Documentos provenientes del proyecto colaborativo de Open Lux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– permiten ahora conocer que el empresario venezolano se valió de, al menos, dos empresas offshore para incursionar en el negocio de inmuebles de lujo y comprar un edificio completo en Madrid, así como un suntuoso penthouse de dos plantas, con piscina incluida, en una de las zonas más caras y exclusivas del sur de Florida, Estados Unidos.  

Precisamente en el edificio comprado por Sultán Cohén en 2014, en la capital española, fueron embargados apartamentos por una investigación en contra del exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos, por el uso de fondos, presuntamente provenientes de lavado de dinero, para la compra de pisos de lujo en España, de acuerdo con lo reseñado por la prensa de ese país. Además, Elecnor, la constructora de origen vasco escogida por quienes representaban al empresario venezolano en España para la remodelación del edificio, fue acusada de pagar presuntos sobornos a Villalobos, disfrazados de “asesorías”, para obtener millonarios contratos en Venezuela entre 2010 y 2012. 

Sultán incursionó en el negocio de las viviendas de lujo luego de un accidentado recorrido en la industria naviera en Venezuela. En 2009, una de sus empresas insignia, Braperca, C.A., fue ocupada y luego integrada a la nueva estatal, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), encargada de gestionar y administrar las operaciones portuarias. Era la culminación de la decisión de Hugo Chávez, expresada por un decreto presidencial del 24 de marzo de ese año, de acabar con todas las administraciones privadas en los puertos. 

Poco antes de eso, en mayo de 2007, entre los directivos de Braperca se encontraba Hamud Khalil Massub, a quien los registros ubican como residente de Carabobo. Khalil Massub no solo comparte uno de sus apellidos con Majed Khalil Majzoub, sino que figura como directivo junto a este de la empresa Petroltec Fluidos De Venezuela, C.A, dedicada a la comercialización de fluidos para la perforación de pozos petroleros.

Tanto Majed como su hermano Khaled Khalil Majzoub son empresarios que obtuvieron importantes contratos desde los inicios del chavismo, favor que mantienen hasta hoy con su participación, bajo la figura de alianza estratégica, en empresas públicas como la también expropiada Lácteos Los Andes, por ejemplo.

Sultán, por su parte, no se queda atrás en este tipo de contactos. En julio de 2011, la revista Semana de Bogotá, durante la publicación de los llamados Wikileaks de Venezuela en proyecto conjunto con Armando.info, reprodujo el contenido de un cable interno del Departamento de Estado donde la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaba que un empresario del negocio portuario había revelado que Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda y actual número dos del chavismo, era el “verdadero dueño” de Braperca, la compañía que, en papeles, Sultán detentó hasta su expropiación.

A la postre, Cabello fue sancionado en mayo de 2018 por Estados Unidos bajo acusaciones de que estaba involucrado en “lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas”, imputaciones que el político niega.

Tras el revés momentáneo en los almacenes portuarios, Sultán continuó con sus empresas de transporte de carga marítima y siguió haciendo negocios en Europa, Panamá y Estados Unidos. Su expansión posterior no fue solo geográfica. También amplió el abanico de sus negocios al sector high end de los bienes raíces, un negocio en el que muchos capitales venezolanos se colaron. 

Buscando gangas en Madrid

Cuando Sultán fue defenestrado de Puerto Cabello, corrían tiempos duros para la economía europea y del mundo. Todavía se sentían los coletazos de la burbuja de las hipotecas subprime de 2008. Las ondas expansivas de la recesión recorrían el planeta y en el frente de choque estaba el sistema financiero global. Gigantes de la banca se derrumbaban o se veían obligados a acudir a los expedientes de los subsidios estatales y de la fusión con pares.

Esta situación llevó al gobierno español en 2012, en conjunto con las autoridades de la Unión Europea, a crear la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una institución con capital 54,1% privado (de bancos y aseguradoras) y 45,9% público (del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que nació con el objetivo de recapitalizar a la banca y ayudarla a lidiar con sus activos tóxicos y deudores insolventes.

La página web de este organismo precisa que la sociedad compró, entre 2012 y 2013, un paquete de 198.211 “activos problemáticos” valorados en 50.781 millones de euros, que incluía 90.765 préstamos y créditos (77,7% de la inversión) y 107.446 inmuebles (22,3%). La idea era que el fondo sacara el máximo rendimiento a estos activos, para luego pagar a los bancos intervenidos por el FROB a través de bonos avalados por el Tesoro Público español que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones financieras que participaron en este mecanismo fueron BFA-Bankia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, BMN, Caja3, CEISS y Liberbank.

