero este tipo de trabajos también le acarreó amenazas por parte de los grupos armados. En la región, estos grupos cobran de manera sistemática una parte de cualquier recurso destinado a las obras públicas, una práctica a la que Rafael Moreno se refirió como la vacuna durante una conversación con Forbidden Stories el 7 de octubre de 2022. Estas comisiones se esfumaban cuando Rafael Moreno denunciaba los contratos, lo que provocaba la ira de las facciones, que de pronto lo señalaron como un hombre a matar. En 2019, los Caparrapos, una guerrilla mafiosa que causa estragos en el país, lo designó como blanco militar. En 2021 fue secuestrado durante varias horas y sometido a un interrogatorio por el Clan del Golfo, un grupo armado que rivaliza con los Caparrapos para hacerse con el control de Córdoba.

Rafael Moreno dio a conocer estas amenazas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el organismo colombiano encargado de coordinar las medidas de protección para los periodistas amenazados. Sin embargo, las medidas de protección del periodista fueron poco eficientes y a menudo fallaban, como sucedió el propio día de su asesinato.

A pesar del peligro, el periodista publicaba notas críticas, y a la par presentaba quejas y solicitudes de información contra la administración de Espedito Duque. En el sistema colombiano, estas solicitudes pueden provocar la apertura de investigaciones judiciales, que a su vez pueden derivar en condenas penales, si las autoridades consideran que se cometió un fraude. Según Walter Álvarez, un periodista cercano a Rafael Moreno, las solicitudes se convirtieron en la principal amenaza para su amigo. “Se puede hacer que se olvide una investigación periodística con el tiempo. Pero cuando esta investigación te puede llevar a la cárcel es otra cosa. Yo nunca me atreví a entrarle, no todos estamos dispuestos a asumir este riesgo”.

Presupuestos municipales acaparados por el círculo del alcalde

Al revisar el buzón electrónico de Rafael Moreno, Forbidden Stories y los socios del Proyecto Rafael consultaron un documento exclusivo que muestra cómo el periodista buscaba exhibir un sistema de clientelismo en la adjudicación de contratos públicos bajo la administración de Espedito Duque y de su sucesor. Se trata de una queja administrativa -que cualquier ciudadano colombiano puede presentar- por “hechos de corrupción, desvío de dinero público, tráfico de influencias y clientelismo”, presentada el 5 de enero de 2021 contra Espedito Duque y sus colaboradores. 

La queja, de 21 hojas, retrató minuciosamente los métodos de la alcaldía. “Durante su administración en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, el alcalde Espedito Manuel Duque Cuadrado se caracterizó por cometer toda clase de delitos en contra de la administración pública”, planteó. Rafael Moreno describió lo que, en su opinión, era el modus operandi del clan político. “En su administración, patrocinó y ayudó a constituir y legalizar en la Cámara de Comercio de Montería un sinnúmero de oenegés, para sus amigos cercanos y de esa manera contratar con ellos y tener la facilidad de apropiarse de los recursos públicos para cumplirles a las personas con las dádivas”. Agregó: “Nunca antes se habían constituido tantas organizaciones sin ánimo de lucro en Puerto Libertador solo con el fin de contratar con el municipio y así legalizar contratos de obras públicas”. 

Entre la decena de organizaciones que señaló, Rafael Moreno citó a Serviexpress ATP SAS, que según él fue fundada, según varias fuentes, por un miembro cercano de Espedito Duque, para beneficiarse de grandes contratos públicos. También denunció la asociación Renacer IPS SAS, cuyo representante legal era el hijo de un colaborador de Duque y que obtuvo dos contratos por una cantidad total de cerca de 73.000 euros.

Después de su mandato de cuatro años como alcalde, el patrimonio personal de Espedito Duque incluía varios locales comerciales, una mansión con un valor de 69.000 euros y una finca, según documentó el periodista: “Sus ingresos como alcalde no le permiten adquirir todos estos bienes”, denunció. En su queja, mencionó también una lista de contratos de obra pública que fueron celebrados, pero nunca ejecutados. Al final del escrito de la queja, Rafael Moreno firmó con su propio nombre, como siempre lo hacía. Hasta la fecha, esta queja permanece en el limbo de los sordos. 

En el marco del Proyecto Rafael, coordinado por Forbidden Stories, el medio colombiano de investigación Cuestión Pública, especializado en temas de corrupción y de abuso de poder, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), continuaron el trabajo del periodista sobre los desvíos de recursos públicos. Mediante el análisis sistemático de todos los contratos públicos celebrados por las administraciones de Espedito Duque y su sucesor Eder John Soto entre 2016 y 2022, el consorcio confirmó, como sospechaba Rafael Moreno, la existencia de un sistema de clientelismo en el otorgamiento de contratos públicos, que se extendió a todos los sectores.

