Como resultado de la indagación, el Ministerio Público luso compiló un voluminoso expediente de alrededor de 19.000 folios que, sumados a otros 900 de la acusación, conforman el caso de las connivencias corrupta del BES con instituciones y funcionarios del Estado venezolano, intermediarios y testaferros. En el legajo, al que el diario Expresso de Lisboa tuvo acceso y que compartió con Armando.info, se encuentran referencias a negociados que el banco pactó, entre 2009 y 2014, con sobornos y comisiones de por medio, con entes del Estado como la petrolera Pdvsa, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), Corpoelec o Carbozulia, entre otros.

Entre las muchas historias que contiene, está la del general Alcides Rondón y su abogado, Carlos Caripe. Esta dupla formó parte de la red de altos funcionarios venezolanos que recibió al menos 124 millones de dólares por los favores recibido: firmas y decisiones que contribuyeron al envío de fondos del Estado venezolano al BES entre 2008 y 2014. Una cascada de pagos e inversiones que fungieron como salvavidas temporal para esa entidad que estaba haciendo agua y que, lejos de apuntalarla, echaron al foso miles de millones de dólares del tesoro público venezolano.

Para estos venezolanos, como todos los demás mencionados en el extenso expediente, no hay imputación formal por parte de la Fiscalía de Portugal, Este organismo, sin embargo, consiguió reconstruir con detalles las actuaciones de los venezolanos dentro del esquema, incluyendo el rastreo del dinero con el que fueron beneficiados.

El General de División Alcides Rondón Rivero ocupó funciones de alto nivel dentro de los gobiernos de Hugo Chávez, quién en varias ocasiones evidenció en pública su cercanía y amistad con el colega militar. “Es que estos muchachos son compañeros de promoción y nos permitimos esta confianza porque somos buenos amigos de toda la vida, desde que teníamos 16 o 17 años, son estos compañeros del alma”, confesó el fallecido caudillo en una emisión de programa dominical, Aló, Presidente.

Esa camaradería desde los cuarteles franqueó el ascenso de Rondón hasta cargos directivos en diferentes áreas del gobierno. Así, fue director de Relaciones Presidenciales del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en 2002; viceministro de Gestión Comunicacional en 2003; viceministro de Seguridad Ciudadana en 2004; vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía en 2005; y canciller encargado en 2006. Gravitando todavía en el círculo de confianza del mandatario, en 2008 fue nombrado presidente de Carbozulia International Inc, hasta el año 2010, la empresa encargada de comercializar en mercados internacionales el carbón de las minas de Guasare, Estado Zulia, en el extremo noroccidental de Venezuela, colindante con La Guajira colombiana.

Inversiones y favores

Ostentando esa posición, según el expediente portugués, Rondón Rivero entró en contacto con João Alexandre Silva, director general de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES en la isla de Madeira y de la Oficina de Negocios Extranjeros del banco. Silva, hoy refugiado en Dubái, fue el operador más importante de la trama tejida, por órdenes de Ricardo Salgado, entre el banco portugués y funcionarios venezolanos para el pago. En esa sucursal de Madeira, Carbozulia International abrió una cuenta el 11 de agosto de 2008. 

Carbozulia International Inc. fue una sociedad creada en 2008 y registrada en Panamá, cuya propiedad la detentaba Carbones del Zulia S.A., compañía del Estado venezolano constituida en 1976 y destinada a explotar, procesar, transformar y comercializar el carbón. La filial panameña se creó para llevar las actividades de exportación.

Uno de los folios de la investigación de la fiscalía lusa describe que Rondón Rivero figuró en los documentos constitutivos de Carbozulia International como presidente de la entidad hasta 2010 y que, luego, otro militar lo sustituyó en el cargo: Carlos Javier Chirinos Cabré, quien era un miembro principal de Carbones del Zulia S.A.

Durante la presidencia de Rondón Rivero, Carbozulia International no realizó grandes movilizaciones de efectivo en su cuenta en el BES. Pero esta sí fue usada para inversiones y flujos de dinero que llamaron la atención de los fiscales portugueses. 

