La captura de Nicolás Maduro el reciente 3 de enero por parte de comandos militares estadounidenses encumbró a Delcy Rodríguez Gómez en lo más alto del poder en las filas chavistas y en la estructura estatal. Hasta ese sábado de la operación de las fuerzas especiales, Rodríguez -que también había sido Canciller- se desempeñaba como Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Petróleo en el gabinete de Maduro. Ahora funge como Presidenta Encargada de la República, en medio de una sucesión traumática y tutelada desde Washington por Donald Trump. 

En estos días de gran actividad noticiosa, resulta fácil olvidar esa figuración suya en la cartera de Petróleo, que ocupa desde agosto de 2024 tras las caídas en desgracia -y prisión- del otrora poderoso vicepresidente, Tareck El Aissami, y del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Pero tomarla en cuenta resulta clave para entender su idoneidad como interlocutora de la administración Trump al frente de la Venezuela postmadurista. 

Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su “gestión de la crucial industria petrolera” venezolana, según reveló esta semana el diario The New York Times. También The Washington Post informó el viernes que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (...) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos”.

Durante su dirección del negocio petrolero, Rodríguez impulsó en 2024 la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una suerte de fórmula privatizadora que, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo de octubre de 2020, buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio. Ese cambio en el marco legal para la participación de capitales privados buscaba atraer a nuevos actores que reemplazaran a los grandes nombres de la industria petrolera global, impedidos de participar por las sanciones internacionales.

En efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, pero amigos del régimen y hasta de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”. 

Por ejemplo, el magnate petrolero estadounidense y amigo del propio Donald Trump, Harry Sargent III, fue uno de los primeros beneficiados con la nueva figura. Pero Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer con los CPP un trato especial a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tal como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y la revista Plan V de Quito. 

Melones sin fruto

Desde 2018, Delcy Rodríguez cuenta entre sus asesores con un par de exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa: Patricio Rivera y Fausto Herrera.

“Tengo un equipo que está permanentemente allí. Hacen un trabajo extraordinario. Usted no sabe lo que es sobrevivir con ese bloqueo al petróleo. En Venezuela todo era petróleo”, admitió Correa en una entrevista publicada en agosto pasado por el diario digital El Español. 

Patricio Rivera y Fausto Herrera han ayudado a Rodríguez a estabilizar la economía tras años de escasez, hiperinflación y de contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Fuentes de la industria petrolera venezolana indican que los asesores ecuatorianos también han resultado cruciales en la conducción de la materia petrolera en los últimos años, incluyendo la concepción y diseño de los CPP. Asimismo, según las mismas fuentes, los exministros ecuatorianos han dispuesto de oficinas para despachar desde la propia Pdvsa. 

En 2025 se firmó un CPP con Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024 y dirigida como “administrador único” por Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano de 45 años de edad. Robalino Orellana tiene relación empresarial, tanto en España como en Ecuador, con Héctor Eduardo Egüez Álava, un hombre de confianza y mano derecha de Ricardo Patiño Aroca cuando este se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, Coordinador de la Política, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en el mandato de Rafael Correa. Hoy Patiño es representante del partido del correísmo, Movimiento Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Territorio Trading Group anunció en junio pasado el acuerdo en su website. Allí detallaba que la firma con la estatal petrolera venezolana permitiría la explotación en el campo Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Un mes después celebró la “inauguración de oficinas en Caracas” y, en septiembre de 2025, reportó las “pruebas de pozo en el campo Melones”, antes de desactivar el sitio. 

El campo Melones, ubicado en el área de crudos pesados del distrito San Tomé, en el borde norte de la Faja Petrolífera del Orinoco, territorio del estado Anzoátegui, cuenta con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados y produce en la actualidad cerca de 8.000 barriles diarios de crudo, de acuerdo con cifras de Pdvsa. Las reservas probadas del campo rondan los 300 millones de barriles, lo que lo convierte en un yacimiento atractivo para cualquier petrolera. 

