Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, capital del estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó en el último momento, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Mendez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro desde los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023 también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño al que arrestaron cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red de comercio ilegal y blanqueo de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez en Santarém. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela. 

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron llevados a prisión. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia. 

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela. 

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol. 

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil por los traficantes) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. El flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y los efectos de las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, puestas al día en mayo de 2025.  

La más reciente evidencia de la reorientación del flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro, valorados en unos 111,7 millones de dólares, que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro en carreteras.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño. 

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados, así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería a los investigadores que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. A esta ciudad, también llamada la Villa del Yocoima, se le considera como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y en definitiva decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Ciudad Guayana y con sede central en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero, donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un letrero duplicado, con el nombre de la compañía escrito en letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa un ángulo de las fachadas de una edificación de dos plantas que dan, cada una respectivamente, a las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte de Upata. 

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia [que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta la movilización de los mineros desde y hacia lugares ya de por sí de difícil acceso]. Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no se reduce a tan solo en una condición meteorológica o a un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil 

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos, de los que nadiue en el sector puede dar fe de  su trayectoria en las lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad, como suele pasar. Se nota además que sus firmas fueron escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres dudosos los que figuran en el registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización. 

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido de este modo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, con lo que se aspiraba a consolidar un mejor monitoreo de la cadena de comercialización. Una de las principales banderas de la administración de Lula es, de hecho, la de “acabar con la minería ilegal”. En línea con ese propósito, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para entonces vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar de manera eficaz la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual la simultaneidad de ambos acontecimientos: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron entonces la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando, captando a venezolanos que ya se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará -considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña-, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A. 

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que hoy se exhiben en Upata no muestran, en todo caso, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no aparece en los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela). En su lugar, lo que se encuentra sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, es otro nombre en letra pequeña: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pero este pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poca alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil, entre otros.  

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad. 

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la trama de contrabando hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal. 

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato, que en 2013 estalló en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río padre de Venezuela, y vecina del llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Gregorio Carrasco también fue identificado como socio minoritario de la firma jurídica M Abdul Mansur & CIA Ltda, registrada en 2022 en Boa Vista, que opera en el comercio de joyas bajo el nombre comercial de Baldar, según su ficha mercantil. La policía de Brasil descubrió que esta sociedad nunca reportó ganancias y no mantenía relaciones con ninguna institución financiera. Tampoco tuvo ninguna transacción con Carrasco. Era un cascarón.

Aunque un juez de Santarém le otorgó, el 15 de diciembre de 2024, una medida precautelar de libertad condicional con monitoreo electrónico, tras un habeas corpus que su abogado presentó exitosamente, Carrasco Romero no volvió a comparecer ante los tribunales. Por lo tanto, sigue prófugo de la justicia brasileña.  

Quien también se mantiene en contumacia ante la justicia brasileña, pero, en cambio, no oculta ni sus paraderos ni los signos de su súbita riqueza, es el venezolano Richard Alexander Espinett Gonzalez, de 34 años de edad, considerado como uno de los líderes coordinadores del transporte del oro desde Boa Vista. El Jefe Alexandre o Jefe Alexander, como de manera indistinta se le mencionaba en las comunicaciones internas de la red, recibió de otros miembros 132.600 reales (casi 24.000 dólares) mediante una sola transacción que la Policía Federal detectó. 

Hasta 2015 fue empleado de una farmacia en Upata, por lo que se ve en los registros del IVSS. Pero, apenas unos pocos años después, Espinett Gonzalez pudo abrir en Boa Vista dos firmas de compraventa de automóviles usados: Dinamica Moto E Carro Pecas Ltda (2023) y Full Cars (2024). 

Espinett González tiene antecedentes penales. Ese año tal vez decisivo de 2015, fue detenido en Puerto Ordaz por porte de drogas y distribución de estupefacientes, según informó en su momento la prensa local.

En Instagram y Facebook publica fotos de diferentes parajes en Brasil y Venezuela. En 2023 se mudó a Boa Vista, según las geolocalizaciones y otras pistas derivadas de las imágenes que muestra en sus redes. Las imágenes siguieron ofreciendo testimonios de diversos viajes posteriores a esa fecha: en la playa, de vacaciones familiares en Brasilia, y videos de navegación por un cauce del Amazonas. También hay fotos en una plaza de Guyana. En casi todas aparece hablando por teléfono móvil. 

Al igual que Carrasco Romero, un juez conmutó la prisión preventiva a Espinett, el 15 de diciembre de 2024, tras solicitar también un habeas corpus. También del mismo modo, Espinett González sigue sin comparecer ante el tribunal para cumplir con las premisas que sus medidas de libertad condicional establecieron. Si continúa prófugo, no lo hace a escondidas.

Sus más recientes posts de Instagram, que datan de julio y agosto 2025, lo muestran acampando en la playa de Cuyagua, costa del estado centro norteño de Aragua; también recorriendo la avenida Soublette de La Guaira, sobre el litoral central de Venezuela, a apenas a 30 kilómetros de Caracas, y la Autopista Regional del Centro, que conecta a la capital venezolana con los estados centrales, conduciendo una motocicleta BMW modelo GS 1250 Denali, que en el mercado tiene un valor promedio de 20.000 dólares. 

Frente a casos como los de Carrasco y Espinett, en la actualización del caso de mayo de 2025, un juez federal brasileño con razón observó que ante una “organización criminal sólida y estructurada, centrada en el comercio ilegal de oro, las medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces para frenar la continua actividad delictiva de sus miembros”.

