Líbano, uno de los nuevos destinos, se convirtió ese año en el más reciente y muy prominente comprador del oro venezolano. El pequeño país del Medio Oriente se incorporaba a la limitada cartera de clientes del metal proveniente de Venezuela. Así pasó a ser una plataforma de tránsito del oro de conflicto venezolano hacia el mercado internacional.

Las exportaciones de oro de Venezuela a Líbano no han hecho sino crecer desde entonces. Las estadísticas del Departamento de Aduanas de Líbano indican que el país mediterráneo pasó de importar en 2019 unos 348 kilos de oro desde Venezuela, valorados en poco más de 10,8 millones de dólares, a 2,9 toneladas en 2022, por un valor de 147,4 millones de dólares. En tan solo tres años, el peso de las importaciones áureas se multiplicó por ocho, lo que hizo de Líbano el segundo país que más compró oro venezolano en ese período, solo después de Uganda, y por encima de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía, naciones que se convirtieron en aliados comerciales privilegiados del régimen de Nicolás Maduro tras las sanciones.

Desde 2019 y hasta agosto de 2023, totaliza el Departamento de Aduanas libanés, Venezuela exportó 9,2 toneladas de oro al país de los cedros, valoradas en algo más de 327,3 millones de dólares. Las cifras de esta entidad estatal indican que las importaciones de oro venezolano representaron 8% del total del oro comprado por Líbano en el extranjero.

El actual comercio entre Líbano y Venezuela podría describirse en cierta medida como un canje de oro por aceite de oliva, producto emblema del Mediterráneo al que, por cierto, han llamado oro verde. En 2020, por ejemplo, mientras Venezuela vendía a Líbano 16,3 millones de dólares en oro, desde Líbano llegaban a Venezuela 9,18 millones en productos agrícolas y alimenticios, entre los cuales se ubica en primer lugar el aceite de oliva con 1,64 millones de dólares, o 14,67% del total de las exportaciones libanesas a Venezuela, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard.

Oro ‘sucio’ y de paso

Aunque más de 10.000 kilómetros separan a Venezuela de Líbano, ambas naciones comparten algunos elementos que las emparentan: intereses comerciales comunes, sanciones económicas de Estados Unidos y, sobre todo, la opacidad de sus finanzas. 

Por un lado, el venezolano, ello queda en evidencia en el manejo de la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco, un área de Guayana, al sur del río-padre del país, reservada desde 2016 para incentivar la explotación minera al punto que llegue a constituir una alternativa de ingresos de divisas distinta a la menguante actividad petrolera.

Sus cifras se guardan en secreto. El régimen de Maduro ni siquiera hace pública la cantidad de oro que se exporta por los canales regulares (flujos centralizados), en específico desde el Banco Central de Venezuela (BCV), que monopoliza la comercialización oficial del metal precioso, y mucho menos la que se comercializa mediante el contrabando (flujos dispersos), según las categorías definidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde). Tampoco informa sobre los países, empresas y particulares que compran el oro venezolano. Solo es posible conocer los destinos de esas exportaciones gracias a los reportes de organizaciones como el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés), máxima autoridad global en materia aurífera, y bases de datos de comercio internacional como Comtrade de las Naciones Unidas, el Atlas de Complejidad Económica de Harvard o ImportGenius.

En la otra orilla, Líbano no difunde los nombres de las entidades o personas encargadas de importar y exportar el oro. A lo sumo, los organismos que manejan estadísticas muestran los montos y volúmenes de los cargamentos.

El caso de Líbano es peculiar en el mercado global del oro. Al igual que otro oscuro centro global de comercialización del oro, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Líbano no cuenta con yacimientos de recursos naturales. Sus industrias de joyería y tecnología informática son modestas y sus refinerías tienen capacidad limitada de procesamiento. Sin embargo, son activos importadores y exportadores de oro, sirviendo como una economía de tránsito. En el caso de Líbano, se suman la severa crisis económica e incertidumbre política que han golpeado al país en los últimos años, con las que este commodity se ha consolidado como valor-refugio.

Entre 2014 y 2023, Líbano importó un total de 7.465 millones de dólares en oro mientras exportaba 5.049 millones de dólares en lingotes, según el Departamento de Aduanas del Líbano. En 2022, el oro representó 5,07% de las exportaciones libanesas, con lo que se ubicó como el tercer rubro más exportado. A esa actividad comercial en buena parte la alimenta el manejo de los llamados minerales de conflicto provenientes de países de África Occidental, donde imperan la trata de personas, la esclavitud moderna y el trabajo forzado con mano de obra infantil. En Líbano compran el oro sucio, al que pechan las denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos, para legalizarlo y luego re-exportarlo como propio a Suiza, por ejemplo, donde de otra manera se le brindaría el trato de una mercancía vetada, de acuerdo a políticas de suministro responsable.

Líbano reúne ventajas comparativas como país de tránsito del oro en Medio Oriente. No existen ni muchos controles ni fiscalización por parte del Estado; también está lejos del alcance del radar de las autoridades internacionales que vigilan el tráfico, y se ubica cerca de importantes compradores de oro como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. También cuenta con un comercio impulsado por la diáspora libanesa en África, a la que no le importa mucho si el tráfico es legal o no. El oro que llega a Líbano y sale como producción propia “cumpliría en cierta forma el mismo rol que han jugado países del Caribe como Curazao, Aruba y República Dominicana. La falta de trazabilidad facilita el negocio turbio, la corrupción”, explicó a Armando Info Frédéric Massé, experto en tráfico, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral).

Hasta 2019 Líbano tenía como principales proveedores de oro a  países de África Occidental como Togo, Guinea, Liberia, Benín y Ghana. En el caso de esta última nación, el oro representa 51% de las exportaciones.  

Pero desde entonces los suministros desde estos países han sufrido un declive pronunciado. En el caso de Ghana, de nuevo, pasó de vender a Líbano 2,3 toneladas de oro, por un monto 97,4 millones de dólares en 2018, a tan solo 53 kilos (2,5 millones de dólares) en 2019, para luego desaparecer del cuadro de países exportadores de oro al Líbano, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard.

Refinerías suizas, como Valcambi, califican a los proveedores de países africanos como de “alto riesgo”. La política oficial de esta compañía para su cadena de suministro de metales preciosos establece, de forma expresa, que no acepta material de origen africano o que haya sido vendido a través de países no africanos que sirven de plataformas de comercio de oro. 

