Las fachadas de las casas han ido perdiendo el color y las santamarías de los negocios -como se conocen en Venezuela las rejas plegables de metal con que cierran los locales comerciales- permanecen abajo la mayor parte del tiempo. Solo una vez al mes se ve un camión en el pueblo surtiendo de mantequilla, harina, pasta, arroz y mayonesa. Ese mismo día los anaqueles vuelven a quedar vacíos. La leche no llegó más para la venta y los abastos de los comerciantes chinos, que estaban en cada cuadra, han ido cerrando sus puertas. Apenas sobreviven un restaurante para recomendar a quien desea celebrar una fecha especial, y un hotel, que mantiene un servicio privilegiado en medio de la escasez. Casi todas las posadas del Bajo Delta quebraron y la mayoría de los pobladores de la ciudad dependen de salarios de la Gobernación de Delta Amacuro o del Ministerio de Salud. Tucupita sobrevive con el rebusque.

La escasez los arropa, como a los habitantes del resto del país. Cada mañana se ve una fila de transeúntes en un par de panaderías con la esperanza de comprar el pan del día. Algunos jóvenes muestran paquetes de harina o arroz para ser pagado solo en efectivo a quienes le pasan por su lado. Ya no hay casi taxis porque el costo de mantener el carro es más alto que lo que se puede producir prestando el servicio en Tucupita.

Pese a la pobreza generalizada de un lugar con tan poco ángel, en los hospedajes de Tucupita no dejan de entrar y salir clientes. Personas pernoctan varias jornadas en habitaciones de las que casi no salen durante el día. Esperan por horas sentados en las escaleras o en los pasillos de las habitaciones en alquiler. “Ese seguro se va para Trinidad”, murmuran los empleados.

La emigración ilegal comenzó a ser uno de los negocios más lucrativos en la zona desde el año pasado. La salida de personas sin pasaportes a la vecina Trinidad y Tobago —nación bi-insular donde se habla inglés— se cotiza en dólares americanos, como todos los que se mencionan en esta nota, y cada cuerpo policial cobra una vacuna para ignorar la salida de los botes.

Esperanza tras las rejas

Guillermo Lares se fue hace tres meses con su yerno, Fidel Rojas, a Trinidad y Tobago. A Fidel no le alcanzaba su trabajo a destajo como obrero de la construcción para poder alimentar a su esposa Luisa Lares y a sus hijos de diez, siete, cinco y dos años de edad.

Luz Mary López, esposa de Guillermo y suegra de Fidel, cuenta que al segundo día de estar en la isla ambos fueron detenidos en Trinidad y Tobago. Ella logró enterarse de lo sucedido a través de un primo de Fidel, que también había migrado a la isla. Solo ha visto a su esposo a través de videos que comenzaron a llegarle a través de Whatsapp y otras redes sociales donde decenas de venezolanos detenidos en la isla pedían ayuda al Gobierno de Venezuela para que al menos se les deportara de vuelta al país. Sin embargo, en tres meses ninguna autoridad venezolana se ha comunicado con la familia Lares y la pobreza va minando a la familia. “Tenemos todo el año comiendo solo lentejas que llegan en la caja Clap [el programa del Gobierno chavista de distribución de alimentos subsidiados en zonas populares]. Mi esposo se fue para poder alimentar a nuestros nietos”, cuenta López.

El número de ciudadanos venezolanos que entran a la isla sin pasaporte va en ascenso desde 2017. En abril de 2018, un avión con 82 personas deportadas desde Trinidad y Tobago acaparó la atención de los medios de comunicación. Desde entonces algunos videos se han filtrado en los que se ven inmigrantes venezolanos enfrentándose con policías trinitarios que los amenazan con lanzarle bombas lacrimógenas. O videos de ellos hacinados en cuartos mientras exigen que el Gobierno de Venezuela intervenga para que sean liberados porque no cometieron delitos graves.

Las noticias sobre la animosidad contra los venezolanos en Trinidad y Tobago han cruzado de orilla a orilla. Ante la reciente deportación de venezolanos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, recordó al Gobierno trinitario que está obligado a dar cumplimiento al tratado de la Convención sobre los Refugiados de 1951 donde se establece la no repatriación o expulsión de personas que necesiten protección internacional, sin importar la forma en la que entraron en el territorio.

El Primer Ministro trinitario, Keith Rowley, no se arredró ante el llamado. De hecho, le respondió enfático: “No podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados”.

Pero nada de esto desalienta a los que en tierra firme buscan emigrar.