Y conexos

Por su parte, Adrián Domingo Urbina, de 29 años, otro de los venezolanos de la organización criminal, ya traía consigo el know how para actuar en el mercado de los criptoactivos. Como muchos otros jóvenes de su época, atraídos en Guayana por el negocio emergente de las criptomonedas, también tenía un puesto de compraventa de oro en Santa Elena de Uairén, ciudad del estado Bolívar contigua a la frontera con Brasil. Precisamente por esos atributos sería captado por los líderes de la red. 

Su nombre aparece en transacciones financieras sospechosas destinadas a dos figuras centrales de la organización criminal. De su cuenta saldrían pagos para la compra de celulares que fueron utilizados por miembros de la red. En junio de 2024, seis meses antes de que la red criminal quedase desmantelada, registró en Boa Vista la firma Tron Soluções e Services Digital, vinculada al sector de los criptoactivos.

Su perfil de Facebook indica que vive en Porlamar, en la turística isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en el Caribe nororiental venezolano. La orden de captura en su contra sigue vigente. 

Meyer Ali, alias de Mayez Abdul Mansour, aparece varias veces relacionado con transacciones a Alibaba Gold Center, según se lee en los mensajes intercambiados por los miembros de la red. A este comerciante de 43 años de origen libanés se le señala en las investigaciones judiciales como testaferro o financista de la red. Figura como socio mayoritario de Baldar M Abdul Mansour Comercio LTDA, registrada como microempresa en octubre de 2022 en Boa Vista, dedicada al comercio de relojería, en la que también tuvo participación Gregorio de Jesús Carrasco Romero, el ya mencionado gerente de la red. En Boa Vista era propietario de dos vehículos que miembros de la red criminal utilizaban, de acuerdo a las investigaciones judiciales brasileñas.

El nombre de Baldar también lo lleva una empresa del ramo textil que Mansour incorporó en Caracas en mayo de 2012, con el fin explícito de actuar en el  “corte, confección, fabricación y comercialización de todo tipo de prendas de vestir”. Como si no pesara sobre él una orden de arresto emitida en Brasil por tráfico y lavado de oro, Mansour habla en videos promocionales de Instagram, Facebook y TikTok sobre las bondades de sus productos textiles y la actividad de su fábrica, cerca de la avenida Panteón, en el centro de Caracas. También cuenta con un puesto de venta en el popular Mercado Bolivariano de La Hoyada, en el centro de Caracas, al que el mismo Mansour invita desde sus redes sociales. El último video de Instagram y Tik Tok en el lugar lo publicó el 14 de diciembre de 2024, tres días después de que la Policía Federal de Brasil lanzara la Operación FlyGold.

Mención aparte en esta sección la tiene Aldo José Pinheiro, alias Saymon o Cabramacho, quien, si bien es brasileño, tiene conexiones directas con Venezuela. Según las autoridades brasileñas, se trata de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, encargado de supervisar la logística del transporte de oro, hasta el punto de decidir los lugares de recepción y entrega del metal ilícito. Mantenía contacto con proveedores de oro y sus transportistas, además de negociar los envíos internacionales.  

Pinheiro tenía un patrón de viajes fuera de Brasil, con destinos que regularmente incluían Venezuela. Registra un histórico de salidas con destino a Venezuela entre 2013 y 2023, en el que se cuentan los ingresos en carro al estado Bolívar por el punto fronterizo de Pacaraima, cercano a la venezolana Santa Elena de Uairén. 

Hay registro fotográfico de sus visitas a la capital de Venezuela. El 29 de agosto de 2023, posó junto a otro líder de la banda, Adriano Aguiar de Castro, al lado de una avioneta en el Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga, en Charallave, a 57 kilómetros de distancia de la capital. Al día siguiente, posó con el mismo socio en la terraza del restaurante Menta y Romero, en el centro comercial Altamira Village de Caracas, un sitio en el noreste de la ciudad que frecuenta la oligarquía emergente del chavomadurismo. 

Pinheiro estaba en Caracas cuando el tribunal en Brasil dictó una orden de prisión preventiva en su contra, el 11 de diciembre de 2024, según dijo su defensa. De acuerdo a la misma versión, Pinheiro se encontraba entonces hospitalizado en el Hospital de Clínicas Caracas, un costoso y reputado centro privado de salud. No obstante, las investigaciones determinaron que había sido dado de alta el mismo día. Aparte, las facturas de la clínica privada se referían a consultas médicas y exámenes clínicos, y no a una reclusión por motivos de alguna emergencia de salud o procedimiento quirúrgico. “Continúa evadiendo la aplicación de la ley penal”, dice el expediente. 

La alianza de Armando Info y Mongabay Latam solicitó entrevistas a Gregorio de Jesús Carrasco Romero, Richard Alexander Espinett Gonzalez, Adrián Domingo Urbina y Mayez Abdul Mansour por correo electrónico. Esta historia se actualizará cuando envíen sus versiones.   

La justicia de Brasil expresa sus sospechas sobre el destino de los once prófugos. “Es probable que aún realicen actividades ilícitas relacionadas con la venta de oro en Itaituba, Pará y otras regiones”, indica el expediente judicial de mayo de 2025, que pone al día el estado del caso que las operaciones FlyGold destapó. El documento agrega que existen indicios de que “muchos se mantienen ocultos en diversas regiones de Brasil, como Pacaraima y Boa Visita en el estado de Roraima. También en Navegantes, Santa Catarina, Manaos, Amazonas, Aripuanã, Mato Grosso do Sul, São Paulo y, en particular, Venezuela, lugar donde el oro podría comercializarse”.