Así que, ese 2019, Líbano empezó a captar otros proveedores. Al mismo tiempo, el régimen de Venezuela se veía obligado a buscar nuevos destinos para su oro, acuciado por las sanciones internacionales. Estaban hechos el uno para el otro.

(Des)conexión suiza

Venezuela no siempre vendió oro a Líbano. Como tampoco a EAU, Turquía o Uganda, otros clientes ahora en alza. 

En la última década, los destinos del oro venezolano en el mercado internacional han cambiado en la misma medida en que la reputación del oro venezolano comenzó a empañarse con calificativos como los de oro conflictivo u oro de sangre, y en la que Estados Unidos continuó emitiendo sanciones contra la actividad aurífera en Venezuela, contra la minera estatal Minerven, y contra su presidente en ese decisivo año de 2019, Adrián Perdomo. 

Hasta 2016, año de la creación del Arco Minero del Orinoco, el principal comprador oficial del oro venezolano era Suiza, país que entre 2013 y 2016 importó de Venezuela 122,9 toneladas, valoradas en 4.653 millones de dólares, según ONU-Comtrade. De ese total, al menos 8,8 toneladas, equivalentes a 201 millones de dólares. fueron vendidas a Suiza por el BCV, de acuerdo a la base de datos de comercio internacional Importgenius.

En 2018, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de aquel entonces, Víctor Cano, admitió que el BCV había dejado de vender oro a Suiza por temor a las sanciones de Washington. En su lugar, comenzó a refinarlo en Turquía, un país aliado donde no existía el riesgo de los decomisos del metal. Esta nueva relación comercial con Turquía fue cuestionada por Estados Unidos, que alegó que las exportaciones de Caracas a Ankara no gozaban de controles ambientales o contables, y además servían para financiar las redes de corrupción que sostienen al régimen de Maduro.

En 2016, entre tanto, había aparecido un nuevo actor: Curazao. La isla caribeña, una excolonia neerlandesa a tan solo 100 kilómetros de las costas venezolanas, de pronto empezó a exportar oro a Suiza, país al que destinó cerca de 65% de sus envíos entre 2016 y 2019, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard. La novedad no respondía al hallazgo repentino de una veta, que no la hay, ni al establecimiento de capacidades de refinación, que tampoco. Simplemente, Curazao se convirtió en una escala para lavar la cara al oro venezolano en su ruta a destinos tradicionales, como la propia Suiza. Ese papel quedó en evidencia en 2019, el año de parteaguas en el negocio aurífero, cuando las sanciones de Washington contra las exportaciones venezolanas y el cierre de las fronteras del Caribe neerlandés coincidieron con la interrupción de los envíos de oro desde Curazao. Actualmente, las llamadas islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, se encuentran en la lista de países cuyos minerales no son aceptados en las principales refinerías suizas. 

Pero he aquí que, convenientemente para el tránsito del oro venezolano, Suiza es el principal receptor de las exportaciones de oro de Líbano. De 2019 a 2023, el país alpino compró 53 toneladas al país mediterráneo, equivalentes a 2.723 millones de dólares, según cifras del Departamento de Aduanas de Líbano. Suiza pasó a ser el país receptor de casi 96% de las exportaciones de oro del Líbano.

Suiza es, de hecho, uno de los centros de comercialización aurífera más importantes del mundo. Allí se refina 70% del del oro doré (lingotes provenientes de las minas que contienen entre 10% y 70% de pureza) en el mundo y se alojan cuatro de las más emblemáticas empresas de refinación: Metalor, Pamp, Valcambi y Argos-Heraeus.

No en balde, Suiza se mantiene en la mira de organismos internacionales que, como la ONU, permanecen vigilantes ante el comercio ilícito. En consecuencia, las refinerías suizas, para cuidar su reputación, obedecen las crecientes exigencias de la debida diligencia y el seguimiento de la cadena de suministro responsable. 

Aún así, la Confederación Suiza reconocía, en el informe Comercio del oro producido en violación de derechos humanos, que no estaba en capacidad de garantizar que al país no llegaran cargamentos de oro conflictivo, etiqueta que se estampa a los metales relacionados con el crimen, esclavitud moderna, financiamiento de conflictos bélicos, trata de personas y trabajo infantil, aparte de la destrucción del medio ambiente y atropello de los pueblos autóctonos. “No puede descartarse que el oro cuya producción atenta contra los derechos humanos esté llegando a Suiza”, se leía en el documento, publicado en 2019. 

“Las multinacionales que refinan el oro en Suiza saben perfectamente de dónde provienen las materias primas. Pero no dicen nada”, declaró al medio suizo Swissinfo en marzo de 2019 Marc Ummel, jefe de Políticas de Desarrollo de Materias Primas de la no-gubernamental Swissaid. Agregó que “si el gobierno [suizo] reconoce en el informe que la trazabilidad del origen del oro es fundamental, en la práctica, las agencias regulatorias solo tienen conocimiento del último país del que llega el oro y no del país productor”. De acuerdo a Ummel, los representantes de la industria del oro suiza aseguran que quieren mejorar la calidad de la información, pero no ocurre así. Piensa que para lograr mayor transparencia, “bastaría con mejorar la trazabilidad del oro, declarar el país y yacimientos de origen, publicar los análisis de riesgo y fortalecer la debida diligencia de las empresas”. 

Por tradición, las refinerías suizas se niegan a revelar la identidad de sus clientes porque, argumentan, se trata de una información confidencial cuya revelación las expondría frente a la competencia. Swissaid calificó esta opacidad como “desconcertante e injustificada”.

En Suiza, la aplicación de estándares para garantizar una producción que respete los principios sociales y ambientales queda a la voluntad de las refinadoras, que en efecto cuidan su reputación, pero hasta cierto punto. No hay una normativa que las obligue a cumplirlos. El Estado, que apoya los principios de la debida diligencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se limita a alentar a las empresas para que se ciñan a tales parámetros. 

 
Para correr esa cortina de secretismo, otra organización no gubernamental suiza, la Sociedad de Pueblos Amenazados (STP, por sus siglas en inglés), con sede en Berna, solicitó el año pasado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza que se publicaran mayores detalles sobre la importación de oro por parte de las empresas helvéticas, entre ellos, el verdadero origen del metal. Pero la máxima instancia judicial helvética dictaminó que ni la Oficina Federal de Aduanas ni la Seguridad Fronteriza estaban obligadas a proporcionar a STP datos sobre importación de oro porque se trataba de “información controvertida cubierta por el secreto fiscal impuesto por la ley del IVA y, excluida del derecho a obtener información por la Ley de Transparencia".

