El aguacero anima a un pescador de 53 años a decir, guarecido bajo un frondoso árbol a escasos metros del río Orinoco, que las cabañuelas —un método ancestral para predecir el clima del año, extendido por la América hispana— se están cumpliendo. 

El hombre prefirió no salir a pescar hoy en el enorme río Orinoco, el más caudaloso de Venezuela y el tercero del mundo. La lluvia mantiene en sus casas a los poco más de 1.500 habitantes del pequeño poblado de Santa Catalina, estado Delta Amacuro, que se levanta a orillas del brazo más grande del dédalo fluvial por el que el llamado río padre fluye hacia el océano Atlántico. 

El hombre no quiere que cese la lluvia. No por el bien que esta puede hacer a las tierras endurecidas por la sequía o al ganado disperso en la isla Tórtola, vecina a la comunidad, sino porque —piensa— quizás el chaparrón, a veces llovizna, “disipe las malas energías” y calme un poco el ahora convulso lugar.

Las malas energías no siempre predominaron en la comarca. En 1897, James E. York, gerente de la empresa de origen estadounidense, Orinoco Iron Company, luego de un viaje a Santa Catalina, reportó que nunca había visto depósitos de hierro de tan alto grado como los del lugar, “ni siquiera en la cordillera de Mesaba en Minnesota”, según relata Luis Ugalde, teólogo y filósofo jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en sus estudios sobre los proyectos de colonización en los siglos XVIII y XIX de la Guayana venezolana, región selvática del país al sur del Orinoco. “La cualidad del mineral es muy superior al de España y África con los que entrará en competencia”, se entusiasmaba York en un artículo de ese año en el Venezuelan Herald, un diario de fines del s. XIX.

Se avizoraba, en la misma pieza periodística citada por Ugalde, un “futuro color de rosa” y “una prosperidad hasta ahora desconocida en el Territorio Delta”, una región agreste y casi inexpugnable, cruzada por decenas de caños. En línea con los pronósticos de York, el lugar de Santa Catalina, un poblado misional fundado en el s. XVIII, fue designado como el corazón de la nueva explotación, donde la compañía construiría su sede y un hotel de 23 habitaciones distribuidas en dos alas de dos pisos cada una. La colonia reunió a unas 200 personas y había planes para expandir su población mediante la oferta de transporte barato y tierra gratuita para quienes llegaran a explotar el balatá, una resina gomosa natural semejante al caucho, y otros recursos locales. Antes de los norteamericanos, los británicos se habían propuesto colonizar el sitio con emigrantes venidos principalmente de Irlanda y, todavía antes, los españoles miraron esta región como clave en la defensa estratégica frente a las incursiones extranjeras, siempre según recoge Ugalde. 

Aparte de esos buenos auspicios y promesas de futura prosperidad, hasta hace unas décadas Santa Catalina sumaba puntos para ser un paraíso. No solo por su ubicación privilegiada a orillas del Orinoco o por estar rodeada de una selva frondosa, sino también por su espectacular biodiversidad amazónica y su riqueza cultural aborigen. 

Pero las mutaciones que Santa Catalina experimentaría, no siempre atribuibles a las mieles de la modernidad, se desarrollaron en muchas direcciones, y muchas de ellas resultaron indeseables. Tanto, que jóvenes y adultos dicen ahora que a estos territorios ya no los visita nadie: ni autoridades municipales ni estadales, ni turistas, ni exploradores aventureros como York. Los únicos visitantes habituales, tanto en Santa Catalina como en las comunidades aguas arriba y abajo del Orinoco, son unos nuevos colonos: gentes de uniforme militar y dotadas con armas que se han presentado como exmiembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal vez disidentes, y que vienen incursionando por el territorio venezolano en dirección oeste-este desde la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016.

El viejo y el narcomar

Ha cesado la lluvia y el cielo se pinta de naranja. El ruido de una lancha a motor alerta a quienes están cerca del puerto de Santa Catalina. “Allí vienen”, comentan un par de jóvenes. A menos de dos metros de ellos, otro par de niños juegan y se sumergen en el agua. 

El bote, cuyo casco está adornado con franjas rojas y verdes, alcanza la orilla. Entonces, 14 hombres armados y uniformados desembarcan sin apuro. Otros cuatro, al menos, permanecen cerca de la lancha. Levantan lo que a primera vista parece solo un cajón, para descargarlo. Pero se trata de un ataúd con arabescos dorados. Otros cargan bolsas negras. Son flores. 

Es el cortejo fúnebre fluvial para el entierro de El viejo, un exlíder guerrillero, muerto en septiembre de 2024. O asesinado, como coinciden en precisar varios catalinenses, el gentilicio de Santa Catalina.