Aunque muchos compradores de oro en Upata dicen desconocer el origen del mineral con que tratan, algunos admiten que una parte del oro que amalgaman sigue siendo de origen brasileño. “Sí, aquí trabajamos con el oro brasileño”, afirmaba ante los reporteros el encargado de un negocio de compraventa de oro, en julio de 2025. En la sucursal de Alibaba Gold en Upata niegan que el oro que compran provenga del país fronterizo: “Aquí no trabajamos con oro brasilero”, enfatiza uno de sus encargados tras la consulta de los reporteros. 

Pero son varios los cómplices del negocio ilícito, descubierto en Brasil. que ni se ocupan en disimular sus paraderos en Venezuela. Mientras, el gobierno de Maduro se hace de la vista gorda sobre las ramificaciones venezolanas del caso. Una fábrica de franelas deportivas o una moto de 20.000 dólares a toda velocidad en la principal autopista del país no parecen rastros difíciles de seguir.

Pero fue otro producto mucho más valioso el que lo convirtió en millonario casi de la noche a la mañana: el oro amazónico. Entre 2019 y 2022, Nascimento compró y vendió nada menos que 4,6 toneladas de oro, generando ingresos brutos de casi 1.500 millones de reales (alrededor de unos 269,5 millones de dólares al cambio actual), según registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Este volumen equivale a 6,7% de todas las reservas de oro del Banco Central de Brasil .

La mayor parte de este oro se exportó a Italia, desde donde se distribuyó por todo el mundo, adoptando diversas formas, como componentes electrónicos de celulares Apple y piezas de automóviles Tesla. 

Para la Policía Federal (PF) brasileña, sin embargo, se trata de oro ilícito, que salió de contrabando desde Venezuela o de minas que devastaron partes de tierras indígenas en Pará y Roraima, ambas, provincias selváticas del norte de Brasil y, la última, fronteriza con Venezuela.  Según las investigaciones policiales, el oro fue blanqueado mediante una red de permisos de minería fraudulentos que se emitieron a cooperativas mineras del sur de Pará.

También según la PF, Nascimento es uno de los mayores contrabandistas de oro de la historia reciente de Brasil. Rivaliza con el famoso Rey del oro, apodo que Dirceu Santos Frederico Sobrinho se ganó entre 2019 y 2020, cuando comercializó 4,3 toneladas de oro de producción ilegal.

Los propios allegados de Nascimento dan fe de su enorme influencia en el mercado aurífero brasileño. "Exportaba 100 kilos de oro a la semana", afirma uno de ellos, el pastor evangélico Harley Franco Sandoval, también acusado de contrabando de oro en el norte del país.

El metal le dio a Nascimento la prosperidad que soñaba. Hoy, el empresario muestra las predecibles señales externas de riqueza: automóviles Porsche y BMW en el garaje y un avión privado en el hangar. Así como otras señales, menos predecibles: coleccionista de licor de cachaza -el aguardiente destilado de caña de azúcar, típico de Brasil-, llegó a pagar casi 12.000 dólares en una subasta por una botella de edición exclusiva de la destilería Weber Haus de Rio Grande do Sul. 

Y eso que, hasta mediados de la década pasada, Nascimento solo se dedicaba a ayudar a sus padres a empaquetar y vender galletas de yuca en la zona rural de Goiás.

A Brubeyk Nascimento (cuyo nombre lo eligió su padre, un policía militar, inspirado en la película estadounidense de 1980, Brubaker) le gusta citar clichés empresariales para contextualizar su meteórico ascenso. "La oportunidad llama a tu puerta, pero tienes que abrirla", es uno de sus favoritos. Esa oportunidad apareció en su vida cuando, a principios de la década de 2010, recién graduado en ingeniería mecánica por la Universidad Estatal Paulista (Unesp), en el interior del estado de São Paulo, tuvo que regresar a Anápolis para ayudar a su madre con las galletas. Hizo lo mejor que pudo.

Durante su trayectoria, duplicó con creces la producción: se asoció con camioneros para transportar las galletas a otros estados y descubrió Tucumã, una localidad en el sur de Pará -el segundo estado más grande de Brasil, enclavado en la región amazónica-, donde abrió un centro de distribución de Biscoito Estrella. Allí, el emprendedor diversificó su negocio y se convirtió en propietario de un mayorista de alimentos. También se dio cuenta de que algunos de sus clientes pagaban con el oro extraído de la región. No dudó: la oportunidad estaba a su alcance, solo tenía que aprovecharla. Contactó al Centro de Gemología del estado brasileño de Goiás, en Anápolis, y con la oficina de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Goiânia, la capital regional, para conocer mejor la composición del metal y cómo funciona el comercio del oro brasileño.

En una conversación con Piauí en octubre pasado en el vestíbulo de un hotel de Goiânia, Nascimento recordó aquella época: “No sabía nada de este mercado, así que fui a estudiar”. Durante una de las visitas con técnicos de la ANM, Nascimento se enteró de que una empresa italiana, llamada Safimet, había abierto una sucursal en la capital de Goiás para comprar oro. En 2018, decidió fundar la empresa BAMC Laboratório de Análises de Solos e Minérios (o “laboratorio de análisis de suelos y minerales”, en castellano), con sede en Anápolis, y se convirtió en el principal proveedor local de oro para los italianos. Así comenzó una singular historia de éxito empresarial, plagada de irregularidades y delitos ambientales.