Precisamente este último banco, Liberbank, vendió uno de sus activos a la Sareb: el edificio del número 48 de la calle José Abascal, ubicado en el exclusivo distrito Chamberí-Almagro, a tan solo 200 metros del Paseo de la Castellana de Madrid, luego de que el inmueble fuera embargado por el banco Castilla-La Mancha S.A, institución que fue absorbida por Liberbank, por falta de pago de un crédito hipotecario solicitado por el dueño anterior, la empresa Indegesu S.L.

Entonces entró en escena Sultán Cohén. Aprovechó la oportunidad que ofrecía la gran liquidación de inmuebles, bajo supervisión del Estado español, por incumplimientos hipotecarios. Pasó la due diligence (el proceso de búsqueda de información sobre una persona o corporación previa a la realización de negociaciones) del estatal Banco de España, la institución financiera que cumple funciones de banco central en ese país, y compró el edificio por 26,5 millones de euros el 24 de abril de 2014. Una verdadera ganga para como terminaron siendo los precios del metro cuadrado de construcción en la zona. 

Para hacer esta compra, Sultán Cohén se valió de una empresa llamada Fimis Holding S.à r.l., una offshore constituida en Luxemburgo apenas diez días antes de la transacción. Pero quien dio la cara para la compra del edificio fue, a los efectos jurídicos, una empresa española de nombre Basgaron Spain SL, creada dos meses antes de la venta, que tiene por objeto “la actividad inmobiliaria, la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación” en este sector. De acuerdo con documentos obtenidos por Armando.info, esta compañía figura como la propietaria del inmueble. 

Con este esquema, el nombre del venezolano logró pasar fuera del radar, a lo sumo nombrado como un “inversor extranjero” en algunos medios españoles. La discreción suele ser una marca en las actuaciones del magnate venezolano. No en balde, en un reportaje reciente de Armando.info se reveló que fue uno de los clientes que entre 2016 y 2020 precisaron de los servicios de Eliminalia, una empresa española de lavado de reputación en Internet. 

Los balances financieros de Fimis Holding demuestran la conexión de esta empresa con Basgaron Spain SL. Wntre los años 2014 y 2018, realizó un pago anual de alrededor de cuatro millones de euros, descrito con el rubro de “activo financiero fijo”, a Basgaron. El accionista de esta empresa es otra offshore de nombre Ibericlake Holdings Limited, una compañía inscrita en las Islas Caimán que aparece en otras empresas asociadas a Sultán Cohén.

Basgaron, constituida el 27 de febrero de 2014, apenas unas semanas antes que Fimis, también ejerció como “promotora” de la obra. Es decir, se encargó de gestionar los permisos ante el ayuntamiento, de arreglar el contrato con la constructora, contratar a las consultoras encargadas de comercializar los inmuebles, entre otras gestiones. Armando.info envió una solicitud de información a la Sareb el 16 de agosto, para obtener más detalles sobre esta compra, pero hasta la fecha de publicación del presente reportaje la institución no había dado respuesta. 

Las conexiones suizas

Luego de la compra del edificio en Madrid en 2014, Basgaron decidió cambiar el proyecto original de las obras y redujo la cantidad de apartamentos a la mitad, para hacer viviendas de lujo. 

La empresa escogió a la trasnacional vasca Elecnor, y a su filial Área 3 (dedicada a las actividades de de “interiorismo, diseño y equipamiento”), para las obras de remodelación del edificio que culminaron en 2016 y que tuvieron un costo de 3,5 millones de euros, de acuerdo con la página 18 del dossier de proyectos ejecutados por esa empresa. 

El grupo Elecnor es una compañía dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras como la construcción de la Central Eléctrica Juan Manuel Valdez de 350 MW, en Güiria, en el oriental estado Sucre, con un costo de 709 millones de euros, o la red de transmisión eléctrica Red Termocentro, ubicada en el estado Miranda, centro norte de Venezuela, a un costo de 159 millones de euros.

Elecnor también fue relacionada al pago de presuntos sobornos al exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, uno de los principales acusados por parte de las autoridades de Andorra de estar involucrado en un esquema de pagos irregulares que superaron los 2.000 millones de euros a través de la banca de ese país. Fue arrestado en Madrid en 2017, acusado de blanqueo de capitales también en Estados Unidos, España y Venezuela. Actualmente está en libertad, pero enfrenta procesos judiciales en España por estas acusaciones y solicitudes de extradición.