Según se lee en el expediente, a finales de 2008 Carbozulia International compró 7,5 millones de acciones del BES. La compra de acciones y papeles de deuda del BES constituyó uno de los patrones más características de la participación del Estado venezolano en el rescate del banco. “La empresa venezolana participó en el aumento de capital de Espírito Santo Financial Group (ESFG), principal accionista del BES”, se lee en la carpeta de la fiscalía; les decir, la exportadora estatal de carbón se convirtió en inversionista con fondos públicos.

Luego Carbozulia International vendería esa participación en la segunda mitad de 2009.

Los bolsillos de la plata pública

Reclutar funcionarios del alto gobierno venezolano y crear el andamiaje para movilizar grandes sumas de dinero en el BES -y pagar a los participantes- fue una operación que requirió de una preparación técnica y legal urdida con filigrana. Para canalizar el flujo de fondos, el BES, bajo la conducción de Paulo Murta, el gestor portugués que manejó las principales sociedades creadas para distribuir los pagos en negro, ordenó al bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) el registro de decenas de compañías en el istmo y otros paraísos fiscales. Todas contarían con cuentas en el banco portugués. 

Murta fue quien identificó al general Rondón Rivero como un funcionario de alto perfil que podía ser de utilidad para el esquema, así como susceptible a las tentaciones. Lo contactó y en la misma diligencia llegó a Carlos Caripe Ruiz, un abogado identificado en los papeles como “asesor” del presidente de Carbozulia Internacional.  

Meses antes de la apertura de la cuenta de Carbozulia International en la sucursal del BES en Madeira, en marzo de 2009, Murta y Silva viajaron a Caracas y se reunieron con Rondón Rivero y Caripe Ruiz. Para esa fecha ya estaba lista la sociedad Ronav Investments, registrada el 24 de noviembre de 2008 por los directivos del BES en Islas Vírgenes Británicas pero a nombre de Carlos Caripe. En las cuentas bancarias de Ronav Investments “Ricardo Salgado [presidente del BES y miembro del grupo familiar dueño del banco] ordenó el pago de sobornos a Alcides Rondón”, según precisa el expediente. Algo que se cumplió de 2008 a 2010.

Caripe Ruiz, dueño en los papeles de Ronav, actuó además como beneficiario de otra empresa de nombre Tilak Consultants, una sociedad que llegó a ser “cliente” de Carbozulia International Inc. Era una coartada que sirvió para encubrir con una justificación creíble las transferencias entre ambas. Tilak también había sido incorporada por Alcogal, siguiendo órdenes de Paulo Murta.

El 8 de diciembre de 2009, Caripe transfirió desde Tilak 300.000 dólares a la cuenta de Carbozulia. Una segunda transferencia llegó el 12 de abril de 2010, por un monto similar.

Por otro lado, en otra cuenta en el Espírito Santo Bankers de Dubái (ESBD), distinta a la de Carbozulia en Madeira, se registraron cuatro pagos entre marzo de 2009 y abril de 2010. Estos fueron realizados desde Enterprises Management Services LTD –una empresa del BES creada también en Islas Vírgenes Británicas– a nombre de Ronav Investment, por un monto total de 253.272,30 dólares.

Estas cuatro transferencias a Ronav, junto a las transferencias hechas desde Tilak Consultants, alcanzaron 853.272 dólares, que fueron depositados en cuentas cuyo beneficiario final era Rondón Rivero.

Los empleados del BES encargados de analizar la información de verificación y cumplimiento (KYC o Know Your Client) fueron, no por casualidad, Paulo Murta y Humberto Coelho, este último un administrador de entera confianza de la alta gerencia del banco. En noviembre de 2008, Murta y Coelho dejaron constancia de haber completado estas diligencias de verificación a Rondón Rivero y Caripe Ruiz, en las que se evidenció que Rondón era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés), calificación que se le asigna a funcionarios de gobierno o de otro tipo con altas responsabilidades administrativas y sobre cuyas transacciones se debe ejercer una supervisión especial.

A pesar de las banderas rojas que ese hallazgo levantó,, el acuerdo con Humberto Coelho incluyó que Caripe abriera una cuenta en nombre de otra sociedad, Crescent Financial, con el objetivo de “recibir los fondos obtenidos profesionalmente, lo que era falso”, según detalla el expediente. Luego, Gestar –una empresa del Grupo Espirito Santo en Suiza especializada en servicios fiduciarios– dio fe de “la fuente de riqueza” del cliente, quien no estaría involucrado en “actividades ilícitas”.

