Se trata de una empresa registrada en octubre de 2012 por un venezolano de 53 años de edad, Luis Alfredo Campos Cabello, primo de Diosdado Cabello Rondón, desde hace tiempo considerado el número dos del chavismo, quien fue vicepresidente de la República y varias veces ministro, y en la actualidad se desempeña como vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional. Cabello Rondón ha convertido su maratónico programa de los miércoles en la televisión estatal, Con el mazo dando, en una fuente de primicias sobre el rumbo que el gobierno chavista se apresta a adoptar en diversas materias.

Esta no es la única compañía de Campos Cabello en la capital española. Un año antes, en mayo de 2011, se convirtió en administrador único de Bengoechea Inversiones y Patrimonios, SL, dedicada a la compra-venta de bienes muebles y la asesoría empresarial. Y en abril de 2012 asumió el cargo de presidente de una empresa de almacenaje y custodia de maquinarias, llamada Depósito y Stockage Jj, SL.

Las tres empresas se han mantenido activas en la última década, a pesar de que sobre ellas recaen denuncias de la Fiscalía venezolana que las vinculan con supuestas operaciones de lavado de dinero. 

En julio de 2017, poco antes de que la írrita Asamblea Constituyente de ese año la destituyera, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de Chávez entre 2007 y 2017, pero hoy disidente desde su exilio en España, denunció que las empresas españolas de Campos Cabello se usaron para canalizar decenas de millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a Diosdado Cabello Rondón, cuando era ministro de Obras Públicas y Viviendas (Mopvi) entre 2009 y 2010, y al hoy dueño de la gasolinera en Madrid, Luis Alfredo Campos Cabello, su primo, que en simultáneo se desempeñaba como director de despacho de ese mismo ministerio. La denuncia de Ortega Diaz se sustentó en la documentación hallada durante el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, en febrero de 2017, y su posterior análisis por parte de funcionarios de la Fiscalía venezolana.

En su cargo al frente del despacho de Obras Públicas, Diosdado Cabello tuvo un rol determinante en las contrataciones con Odebrecht, una compañía de ingeniería civil e infraestructura ya desaparecida que protagonizó uno de los casos de corrupción y sobornos más grandes de América Latina, conocido como Lava Jato. 

En un período de un poco más de un año, del 4 de junio de 2009 al 15 de junio de 2010, Cabello Rondón firmó dos addenda del contrato para la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, que se iba a llamar Puente Mercosur y debía conectar las riberas norte y sur del cauce, entre las poblaciones de Cabruta (estado Guárico) y Caicara del Orinoco (estado Bolívar).

El efecto neto de ambos addenda suscritos por Diosdado Cabello fue un incremento colosal del presupuesto de 991 millones de dólares asignado inicialmente a la obra. Los dos aumentos aprobados por Cabello sumaron casi 953 millones de dólares adicionales, según los documentos obtenidos por el Ministerio Público venezolano. Esos dos recargos, junto a dos más -uno anterior y uno posterior- que otros funcionarios firmaron, al final triplicaron el precio de la construcción, hasta llevarlo a 3.117 millones de dólares. Aún así, el puente no se completó.

Los fiscales también encontraron que, en esas consecutivas adiciones milmillonarias al presupuesto, unos 157 millones de dólares en recargos carecían de soportes que los justificaran. A partir de allí concluyeron que esa cantidad correspondía a los fondos que presuntamente habrían sido canalizados hacia las empresas en España de su primo, Luis Alfredo Campos Cabello. 

Tras obtener acceso a documentos mercantiles y de contrataciones en España y Venezuela, así como a informes de la Fiscalía venezolana, que los reporteros de Armando.info revisaron, y entrevistas con varias fuentes conocedoras de la investigación que se adelantó en Venezuela, este reportaje verifica que la creación de las empresas en Madrid, con capitales desconocidos, tuvo por protagonistas a familiares y socios allegados de Cabello Rondón que ya trabajaban juntos en Venezuela en otra compañía llamada TSE Arietis, registrada en 2007 por Campos Cabello y que prestó servicios tanto a Odebrecht como a la petrolera estatal venezolana Pdvsa. También se pudo confirmar que, al mismo tiempo, mientras Campos Cabello se convertía en administrador de las tres empresas en Madrid, en Venezuela recibía pagos de la constructora brasileña a través de TSE Arietis, una de las contratistas de Odebrecht en la construcción del Metro de Los Teques, capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas. 

Así mismo, quedó confirmado que este grupo de parientes y allegados consiguió registrar y dirigir siete empresas en España, cuatro de ellas relacionadas con directivos de TSE Arietis y tres vinculadas directamente con Campos Cabello, que se mantienen operativas desde hace más de una década.

Además, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de España que aceptaron hablar con los reporteros de Armando.info bajo el resguardo de su identidad, altos cargos de la Justicia española habrían puesto impedimentos para continuar y profundizar las investigaciones sobre posibles delitos y hechos de corrupción que involucran a ciudadanos venezolanos con actividad y presencia en Madrid.

Puente a la fortuna

Luis Alfredo Campos Cabello siempre estuvo cerca de su primo Diosdado mientras este ocupó cargos en la alta jerarquía del gobierno chavista. Primero, cuando Cabello Rondón fue gobernador de Miranda (2004-2008), Campos Cabello fue jefe del despacho de la gobernación.

Cuando perdió la reelección en Miranda en noviembre de 2008, Cabello Rondón fue designado ministro de Infraestructura por Hugo Chávez y nombró a su primo como director del despacho en diciembre de 2008. Las ediciones de la Gaceta Oficial con las designaciones de Campos Cabello evidencian que esta acción se repitió cuando el ministerio cambió de nombre a Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), donde continuó, con su primo, hasta junio de 2010. Además, entre mayo y octubre de 2009, Campos Cabello fue uno de los directores principales de Bolipuertos, entidad que también funcionaba bajo el paraguas del Mopvi. Estos cargos como director de despacho le permitieron mantener relación directa con contratistas. Según algunas fuentes, fue así como pudo entrar en contacto con Euzenando Azevedo, director ejecutivo de Odebrecht en Venezuela. Como precedente, según el propio Azevedo, en 2008 la constructora brasileña había financiado parte de la campaña de Diosdado Cabello para su frustrada reelección como gobernador.

De su primer cargo como jefe del despacho derivó una denuncia presentada en 2009 por Rafael Guzmán, entonces procurador general de Miranda, quien acusó a Campos Cabello de participar en presuntos hechos de corrupción en la administración de los recursos públicos, junto a otros familiares directivos de la gobernación.

En noviembre de 2007, cuando restaba un año para concluir la gestión de Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda, su primo y también funcionario, Luis Alfredo Campos Cabello, registró en Caracas una empresa junto a su hermano, Jerson Jesús Campos, de 44 años de edad. Denominaron la empresa como TSE Arietis. 

La sede administrativa de la compañía está en Los Palos Grandes, una urbanización de clase media-alta del noreste de la capital venezolana, y la sede operativa en El Furrial, población de origen de la familia Cabello, en el estado oriental de Monagas. Hasta mediados de 2016, Luis Alfredo Campos Cabello se mantuvo como presidente de la empresa y, de acuerdo con el Seguro Social venezolano, trabajó en ella hasta noviembre de 2020. Su hermano se encargó de la dirección de operaciones hasta ese mismo año y, hasta marzo de 2024, trabajó para una empresa llamada Distribuidora Food Logistic, C.A. 

Junto a ellos figuraban varios socios que a la larga también se mudarían a España para formar parte de las directivas de las siete empresas vinculadas con TSE Arietis y Campos Cabello en Madrid, como Edixon Antonio Sulbarán Rojas, Blanca Marlene Bengochea Maggiorani y Freuzcar Rafael Herrera Farías. De acuerdo con un exempleado de la compañía, que pidió resguardar su identidad por miedo a represalias, esta era una empresa con un ambiente literalmente familiar. “Prácticamente los empleados pertenecen al círculo social de la familia [Campos Cabello] o son directamente miembros de la misma”, aseguró.

TSE Arietis era descrita en su página web como una “joven empresa” dedicada al transporte terrestre de maquinarias, equipos y materiales de uso en la industria de la construcción, así como al transporte y manejo de materiales y desechos peligrosos provenientes de la industria petrolera. Reportes del Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano permiten ver que obtuvo contratos de la estatal Pdvsa a través de algunas de las empresas mixtas en las que la petrolera tenía participación, como PetroDelta y PetroIndependencia, para el alquiler de camiones y equipos de carga pesada; y con transnacionales como la sucursal venezolana de la estadounidense Baker Hughes, y CNPC Services Venezuela, la filial venezolana de China National Petroleum Corporation.

Además, no tardó en trabajar en el área de la construcción como proveedor de Odebrecht en el proyecto de la Línea II del Metro de Los Teques. Esto ocurrió mientras Diosdado Cabello Rondón dirigía el Mopvi y Campos Cabello tenía el cargo -designado en una Gaceta Oficial de diciembre de 2008- de director suplente en la junta directiva del Metro de Los Teques.  

A partir de febrero de 2010 y hasta agosto de 2015, TSE Arietis recibió 104 pagos del Consorcio Línea II del Metro de Los Teques. Odebrecht y Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico (Vinncler C.A) pagaron los mayores montos en ese período, de acuerdo con las facturas a las que tuvo acceso la Fiscalía durante el allanamiento de las oficinas de la constructora brasileña en Caracas en 2017. Todas las facturas, unas en dólares y otras en bolívares, sumaron un poco más de 1,04 millones de dólares, y 33 de ellas fueron emitidas solo en 2010, como se pudo verificar para esta investigación tras la revisión de los documentos y bases de datos. 

Pero el mayor ingreso que a TSE Arietis llegó desde Odebrecht correspondió a las obras del tercer puente sobre el río Orinoco, en la región de Guayana, en el sur de Venezuela. En junio de 2006, cuando se pactó su construcción por un monto de 991 millones de dólares, se esperaba que la estructura de 11 kilómetros de extensión estaría lista en 2011 y se convertiría en el puente vial más largo de América Latina, según notas de prensa publicadas por el Gobierno.

Los documentos recabados por los funcionarios de la Fiscalía venezolana reflejaban múltiples irregularidades. La obra comenzó con un costo inicial de 991 millones de dólares, pero el presupuesto fue aumentando con la firma de cinco addenda. Mientras estuvo en el Mopvi, Cabello Rondón firmó dos de ellos, uno el 4 de junio de 2009 y otro el 15 de junio de 2010, respectivamente. Sin embargo, contraviniendo el sentido común, para el momento de esas firmas “la obra no poseía un avance físico real, la cual justificara el incremento desproporcionado tanto en moneda extranjera como en moneda nacional”, precisaron los fiscales que investigaban estos contratos.

La incorporación a destiempo de addenda en los contratos de obras públicas de Odebrecht fue, entre otras irregularidades, una práctica común en los negocios de la constructora brasileña en Venezuela y otros países de América Latina. Así conseguía proponer montos menores para ganar de manera “legítima” las licitaciones en las que participaba, para luego incrementar los costos a conveniencia. Los concursos a menudo corrían a cargo de funcionarios ya confabulados con Odebrecht, a cambio de las coimas que repartía el mítico Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de la compañía.

Hasta la firma del addendum III, todavía a cargo de Cabello Rondón, el monto consolidado de la obra ascendió a 2.584 millones de dólares, según los documentos de Odebrecht. Como se ha dicho, al final escalaría a 3.115 millones de dólares.

Pero los funcionarios de la Fiscalía hallaron una discrepancia en los cálculos sobre los que se fundaron los recargos que Diosdado Cabello aprobó. 

“Se constató que aproximadamente el monto total de obra ascendió a US$2.427.035.589,19, existiendo una discrepancia de US$ 157.460.587,04 con el monto reflejado en el documento (el contrato del Addendum III), generando un menoscabo al patrimonio de la Nación”, detallan los informes de la investigación iniciada por el Ministerio Público en 2017, siete años después de la firma de esos aumentos de presupuesto y con la obra, que quedaría inconclusa, sin avanzar todavía. 

Según fuentes de la anterior Fiscalía venezolana, consultadas para esta investigación, ese dinero excedente, de poco más de 157 millones de dólares, habría sido canalizado a través de TSE Arietis hacia las empresas de Campos Cabello en España. 