La miseria es un mercado

Guillermo y Fidel zarparon a Trinidad y Tobago junto con 21 personas que iban para buscar trabajo y mandar dinero a su familia. Cada semana numerosas embarcaciones con el mismo tipo de pasajeros cruzan a la isla desde Tucupita. En las zonas de Palo Blanco y El Caigual —donde viven indígenas de la etnia warao en pobreza extrema, a 30 minutos del centro de Tucupita— se exhiben pescados en la calle, el único sustento legal en la zona, pues entre la miseria despunta el negocio de traslado ilegal de inmigrantes, mercancía y mujeres.

Dos veces por semana, a tempranas horas de la mañana, salen al menos cuatro embarcaciones que se pierden en las aguas del Caño Macareo. Hacen una parada en Punta Pescador para esperar que la penumbra camufle a los venezolanos que cruzan hasta llegar a la playa de Icacos, sobre la costa sudoeste de la isla de Trinidad, a solo once kilómetros de distancia de Venezuela.

En El Caigual nadie admite abiertamente que haya botes en alquiler para salir hasta Trinidad, aparte de las cuatro empresas que se han dedicado al viaje a ese país desde hace años. Pero todos piden a quien pregunta que deje su número de teléfono por si “se enteran” de algo.

Se enterarán. Al menos son cuatro los grupos organizados que se dedican a llevar inmigrantes desde las zonas de Pedernales, Palo Blanco y El Caigual, por un precio de cien dólares por persona. Los viajes no zarpan hasta que no haya un grupo de al menos diez pasajeros.

Entre quienes buscan embarcar, la coyote —el mexicanismo que se ha trasladado hasta acá para nombrar a los organizadores de las travesías— más famosa es una mujer que parece de 70 años, aunque asegura que no ha pasado de los 50. Se presenta como una empresaria que tiene quince empleados y se dedica hacer viajes desde hace seis años. “Ya todos los cuerpos de seguridad pasaron por mi negocio. Me faltaba solo el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política], pero ya los controlé. Voy a tener que empezar a cobrar más caro el viaje por persona porque ya estos me pidieron 200 dólares por cada viaje que saque. El resto de las policías al menos cobran en bolívares, piden cien millones por viaje. ¿Cuánto me quedará a mí si sigo manteniendo cinco cuerpos policiales?”, cuenta entre risas. El Sebin llegaría en efecto a buscar a la abuela-coyote en una casa rural donde los viajeros ocultan sus pertenencias hasta que el bote esté listo para partir.

Empezó su negocio en un momento en el que los turistas cruzaban el estrecho para vacacionar o fiestear en discotecas. “Entonces la gente también viajaba ilegal, pero pasaban solo un fin de semana allá. Rumbeaban en Carnaval o Semana Santa y se devolvían, pero ahora la gente me llora para que los lleve porque tienen familiares enfermos acá y no tienen ni cómo pagar las medicinas. Yo hago esto porque me gusta ayudar. Yo estoy ayudando”, se justifica.

Península de negocios

En Güiria, una población portuaria del estado de Sucre, más al norte del Delta Amacuro, queda el otro punto de partida hasta Trinidad. A la cercana playa de Irapa la separan de la isla solo noventa minutos de navegación; desde Macuro —pueblito sobre el extremo oriental de la península de Paria, relevante en la historia por ser el sitio donde Cristóbal Colón piso por primera y única vez en 1498 tierras continentales de América del Sur— la travesía toma 45 minutos.

Ya no hay turismo, pese a que la alcaldía intenta arreglar las plazas y reforzar el lema “Yo amo Güiria” para motivar a los visitantes. En el día no se ven carros, ni taxis. Todos van a pie. El mercado libre tiene 80% de sus puestos sin mercancía. Se venden verduras, hortalizas, harina pan y algunos artículos de higiene personal traídos desde Trinidad y Tobago.

En el puerto pesquero de Güiria, que alguna vez fue cuartel general de una de las flotas atuneras más poderosas del hemisferio, reposan las ruinas de un frigorífico que se quemó hace más de una década. Hay embarcaciones oxidadas luchando por mantenerse a flote. Ya hace mucho desde que quebró una de las dos compañías de ferries que hacían traslados a Trinidad y Tobago. De momento la empresa Virgen del Valle sigue cubriendo la ruta a la Trinidad con la única embarcación que tiene. “Acá, quien no anda en algo ilegal, no sobrevive”, anticipa un pariente de los antiguos empresarios que llevaban en ferries a los turistas hasta la isla.

Aunque no se ven fuentes de trabajo, la presencia de la petrolera estatal Pdvsa disminuye, y los abastos permanecen vacíos, los viernes en la noche una atmósfera festiva se apodera del puerto. Aparecen camionetas 4 x 4 con cornetas, bajos y plantas para mantener despierto al pueblo toda la noche. Las mujeres jóvenes sacan sus vestidos más cortos y el contrapunteo de reguetón, salsa y bachata retumba en cada cuadra hasta el amanecer.