El aguacero no detiene los preparativos. En el cementerio, ya abrieron la fosa. A escasos metros del puerto, una decena de sujetos uniformados, con botas de goma y franelas con estampado de camuflaje, preparan sopa y carne en vara. Hay civiles junto a ellos. Un par de mujeres buscan a los más parroquianos que se encuentran alrededor de la Iglesia y les piden asistir al velorio para rezar un rosario.

A El viejo, el alias de Aldemar Suárez, lo empiezan a velar a las afueras de una cervecería, a escasos metros de la plaza Bolívar. Cada tanto rocían un spray alrededor del féretro, quizás para disipar malos olores. Su séquito, armado y con uniforme, rodea el ataúd. Están allí sus hijos: Juan o Güipa, el mayor; Daniel, que lo sustituyó en el mando; y Joandry, el menor, todos de origen colombiano. “La comunidad tiene que agradecer porque él murió por todos nosotros. Batalló toda su vida, primero en Colombia y luego en Venezuela por un ideal de libertad. Se identificó tanto con Venezuela que dio su vida por ella”, dice uno de ellos, trajeado de verde oliva, frente al féretro de Suárez, un hombre de 60 años descrito por quienes lo conocieron en vida como un hombre culto, carismático y humilde.

 Fue con la bandera de la libertad que llegaron a Santa Catalina —capital de la parroquia Rómulo Gallegos, municipio Casacoima, del estado Delta Amacuro— en 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 alcanzara el país. Lo primero que hicieron fue convocar a la comunidad para una asamblea, a la que asistieron unas 30 personas. “Decían que querían hacer vida aquí. Quien lideró esa vez se identificó como el comandante Camilo, tenía acento colombiano, y decía ‘qué bueno sería que cuando yo viniera me dijeran ‘Don Camilo, vamos a tomarnos un café’’. Pedían apoyo de la comunidad, nadie les dijo que no, pero tampoco que sí”, recuerda un catalinense de 61 años. 

—Ahorita tienen problemas de luz, tienen problemas de agua, todo eso lo podemos solucionar nosotros —siguió Camilo, tentando a su público.

“Todos nos quedamos viéndonos las caras”, recuerda el hombre, de piel morena y voz baja, sorprendido junto a sus vecinos por el conocimiento de los recién llegados sobre la zona porque, ciertamente, en Santa Catalina no hay agua ni electricidad desde hace más de una década.

—Sí, aunque no me quieran creer. Ustedes no se imaginan lo que pasa por el frente de sus narices. Si cobráramos por todo lo que pasa, ustedes tendrían tres y cuatro plantas eléctricas —recalcó el comandante.

A lo que se refería Don Camilo era el movimiento de drogas y, en menor medida, de minerales y otras mercancías, por el río Orinoco, la principal fuente de ingresos de los disidentes de las FARC.

Moverse por el río Orinoco para, de ese modo, controlar el tráfico de drogas y oro, no era un propósito gratuito. Varios eventos confirman el carácter estratégico de esta vía fluvial para las economías ilícitas y sus rutas caribeñas o trasatlánticas. A principios de marzo de 2023, por ejemplo, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, difundió noticias por la red X sobre la intervención, mediante operativos militares en el Delta del Orinoco, de un “campamento de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico” y sobre la incautación de un “submarino semisumergible” usado para el tráfico de drogas.

En diciembre de 2020, una fiscal del Ministerio Público en Delta Amacuro, Guerlys Hernández Urrieta, y su esposo, Jorge Luis Hernández, fueron detenidos por su presunta vinculación con el decomiso de 2.012 pastillas de la droga sintética conocida como éxtasis (Metilen-dioxi-metanfetamina) a bordo de una embarcación en aguas del Orinoco. “La cercanía de las costas del estado Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta entidad propicia para el narcotráfico. La droga llega hasta allí en cargas que suelen ser más pequeñas y viajan en embarcaciones de menor tamaño”, señalaba Transparencia Venezuela en un informe de 2024.

El tráfico ilícito de sustancias controladas explica gran parte de este fenómeno. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la nación insular de habla inglesa ubicada a apenas dos horas en lancha desde Delta Amacuro, realiza monitoreos esporádicos en la zona. También la Armada francesa, responsable de la vigilancia marina desde Cayena-Guayana Francesa, patrulla esas aguas del Atlántico. Sin embargo, sus esfuerzos resultan insuficientes. Además de las lanchas rápidas con potentes motores fuera de borda que transportan o recogen cargamentos que avionetas no identificadas lanzan al mar, los ya célebres semisumergibles artesanales que transportan cocaína por altamar también consiguen eludir a las autoridades.

Fuentes de inteligencia caribeñas indicaron para la presente cobertura que estas embarcaciones recorren la región para, luego, transferir la carga a buques pesqueros oceánicos y portacontenedores con destino a Europa y África Occidental. Un mecanismo que, según relatan, pasa inadvertido porque la mercancía termina por viajar en embarcaciones extranjeras, sin vínculos directos con Venezuela, pese a que provienen de esa nación, territorio caliente del narco, y de su ducto natural, el Orinoco.