Fuentes internas de Pdvsa explican que desde la estatal se presionaba a Territorio Trading Group para comenzar las inversiones necesarias que permitieran aumentar la producción, pero hasta el cierre del año pasado la compañía no pudo mostrar resultados porque no contaba con los recursos necesarios para ello. De hecho, la meta de producción para el cierre de 2025 era de 10.000 barriles diarios, un 30% más de lo logrado hasta ahora por la compañía. A ese incumplimiento se vienen a sumar el cambio político producto de la intervención militar estadounidense y el control total que en consecuencia Donald Trump pretende ejercer sobre la producción de hidrocarburos en Venezuela, lo que amenaza con frustrar definitivamente el emprendimiento petrolero de Robalino Orellana. 

Estirpe correísta

En declaraciones esta semana a la emisora colombiana Blu Radio, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa condenó sin ambages la actuación de Donald Trump en Venezuela. “Están pensando cómo repartirse el petróleo venezolano, por favor, eso es atroz, es algo insólito, ya lo naturalizamos”, afirmó, al tiempo que aventuraba que “conociendo como conozco a Delcy Rodríguez, ella va a preferir morir antes que someterse”.

“En buena hora si llegan inversiones extranjeras, norteamericanas, europeas, para recuperar la producción petrolera venezolana; eso buscaba Nicolás Maduro, otra cosa es que quiera administrar el país Donald Trump y quiera regalar el petróleo”, se quejaba Correa, a quien una nota reciente del New York Times identifica también como asesor activo de Delcy Rodríguez. 

En todo caso, no es nuevo el interés por el petróleo venezolano del clan ecuatoriano cercano a Correa. A mediados de 2024, Pdvsa anunció una sociedad con Globalable Holding S.L, empresa del magnate venezolano Ricardo Cisneros Rendiles, para la operación de la empresa mixta Petrocabimas, en la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo, estado Zulia, noroccidente de Venezuela. 

En la información, difundida por la estatal y reseñada por medios especializados como Petroguía, se dio a conocer que en representación del socio privado, además del propio Cisneros Rendiles, en la firma también estuvieron presentes Manuel Robalino Orellana, el administrador de Territorio Trading Group, y Héctor Egüez Álava, la mano derecha del exministro ecuatoriano Ricardo Patiño. La nota de prensa fue acompañada de una imagen en la que aparece Cisneros Rendiles. 

Meses después del anuncio, sin embargo, la propia Pdvsa desmintió el acuerdo y aclaró que la compañía Suelopetrol Exploración y Producción S.L. seguía siendo la socia privada en Petrocabimas. 

Robalino Orellana y Egüez Álava también compartieron sociedad en Orbit Global Trading Corp (Orbitralcorp), registrada en Ecuador el 26 de enero de 2018. Esa compañía, disuelta en 2025, reportó relaciones comerciales con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding estatal creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas de Venezuela. Según los estados financieros de la empresa, despacharon al régimen venezolano aceite crudo de palma, previamente comprado a una compañía uruguaya.

Aún antes, Robalino Orellana había enfrentado tropiezos en otra actividad comercial en Venezuela. Fue objeto de una denuncia penal por presunta falsificación de firmas relacionada a la venta de 4 millones de dólares en alumbre de aluminio a la empresa venezolana Inversiones Revotronics JM C.A, en 2013. Era la época en la que hubo una eclosión de exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela con el fin de obtener dólares a la tasa preferencial del entonces vigente régimen de control de cambios, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), una cesta de monedas regionales impulsada por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez para facilitar el pago de importaciones entre las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos (Alba-TCP). 

Según la denuncia penal contra Robalino Orellana, este habría recibido pagos de Inversiones Revotronics JM en la cuenta de la empresa ecuatoriana Oleopalma Compañía Industrial y habría falsificado cheques para desviar el dinero sin haber entregado el producto. La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Bósquez Villena, quien decidió no acusar al denunciado, razón por la cual este fue sobreseído en 2019.

Mientras Robalino Orellana hacía estos negocios con Venezuela en 2013, Égüez Álava se desempeñaba como subsecretario de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Ricardo Patiño como Canciller. Desde ese cargo, promovió el funcionamiento del Sucre. Ese año, Egüez Álava visitó a las autoridades del chavismo, presentándose como “jefe del gabinete del Canciller del Ecuador”, a fin de promover proyectos productivos de aceite de palma y arroz con financiamiento del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo Económico y Social (Fevedes).