Para el experto Mark Pieth, académico de la Universidad de Basilea en Suiza y autor del libro Gold Laundering: the dirty secrets of the gold trade, la decisión del tribunal supremo suizo marcó “un verdadero paso atrás para las refinerías en el camino hacia el oro sostenible. Hay razones por las que la transparencia es esencial: pensemos en Venezuela, en el oro del Amazonas o en el oro de conflicto (Sudán, Rusia)”, afirmó también a Swissinfo en noviembre de 2023.

“Sobre el Líbano, no es de extrañar que estuviese funcionando como plataforma de tránsito de oro proveniente de países en conflicto como Venezuela, o de África, antes de llegar a Suiza”, consideró por su parte Christoph Wiedmer, director de STP, la organización que promovió la acción ante el máximo tribunal helvético, al responder a una consulta vía email de Armando Info.

Conflicto dorado

Aunque todavía no ha sido declarado como tal por las organizaciones globales correspondientes, el oro de Venezuela reúne las condiciones para ser identificado como un mineral de conflicto.

En enero de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido en aquel entonces como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, exhortó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a que el oro venezolano fuese declarado “mineral de conflicto”. 

Bajo presión, algunas de las grandes refinerías suizas ya vetan la compra de oro proveniente de Venezuela. Tal es el caso de Valcambi, por ejemplo.  Su lista roja de oro prohibido también incluye las Antillas Neerlandesas y Cuba, cuyo régimen es uno de los más estrechos aliados políticos del chavismo-madurismo.

La industria internacional transformadora de metales también ha llegado a considerar la aplicación a Venezuela, junto a otros estados parias como la República Democrática del Congo, Corea del Norte, Rusia o Myanmar-Birmania, de vetos para la compra de estaño, tungsteno y oro, los llamados 3GT (por “tin, tungsten, gold”, los nombres en inglés de esos metales), a cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se registran en las explotaciones minerales de esos países.  

Pero todas esas salvaguardas parecen no tener en cuenta algunos subterfugios diseñadas para burlarlas, como el tránsito del oro por el hub comercial de Líbano. 

Se enviaron solicitudes de entrevista a varias empresas vinculadas al sector aurífero en Líbano, pero hasta el cierre de la edición no se había recibido alguna respuesta.

La reunión más reciente entre altas autoridades de Líbano y Venezuela tuvo lugar en Caracas, en septiembre de 2023. En esa ocasión el canciller venezolano, Yván Gil, recibió al embajador libanés, Elias Lebbos, en un salón adornado con los consabidos retratos de Chávez, Bolívar y Maduro, según las imágenes difundidas por el ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social X, antes Twitter. De acuerdo al comunicado oficial, la reunión tuvo lugar a fin de “seguir fortaleciendo las relaciones entre los dos países hermanos”. Aunque esa fórmula diplomática no explicitaba si en aquella oportunidad los funcionarios trataron el tema del intercambio comercial binacional, específicamente el del oro, lo cierto es que el negocio continuó, viento en popa. 

La presente historia contó con el apoyo periodístico de Albin Szakola y  Riad Kobaissi desde Líbano.

Este reportaje forma parte de la serie investigativa ‘Dorada Opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’, liderado por Convoca (Perú) y la participación de medios y periodistas de otros cuatro países de América del Sur.

En cambio, Domingo obtiene ocho toneladas de oro al año (según cifras de 2018). Equivale a casi 22.000 gramos por jornada, prorrateando aquel tonelaje entre los días del año.

La diferencia de magnitudes, quizás evidente, radica en que Domingo es la empresa Domingo Sifontes, un complejo integrado por seis plantas procesadoras de oro. Mientras, Kerly es una joven de 34 años, bionalista de profesión, que hace cinco años decidió abandonar su carrera y, junto a un grupo de amigas, aventurarse en la búsqueda de fortuna en las minas del sur de Venezuela. 

Ambos, Kerly y Domingo, trabajan avecindados. Kerly extrae el oro de manera artesanal en las cercanías del complejo minero que se ubica en la parte alta del pueblo de El Callao, corazón de la cuenca aurífera más conocida de Venezuela. Mineros como Kerly y sus amigas tienen prohibido acercarse más al perímetro del complejo industrial. Las zonas de mayor riqueza mineral, como esta donde se ubica el Domingo Sifontes, están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Inteligencia (DGCIM), que muchas veces los corren o amedrentan. 

"Aquí tenemos que luchar ahora por nuestro saco de tierra", contesta Kerly con una sonrisa, cuando se le cuestiona sobre los grandes negocios corporativos que se gestan allí mismo, detrás de las minas. Sus compañeras asienten en silencio.

Cuando se piensa en la fiebre del oro que se ha esparcido en la Guayana venezolana, al sur del río Orinoco, suelen venir a la mente imágenes de una marabunta de mineros más o menos organizados, cazadores de fortuna que acuden en horda a sacarle provecho a la bulla más reciente. 

Pero en el estado Bolívar, en particular en el territorio de los municipios Piar, Roscio y El Callao que corresponde al Arco Minero del Orinoco, la imagen es otra. Emprendimientos de escala industrial, propiedad directa del Estado, o mixtos con algún grado de alianza entre privados y las autoridades estatales, conforman el nuevo panorama.

Cuando en 2011 el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar las minas, el Estado venezolano se hizo con el control de grandes multinacionales como Crystallex, Rusoro Mining, Mineria MS Ca, Promotora Minera de Guyana y Gold Reserve Inc. 

"Tengo aquí las leyes que permiten al Estado explotar el oro y todas las actividades relacionadas con él (...) Vamos a nacionalizar el oro y vamos a transformarlo, junto con otros elementos, en reservas internacionales, porque su valor continúa creciendo", anunciaba entonces Chávez en una llamada telefónica al canal del Estado, como era su costumbre.

Sin embargo, el plumazo presidencial no resolvió el asunto de la llamada pequeña minería. Por multitudinaria, la minería artesanal conserva una cierta aura social; pero, por depredadora, absorbe buena parte del costo reputacional endosable a los daños ambientales que la minería causa en el pulmón de la Orinoquía. De más está decir que el chavismo optó por lidiar con esa pequeña minería desde una postura, cuando menos, ambigua.