Años más tarde, en julio de 2017, fue registrada en Florida una empresa homóloga, TSE Arietis LLC, que tuvo una fugaz vida de apenas un mes. De nuevo, Campos Cabello figuró como gerente y representante en su constitución, hasta que la compañía fue disuelta “voluntariamente” el 31 de agosto de ese mismo año, justo ocho días después de que Luisa Ortega Díaz, desde Brasilia, hiciera la denuncia de los presuntos hechos de corrupción de Diosdado Cabello y su primo con la constructora Odebrecht y TSE Arietis de Venezuela.  

Los reporteros enviaron por correo electrónico un cuestionario con preguntas a Cabello Rondón, pero no recibieron respuesta.   

Te quiero de El Furrial hasta Madrid 

Luego de sus cargos en la administración pública, lo que continuó para Campos Cabello y sus socios venezolanos fue un cambio de país y continente para establecer nuevos negocios. Su primera inversión en España fue la creación, en mayo de 2011, de una compañía de asesorías “para el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería y obras públicas”, llamada Bengoechea Inversiones y Patrimonios, SL. Desde su registro, Campos Cabello es el administrador único. 

Esta compañía tiene por sede un lujoso inmueble, valorado actualmente en un monto máximo de 2 millones de euros según una web de bienes raíces, ubicado en una urbanización de clase alta en el distrito de Hortaleza, en Madrid. El propietario de este chalet es otra empresa, Sistemas Morello Iv SL, una sociedad constituida en junio de 2011 y que pertenece a Adrimar Viloria Bengochea, de 51 años, esposa de Campos Cabello y, según fuentes, hija de Blanca Marlene Bengochea Maggiorani, cercana a cumplir 75 años, la misma persona que a partir de 2016 se convirtió en accionista mayoritaria y presidenta de TSE Arietis en Venezuela. En documentos legales en Venezuela, Viloria Bengochea se identifica con el apellido de su esposo, Campos, según se pudo confirmar en los portales del RNC y CNE. 

El apoderado de Sistemas Morello es un viejo socio de Campos Cabello, Freuzcar Rafael Herrera Farías, de 45 años de edad, quien formó parte de la junta directiva de TSE Arietis. Su cercanía a la familia Cabello se remonta a los tiempos en los que el actual vicepresidente del PSUV se desempeñaba como gobernador de Miranda. Allí, junto a Luis Alfredo Campos Cabello, actuaba como negociador de la entidad regional en los procesos de licitaciones con los contratistas, según fuentes consultadas. Después de que Cabello Rondón perdió en 2008 la gobernación del estado Miranda frente a Henrique Capriles Radonski, Herrera asumió la dirección general de TSE Arietis, según el Registro Nacional de Contratistas.

Herrera constituyó en 2016 una empresa en Panamá, Arianne Corp, donde compartió cargos directivos con Bengochea y otro viejo socio de la empresa de El Furrial, Edixon Antonio Sulbarán Rojas, de 39 años. Dos años después, en 2018, fue disuelta. Herrera y Sulbarán fueron consultados para esta investigación, pero no respondieron. 

En una visita realizada al chalet en Madrid propiedad de Bengochea, Inversiones y Patrimonios SL, uno de los reporteros fue atendido por una persona que se identificó como Blanca Bengochea. Sin embargo, tan pronto se le explicó el motivo del encuentro, se negó tanto a responder verbalmente sobre su vinculación con Diosdado Cabello como a recibir un cuestionario por escrito. Tras mostrarse impresionada, dio media vuelta y se encerró enseguida en la casa.  

Por pocos meses, el chalet de la familia Bengochea también fue sede de Inversiones Oportunidades y Negocios, SL, la empresa propietaria de la gasolinera de Campos Cabello en Madrid. Fue registrada por él en octubre de 2012 y, tres semanas después, concretó la compra de un terreno para instalar la gasolinera. 

La parcela, ubicada en los números 13 y 15 de la calle Francisco Gervás en Alcobendas, Madrid, pertenecía a una familia de empresarios españoles vinculados al sector de las estaciones de servicio, de acuerdo con los documentos del Registro de Propiedad y Mercantil de la capital española. Aunque el precio total de venta no es público, se pudo conocer que la transacción incluyó como garantía un pago por 357.000 euros, que fue aplazado bajo la condición de que el deudor cancelara la cantidad antes del 15 de enero de 2013, y de que la operación se hiciera con un cheque de gerencia.

Completada la compra, Campos Cabello necesitó la ayuda de un equipo que lo asesorara con los compromisos legales y financieros que conllevan la administración de una gasolinera. De esa manera, Inversiones Oportunidades y Negocios, SL, así como el resto de las empresas de Campos Cabello a la postre, contrataron los servicios del bufete Domus Abogados, situado en uno de los distritos más lujosos de Madrid, Salamanca, una zona popularmente conocida como little Caracas debido a la profusa llegada de inversionistas inmobiliarios de origen venezolano en los últimos años. 

El despacho, especializado en el asesoramiento jurídico, tributario, civil, mercantil y laboral, ha tenido la representación de las empresas de Campos Cabello y sus socios desde 2012. Así, al menos hasta 2017, Jesús De Inés de Las Heras, uno de los socios de la firma, presentó los estados financieros de las tres compañías administradas por Campos Cabello. Aunque su nombre dejó de aparecer en los documentos a partir de 2018, el bufete continuó ejerciendo la misma tarea hasta 2022, cuando se publicaron los últimos informes de cuentas financieras.

Los primeros años de Inversiones, Oportunidades y Negocios, SL. no resultaron muy prósperos, por lo que muestran sus estados financieros. Durante los primeros tres años de operaciones, entre octubre de 2012 y finales de 2015, acumuló pérdidas de poco más de 176.000 euros. Su primer año con beneficios fue 2016, cuando reportó ganancias por 13.000 euros. Ese mismo año, sus administradores realizaron una ampliación de capital por un monto de 1,98 millones de euros, que infló los beneficios e hizo que la empresa registrara sus mayores ganancias: 301.229 euros en 2017 y 480.584 euros en 2018.

El reciente 17 de mayo, los reporteros enviaron un cuestionario al bufete Domus Abogados, a fin de aclarar detalles sobre las compañías citadas en esta investigación, así como para conocer su posición ante la denuncia de la Fiscalía venezolana que atribuye a sobornos de Odebrecht el origen de los fondos usados por Campos Cabello para constituir y gestionar empresas en Madrid. Pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. 

Un almacén oscuro

En la tarde del 2 de marzo de 2012, funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española informaron sobre el mayor procedimiento realizado hasta el momento en España contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En la operación, denominada Miniyó, los agentes incautaron 5.644 kilos de cocaína, 28 caballos de pura raza, relojes y joyas valoradas en un millón de euros, y 550 vehículos entre maquinaria pesada y carros de lujo. La red criminal tenía origen en Venezuela y, entre los vehículos confiscados por los funcionarios españoles, destacaban grúas y camiones volquetes y de construcción que conservaban el estampado de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores del gobierno venezolano. Dentro de ellas se escondieron los cargamentos de droga.

El voluminoso decomiso configuró un escenario ideal para que una empresa especializada en logística y almacenaje se hiciera con un contrato para resguardar los bienes decomisados por las autoridades, quienes necesitaban con urgencia espacios para almacenar la mercancía. Esa empresa fue Depósito y Stockage Jj SL, constituida el 30 de septiembre de 2011. 

Poco tiempo después de su registro, Depósito y Stockage Jj ya prestaba servicios a entidades judiciales españolas como la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Justicia, según una fuente del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la unidad estatal de inteligencia financiera en España, que participó en la operación Miniyó y pidió mantener su identidad en reserva. Esta versión también fue validada por una fuente de la Fiscalía Anticorrupción española, que pidió mantenerse anónima.

Al momento de su creación, la empresa era administrada por ciudadanos españoles que ejercían como representantes mancomunados de la compañía, según los datos mercantiles. La buena logística que tenía la empresa le abrió el camino para ubicarse entre las primeras opciones que funcionarios de seguridad recomendaban para operaciones similares. “Conseguían grúas y lo que hiciera falta en cualquier punto de España, rápidamente”, dijo una de las fuentes. Además de resguardar mercancías, también realizaban inventarios y peritajes judiciales de todo el material intervenido, lo que facilitaba el trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, las finanzas de Depósito y Stockage Jj comenzaron a deteriorarse en el año 2013. Las cuentas por cobrar se acumulaban, la liquidez de la empresa quedó comprometida y el riesgo de bancarrota se hizo patente.

En ese contexto de declive, según algunas fuentes, un grupo de inversionistas anónimos ofreció inyectar al menos cuatro millones de euros a la empresa para aliviar sus problemas económicos. Poco antes de eso, en abril de 2012, se ejecutaron movimientos en la junta directiva de la entidad, por los que Luis Alfredo Campos Cabello se convirtió en su presidente, cargo que todavía desempeña en la actualidad. No se pudo confirmar si los inversionistas anónimos que acudieron al rescate de la empresa eran venezolanos y si entre ellos se encontraba Campos Cabello. Tampoco se pudo conocer por qué este se interesó en una empresa de almacenamiento al borde de la quiebra. 

Ciertos aspectos de la compañía levantaron las sospechas de las autoridades españolas. Las dudas se centraron en la actuación de un mando de la Guardia Civil que fue investigado por el servicio antiblanqueo. Al inicio, sospechaban que el funcionario mantenía una relación estrecha con el grupo que había invertido millones de euros para rescatar a Depósito y Stockage Jj del riesgo de bancarrota. Luego, tras un proceso de intercepción de llamadas telefónicas y otras comunicaciones, acusaron al agente de pertenecer “a una organización criminal”. Este oficial había ascendido del grado de teniente al de capitán, lo habían destinado al gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil y había participado en la operación Miniyó.

Depósito y Stockage Jj tiene su sede en el kilómetro 18 de la carretera M-103, una red secundaria que conecta la capital española con distintas localidades ubicadas a las afueras de la ciudad, en la Comunidad de Madrid. El pasado 17 de mayo, cuando el equipo de reporteros se trasladó a la sede de la empresa, decenas de maquinarias pesadas estaban estacionadas dentro del recinto. Había grúas, remolques, camiones y contenedores de carga. Ningún cartel o señal identificaba el lugar como propiedad de Depósito y Stockage Jj, pero un trabajador que se encontraba allí lo confirmó y aseguró que todos los vehículos retenidos allí eran producto de incautaciones realizadas por directrices de la Audiencia Nacional española, el tribunal de jurisdicción nacional que estudia causas de terrorismo, narcotráfico y falsificación de moneda, entre otras de índole especial.

El equipo de reporteros también envió un cuestionario a Depósito y Stockage Jj, a través del bufete de abogados, pero sin obtener respuesta.

Investigaciones en pausa 

En julio de 2017, un equipo de fiscales venezolanos remitió una comisión rogatoria a sus homólogos españoles con la intención de ampliar las investigaciones sobre las empresas de Campos Cabello en Madrid. En respuesta a la solicitud, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre la posible trama de blanqueo de capitales en la capital española y, junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se percataron de operaciones financieras sospechosas de blanqueo de capitales, según el diario ABC. En aquel entonces, los funcionarios determinaron que parte del dinero que pasó por España terminó en terceros países, entre ellos, Luxemburgo.

Sin embargo, diversas fuentes con conocimiento de las denuncias, consultadas para esta investigación, aseguraron que nunca recibieron una respuesta oficial desde España a sus solicitudes. En un encuentro internacional realizado en 2018, que agrupó a fiscales de distintos países, se corrió la voz de que en España se había decidido paralizar, al menos por un tiempo, los procesos relacionados a las tramas de corrupción de Venezuela. 

Consultada por los reporteros sobre este caso, la Fiscalía General española respondió que en 2018 se gestionaron dos expedientes de cooperación internacional relativos a Venezuela. “El primero se ejecutó tras recabarse la información de las entidades bancarias y la segunda se denegó al no concretarse los puestos que ocupaban los investigados en la sociedad estatal de petróleo y al no responder las autoridades venezolanas a la petición de ampliación de información realizada en ese sentido". 

“Mucha documentación se quedó allá [refiriéndose a las oficinas del Ministerio Público y de Odebrecht en Caracas] y no la pudimos recuperar”, lamentaron las fuentes vinculadas con la investigación que se activó en 2017, antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz y su reemplazo por Tarek William Saab en la Fiscalía General de la República.

Diez meses después de la denuncia presentada por la exfiscal Ortega Díaz, otra denuncia contra la familia Campos Cabello fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en mayo de 2018. En ella, el exdiputado Ismael García, disidente del chavismo, suministró cuentas bancarias, direcciones y nombres de las personas que formarían parte de una supuesta red de lavado de dinero. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de los funcionarios estadounidenses sobre el caso.