El diario El País de Madrid publicó documentos que indican que la compañía vasca abonó 11,5 millones de euros a Villalobos por supuestas “asesorías” entre los años 2010 y 2012. El pago fue vinculado con la participación que consiguió Elecnor en la construcción de una termoeléctrica en Cumaná, capital del estado Sucre, por 1.420 millones de euros. También según el mismo medio, Elecnor pagó comisiones a Villalobos por negocios en otros países. 

Luego de que Elecnor culminó las obras de remodelación en 2016, el edificio de José Abascal 48 fue presentado en julio de ese año como una opción de viviendas de lujo, con zonas comunes entre las que se encontraban un gimnasio, zona de aguas, jacuzzi, sauna y baño turco, así como un estacionamiento robotizado con capacidad para más de 200 puestos. Los costos de las viviendas oscilaban entre los 600.000 euros y los cuatro millones de euros. Los principales clientes potenciales para este inmueble que, como se asombraba el diario El Confidencial de Madrid, “fue víctima de la crisis inmobiliaria y ahora se ha convertido en el primer edificio de viviendas de superlujo”, eran, precisamente, los venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas como los mexicanos y los colombianos.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nulas” las licencias municipales concedidas por el ayuntamiento de esa ciudad para la realización de las obras por violar la “edificabilidad” permitida en esos terrenos en 790,46 metros cuadrados y ordenó a la institución municipal demoler parte de la construcción, para que esta se adapte a los límites permitidos. Esta sentencia todavía está pendiente de ejecución.

Por si fuera poco, en 2018, cuando se hizo pública en la prensa española la investigación adelantada por dos jueces de ese país en torno a una veintena de venezolanos “que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero” presuntamente desviado de Pdvsa, salió a relucir que Nervis Villalobos, a través de la sociedad Columbus Properties One, era dueño de “24 pisos en los céntricos barrios de Salamanca y Chamberí de la capital española”, entre ellos, un apartamento embargado en “la calle José Abascal 48”. El esquema usado por Villalobos y sus socios para esconder sus nombres fue muy parecido al empleado por Sultán Cohén para comprar el edificio. Para la adquisición no se usó el nombre de los propietarios sino que se constituían sociedades “SL” y los pagos se hicieron con fondos provenientes de cuentas en el extranjero.

Los documentos de Fimis Holding también indican que esta empresa tenía participaciones en Esther Maritime LTD y Simaee SA. La primera compañía está dedicada al comercio marítimo a través del transporte de contenedores y fue inscrita en Malta, una nación insular en el Mediterráneo oriental con características de paraíso fiscal. La segunda tiene como objeto social prestar servicios de administración, contabilidad y análisis financiero y su sede está en Ginebra, Suiza.

Una fuente que conoce el sector inmobiliario de España, y que solicitó no ser identificada, indicó que Sultán Cohén tiene “buenas conexiones” en Suiza y que sus intereses e inversiones han sido representados directamente por Thierry Sauvaire, director ejecutivo de Eurocement Holding AG, empresa con sede también en Ginebra. Esta corporación es la apoderada legal y la asesora financiera del grupo Eurocement, el mayor productor de cemento de Rusia, que cuenta con 19 plantas en ese país, además de Ucrania y Uzbekistán.

La directora de finanzas de Eurocement Holding AG, la contadora Jessie Agostinelli, también figuró como integrante de la junta directiva de Basgaron, la subsidiaria de Fimis Holding que compró el edificio de José Abascal 48 en Madrid. Armando.info envió solicitudes de información al correo electrónico de Eurocement Holding el 16 y el 17 de agosto, desde dos correos distintos; sin embargo, ambos envíos fueron rechazados por el sistema de correo.

Andrea Agostinelli, el esposo de Jessie Agostinelli, fue nombrado como directivo de Fimis Holding en febrero de 2015 y fue renovado en este cargo, al menos, hasta diciembre de 2020. También fue director de Esther Maritime LTD, y Simaee SA, las otras dos subsidiarias de Fimis Holding que aparecen en los documentos de la filtración de Open Lux. 