Sobre las embarcaciones que transportan migrantes nadie se atreve ni a hablar ni a señalar. “Acá hay ya escasez de droga. Lo que da dinero es el cobre”, dice un habitante que prefiere mantener su identidad resguardada. El metal, la nueva mercancía de moda, se cotiza en cuatro dólares por kilo. “La termoeléctrica (inaugurada en mayo de este año) la están desmantelando. Nos dejan sin luz a cada rato. A las mafias y cuerpos de seguridad no les importa dañar a la población”, dice.

Los migrantes aprovechan desde aquí, para alcanzar las costas trinitarias, las colas o aventones de quienes trafican en lanchas con todo tipo de mercancía. No es solo cobre o personas: la miel se cotiza en quince dólares, las escobas en 4,40 dólares, el kilo de queso blanco en cinco dólares al igual que el kilo de camarones, mientras que la botella de Bajo Cero, una marca de vodka popular en Venezuela, cuesta quince dólares.

Las embarcaciones aparentemente salen de forma legal; al menos, a la mayoría de los pasajeros se les ve con pasaporte. Quienes han cruzado las aguas aseguran que sus documentos de identidad son llevadas al Saime (el organismo venezolano de identificación y extranjería) para recibir el sello de salida sin necesidad de que estén presentes los viajeros. En la madrugada zarpan. “Acá todo el mundo es cómplice. Hasta el Inea [el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que controla el tráfico marítimo] le da un informe con el despacho al encargado sin ver a los tripulantes. No hay manera de parar los botes. Cuando llegas a Puerto España [la capital de Trinidad y Tobago] te bajas y te vas sin problema, mientras que los dueños de la mercancía se chequean en inmigración”, explica el mismo informante.

Empujados por el hambre

Sixto Marcano nunca le había escrito una carta a su esposa en quince años que llevan juntos. Ni siquiera antes, para conquistarla. Hoy ella relee varias cartas que le ha enviada escritas a mano. Ve la imagen o facsímil de las cartas en la pantalla de su computadora Canaima —también conocida como Canaimita, la portátil con fines educativos que distribuía el Gobierno chavista entre niños—, en Tucupita. Mediante cartas manuscritas es la única forma que tiene él para comunicarse desde la prisión de máxima seguridad donde está confinado en Trinidad. Otro recluso, que lleva trece años en prisión, le envía un archivo digital con la foto de la hoja donde Marcano ha escrito a su esposa.

La esposa replica a Marcano desde la capital de Delta Amacuro con el envío de la foto de su hija de seis años de edad, tomada en su acto de graduación cuando la promovían al primer grado de primaria. Al mismo tiempo cose un pantalón azul marino y una camisa blanca porque no tiene dinero para comprarle los nuevos uniformes escolar. Evade contestar cuántas veces al día consigue algo para comer.

En noviembre del año pasado Marcano constató en Venezuela que ya había rebajado 20 kilos de su peso regular porque su salario como obrero de la construcción no le alcanzaba para mantenerlo; ni el peso suyo ni el de los miembros de su familia. Solo comían una vez al día. El 10 de febrero decidió migrar. Como no tenía pasaporte ni dinero para pagar un pasaje a otro país, decidió montarse en un bote que lo acercara al destino más accesible, Trinidad y Tobago, que estaba a solo cuatro horas —entre los trayectos de tierra y mar— de su casa. La barrera eran los cien dólares del pasaje, que se los prestarían. Una vez instalado en Trinidad podría pagar esa deuda y comenzar a mandar dinero a su familia. Sus dos cuñados habían migrado primero y fueron quienes lo animaron a cruzar las aguas. Hoy todos están detenidos.

“Él duró solo tres días trabajando y enseguida pudo enviarme diez millones de bolívares”, recuerda la esposa que dejó en tierra firme. La cantidad equivale a 1,6 dólares según la paridad oficial recientemente anunciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Lo primero que hice fue hacer un mercado. Llenar la nevera que estaba vacía. No compré carne para rendir el dinero, pero sí compré un pollo que tenía tiempo que no comíamos en casa”.

Pero a Sixto Marcano lo arrestaron en Trinidad el 22 de febrero a las cinco de la tarde, cuando allanaron la residencia donde vivía. Sus dos cuñados lograron avisar en la noche lo que había pasado, pero días después volvió la policía y se los llevó también a ellos y a otras dos personas.

Génesis Marcano, la hija mayor de Sixto, de 22 años de edad, también migró en noviembre del año pasado a Trinidad para poder mantener a su hijo de seis años de edad. Pero luego de lo que pasó con su padre, en abril, decidió devolverse a Venezuela.