Égüez Álava tiene 66 años. Antiguos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas lo recuerdan desempeñando cargos en esa cartera por lo menos desde la década de los 90. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio González (quien como vicepresidente completó de 2005 a 2007 el período del destituido mandatario, Lucio Gutiérrez), fue designado como Subsecretario del Litoral y como Subsecretario de Programación de la Inversión Pública, cuando al frente de esta cartera se encontraba Diego Borja Cornejo, candidato a Vicepresidente que completó junto a la candidata presidencial Luisa González la dupla correísta para los comicios de abril de 2025, en los que resultó vencedor Daniel Noboa.

En 2007, ya con Rafael Correa como presidente, Ricardo Patiño asumió como ministro de Economía y nombró a Egüez como su asesor. A los pocos meses, el rostro de este ganó reconocimiento nacional, pues apareció en los llamados pativideos, una serie de grabaciones clandestinas que mostraban al ministro Patiño discutiendo con unos consultores sobre cómo provocar pánico en el mercado internacional para abaratar el costo de los bonos estatales y proceder a su recompra.

Tras el escándalo, Patiño pasó a dirigir el recién creado Ministerio Coordinador de la Política, mientras que Egüez se quedó en su puesto. Fue la única época de los gobiernos de Correa en la que trabajaron separados. En 2008, Egüez pasó a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un cargo que requiere la confianza del Presidente de la República. Un año después, se juntó de nuevo con Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política. Desde entonces, lo acompañó a todos lados. Estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2016, y en el Ministerio de Defensa, en las postrimerías del correísmo. 

En julio de 2017, con Lenín Moreno Garcés como nuevo mandatario, Patiño y Egüez ingresaron a la Presidencia de la República. El primero en calidad de consejero de gobierno y el segundo como asesor. Ocuparon esos cargos hasta finales de agosto de ese año, cuando el correísmo rompió definitivamente con Moreno. Desde entonces, Egüez salió del foco público, hasta ahora.

Hay otro lazo empresarial que une a Egüez con Robalino Orellana. Ambos constan como administradores en Global Maval Inversiones S.L, una compañía creada el 27 de octubre de 2025 en España, en la misma jurisdicción de Territorio Trading Group. En los papeles de constitución ambas sociedades aparecen compartiendo la misma oficina en la calle Serrano del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid.

Pese a los grandes negocios petroleros que dirige en Venezuela, Robalino Orellana registra ahora una deuda tributaria en firme en Ecuador por algo más de 131.146 dólares, mientras que su empresa, Orbit Global, tiene otra por 291.392 dólares. En un escrito presentado en agosto de 2024 por Robalino en el expediente de un juicio civil en su contra, este aseguraba que residía en Singapur por “cuestiones de trabajo” y que se quedaría en esa ciudad-Estado del sudeste asiático por varios meses. Es el último documento público donde consta su paradero.

Al cierre de esta edición, ni Robalino Orellana ni la empresa Territorio Trading Group respondieron a la petición de entrevista formulada por correo electrónico. 

Nota del editor: la versión inicial de la infografía se publicó con errores. Por ello se hizo la modificación que, en ningún caso, afecta o cambia el contenido ni los hallazgos del reportaje.

Ese relato no está en un libro de aventuras, sino que se desprende de decenas de documentos filtrados desde Pdvsa y a los que Armando.Info ha tenido acceso para este reportaje. Los papeles desnudan el resultado de ceder la comercialización de petróleo venezolano a traders o intermediarios de toda clase como respuesta a las sanciones financieras que Estados Unidos impuso en 2019 contra la petrolera estatal.

El desbalance de la estrategia seguida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el mayor del Ejército Antonio Pérez Suárez, queda al descubierto con una cifra: 8.406 millones de dólares están aún en el apartado de “cuentas por cobrar” de Pdvsa por el crudo comercializado desde 2019 hasta el 17 de agosto de este año.

La magnitud de esas “cuentas por cobrar” es tal que supone poco más del 80% de los 10.135 millones de dólares que Pdvsa debió recibir en ese período por el despacho de al menos 201 millones de barriles “bajo mecanismo de cobranza anticipada o de contado”. 