Andrea Agostinelli viene del mismo sector que Sultán Cohén, pues trabajó hasta 2014 para una de las compañías de carga marítima más grandes del mundo: Mediterranean Shipping Company, en donde laboró durante 26 años y se desempeñó como vicepresidente para la región de Latinoamérica por la misma fecha en que Sultán Cohén operaba su negocio naviero. Esta compañía, de origen italiano, tiene su sede en Ginebra.

Una mansión en el cielo

Sultán Cohén aparece en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como adscrito a la nómina de la empresa Total Maritime Corp., filial en Venezuela de la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, una de las dos gigantes globales -junto a la danesa Maersk- en el transporte marítimo de contenedores. Allí aparece junto al ingeniero venezolano Ángel Fidalgo de la Vega. No será el único registro donde coincidan. Fidalgo ha registrado 17 compañías en Estados Unidos y, al menos, nueve de ellas tienen alguna relación con Sultán Cohén. 

Fidalgo también aparece relacionado con otras personas del círculo cercano del empresario portuario. María Alejandra Osechas López, quien figura como directora suplente en los documentos de Braperca en Venezuela como esposa de Sultán, compró un lujoso apartamento en las residencias de One Bal Harbour por siete millones de dólares el 11 de marzo de 2019. En el registro de venta de este apartamento en Miami-Dade, Osechas señala que ahora es una mujer soltera. El vendedor de este apartamento, que Sultán Cohén ponía como dirección personal en otras empresas de Estados Unidos, fue una compañía de Florida de nombre Bal 2008, LLC, cuyo director es Ángel Fidalgo, quien firmó el traspaso del apartamento a Osechas.

Hay indicios de que esta es la modalidad escogida por Sultán Cohén para continuar con sus inversiones en inmuebles de lujo en Estados Unidos, usando, esta vez, el nombre de su socio Ángel Fidalgo, y el de otra offshore, como tapadera. Este fue el caso de la compra de un penthouse de dos plantas por 25,5 millones de dólares por la empresa UPH01S LLC el 21 de febrero de 2017, en las exclusivas residencias del edificio Oceana Bal Harbour, erigido por Consultatio Real Estate, constructora de apartamentos lujosos perteneciente al empresario argentino Eduardo Constantini.

El espectacular apartamento de 2.800 metros cuadrados, bautizado como una “mansión en el cielo” por páginas especializadas en bienes raíces, fue el segundo más caro vendido en Florida ese año. Cuenta con una terraza techada, una piscina propia y un spa. Como único directivo de la empresa que compró el apartamento, para la fecha de la venta, figuraba Ibericlake Holdings Limited, la misma offshore que posee las acciones de Fimis Holding en Luxemburgo. Fidalgo, el inseparable socio de Sultán, se unió a la directiva de esta empresa en julio de 2020.

Las compañías presididas por Fidalgo compraron, al menos, otros cinco apartamentos de lujo en Florida, todos en la avenida Collins, la turística arteria que viene desde Miami Beach y sigue al norte, atravesando Bal Harbour y otras secciones playeras, como la ahora tristemente célebre Surfside.

El pasado 10 de agosto Armando.info fue hasta la sede de Total Maritime Corp, ubicada en un piso de la torre Credicard en el municipio Chacao, al este de Caracas, con la intención de dejar un cuestionario dirigido a Sultán Cohén y Fidalgo, pero este no fue recibido en la recepción, sin que mediara explicación alguna. Ese mismo día, el reportero envió el cuestionario a través de los correos electrónicos de la compañía, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido ninguna respuesta.

El precio del resto de los cinco apartamentos comprados por las empresas de Fidalgo, que oscila entre 2,6 y 5,7 millones de dólares, sirve como un indicio de que las compras de este cercano socio de Sultán Cohén apuntan a las inversiones en viviendas de lujo. Los siete apartamentos en los que aparece el nombre de Fidalgo –incluyendo el de María Alejandra Osechas, que Sultán Cohén apuntaba como su dirección personal con anterioridad- suman un total de 55,4 millones de dólares y fueron adquiridos entre 2012 y 2020.

Armando.info envió una solicitud de información de estas operaciones a la firma de abogados R&S International Law Group, LLP, que figura como agente registrador de las empresas. El socio del bufete, Marco E. Rojas, indicó que las regulaciones legales de Florida le impiden dar información sobre sus clientes. Explicó que tras la solicitud de este medio hicieron un nuevo proceso de due diligence, a través de sus bases de datos, y que encontraron que “no sale ninguna información negativa” sobre Sultán Cohén.  