El 5 de diciembre de 2017, ya bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se emitió un decreto que delimitaba 23 zonas, con una superficie total de 3.400 kilómetros cuadrados, donde se permitiría la extracción minera. De las veintitrés zonas, dos estarían destinadas para la extracción de diamantes, y las restantes 21 al oro. Pero algunas áreas, a su vez, fueron asignadas a grandes empresas mixtas, constituidas ad hoc entre el Estado venezolano e inversionistas privados. 

Fue así como quedaron a cargo empresas como Faoz, de la extracción de coltán; Afridiam, de la República Democrática del Congo, de la extracción de diamantes; o la italiana Bedeschi en Italia, la china Yankuang Group, o las canadienses Barrick Gold Corporation, MEP International Inc. y Gold Reserve, de la explotación del oro. 

En el primer semestre de 2018, el entonces ministro del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico-Minero, Víctor Cano, anunciaba la llegada de la era de “las plantas mineras con tecnologías innovadoras, que desplazan el uso de mercurio y con las que se reciclarán arenas residuales del proceso aurífero acumuladas históricamente”. Pero eso no ocurriría en detrimento de los mineros quienes, de acuerdo a Cano, serían socios formales y parte fundamental de estas alianzas 

Pero con el tiempo las palabras no se transformaron en hechos. Han quedado enfrentados dos modelos, contrapuestos y excluyentes: industria contra mineros artesanales. Al momento de la llegada de los inversionistas, los locales se ven excluidos de los beneficios que ofrece su propia tierra, al extremo que las empresas foráneas prefieren pactar con grupos de obreros provenientes de otras regiones. 

José, un trabajador que labora para la Corporación Venezolana de Minería (CVM),  asegura que las compañías privadas, ansiosas por aprovechar la coyuntura, han ocupado el espacio dejado por los mineros informales desarraigados. "Aquí, el minero ha quedado abandonado y el negocio se ha reservado para los amigos del gobierno, a quienes ahora se les conoce como los enchufados", relata José en la plaza Bolívar de El Callao.  

En efecto, muchas alianzas han terminado por conformarse entre el Estado, por lo general representado por la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y antiguos allegados políticos, transformados en empresarios, así como contratistas habituales.

El dilema no es solo de escala y de quién será el grupo beneficiado. También de proceso productivo y salvaguardas ambientales. 

Hay dos modelos de producción. El de la pequeña minería, de corte más artesanal, recurre al mercurio para la obtención del oro a partir de las tierras excavadas. En esta etapa, las rocas son trituradas en molinos y se deslizan por una banda de mercurio que atrapa las preciadas partículas doradas. Este proceder, de raíces inmemoriales en la región, ha sido el protagonista indiscutible por largo tiempo.

El proceso industrial emplea cianuro, en vez de mercurio, para extraer el oro de la arenilla de los molinos. Es un método más moderno y eficiente que el anterior, pero también más polémico, por los riesgos ambientales que conlleva. “En reiteradas ocasiones, el agua es explotada por las minas en perjuicio de la población, y en ciertas zonas, la contaminación por cianuro y otros productos utilizados en la extracción del oro tiñe el agua” resume José.

La vitrina de la Troncal 10

En ninguna parte como en el noreste del estado Bolívar se hace más evidente el contraste entre los dos modos, y el paulatino reemplazo de uno por otro. En particular, en la carretera Troncal 10, que cruza de norte a sur el estado hasta alcanzar la frontera con Brasil. En algún momento, la vía solía ser escenario de caseríos y pequeños poblados a su orilla. Ahora exhibe una transformación notoria: plantas de procesamiento de oro por cianuración, alianzas estratégicas y molinos, todos ellos integrados en el megaproyecto de minería en el estado Bolívar. En el tramo que va desde la localidad de Guasipati a la entrada de El Callao se observa un movimiento frenético de nuevas obras e instalaciones. Hay plantas industriales de dimensiones colosales. Hay otras que no se ven desde la orilla de la carretera, tierra adentro. Todas delatan el auge que está teniendo el negocio.

Apartando los bombos y platillos con que el régimen de Nicolás Maduro ha remachado sus escasos anuncios sobre el Arco Minero y la inauguración en 2018 del Complejo Domingo Sifontes, el hermetismo es el signo predominante en este boom. A falta de información sobre los actores que el Estado ha involucrado en la industrialización del oro de Guayana, el recorrido de la Troncal 10 y por sectores de los pueblos mineros es la única instancia que permite reconocer las vallas con los nombres de las industrias que han brotado como hongos. Solo en el municipio El Callao alcanzan las 40, entre explotaciones mineras, molinos y recuperadoras. Cada razón jurídica, cada marca, inscrita en los carteles, evoca alguna historia de conexiones políticas e influencia. 

Llegando desde Guasipati se pasa por la misteriosa Aurumin, origen de múltiples rumores. Ya en El Callao, en su sector Nacupay, se encuentra la recuperadora Zurisadai, uno de cuyos propietarios es el general de la Guardia Nacional, José Gregorio Almao Barroeta, ex presidente de la gubernamental Misión Negra Hipólita. Otra empresa, Arco Dorado 2, pertenece a Wuilher Torrella, un exfuncionario de la Asamblea Nacional. Todavía en la categoría de mineros independientes aparece Asocipemica, presidida por Maryuliz Marcano, una furibunda dirigente de base chavista.

Fachada de la planta Aurumin en plena Tronca 10, una de las más grandes pero también de las más opacas en términos de producción o quienes son sus dueños. Crédito: Jorge Benezra

Dejando El Callao hacia Tumeremo, más al sur en el municipio Sifontes, se encuentran Guayana Oro, empresa recuperadora en la que los hermanos Ranauro tuvieron sociedad con el contratista zuliano Leonardo Parilli García, asesinado en 2020 en un espectacular ataque sicarial a plena luz del día en una calle de Lecherías, estado Anzoátegui; e Intac, otra recuperadora, está conectada con el Grupo JHS, originario del estado Táchira.

No se cuenta con datos oficiales que revelen con precisión las estadísticas de producción ni la magnitud de las inversiones involucradas en todo este proceso. De lo que hay suficientes evidencias es de que el oro ha cobrado importancia como actividad económica y rubro de exportación. Algunas cifras hablan de que, en 2021, Venezuela exportó 104 millones de dólares en oro, lo que convertía al país ese año en el exportador número 92 de oro en el mundo. En el mismo año, el oro fue la octava en el ranking de mayores exportaciones de Venezuela, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

Diversas fuentes locales permiten calcular que hay alrededor de 32 plantas recuperadoras y alrededor de 129 alianzas extractivas en funcionamiento en la zona, que generan una producción estimada de aproximadamente 800 kilogramos al mes. Esta producción, en última instancia, termina por ley en manos de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

La imagen que se proyecta en esta región es la de un territorio en pleno auge minero, pero en la que el protagonismo de la fiebre del oro pasó de lo artesanal a lo industrial, con todo lo que ello implica: el ruido constante de las máquinas, la actividad de obreros y la presencia de infraestructuras de gran envergadura.