El déficit podría ser aún mayor si se suman las facturas pendientes por concepto de “compensación”, esquema ideado para que los intermediarios paguen el valor del petróleo con mercancías como alimentos o cubriendo deudas de la propia Pdvsa con terceros. Esa fue, por ejemplo, la modalidad por la que optaron en 2019 los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas tras la fachada de compañías mexicanas manejadas por Joaquín Leal Martínez, joven empresario de ese país a la postre sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

“Los esquemas de cobranzas se modificaron según instrucciones recibidas por las máximas autoridades de Pdvsa y del Estado venezolano”, se lee en uno de los documentos, a propósito de cargamentos que debieron pagarse de contado, pero que en el camino fueron modificados.

Algunos de esos intermediarios que transportaron millones de barriles de petróleo o fuel oil venezolano desde las refinerías de Amuay, El Palito o Puerto La Cruz, y que están en mora con Pdvsa, no tenían experiencia en el negocio energético y fueron registrados apresuradamente en jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, poco antes de empezar a transportar el crudo a puertos de Singapur, China o Emiratos Árabes, entre otros destinos. 

Ese es el caso, a manera de ejemplo, de M and Y Trading, una sociedad inscrita en Hong Kong el 2 de noviembre de 2020, que adeuda a Pdvsa 1.208 millones de dólares por petróleo transportado en 2021 y lo que va de año; o de United Petróleo Corp, creada en Panamá apenas en febrero de 2021, y mencionada esta semana por la agencia Associated Press, con una deuda de más de 400 millones de dólares. 

Apenas son dos muestras de las casi un centenar de compañías fantasmales encargadas de hacer la labor de comercialización y distribución del petróleo venezolano en lugar de Pdvsa, inhabilitada en la práctica por las sanciones. Aunque en los casos de ese par de empresas no se pudo establecer con precisión quiénes son sus operadores y dueños últimos, Armando.Info comprobó la relación de otras sociedades con nombres favorecidos con anterioridad por el chavismo, como los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, o los hermanos Majed y Khaled Khalil. Pero también aparecen nuevos actores que orbitan alrededor del poder político, cuya figuración revela la influencia que van ganando.

¿Mejor malo conocido?

Una casa modesta en una calle de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International Dw-Llc, registrada en Emiratos Árabes Unidos, que ha comercializado crudo venezolano por unos 76 millones de dólares entre 2021 y este año, de acuerdo a los papeles de Pdvsa.

A las afueras de la casa de un solo nivel nada hace suponer que allí podría alojarse una multinacional del petróleo o una millonaria contratista que todavía adeuda 34 millones de dólares a Pdvsa. Una gran mancha de pintura casi tapa el tradicional “no pare” en la persiana metálica o santamaría de color negro que hace las veces de puerta del garaje. “Allí viven puros inquilinos, no debe haber nadie”, explicaron los vecinos al equipo de Armando.Info que se acercó esta semana al lugar. “Mayra no está, salió a trabajar”, respondió otra joven vecina al preguntársele por Mayra Alejandra Gaviria Gutiérrez, la venezolana que en los papeles del registro mercantil de Dubai -uno de los Emiratos- aparece como directiva de Walker International.

Tanto Mayra Gaviria Gutiérrez como Walker International fueron mencionadas recientemente en una columna de la revista Semana de Bogotá, donde se les relaciona, tanto a la mujer como a la empresa, con los hermanos venezolanos Bernardo y Tadeo Arosio Hobaica, dueños de ATB Constructores y otras constructoras responsables de obras en Los Roques, en San Isidro de Galipán -en la ladera norte del cerro Ávila-, o de proyectos residenciales y hoteleros en zonas del este de Caracas como La Castellana y Campo Alegre.

En efecto, hay varios indicios que apuntan a la relación de los Arosio Hobaica con Walker International. En principio, en el registro mercantil el objeto social de la empresa es, precisamente, el comercio de materiales de construcción  y el número celular de contacto conduce a Bernardo Arosio. Así mismo, Mayra Gaviria Gutiérrez fue empleada de ATB Constructores, la principal firma del grupo de los Arosio Hobaica. Por si fuera poco, Gaviria también representó legalmente a Desarrollos Turísticos Sula Sula, compañía propietaria de un lote de terreno de casi 2.500 metros cuadrados en Los Roques que colinda, precisamente, con la posada Chelonia, de los Arosio Hobaica.