El gusto por Andorra

A pesar del escenario preparado para las idas y venidas del dinero entre sociedades offshore, algunas transacciones tenían tropiezos al pasar alcabalas y chequeos dentro del mismo banco. Así ocurrió con una de las cuatro transacciones recibidas por Ronav Investments de la que, según se describe en el expediente de la Fiscalía de Portugal, el compliance del BES se percató que se hacía entre cuentas de un mismo cliente y presentaba “un problema en la división de los fondos a favor de la sociedad Crescent”. Esta última, vale recordar, pertenecía a Carlos Caripe. 

Fue el 23 de febrero de 2010 cuando Ronav envió a Crescent una transferencia por 212.780,28 dólares, por instrucciones de Murta y Coelho. Ese dinero fue enviado a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en nombre de la sociedad Capital Investments Advisors, cuyo beneficiario final era el mismo Carlos Caripe, quien lo justificó diciendo que los fondos eran para “capitalizar” a la misma. 

Meses después, el 15 de septiembre de 2010, desde la cuenta de esa Capital Investments en BPA, se realizó una transferencia por 249.000 dólares a la cuenta de Carlos Caripe en el BES. Ese monto fue transferido luego en dos partes, de 150.000 y 75.138,75 dólares respectivamente, a una cuenta del Banco Santander a nombre de otro venezolano, de nombre José Agustín de Andrade Pereira, por el concepto de “pago de honorarios para la comercialización de commodities, en particular carbón”. Andrade Pereira no sale mencionado en el resto del expediente. 

Esta transacción constituye un punto de intersección entre el esquema de pago de favores por parte del BES para funcionarios venezolanos, y el escándalo del desvío de fondos venezolanos, tanto públicos como obtenidos por coimas, al banco andorrano. Un informe de la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que en 2015 tuvo acceso el diario español El Mundo, fue la Piedra de Rosetta que permitió descifrar el mecanismo por el que se blanquearon unos 2.000 millones de dólares provenientes de Pdvsa –y en total 4,200 millones de dólares de Venezuela– a través de una madeja de empresas fantasmas creadas ad hoc para esconder esos fondos. 

Cuando FinCen emitió el reporte mencionó al Banco Madrid –filial española de BPA– como una “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales”. Aunque Banco Madrid sería eventualmente intervenido y liquidado, apenas pagó una multa de un millón de euros por “faltas en el sistema de control del origen del dinero” en sus bóvedas, en las que reposaban las fortunas de funcionarios del chavismo. Entre ellos, de nuevo, estaba Alcides Rondón Rivero, uno de los seis jerarcas implicados con cuentas y fondos procedentes de sobornos en el BPA.

Fue tal la magnitud del escándalo de corrupción en el Principado pirineo que, ese mismo año, la Fiscalía y la Asamblea Nacional oficialistas en Venezuela decidieron investigar el caso. Simultáneamente, las autoridades andorranas siguieron la pista de lo ocurrido con investigaciones a más de 35 personas por el saqueo de Pdvsa, pero las averiguaciones se diluyeron con el paso del tiempo y entorpecidas por trabas políticas. Hoy no se puede exhibir ningún resultado judicial ni en Venezuela ni en Andorra.

Tímidos, pero no tanto

En el expediente, el abogado Carlos Caripe aparece como protagonista de este esquema por el cual las comisiones ilícitas circulaban en un rizo de empresas hermanadas. Pero fuera del rastro portugués, Caripe Ruiz lleva una vida casi anónima. Su huella en las redes alcanzan hasta 2020, como fundador de una empresa llamada Calvert Capital -el dominio de la página web se registra en Colombia, aunque la empresa no señala alguna dirección física- y se presenta como una suerte de polímata. Se describe como “internacionalista, administrador de empresas, investigador académico, futurista e inversor tecnológico que ha desarrollado su actividad profesional en banca, mercado de valores, negocios internacionales, dirección de empresa y economía productiva”. 

Armando.info intentó contactarlo por el formulario de contacto de la empresa, pero no hubo respuesta.