El día que iba a retornar, la detuvieron. 

Mujeres y niños, de últimos

Yoarlin Amares Rojas, de 18 años de edad, migró el 5 de marzo con otras cinco mujeres y no se supo más de ella durante un mes. Su madre, Arlina Rojas, de 37 años, mantiene a su nieta de un año de edad, la hija de Yoarlin, con teteros hechos de pasta licuada y la comida que llega en las cajas del Clap, cuando llega.

Cuando Yoarlin pudo llamar, avisó que el 8 de marzo, apenas tres días después de su arribo, había sido detenida. Las autoridades la encontraron en una casa donde se escondía desde que la “vendieron” a un trinitario. Fue condenada a pagar 3.000 dólares en un determinado plazo o, de lo contrario, a pasar tres años en la cárcel por el delito de andar sin documentos. Estas cifras en multa o lapso de tiempo de las sentencias varían según el juez de turno.

“Aquí vino una mujer ofreciéndole trabajo y diciéndole que le prestaría dinero para llevársela y luego allá podía ir pagando poco a poco la deuda. Esa mujer tenía un hermano en Trinidad que mandaba la embarcación para llevarse a las muchachas”, cuenta su madre, Arlina.

En otro hogar cercano cuentan una historia similar. Es la de Norlismar Cedeño, de 26 años de edad, y madre de hijos de diez y siete años. Norlismar migró tres meses a Boa Vista, en el fronterizo departamento de Roraima, en Brasil, para recaudar dinero que le permitiera comprarle medicinas a su mamá porque tuvo dos derrames cerebrales. Luego de esa aventura en el Sur, volvió a Venezuela y le ofrecieron llevarla a Trinidad y Tobago, y darle una semana de hospedaje y comida mientras conseguía trabajo. Con ella se fueron su prima Edianny Alvarado, de 24 años de edad y madre de dos mellizos de tres años, y dos vecinas.

Fueron reclutadas de la misma manera que Yoarlin. Al llegar a Trinidad y ver que las obligarían a prostituirse, huyeron. Esa misma noche fueron detenidas por la policía trinitaria en una casa donde pasaban la noche. Las madres denuncian que, pese a que sus hijas manifestaron que las querían prostituir, sus denuncias no han sido atendidas por las autoridades.

Carmen Herrera, de 49 años de edad, es madre de otra mujer detenida que antes vivía en Tucupita.  Asegura que su hija, en la última llamada desde la cárcel, le dijo que antes había estado hospitalizada porque la golpearon por “portarse mal” dentro del reclusorio. Algo que Carmen, por supuesto, no ha podido comprobar.

Un hombre que estuvo dos años detenido y fue deportado en abril luego de cumplir su condena, denunció que las mujeres son maltratadas en los centros de detención. “A los hombres y mujeres nos separaba una pared de lata. Arriba había una malla. Nosotros podíamos trepar y verlas. Ellas pedían ayuda para que nosotros protestáramos cuando a ellas las maltrataban. Yo llegué a ver cómo golpeaban a una mujer embarazada”, contó.

En Güiria ofrecen una versión ligeramente distinta acerca del reclutamiento sexual. Un hombre que hasta hace un año se dedicaba a captar mujeres explicó, bajo la condición de mantener su anonimato, que cada mujer reclutada comporta un costo de 800 dólares, de los que 200 corresponden a sus propios honorarios por la tarea de persuadir a las chicas y embarcarlas a Trinidad. El resto se destina a la logística para el traslado. Asegura que todas saben en qué trabajarán al llegar y que apenas permanecen un promedio de tres meses en la isla.

Los venezolanos que son detenidos y presentados ante tribunales trinitarios enfrentan con frecuencia la disyuntiva de pagar hasta 1.500 dólares de multa o cumplir condena tras las rejas. La pena puede variar entre seis meses y tres años de prisión, según sea el criterio del juez de turno.

En la cárcel de hombres no se permiten las llamadas internacionales. Sin embargo, algunos han logrado filtrar teléfonos celulares que se comparten para mandar mensajes por Whatsapp. Se desconoce cuántos han cruzado y permanecen ilegales. En videos y cartas han escrito los nombres de cada detenido para hacer un censo artesanal y distribuirlo entre sus familiares a través de Whatsapp con la esperanza de que la información llegue a las dependencias oficiales venezolanas, como la Cancillería, para motivarlas a actuar.

La primera lista de 174 hombres detenidos que se conoció la hicieron en la cárcel a puño y letra. Los reclusos le tomaron una foto, la enviaron a sus familiares, quienes la difundieron en las redes sociales. Pero cada día entran más y más venezolanos a prisión y las cifras e identidades cambian. El gobierno de Trinidad y Tobago ni informa ni se pronuncia, impertérrito.