Fuentes que han participado del negocio petrolero y prefieren conservar el anonimato, también confirmaron la relación de los Arosio Hobaica con las actividades de Walker International. Ni Mayra Gaviria Gutiérrez, ni los Arosio Hobaica, contestaron la petición de entrevista formulada por escrito para este reportaje.  Solo la gerente de recursos humanos de ATB Constructores, Nora Dalis, accedió a confirmar que Mayra Gaviria “dejó de tener relación laboral con la empresa en 2018”.

Otra dupla de hermanos es la que yace detrás de una de las comercializadoras del petróleo venezolano que más le adeuda a Pdvsa. Se trata de Majed y Khaled Khalil Majzoub, contratistas desde los inicios del chavismo y beneficiarios de negocios de distinta índole, como el de contratos en el sector eléctrico hace una década, contratos con Corpovex para suministro de útiles escolares o el más reciente control de Lácteos Los Andes, expropiada en su momento por Hugo Chávez, pero entregada a los Khalil bajo la figura de “alianza estratégica” por Nicolás Maduro.   

En este negocio petrolero son los Khalil quienes aparecen tras Montmagastre Ventures Ltd, registrada inicialmente en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, y con una subsidiaria en Serbia. De acuerdo a los documentos de Pdvsa, Montmagastre Ventures Ltd adeuda a la estatal poco más de 310 millones de dólares por crudo transportado en el año 2021. El vínculo entre Montmagastre Ventures Ltd y los Khalil se puede establecer gracias a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a cargo de Maikel Moreno, magistrado y expresidente del máximo tribunal del país. 

Ese documento detalla que Montmagastre Ventures Ltd suscribió un contrato con Indigo Energy International, compañía dedicada al “diseño y desarrollo de grandes obras que involucran procesos de ingeniería, procura y construcción” en los sectores de “energía, petróleo, gas, renovables y construcción civil”. El acuerdo consistía en que Montmagastre Ventures Ltd cobraría con petróleo y otros productos una deuda que Pdvsa mantenía con Indigo Energy International, una compañía con figura jurídica en Venezuela y Panamá y con la que los hermanos Khalil guardan relación desde su creación.

Formalmente, ni Majed ni Khaled Khalil destacan en los registros de Indigo Energy International, pero las oficinas de la compañía en Caracas son las mismas del Consorcio Pacific Rim Energy, con la que los Khalil obtuvieron contratos estatales en la crisis eléctrica de hace más de una década. Y fue desde esa oficina en el Centro Galipán en Caracas que respondieron que los hermanos Khalil no darían “ningún tipo de declaración” al ser consultados por la conexión con Montmagastre Ventures Ltd.

El caso llegó a los tribunales porque otras compañías terminaron arrebatando la carga de petróleo con la que Montmagastre Ventures Ltd cobraría las acreencias de Indigo Energy International con Pdvsa. 

Al estilo de los piratas del siglo XVII, esa práctica del robo de carga se ha hecho frecuente con los nuevos métodos de comercialización impuestos por la petrolera estatal:  “(...) Con la cual ofrecen los servicios de inspección de buques, cuyo fin único es la obtención de los datos de precisos de la carga para posteriormente generar informes de calidad del producto, a favor del victimario y así poder facilitar su comercialización en aguas internacionales, sin autorización y con el desconocimiento del propietario original, el cual en este caso es la empresa Montmagastre Ventures Ltd”, se lee en el escrito judicial, que apunta contra Five Ocean Trading y Marine General Survey, así como a sus propietarios, como responsables del robo de cargamentos de “mezcla bituminosa de calidad”.  

De los despachos de Pdvsa a los del TSJ

El de Montmagastre Ventures Ltd no es el único episodio de los fantasmales intermediarios de Pdvsa que ha llegado a lo más alto de los despachos de la justicia chavista. En el TSJ han quedado dibujadas las irregularidades de al menos otros dos traders que también adeudan millones de dólares a Pdvsa.  

Uno de esos casos es el de la compañía Supraquimic Limited, registrada en Irlanda, homónima de Supraquimic C.A en Caracas, y que en diciembre de 2020 selló un contrato con Pdvsa para el intercambio de alimentos por crudo por 260 millones de dólares. En su momento, la agencia Reuters reveló el fracaso del acuerdo y hasta la detención de los empresarios involucrados, pero otro escrito del magistrado y expresidente del TSJ, Maikel Moreno, detalla que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 Supraquimic se llevó de muelles venezolanos nueve embarques valorados en poco más de 226 millones de dólares “que dejó de percibir la estatal petrolera”.  