En río revuelto, ganancia de ‘garimpeiros’

El río más grande de Roraima, con 870 kilómetros de longitud, es el Uraricoera, que atraviesa de oeste a este el Territorio Indígena Yanomami, una etnia de la Orinoquia y la Amazonía que vive entre Brasil y Venezuela 

Las aguas impetuosas y en cascada del Uraricoera garantizan la supervivencia de decenas de comunidades indígenas, pero también despiertan el interés de los buscadores de oro por sus riberas y su lecho. Durante la última década, el Uraricoera ha sufrido una brutal invasión de hombres y máquinas en busca del metal. Los yanomami estiman que en la actualidad hay 5.000 buscadores trabajando a lo largo del río. "El sonido de aviones y helicópteros que transportan maquinaria y alimentos a las minas es cotidiano", afirma Fernando Palimi Theli, jefe de la comunidad yanomami de Palimiú, la más grande del Uraricoera. Como resultado de la invasión minera y la deforestación, los casos de malaria se han disparado entre los yanomami que viven a orillas del río. En 2015, solo se registraron 164 casos. El año pasado llegaron a 2.605, según datos del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil.

La situación empeoró drásticamente durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-23). Impulsados por el entonces presidente, los mineros de oro se abalanzaron por millares sobre el territorio yanomami, incluyendo las orillas del Uraricoera. Solo en 2022, el último año del mandato de Bolsonaro, la minería de oro destruyó 459 hectáreas a lo largo del río, según el ISA. Debido a la constante excavación del suelo con maquinaria, las aguas del Uraricoera se volvieron turbias y los peces desaparecieron, lo que agravó la escasez de alimentos para los indígenas. Además, hombres armados comenzaron a atacar a las comunidades; en una de las invasiones, dos niños de la comunidad de Palimiú se ahogaron mientras huían.

En Pará, Nascimento conoció al hombre que, según la investigación de la Policía Federal, lo ayudó a entrar en el próspero mundo del contrabando de oro: Fábio Monteiro da Silva, oriundo del estado de Sergipe, el más pequeño de Brasil, en el nordeste del país. Mientras trabajaba como taxista en Lagarto, una población del interior de Sergipe, Silva trabajaba como centinela para sicarios y narcotraficantes, vigilando los movimientos de quienes estaban a punto de ser asesinados. Finalmente fue sentenciado, pero cumplió su condena de servicio comunitario en su nuevo hogar, Tucumã. Allí aprendió a pilotar aviones y montó su propia mina de oro.

Cuando Nascimento lo conoció, Silva era dueño de una gran mina en el río Uraricoera, donde trabajaban unos 20 hombres, según asegura una investigación de la Policía Federal. La mina se encontraba a solo 25 kilómetros de la comunidad yanomami de Waikás, una de las más afectadas por la minería ilegal. Para entonces, Silva ya era un hombre adinerado. La conexión entre ambos, siempre según la PF, se evidenció en informes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), que revelaron transferencias sospechosas de Silva a Nascimento por un total de 1,74 millones de reales, o poco más de 300.000 dólares.

El esquema del dúo, según la policía, involucraba a la Cooperativa Minera de Ourilândia y Región (Cooperouri), de la que Silva era director en una ciudad vecina a Tucumã. Cooperouri es un foco de ilegalidad ambiental. Acumuló 4,9 millones de reales, equivalentes a cerca de 877.000 dólares en la actualidad, en multas del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) por practicar la minería en zonas no autorizadas. Además, en 2021 fue objeto de un operativo de la Policía Federal por patrocinar la minería de oro, que la ley prohíbe, en el Territorio Indígena Kayapó, otro pueblo aborigen de Pará.

Según la investigación de la Policía Federal, Cooperouri es uno de los mayores proveedores de oro de Nascimento. La relación comercial se volvió tan estrecha que, en los correos electrónicos del empresario de Goiás, la policía encontró pruebas de que él mismo emitía las facturas de la cooperativa. (Nascimento negó a Piauí que controle a Cooperouri; afirmó que simplemente enseñaba a los socios a trabajar de manera legal).

Tanto Cooperouri como otras cooperativas mineras resultaron útiles para el plan de Nascimento, pues contaban con el llamado Permiso de Lavra Garimpeira (PLG, siglas en portugués de “permiso de minería artesanal”), un documento emitido por la agencia minera que autorizaba a los garimpeiros la extracción dentro de un perímetro específico. En aquel entonces, la ley no exigía a los vendedores, fueran o no cooperativas, demostrar que habían extraído su oro dentro del área cubierta por el PLG. Esto se conocía como la "presunción de buena fe". Por lo tanto, los compradores siempre afirmaban haber realizado transacciones legales con entidades titulares de permisos, con facturas y pago de impuestos. (Las Distribuidoras de Valores (DTVM) son las únicas empresas autorizadas en Brasil para comerciar con oro en cooperativas).

La BAMC de Nascimento operaba en este mercado, pero era un fraude. Para empezar, la empresa no es una DTVM. Aun así, afirmó haber comprado oro a cooperativas y otras empresas que, juntas, se amparaban en 16 PLG. Pero hasta eso no era cierto. El perito forense Ricardo Livio Santos Marques, de la Policía Federal, examinó las 16 autorizaciones (15 en Pará y una en Tocantins, un estado de reciente creación, formado a partir de una división del estado de Goiás en 1988) e hizo dos descubrimientos. En 10 casos de los permisos presentados no había indicios de actividad minera real. En las otras seis, el área minera tenía una producción incompatible con el volumen de oro que Nascimento afirmaba haber comprado. Según la Policía Federal, el oro en realidad provenía de minas ilegales dentro del Territorio Yanomami, como la mantenida por Fábio Monteiro da Silva, o de áreas indígenas en Pará, especialmente el Territorio Kayapó. En Brasil hay reservas para pueblos indígenas, establecidas por ley.