Esta investigación fue realizada con ayuda del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

*Tres periodistas participaron en la reportería y narración de esta historia. Dos de ellos solicitaron el resguardo de su identidad por razones de seguridad.

Fue la tarde del viernes 20 de mayo de 2022. El día estaba nublado en Brooklyn y, dentro de la sala de audiencias de la Corte del Distrito Este de Nueva York,  Ricardo Alberto Martinelli Linares —42 años, empresario, con uniforme de prisionero— y su hermano Luis Enrique —de 40, también con uniforme de prisionero— enfrentaban el día definitivo por un delito que habían aceptado cinco meses antes: conspiración para lavar el dinero de sobornos de la gigante constructora brasileña, que parió el caso de corrupción más grande de América Latina, el Lava Jato. 

Finalmente reconocían de quién era la mano que movió los hilos en Panamá: su padre, el presidente que entre 2009 y 2014 le otorgó a Odebrecht al menos doce proyectos de infraestructura pública, valorados en más de 5.000 millones de dólares: Ricardo Martinelli Berrocal, un acaudalado empresario, principal dueño de una cadena de más de 40 supermercados y desarrollador inmobiliario, entre otros muchos negocios.

Fue el expresidente, repitieron los abogados de los hermanos Martinelli, quien ordenó construir el sofisticado y complejo andamiaje financiero que unió puntos de jurisdicciones opacas como Belice, Islas Vírgenes Británicas y Suiza, con cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma, para esconder, al menos, 28 millones de dólares que Odebrecht pagó para garantizarse esos contratos de obras públicas a la medida, acceso al poder, cobros sin obstáculos, sobrecostos de infarto y hasta la recomendación de las obras que se “ganaría” en licitaciones arregladas.

¿Qué llevó a los hermanos Martinelli Linares a delatar al padre que, hasta ese momento, concentraba exitosamente todas sus energías en esquivar la justicia en Panamá para librarse de cualquier castigo?

Cinco años antes, en mayo de 2017, el FBI les había avisado sobre la conveniencia de cooperar. “El primero en traer información obtendrá beneficios”, les dijo un agente a los abogados de los hermanos Martinelli en una reunión en el Departamento de Justicia, en Washington D.C., según publicó La Prensa.

En Estados Unidos, un delito federal como lavado de dinero, sostenido de manera sistemática y consciente durante seis años, como lo habían hecho ellos según las autoridades, podía llevarlos hasta por 20 años a la cárcel. Así que, tras varias artimañas para intentar escapar de la justicia, los hermanos Martinelli hablaron y sepultaron al padre. 

"Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso”, dijo Luis Enrique en la audiencia definitiva sobre los motivos que lo llevaron a convertirse en un delincuente. “Fue demasiado tarde cuando me di cuenta de a dónde me había llevado. No había vuelta atrás”, lamentó.

Hubieran preferido evitar ese momento. Y, de hecho, lo intentaron, de muchas maneras y durante mucho tiempo.  

Primero, cuando los bancos suizos donde tenían cuentas bancarias les preguntaron el origen de los fondos que recibían, aportaron contratos falsos con Odebrecht, con la esperanza de despejar las sospechas sobre los depósitos. Pero el ardid no tuvo éxito y las autoridades suizas terminaron acusándolos de lavado de activos.

Después, canalizaron nuevos pagos por otros 30 millones de dólares a bancos más acomodaticios. También buscaron refugio en los fueros del Parlamento Centroamericano, para el que fueron electos, intentando jurar como diputados suplentes y así obtener inmunidad de manera automática. Luego, a principios de 2020, mientras negociaban un acuerdo con el FBI un acuerdo, planearon una fuga, que intentaron. 

La huida, como también informó La Prensa, incluyó un traslado en lancha hacia Bahamas, donde abordaron un avión privado con destino a Panamá. Como no pudieron aterrizar, siguieron hacia El Salvador para, finalmente, tras un viaje por tierra en Uber, llegar a Guatemala. Días después, el 6 de julio del 2020, fueron arrestados en el aeropuerto La Aurora de la capital de ese país, cuando pretendían abordar el avión privado de su padre, nuevamente con destino a Panamá —donde la extradición de sus nacionales está prohibida en la Constitución— y poner fin a la persecución del FBI.

Las autoridades de Guatemala los metieron presos de inmediato y Estados Unidos se apresuró en presentar una solicitud de extradición. Meses y varias recusaciones después, los hermanos terminaron a bordo de un avión con destino al norte. En Nueva York se les juzgó. Ese fue el último capítulo en la sucesión de intentos inútiles por evadir la justicia.

“Culpables por su papel en el lavado de 28 millones de dólares en un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero involucrando a la constructora Odebrecht S.A.”, sentenció el juez Raymond J. Dearie, que los obligó a devolver 18.8 millones de dólares y otros activos decomisados, así como a pagar una multa de 250.000 dólares. Los castigaron con tres años de prisión, dos de ellos en libertad bajo supervisión. 

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares son los primeros panameños de alto perfil condenados por la trama de corrupción monumental que montó Odebrecht en Panamá. En el país donde la empresa cosechó 25 contratos con sobrecostos que superaron los 2.000 millones de dólares y donde pagó sobornos por otros millones, aún no hay condenas, aunque sí arreglos de pena con algunos testaferros. 

La evidencia contra el padre es monumental. Presidente desde 2009 hasta 2014 por el partido que fundó, Cambio Democrático, Ricardo Martinelli Berrocal hizo de la voracidad su marca personal. En campaña, prometió acabar con las mafias y convertir a Panamá en “el mejor lugar para hacer negocios”. Y de cierta manera lo logró, pero para sí. Aún no había asumido el cargo y ya sus hijos habían negociado embucharse 35 millones de dólares de Odebrecht, según confesó el entonces superintendente de la corporación brasileña en Panamá, André Rabello. 

Rabello, cabeza de la empresa brasileña en Panamá, contó los detalles a las autoridades de Brasil el 2 de agosto de 2017. Fueron cuatro millones de dólares para la carrera presidencial y, cuando resultó electo, otros 35 millones, negociados con sus hijos a cambio de un “trato preferencial”, “ventajas” y “resolver problemas”. “Usted quédese tranquilo. Yo sé que ustedes hicieron varios proyectos, espero que puedan tener oportunidades”, le prometió Martinelli a Rabello cuando lo atendió en una oficina del Súper 99, la cadena de supermercados de la que es su principal accionista. 

De ahí en adelante, fue meteórico el ascenso de Odebrecht como la primera contratista del Estado. Pero la historia no empezó con Martinelli, ni terminó con él. 

El presidente anterior, el perredista Martín Torrijos (2004-2009), abrió las puertas del país a la empresa en 2006, y le adjudicó cuatro proyectos por $598 millones. A su vez, quien sucedió a Martinelli fue un opositor a ambos, el panameñista Juan Carlos Varela (2014-2019), que asumió justo cuando estalló Lava Jato pero la siguió contratando: unos siete proyectos por, al menos, 2.584 millones de dólares. 

Odebrecht hundió las garras en toda la región, pero en Panamá encontró una codicia ávida y entrenada como para plantar bandera. Consiguió lo que nadie aquí desde la instauración de la democracia en 1989: unir a tres presidentes de tres partidos en la voluntad de otorgar a una empresa extranjera la exclusividad en la construcción de megaproyectos millonarios que tuvieron, igualmente, sobrecostos millonarios. Durante diez años, el país conocido por el Canal fue una sucursal del conglomerado brasileño: Panabrecht, se le hubiera podido bautizar.

La historia empezó en 2004

El 1 de septiembre de 2004, Martín Torrijos asumió la presidencia de Panamá. Hijo del general Omar Torrijos, portaba el aura del hombre que recuperó el Canal para los panameños y fundador del PRD, el brazo político de su dictadura. Dos años después, en 2006, anunció la construcción de un proyecto de riego para el agro en una provincia al suroeste del país. Esa fue la primera obra de Odebrecht en el país y fue una muestra de lo que vendría: terminó costando casi 11 millones de dólares por encima del monto por el que se licitó. 

Al año siguiente, en mayo de 2007, Torrijos viajó a Sao Paulo en busca de inversionistas brasileños. Habían pasado cinco años desde la reversión del Canal. Panamá crecía y quería convertirse en la nueva vedette del comercio internacional. 

En Brasil, Torrijos le dio la mano al entonces presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, quien luego se convertiría en el gran lobbista del gigante brasileño en la región. Torrijos volvió con “buenas” nuevas: la era de los megaemprendimientos estatales estaba a punto de nacer. 

Dos meses después, le entregó la primera fase del llamado emblema de la corrupción transpartidaria: la ampliación de una avenida conocida como la Cinta Costera, obra desarrollada en la ciudad capital y cuyo segundo tramo, que continuó en el siguiente mandato de Martinelli, terminó con 50% por ciento de sobrecosto y sin solucionar el problema vial que debía resolver. El ingenio popular la bautizó como la “cinta coimera”. 

Además, el gobierno de Torrijos le dio a Odebrecht un tramo de la autopista que une la capital del país con la ciudad caribeña de Colón, al norte. Resultaría uno de los mejores negocios, aún después de Torrijos, gracias al pago que desde entonces le hace el Estado a la empresa en “peaje sombra”, un subsidio por cada usuario que transita por la vía.

Entonces siguió Martinelli: doce proyectos por valor de unos 5.000 millones de dólares para Odebrecht. De esos, diez terminaron costando más del precio adjudicado, lo que elevó el monto global de los sobrecostos a unos 1.120 millones de dólares durante su mandato. 

Además, el Ministerio de Obras Públicas aprobó una adenda insólita, por 127,3 millones de dólares, para construir el tramo de autopista a Colón que comenzó con Torrijos, en lugar de llamar a una nueva licitación. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos protestó enseguida porque, además, la asignación contemplaba obras que no tenían nada que ver con la nueva carretera. Por ejemplo, mejoras a avenidas e, increíblemente, trabajos para recuperar las ruinas de una ciudad del interior y un estadio, todo en un mismo contrato. 

Lo mismo hicieron con la Cinta Costera. Para construir la fase II, que llegó a inaugurar el propio Lula da Silva junto a Martinelli, aprobaron una adenda de 52,6 millones de dólares. 

Martinelli tuvo como vicepresidente a un opositor que convirtió en su aliado: Juan Carlos Varela, líder del Partido Panameñista. Pero en el segundo año de gobierno se pelearon y, en 2014, Varela compitió con el alfil de Martinelli —el exministro José Domingo Arias— por la Presidencia. Y ganó. 

Para entonces, Lava Jato ya era un escándalo internacional, cuyo principal actor para Panamá era Odebrecht. Pero las investigaciones en Brasil no frenaron la máquina de facturar millones en el istmo. Varela le garantizó continuidad con dos de sus obras insignia: la renovación de la ciudad atlántica de Colón y la segunda línea del metro (la primera línea también había sido construida por Odebrecht durante el gobierno de Martinelli).

En Colón, Varela se propuso renovar la ciudad con 5.000 apartamentos de vivienda social, empotrados en monoblocks, con habitaciones pequeñas y escaleras al aire libre, por 537 millones de dólares. Al final, costó más de 100 millones más. La segunda línea del metro, con un proceso de licitación cuestionado y hasta impugnado, terminó de hacerse con 205 millones por sobre el presupuesto inicial. 

Martinelli y Varela no solo dieron a Odebrecht sus proyectos insignia. También le permitieron convertirse en el propio Estado con la privatización de la gestión social en las megaobras de viviendas en zonas calientes y de extrema pobreza, como el barrio de Curundú, en la capital, y Colón. 

En Curundú, donde hay pocos trabajadores formales y la mayoría de los niños viven solo con la madre, la empresa quiso resguardarse recurriendo a Dios y a la espada. Armó una sociedad con pastores evangélicos, encabezados por Luis Altamirano, que dijo al proyecto periodístico 'Lava Jato Conexión PTY': “Odebrecht fue la única empresa que se preocupó por nosotros”.

También habló con el Ministerio de Seguridad para ofrecerle la instalación de  una unidad de policía comunitaria, a fin de poder construir sin sobresaltos. En el ministerio dijeron que sí. Así, Odebrecht llevó a unos 160 oficiales panameños a capacitarse en Brasil. En 2012 se instaló la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) en el barrio. Es la versión panameña de la Unidad de Policía Pacificadora de la Policía Militar que opera en las favelas de Río de Janeiro, según informó la Policía Nacional.   