La investigación muestra que, durante ese periodo, 99 contratos públicos fueron firmados  con 13 empresarios que forman parte del círculo cercano del clan Duque, por un valor total de cerca de tres millones de euros.

Tan solo cinco empresas, entre ellas, algunas que no tenían experiencia previa en obras públicas, acapararon 96% de estos contratos de la alcaldía. La mayor parte de estas empresas pertenecían a Martín Montiel Mendoza, un cercano de la familia de Espedito Duque. Entre 2016 y 2022, la alcaldía de Puerto Libertador firmó 56 contratos –más de la mitad por adjudicación directa, es decir, sin licitación— con tres compañías que pertenecían a Martín Montiel Mendoza, por un monto total de cerca de 900.000 euros.

La primera de ellas, Corporación Visión Juvenil, fue constituida como asociación sin fines de lucro en 2014, apenas un año y medio antes de la elección de Espedito Duque a la alcaldía. A partir de ese momento, la compañía proveyó servicios logísticos para eventos culturales y deportivos, y firmó contratos por valor de 600.000 euros.

La segunda, Innova Construcciones e Inmobiliaria, SAS, fue fundada en 2017 y obtuvo cuatro contratos sucesivos para administrar los parques, las bibliotecas y el palacio municipal. Recibió el primero apenas diez meses después de registrarse ante la Cámara de Comercio.

La tercera, más polivalente, se llama Serviexpress Colombia; fue creada también en 2017, se ocupa del transporte, la publicidad, los recursos humanos y la asistencia a personas de la tercera edad y con discapacidad. Entre 2019 y 2022, obtuvo no menos de 16 contratos, por un monto total de cerca de 200.000 euros, principalmente para abastecer alimentos y productos de limpieza a la alcaldía.

Contactado por Forbidden Stories, Martín Montiel Mendoza no ha respondido a los correos electrónicos enviados por el consorcio. 

El análisis de Cuestión Pública y CLIP también retomó el trabajo de Rafael Moreno sobre la empresa Agualcas, que suministra los servicios de tratamiento de las aguas residuales de Puerto Libertador. El periodista señalaba regularmente a la empresa, en particular por el caso de calles que con contratos que debían dotarlas de alcantarillado, sin que las obras llegaran a realizarse. El tema tenía una importancia central en este municipio, que a menudo sufre inundaciones.

La investigación revela que Agualcas, la sociedad mixta que provee los servicios de agua y alcantarillado en Puerto Libertador, gira alrededor del clan Duque. Desde la primera elección de Espedito Duque para la alcaldía, la empresa pasó a estar bajo el control de tres de sus cercanos, todos expromotores de su campaña. Durante ese periodo, la empresa recibió 13 contratos públicos, por un valor de un 1,8 millones de euros. 

La empresa Agualcas no ha respondido a los correos electrónicos enviados por Forbidden Stories. 

Durante sus investigaciones, Cuestión Pública y CLIP también identificaron a un presunto integrante del Clan del Golfo —organización mafiosa implicada en el secuestro de Rafael— entre los cercanos del clan Duque. Se trata de Julio César Ramos Ruiz, enfermero en el hospital de Puerto Libertador, a quien apodarían  El médico. El 31 de octubre de 2019, la policía lo detuvo y fue inculpado por concierto para delinquir agravado. Según la prensa, Ramos atendía a los heridos de la organización criminal y los registraba con nombres ficticios para evitar que las autoridades los identificaran. Su juicio está programado para finales de este mes de abril.

“Esa es la teoría del caso de la Fiscalía. La teoría de la defensa es que estamos frente a un caso de falso positivo judicial”, respondió Julio César Sánchez Moreno, el abogado de Ramos, que fue puesto en libertad provisional el 15 de septiembre de 2020 tras una decisión muy criticada. Su juicio está previsto para el 27 de abril de 2023.

Cuando Ramos trabajaba en el hospital de Puerto Libertador, Eder John Soto, el sucesor de Espedito Duque en la alcaldía, era el administrador de la institución de salud. Fotografías tomadas entre 2016 y 2018 muestran que ambos hombres se conocían y se veían regularmente. Ramos, Duque y Soto son amigos en Facebook. En esa red social, el enfermero ha interactuado con Juan David Duque, el hijo de Espedito Duque, incluso después de su arresto. Un documento obtenido por Forbidden Stories revela que Eder John Soto hizo una declaración a favor de Ramos, su exempleado según el abogado de Ramos, en la óptica de su juicio. Eder John Soto no respondió a los correos electrónicos enviados por el consorcio.