Pero Nascimento también manejó oro procedente de un origen distinto: la vecina Venezuela.

Intercambio con Venezuela

No existen datos consolidados sobre la producción de oro de Venezuela, pero las estimaciones son significativas. En un estudio de 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la calculaba entre 30 y 40 toneladas anuales, equivalente a poco menos de la mitad de la producción de Brasil en 2024, de 94 toneladas. Sin embargo, la OCDE sostenía entonces que solo 20% del oro extraído en Venezuela se exportaba por canales oficiales. El resto terminaba contrabandeado a países vecinos para evadir los efectos de las sanciones internacionales impuestas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Hasta principios de esta década, Brasil era el principal destino de ese oro, puesto que la minería ilegal venezolana se concentra en los estados sureños de Amazonas y Bolívar, fronterizos con Brasil. Con las sanciones que obstaculizan las exportaciones de oro y las secuelas de la crisis socioeconómica y humanitaria que azota al país desde hace años, se configuró el ambiente perfecto para los contrabandistas de ambos lados de la frontera: intercambiar oro ilegal por alimentos. La Policía Federal estima que, entre 2017 y 2019, al menos 1,2 toneladas de oro venezolano se intercambiaron por alimentos en el país vecino y luego se introdujeron de contrabando en Brasil para ser exportadas como si de oro brasileño se tratara.

El esquema provocó que las exportaciones del estado de Roraima a Venezuela aumentaran de unos míseros 600.000 dólares en 2015 a 275 millones de dólares en 2022, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil. 

Según la Policía Federal, Brubeyk Nascimento prosperó en esta fiebre del oro venezolano. Entre finales de la década pasada y principios de la actual, el dueño de BAMC envió 48,7 millones de reales (unos 8,7 millones de dólares) a Roraima, según el COAF (Fondo Nacional Agrícola para la Protección de la Agricultura y la Alimentación). La mitad de esta cantidad se destinó a empresas de alimentos, entre ellas la empresa frigorífica Frigo 10, cuyos socios incluyen al gobernador del estado, Antonio Denarium, y Distribuidora Solimões, que pertenece a un socio del gobernador. (Aunque nombrados en una investigación de la Policía Federal, ni el gobernador ni su socio están formalmente bajo investigación).

Otra figura política citada en la investigación policial es el militar venezolano retirado y exgobernador del estado Bolívar (2017-21), Justo Noguera Pietri, también excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de 2013 a 2014. En 2020, cuando era gobernador del estado de Bolívar, Noguera Pietri cruzaba frecuentemente la frontera a bordo de una camioneta brasileña propiedad de la empresa Fríos Roraima, sospechosa de estar involucrada en un esquema de intercambio de oro por alimentos, según una denuncia enviada a la Policía Federal por la Embajada de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó, a cargo de la abogada e internacionalista, María Teresa Belandria. Actualmente el oficial tiene una orden de captura emitida por la Justicia argentina, donde se le acusa de crímenes de lesa humanidad, cometidos presuntamente durante la represión de las protestas que tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades venezolanas en 2014.

No fue posible encontrar a ningún representante de Fríos Roraima. Quien sí atendió a la solicitud de su versión fue el general Noguera Pietri, que atribuyó cualquier acusación en su contra por vinculación al contrabando de oro como parte de un ataque político. “Me han involucrado hasta en supuestas violaciones a los derechos humanos en Argentina, yo mientras tanto sigo aquí en mi finca del estado Apure”, respondió desde Los Llanos del suroccidente de Venezuela, al otro lado del teléfono. “No puedo referenciar que conozca a alguien que trafique con oro”.

Nascimento tenía un interés directo en esa zona fronteriza. Piauí obtuvo una copia de un poder notarial de 2022 en el que el supuesto propietario de la hacienda São Felix, un área de 1.192 hectáreas en Amajari, en el extremo norte de Roraima, cede el control de su propiedad a Nascimento. El Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA), una ONG que denuncia acciones ilegales que exacerban el cambio climático y violan los derechos humanos, realizó un estudio a solicitud de Piauí y no encontró evidencia de actividad económica en la hacienda São Felix. Sin embargo, además de estar ubicada a tan solo 13 kilómetros de la zona de actividad minera ilegal en el lado venezolano, la hacienda se encuentra en un área donde la cooperativa Minerar, de Boa Vista, ciudad capital del estado de Roraima, tiene un permiso PLG. Completando el círculo, Minerar suministró oro a BAMC, y entre sus directores se incluyen propietarios de empresas de alimentos en Roraima.

En su conversación con Piauí, Nascimento negó el contrabando de oro de Venezuela a Brasil. Según él, las transferencias a supermercados y mayoristas de alimentos en Roraima eran donaciones para paliar la crisis socioeconómica causada por la pandemia de Covid-19. "Hice donaciones a Boa Vista, a los venezolanos que pasaban hambre", declaró. En cuanto a la hacienda São Félix, comentó que tenía planes de criar allí ganado de engorde, pero el negocio se habría visto frustrado debido al difícil acceso, especialmente durante la temporada de lluvias. (Cuando Nascimento tomó el control de la finca, por supuesto, ya existía la temporada de lluvias).

Margen dorado

Un análisis de los informes del COAF sobre las transacciones bancarias sospechosas de Nascimento, obtenidos por Piauí, proporciona pistas importantes sobre sus socios. Entre los proveedores de oro de BAMC se encuentran decenas de personas que actualmente están siendo procesadas por contrabando de oro o minería ilegal en la Amazonia. BAMC también compró oro a la Cooperativa de Mineros de Oro de la Amazonía (Coogam), cuyo director, Edvaldo Santos Lopes, enfrenta acusaciones por lavado de dinero procedente del tráfico de cocaína y armas en Rondônia, otro de los 26 estados que componen Brasil, en la región selvática del suroeste del país, sobre la frontera con Bolivia. El caso penal aún no se ha resuelto.