¿Cómo logró Odebrecht semejante poder? ¿De qué manera consiguió contratos y réditos combinados que alcanzan los 10.000 millones de dólares, que representan 2.500 dólares por cada panameño?

Rabello lo resumió así ante las autoridades: “Panamá tiene mucho de esa cultura de intercambio de favores: 'Tú me ayudas ahorita, después yo te ayudo'. ¿Entendió?”. 

Esos favores, Rabello los concretaba con una fórmula ganadora: plata para las campañas electorales, adaptación a los tiempos políticos —hubo grandes fiestas de inauguraciones a finales de mandatos— y las coimas más jugosas de las que el país tenga recuerdo.

Durante la administración Torrijos, Odebrecht habría efectuado pagos ilegales a funcionarios por unos seis millones. Según la delación de Rabello, por la autopista Panamá-Colón distribuyeron 10,9 millones entre nueve sociedades anónimas. Sin embargo, los receptores de esos pagos, identificados por el Ministerio Público, no serán investigados por la justicia, dado que ese período no pudo abordarse judicialmente. 

En la era Martinelli, las cifras treparon y son incalculables. Los datos revelados por investigaciones periodísticas y judiciales indican que los sobornos sobrepasaron los 100 millones de dólares. 

Entre 2010 y 2012, al ministro de la Presidencia de ese gobierno, Demetrio Jimmy Papadimitriu, le pagaron cuatro millones de dólares a través de sus padres. Los papeles de apertura de cuentas bancarias en Andorra mostraron además que recibió unos 10 millones, aunque él negó al diario El País de España haber cobrado dinero de manera ilegal. Sí admitió que sus padres hacían negocios con la empresa. 

Al entonces ministro de Economía, Frank de Lima, lo acusan por haber recibido unos 10,7 millones y otros tres millones, respectivamente, entre 2011 y 2014. Y al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, también, por el cobro de 1,8 millones. Igual que el exministro Federico José Suárez. Todos ellos están acusados de lavado de activos. Lo mismo que Martinelli.

La justicia sospecha que Martinelli habría recibido en sus cuentas personales dinero de Odebrecht a través de intermediarios. Rabello también dijo que a sus hijos les transfirieron al menos 42 millones de dólares, aunque tras el juicio llevado a cabo en Estados Unidos., la suma de las coimas trepó a más de 58 millones. La empresa familiar, Importadora Ricamar, S.A., propietaria de los Supermercados 99, está acusada también de blanqueo de capitales, tras recibir fondos de la llamada Caja 2 de Odebrecht. 

Para cobrar y blanquear esos millones, los Martinelli montaron una red aparte de la de la empresa. Una estructura global de sociedades, prestanombres y contratos ficticios, que permitía justificar el flujo de fondos a través del sistema bancario local e internacional, según la fiscalía panameña. Transfirieron de una sociedad en un costado del mundo, a otra en otra punta, para así poder gastar en cosas como un helicóptero, un apartamento de lujo en Madrid y llevar una vida de lentejuelas.

En la lista de cobros sospechosos también figura el expresidente Varela: recibió transferencias de una de las sociedades pantalla de Odebrecht cuando era vicepresidente de Martinelli, a través de terceros. Uno de sus recaudadores de campaña reconoció ante la Justicia haber cobrado seis millones de dólares para la carrera presidencial del panameñismo. Al alias Cachaza le depositaron 16 millones de dólares en sociedades vinculadas a figuras del Partido Panameñista, incluida la de un médico íntimo amigo de Varela.

Odebrecht giraba los pagos desde el Sector de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que bautizó a su División de Sobornos. Montó un sistema sofisticado y a prueba de escrutinios llamado Drousys, en el que se detallaba el destinatario de los sobornos con codinomes o apodos —en Panamá usaron Cachaza, Águia, Feria, Canario, Explorer, Periquitas y, al menos, unos 20 más—, la cifra y cómo debía depositarse, si a una sociedad de alguna jurisdicción offshore o cheque o efectivo. Cachaza fue el segundo en el ranking de coimeados del istmo, después de Águia, que luego se supo era Martinelli. 

Expresidentes negaron haber recibido pagos ilegales

“Yo fui investigado por más de seis meses; mandaron notas a todas las instituciones financieras; vieron todas mis cuentas y al final ordenaron el archivo del caso”, dijo el expresidente Torrijos. “Son cargos políticos de procesos amañados que no tienen ningún fundamento", dijo Martinelli. Varela se defendió diciendo: “En mi gobierno no se recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht ni de ningún contratista del Estado”.

Los sobornos alcanzaron a toda una legión de funcionarios: presidentes, ministros, candidatos presidenciales, empresarios que sirvieron como intermediarios, recolectores de fondos para campañas políticas, servidores públicos de mandos medios y hasta periodistas. ¿De dónde sacaba Odebrecht tantos millones? En muchos casos, de los sobrecostos que cobraba por las obras que esos mismos funcionarios les adjudicaban y alimentaban al Departamento de Coimas. En el caso de Panamá, fueron más de 2.000 millones entre 2006 y 2019. Y los sobrecostos se alimentaban, en muchos casos, de las adendas. 

En países como Argentina, Perú y República Dominicana, entre otros, una vez que la compañía y sus aliadas locales aseguraban una licitación a un precio auditado, aparecían adendas con cambios en los montos que el Estado debía destinar a los proyectos. En Panamá, las hubo al menos en 20 proyectos. Eso es lo que se sabe. Lo que no, podría ser más. 

¿Quién es Cachaza? ¿A cuántos y por cuánto llegó la empresa con su carnaval de los miles de millones de dólares? Odebrecht debía cooperar para saber respuestas a estas y muchas otras preguntas, pero la empresa —o sus exejecutivos y operadores financieros— no lo contó todo. La promesa del intercambio sellado el 26 de julio de 2017 con el Ministerio Público ofrecía impunidad a personas, como el superintendente de Odebrecht en Panamá, Rabello, a cambio de una información que, sin embargo, fue insuficiente para armar el rompecabezas completo. 

A Odebrecht, la justicia local le impuso una multa de 220 millones de dólares, por los sobornos y por abusar del sistema bancario local para blanquear cientos de millones de dólares. La multa debía saldarse en un período de 12 años. Pero la empresa tampoco ha honrado ese trato: apenas ha pagado 52 millones, y el Ministerio Público (MP) ha tenido que pedir seis audiencias por incumplimiento. 

No fueron los únicos que no pagaron: aún no hay condenados de alto perfil cumpliendo cárcel en Panamá, el país en el que los tres mayores partidos políticos del país están salpicados por la red de corrupción. 

Durante su gestión, Martinelli obtuvo impunidad interviniendo el Ministerio Público; colocando fichas propias en la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría, y comprando diputados. La entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, lo puso así en un cable de 2009 de WikiLeaks: “La excesiva concentración de poderes en manos de un solo hombre [Martinelli], junto con su intento de implicar a la Embajada en actividades ilegales [el espionaje telefónico de la oposición] y los informes sobre su intimidación a autoridades judiciales son causa de preocupación respecto a la estabilidad de las instituciones democráticas de Panamá a medio plazo”. 

La estrategia de Varela quedó expuesta en noviembre de 2019, con la filtración de mensajes de su celular, publicada en una web con el nombre de "Varelaleaks". El presidente apuró un acuerdo paralelo con Rabello, a través de su hermano, el entonces diputado José Luis Popi Varela, que luego institucionalizaba con la jefa de fiscales, Kenia Porcell. Las comunicaciones entre Varela, su hermano y Rabello, revelan manipulación y presiones para favorecer al delator, que no lo contó todo y provocó la renuncia de Porcell. 

En Panabrecht, la empresa pasó agachada como políticos, ministros, empresarios, testaferros y otros intermediarios, como abogados y bancos. Hasta ahora. La justicia panameña —normalmente tímida, cómplice y excesivamente tolerante— será puesta a prueba durante el juicio del caso local de Odebrecht, que debía comenzar el 18 de julio, justo cuando se cumplían seis años del surgimiento de Lava Jato. El Ministerio Público, que no inició la investigación de oficio sino por la denuncia de un particular, ha celebrado ocho acuerdos de colaboración eficaz y once acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Hasta aquí, los únicos condenados por la corrupción monumental del caso en Panamá fueron sentenciados fuera del país: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que podrán leer esta historia desde una cárcel federal en Estados Unidos.  

El padre, al que los hijos señalaron como el responsable del desfalco millonario al Estado, probablemente la leerá en su lujosa residencia en San Francisco, en el mismo lugar donde esperó la sentencia de sus hijos con una fiesta. 

Ese día de mayo, Martinelli invitó a amigos y amigas –caras nuevas que lo rodean desde que los escándalos comenzaron a amontonarse– a parrandear con él. Luego de la sentencia, compartiría un comunicado celebrando "un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales", pero en la víspera de la audiencia definitiva en la que quedó sellada su participación en el festín ilegal de los millones, el clima era de fin de época. 

Esa noche, el expresidente abrió el bar y subió el volumen de la música, en otra fiesta intensa, como carnaval carioca. 

Este reportaje forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

El conjunto de publicaciones mancharía para siempre la imagen de la operación al revelar la falta de imparcialidad de Moro para juzgar las acciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro actuó junto a los fiscales y en contra de la defensa de Lula, ignorando la neutralidad que la ley brasileña exige a los jueces. Esos mensajes serían el remate de un proceso, que llevaba meses, de desmantelamiento de Lava Jato y de todo el sistema anticorrupción que permitió su existencia.

Los mensajes acabaron siendo utilizados como elementos de convicción para los ministros del Tribunal Supremo de Brasil, que en 2021 decidieron anular las condenas de Lula. Primero, al resolver que la Justicia Federal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgar los casos del expresidente, ya que no habría cometido en el estado de Paraná los crímenes que se le imputaban. Y, después, al declararlo parcial por juzgar a Lula y condenarlo a prisión, al haber formado parte del gobierno de Bolsonaro, principal opositor del expresidente. 

Gozando nuevamente de la presunción de inocencia, sin ninguna causa judicial en su contra, Lula se convirtió en el mayor símbolo del fracaso de la operación iniciada en 2014. Y Sergio Moro, otrora su verdugo, comenzó ahí su infierno astral: intentó postular su candidatura a la presidencia de la República en 2022, que abandonó a la fuerza luego de traicionar al partido que inicialmente lo afilió, y pasarse a otro partido, creyendo que tendría más recursos para la campaña presidencial.

La decisión a favor de Lula no fue la única en los tribunales superiores que anuló decisiones de la operación Lava Jato. Desde 2017 se había iniciado un movimiento de reacción en el Tribunal Supremo y el Congreso brasileño para cortar las alas que habían permitido que las investigaciones, inicialmente centradas en los gobiernos del PT, alcanzaran a los más tradicionales partidos de centroderecha, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, que gobernó el país entre 1995 y 2003, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mayor partido del país, descendiente del homónimo MDB, que fue el único partido de oposición durante la dictadura militar y que gobernó el país desde la redemocratización con José Sarney, entre 1985 y 1990, y Michel Temer, de 2016 a 2019. 

La operación de asfixia comenzó ya durante el gobierno de Temer, él mismo blanco del Ministerio Público Federal, pero alcanzó su cumbre en el gobierno de Jair Bolsonaro, elegido en medio de la ola anti-política, que cobró fuerza con Lava Jato y, contradictoriamente, en paralelo con la promesa de fortalecer la lucha contra la corrupción.

La reacción a las grandes iniciativas contra la corrupción, como lo fue Lava Jato, es recurrente, dice el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil, el economista Bruno Brandão. “Lava Jato no surgió del vacío. Surgió de un largo proceso de evolución de las leyes, las instituciones y la propia sociedad brasileña, con marcos legales más fuertes y modernos contra la corrupción. Ahora vivimos un retroceso en todas sus dimensiones”, analizó.

La situación no es exclusiva de Brasil, según Brandão. “Con más independencia, las instituciones pasan a actuar contra la clase política con más capacidad, eficiencia, y hay una respuesta de este mismo sistema político para cohibir esa independencia. Este movimiento pendular no es exclusivo de la sociedad brasileña”, explica.

Estas reacciones incluyen cambios legislativos, como la aprobación de la ley que sanciona el abuso de autoridad, que entró en vigor a principios de 2020. La ley tipifica una serie de conductas consideradas abuso de autoridad, que ahora son consideradas delitos. También reforzó las prerrogativas de los abogados en el trato con sus clientes. La aprobación fue una medida de los congresistas para protegerse contra los métodos utilizados por Lava Jato para avanzar en la investigación.