Decenas de vehículos de gran tonelaje se afanan en transportar arena, con la que no solo alimentan las plantas recuperadoras sino también los lamentos de los habitantes locales. Gran parte del asfalto ha desaparecido. El constante tránsito ha deteriorado la carretera, tornándola prácticamente intransitable para los vehículos no aptos para terrenos difíciles en épocas de lluvia. 

El deterioro de la vía es la oportunidad para algunos. Como unos jóvenes que, herramientas en mano, se encuentran tapando los baches de la carretera. “Si no nos dejan trabajar en las compañías, esto es lo que nos queda para sobrevivir”, dice uno de ellos mientras recibe una propina del chofer del reportero.

Éxodo forzado

Los mineros están de retirada. Además de la expansión de la industria y la reordenación impulsada desde el gobierno, sufren los embates simultáneos de las restricciones en el acceso al combustible, la disminución del mineral a flor de tierra, los severos controles oficiales, la violencia desatada por grupos armados ilegales y las fallas en el suministro de mercurio, entre otros.

“Hace ya cinco años de aquellos días en los que el llamado del gobierno nos encandiló. Nos persuadieron para que formáramos alianzas y nos convirtiéramos en socios del Estado, todo con el propósito de obtener mayores beneficios y proteger el medio ambiente. Nos aseguraban que las ganancias serían para el bien común. Yo, personalmente, tenía miedo de lo que pudiera pasar en el futuro, pero aún así, decidimos seguir adelante. Al fin y al cabo, se trataba del Gobierno; nos sentíamos forzados”, afirma Patricia Salamanca.

Salamanca es una pastora evangélica de un barrio nuevo de El Callao que surgió con la creación de estas alianzas, conocido como la Fortaleza Dorada. Junto con su marido y otros mineros, no dudaron en firmar con el gobierno y convertirse en unos de los primeros 10.000 enrolados en este nuevo esquema.

A este grupo de mineros se le concedió un espacio en la mina La Increíble. Durante dos años, invirtieron todo lo que tenían para acondicionar la mina y, finalmente, extraer las primeras pepitas de oro. Sin embargo, su alegría duró poco. Un día, llegaron unas personas del gobierno que les dijeron que tenían que abandonar la mina. Les explicaron que se instalaría una empresa con otros socios pero que descuidaran pues, a cambio, recibirían una indemnización. Hasta el día de hoy siguen esperando esa compensación. Lo perdieron todo.

En la actualidad, al pasar por la Troncal 10, la entrada a La Increíble asombra. Es una mina incrustada a una montaña. En particular, la sede de la corporación Goldtex resulta imponente, por suntuosa. Esta mina estuvo por mucho tiempo bajo control de bandas criminales. Recuperada por el gobierno, ahora está en manos de los concesionarios a quienes se les ha otorgado licencias para su operación: según los vecinos, presuntos militares y políticos allegados al oficialismo, en su mayoría.

Antes de eso, una corporación canadiense intentó hacerse de ella, una pretensión siempre frustrada por los permisos oficiales que se le negaban por cuenta de los riesgos de contaminación del cercano río Miamo, tributario del Yuruari. No se sabe cómo, esa cautela ambiental ha quedado superada. “Lo que hoy se ve desde la Troncal hubiese sido imposible en el pasado”, sostiene Agustín, un poblador de la zona.

Los mineros han denunciado que la Corporación Venezolana de Minería (CVM) está obligando a las alianzas estratégicas a pagar tributos para obtener los permisos necesarios para el traslado de material aurífero, insumos y equipamiento para la producción a pequeña escala. Si no se cumplen con los plazos, la autoridad amenaza con rescindir la alianza. "Somos forzados a pagar estas tarifas, vender nuestros bienes para comprar oro y entregarlo al precio que ellos quieran, incluso si no lo estamos produciendo", señalaron los mineros que discutían en una asamblea improvisada en el sector El Perú de El Callao 

La sombra de la CVM se cierne sobre estos trabajadores, presionándolos a abandonar alianzas que saben son productivas, para asegurar la extracción del oro y así otorgarlas a otros por conveniencia. Es una situación que parece no tener fin y que afecta a aquellos que buscan ganarse la vida en el duro mundo de la minería. Los mineros se sienten impotentes ante el poder de quienes representan al estado, y temen por su futuro y el de sus familias.

* Esta publicación es parte del proyecto Amazon Underworld, una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), La Liga Contra el Silencio (Colombia) y Armando.Info (Venezuela). El proyecto tiene como objetivo mapear las acciones de los grupos armados en la Amazonía. El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y está financiado por la Open Society Foundation y la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

De seguidas, el narrador pronuncia la acusación. “No fue ni Pedro, no fue ni Piticao, fue [sic] los guardias, los guardias. Fue los guardias”, dice, antes de mostrar lo que tiene en su mano izquierda: “Aquí están las balas. Yo conseguí la concha de la bala. Fueron la guardia los que los mataron, aquí en Chalbaud”.

El video, del 7 de agosto, fue una de las primeras muestras de lo que había ocurrido: cuatro hombres y una mujer habían sido asesinados en la mina Taboca, en el cerro Delgado Chalbaud, una de las cumbres de la Sierra Parima, sur de Venezuela, en el estado Amazonas, fronterizo con el estado brasileño de Roraima. En la base de ese cerro se encuentra, como lo estableció la célebre Expedición Franco-Venezolana en noviembre de 1951, el nacimiento del río Orinoco, el tercero más caudaloso del planeta y el más importante de Venezuela. Fueron los mismos expedicionarios, bajo el mando del mayor del Ejército Franz Rísquez Iribarren, quienes bautizaron esa prominencia orográfica con el nombre de otro militar, el general Carlos Delgado Chalbaud, presidente de Venezuela, quien había sido asesinado justo un año antes en Caracas. 

Pero en este incidente de agosto de 2022, en el mismo lugar convertido ahora en escena del crimen, eran militares los que surgían como presuntos villanos. Específicamente, fueron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los primeros señalados como responsables por algunos testigos, como el narrador del video, un indígena del pueblo yanomami (antes conocidos por los criollos como waikas o guajaribos).