Otro importante proveedor de oro para Nascimento fue Serra Pelada Mining, propiedad del pastor evangélico Harley Sandoval. Entre julio de 2020 y diciembre de 2022, Serra Pelada vendió 294 millones de reales -cerca de 53 millones de dólares, al cambio hoy vigente- en oro a BAMC . "En esos años, trabajé casi al 100% con él [Nascimento]. Hablábamos todos los días", contó el pastor a Piauí en una conversación en Goiânia en agosto del año pasado. Según los cálculos de Sandoval, Serra Pelada vendió un total de dos toneladas de oro, de las que 1,5 toneladas fueron a BAMC. La empresa del pastor tenía un proyecto minero en Natividade, Tocantins, pero, según la Policía Federal, extraía oro en una zona ilegal, vecina al Territorio Indígena Kayapó en Pará. Los investigadores encontraron conversaciones telefónicas con mineros vinculados a Sandoval que negociaban con los kayapó para establecer minas dentro del territorio indígena.

En entrevista con Piauí, Nascimento admitió haber comprado oro de origen ilegal, pero niega cualquier mala fe. Compara la compra de oro que hacía con la compra de un carro. "Nadie pregunta si el carro es de fabricación local o extranjera. Como llega la factura, todo está correcto, así que el origen no importa. Compré este oro de buena fe, creyendo que su origen era legal", afirma.

Brubeyk Nascimento no fue el único empresario minero que utilizó los PLG para blanquear oro ilegal. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) reveló que, entre 2021 y 2022, 26% de la producción de oro en Brasil fue de origen ilegal, ya que el origen declarado se basó en permisos PLG sin evidencia de minería o exploración más allá del perímetro permitido. "El estudio expuso la falta de control sobre la producción de oro en la Amazonía", afirma el investigador Raoni Rajão. La falta de supervisión por parte del gobierno federal impulsó al Ministerio Público Federal de Pará a presentar una acción civil pública contra la ANM y el Banco Central, responsables de investigar los DTVM. El Ministerio Público solicita al tribunal que obligue a ambas instituciones a supervisar el sector. La demanda aún no se ha resuelto.

Al blanquear el origen ilegal del oro, Nascimento aumentó su margen de beneficio. Todo el comercio de oro, legal o no, se rige por el precio del gramo de oro en la Bolsa de Valores de Londres. El oro extraído legalmente se vende por lo general en Brasil con un 5% de descuento sobre el precio oficial. El metal de minas ilegales, en cambio, cuesta ligeramente menos, entre  7% y 8% por debajo del precio. Al camuflar el origen del metal mediante los PLG, según la Policía Federal, Nascimento se embolsó esa diferencia de 2% o 3%. Puede parecer poco, pero en transacciones que involucran toneladas, las ganancias se acumulan.

Una vez legalizado el origen del oro, BAMC revendió el metal, siguiendo todos los pasos del mercado legal, con facturas y recaudación de impuestos. En 2022, BAMC se ubicó en el undécimo lugar entre los mayores comerciantes de oro de Brasil, según datos de la ANM. Dado que las exportaciones de oro están exentas del ICMS (Impuesto sobre las Ventas), a diferencia de las ventas en el mercado nacional, Nascimento priorizó las ventas al exterior. Considerando el alto valor del metal (a mediados de mayo, un gramo valía poco más de 100 dólares) y la gran cantidad de oro comercializada por BAMC, las ganancias de Nascimento fueron sólidas. "Era un importante operador del mercado en Brasil. Las grandes multinacionales me respetaban; tenía credibilidad", afirmó.

Según cálculos de la Policía Federal, aproximadamente 90 % del oro adquirido por BAMC se revendió a Safimet, una empresa refinadora de metales preciosos con sede en Arezzo, uno de los mayores centros joyeros de Italia. Con un capital social de ocho millones de euros y un beneficio neto de 2,38 millones de euros en 2023 (últimos datos disponibles), Safimet suministra oro a varias multinacionales, como Tesla, Apple, Epson y Konica Minolta, y también al mercado joyero, en particular a Marcel Robbez Masson, uno de los mayores fabricantes de joyas de Francia.

En cuanto fundó BAMC en 2018, Nascimento se asoció con la empresa italiana. "Estoy muy agradecido con Safimet. Es una empresa muy profesional", afirma el empresario. En su sitio web oficial, la empresa menciona entre sus principales objetivos "difundir prácticas que respeten y mejoren el medio ambiente". Contactada por Piauí, Safimet no respondió.

Astucias policiales 

A finales de 2019, Nascimento encontró otro socio comercial importante en el extranjero: MLBT Consulting Corp (posteriormente renombrada Doromet), una empresa de compraventa de oro con sede en el corazón de Manhattan, Nueva York. Tras intentar sin éxito adquirir el metal de minas colombianas, los estadounidenses Frank Giannuzzi y Steven Bellino, socios de Doromet, conocieron a Nascimento a través de su esposa, una brasileña. El empresario de Goiás, quien aprendió inglés en su juventud durante un programa de intercambio como empleado de un hotel en Carolina del Sur, viajó a Nueva York y, durante una cena con socios de Doromet, acordó vender 35 kilos de oro de BAMC a la empresa estadounidense, un cargamento valorado en 6,8 millones de reales, unos 1,2 millones de dólares.