El tránsito de cocaína hacia Venezuela suele comenzar en los países productores de la región andina, reseña el Informe 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). A partir de allí, se han identificado tres rutas para la distribución de la droga en el mercado internacional: la del Pacífico oriental, que se calcula representa 74 % del total; la del Caribe occidental (16 %), que parte de Colombia; y la del Caribe (8 %), que parte tanto de Colombia como de Venezuela. En esta última ruta se hace común el uso tanto de lanchas rápidas como de aeronaves para el transporte de drogas. 

La Unodc no identifica a Venezuela ni como país de origen ni de destino, sino como país de tránsito de la cocaína, a diferencia de la vecina Colombia, tenida por país de origen de envíos incautados de cocaína entre 2016 y 2020. Los principales destinos son Suramérica, el Caribe, Centroamérica y Europa Central.

Peaje armado y velatorio

El hombre oriundo de Santa Catalina dice que, después de aquella primera asamblea, “empezaron a venir de visita (...) desde que llegaron al pueblo dicen que vienen por orden del Gobierno”. En los primeros meses de su presencia, recuerda, la gente prefería no salir a la calle. Temían enfrentamientos de los recién llegados con el sindicato de Barrancas, otro grupo criminal con cabecillas venezolanos que controla el tráfico de drogas, mercancías y todo lo que se mueva por el paso del río entre Barrancas del Orinoco, sobre la ribera norte en el estado Monagas, y Piacoa, sobre la ribera sur en Delta Amacuro.

Al igual que Santa Catalina, Piacoa está en el municipio Casacoima, y también en una posición estratégica a la que se accede por tierra y por agua. Cuando en 1884 el entonces presidente venezolano, Antonio Guzmán Blanco, creó el Territorio Federal Delta, fueron estos dos poblados, además de Sacupana, los propuestos como capital regional, para concentrar allí las operaciones de la naciente Compañía Manoa, incorporada en Nueva York pero con derechos exclusivos para fundar una colonia en el Delta y explotar sus riquezas.

De Piacoa hacia el este, el control armado lo detentan los presuntos disidentes de las FARC, quienes en principio montaron su base en un sector conocido como Catalinita y, luego, en Mena. Ahora alcanzan el caño Amanoco, a unos 20 minutos de Santa Catalina, y tienen presencia en La Fe, una comunidad cercana a Piacoa. Se mueven, siempre con sus armas y uniformes, en embarcaciones de hasta dos motores. De hecho, en Santa Catalina ya los identifican de antemano por el ruido de sus lanchas. Antiguamente, cuenta un habitante, llegaban con el brazalete de las FARC puesto, pero últimamente no lo portan: “Creo que se han hecho más autónomos y disidentes. Se identifican con el jefe”.

Hasta septiembre de 2024, ese jefe era El viejo. Cuentan los lugareños que fue asesinado a traición por miembros de su propia facción. “Estaba en el campamento y le dijeron que iban a sustituirlo por otro. Disolvió el campamento y dio de baja a todos. De todas maneras, vinieron los que querían sustituirlo, lo engañaron y lo asesinaron a tiros para hacerse del control”, contó un lugareño. 

Entonces, coinciden los testimonios, los hijos del comandante regresaron a por lo suyo, se reagruparon, contraatacaron, cobraron venganza y retomaron el control del grupo. “Descubrieron dónde lo habían enterrado [a ‘El viejo’], entre La Fe y Piacoa, lo sacaron y lo trajeron para enterrarlo”, relató.

Los uniformados suelen llegar a Santa Catalina a buscar comida, tomar alcohol y rumbear en las noches. Pagan en dólares la mayoría de las veces, aunque en la comunidad también les aceptan bolívares, la moneda oficial de Venezuela. A partir de su llegada, reconocen los lugareños, cesaron los robos de ganado y gallinas. Aún así, esa mejora no fue suficiente para que la comunidad los dejara de rechazar, aunque no puedan hacerlo de frente. 

“La comunidad escucha y ya. No nos hemos atrevido a decirles que no, y a la vez es cierto que dentro de la comunidad hay quienes han establecido relaciones con ellos. En un momento empezaron a llevarse muchachos, a sondearlos, a ofrecerles pagos en dólares, celulares y hasta balones”, cuenta una ama de casa de 43 años. “Una tiene que aprender a saludar amablemente. ‘¿Cómo están? Buenas noches’. A veces se quedan callados o te pueden preguntar algo y luego te dan una pequeña charla: ‘Aquí estamos para proteger a la comunidad, no se preocupen, esto es territorio de paz’”.