El regreso a Puerto Cabello

Además de Venezuela y Estados Unidos, los vínculos de Sultán Cohén y Fidalgo, egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se extienden a otras latitudes. Forma parte de la junta directiva con Andrés Sultán Osechas, hijo de Sultán Cohén, en dos empresas panameñas: AFS Services Marine, S.A y EAE Logistics S.A, dedicadas al traslado de carga y el comercio marítimo.

Las compañías de comercio marítimo de Sultán Cohén siguen en pleno funcionamiento en diversas regiones. Este es el caso de Atlantic Feeder Services, S.A. en Panamá (abreviada AFS, como la que dirige su hijo), en donde figura su nombre junto al de Juan José Iturbe Rodríguez. Hay dos empresas con nombres similares en Estados Unidos: Atlantic Feeder Services (USA), LLC, inscrita el 23 de enero de 2013 y Atlantic Feeder Services, S.A. Corp, registrada como compañía extranjera en el estado de Florida el 4 de noviembre de 2020. En su página web, la sociedad panameña señala que tiene una asociación con una compañía naviera mediterránea para proveer servicios a las compañías de envíos marítimos más grandes de la región del Caribe.

Esta empresa tiene como dirección en Venezuela una oficina ubicada en el casco central de Puerto Cabello que pertenece a Mundo Mar Agencia Marítima, S.A. En Venezuela el nombre de esta empresa panameña es Agencia Marítima Mundo Mar C.A., y tiene como objeto exclusivo el comercio marítimo. Durante esta investigación Armando.info encontró que el empresario venezolano ha creado más de 20 empresas, en distintas partes del mundo, en los últimos 20 años. 

En febrero de 2017, tras casi ocho años de la estatización de los puertos venezolanos, la autodenominada Revolución Bolivariana, ahora presidida por Nicolás Maduro, reactivó el Sistema de Registro de Operadores Portuarios (SROP) para las empresas privadas que prestan servicios en los puertos y empezó a establecer tarifas en dólares para la inscripción de las compañías. Fue la oficialización de las llamadas “alianzas estratégicas”, una figura que está usando el chavismo desde hace unos años para abrir la puerta a que empresarios de su círculo cercano le ayuden a rescatar industrias que fueron quebradas por la administración estatal. 

En una nota publicada en la web de Bolipuertos el 28 de noviembre de 2018, este ente indicó que se encontraba realizando una inspección de las maquinarias y equipos en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y se señala que entre las empresas inspeccionadas estuvo la Agencia Maritima Mundo Mar C.A. En agosto de ese año se informa sobre otra alianza estratégica entre la empresa estatal y Cosco Logictics, la filial de la empresa china de transporte marítimo de mismo nombre cuyo representante en Venezuela es Carlos Hostos, quien fue accionista de Braperca, la empresa de Sultán Cohén ocupada en 2009.

Estas noticias en el portal de Bolipuertos dan cuenta del fracaso de esta institución en la administración de los puertos venezolanos, a cuyos muelles regresaron algunos de los empresarios perjudicados en los tiempos de las confiscaciones de Chávez. Sultán, que vivió un ascenso que contrasta con el estado de los almacenes que administró a inicios del chavismo, sigue operando en estas instalaciones y un empresario del sector, que prefiere el anonimato, no descarta su regreso, o el de sus antiguos socios, a través de concesiones, a los mismos almacenes de los que fueron expulsados.

El conflicto más enconado que desde entonces le ha tocado a la familia larense de origen español no ha sido con la autodenominada Revolución Bolivariana, por sorprendente que parezca. Su némesis es un magnate gallego nacido en Venezuela, José Antonio Castro Sousa, dueño de la cadena hotelera internacional Hesperia, cuyo nombre se ha hecho habitual en la lista de los más ricos de España, con un patrimonio calculado hace pocos meses en unos 280 millones de euros. 

Ese año de 2011, apenas por unos meses, uno de los miembros más jóvenes del grupo barquisimetano, Marcelino Bellosta Varady, mantuvo una alianza frustrada con Castro Sousa para adquirir una entidad financiera catalana, Bankpyme, cargada entonces de tribulaciones que amenazaban con quebrarla. A pesar de su corta duración, las consecuencias de esa alianza -y de una línea de crédito por 26 millones de euros que los Bellosta pusieron como prenda- se prolongan hasta ahora. 

Bellosta Varady es el titular de una demanda que, tras un complejo recorrido judicial, tiene hoy a Castro Sousa a las puertas de la cárcel.