Pero entre los años 2010 y 2011 -justo después de las operaciones con el BES- Caripe Ruiz parecía tener más confianza en sostener un perfil público. Llegó a dar entrevistas en las que se daba a conocer como consultor en temas de blanqueo de capitales, desde su experticia como profesional del derecho, y dictó conferencias en Panamá. Su hoja de vida incluye estudios como penalista y criminólogo que lo llevaron a ocupar la posición de director de la Policía de Baruta, un distrito de clase media en el sureste de Caracas, antes de 2010. En 2008 y desde Panamá, abrió la empresa Thrive International S.A. y, dos años después, otra de nombre Lumal Trading, años que coinciden con su actividad empresarial en el BES y también con el registro en Panamá de una empresa Alcides Rondón Rivero, Izote Energy Group. 

Tras la muerte de Hugo Chávez y con el escándalo de Andorra a cuestas, Rondón Rivero pasó a una especie de ostracismo, sin mayor sobresalto. Aunque en redes sociales circuló la versión de que el militar habría salido de Venezuela con destino a Kuwait en 2015, hoy se encuentran en Internet dos perfiles en LinkedIn con su nombre que ponen en duda ese destino: en uno asegura que es director de dos empresas Oceanus y Grupo Izote, mientras que en otro se presenta como director de la compañía rusa LTD Prosienteks Coffe desde 2011, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo (antes Leningrado), además de director de otra empresa llamada Izote Energy. 

Armando.info escribió un mensaje para contactarlo y obtener su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.

De visita en Lisboa, Chávez firmó en septiembre de 2008 un total de 14 acuerdos con contrapartes portuguesas, entre los que destacaba un contrato-marco para levantar 50.000 apartamentos. Dos años más tarde, el convenio mutó en un proyecto para instalar tres plantas de producción que fabricaran y ensamblaran las paredes y los techos ya no de 50.000, sino de 12.512 viviendas previstas para ser levantadas sobre unos terrenos de Cúa y Ocumare, dos de las ciudades de los Valles del Tuy, una zona del estado Miranda, a una hora de Caracas, que sirve a la vez de dormitorio y cinturón industrial a la capital venezolana.

Tanto el convenio inicial, para la construcción de 50.000 viviendas, como su versión final, fueron asignados al Grupo Lena, un consorcio portugués de ingeniería.

A pesar del ajuste hacia abajo en el número de viviendas a construir de uno a otro convenio, los urbanismos en el Tuy son todavía hoy un bosque de vigas y grúas, apenas el brote inicial de lo que ya deberían ser 612 edificios. Aunque en mayo de 2011 se anunciaban tres años como plazo para culminar las obras, la construcción dista mucho de completarse.

Al calor del mediodía del jueves de la semana que termina, en conversación informal con algunos de ellos, los obreros de los dos urbanismos calculaban 1.800 apartamentos listos: unos 600 en la población de Ocumare del Tuy, en el conjunto Lomas de Guadalupe, y alrededor de 1.200 en la llamada Ciudad Zamora de Cúa. Lo demás son cabillas y losas prefabricadas.

Desde Caracas, los representantes de la empresa se muestran más optimistas. El director general de Producción del Grupo Lena en Venezuela, José Oliveira, asegura que han conseguido levantar 3.000 apartamentos, casi un cuarto de la meta. Y fue precisamente en esos primeros apartamentos donde el Gobierno venezolano ha reubicado a varias familias de los antiguos habitantes de la Torre de David, el rascacielos a medio terminar en el centro de Caracas que fue invadido en 2008 y convertido en una suerte de favela vertical que la cadena FOX en la serie Homeland, y el periodista estadounidense, Jon Lee Anderson, en The New Yorker, consagraron como una metáfora de la Venezuela de estos días. El Gobierno capitalino adelanta desde hace meses una operación para desalojarlo.

Operación Marqués

En Portugal, mientras tanto, el nombre de Venezuela se hace una referencia necesaria para relatar lo que empieza a conocerse como la Operación Marqués, una razzia que va más allá de la captura de un solo individuo, por más que se trate de un ex primer ministro de la nación. De hecho, en las redadas también cayó un ex miembro de la Junta Directiva del Grupo Lena, la constructora beneficiada por el Gobierno chavista.

La prensa lusa ha venido filtrando una serie de acusaciones que atribuyen al ex primer ministro Sócrates una fortuna de 20 millones de euros, que apareció en una cuenta a nombre de Carlos Santos Silva, uno de sus mejores amigos, quien le habría servido de fachada.