Una de las preocupaciones de quienes habitan en Santa Catalina es que, precisamente, entre ellos no hay ni policías, ni Guardia Nacional ni vigilancia fluvial. La Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, promulgada en 2005 pero derogada apenas cinco años más tarde, en 2010, establecía en su artículo 104 que en Delta Amacuro, dadas sus características, se crearía un sistema integral de inteligencia, prevención y persecución contra el tráfico de drogas conformado por la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio Público, que constituiría una Fuerza de Tarea Especial para el control y vigilancia de los ríos y caños y, con ello, “evitar que el Delta, dada su vulnerabilidad, se convierta en una zona preferente para las actividades del tráfico de drogas y asiento de corrupción de la sociedad civil y las instituciones de ese estado fronterizo, incluyendo la protección del hábitat de los pueblos indígenas allí asentados”, según se leía en el documento. Pero la intención se quedó en la mera teoría.

En el pequeño edificio de locales comerciales, frente al velorio de El viejo, funcionaba hasta hace un par de años un comando de la Guardia Nacional. En los años 90, recuerdan los catalinenses, había un policía asignado. Uno. 

“Ahora no solo es que no hay ningún cuerpo policial, sino que no hay ninguna entidad del Estado ni para defensa de los niños, ni para protección de la mujer, no hay nada, por eso es que aquí habrá gallos y violencia contra los niños y las mujeres porque, ¿a dónde vas a reclamar? ¿Con qué lancha, con qué internet?”, lamenta un ama de casa de 50 años de edad.

La lista de carencias es extensa. No hay electricidad desde hace más de 10 años y quienes cuentan con corriente eléctrica la tienen solo gracias a generadores a gas o pequeños paneles solares. Tampoco hay agua por tuberías, pese a que la comunidad queda frente al caudaloso Orinoco y dispone de un tanque gigante que podría abastecer a toda Santa Catalina. Falta transporte público para traslados médicos de emergencia o para proveerse de insumos y alimentos. Decenas de casas quedaron abandonadas por la emigración. 

Hace poco más de un siglo, la comunidad “miraba al futuro”, como informaban las reseñas de época citadas por el padre Ugalde: la Orinoco Company, sucesora de la Compañía Manoa, instaló una planta de vapor para el procesamiento del balatá, avanzó en la construcción de una carretera que debía llegar hasta el municipio El Palmar del estado Bolívar, y la Minnesota Street, como se llamaba la vía principal del pueblo en los tiempos del plan colonizador del proyecto Manoa, conducía a los potenciales colonos a la sede de la empresa y al hotel. También, en ese tiempo, había policía.

34 amazonas en curiara al rescate

Cuando una joven estudiante de 16 años se fue con los guerrilleros una noche de finales de mayo de 2023 para no volver, sus familiares no hallaron un policía o guardia a quien pedir ayuda. Por eso, tuvieron que salir a buscarla a la mañana siguiente con apoyo de las mujeres de la comunidad. Una de ellas recuerda que le avisaron sin medias tintas que su ahijada “se fue con un pata’e goma”.

—¿Se la llevaron a la fuerza? —preguntó.

—No, se fue.

La estudiante se había ido voluntariamente con Juan, el mayor de los tres hijos de El viejo. Ambos se fueron a pie hasta el campamento de la guerrilla por un camino lleno de monte y empantanado. Su familia sostiene que Juan la enamoró por teléfono. 

La mañana después de la huida, las mujeres se organizaron. Se repartieron en las pocas calles del pueblo y fueron sumando a otras. “Había hombres, pero no veíamos conveniente que fueran. Pensamos que a nosotras no nos iban a hacer nada y que llevar hombres podía verse como una provocación”, cuenta una mujer, de 53 años de edad, que participó en la gesta. “‘Vamos, que no nos va a pasar nada’, les decía, y así fuimos 34 mujeres en una curiara [una embarcación de madera, ligera y alargada, por lo general escarbada de un solo tronco, propia de la Orinoquia y de la Amazonía] grandísima. Aparte de nosotras solo iban tres hombres: su papá, el motorista y un menor de edad que conocía la ruta”. En el trayecto, las mujeres lloraban.

El jefe con el que entonces tenían que hablar para traer de vuelta a la joven era el mismísimo El viejo, luego fallecido. La mujer recuerda que llegaron a la orilla y, mientras caminaban al campamento, notaron que había vigilancia por parte de unos uniformados que trataban de no ser vistos entre el monte. Frente a las mujeres, El viejo insistió en que la joven no había venido obligada. 

Las mujeres pidieron verla. Esperaron dos horas. La joven, vestida de civil, por fin apareció, acompañada o escoltada por dos mujeres. Se detuvo a 200 metros de las de Santa Catalina. No quería caminar más. No hablaba, no respondía a las preguntas. “Me armé de valor y pasé en medio de los hombres que tenían las armas cruzadas para impedirnos el paso. La agarré y la cargamos por los brazos. Ella se resistía, quería quedarse”. Cargaron con ella y la embarcaron.