Pero los Bellosta, cuya segunda generación, la que estuvo más ligada con Casa Propia, conforman Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta Pallares, padre éste de Marcelino Bellosta Varady, uno de los protagonistas del conflicto aquí narrado, y Castro Sousa no cruzan sus historias únicamente en este litigio, sino también en un interés común por Luxemburgo, uno de los países más pequeños de Europa y, al unísono, escondrijo de algunas de las fortunas más grandes del mundo.

En ese ducado, de 2.586 kilómetros cuadrados y 630.000 habitantes, un paraíso fiscal que ofrece en el corazón de Europa la posibilidad de registrar empresas anónimas sin detallar titularidades y con escasa carga tributaria, las firmas de Bellosta Varady y de Castro Sousa se encuentran en los documentos de dos empresas registradas a sus nombres: Kota Investments, del primero, y Kumna, del segundo.

Ya antes, los Bellosta de la segunda generación se habían aventurado en países catalogados como paraísos fiscales, tal y como se corrobora en los Offshore Leaks, informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En esa base de datos aparece Solidus Investments Corporation, registrada en Barbados y en la que están asociados Carlos Marcelino, Carlos y José Bellosta Pallares.

Aunque Luxemburgo, presionado por la Unión Europea, accedió a hacer pública la información de su registro mercantil, la difundió con algunas cortapisas técnicas. Sin embargo, personal del diario Le Monde de París bajó todos los archivos de esa base de datos para dar lugar a la serie Open Lux, coordinada globalmente por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), una serie a la que Armando.info se ha unido dejando al descubierto las aristas venezolanas de los papeles de Luxemburgo.

Puerta que se cierra en Venezuela, ventana que se abre afuera

El expediente mercantil de Kota Investments en Luxemburgo resulta particularmente revelador para el pleito judicial en España por Bankpyme. Pues Kota fue la persona jurídica con la que los Bellosta, a través de Marcelino, se sumaron al intento de adquisición, punto de partida para la demanda todavía en curso.  

Para Castro Sousa el ducado tampoco es desconocido. Los papeles de Luxemburgo revelan que también está al frente de una sociedad de responsabilidad limitada, la antes mencionada Kumna, empresa inmobiliaria  fundada en 2001.

En febrero de 2015, con el litigio andando desde hacía cuatro años, Castro Sousa pisó fuertemente en Luxemburgo, cuando Kumna y Hepestel, S.L., inmobiliaria con sede en Barcelona de la que es representante, firmaron un contrato de préstamo por 3.000.000 de euros. Dos años después, en abril de 2017, con el litigio continuado, ambas empresas celebraron otro contrato de préstamo por más de 10 millones de euros.

Regresando a los Bellosta, la carrera bancaria de la familia empezó en 1963. Ese año se fundó, bajo la figura de asociación civil, Casa Propia en Barquisimeto, capital del estado Lara.

Por 47 años la suya pasó por una historia de crecimiento y prosperidad. En 2009 los Bellosta trataron de comprar la operación en Venezuela del Stanford Bank, tocada bajo la línea de flotación por el escándalo de Allen Stanford. Casa Propia llegó a tener más de 40 oficinas. Hasta que el dedo confiscador de Chávez le apuntó. 

En enero de 2011, luego de algunas semanas de intervención, finalmente se anunció la expropiación de la entidad y meses después, como consta en la Gaceta Oficial 39.713, del 14 de julio de ese año, su liquidación. Era el decimocuarto banco que Chávez intervenía y expropiaba desde la minicrisis financiera de 2009. 

Para la intervención, el gobierno de Chávez tomó como pretexto la suspensión por parte de Casa Propia de las operaciones de pagos de cheques. El entonces presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Juan Carlos Escotet, explicó que la entidad había incurrido también en la práctica de los denominados autopréstamos. “Aparentemente hay un muy lamentable ejemplo de malas prácticas bancarias, incluso involucrado con el sector inmobiliario”, dijo Escotet en ese momento.

El revés tuvo una compensación económica para los Bellosta, al menos según deja ver lo puesto sobre el papel de la Gaceta Oficial. Además, la oportunidad de esa expropiación coincide con el comienzo de las negociaciones por el banco español que luego quisieron comprar y por el que, a juzgar por los documentos de Open Lux, pagaron de más.