Las mujeres reclusas sí tienen acceso regular a un número teléfono al que sus familiares desde Venezuela pueden llamar, también por Whatsapp, dos veces al mes. Cada conversación es monitoreada por una funcionaria de prisiones trinitaria. La censura impide a las detenidas contar lo que viven o comen en la cárcel. En sentido contrario, las autoridades instruyen a quienes llaman desde Venezuela a evitar relatos sobre la situación política o la crisis del país suramericano. ¿La excusa? Para “no alterar a las privadas de libertad”.

Lee más sobre lo que viven los venezolanos migrantes, con la versión contada desde Trinidad y Tobago, en este enlace.

Hace días que Marlon Fuentes, un colombiano detenido en Caracas en 2016, siente curiosidad por ojear la novela El Proceso, el clásico de Franz Kafka. Le han dicho que su historia y la de los 57 hombres y una mujer que le acompañan son parecidas a la de Josef K, el personaje principal. Encerrados en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Yaguara, en la capital venezolana, no saben de qué se le acusa y a pesar de tener una orden de liberación –emitida en noviembre de 2017– siguen arrestados.  

Todos son colombianos indocumentados en Venezuela y fueron detenidos después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la captura de un grupo de paramilitares que habrían acampado a 500 metros del Palacio de Miraflores para atentar contra el Gobierno de Venezuela. Fue en vísperas de la movilización opositora bautizada como La Toma de Caracas, el 1 de septiembre de 2016, cuando el mandatario anunció la proeza.

“Están los vídeos. Le he dicho al ministro (para la Comunicación e Información) Luis José Marcano, que preparemos una recopilación de lo que dijeron y de lo hicieron, para que ustedes vean que amenazaron que iba asaltar Caracas, que iban por mí a Miraflores y que el 1° de septiembre se acababa todo, pero no, no se ha acabado nada, ha empezado algo nuevo, la contraofensiva popular revolucionaria de calle”, aseguró el mandatario venezolano. 

Pero no hubo nombres ni testimonios, mucho menos confesiones. Ni entonces, ni nunca. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mostró un fúsil con mira telescópica y otras armas de fuego, mapas con rutas imaginarias y fotos de dos campamentos vacíos, desmantelados. En uno de estos, localizado en la zona caraqueña de Manicomio, supuestamente fueron atrapados los 92 “mercenarios” que atentarían contra el Gobierno. Tampoco hubo alguna imagen de aquella captura colectiva, el fin de aquella “conspiración” solo contó con el megáfono presidencial.

Los testimonios de estos colombianos aclaran que fueron arrestados entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2016, no en un solo operativo cerca del palacio de gobierno -como dijo la versión oficial- sino en unas redadas dispersas en varios puntos de Caracas en las que se les retuvo por no contar con los papeles de migración en regla.

Primero fueron recluidos en la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (Caracas), luego trasladados a la sede del mismo cuerpo policial en el estado de Táchira (en los Andes venezolanos), desde donde serían deportados a Colombia por indocumentados, pero los regresaron sin mayor explicación a la antigua Escuela Vial de la Policía Nacional en La Yaguara, en Caracas. O mejor dicho, el limbo. Poco a poco se fueron enterando que su encierro era por formar parte de una conspiración contra el gobierno.

Hasta estas detenciones, Maduro había denunciado 21 planes de derrocamiento desde que asumió la Presidencia en 2013.  Al momento en que el mandatario anunció la frustración del supuesto plan, Fuentes –nacido en 1982, en Barranquilla– llevaba siete años en Caracas trabajando como zapatero en su casa. El día de su arresto, el 2 de septiembre, fue bajado de un autobús por oficiales de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB en el barrio de Petare. Fue detenido por no contar con una cédula de identidad certificada en Venezuela.

Los hermanos Ever y Deivis Julio –procedentes de Sincelejo– recuerdan que salían de una venta de plátanos en Petare cuando fueron detenidos por la PNB. “Les entregamos documentos colombianos y pasaportes fronterizos, pero nos llevaron a la comisaría y dijeron que sería un chequeo de rutina. Después nos comunicaron que seríamos deportados y finalmente nos mantienen arrestados sin haber cometido algún crimen”, relata Ever.

Para amasar una cantidad notable de “paramilitares” las autoridades venezolanas reclutaron colombianos de cualquier rincón posible. José Moreno e Israel Cáceres, de 60 y 45 años de edad, respectivamente, estaban a punto de ser liberados de las cárceles donde cumplían condenas por otros delitos cuando fueron llevados al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) para efectuar trámites legales antes de salir a la calle. Pero en vez de ser liberados fueron trasladados junto al resto de sus conciudadanos para ser señalados de conspiradores.  “Yo había entrado a la cárcel de Sabaneta en Maracaibo (estado Zulia) por homicidio en 2009 y luego fui trasladado a Barquisimeto (estado Lara). El 5 de septiembre sería puesto en libertad, pero volví a caer en otra celda y con otra acusación”, dice Moreno.