La descripción oral del aborigen, apoyada en video, evidencia no solo lo cruento del hecho, sino que ventila también una situación reiterada y ya denunciada por diversas organizaciones no gubernamentales: la presencia de garimpeiros, mineros ilegales brasileños, en Venezuela.

“Aquí vemos cinco trabajadores. Cinco garimpos”, recrimina una vez más la voz, mientras la cámara enfoca los cadáveres de los brasileños Francisco Pereira, Raimundo Charles da Conceição Pereira, Dilviane Nunes da Silva, João Barbosa da Silva, y del venezolano Oswaldo José Figuera Suárez, las víctimas.

Garimpo, como dice el hombre del video, es la palabra portuguesa de origen brasileño para denominar las minas. Garimpeiro es quien trabaja en ellas. Los garimpeiros penetraron desde Brasil, por la vía de Roraima, en el sur del Amazonas venezolano, a mediados de los años 70 del siglo pasado. Experimentaron un auge entre finales de los 80 y comienzos de los 90, hasta que la política estatal de Venezuela redujo, por la vía armada, su presencia, principalmente en Amazonas y, en menor medida, en Bolívar. A partir de 1999, ya con Hugo Chávez en el poder, de manera gradual los garimpeiros se instalaron nuevamente en Venezuela, tal y como han venido denunciando las organizaciones ambientalistas.

Es lo que confirman, además, dos representantes de asociaciones de garimpeiros y un empresario brasileño de minas que accedieron a conversar, desde Brasil y por vía telefónica, con Armando.info para este trabajo.

“Un intercambio de represalias”

Los asesinatos estuvieron precedidos por dos operativos de fuerzas venezolanas y brasileñas en torno de regiones mineras. El primero, el 3 de agosto de 2022, fue un operativo conjunto del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio) y la Policía Federal. En un video al que tuvo acceso Armando.info, un grupo de mineros venezolanos señala que el operativo, en el que fueron destruidos motores utilizados en la extracción de oro, fue “una invasión al territorio venezolano”.

“Vinieron y acabaron con el campamento, nuestras pertenencias, nuestra comida, todo… nos dejaron sin nada, sin nuestras pertenencias. Fue en nuestro territorio venezolano: Ibama invadió nuestro territorio y acabó con nuestras cosas”, señala uno de los mineros, cuyo nombre se omite. Sin embargo, en reportes de prensa se precisa que la incursión se mantuvo en los límites brasileños. Para despejar dudas al respecto, Armando.info envió peticiones de información a  los departamentos de comunicaciones de Ibama, Policía Federal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil. Hasta el cierre de este trabajo no hubo respuestas. 

Si la incursión de las fuerzas brasileras en la serranía fue una violación a la soberanía, al día siguiente, 4 de agosto, el aterrizaje de emergencia de una aeronave monomotor de la GNB en Roraima, a pocos kilómetros de la frontera, completó el círculo de incursiones no autorizadas por las fuerzas de los dos países.

Hechos concatenados o no, lo que siguió menos de una semana después fueron los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud. Jailson Mesquita, vocero de la Asociación de Mineros Independientes de Roraima, se precipita a una conclusión: los asesinatos fueron una represalia de la GNB por el operativo de la Policía Federal.

“Como el órgano ambiental se fue del lado de Venezuela, destruyeron maquinaria, comida y han humillado a esos mineros. La guardia bolivariana dijo que si el órgano ambiental de Brasil viene aquí, nosotros vamos y matamos a los garimpeiros. Eso fue un intercambio de represalias”, afirma.

Mesquita asevera que la presencia garimpeira en Venezuela es una vieja realidad. Según su consideración, los garimpeiros que explotan el oro venezolano son parte de un intercambio, sin viso oficial, sin notarios y sin firmas, del que también se benefician los mineros venezolanos que trabajan en Roraima.

“Los garimpeiros no tienen ningún apoyo. El minero trabaja solo. El estado de Roraima ha recibido 130.000 venezolanos, y gran parte de ellos trabaja con la minería”, refiere.

Jailson Mesquita responde que en todo el territorio yanomami (entre Amazonas, en Venezuela, y Roraima, en Brasil), según las estimaciones de la asociación que dirige, hay alrededor de 23.000 garimpeiros. “No hay censo oficial, pero es lo que manejamos”, apunta.

En la misma tónica, Rodrigo Martins de Mello sostiene que la complicidad entre garimpeiros y los militares se establece como acuerdo tácito, con la anuencia de un tercer actor: la tribu yanomami. 

Martins de Mello se considera a sí mismo un garimpeiro, aunque económicamente ha crecido más que un minero común. Es dueño de una empresa de aviación llamada Cataratas y en los últimos meses ha tenido notoriedad mediática tanto por su candidatura a diputado federal por el Partido Liberal (el mismo del presidente del país, el militar de ultraderecha Jair Bolsonaro) como por una investigación que sobre él lleva adelante la Policía Federal por delitos ambientales y posesión ilegal de municiones. Se jacta, además, de tener “la única permissão de lavra garimpeira (permiso de minería) en el municipio Amajari (colindante con Bolívar y Amazonas), en Roraima”, al tiempo que niega los efectos devastadores de la actividad minera y el uso del mercurio y repite que la agricultura es “mucho más danosa”. 

“Esto es una información pública, não? Todos sabemos que hay brasileros trabajando del lado de Venezuela. Hay trabajadores allá que tienen el permiso de la Guardia para trabajar. La gente tiene que pagar un porcentaje a la Guardia para seguir trabajando del lado venezolano. Pero todos trabajan en armonía: los indios, la Guardia y los garimpeiros”, declara, mediante una llamada por WhatsApp.

Fuerzas Armadas de cooperación (necesaria)

José Altino Machado, fundador de la Unión Sindical de Mineros de la Amazonia Legal, discrepa de la versión de Mesquita sobre la actuación de la GNB en los asesinatos. Para él, todo fue un asalto, casi un hecho aislado, en el que no estuvieron involucrados los uniformados: estos, en realidad, han respetado el trabajo de los garimpeiros en Venezuela: “La convivencia con autoridades venezolanas es boa”.

“Creo que hay un interés en causar problemas entre Brasil y Venezuela, a partir de que dos agencias de Brasil [Ibama e Icmbio] cometieron un error cuando quemaron el campamento en el lado venezolano”, prosigue, por vía telefónica, en entrevista para Armando.info. “Pero no hay ninguna prueba de ello, ninguna”, sostiene, refutando la versión del indígena que mostró las balas de armas largas en el lugar de los asesinatos.