El blanco era el catalán Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme S.A.), fundado en 1978 por Josep Jané Solà. En 2009, debido a la crisis financiera mundial y a la intervención por parte de la Dirección General de Seguros, sus accionistas estuvieron obligados a buscar una recapitalización. Ante la pérdida de 28 millones de euros y el fracaso del plan de recapitalización, lo pusieron en venta.

En ese momento, Castro Sousa quiso pisar fuerte en el negocio bancario y compró un 18 por ciento inicial de las acciones de Bankpyme. Este movimiento amplió el capital del banco a 18,5 millones de euros. 

Pero el objetivo era llegar a los 30 millones de euros, y en ese punto fue donde la familia Bellosta entró en la película con Kota Investments, constituida, de acuerdo con lo que reflejan los registros mercantiles que desveló Open Lux, el 7 de diciembre de 2010, cuando en Venezuela estaba en marcha la intervención y posterior confiscación de Casa Propia.

El Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo detalló en sus documentos la razón social de Kota: “Adquisición, gestión, desarrollo y enajenación de participaciones, a cualquier título, en otras sociedades luxemburguesas y extranjeras. También puede contratar préstamos y conceder a las empresas en las que tiene una participación directa o indirecta o que son miembros del mismo grupo, todo tipo de ayudas, préstamos, anticipos y garantías”. En adelante, los documentos de Kota acreditaban a monsieur Marcelino Bellosta Varady como administrador de la sociedad.

La prensa económica de España identificaba a Castro Sousa como el “constructor gallego afincado en Catalunya” que lideraba a los inversionistas externos de Bankpyme, entre ellos Kota Investments. Bellosta Varady apenas era identificado como “cabeza visible” de la compañía.

Los registros contables de 2011 de Kota dejaron testimonio de la operación. El 7 de abril de 2011 quedó anotado un pasivo por algo más de 26,6 millones de euros, correspondientes a una línea de crédito extendida por la financiera luxemburguesa Pictet & Cie para apalancar la compra total de Bankpyme. El aval fue concedido a manera de dos garantías, y satisfacía uno de los requerimientos del ente público veedor, el Banco de España, para aprobar la transacción.

Música paga no suena

Entre líneas yace el origen del conflicto: en resumen, la retirada de Bellosta Varady de esa jugada y, a pesar de ello, el desembolso del monto de la garantía por parte de Pictet & Cie., a petición de Bankpyme. Es decir, de Castro Sousa. 

En el documento, el punto anterior está resumido así: “A pesar de que el accionista mayoritario de la empresa decidió retirar su solicitud presentada ante el Banco de España para aprobar la adquisición contemplada, Bankpyme solicitó al banco Pictet & Cie que ejecutara las garantías”. 

En ninguna parte quedan claros dos aspectos: por qué Bellosta Varady frenó en junio de 2011 la compra de su parte accionaria y por qué Pictet & Cie ejecutó las garantías. Son algunas de las preguntas que quedaron por hacer ante la imposibilidad de establecer contacto con la familia Bellosta. 

Lo que vino unos meses después supuso la ruptura de toda relación y el inicio del litigio de hoy. “El 4 de agosto de 2011, Pictet fue obligado a ejecutar las garantías y la empresa [Kota Investments, de los Bellosta] entró en un litigio con Bankpyme para recuperar los fondos de las garantías”, detalla uno de los documentos del registro mercantil de Luxemburgo.

También en 2011 un comprador entró en acción y se hizo con el banco, que a la larga absorbió. Caixabank pagó 16 millones de euros por “activos de 506 millones y un pasivo de 503 millones”. En los depósitos de cuentas del Registro Mercantil de Barcelona, documento al que también tuvo acceso Armando.info, constan las negociaciones de Caixabank para la adquisición de Bankpyme. Los 16 millones pagados, por cierto, están diez millones por debajo del precio por el que los Bellosta se habían transado para entrar al accionariado de Bankpyme, antes de su espantá. 

Durante los próximos cinco años, los estados financieros de Kota presentados ante el Registro Mercantil de Luxemburgo mantuvieron como punto inalterable el litigio por los 26 millones de euros. Solo en el estado de cuenta de 2016 se lee algo distinto: “Durante el año financiero, la empresa ha recuperado parte de las garantías concedidas por el banco Pictet & Cie. a Bankpyme y ejecutadas el 4 de agosto de 2011”.