Nascimento habría obtenido una ganancia de 3% sobre el valor de la mercancía, equivalente a 300.000 reales o unos 36.000 dólares. Al mes siguiente, Giannuzzi y Bellino se reunieron con Nascimento en Manaos, capital del estado Amazonas, a orillas del río del mismo nombre, y ultimaron los detalles del acuerdo. Días antes de embarcar el cargamento con destino a Estados Unidos, Giannuzzi, Bellino y Nascimento presentaron la documentación del oro a agentes de Hacienda en el aeropuerto local. El envío fue autorizado, pero los agentes sospecharon del origen del metal e informaron a la Policía Federal.

La noche del 24 de enero, en el aeropuerto de Manaos, mientras los dos estadounidenses se preparaban para abordar un vuelo a Nueva York con los 35 kilos de oro en una maleta rosa, la PF incautó el cargamento, detuvo a Nascimento y le incautó el celular. Al día siguiente, fue puesto en libertad por la justicia, sin que le devolvieran el celular, tras pagar una fianza de 100.000 reales o casi 18.000 dólares. Antes de eso, debió declarar ante la Policía Federal.

Dijo que el cargamento consistía en joyas fundidas y que había sido adquirido a Werner Rydl, un controvertido empresario de origen austríaco que se nacionalizó brasileño y declaró una fortuna multimillonaria en oro al Servicio de Impuestos Federales, que tendría almacenada en aguas del océano Atlántico. Nascimento presentó a la policía un contrato en el que Rydl se comprometía a suministrarle 700 kilos de oro por semana.

La Superintendencia de la Policía Federal en Amazonas entonces acababa de recibir un equipo importado de Alemania, capaz de analizar la composición química de cualquier material. Si el cargamento provenía efectivamente de joyería fundida, el nivel de pureza debería haber rondado el 75%, ya que este tipo de objetos contienen otros metales, en particular cobre y, en algunos casos, plata. Sin embargo, la pureza de las barras vendidas por BAMC era de 93,2%. Además, se encontraron trazas de mercurio que, según agentes federales, solo se producen cuando el metal se extrae de la naturaleza. Finalmente, el equipo demostró que el oro tenía características similares a las barras incautadas por la PF en minas ilegales de la cuenca del río Tapajós, en el oeste de Pará. Además del análisis forense, las conversaciones encontradas por la policía en el teléfono celular de Nascimento reforzaron la sospecha de que el oro provenía de minas.

El 26 de marzo de 2020, Doromet presentó una demanda solicitando la devolución del cargamento incautado. En noviembre de 2020, ocho meses después de la incautación, el Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región concedió la solicitud a pesar de la prueba pericial que demostraba que el oro provenía de minería ilegal. "Literalmente, íbamos a entregarle el oro al criminal", declaró el entonces superintendente de la PF, Alexandre Saraiva, al periódico Valor Económico. Para evitar la devolución del material, la policía recurrió a una maniobra burocrática. En marzo de 2021, retiró el oro de la sucursal de Caixa Econômica Federal en Manaos, donde se encontraba retenido, y lo llevaron a la Superintendencia, argumentando que sería necesario un análisis pericial adicional del mineral. Al mes siguiente, a petición de Alexandre Saraiva, la ANM incautó administrativamente el cargamento, eludiendo así la decisión del TRF. El oro permanece incautado hasta la fecha.

La pérdida del oro no impidió que Nascimento continuara su suministro, y Doromet mantuvo su interés en sus servicios. "Steven, te prometo que no perderé dinero. Una vez que llegue a un acuerdo, te daré una posición para obtener una buena ganancia que justifique todo esto. Créeme", le escribió el brasileño a Steven Bellino, en inglés, días después de la incautación en Manaos. En mayo de 2020, tras la incautación del cargamento original, BAMC exportó otro cargamento de oro a Doromet, esta vez con éxito. Las conversaciones encontradas en el teléfono celular de Nascimento, a las que tuvo acceso la Policía Federal, sugieren que se trataba de más de una tonelada de oro. Parte de este cargamento fue negociado por Bellino y Giannuzzi en Turquía.

Sin embargo, a finales de 2020, Bellino y Giannuzzi tuvieron una disputa. Bellino presentó una demanda en Nueva York contra Giannuzzi y Nascimento, alegando que, a pesar de haber invertido 750.000 dólares en la empresa, no recibía su parte del "lucrativo negocio del oro". La demanda aún no ha sido vista por la corte.

Brubeyk Nascimento desconocía que, cuando se incautó el cargamento multimillonario en el aeropuerto de Manaos, ya estaba siendo investigado por la Policía Federal. Seis meses antes, a última hora de la mañana del 21 de junio de 2019, agentes de la patrulla de carreteras sospecharon de un coche que circulaba por la carretera. BR-174 , con destino a Boa Vista y Manaos, y decidieron detener al conductor. Bajo la palanca de cambios, los agentes encontraron nueve lingotes de oro, con un peso total de 4,79 kilos. El conductor, José Cláudio Rabelo Rita, fue arrestado y trasladado a la Comisaría de la Policía Federal en Manaos. Un peritaje reveló que el oro provenía de minería ilegal.

Cuando los policías le preguntaron quién era el dueño del oro, Rabelo guardó silencio. Al día siguiente, sábado, un agente de la Policía Federal estaba almorzando en un restaurante frente a la sede de ese organismo cuando escuchó a tres hombres en una mesa cercana discutiendo sobre la confiscación de los nueve lingotes de oro. Uno de ellos dijo que el oro era suyo, lamentando la pérdida. Al día siguiente, un agente de la Policía Federal observó al mismo trío almorzando en el restaurante desde la calle, probablemente esperando la liberación de Rabelo. (Solo sería liberado dos meses después, cuando fue sentenciado a tres años de prisión abierta por malversación de fondos federales).