Los cambios también definieron nuevas reglas para los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como delaciones premiadas. “El punto fundamental de la ley fue la regulación: impedir que se iniciara un proceso penal sobre la base de la delación premiada o realizar un allanamiento y la prohibición de ofrecer el beneficio del arresto domiciliario en la negociación de la denuncia”, explicó el abogado Pierpaolo Bottini, que defendió a varios investigados en Lava Jato, como el expresidente de la constructora Camargo Corrêa, Dalton Avancini, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.

La operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014. Nacida de una investigación sobre lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, tiró del hilo de una gigantesca maraña de corrupción de contratistas, cambistas y políticos en Petrobras, otras empresas del Estado Federal, el Congreso Nacional, los gobiernos estatales y el Poder Judicial de Brasil. 

En el extranjero, la operación reveló casos de corrupción en casi toda América Latina, Estados Unidos, Suiza, Portugal y decenas de otros países. Las contratistas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y la multinacional JBS fueron sus principales protagonistas. En los hechos referentes exclusivamente a Petrobras, hubo 80 casos, que investigaron a grandes figuras de la política nacional. Se recuperaron 6.100 millones de reales. Hubo 361 condenas en primera y segunda instancia en Paraná, Río de Janeiro y São Paulo.

“Lava Jato logró cosas inéditas, como poner tras las rejas a corruptos y recuperar miles de millones en un país en el que la regla es no recuperar un solo centavo. Lava Jato reveló el monstruo de la corrupción brasileña”, resumió el exfiscal Deltan Dallagnol, que coordinó la fuerza tarea de Lava Jato y, al igual que Sergio Moro, cambió públicamente de bando y ahora es un político que aspira a ser diputado federal. Recientemente declaró que, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, prevista para octubre, votará por Jair Bolsonaro. Aunque Dallagnol no lo admita públicamente, se especula que también votó por Bolsonaro en 2018.

“Solamente en Curitiba, hubo 179 acciones penales, en las que al menos 174 personas fueron condenadas a cumplir más de 2,500 años de prisión”, dijo Dallagnol. “Hoy, 80% de esas acciones siguen en pie, siempre y cuando el Tribunal Supremo y otros tribunales no apliquen los criterios que tuvieron en otros casos, revisando normas, cambiando las reglas del juego y aplicando al pasado”, agregó.

De hecho, en los tribunales superiores el éxito de la operación no fue el mismo. El Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo revisaron una parte significativa de las decisiones tomadas por tribunales inferiores, siendo la más notoria la condena del expresidente Lula. La operación que causó un cataclismo en el establishment político brasileño es hoy una sombra de lo que fue. En el Tribunal Supremo se revisó una decisión que el propio tribunal había tomado, la que autorizó la detención de investigados tras una condena en segunda instancia.

Un punto emblemático de ese giro fue la multa de 75.000 reales (unos 24.000 dólares) impuesta al exfiscal Deltan Dallagnol por haber elaborado una presentación en PowerPoint para ser utilizada en una conferencia de prensa, en la que Lula fue señalado como cabecilla de una organización criminal. En la decisión, el Tribunal Superior de Justicia apuntó que durante la presentación de las diapositivas, Dallagnol no utilizó términos técnicos, sino expresiones y calificativos ofensivos al honor y la imagen del expresidente.

En otro frente, también en una especie de vendetta, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que tuvo ministros investigados por la operación Lava Jato, investiga ahora si el exfiscal malversó fondos públicos en la compra de boletos de avión mientras formaba parte de la fuerza tarea. Si es declarado culpable, Dallagnol podría quedar inhabilitado.

 “Se ha vuelto peligroso combatir la corrupción en Brasil. El sistema corrupto no solamente busca la impunidad, como sucedió en Italia, sino también venganza contra quienes se atrevieron a luchar contra la corrupción para que nadie ose enfrentarse al establishment”, afirmó Dallagnol.

Para él, hoy “vemos corruptos sueltos, liberados o anulados sus procesos, mientras el sistema busca que fiscales y jueces paguen la cuenta del combate a la corrupción. Es una inversión total de los valores, es la cola que mueve al perro”, arremetió, repitiendo el lenguaje que ahora adopta en las redes sociales, más cercano al personaje aquel que durante años sus críticos dijeron que era el verdadero Dallagnol.

La historia de cómo la cola empezó a mover al perro remite a una mezcla de errores internos y presiones externas, y pasa inevitablemente por la figura de Jair Bolsonaro.

 En 2018, el actual presidente brasileño estaba en su octavo mandato como diputado cuando logró convencer al electorado de que era el candidato antisistema que se buscaba en ese momento, cuando la mayor parte de la clase política brasileña enfrentaba acusaciones de corrupción o financiamiento electoral ilegal.

En un principio, todo indicaba que Bolsonaro daría el apoyo necesario para que Lava Jato continuara. El juez Sergio Moro fue invitado al cargo de ministro de Justicia, con la promesa de ser nombrado por Bolsonaro para un puesto en el Tribunal Supremo.

La prensa fue en gran parte responsable de inflar la imagen de Moro hasta convertirlo en un superhéroe. La otra cara de la moneda fue la criminalización de la política, que acabó creando el clima político que hizo posible la elección de Jair Bolsonaro. Pero a lo largo de tres años y medio, el presidente fue uno de los líderes del desmantelamiento de la operación y del sistema que permitió su existencia. “Fue un retroceso sin precedentes en la independencia de las instituciones de control. Tenemos una injerencia política muy grave en la Policía Federal, en los organismos de inteligencia, como la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)”, dijo Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.

El economista recuerda que el problema va más allá de la lucha contra la corrupción. “Esta gravísima injerencia en la Policía Federal y en el sistema de inteligencia brasileño es algo muy preocupante. No solamente desde el punto de vista del combate a la corrupción, sino también de la democracia misma, porque debilita las garantías y los derechos de los ciudadanos brasileños”, explicó.

Un actor clave en este proceso fue el fiscal general de la República, Augusto Aras, cuya elección rompió una tradición que se había construido desde 2003 en Brasil, de que el presidente de la República elegía el fiscal general después de que los fiscales de la República propusieran una lista con tres nombres. Aras ni siquiera se postuló en 2019 y fue elegido por Bolsonaro tras prometer lealtad perruna. Y efectivamente Aras fue un perro dócil con su amo. “Es cada día más escandaloso el proceso de neutralización de la Fiscalía General de la República, que tiene importancia crucial en la lucha contra la gran corrupción”, dijo Brandão. “Fue esa frontera de impunidad para los poderosos que Lava Jato intentó cruzar y sufrió una reacción abrumadora”, agregó.

En su audiencia en el Senado en 2019, Aras criticó el modelo de fuerza de tarea utilizado por la operación Lava Jato. “El modelo de fuerzas de tarea, con personalización, culminó en una serie de irregularidades que salieron a la luz pública, como los episodios revelados en Vaza Jato, la frustrada gestión de grandes cantidades recaudadas en acuerdos de colaboración y acuerdos de lenidad, a través de fondos no previstos en la ley”, afirmó en su momento.

Así, el 1 de febrero de 2021, cerca del final de su primer mandato al frente de la Fiscalía General de la República, Aras efectivamente extinguió la fuerza de tarea. La operación Lava Jato sería dirigida por un grupo de combate contra el crimen organizado responsable de varias investigaciones, pero con mucho menos estructura y sin una fuerza asignada para ello.

Pero antes de que terminara la fuerza de tarea, Bolsonaro ya había dicho que Lava Jato había acabado. El 7 de octubre de 2020, en un discurso en el Palacio Presidencial del Planalto, en Brasilia, bromeó: “Quiero decirle a esta maravillosa prensa nuestra que no quiero terminar con Lava Jato, yo terminé con Lava Jato porque no hay más corrupción en nuestro gobierno”. Fue aplaudido, aunque era mentira.

Varios casos de corrupción han salido a la luz durante el gobierno de Bolsonaro, involucrando a los ministerios de Educación, Salud y Medio Ambiente, además de denuncias contra los hijos del presidente, con evidencia de que malversaron dinero de sus oficinas de diputados locales antes de que su padre fuera electo.

“La figura de la Fiscalía General de la República en el modelo brasileño, en el que existe un foro privilegiado tan amplio, es central. [El foro] es un manto protector de la élite política brasileña y es una excrecencia. Frente a este sistema, la Fiscalía General de la República tiene una función primordial y crucial para enfrentar la gran corrupción de las más altas figuras de la República. Cuando neutraliza este punto, desmantela toda la capacidad de hacer frente a la gran corrupción”, explicó Brandão.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan a esto. “El impacto va mucho más allá, llega a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad brasileña, como el derecho a la vida, que se evidenció con la omisión ante la tragedia humanitaria [de la pandemia de Covid-19] y la responsabilidad penal que se atribuye a la gestión del gobierno de Bolsonaro por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigó el asunto”, dijo.

Los golpes contra Lava Jato no se limitaron al grupo de fiscales que la componían. Eran parte de un ataque sistemático al aparato estatal que investigaba la corrupción. El primer objetivo fue el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), que había pasado a estar bajo el paraguas del Ministerio de Justicia cuando Sergio Moro aún era un superministro. Luego, a principios de 2020, pasó al Banco Central.

El COAF recibió especial atención de Bolsonaro porque fue un informe suyo el que fundamentó la investigación al senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, y la presunta malversación de dinero de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro cuando aún era diputado estatal.

La Policía Federal también sufrió una flagrante intervención de Bolsonaro, que acabaría provocando, entre otras cosas, la caída de Sergio Moro. Bolsonaro cambió cuatro veces el directorio de la Policía Federal. La corporación castigó y persiguió al menos a 18 delegados, algunos por realizar investigaciones que incomodaban al gobierno. Durante la operación Lava Jato, en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), estos cambios no ocurrían.

El Tribunal Supremo también tuvo su papel en la disolución de Lava Jato. También en 2017, la máxima corte comenzó a tomar una serie de decisiones que habían hecho posible el éxito de la operación desde 2014. Entre ellos, decidir sobre la inconstitucionalidad de la conducta coercitiva, la revisión de la prisión tras la condena en segunda instancia, la competencia de la Justicia Electoral en delitos que tienen relación con las elecciones y la definición de que el delator debe declarar antes de ser denunciado. 

Otro cambio importante fue el que definió qué tribunal juzgaría los casos de la operación Lava Jato. Los casos que involucran al expresidente Lula y que no estaban relacionados con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, fueron retirados de la Justicia Federal de Paraná y enviados a Brasilia.

“Había varios temas que estaban siendo reconocidos por el Tribunal Supremo como exageraciones, ilegalidades, y eso hizo que se redujera el ámbito de actuación de la Lava Jato”, dijo el abogado Pierpaolo Bottini, en una visión que en parte coincide con la de los expertos anticorrupción.

“Muchas de estas cuestiones involucran derechos fundamentales y garantías procesales que no son minucias. La cuestión del foro competente y del juicio natural son una garantía fundamental del debido proceso legal y debe ser entendida como tal”, ponderó Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.

El economista no está de acuerdo con todo. Afirma que está en contra, por ejemplo, del entendimiento del Tribunal Supremo de que los casos relacionados con campañas electorales son responsabilidad de la Justicia Electoral. “Esta decisión quizá tuvo el mayor impacto en el desmantelamiento de este enfrentamiento con la gran corrupción”, reflexionó. “La Justicia Electoral no está equipada, especializada y habilitada para perseguir este tipo de criminalidad compleja como en estos esquemas”, resumió.

Los problemas en el Tribunal Supremo son otros, opina. “El gran problema es la actuación errática del Tribunal Supremo y otras instancias del Poder Judicial brasileño, que cambia frecuentemente de interpretación. No hay estabilidad en las decisiones”, critica. Además, Brandão también es contrario a la dilación en el juzgamiento de los casos y la cantidad de decisiones concentradas en un solo juez y de los grupos de magistrados.

Para Bottini, estos excesos de la operación terminaron echando a perder el legado de Lava Jato. “Nadie puede negar que identificó actos de corrupción, pero los instrumentos y procesos utilizados fueron cuestionados y en ocasiones excedieron los límites legales. Esto terminó afectando todo el legado y deslegitimando la operación en su conjunto”, señaló.