En el trayecto de regreso a Santa Catalina, la estudiante quería lanzarse al río. Dos embarcaciones de la guerrilla las seguían, pero las mujeres apuraron la navegación y llegaron primero al pueblo. “Cuando llegamos había muchísima gente, subimos y la dejamos en su casa”. Tuvieron que sedarla para que la muchacha se tranquilizara.

Aprovechando la presencia de los guerrilleros en la comunidad, los pobladores convocaron de inmediato a una reunión; calculan que sería la tercera desde la llegada de aquellos a la zona. El colectivo de los nativos quería poner un alto al asentamiento de los guerrilleros. Esto no podía continuar.

Así fue como, el 23 de mayo de 2023, a las 11 de la mañana, la asamblea comenzó. “Nosotros no los queremos en Catalina”, se atrevieron por fin a decir a los guerrilleros. 

“Una de las mujeres los enfrentó y les dijo que, si querían reclutar niños, que fueran a Colombia, que allá ya estaban acostumbrados a eso, ‘respeten a nuestros niños, aquí hay leyes y ustedes les están violando sus derechos’”, recuerda un comerciante de 45 años. 

—Oramos mucho para que se vayan de la comunidad —insistió la mujer, según el relato del comerciante.

—Nosotros estamos aquí porque el gobierno nos lo ha permitido. No estamos acá de manera improvisada, estamos acá porque el gobierno quiere que estemos —respondió uno de los uniformados.

—No somos ni de colectivos ni de la guerrilla. No queremos agradecerles a ustedes, pero tampoco a ningún sindicato. El hecho de que ustedes estén acá nos pone en riesgo —intervino una habitante de Santa Catalina en el intercambio, quien, a pesar de ese lance de coraje, hoy admite que la situación la atemoriza, le ha quitado el sueño.

A tres metros del ataúd de El viejo, mientras una decena de mujeres rezan el rosario, unos niños corren, gritan y brincan; ninguno tiene más de 10 años de edad. En una esquina, los lugareños toman cervezas; en otra, juegan dominó. El funeral nutre el cotilleo del día. “Se está viendo como algo normal. Los niños crecen viendo esto. Los idolatran, los ven como una figura y eso es preocupante”, dice un pescador de la comunidad en relación a los guerrilleros.

—¿Son guardias, mami? ¿Son policías? —le preguntó una niña de ocho años a su mamá, una mujer de 45 años, al ver por primera vez a un grupo de hombres armados y uniformados en la antigua Minnesota Street.

—Son policías —le respondió en seco para no entrar en detalles sobre el porqué de la presencia de los sujetos, detalles que podían resultar inoportunos.

—¿Y si ellos nos matan, mami? Dios los va a castigar, ¿verdad? —insistió la niña, curiosa.

“Por eso queremos irnos. Por ella”, dice la madre de la niña, una mujer de 45 años. Lo dice ahora con sus ojos castaños empañados por las lágrimas, al repasar para esta cobertura las primeras aproximaciones de su hija con los uniformados. 

Está bien entrada la noche y todo indica que el entierro será el domingo próximo. Mujeres y hombres armados permanecen alrededor del ataúd. Los catalinenses se han ido a dormir, pero algunos contarán después que vieron interrumpido su sueño por disparos al aire, ocho al menos. Los nuevos colonos están marcando terreno en una región indómita y que, de acuerdo con los viejos colonizadores, parecía destinada por la naturaleza a ser la provincia más productiva de América.

Por consideraciones de seguridad, en esta historia se omiten los nombres de los reporteros y de las fuentes sobre el terreno.

De seguidas, el narrador pronuncia la acusación. “No fue ni Pedro, no fue ni Piticao, fue [sic] los guardias, los guardias. Fue los guardias”, dice, antes de mostrar lo que tiene en su mano izquierda: “Aquí están las balas. Yo conseguí la concha de la bala. Fueron la guardia los que los mataron, aquí en Chalbaud”.

El video, del 7 de agosto, fue una de las primeras muestras de lo que había ocurrido: cuatro hombres y una mujer habían sido asesinados en la mina Taboca, en el cerro Delgado Chalbaud, una de las cumbres de la Sierra Parima, sur de Venezuela, en el estado Amazonas, fronterizo con el estado brasileño de Roraima. En la base de ese cerro se encuentra, como lo estableció la célebre Expedición Franco-Venezolana en noviembre de 1951, el nacimiento del río Orinoco, el tercero más caudaloso del planeta y el más importante de Venezuela. Fueron los mismos expedicionarios, bajo el mando del mayor del Ejército Franz Rísquez Iribarren, quienes bautizaron esa prominencia orográfica con el nombre de otro militar, el general Carlos Delgado Chalbaud, presidente de Venezuela, quien había sido asesinado justo un año antes en Caracas. 