Cáceres, nacido en Santander, había llegado a Guarenas, en el estado Miranda, hace 22 años para dedicarse a la agricultura. Fue arrestado por deforestación ambiental. Por el delito había pasado una década en cinco cárceles de Venezuela: Rodeo I, Rodeo II, Yare II, Uribana y El Dorado. El 5 de septiembre de 2016 iba a ser trasladado por la policía para su país, pero su rumbo cambió y fue acusado de conspirador.

Las historias se repiten hasta completar los 92 colombianos que de un día para otro pasaron de ser indocumentados a ser los “desestabilizadores” de turno de la “revolución bolivariana”.

 En el sinsentido de su prisión muchos se han quedado solos. La mayoría de sus familias regresaron a Colombia empujadas por la crisis económica de Venezuela y los parientes que todavía siguen en el país dicen estar preocupados por las condiciones de vida de sus familiares presos. Luis Alberto, padre de tres hijos, no ha podido cumplir su tratamiento médico en la cárcel. “Mi casa quedó abandonada. Toda mi familia se fue a Colombia. Yo estoy padeciendo con mi enfermedad. No hay nadie que nos defienda. Somos personas de a pie. Me capturaron haciendo mi trabajo de mecánico”, recuerda.    

En el reclusorio todos refieren la historia de José de los Santos Belmonte, uno de los colombianos encarcelados que, según versiones de sus compañeros, murió en la cárcel de Táchira producto de que un insecto entró en su oído. Ninguno ha sido exonerado fácilmente de la pena, pese a que tienen orden de liberación. Los que han salido del cautiverio es por fuga, en su mayoría, quedando los 59 que hoy siguen tras las rejas.

Por su liberación ha pedido el gobierno de Juan Manuel Santos, con más fuerza en los úiltimos meses. El 11 de febrero de este año la Cancillería colombiana informó en un comunicado que en 24 reuniones bilaterales conversó sobre el asunto con las autoridades venezolanas, además de enviar 40 notas oficiales para exigir la libertad del grupo.   Este mensaje ocurre después de que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticara al Gobierno de Colombia por no haber actuado enérgicamente desde septiembre de 2016 para exigir la repatriación de estas personas. “Lamentamos profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación, no parece haber priorizado adoptar medidas para lograr la liberación de sus connacionales”, reza una carta del organismo internacional.

Muchos de los prisioneros indican que el verdadero motivo de su cautiverio es no dejar en evidencia que Maduro cometió un error al detenerlos, que lo suyo fue “un falso positivo” y que, más allá de la decisión de los tribunales, dependen de una orden presidencial para volver a ser libres. “El oficial (Alfredo Pérez) Ampueda (jefe de la PNB) no ha podido soltarnos porque no se ha autorizado desde Miraflores”, asevera uno de los reclusos. 

Su situación genera hoy una diatriba ideológica entre los izquierdistas, anarquistas y funcionarios del Gobierno chavista que se debaten entre hacer honor a sus principios políticos o responder ante la solicitud de la potencia europea y entregar a Heidbreder al que, sorpresivamente, sus conocidos lo consideran un pacifista y defensor de los derechos humanos. Lo que es absolutamente certificable es que el alemán no tiene ningún otro delito conocido en el país más que utilizar la documentación falsa que obtuvo en Colombia. Su cédula venezolana quedaría descartada debido a la falsedad de su origen.

Su esposa, Gloria Serna, su abogado, Gennys Pérez, y algunos grupos anarquistas piden que no lo extraditen a Alemania. Además de las ironías que rodean el caso, hay un punto que, al parecer, los allegados a Heidbreder tratan de ocultar pero que los medios alemanes se encargaron de afirmar: fueron los agentes de ese país quienes dieron con el paradero del solicitado en la ciudad de Mérida.

De Alemania…

A principios de los años 90 grupos de izquierda defendían en todo el mundo la causa de los kurdos, un pueblo del Cáucaso en busca de una patria imaginada, Kurdistán, pero que ahora, y desde hace décadas, se esparce entre las montañas de lo que hoy son territorios de Irak, Irán, Siria y, sobre todo, Turquía, su enemigo mortal. Hoy los peshmergas o guerreros kurdos son quienes enfrentan al temible EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS por sus siglas en inglés) en la línea de frente en Irak. Pero por más méritos que hagan tal vez no alcancen su ansiada patria: ya les ha ocurrido antes, tras otras guerras y de haber servido con lealtad a sus aliados.