Bruno Brandão está de acuerdo en que los errores existieron y fueron graves, pero no cree que por eso se echó abajo la operación. “Lava Jato tuvo errores, algunos muy graves, y deben ser identificados y corregidos para seguir evolucionando en la lucha contra la corrupción. Pero no podemos ser tan inocentes de pensar que Lava Jato fue arruinada por sus errores”, dijo.

“Se está destruyendo por sus éxitos. Y esta es una experiencia de lucha contra la corrupción en todo el mundo. La corrupción siempre contraataca”, concluyó. 

Este artículo forma parte de una serie sobre el caso Lava Jato en América Latina realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

Los fiscales suizos siguieron la ruta del dinero de las empresas offshore de Odebrecht en los bancos helvéticos y, entre tantas transferencias dudosas, saltaron a la vista varias que habían aterrizado en una maraña de cuentas asociadas al grupo Decsa (Diseño, Estudio y Construcciones S.A.), una constructora venezolana que figura en la lista de subcontratistas de la tantas veces prometida y nunca concluida Línea 5 del Metro de Caracas.

Para el momento en que remitieron la carta, los fiscales se habían encontrado con una suma de más de más de 21 millones de dólares en 11 cuentas bancarias cuyos nombres y depósitos, cuando menos, llamaron la atención: “En el estado actual de la investigación, resulta que, con fecha del 7 de octubre de 2009 se ingresó en la cuenta num 305.3800 del banco Julius Bär & CO SA a nombre de la sociedad DISEÑO ESTUDIO y CONSTRUCCIONES SA (DECSA), atribuible a Francisco Lino RAMÍREZ ARTEAGA y su familia, con firma para Thomas HACKER, un importe de USD 300,000, provenientes de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, sociedad atribuible al grupo ODEBRECHT y que operaba como «caja negra»". 

Eso apuntó, en el original en italiano, el fiscal federal de la Confederación suiza, Stefano Herold, el 3 de julio de 2017, en un documento de transmisión voluntaria de información que envió a Caracas mediante la embajada de su país, con el propósito de colaborar para que la Fiscalía General de la República de Venezuela terminara el trabajo. En la carta advertía que “se han comprobado ulteriores transferencias de dinero a las sobredichas cuentas a nombre de DECSA”.

Se trata de un documento que hasta ahora había permanecido guardado en alguna gaveta del Centro Villasmil de la parroquia Candelaria de Caracas, en las oficinas de la Fiscalía 55 Nacional, y que hoy muestra que –casi seis años después– siguen apareciendo nombres y depósitos que dan cuenta de la hemorragia de dinero en la que se convirtieron las más de 30 obras que Odebrecht prometió en Venezuela, la mayoría sin terminar.

Lazo doble

Al frente de la constructora Decsa figura el matrimonio de Francisco Ramírez y Carmen López. “Resulta que Carmen Josefina López Arismendi es o fue vicedirectora general de la oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela”, prevenía Herold, el fiscal suizo, en su misiva. Pero en lo que no reparó el fiscal suizo en esa oportunidad fue que el nombre de Ramírez, el cónyuge de López, está ligado al del entonces, en la actualidad y en dos períodos, jefe de la policía política del chavismo, el general Gustavo González López.

El ahora empresario, Francisco Lino Ramírez Arteaga, del grupo Decsa, antes había sido el funcionario Francisco Ramírez –a secas– que, entre 2007 y 2009, destacó como vicepresidente de Grandes Obras del Metro de Caracas, cuando ese organismo estaba en manos del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), González López. Poderoso y en apariencia inamovible de la cabeza de los servicios de seguridad e inteligencia del Ministerio del Interior, González López fue uno de los primeros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y hasta la propia Suiza, como responsable de la represión y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Su gestión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian torturas y abusos dentro de la policía política. Destaca como uno de los artífices de la represión y las más de 170 víctimas fatales que suman las protestas de los años 2014 y 2017. Pero, por encima de todo, su nombre se asocia –como máxima autoridad del Sebin que era entonces, como hoy– a uno de los capítulos más sórdidos de la represión chavista: la muerte del concejal por Primero Justicia en el municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, cuyo cuerpo sin vida cayó al asfalto el 8 de octubre de 2018 desde el décimo piso de la sede central del Sebin en Plaza Venezuela –centro geográfico de Caracas–, en un episodio que el gobierno se apresuró a calificar como un suicidio, pero del que opositores, activistas y defensores de derechos humanos no dudaron en denunciar como una cruel ejecución. A la larga y tras la presión de los denunciantes, la fiscalía obediente al chavismo, encabezada por Tarek William Saab, accedió a acusar y llevar a juicio a dos funcionarios del Sebin por el crimen.

“Representa el rostro de la tortura y los crímenes contra los DD.HH. en Venezuela”, reseñó el diario El Comercio de Lima en el año 2019 en un perfil sobre el general en jefe . 

La puerta giratoria de Francisco

La hemeroteca de la época advierte que Ramírez Arteaga y González López ya habían sido denunciados como participantes de un caso de irregularidades administrativas por la renovación de los vagones de la Línea 1 del Metro de Caracas, adjudicada sin licitación ya no al histórico grupo francés Frameca –consorcio ad hoc que hasta entonces había provisto los vagones del Metro desde su fundación– sino a un nuevo consorcio conformado por las ibéricas Cobra, Dimetronic y Constructora Hispánic. El negociado no solo dejó rastros en el escándalo de la Banca Privada d’Andorra, sino que motivó un reclamo por parte de España, que ahora demanda una deuda de 155 millones de dólares por incumplimiento de contrato -y también dejó secuelas en la calidad del servicio, por culpa de un proyecto de modernización del sistema jamás acometido por completo-.

No hay muchas referencias del caso en la Web. Pareciera que el nombre de Ramírez desapareció de la faz de Internet después de un barrido digital. A esa conclusión ya había llegado por su parte el periodista Manuel Isidro Molina tras varios años denunciando el caso en sus columnas del diario La Razón.

“El vicepresidente de grandes obras de Cametro era entonces, el ingeniero Francisco Ramírez, quien renunció al cargo después que el presidente Chávez firmó la partida solicitada, y se fue a España a fraguar el doloso contrato”, afirmó Molina en un foro de Aporrea -el sitio en Internet del chavismo disidente- de abril de 2018, en una de las pocas columnas del caso que aún se consiguen en línea. A pesar del desaguisado, la puerta giratoria condujo a Ramírez desde la burocracia del Estado a la gerencia de una de las empresas que recibió depósitos irregulares de las offshore del Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo con el que Odebrecht llamó a su división de sobornos.

Maduro inauguró en 2015 la estación de Bello Monte como la primera de la Línea 5 del Metro de Caracas. Siete años después, no hay más. Crédito: Youtube/Haiman El Troudi

No fue posible contrastar estos datos con el propio Ramírez. No atendió ninguno de los llamados telefónicos que para esta cobertura le hizo Armando.info; como tampoco recibió las peticiones de información dirigidas a la sede del grupo Decsa, en el piso 3 del edificio Primero de la calle París de Las Mercedes, una zona empresario-comercial y bohemia del sureste de Caracas. De hecho, en las oficinas ahora hay otro grupo y sobre el papel, la compañía existió apenas durante cinco años. Ese lustro va desde el 5 de junio de 2007, cuando constituyeron la firma ante el Registro Cuarto del Distrito Capital y Miranda –nada más unos días después de que Ramírez saliera del Metro de Caracas–, hasta noviembre de 2012, cuando resulta vendida, a escasos dos años de los últimos contratos que firmó con Odebrecht.

Según la escasa información que se lee en el Registro Nacional de Contratistas, el grupo Decsa trabajó para la Constructora Norberto Odebrecht en la “excavación de fosos”, “estabilización de taludes” y “arrendamiento de equipos”. La página web de la empresa presenta a su grupo como una compañía ahora establecida en Panamá, para cuyo público muestran un catálogo con obras de Venezuela que –paradojas de esta historia– incluye una de las emblemáticas fosas de la Línea 5 que quedaron a medio hacer en plena urbanización Chuao, en el sureste de Caracas, y que debieron ser parte de la línea que terminaría de comunicar el este de Caracas con Colinas de Bello Monte al sur del cauce del río Guaire.

La Línea 5 del Metro de Caracas es hoy una de las 17 obras de infraestructura, entre 32 asignadas a Odebrecht por el régimen chavista, que quedaron por hacer. La omisión redujo a la llamada Línea 5 a una sola estación, la de Colinas de Bello Monte. Una obra cuando menos exótica, que Maduro inauguró apurado en noviembre de 2015, entre bombos y platillos, como la primera piedra de un proyecto que descongestionaría la Línea 1 del Metro de Caracas, y en medio de una campaña electoral para la escogencia de los diputados de la Asamblea Nacional, que el oficialismo perdería por paliza.

“Misión cumplida. Ha iniciado operaciones la línea 5 del Metro de Caracas en su primera estación”, manifestó el 4 de noviembre de 2015 desde uno de sus andenes, en el afán de mostrar obras. “Ese es el compromiso que tenemos para el próximo año 2016, 2017 y 2018: inaugurar el resto de la Línea 5”.

Una Venezuela de fantasía

Ni la Línea 5 pasó de Bello Monte ni la mayoría de las obras se materializaron. Si bien en todos los países donde la constructora hizo negocios se pagaron sobornos a cambio de sobreprecios, los proyectos de Venezuela –donde los brasileños, al calor de la relación tórrida del comandante Chávez con los gobiernos consecutivos del PT, con Lula Da Silva y Dilma Roussef en la presidencia, consiguieron más contratos que en ninguno de los otros 11 países de la órbita Odebrecht, diferente al propio Brasil– dieron lugar a un cementerio de elefantes blancos.

El comandante Hugo Chávez esposó el futuro del país al de Odebrecht. Una empresa entonces de renombre, para la que no escatimaba halagos que le permitieran dibujar –y anunciar– el mapa de una Venezuela rutilante con no uno, ni dos, sino hasta tres puentes sobre el río Orinoco; otros dos puentes sobre el Lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, en la parte más occidental del país; y una retahíla de vías férreas que integraran en una sola el área metropolitana de la llamada Gran Caracas, comprendiendo ahora los ahora los suburbios capitalinos en Los Teques y las ciudades-dormitorio de Guarenas, Guatire y los Valles del Tuy.

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía renovado y ampliado fue una de las pocas obras concluidas. Su estampa sirvió para darle credibilidad y prolongar la lista de promesas con plantas de etanol y energías limpias en los Llanos venezolanos; una refinería de crudos para la faja petrolífera del Orinoco e instalaciones de gas en Anzoátegui, al oriente del territorio nacional. Un país grandilocuente que no pasó de catálogos y mapas. Ni hablar de la central hidroeléctrica de Tocoma, al sur, en el estado Bolívar, cuya operación habría salvado al país de los apagones que se agravaron precisamente después de que comenzara el escándalo del caso Lava Jato.

El inventario de Odebrecht en Venezuela suma un presupuesto de más de 20.000 millones de dólares de los que ninguna autoridad ha rendido cuentas. "Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela, suficientes para pagar toda la deuda comercial que tiene el país", declaró Juan Guaidó el 24 de agosto de 2017 –mucho antes de pensar proclamarse como presidente interino– entonces al frente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Un tal Luis

Pero cualquier auditoría tendría dificultades para precisar el tamaño del botín de Odebrecht en Venezuela. Aún si se cuenta con los contratos suscritos, para determinar el monto definitivo habría que considerar las múltiples y consecutivas adendas incorporadas sobre la marcha, así como las redundancias y simulaciones de contratos o alquileres de equipos que ni por disimulo llegaron al país, o, que quedaran trazas de compras de obras de arte que pagaron las offshore de la corrupción en las más prestigiosas galerías de Caracas. Incluso, que las contratistas aprovecharan pagos a tasa de dólar oficial –según se pudo confirmar en la nunca concluida central hidroeléctrica de Tocoma– para luego revenderlos en el mercado negro azuzando el fuego de la inflación de esos años. 

Llegaron hasta falsificar la firma del propio Hugo Chávez cuando desapareció de la esfera pública para tratar su cáncer terminal en La Habana, Cuba. En eso coincidieron los dos principales directivos de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, cuando se sumaron a los otros 76 testigos que colaboraron en el programa de delaciones premiadas que en diciembre de 2016 llevó la justicia brasileña.