Pero en este incidente de agosto de 2022, en el mismo lugar convertido ahora en escena del crimen, eran militares los que surgían como presuntos villanos. Específicamente, fueron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los primeros señalados como responsables por algunos testigos, como el narrador del video, un indígena del pueblo yanomami (antes conocidos por los criollos como waikas o guajaribos).

La descripción oral del aborigen, apoyada en video, evidencia no solo lo cruento del hecho, sino que ventila también una situación reiterada y ya denunciada por diversas organizaciones no gubernamentales: la presencia de garimpeiros, mineros ilegales brasileños, en Venezuela.

“Aquí vemos cinco trabajadores. Cinco garimpos”, recrimina una vez más la voz, mientras la cámara enfoca los cadáveres de los brasileños Francisco Pereira, Raimundo Charles da Conceição Pereira, Dilviane Nunes da Silva, João Barbosa da Silva, y del venezolano Oswaldo José Figuera Suárez, las víctimas.

Garimpo, como dice el hombre del video, es la palabra portuguesa de origen brasileño para denominar las minas. Garimpeiro es quien trabaja en ellas. Los garimpeiros penetraron desde Brasil, por la vía de Roraima, en el sur del Amazonas venezolano, a mediados de los años 70 del siglo pasado. Experimentaron un auge entre finales de los 80 y comienzos de los 90, hasta que la política estatal de Venezuela redujo, por la vía armada, su presencia, principalmente en Amazonas y, en menor medida, en Bolívar. A partir de 1999, ya con Hugo Chávez en el poder, de manera gradual los garimpeiros se instalaron nuevamente en Venezuela, tal y como han venido denunciando las organizaciones ambientalistas.

Es lo que confirman, además, dos representantes de asociaciones de garimpeiros y un empresario brasileño de minas que accedieron a conversar, desde Brasil y por vía telefónica, con Armando.info para este trabajo.

“Un intercambio de represalias”

Los asesinatos estuvieron precedidos por dos operativos de fuerzas venezolanas y brasileñas en torno de regiones mineras. El primero, el 3 de agosto de 2022, fue un operativo conjunto del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio) y la Policía Federal. En un video al que tuvo acceso Armando.info, un grupo de mineros venezolanos señala que el operativo, en el que fueron destruidos motores utilizados en la extracción de oro, fue “una invasión al territorio venezolano”.

“Vinieron y acabaron con el campamento, nuestras pertenencias, nuestra comida, todo… nos dejaron sin nada, sin nuestras pertenencias. Fue en nuestro territorio venezolano: Ibama invadió nuestro territorio y acabó con nuestras cosas”, señala uno de los mineros, cuyo nombre se omite. Sin embargo, en reportes de prensa se precisa que la incursión se mantuvo en los límites brasileños. Para despejar dudas al respecto, Armando.info envió peticiones de información a  los departamentos de comunicaciones de Ibama, Policía Federal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil. Hasta el cierre de este trabajo no hubo respuestas. 

Si la incursión de las fuerzas brasileras en la serranía fue una violación a la soberanía, al día siguiente, 4 de agosto, el aterrizaje de emergencia de una aeronave monomotor de la GNB en Roraima, a pocos kilómetros de la frontera, completó el círculo de incursiones no autorizadas por las fuerzas de los dos países.

Hechos concatenados o no, lo que siguió menos de una semana después fueron los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud. Jailson Mesquita, vocero de la Asociación de Mineros Independientes de Roraima, se precipita a una conclusión: los asesinatos fueron una represalia de la GNB por el operativo de la Policía Federal.

“Como el órgano ambiental se fue del lado de Venezuela, destruyeron maquinaria, comida y han humillado a esos mineros. La guardia bolivariana dijo que si el órgano ambiental de Brasil viene aquí, nosotros vamos y matamos a los garimpeiros. Eso fue un intercambio de represalias”, afirma.

Mesquita asevera que la presencia garimpeira en Venezuela es una vieja realidad. Según su consideración, los garimpeiros que explotan el oro venezolano son parte de un intercambio, sin viso oficial, sin notarios y sin firmas, del que también se benefician los mineros venezolanos que trabajan en Roraima.

“Los garimpeiros no tienen ningún apoyo. El minero trabaja solo. El estado de Roraima ha recibido 130.000 venezolanos, y gran parte de ellos trabaja con la minería”, refiere.

Jailson Mesquita responde que en todo el territorio yanomami (entre Amazonas, en Venezuela, y Roraima, en Brasil), según las estimaciones de la asociación que dirige, hay alrededor de 23.000 garimpeiros. “No hay censo oficial, pero es lo que manejamos”, apunta.

En la misma tónica, Rodrigo Martins de Mello sostiene que la complicidad entre garimpeiros y los militares se establece como acuerdo tácito, con la anuencia de un tercer actor: la tribu yanomami. 