Espedito Duque, por su parte, niega haber “apoyado la creación de entidades para que contrataran con el Municipio”. “Todo es totalmente falso”. Añade haber recibido un “Reconocimiento como el Mejor alcalde del Departamento”. 

Amenazas cada vez más concretas

Rafael Moreno era impaciente. Cuando hallaba elementos sospechosos, los publicaba de inmediato. Aunque no tuvo tiempo suficiente para desvelar todos los hilos de este gran sistema de clientelismo, su determinación y sus publicaciones incesantes dañaban la imagen de los dos alcaldes y de su círculo. Las evidencias se acumulaban y se complementaban. A medida que avanzaba en sus reportajes, y que Rafael Moreno ponía contra la pared a la administración corrupta; el clan Duque respondió con amenazas directas, sobre todo a partir de 2022.

El 26 de septiembre, Miguel David Arrieta Rivera, un incondicional de Espedito Duque, contratado como un coordinador de conciliadores de paz por la alcaldía, agredió violentamente al periodista y a su colega Organis Cuadrado. En Facebook, publicó una fotografía de ambos –posteriormente la borró– con una leyenda: “Este par de extorsionistas de redes, no son ni abogados ni periodistas. Son unos vividores de redes y quienes no les dén plata, lo amenazan (…) ‘Limosneros con escopeta’, diría mi abuelo. Son los responsables de que 1.200 niños y niñas se queden sin transporte escolar”.

Desde el 24 de julio de 2022, a Rafael Moreno le interesa un contrato de transporte escolar que publica. Según él está sobrevalorado y no daría el servicio en las rutas previstas. El contrato se realizó por cerca de 190.000 euros para apenas cincuenta días de transporte en 67 rutas. 

El 29 de septiembre, el periodista presentó una denuncia por injuria y calumnia contra Miguel David Arrieta Rivera, cuyo perfil le preocupaba. “Su madre y su padrastro estuvieron en prisión y se encuentran en calidad de imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico, lo que pone mucho más en riesgo tanto mi seguridad como la de mi familia”, señaló en la denuncia, revelada por el consorcio. Ésa fue la última denuncia que presentó Rafael Moreno. 

Cuando Forbidden Stories se puso en contacto con él, Miguel David Arrieta Rivera dijo que estaba demasiado enfermo para responder a sus preguntas. 

Violaciones de menores y sospechas de colusión con un fiscal

Los ataques del clan Duque no frenaron al periodista, quien estaba atareado con un segundo caso, “una bomba a punto de estallar para los Duque”, según José Fernando Bula Moreno, su sobrino. El escándalo amenazaba directamente a la familia, cuya imagen ya estaba muy dañada por sus revelaciones anteriores. En sus redes sociales, el periodista retomó una antigua historia sórdida, la de una violación contra una menor de edad que implicaba a uno de los hijos de Duque. Carlos Escobar Zapa era uno de los fiscales a cargo del caso.

Rafael Moreno sabía que el caso era sensible, pero se lo tomó como un asunto personal. El periodista obtuvo un contrato de arrendamiento de un edificio del  23 de septiembre de 2016 y que fue renovado el 28 de febrero de 2017, firmado tanto por la esposa del fiscal como por Esposito Duque, en nombre de la alcaldía. La justicia de Colombia ya tenía el ojo puesto sobre este contrato, pero Rafael Moreno pretendía mostrar que Espedito Duque otorgó este contrato para enterrar la investigación por violación que pesaba sobre su hijo. El caso fue cerrado por "falta de pruebas" en abril de 2017, apenas dos meses después de la firma del segundo contrato de arrendamiento.

Espedito Duque ha corroborado al consorcio que no conocía al propietario del edificio cuando se firmó el contrato. 

Contactado por Forbidden Stories, Carlos Escobar Zapa indicó que está separado de su esposa desde 2015. “Cuando terminamos en malos términos, yo lo único que le dije es que 'tú te quedas con tu casa'”, indicó. “Me enteré entonces que había hecho un contrato con la alcaldía para que funcionaran unas dependencias de la alcaldía. Nunca tuve conocimiento, yo ya había firmado un poder para que vendiera la casa. Ella arrendó sin yo saber, no sé cómo hizo (...) Me defendí de eso. Me abrieron una investigación disciplinaria, salí limpio, yo no tenía nada que ver con eso”, afirmó. Una investigación judicial sigue abierta. 

Sobre este caso de abuso sexual, niega todo acuerdo celebrado con Espedito Duque. 