Machado refiere que los garimpeiros se han asentado en varias zonas entre Amazonas y Bolívar. En el primer caso, a lo largo de la Sierra Parima, especialmente en las cabeceras del río Orinoco, lugar de los asesinatos de agosto; en el segundo caso, en el municipio Sifontes, concretamente en las minas más próximas a la capital, Tumeremo.

La permisividad de las fuerzas militares nacionales (principalmente la GNB y el Ejército) con los garimpeiros, que Machado tilda de cooperación, tiene, según asegura, números beneficiosos para la economía venezolana: en el Banco Central de Venezuela (BCV) hay 165 toneladas de oro, “y más de 70% de eso fue garimpado por mineros brasileños en territorio venezolano”.

La cooperación entre uniformados y los garimpeiros, refiere, se ha profundizado a raíz de la llegada de Chávez al poder y, sin rubores, se ha acentuado con su predecesor, Nicolás Maduro.

“Antes [se refiere a los años previos a la presidencia de Chávez], con los intereses europeos y americanos, la distancia con el garimpeiro era mucha. [Pero] Venezuela ahora está controlada por la gente de origen del país, y cambió mucho el tratamiento con la gente sencilla, humilde. A partir de entonces tuvimos muchas reuniones con autoridades de Venezuela y ha habido muchos garimpeiros autorizados [a trabajar en Venezuela]. No hay incomodación de autoridades venezolanas con garimpeiros”, insiste.

Entre las autoridades venezolanas con las que se han reunido, Machado recuerda al mismo Chávez, con quien, asegura, la asociación de garimpeiros que dirige llegó a un “acuerdo de caballeros” a partir del cual “nunca más hubo incidente alguno. Fue muy gentil, muy gentil. Nunca más hemos tenido problemas con Venezuela. Ninguno, ninguno”. Tanto, que de acuerdo a las cifras que maneja, 35.000 garimpeiros se mueven libremente entre Amazonas, Roraima y Bolívar.

Devastación continuada

Antes del chavismo, la presencia de garimpeiros en Venezuela construyó una leyenda negra que también dejó consecuencias. La más notable fue la masacre de Haximú, estado Amazonas, entre junio y julio de 1993. Entonces, 16 yanomamis, incluyendo ocho niños, fueron asesinados por garimpeiros.  

“Como en Venezuela no hubo ni voluntad para investigar ni para proteger el territorio del pueblo yanomani, el caso fue presentado el 6 de diciembre de 1996 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Américas”, recordó en un artículo de junio de 2020 Marino Alvarado, excoordinador general de Provea.

En diciembre de 1999, mediante un acuerdo amistoso, Venezuela aceptó el compromiso de “promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami”, citó Alvarado en el mismo artículo.

Pero al menos desde 2007, según otra organización no gubernamental, SOS Orinoco, entre otras asentadas en esos estados sureños, los garimpeiros están de vuelta en Venezuela.

En un informe de mayo de 2022, titulado “Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare: invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano”, la ONG, a partir de las denuncias de voceros indígenas yanomami de la zona, detalla cómo ha sido el regreso de los garimpeiros a Venezuela.

“En este sector se ha reportado la presencia de garimpeiros desde el año 2010, cuando varios líderes yanomami denunciaron el asesinato de nueve indígenas a manos de mineros brasileños en las comunidades de Ushishiwe y Momoi, en las cabeceras del río Ocamo. De acuerdo con los denunciantes, en el año 2007 había ocurrido algo similar, que fue notificado a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Ya en ese entonces los mineros tenían varios años actuando en la zona”, se precisa en el informe.

Los yanomami no son la única etnia afectada por la presencia garimpeira. “Ye’kwana y sanema tienen una presencia mayoritaria y territorialmente amplia. También están presentes, aunque en menor número y limitados a ciertas comunidades o centros poblados, los piaroa/wótüja, baré, baniva, kurripako, warekena y yeral/ñengatú, los cuales han habitado tradicionalmente dentro del territorio que abarca la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare”, amplía el documento.

En entrevista telefónica con Armando.info, voceros del equipo de SOS Orinoco recuerdan que en 2006, cuando el gobierno de Chávez expulsó al grupo evangélico fundamentalista Nuevas Tribus, las fuerzas armadas venezolanas diseñaron un plan de sustitución, con énfasis en los servicios de salud y educación. La presencia militar mantuvo a raya un tiempo a los garimpeiros. Hasta que la complicidad fue patente.

“Con Maduro lo que vemos es otra cosa que nunca antes se había visto, que es la forma en que los militares se involucraron con la minería. Hay una complicidad, no solo de dejarlos entrar en Venezuela, sino que participan en el negocio minero. Por ejemplo, en el cerro Delgado Chalbaud, en los campamentos de garimpeiros está presente la Guardia Nacional. Y quienes prestan servicios de seguridad no son garimpeiros sino la Guardia Nacional misma, que vigila y también recibe el oro que les corresponde”, sostienen.

Esta información, la de la presencia de los militares en los campamentos garimpeiros, la corrobora desde Brasil el dirigente José Altino Machado, aunque lo que admite lo matiza agregando que “son muy pocos, sobre todo pensionados del Ejército, que trabajan en las minas”.

Los representantes de SOS Orinoco exponen un probable conflicto entre militares y garimpeiros como hipótesis (y recalcan: hipótesis) de los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud 

“Todos los meses, los garimpeiros tienen que entregar una cuota del oro. Por equis razón, no pudieron cumplir ese mes y por eso comienzan las disputas por la cantidad de oro. Ese video que fue grabado por el yanomami muestra una concha de fusil. Son municiones de armas militares. También está la forma en que los mataron, con disparos en la cabeza. Pero realmente no podemos tener total seguridad de lo que sucedió allí”.

Una certeza que hay es la devastación ambiental, consecuencia de la actividad minera, también confirmada, por la vía de imágenes satelitales, en el informe de SOS Orinoco. La ONG estima en 400 el número de garimpeiros, solo en esa zona.

“En las imágenes satelitales se ve con mucha claridad la deforestación y el daño de los ríos, con los sedimentos disueltos en las aguas del Orinoco, que está turbio. Eso se ve muy claro allí”, añaden.

La otra particularidad de esta devastación es que, a diferencia de épocas anteriores, no está agazapada entre árboles. Por el contrario, ya se muestra a cielo abierto y sin resquemores.