Hacía tiempo que el tren de vida de Sócrates desencajaba. Oficialmente apartado de la política, se mudó en 2011 a Francia para estudiar una maestría en Teoría Política en el instituto universitario de Science Po. Pero las fotos en los restaurantes parisinos y los lujos de un apartamento valorado en 3 millones de euros no pasaron inadvertidos en Portugal.

En la madrugada del sábado 22 de noviembre, cuando la mayoría del país ya estaba durmiendo, el hombre que gobernó Portugal entre 2005 y 2011 fue detenido en Lisboa tras bajar de un avión que lo trasladaba desde París. Por el mismo caso también detuvieron a otros tres sospechosos, entre los que destaca el ex administrador del Grupo Lena, Carlos Santos Silva, con quien el ex primer ministro mantiene una amistad que comenzó en la ciudad de Coimbra, cuando compartieron casa en los años en que estudiaron juntos en el Instituto Superior de Ingeniería.

En medio del escándalo, el Grupo Lena ha reconocido en Lisboa, a través de un comunicado, que Santos Silva se desempeñó como administrador de su conglomerado de empresas, pero al mismo tiempo advirtió que ese hecho no tiene por qué afectar sus proyectos o la reputación de la empresa.

Oliveira añade desde Caracas, en nombre de la empresa, que ningún rumor afectará las construcciones que adelantan en los Valles del Tuy. Si bien reconoce que han tardado más del tiempo pautado, asegura que están comprometidos con terminar los complejos habitacionales, cuyos retrasos solo achaca a la escasez de materiales de construcción como el cemento.

“No hay ninguna relación de Lena con el ministro Sócrates, aunque como portugueses nos entristece esta situación”, dice. “El contrato con el gobierno venezolano es posterior al momento en que el señor Carlos Santos Silva se desempeñó, hasta 2009, como administrador de la empresa”.

Pero si Santos Silva se mantuvo en la constructora hasta el año 2009, entonces formó parte de la directiva de la empresa que mantuvo las negociaciones con Chávez y desembocaron, el 27 de septiembre de 2008, en la firma del Contrato Marco para la Construcción de cincuenta mil (50.000) Viviendas en el eje Norte-Costero de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y la empresa portuguesa Lena Construções.

El Grupo Lena consiguió entonces, según un comunicado que aún mantiene en su página web, “uno de los proyectos más grandes que jamás haya tenido un grupo empresarial portugués en el extranjero”. Para ese momento cotizaba el negocio en 3.000 millones de dólares, y no en los 988 millones de dólares que en definitiva el Gobierno venezolano asignó al proyecto.

Fue parte de una racha de contrataciones en el extranjero con las que el Gobierno de Hugo Chávez se propuso poner en marcha su Gran Misión Vivienda Venezuela sin tener que apelar al empresariado nacional, en general, opuesto al régimen revolucionario.

Algunas de esos convenios han terminado por ser fuentes de polémica, como el suscrito en 2011 con la empresa iraní Tarasazeh Tabriz para una línea de producción de 60.000 viviendas prefabricadas, o el correspondiente a la uruguaya Unión Metalúrgica Industria del Sur, que se comprometió a hacer 12.000 viviendas prefabricadas que, según la propia Contraloría General de la República, nunca se construyeron.

En contraste, la empresa portuguesa parece afanarse en concluir las viviendas, aunque sea con retardo y, desde ahora, en medio de suspicacias. El contrato, después de todo, es importante. No en vano, por un tiempo sirvió en Portugal como emblema de la exitosa diplomacia comercial del gobierno de Sócrates.

El método socrático

En septiembre de 2007, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush se quejaba, ante uno de los autores de esta nota, del silencio que José Sócrates mantenía sobre Venezuela. Informado por sus asesores de la amplia colonia portuguesa que vive en Venezuela y de los intereses portugueses presuntamente amenazados por la autodenominada Revolución Bolivariana, Bush había recibido en la Casa Blanca al por entonces premier socialista y encargado anual de la presidencia rotativa de la Unión Europea, al que consultó sobre qué se proponía hacer ante Chávez.

Sócrates era y sigue siendo un pragmático. “Tenemos que diversificar nuestras exportaciones y Libia es uno de nuestros socios estratégicos”, respondió en 2008 a quienes lo criticaban por haber ofrecido una recepción especial en Lisboa al dictador Muammar El Gadafi.