Uno de esos grupos era K.O.M.I.T.E.E. Desde Alemania –refugio de millones de turcos y cientos de miles de kurdos– la organización facilitaba el ingreso de los kurdos a países europeos. Mientras tanto, el gobierno alemán de entonces recibía acusaciones por parte de ese grupo de apoyar, militar, económica y moralmente, al régimen de Turquía, que reprimía a sangre y fuego a los movimientos de liberación nacional kurdos. A manera de protesta, el grupo accionó una carga explosiva combinada en una dependencia del Servicio Local de Reclutamiento Militar (en alemán, Kreiswehrersatzamt) ubicado en Bad Freienwalde, a las afueras de Berlín. Eso ocurrió el 27 de octubre de 1994. Los miembros del grupo entraron al edificio, abrieron un hueco en una ventana de madera y metieron el detonador en el área de entrenamiento y el comedor. Utilizaron unos despertadores, gasolina y algunos cables para, luego de la explosión, provocar el incendio. Sin embargo, esto no ocurrió y los atacantes provocaron el incendio a manos. Para entonces las autoridades calcularon los daños en 214 mil marcos y hallaron unos panfletos con estas palabras:

En ese ataque no hubo víctimas. Unos meses después, el grupo planeó la voladura de una cárcel para inmigrantes en Berlín que estaba desocupada y en proceso de remodelación. Se hicieron de una gran cantidad de clorato de sodio y sacarosa y fabricaron un poco más de 120 kilos de explosivos. Metieron la sustancia en envases de gas propano y los conectaron con detonadores y temporizadores de fabricación casera (pilas de 9 voltios, despertadores, bombillos de flash). Eso era suficiente para hacer volar todo el centro penitenciario. Los tres involucrados, más tarde, el 10 de abril de 1995, robaron un vehículo marca Ford Transit rojo (placa B-DT 2851) y al día siguiente robaron otras matrículas para intercambiarlas y confundir a las autoridades. Montaron las bombonas con los explosivos en uno de los vehículos y, además, escribieron en nueve hojas:

Ya listos para cometer el atentado, se fueron a un estacionamiento cercano a un bosque en Berlín. Ya cerca de las 3.00 de la mañana del 11 de abril y con dos vehículos a su disposición, los tres involucrados cargaron en uno de ellos todas las matrículas, algunos bidones con gasolina y otros varios artificios que habían utilizado durante la fabricación de las bombas caseras. Ya poco antes de salir del estacionamiento, se acercó una patrulla. Incluso antes de que los oficiales dieran la voz de alto, los tres involucrados corrieron y abandonaron el vehículo que, también, harían estallar en la penitenciaría. Las autoridades hallaron, según el abogado Gennys Pérez, que hoy asiste a Bernhard, la identificación de Pedro Krauth y de Thomas Walter dentro del vehículo, pero no la de Heidbreder. Días después el grupo K.O.M.I.T.E.E. se responsabilizó por los hechos a través de algunos periódicos que, más tarde, fueron allanados por las autoridades según un recuento en el portal alemán www.spiegel.de y vincularon al grupo con la organización terrorista kurda Partiya Karkerén Kurdistan y sus actividades violentas en Turquía. John Londoño, que para entonces seguía llamándose Bernhard Heidbreder, ya era un prófugo de la justicia.

…a Colombia

Gloria Serna parece muy discreta, o su reserva es la de alguien que tiene algo que ocultar. La esposa del ciudadano alemán en espera de extradición se negó rotundamente a dar detalles de la llegada de Heidbreder a Colombia y, más aún, a explicar cómo se conocieron. Según las propias palabras del solicitado –publicadas por una carta en la web–, en Colombia consiguió una documentación falsa a cambio de dinero y escogió uno de los nombres y apellidos más populares de ese país. Decidió, sin embargo, mantener Smith como segundo apellido para tener alguna explicación de su escaso dominio del español. Es nula su historia colombiana y su defensa solo sabe, o dice saber, que llegó en 2002 a la ciudad de Mérida atraído por la deriva antimperialista del entonces presidente Hugo Chávez. Hombre de la revolución desde casi siempre, Heidbreder llegó a creer con fe absoluta en la utopía bolivariana. En Alemania fue miembro del Partido de los Trabajadores y por eso, según la presunción de su defensa venezolana, lo vincularon con ambos atentados.

Las autoridades alemanas, mientras tanto, lo identifican como el tercer implicado en los bombazos y hasta lo responsabilizan de haber fabricado los artefactos explosivos. Las investigaciones determinaron que tanto los explosivos que efectivamente estallaron en el comando militar, como los que debían estallar en la penitenciaría para inmigrantes, fueron fabricados por la misma persona.