La batalla legal de Bellosta Varady llegó en 2013 a la Corte Internacional de Arbitraje, en París, y obligó a Castro Sousa a devolver los 26,6 millones de euros. Pese a la embestida, Kota también tuvo un revés: debía pagar, por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la compra de Bankpyme, 7,67 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actuó también en este caso. Investigadores de la fiscalía española, como resaltó entonces la prensa, enfatizaron en sus informes los movimientos financieros ejecutados por Castro Sousa para ocultar los fondos de Kota utilizando para ellos una empresa de su grupo, Multinmueble.

“[Hubo] operaciones para ocultar los fondos, desviándoles desde Multinmueble a otras sociedades del grupo controladas directa o indirectamente por José Antonio Castro Sousa”, resaltan los escritos de la Fiscalía, citados por la prensa.

En 2016 Castro Sousa, a través de dos de sus empresas (Barcelona Park y Eurofondos) devolvió 20 millones de euros a Kota. Pero quedaron pendientes 2,47 millones de euros, correspondientes al cuatro por ciento de intereses acumulados hasta el momento del laudo, y ya hecha la sustracción del monto por daños y perjuicios. Esto llevó a la apertura reciente del caso, en enero de 2021, cuando la Fiscalía española pidió prisión preventiva (hasta la fecha de cierre de esta nota, aún sin ejecutar) para Castro Sousa hasta que haya un acuerdo para la cancelación del monto faltante.

La requisa del encanto

No sería el último revés que sufrirían los Bellosta, con todo y su amplia experiencia en las finanzas. Otra historia, tercera de la funesta racha bancaria, pero hasta ahora con final feliz, comenzó en 2019, cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos comenzó una serie de requisas al Banco San Juan Internacional INC, con sede en San Juan, Puerto Rico. La causa: presunto lavado de dinero.

En los registros mercantiles de este banco, fundado en febrero de 2011, es decir, también en simultáneo con la expropiación de Casa Propia -y, por lo tanto, con la frustrada negociación por Bankpyme-, no figuran los Bellosta como socios, pero en ellos sí está Pedro Crespo, quien comparte acciones con Marcelino Bellosta Varady en BSJI Services LLC, cuya sede está registrada en Ponce de León Boulevard, en Coral Gables, Florida. Otra persona en común tanto en Banco San Juan Internacional como en BSJI Services LLC es Alejandra Bellosta, quien funge en el primero como directora de mercadeo. Bellosta Varady es, además, accionista titular de los homónimos Banco Múltiple San Juan y de San Juan Capital RD (ambos fundados en 2014, con sede en Santo Domingo, República Dominicana, y activos)

Fue a través de la oficina de contactos de BSJI que Armando.info, vía correo electrónico, intentó comunicarse con Marcelino Bellosta Varady. También a través de los correos corporativos de Alejandra Bellosta. En ambos casos, sin éxito.

Un año después de las requisas, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado resaltando que el banco y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (USAO-PR) habían resuelto el litigio.

“El litigio se derivó de una investigación federal de BSJI que implicó el registro de las oficinas de BSJI en febrero de 2019, y la posterior incautación de $53,082,824.19 de BSJI y cuentas relacionadas. Los fondos fueron incautados en base a su conexión con ciertas transacciones financieras sofisticadas y acuerdos subyacentes en los que BSJI era parte”.

Todo terminó con la desestimación de la acción de confiscación civil y la devolución de los más de 53 millones de dólares incautados.

A pesar de que los Bellosta solían ser catalogados como los banqueros venezolanos “contrarios a Chávez”, después de la expropiación siguieron contratando con el gobierno venezolano a través de la empresa Venequip S.A., dedicada a la comercialización de maquinaria pesada. Esta empresa mantiene activas, hasta ahora, sus credenciales en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). 

Carlos, José y Carlos Marcelino Bellosta, junto con Carlos José Bellosta Varady, hijo de Carlos Marcelino y, a su vez, hermano de Marcelino Bellosta Varady, son los socios de esta empresa que, entre sus clientes, ha tenido también a Petróleos de Venezuela, Sidor, CVG Bauxilum y a CVG Ferrominera del Orinoco. 

Hay otros ejemplos: Venequip Machine Shop, Deel C.A., y Maquinarias Ortemaq, C.A., todas con sede en Lara y dedicadas a la comercialización de maquinaria agrícola pesada, tienen historiales de contrataciones, incluso actuales, con empresas controladas por la autodenominada Revolución Bolivariana. Sin rencores aparentes con quienes los expropiaron.