Sócrates también sacó partido entonces a la necesidad de Hugo Chávez de conseguir tecnología e inversión en centros distintos a los de Estados Unidos y la Europa sajona, distantes o directamente enfrentados con la revolución venezolana. En Venezuela encontró una cornucopia de posibilidades para las alicaídas empresas portuguesas. Cabe suponer que además desarrolló un vínculo personal con el caudillo venezolano y con el proceso que lideraba, más allá de la razón de Estado. Todavía en 2013, dos años después de su retiro de la política, José Sócrates participó en las exequias de Chávez y, un mes más tarde, como veedor internacional, en las elecciones presidenciales en las que resultó triunfador Nicolás Maduro.

Aunque se hace difícil afirmar que Sócrates sirviera como valedor de Chávez ante Washington por esos días, lo que resulta indudable es que su silencio corría en paralelo con un auge espectacular del intercambio comercial entre Caracas y Lisboa. En cuestión de tres años, entre 2008 y 2011, se firmaron 91 acuerdos bilaterales.

Solo de 2007 a 2009, las exportaciones de Portugal a Venezuela se multiplicaron por seis. Sin embargo, no fueron los números, sino algunas presencias conspicuas, las que ratificaron que había un nuevo nexo de negocios cruzando el Atlántico. El banco más poderoso de Portugal, Espirito Santo, aterrizó con oficina en Caracas. La petrolera Galp entró a la Faja Petrolífera del Orinoco, el mayor reservorio del mundo. Uno de los programas de bandera del chavismo, el modelo Canaimita de computador portátil escolar, quedó confiado a proveedores portugueses. También a portugueses se asignaron los proyectos para la renovación del puerto de La Guaira, la construcción de la segunda autopista de Caracas al Litoral Central, y la de un ferry y dos navíos asfalteros.

De la misma manera en el área de medicamentos surgieron oportunidades de negocios. Por ejemplo, en 2010 se acordó instalar en Venezuela, con tecnología portuguesa, una fábrica de penicilina y otros medicamentos.

Todavía en 2011, la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, reiteraba la intención de desarrollar fábricas de medicinas a través de alianzas con Colombia, Cuba y Portugal. Pero su despacho luego debió reconocer –en el informe de gestión de ese año– debilidades en cuanto al seguimiento y evaluación de los convenios internacionales, por no contar con una base de datos para esos fines.

Hoy, el coordinador de Contraloría Sanitaria del estado Anzoátegui, Reny Valdez, no tiene información sobre las plantas de antibióticos cefalosporínicos y penicilínicos que, según se anunció, debía construirse en las adyacencias de la Base Aérea Luis del Valle García, en Barcelona, la capital de ese estado del oriente costero venezolano. Si bien el Gobierno destino 96 millones de dólares para que el grupo portugués Atral Cipan culminara la obra en noviembre de 2014, Valdez duda: “Yo creo que eso no se ejecutó”. De eso tampoco saben ni el presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, Arquímides Velásquez, ni la presidenta del Colegio Farmacéutico, Julie Romero. “No me sé ni la dirección”, confesó.

En Portugal, de cualquier modo, empiezan a pedir cuentas, y precisamente en ese sector. La multinacional farmacéutica Octapharma salió al paso a las denuncias y se apresuró a rescindir los servicios de consultoría para América Latina que el ex primer ministro Sócrates le prestaba por un sueldo mensual de 12.000 euros.

Aunque el Grupo Lena también rechazó los señalamientos en su contra, periódicos portugueses como Público han sembrado la duda: advierten que varios de los accionistas de esa firma también estuvieron al frente de otra compañía, llamada XMI, en cuya directiva se encontraba Carlos Santos Silva, el amigo de Sócrates al que encontraron una cuenta bancaria de 20 millones de euros.

“En 2013, XMI, que cuenta con cinco empleados, facturó alrededor de 2,8 millones de euros, entre los que destacan servicios prestados al Grupo Lena”, apuntó el rotativo en su edición del miércoles. El semanario Sol, por su parte, abrió su última edición con un titular que habla de coimas y comisiones: “En el período en que Sócrates fue primer ministro, el Grupo Lena pasó de empresa regional a potentado de la construcción civil, llegando así a Venezuela”, asegura.

*Con la colaboración de Cristina González