“La evidencia es que hay un cambio en el patrón de la actividad minera: antes se cuidaban mucho de que no fuera visible, pero ha ocurrido un cambio. Lo que sospechamos es que, como ahora están de la mano de militares, no tienen temor a ser vistos. Todo esto ocurre en un área bajo régimen de administración especial (Abrae) y en una zona de seguridad fronteriza, donde se supone que solo tienen acceso los militares y en donde no están autorizados vuelos comerciales”. Allí actúan los garimpeiros, escondidos a plena vista.

La contaminación por el uso del mercurio en las nacientes del Orinoco para la extracción del oro es asunto diario, tanto como la multiplicación de pistas clandestinas de las que se sirve el crimen organizado para transportar el producto final de esta actividad minera ilícita.

Mientras no haya control por parte de las autoridades venezolanas, la devastación continuará. Al menos es lo que tienen previsto los garimpeiros, pues, como señala José Altino Machado, sigue habiendo mucho material de interés para ellos: “Hay casiterita [forma mineral del estaño], y tanto ouro como los diamantes de Venezuela son espectaculares”, se relame.

Su negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo, numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones Turquía-Venezuela, respectivamente.

Las empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales, mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros mercantiles de Estambul.

Ninguna de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.

El empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía. Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.

El oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a pesar de que Glenmore Solutions Limited había sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España, por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la Castellana elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y publicada el 7 de junio de 2016.

Tovar encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited, establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y Minerven.

El impotente motor minero

Los principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos fuertes.

Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.

El intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década. Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.  

El derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la captura de 28 más.

La carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario, su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario desembolso.

Según un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron 48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la compañía, declaró al diario regional La Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que se solían extraer al año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en Zulia”.

Meses antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al país.

Los que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación, capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10 años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales, gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas explotadas.

En un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se separó de su cargo.

Ríos fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera, sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.

El interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza Turquía sobre dos empresas en las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.

Hoy Las Cristinas es el reino de la anarquía, es un lugar que nunca duerme. Manda la ley del más fuerte. En sus entrañas hormiguean unos 30.000 mineros ilegales. Y siguen llegando a diario en autobuses y camiones. Muchos de ellos son extranjeros. Vienen de Brasil, Trinidad, República Dominicana, Perú, Guyana y Colombia. A todos, locales o foráneos, los une el sueño compartido de una riqueza súbita. Cuando menos, que es el caso más frecuente, obtienen lo suficiente para sobrevivir.

Tropas de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército custodian la mina y las instalaciones del campamento aledaño. Pero es poco más que un saludo a la bandera. Nada perturba a los buscadores de oro. El perímetro militar es como la frontera del laissez faire. De y hacia el exterior pasan camiones, motores, combustible, alimentos, bebidas alcohólicas. Al interior las cosas son de quienes las toman, casi siempre organizados en mafias. La valiosa nucleoteca, el archivo geológico donde se guardaba toda la memoria de exploración de Las Cristinas, es una ruina desvalijada.

La minería ilegal no tiene límites. Es un paroxismo colectivo que los precios del oro estimulan. Un kilo de oro ronda los 33.000 dólares americanos en el mercado internacional. Un equipo de mineros, por rudimentario que sea, puede extraer diariamente unos 10 o 20 gramos. Por algo se habla de la fiebre del oro.

“Si la tierra brilla, allí estaremos”, dice Felix Rodriguez, un minero con más de 20 años en la zona. “No nos importa pagar vacuna a quien sea”.

En los últimos dos años la población de El Callao, la puerta de entrada a la minería en el estado Bolívar, pasó a superar el promedio nacional de asesinatos. La voracidad se ha convertido en el gentilicio local. Para hacerle honor, los pobladores explotan con desenfreno el territorio. Coltán, madera y oro alimentan el delirio. Alrededor de cada explotación se congrega una cadena criminal para controlar los suministros.

El costo de la vida vale oro. No es una metáfora en Las Cristinas. En la zona se puede pagar 35 bolívares por litro de gasolina, 40 veces el precio oficial. En los abastos no se registra la escasez ya típica de las ciudades. Todo se consigue, pero los precios pueden ser tres o cuatro veces lo normal y hay hasta quien paga con gramas de oro.

La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y otros metales pesados que los mineros ilegales usan. El mercurio contamina también las fuentes de agua. Las aguas de ríos oscuros como el Cuyuní y Caroní arrastran el elemento que contamina y mata los peces, que a su vez constituyen la base de la dieta de los pueblos ribereños.

Los niños son explotados en las minas. Hay prostitución y maltrato infantil.

Bárbara es una muchacha de 19 años venida del estado Zulia, al otro extremo del país. Lleva viviendo los últimos cuatro meses en una residencia de chicas en los campamentos mineros. Cuenta que llegó a Las Cristinas con una amiga de su pueblo que tenía ya varios meses de campaña y regresó al terruño con mucho dinero. “En los pocos meses que tengo viviendo acá he ganado lo que tendría tras dos años trabajando en la tienda de donde me botaron".

Cada vez son más las historias de personas que son explotadas sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, en torno a los 15 o 17 años de edad, a las que trasladan de otras regiones del país –incluso desde Caracas– a este borde resplandeciente de la Gran Sabana. A menudo llegan engañadas con la promesa de un rentable trabajo como domésticas. Terminan acomodándose, por necesidad, en la prostitución.

Los réditos rápidos de la extracción del oro convierten a gente sencilla en el lobo del hombre. Sobre el terreno la vida es difícil. Pero las dificultades se soportan con el horizonte ilusorio de la riqueza. América Latina, y dentro de ella, Venezuela, tienen tradición blandiendo ese señuelo.

Para conocer esas dificultades se hizo este trabajo. Han sido varias semanas de investigación visitando los pueblos del sur de Venezuela donde se concentra la actividad minera ilegal: Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. Uno más complejo que el otro. Como la mayoría de la explotación minera es ilegal, la presencia de periodistas no es grata. Hace falta hacerse invisible ante las bandas delictivas que se pelean el territorio y las propias autoridades. Es incontable el dinero que está en juego.

Los mineros son gente como cualquiera, que solo busca sobrevivir. Pero tienen miedo. De las mafias, de los militares. Todo el mundo busca aprovecharse de ellos. Lo que extraes con el sudor de tu frente tienes que compartirlo con esos grupos, es una máxima que hay que seguir si se quiere vivir en las minas. Aquí no existe ningún tipo de organismo de defensa de los derechos humanos. Todo es explotación en este mundo que el resto del país se resiste en reconocer.