El testimonio del director superintendente de Odebrecht para la región Caracas, Alessandro Dias, explica cómo conspiraron con un funcionario del Metro de Caracas, llamado Luis Delgado, que luego apareció como socio de la esposa de El Troudi en cuentas bancarias de Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

Ambos mencionaron a un lobbista o cabildero de nombre Luis Delgado, que pasó de ser funcionario del Metro de Caracas a una suerte de caballo de Troya con el que –desde adentro– infló y truncó contratos y pagos por más de 100 millones de dólares. “Pasamos a tener acceso privilegiado a minutas de Puntos de Cuenta, y pudimos influir y cambiar inclusive la redacción”, confesó Euzenando Azevedo, el ya célebre director de Odebrecht en Venezuela. “En la elaboración, Luis Delgado era quien conseguía hacer el borrador. Yo le decía: ‘Nos interesa más eso, (…) esa obra necesita más recursos, esa de aquí requiere de poco dinero’”, agregó el segundo a bordo de la constructora brasileña en Caracas, Alessandro Dias. 

El Troudi & Cia

El de Delgado fue un nombre común que pasó inadvertido hasta que apareció en Suiza en medio de un grupo de cuentas bancarias a las que estaban destinados pagos sospechosos de varias de las offshore que los brasileños emplearon para el trabajo sucio. La sorpresa fue encontrar sus datos en un tinglado de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares, que compartía en 2017 con dos prominentes damas venezolanas: María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz, esposa y suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, respectivamente.

Conocido como uno de los integrantes del grupo de “ideológicos” del chavismo, El Troudi se estrenó en 2005 en el gabinete de Chávez como director del Despacho de la Presidencia de la República. Dos años después destacó entre los fundadores del Centro Internacional Francisco de Miranda, un think tank del chavismo, de donde pasó a coronarse primero como ministro para la Planificación y el Desarrollo. Luego iniciaría una carrera en Infraestructura, que empezó en el Metro de los Teques, más tarde siguió en el Metro de Caracas y, finalmente, quedó a cargo de toda esa cartera.

Datos parciales de la base de datos secreta de Odebrecht, Drousys, dan testimonio de al menos 142 millones de dólares que los brasileños desviaron en comisiones ilegales solo entre 2011 y 2014. El derrame de fondos públicos tuvo que ser mayor, pero semejante cifra –la que se ha podido computar– lleva precisamente a esos años en que El Troudi estuvo a cargo de los proyectos de un país que no fue.

En ese laberinto de operaciones millonarias destacan 36 transferencias que, entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, sumaron 92,1 millones en las cuentas bancarias de una firma llamada Cresswell Overseas de la que salieron varios depósitos a las cuentas que la esposa de El Troudi tenía en Suiza.

Ha sido imposible obtener alguna respuesta de su parte. Desde hace tres años El Troudi ha ignorado todos los correos electrónicos, llamados telefónicos y mensajes por Whatsapp y redes sociales que se le han dirigido de modo de contar con su versión sobre estos pagos de Odebrecht. Los intentos han incluido hasta cartas remitidas a través de su propia plataforma electrónica.

Pero el silencio también es una respuesta. El ex ministro y ex diputado ha preferido aguantar la tormenta y apelar al bajo perfil frente a la avalancha de documentos y filtraciones que han mostrado a su esposa primero como cliente de la banca suiza, luego como propietaria de un privilegiado apartamento en Portugal y, finalmente, como beneficiaria de una visa dorada que pagó para salir de Caracas a Lisboa.

Si El Troudi confía en que no lo van a investigar, esa apuesta consiguió pronto premio en Venezuela. En una sentencia del 13 de diciembre de 2017, el juez Luis Marcano Sarabia, a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Control de Caracas, desconoció las investigaciones que había enviado la justicia suiza.

Tal vez por eso el exministro ahora se vende en sus redes ya no como el feroz teórico chavista de otros años, sino como un “apasionado de lo afirmativo venezolano”. Un funcionario desdoblado en humanista que hoy privilegia titulares cándidos en la página web que presenta con su nombre, https://haimaneltroudi.com/: “Claves para entender los transgénicos, ¿solución o amenaza?”; “Los alegres colores del ave del paraíso y el riqui riqui”; “Monumento Natural Abra Río Frío, exuberante corredor ecológico”; “Nanorobots para limpiar el agua de metales pesados y pesticidas”.

Por la prominencia de El Troudi, su banda es probablemente la más mencionada cuando de repasar a los benefiados por los pagos encubiertos de Odebrecht en Venezuela. Pero no es la única.

En los juicios de Brasil, Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht, evitó siempre referirse a esos pagos como “sobornos”, pero como hizo con Luis Delgado, mencionó también a Héctor Dáger como comisionista. Lo que no dijo entonces es que él compartía firma en cuentas bancarias en Suiza con el mismo Dáger que había señalado.

Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development muestra más de 14 millones de dólares, que Odebrecht depositó entre 2012 y 2014 desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda a varias cuentas de Dáger en Suiza.

El superintendente de Odebrecht en Venezuela mencionó al venezolano Héctor Dáger como comisionista, pero nunca dijo que compartían cuentas en Suiza. Crédito: Youtube/Armando.info

A diferencia de sus pares, Azevedo reportaba directamente al presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, en lugar de rendir cuentas a la Vicepresidencia de África y América Latina, como correspondía según el organigrama corporativo. Un privilegio que explica su rol en la trama local de la compañía, y el de Venezuela en su esquema global de negocios; pero aún más elocuente para expresar la hazaña completada por Azevedo al lograr meterse al mismísimo Chávez en el bolsillo.

Gerencia de seducción

Discreto, como corresponde a un buen conector y hombre de negocios, pero provisto de la proverbial simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto que el propio Chávez nunca escatimó elogios y buenas palabras para él. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Pero esa historia de fraternidad entre el comandante revolucionario y el procónsul empresarial tenía otro costado, que apenas pudo aflorar tras la muerte de Chávez. Quienes llegaron a hablar con Azevedo, destacan que el brasileño había hecho propios algunos giros coloquiales del castellano de Venezuela para referirse a su situación: descubrió que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el resto del anillo más cercano al comandante, le tenían "arrechera" (o "rabia"), y que con el estallido del caso Lava Jato se había armado un "zaperoco" (lío). Por fin esos hallazgos y valoraciones debieron abrir paso a un plan de salida de Venezuela. En 2013, tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, Euzenando Azevedo abandonó el país, que por unos años había sido su pequeño obispado. Maduro no quería saber nada más del brasileño que, a sus espaldas y en su contra, había hecho aportes a la campaña presidencial del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski.

Azevedo lo admitió ante los fiscales brasileños, a los que dijo que gestionó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro y a la vez otros 15 millones para el comando de Henrique Capriles en 2013. Se cuidó de mencionar comisiones a funcionarios.

Euzenando Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela, confesó en los juicios de Brasil cómo dieron $35 millones para la campaña de Maduro. Crédito: Youtube/Armando.info

Probablemente confiaba en que ninguna autoridad venezolana investigaría sus palabras. Después de todo, el embajador de Odebrecht en Caracas bien supo cómo se movían los hilos del poder en el andamiaje chavista. Es bien sabido que tenía puerta abierta en el Palacio de Miraflores y contaba con un pase más poderoso que el de muchos locales, Azevedo fue testigo de excepción de la debacle de un país boyante.

Ahora, desde su natal Pernambuco, al oeste de Brasil, pasa de largo. Se mantiene al margen no solo de Venezuela sino también de la propia Odebrecht, que le quitó el apoyo legal tras el reportaje de Armando.info que mostró cómo cobró parte de las coimas que él mismo gestionaba. Aunque no reaccionaron formalmente, en la compañía confesaron que no sabían de ello. Venezuela, aseguran, era un feudo aparte encargado a quien hasta hace poco veían en el cuadro de honor de la compañía.

Pero si Euzenando Azevedo supo siempre cultivar la discreción, Odebrecht también, que la elevó a la categoría de un activo corporativo. En relación con Venezuela, todavía hoy hay codinomes (sobrenombres) que faltan por descifrar para conocer la identidad de funcionarios que recibieron tajadas. La empresa, antes bajo la denominación de Odebrecht y ahora con su nueva marca de Novonor, no ha entregado el equivalente a una Piedra de Rosetta para resolver el misterio. El grupo brasileño se inhibe de hacerlo alegando que la justicia de cada país es la responsable de solicitar y colaborar con un acuerdo que llevara cada ilícito a los tribunales y, por lo tanto, les lleve a su vez a hacer esa revelación.

A diestra y siniestra

Allí quedaron asentados seudónimos tan llamativos como el de un tal Cabelo. La empresa ha sabido esquivar todas las solicitudes –formales e informales– que buscan confirmar si se trata de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Aunque no se ha precisado si cobró sobornos, se sabe de cualquier forma que sí estuvo en la lista de políticos que financiaron sus campañas electorales por cuenta de Odebrecht.

Si bien no precisó montos, la constructora de Brasil señaló que en la Venezuela chavista y del interminable conflicto político se las arregló para financiar campañas de gobernadores y alcaldes tanto de gobierno como de oposición. Fue así como apoyaron a los oficialistas Diosdado Cabello, Elías Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di Martino y Farith Fraija. También a los opositores Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.

No podía ser menos con Chávez. Uno de los primeros testimonios desclasificados en los tribunales brasileños fue el de la pareja de Mónica Moura y Joao Santana, gurúes en el mundillo de la asesoría electoral. No solo revelaron que –con cargo a Odebrecht y a otras contratistas brasileñas– habían cobrado 35 millones de dólares por la última campaña del “Comandante Presidente”, sino que incluso parte del dinero fue recibido en las oficinas del alto gobierno con maletines de dinero en efectivo que iban y venían. Algunos fueron entregados por el entonces canciller, Nicolás Maduro. 

“Él me mandaba a buscar con carros blindados –dos camionetas americanas, una adelante y otro atrás– y me llevaban a Cancillería. Entraba por el garage, los vigilantes subían conmigo y me dejaban esperando. Después él me llamaba a la sala y conversábamos un poco de política y después él mismo me entregaba el dinero”, declaró Moura en mayo de 2017.

La corte de Luisa Ortega

El corolario de esta historia ya es bien sabido: en Venezuela, donde se pagaron sobornos por obras que nunca se terminaron, para colmo, tampoco procesaron a los responsables.

Poco antes de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonara el país en agosto de 2017, algunos de sus subalternos iniciaron investigaciones que rápido se quedaron en el aire. Un año después, la “fiscal rebelde” apareció desde el exilio, en Bogotá, improvisando un juicio al propio Nicolás Maduro, escenificado en el salón del Senado de la República en la capital colombiana. Su veredicto propinaba 18 años de cárcel para el primer mandatario. Fue una suerte de puesta en escena más llamativa por la sede del evento que por sus consecuencias. La escena, de cualquier modo, ilustró lo que se convirtió Venezuela, un país con dos presidentes, dos parlamentos y dos poderes judiciales…

Sea como sea, la anécdota no rebotó en Caracas. Entonces, como sigue haciendo ahora, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el chavista Tarek William Saab, enterró el caso Odebrecht. "No vamos a trabajar en función de especulaciones", dijo el 8 de septiembre de 2017 sobre la posibilidad de abrir una investigación contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Odebrecht dispuso una forma de gobernar a través de sobornos, incluso el equilibrio político de América latina. Lejos del imaginario colectivo, el ingreso de Venezuela a la órbita del Mercosur –el Mercado Común del Sur– no fue gracias a Lula ni Chávez. Entre tantos casos de corrupción, ha pasado inadvertido el lobby y los favores que la empresa pagó en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado brasileño para que acabaran con el bloqueo al gobierno del líder de la Revolución bolivariana.

Tras bastidores, los directivos planificaron una bitácora de negociaciones políticas que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht y que luego el propio Marcelo Odebrecht –el llamado Príncipe de Brasil– reconoció durante el proceso de delaciones premiadas. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”, dijo frente a los fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.

Seis años después siguen apareciendo piezas en un rompecabezas que ahora también apunta al general Gustavo González López, el torturador del Sebin. 

Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

La más famosa de ellas: Odebrecht, que repartió coimas y pagos ilegales desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego y causó otro sismo al confesar sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza en 2016.

Este es un viaje al centro de Lava Jato, la operación que comenzó investigando un negocio de lavado de autos y terminó encontrando un lavadero de dinero sin precedentes en latinoamérica. Es un recorrido para examinar lo sucedido en los últimos años y escrutar cómo enfrentó cada país el caso más emblemático de corrupción en el continente.

Periodistas y medios de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas encontraron al menos 554,3 millones de dólares que se fueron por el despeñadero de los sobornos. Una factura alta que, en todos los casos, fue mayor que las confesiones que Odebrecht dio ante la comunidad internacional. El monto de los pagos ilegales a las campañas políticas y de los sobornos a cambio de contratos fue mucho mayor al admitido inicialmente por la constructora.