Según el sobrino de Rafael Moreno, “Espedito tenía un pie en la cárcel con este asunto”. Agrega: “Rafael iba a hacer todo para que la investigación no terminara con un enésimo sobreseimiento. Una semana antes de ser asesinado, había advertido a los jueces que seguían el caso que, si aceptaban dinero, él los denunciaría”. El 12 de octubre, cinco días antes del asesinato, Rafael Moreno dijo a un amigo, mientras estaban en un carro, que “si todo va bien, tendremos una orden de aprehensión contra Espedito Duque”. Su interlocutor le advirtió sobre el peligro que corría con sus incesantes publicaciones sobre el caso. 

Forbidden Stories tuvo acceso a un documento del 12 de octubre que indica que, todavía cuatro días antes de su muerte, el periodista buscaba elementos sobre el caso. Lo hizo, entre otros, a través de una “solicitud de tutela”, un procedimiento que pide a la justicia de Colombia ordenar que se entregue una información solicitada de manera legítima, y que no obtuvo respuesta. Tres semanas antes, el periodista había solicitado a la alcaldía de Puerto Libertador que le entregara los justificantes de pagos de los arrendamientos, pero en vano. El 13 de octubre de 2022, según otro documento obtenido por Forbidden Stories, la justicia dio la razón a Rafael Moreno: aceptó su solicitud de tutela y dio un plazo de tres días a la alcaldía de Puerto Libertador para enviar los documentos. Rafael Moreno fue asesinado el 16 de octubre, un día antes del vencimiento del plazo, sin obtener la respuesta que esperaba. 

Un funcionario, que trabajó más de diez años en la oficina que recibe las denuncias de mujeres víctimas de abuso sexual, afirma que más de una decena de jóvenes acusaron al hijo de Espedito Duque por violaciones o agresiones sexuales, pero solamente dos presentaron denuncias formales. Agrega, con tristeza: “Según lo que pude ver aquí, las carpetas misteriosamente cerradas, no creo que haya una ciudad más corrupta en el mundo que donde vivimos; aquí hemos sufrido amenazas de cercanos de Duque y del fiscal Zapa”. 

Consultado al respecto, el fiscal Carlos Escobar Zapa explicó que no estaba enterado. “Mi familia son personas decentes. No tengo vínculo con ningún tipo de organización ni ningún familiar es miembro de ese tipo de organizaciones”. 

Tan solo en 2022, la Comisión de Disciplina Judicial de Córdoba tenía al menos cuatro investigaciones preliminares contra el fiscal. Desde el asesinato de Rafael Moreno, ningún periodista se ha atrevido a publicar nada sobre este caso, que establece un vínculo entre Carlos Escobar Zapa y la familia Duque.

En el Departamento de Córdoba, los reportajes periodísticos se volvieron menos incisivos. El 2 de noviembre de 2022, Yamir Pico, primo de Rafael Moreno y periodista, anunció el cierre de su medio, debido a las amenazas que recibía. Lo volvió a abrir, pero “esta vez sin hacer ninguna investigación”. Walter Álvarez, periodista, se concentra ahora en el deporte y las actividades culturales de la ciudad. Tiene cuatro hijos y no quiere “terminar como Rafael”. Un activista ha rechazado la ley del silencio: Andrés Chica, un amigo de Rafael Moreno. El 23 de febrero, informó en Whatsapp y Facebook que la Alcaldía de Puerto Libertador habría pagado para que la investigación sobre la muerte de Rafael Moreno no apuntara hacia su administración. Al día siguiente, Andrés Chica recibió mensajes de texto de Espedito Duque, cuestionándolo sobre su publicación. El activista se justificó: “He sopesado cada palabra de mi publicación”. La respuesta de Espedito Duque llegó enseguida: “¡Sabes lo que haces! (...) y sabes cómo están las cosas aquí en Puerto”. El tono amenazante de las respuestas empujó al periodista, cuya publicación se hizo viral, a abandonar Córdoba, y a refugiarse en otro lugar.

Cerca de seis meses después de la muerte de Rafael Moreno, nadie ha sido condenado por su asesinato. Para evitar las injerencias a nivel local, el caso fue trasladado a la fiscalía de Medellín, ciudad capital del Departamento de Antioquia..

Espedito Duque planea reconquistar la alcaldía de Puerto Libertador el próximo mes de octubre. El hijo del patriarca de la familia Calle, Gabriel Calle Aguas, todavía se presenta como candidato al cargo de Gobernador de la provincia para los mismos comicios. Esta vez, sin embargo, el ojo crítico de Rafael Moreno no estará abierto para supervisar las campañas.

Andrea Rincón (Cuestión Pública), Edier Buitrago (Cuestión Pública), Claudia Duque (freelance), Juan Diego Quesada (El País), Ivonne Rodriguez (CLIP), Felipe Morales (El Espectador), entre otros, contribuyeron con esta investigación.

Texto traducido por Mathieu Tourlière y Elena Garcia.