Martins de Mello se considera a sí mismo un garimpeiro, aunque económicamente ha crecido más que un minero común. Es dueño de una empresa de aviación llamada Cataratas y en los últimos meses ha tenido notoriedad mediática tanto por su candidatura a diputado federal por el Partido Liberal (el mismo del presidente del país, el militar de ultraderecha Jair Bolsonaro) como por una investigación que sobre él lleva adelante la Policía Federal por delitos ambientales y posesión ilegal de municiones. Se jacta, además, de tener “la única permissão de lavra garimpeira (permiso de minería) en el municipio Amajari (colindante con Bolívar y Amazonas), en Roraima”, al tiempo que niega los efectos devastadores de la actividad minera y el uso del mercurio y repite que la agricultura es “mucho más danosa”. 

“Esto es una información pública, não? Todos sabemos que hay brasileros trabajando del lado de Venezuela. Hay trabajadores allá que tienen el permiso de la Guardia para trabajar. La gente tiene que pagar un porcentaje a la Guardia para seguir trabajando del lado venezolano. Pero todos trabajan en armonía: los indios, la Guardia y los garimpeiros”, declara, mediante una llamada por WhatsApp.

Fuerzas Armadas de cooperación (necesaria)

José Altino Machado, fundador de la Unión Sindical de Mineros de la Amazonia Legal, discrepa de la versión de Mesquita sobre la actuación de la GNB en los asesinatos. Para él, todo fue un asalto, casi un hecho aislado, en el que no estuvieron involucrados los uniformados: estos, en realidad, han respetado el trabajo de los garimpeiros en Venezuela: “La convivencia con autoridades venezolanas es boa”.

“Creo que hay un interés en causar problemas entre Brasil y Venezuela, a partir de que dos agencias de Brasil [Ibama e Icmbio] cometieron un error cuando quemaron el campamento en el lado venezolano”, prosigue, por vía telefónica, en entrevista para Armando.info. “Pero no hay ninguna prueba de ello, ninguna”, sostiene, refutando la versión del indígena que mostró las balas de armas largas en el lugar de los asesinatos.

Machado refiere que los garimpeiros se han asentado en varias zonas entre Amazonas y Bolívar. En el primer caso, a lo largo de la Sierra Parima, especialmente en las cabeceras del río Orinoco, lugar de los asesinatos de agosto; en el segundo caso, en el municipio Sifontes, concretamente en las minas más próximas a la capital, Tumeremo.

La permisividad de las fuerzas militares nacionales (principalmente la GNB y el Ejército) con los garimpeiros, que Machado tilda de cooperación, tiene, según asegura, números beneficiosos para la economía venezolana: en el Banco Central de Venezuela (BCV) hay 165 toneladas de oro, “y más de 70% de eso fue garimpado por mineros brasileños en territorio venezolano”.

La cooperación entre uniformados y los garimpeiros, refiere, se ha profundizado a raíz de la llegada de Chávez al poder y, sin rubores, se ha acentuado con su predecesor, Nicolás Maduro.

“Antes [se refiere a los años previos a la presidencia de Chávez], con los intereses europeos y americanos, la distancia con el garimpeiro era mucha. [Pero] Venezuela ahora está controlada por la gente de origen del país, y cambió mucho el tratamiento con la gente sencilla, humilde. A partir de entonces tuvimos muchas reuniones con autoridades de Venezuela y ha habido muchos garimpeiros autorizados [a trabajar en Venezuela]. No hay incomodación de autoridades venezolanas con garimpeiros”, insiste.

Entre las autoridades venezolanas con las que se han reunido, Machado recuerda al mismo Chávez, con quien, asegura, la asociación de garimpeiros que dirige llegó a un “acuerdo de caballeros” a partir del cual “nunca más hubo incidente alguno. Fue muy gentil, muy gentil. Nunca más hemos tenido problemas con Venezuela. Ninguno, ninguno”. Tanto, que de acuerdo a las cifras que maneja, 35.000 garimpeiros se mueven libremente entre Amazonas, Roraima y Bolívar.

Devastación continuada

Antes del chavismo, la presencia de garimpeiros en Venezuela construyó una leyenda negra que también dejó consecuencias. La más notable fue la masacre de Haximú, estado Amazonas, entre junio y julio de 1993. Entonces, 16 yanomamis, incluyendo ocho niños, fueron asesinados por garimpeiros.  

“Como en Venezuela no hubo ni voluntad para investigar ni para proteger el territorio del pueblo yanomani, el caso fue presentado el 6 de diciembre de 1996 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch Américas”, recordó en un artículo de junio de 2020 Marino Alvarado, excoordinador general de Provea.

En diciembre de 1999, mediante un acuerdo amistoso, Venezuela aceptó el compromiso de “promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami”, citó Alvarado en el mismo artículo.