Las prácticas corruptas de Odebrecht terminaron siendo un botín de millonarios sobornos y aportaciones ilícitas que llegaron a las manos de funcionarios y políticos latinoamericanos. Los gobiernos de esas naciones, sin embargo, poco o nada han recuperado de los flujos de dinero que llegaron a manos privadas en detrimento de las arcas públicas.

Los sistemas de procuración de justicia de algunas naciones como Argentina, Venezuela y México no emitieron sentencia alguna contra de la mayoría de los políticos y funcionarios que fueron indiciados o acusados de participar en la red de corrupción.

En todos estos años solo se dictaron 68 sentencias contra las personas que participaron en el esquema de pagos ilegales fuera de Brasil. La revisión en las cuentas arroja que el país con más condenas es Perú. En Venezuela, por el contrario, ni siquiera procesaron a nadie.

En este ejercicio de revisión, periodistas de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas cuantificaron los montos destinados a campañas electorales, a comprar políticos y el importe de pagos ilegales para ganar contratos así como el grado de colaboración que cada gobierno ha solicitado a sus pares.

El gráfico anterior no contempla datos de Uruguay, puesto que Odebrecht no realizó ahí obras que le permitieran sobornar funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje que montó la constructora brasileña para ocultar el dinero ilícito. El efecto Lava Jato y Odebrecht también se expandió a otros países como Chile, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Paraguay, aunque esta investigación solo se concentró en nueve naciones.

*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

Baptista creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros. Lo hizo mediante un crédito del Banco Espirito Santo de Portugal por 900.000 euros, según copias de la escritura y el contrato de hipoteca obtenidos en el registro inmobiliario de Lisboa para esta investigación.

La historia del apartamento aloja, como pocas otras lo pueden hacer, al elenco de actores que figuran en la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América latina y África.

Hace ya más de tres años que la trama local de Odebrecht en Venezuela señala hacia el exministro Haiman El Troudi. Varias transferencias bancarias lo comprometían junto a socios y familiares, por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht. Los Pandora Papers ahora añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.

A partir de más de 11,9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), esta entrega de Expresso de Lisboa, El Nuevo Herald de Miami y Armando.info de Venezuela, permite seguir parte del flujo del dinero de Odebrecht Venezuela. 

Cuentas congeladas en Suiza

Las autoridades suizas encontraron cuatro años atrás una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi –María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente– con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas. Eso advirtió la fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, en un documento apostillado que envió a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, a través de su embajada en Caracas, y que Armando.info reveló entonces.

En total, Odebrecht transfirió 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, al tiempo que mantenía los contratos de las tantas veces prometidas y nunca concluidas obras de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.

Haiman El Troudi entonces era políticamente responsable de estos proyectos. No solo detentaba el cargo de ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013, sino que también compaginaba este rol con otro que tenía desde 2010: el de presidente del Metro de Los Teques. 

Intermediación en Panamá

La cantidad de dinero que Odebrecht canalizó vía Cresswell ya había sido revelada por una investigación anterior de ICIJ, La división de sobornos, pero aún no se conocía la participación del Grupo Espírito Santo en el esquema de lavado; también había dudas sobre los vínculos del ministro con el beneficiario de esa sociedad offshore.

El dueño de la empresa, el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles, siempre negó su participación en la trama Odebrecht hasta que en 2019 reconoció, a través de su abogado, que cabildeó para que el gobierno venezolano pagara y emitiera bonos para cancelar deudas pendientes con Odebrecht. Pero un nuevo giro en esta historia permite advertir, a partir de los Pandora Papers, que detrás de este ciudadano venezolano residenciado en el sur de la Florida hay un camino que conduce al Banco Espírito Santo y a la propia esposa de El Troudi. 

María Eugenia Baptista está casada con Haiman El Troudi y trabajó en el Metro de Caracas mientras su esposo era el primero a bordo. Es hija de Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos. De hecho, por unos años, antes de mudarse a un apartamento en la urbanización Altamira del noreste de Caracas y, de allí, al extranjero, la pareja vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, también en la capital venezolana. El propio El Troudi recordaba la hazaña en una reciente entrada de su blog personal, al cumplir medio siglo. 

Archivos confidenciales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá cuya base de datos constituye uno de los orígenes de la filtración de Pandora Papers y que incorporó a la empresa Cresswell Overseas, muestran detalles de cómo, entre 2012 y 2014, quien pide la incorporación de la empresa no es precisamente el venezolano Briceño Punceles, sino el ciudadano portugués Paulo Murta, un gestor del Espírito Santo que fue extraditado en julio a Estados Unidos para ser procesado en una corte de Houston, por varias denuncias de lavado de dinero proveniente del estado venezolano en esa institución bancaria de Portugal.     

El intercambio de correos muestra cómo Murta abrió y administró cuentas a nombre de esta sociedad offshore en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y en la sucursal financiera que el Banco Espírito Santo tenía en Madeira, isla portuguesa en el océano Atlántico, a la que siguió una última cuenta abierta en julio de 2014 en el ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda, el banco que Odebrecht había adquirido y reestructurado a su medida para operar, desde esa isla del Caribe, el esquema trasnacional de sobornos que ya se conoce. 

Ilícitos en Portugal

El presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir. La justicia portuguesa los acusó de haber cometido una gestión ruinosa que llevó a uno de los principales bancos de la península ibérica a perder 11.800 millones de euros. Pero hubo partes de la historia que quedaron fuera de esta acusación, entre ellas, el caso de Cresswell Overseas.

Mediante una carta enviada el 8 de enero de 2020 por la fiscal portuguesa, Olga Barata  –a cargo del caso del Espírito Santo–, a su también colega del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Anabella Furtado, que desde 2018 investiga a Odebrecht en Portugal, queda claro que si bien Leopoldo Briceño Punceles es el “titular formal” de Cresswell Overseas, “se han reunido pruebas suficientes [sobre el hecho de] que esta entidad pertenece realmente a María Eugenia Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.

La fiscal Olga Barata agrega en la carta que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras. Se trata del mismo Luis Delgado que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht: su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi, sino que en los tribunales de Brasil fue denunciado por los propios representantes de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo y Alessandro Dias, como una suerte de caballo de troya que emplearon para infiltrarse en ministerios y oficinas públicas, obtener beneficios y hasta forjar documentos.

El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de 50 millones de dólares en acciones preferentes de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una sociedad del mismo grupo inscrita en las Islas Caimán para gestionar los préstamos otorgados por el banco.

Aunque Odebrecht no se menciona en ninguno de los volúmenes del proceso penal por el escándalo del Banco Espírito Santo, la investigación de este trabajo pudo confirmar, de acuerdo a varias fuentes consultadas, que el caso penal abierto en 2018 en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de la fiscalía portuguesa tiene que ver con sobornos pagados por esa constructora brasileña. 

Un informe elaborado por el Ministerio Público portugués en marzo de 2019, que figura en los volúmenes de los procesos penales del Espírito Santo y que pudo ser consultado para esta investigación, describe cómo esta inversión de 50 millones de dólares por parte de Cresswell fue hecha de forma indirecta a través de otra sociedad offshore llamada Eurasian Investimentos Limitada. Constituida en Macao -ex colonia portuguesa sobre el delta del río de las Perlas y hoy región administrativa especial china, con un estatus similar al de Hong Kong en enero de 2013 y con una cuenta bancaria en el Banco de China, Eurasian fue administrada por el suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta, quienes operaban desde una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG, con oficinas en Suiza y Dubai.

Sangría en Venezuela

Interrogado también por el Ministerio Público suizo en Berna, en julio de 2018, Michel Ostertag dijo que Maria Eugenia Zacarias era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales. Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.  

Cruzar los Pandora Papers con el caso penal principal del Espírito Santo y con lo que ya se sabía en Suiza y Brasil, permite entender que, al menos, una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares del presupuesto venezolano destinados a levantar puentes, líneas de metro y centrales hidroeléctricas llegaron hasta un fondo para reflotar el fracasado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado. .

¿Cómo es que semejante flujo de dinero y un destinatario tan políticamente expuesto no fueron detectados en Panamá por los empleados de Alcogal, el bufete que proporcionó los administradores de fachada para Cresswell y que estaba firmando todos los trámites necesarios?

En junio de 2017, cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público de Panamá solicitó a Alcogal información sobre esta empresa, el despacho se limitó a responder que “a lo largo de los años han tenido una relación satisfactoria” con el intermediario, el bufete ICG que administraba Paulo Murta. Que ordenaban periódicamente “la formación de empresas para sus clientes” y que no habían notado nada sospechoso.

Sin embargo, durante los primeros dos años de existencia de Cresswell, Alcogal no tenía ninguna información sobre quién era el propietario de esta empresa offshore. En enero de 2013, el bufete de abogados incluso preguntó a ICG quién era el beneficiario final de Cresswell, pero Michel Ostertag respondió que solo compartiría esta información si era “requerida por las autoridades panameñas como parte de una investigación”. Ostertag agregó: "Estamos tomando todas las precauciones para garantizar que no se lleve a cabo el lavado de dinero". Una declaración que choca con lo que confesó cinco años después, cuando fue interrogado por fiscales en Suiza.

Epílogo en Antigua y Barbuda

Interpelado en las últimas semanas antes de publicar los Pandora Papers, Alcogal argumentó que “la legislación de Conozca a su Cliente [KYC, Know your Client] en ese momento permitía a los agentes residentes confiar en intermediarios profesionales para llevar a cabo los pasos apropiados, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario final, como lo requiere la ley en su país de operación”. Dice que no estaba violando ningún marco jurídico. "Nuestra relación profesional se llevó a cabo en consecuencia, y los proveedores de servicios se encargaron de realizar la debida diligencia conforme a la ley".

Alcogal fue por fin informado del beneficiario final de Cresswell en julio de 2014, cuando ICG necesitaba abrir una cuenta bancaria para esa compañía offshore en un banco fuera del universo de Espírito Santo, el Meinl Bank, en Antigua. 

Fue entonces cuando apareció el nombre de Leopoldo José Briceño Punceles, ciudadano venezolano de 50 años. Un informe de KYC entregado a Alcogal indicaba que había sido director ejecutivo de Cresswell desde 2012. Curiosamente, el informe no hacía referencia a otra empresa offshore, Gran Captive Financial Ltd., de la que también era propietario formal pero cuyo verdadero beneficiario, según el Ministerio Público en Portugal, fue Rafael Cure López, empleado de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

Antes, en la década de los noventa, Briceño Punceles se había convertido en propietario de una empresa frutícola. Egresado de la academia militar y licenciado en marketing, mencionó en su currículo que había asistido a un curso en 2010 sobre legitimación de capitales.

Según un conjunto de formularios bancarios encontrados en los Pandora Papers, entre el 22 de julio y el 5 de agosto de 2014 se transfirieron 8,2 millones de euros y 2,4 millones de dólares de la cuenta de Cresswell desde la sucursal que el Espírito Santo tenía en Madeira –encargada de los negocios internacionales y, en particular, de los negocios con Venezuela– a la nueva cuenta que Paulo Murta había abierto en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. Los documentos añaden que entre julio y octubre, la cuenta del Meinl Bank recibió 13 millones de dólares y un millón de euros de Fincastle Enterprises Ltd, una de las empresas fantasmas de Odebrecht, justificado por un “contrato de consultoría para la adquisición de inmuebles”.

Paulo Murta no respondió una solicitud para contrastar la información que lo involucra en esta investigación. Como en anteriores oportunidades, El Troudi y su esposa también optaron por el silencio. Briceño Punceles, por su parte, reaccionó a través de su abogado, asegurando que todo era “falso”.

Consultado en 2019 para el proyecto La división de Sobornos, el mismo abogado de Briceño Punceles lamentó que parte del dinero de Cresswell fuera congelado en Antigua y Barbuda. Entonces mencionó, ironías de esta historia, que su cliente pasó años luchando por recuperar los 50 millones de dólares que Odebrecht había depositado en esa empresa. Ahora, dos años después, pareciera lógico pensar que, con cierta probabilidad, fueron los mismos 50 millones que se gastaron en las acciones tóxicas del Grupo Espírito Santo. Un precio aparentemente alto para una lavadora.

(*) Este trabajo fue investigado y publicado en simultáneo por 'Expresso' de Lisboa, 'El Nuevo Herald' de Miami y Armando.info.