Tan pronto como los tres salieron del restaurante, el agente entró al establecimiento y pidió el recibo de la tarjeta de crédito con la que el trío había pagado la comida. Entonces surgió el nombre de Brubeyk Garcia do Nascimento. A partir de ahí, la Policía Federal comenzó a desentrañar la historia. Descubrieron que Rabelo era compatriota de Fábio Monteiro da Silva, el piloto dueño de la minería ilegal en el río Uraricoera, y estaba afiliado a Cooperouri, la cooperativa que suministraba oro a Nascimento. Todo encajó. La Policía Federal terminó realizando tres operaciones: Emboabas, en referencia a los nativos de São Paulo que emigraron a Minas Gerais atraídos por los depósitos de oro en el siglo XVIII; Eldorado, lanzada en Roraima, que descubrió el intercambio de alimentos por oro en Venezuela y la compra de oro de minas clandestinas en el Territorio Yanomami; y Lupi, centrada en las transacciones ilícitas de oro entre Nascimento y el Pastor Sandoval.

La reinvención de los traficantes

En la mañana del 20 de septiembre de 2023, la Policía Federal lanzó tres operativos simultáneos. Arrestaron a Nascimento y a Sandoval. Nascimento fue liberado 13 días después gracias a un recurso de habeas corpus. Sandoval pasó 39 días en prisión. "Fue increíblemente humillante", lamenta el pastor. "Hasta que fui a prisión, era un hombre de negocios. Pero allí no tienes ni nombre, ni dignidad, ni derechos. Si te enfermas una noche, si te duele una muela, te mueres de dolor de muelas".

En la Operación Lupi ambos están acusados de contrabando, recepción, declaración fraudulenta y organización criminal (Sandoval también está acusado de malversación de fondos federales y lavado de dinero). El caso aún no ha finalizado. Por Emboabas, el dueño de BAMC y los estadounidenses Bellino y Giannuzzi fueron imputados por malversación de fondos federales y delitos ambientales; Nascimento también fue imputado por delitos contra el sistema tributario y lavado de dinero. Finalmente, en la Operación Eldorado aún no se presentan cargos.

Nascimento y Sandoval todavía tienen todos sus bienes congelados por los tribunales. "Tuve que empezar mi vida desde cero", dice el pastor, cuyos bienes embargados por la justicia ascienden, según sus cálculos, a 14 millones de reales, cifra equivalente a 2,5 millones de dólares. "Sé que no soy un delincuente. Soy un empresario, y mi sueño es demostrar que no debo nada de lo que me acusan".

Sandoval es actualmente un multimillonario corredor de bienes raíces en Goiânia, mientras que Nascimento ofrece consultoría financiera en Manaos. "No era adicto al dinero. ¿Gané dinero? Sí, lo hice. Pero nunca me quedé atrapado en él", dice Nascimento. "Le digo a mis padres que fue una gran experiencia de aprendizaje. Lo intentaré de nuevo, en otras situaciones, en otros ámbitos. Porque todo pasa, ¿no?".

En abril de 2023, cinco meses antes del arresto de Brubeyk Nascimento, el Supremo Tribunal Federal anuló parte de la ley que establecía la "presunción de buena fe" en la compraventa de oro por parte de empresas de transporte marítimo en Brasil. Desde entonces, es responsabilidad del vendedor demostrar el origen legal del metal. Poco antes, en marzo, la Secretaría de Hacienda Federal comenzó a exigir al sector la emisión de facturas electrónicas para cualquier transacción relacionada con oro; anteriormente, el sector solo trabajaba con facturas en papel, lo que dificultaba la supervisión.

Los dos cambios en las normas del mercado del oro provocaron una caída significativa de la recaudación fiscal derivada del comercio del oro. En 2022, aún bajo el gobierno de Bolsonaro y con las antiguas normas, el mercado legal del oro en la Amazonia generó 11.300 millones de reales, unos 2.021 millones de dólares. En 2024, ya bajo el nuevo gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva, esta cifra se redujo un 38%, hasta los 6.970 millones de reales o 1.246 millones de dólares, según la ANM. Sin embargo, 7.213,5 hectáreas de bosque fueron destruidas por nuevas operaciones mineras entre 2023 y 2024, según datos de MapBiomas publicados por el sitio web Mongabay, lo que indica que la minería ilegal de oro sigue siendo un negocio activo y rentable en Brasil.

Tanto el investigador Raoni Rajão como los agentes de la PF entrevistados por Piauí sospechan que, dado que Brasil se ha vuelto inhóspito para los blanqueadores de oro como Nascimento, el mercado negro brasileño ha buscado contrabandear el metal desde minas clandestinas en la Amazonía a países vecinos, desde donde se exporta a Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Entre estos países se encuentra Venezuela, que hasta 2022 envió oro a Brasil y, a partir del año siguiente, comenzó a recibir oro brasileño, especialmente entre octubre de 2023 y enero de 2024, cuando Estados Unidos levantó las barreras comerciales al oro venezolano. “El mercado negro siempre encuentra salidas, especialmente para un producto con alto valor añadido como el oro”, afirmó Rajão .

*Este reportaje se publica en Armando.info con autorización expresa de la revista ‘Piauí’ de Brasil. 

**La cobertura contó con la colaboración de Luiz Fernando Toledo, desde Reino Unido; de Cecilia Anesi, Edoardo Anziano y Andrea Palladino, desde Italia; y de Joseph Poliszuk, por Venezuela.