Pero al menos desde 2007, según otra organización no gubernamental, SOS Orinoco, entre otras asentadas en esos estados sureños, los garimpeiros están de vuelta en Venezuela.

En un informe de mayo de 2022, titulado “Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare: invasión garimpeira en auge con apoyo del gobierno venezolano”, la ONG, a partir de las denuncias de voceros indígenas yanomami de la zona, detalla cómo ha sido el regreso de los garimpeiros a Venezuela.

“En este sector se ha reportado la presencia de garimpeiros desde el año 2010, cuando varios líderes yanomami denunciaron el asesinato de nueve indígenas a manos de mineros brasileños en las comunidades de Ushishiwe y Momoi, en las cabeceras del río Ocamo. De acuerdo con los denunciantes, en el año 2007 había ocurrido algo similar, que fue notificado a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Ya en ese entonces los mineros tenían varios años actuando en la zona”, se precisa en el informe.

Los yanomami no son la única etnia afectada por la presencia garimpeira. “Ye’kwana y sanema tienen una presencia mayoritaria y territorialmente amplia. También están presentes, aunque en menor número y limitados a ciertas comunidades o centros poblados, los piaroa/wótüja, baré, baniva, kurripako, warekena y yeral/ñengatú, los cuales han habitado tradicionalmente dentro del territorio que abarca la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare”, amplía el documento.

En entrevista telefónica con Armando.info, voceros del equipo de SOS Orinoco recuerdan que en 2006, cuando el gobierno de Chávez expulsó al grupo evangélico fundamentalista Nuevas Tribus, las fuerzas armadas venezolanas diseñaron un plan de sustitución, con énfasis en los servicios de salud y educación. La presencia militar mantuvo a raya un tiempo a los garimpeiros. Hasta que la complicidad fue patente.

“Con Maduro lo que vemos es otra cosa que nunca antes se había visto, que es la forma en que los militares se involucraron con la minería. Hay una complicidad, no solo de dejarlos entrar en Venezuela, sino que participan en el negocio minero. Por ejemplo, en el cerro Delgado Chalbaud, en los campamentos de garimpeiros está presente la Guardia Nacional. Y quienes prestan servicios de seguridad no son garimpeiros sino la Guardia Nacional misma, que vigila y también recibe el oro que les corresponde”, sostienen.

Esta información, la de la presencia de los militares en los campamentos garimpeiros, la corrobora desde Brasil el dirigente José Altino Machado, aunque lo que admite lo matiza agregando que “son muy pocos, sobre todo pensionados del Ejército, que trabajan en las minas”.

Los representantes de SOS Orinoco exponen un probable conflicto entre militares y garimpeiros como hipótesis (y recalcan: hipótesis) de los asesinatos en el cerro Delgado Chalbaud 

“Todos los meses, los garimpeiros tienen que entregar una cuota del oro. Por equis razón, no pudieron cumplir ese mes y por eso comienzan las disputas por la cantidad de oro. Ese video que fue grabado por el yanomami muestra una concha de fusil. Son municiones de armas militares. También está la forma en que los mataron, con disparos en la cabeza. Pero realmente no podemos tener total seguridad de lo que sucedió allí”.

Una certeza que hay es la devastación ambiental, consecuencia de la actividad minera, también confirmada, por la vía de imágenes satelitales, en el informe de SOS Orinoco. La ONG estima en 400 el número de garimpeiros, solo en esa zona.

“En las imágenes satelitales se ve con mucha claridad la deforestación y el daño de los ríos, con los sedimentos disueltos en las aguas del Orinoco, que está turbio. Eso se ve muy claro allí”, añaden.

La otra particularidad de esta devastación es que, a diferencia de épocas anteriores, no está agazapada entre árboles. Por el contrario, ya se muestra a cielo abierto y sin resquemores.

“La evidencia es que hay un cambio en el patrón de la actividad minera: antes se cuidaban mucho de que no fuera visible, pero ha ocurrido un cambio. Lo que sospechamos es que, como ahora están de la mano de militares, no tienen temor a ser vistos. Todo esto ocurre en un área bajo régimen de administración especial (Abrae) y en una zona de seguridad fronteriza, donde se supone que solo tienen acceso los militares y en donde no están autorizados vuelos comerciales”. Allí actúan los garimpeiros, escondidos a plena vista.

La contaminación por el uso del mercurio en las nacientes del Orinoco para la extracción del oro es asunto diario, tanto como la multiplicación de pistas clandestinas de las que se sirve el crimen organizado para transportar el producto final de esta actividad minera ilícita.

Mientras no haya control por parte de las autoridades venezolanas, la devastación continuará. Al menos es lo que tienen previsto los garimpeiros, pues, como señala José Altino Machado, sigue habiendo mucho material de interés para ellos: “Hay casiterita [forma mineral del estaño], y tanto ouro como los diamantes de Venezuela son espectaculares”, se relame.