Reconversión andina

Hay un punto que la defensa de Heidbreder no confirma, pero que sí dejaron claros algunos medios alemanes: para el 16 de abril de 2014 ya los servicios policiales alemanes estaban seguros de que Bernhard Heidbreder vivía en Mérida. Ellos emitieron la alerta para que Interpol y sus funcionarios en Caracas, en realidad miembros de la policía científica venezolana, lo detuvieran, en definitiva, en el hotel Venetur de Mérida. La sospecha es que agentes alemanes hicieron un trabajo previo de inteligencia sin notificar al Gobierno de Venezuela. Esto, por ahora, no se ha confirmado.

John Londoño y Gloria Serna vivían en el casco central de Mérida y tenían una vida tan normal como el resto de los habitantes de la Ciudad de los Caballeros. Cuando llegaron en 2002, con documentos de identidad colombianos, no les fue difícil pedir una cédula venezolana. Por ese entonces el chavismo hacía esfuerzos por cedular a los inmigrantes indocumentados de Colombia, a cambio de su voto y lealtad política.

A Heidbreder le correspondió la cédula de extranjero número 84.325.215 y ocho años más tarde, según la Gaceta Oficial número 6.063 del 10 de abril de 2010, quedó nacionalizado bajo la cédula de número 29.705.791. Este último número es el que aparece registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el que está inscrito por sus servicios prestados para la empresa Impresos Las Cumbres, una industria gráfica merideña.

Dos días después de su detención, a Heidbreder lo presentaron ante el Tribunal Sexto de Control de Mérida y lo imputaron por el delito de documentación falsa. Además, le comunicaron que estaba solicitado por el gobierno alemán. El tribunal declinó la competencia y remitió el caso a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas. Heidbreder fue trasladado a la capital venezolana el 17 de julio.

Ese día lo llevaron a la sede de la Interpol, en Parque Carabobo, y allí permaneció durante un mes en un espacio de tres metros cuadrados, con las manos esposadas, utilizando el baño de los funcionarios y durmiendo en un colchón prestado. Luego, gracias a las peticiones de su defensa, lo trasladaron a la sede de la Brigada de Acciones Especiales de la policía científica y desde entonces espera por su proceso legal. Una fundación de ayuda a alemanes en el extranjero está pendiente de sus necesidades y su esposa le paga a una señora que se encarga de hacerles el almuerzo a todos los presos de ese centro. Según refieren sus allegados, ha cambiado el ánimo y su salud se mantiene estable. Tiene 54 años, aunque sus documentos digan que este año cumplió los 46.

Extradición

El proceso es así: el TSJ debe tener todas las evidencias necesarias para asegurarse de que sí hay motivos en Alemania para enjuiciarlo. Eso se debate a través de un proceso legal. El primer paso ya se hizo, que es el de solicitar al país interesado todas las evidencias contra Heidbreder. Debe emitir toda la documentación y exponer los motivos y la ley venezolana prevé un plazo de 60 días para ese papeleo. Alemania respondió, con todos los documentos traducidos y apostillados, en 15 días.

El caso lo investiga la Fiscalía Tercera Nacional con competencia en la Sala Constitucional. La corte debe certificar que se trata de un terrorista y, hasta ahora, eso no ha ocurrido. Gennys Pérez, su abogado, se muestra optimista. Explica que hay elementos a su favor: primero, que en Alemania el delito de terrorismo tiene una vigencia de 20 años, plazo que se vence el año que viene. Si no se extradita antes, Venezuela no debería enviarlo a Alemania. Lo otro a considerar es el principio de doble tipicidad; esto es, básicamente, que ambos países tengan en sus leyes el delito de terrorismo para el momento del hecho consumado. En el caso venezolano, esa palabra existe en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada desde 2002 y en 1995 solo refería a otros delitos relacionados. De todas formas, en caso de tomar el delito de terrorismo a consideración legal, contempla en Venezuela una vigencia de siete años.

Ahora los grupos de apoyo a Heidbreder se concentran en su labor anarquista y revolucionaria, mientras recriminan al Gobierno el hecho de no apoyarlo pese al discurso antiimperialista que profesan todos los funcionarios desde 1999. Hoy el alemán y sus amigos venezolanos esperan por la fecha para el inicio de la audiencia en la que se determinará si se va o si se queda. En la Sala de Casación Penal pueden, también, decidir que se quede en el país a pagar su sanción por el delito de porte de documentación falsa. O, incluso, expulsarlo del país y enviarlo al más cercano, que es Colombia y donde, probablemente, también lo estén esperando con un proceso en puertas por falsificar los documentos de ese país. Como con frecuencia ocurre con los alemanes, Heidbreder tiene enemigos en varios frentes.