Los documentos de Pdvsa obtenidos para este reportaje fijan la deuda de Supraquimic, relacionada en el mercado venezolano con la fabricación de los productos de limpieza marca Clic, en poco más de 221 millones, siendo uno de los intermediarios con más deuda. Detrás de Supraquimic estaba el empresario José Alfredo Llamozas González quien, tras varios años de ejecutivo de la cartera agrícola de Banesco, despuntaba en los últimos años como empresario en el sector de los alimentos y contaba con Arroz Santa Lucía y Agroinsumos El Granero, las empresas que supuestamente entregarían los alimentos a cambio del petróleo. 

A los despachos del TSJ también llegó el caso de Grupo Iveex Insaat, registrada en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, del empresario venezolano Miguel Josué Silva Pérez. Allí se detalla que la representación legal de Pdvsa interpuso en julio de 2019 una demanda para “intimar el pago de facturas como consecuencia de la venta de hidrocarburos y derivados” por un monto de poco más de 120 millones de euros.

En los documentos de Pdvsa en posesión de Armando.Info se registra que, hasta agosto pasado, Grupo Iveex Insaat mantenía una deuda que se remonta a 2019 por sólo 12.9 millones de dólares, pero no se pudo establecer si la diferencia con la deuda relatada en el escrito del TSJ fue cancelada. 

De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Miguel Silva constituyó en 2016 las Industrias Nacionales de Emprendimiento Iveex, cuyo objetivo principal es el “apoyo y organización articulada y estructural, económica y social de las actividades de industrias venezolanas emprendedoras y consolidadas”. Pero antes de su rol empresarial, el responsable de Grupo Iveex Insaat pasó por cargos públicos en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, y hasta la Presidencia de la República, según su perfil de Linkedin.

En sus redes sociales presume de su carácter “revolucionario” y exhibe fotografías con autoridades del chavismo. Allí también dejó constancia de su candidatura por el “sector empresarial” a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente con la que el régimen de Nicolás Maduro suplantó a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, así como una conferencia que dictó en la propia sede de Pdvsa sobre “sanciones económicas, sus consecuencias y medidas económicas tomadas desde el jefe de Estado”.

La lista de intermediarios de Pdvsa muestra también a la hasta hace poco desconocida empresa Treseus Internacional, del empresario español Juan Fernando Serrano Ponce, recientemente acusado en los Estados Unidos junto a cuatro ciudadanos rusos por delitos de “conspiración” contra el sistema financiero de ese país. En ese escrito se detallan las maniobras financieras para comercializar el crudo venezolano entre mayo y junio de 2021.

Según la documentación de Pdvsa obtenida para este reportaje, Treseus Internacional, en principio dedicada a la comercialización de alimentos y animales vivos a países como Irán, comercializó productos de Pdvsa por poco más de 16,2 millones de dólares. 

Fuentes conocedoras de las operaciones de Pdvsa coinciden en que otros grupos empresariales, como el de los panameños Carretero Napolitano, favorecidos por Nicolás Maduro con la construcción de obras como el estadio de béisbol “Hugo Chávez” en La Rinconada y suministros para el llamado Carnet de la Patria, también han participado en la comercialización de petróleo venezolano con sociedades chinas, así como grupos empresariales emergentes como el del joven empresario colombiano de origen libanés, Walid El Hage Hage.

Walid El Hage es propietario en Venezuela de Tropical Import, con sede en el estado Falcón, y también está relacionado a compañías empaquetadoras de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En conjunto, compañías operadas por Walid El Hage como Baidoa Trading, Mahindra Company o SG Tech Logistic Company adeudan a Pdvsa alrededor de 120 millones de dólares, tal y como muestran los papeles. El Hage tampoco contestó la petición de entrevista vía Whatsapp. 

Ese esquema es el mismo que inició el régimen de Nicolás Maduro con los también colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, en el que inicialmente el petróleo se intercambiaría por camiones cisternas y por alimentos mientras compañías de fachada mexicanas y luego rusas se llevaban el petróleo. Pese a los fallidos resultados de estos trueques y hasta a la detención del propio Saab en junio de 2020 en Cabo Verde este sistema continuó funcionando con nuevas compañías que serán reveladas en una próxima publicación.