Eran negocios en los que Venezuela, sin excepción, hacía las veces de cliente pagador, e Irán, de proveedor. En su afán por catapultar a su país a la categoría de potencia y con las alforjas llenas de petrodólares, Chávez convocó a sus aliados internacionales, entre ellos el régimen islámico de Teherán, para que asumieran la ejecución de toda clase de proyectos faraónicos, en sectores de la energía, la industria y la construcción -dejando de lado a las multinacionales y a la burguesía nacional, a quienes Chávez identificaba como enemigos por aniquilar.

El 23 de junio, reunidos en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, los dos mandatarios participaron en una transmisión de televisión. Luego de las lisonjas mutuas, Chávez, como el coordinador de plató de TV que en la práctica se convertiría, mandó a hacer un “pase” o contacto con Lagunillas, una población de la más antigua cuenca petrolera venezolana, en el estado de Zulia, al occidente del país. En un acto oficial presidido por el gobernador local, Francisco Arias Cárdenas, se hacía entrega de las primeras 384 viviendas de la Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, el mayor proyecto habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En la pantalla apareció Arias Cárdenas, flanqueado por altos ejecutivos de Pdvsa, entre ellos Ricardo Coronado y José Luis Parada, hoy prófugos de la justicia luego de que en 2015 la Fiscalía venezolana los imputara por irregularidades administrativas. La petrolera estatal, a través de su filial Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. (Ducolsa), asumió la tarea de saldar la deuda con los habitantes de barrios populares situados en la llamada subsidencia de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, un hundimiento producido en la tierra luego de casi un siglo de extracción de crudos. Hay que mudarlos antes de que las aguas lacustres, apenas represadas, se desborden desde una altura de nueve metros por sobre el nivel de los poblados.

Luego se sabría que esa sería una de muchas “inauguraciones”. El proyecto, de un poco más de 7.000 apartamentos no ha sido concluido en 2018, diez años después de su arranque. La primera entrega real de viviendas tuvo lugar en diciembre de 2013; el acto de televisión con el gobernador Arias Cárdenas no fue más que eso, una puesta en escena para el presidente Ahmadinejad. En cualquier caso, en los fastos más bien pueblerinos de lo que parecía ser su primera y única inauguración, participó Bahruz Zanganeh, el gerente general de la empresa constructora iraní a cargo de la obra, Iranian International Housing Company (IIHC). “Deseo transmitir mi satisfacción, la mía y de mis compañeros, por este proyecto que estamos construyendo”, dijo Zanganeh en farsi.

Lo que con toda probabilidad nadie entre los asistentes sabía, con la excepción del propio Zanganeh, es que casi al mismo tiempo en que se celebraba la ceremonia, los ejecutivos de la compañía iraní adelantaban por correo electrónico un frenético intercambio para cambiarle el nombre a la empresa, en un intento -que, a la postre, se revelaría tardío e imperfecto- por borrar las evidencias de que se trataba de un negocio iraní.

En un correo electrónico del 17 de octubre de 2011, un alto ejecutivo sin identificar del consorcio proponía a Seyed Ali Sadr Hasheminejad, el jefe corporativo, quitar el apelativo de “Iranian” al nombre de la empresa, “dadas las circunstancias en desarrollo”. También en el intercambio se plantearon otras alternativas, como las de cambiar el nombre de la razón jurídica por International Industrial Housing Company, o International Iron Housing Company, de modo de conservar las siglas de IIHC. Fue apenas uno de los manejos sobrevenidos con los que Hasheminejad y el tren directivo de la empresa iraní intentaron burlar las sanciones financieras y comerciales impuestos a mediados de los años 90 por Estados Unidos al régimen de los ayatolas en Teherán, y en plena vigencia durante la primera década del siglo XXI, para aprovechar la oportunidad de negocios surgida en Venezuela.

Las maniobras quedaron registradas en la acusación que la Fiscalía introdujo el pasado 20 de marzo ante la Corte Criminal del Sur del estado de Nueva York, luego de que un Gran Jurado encontrara evidencias suficientes de que en la trama iraní se podrían haber cometido hasta seis distintos crímenes, cargos que incluyen el lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para defraudar a Estados Unidos, entre otros. El indictment culmina varios años de una investigación de cuyos progresos ya en 2016 se había hecho eco la agencia Bloomberg.

Ese mismo día, el 20 de marzo, las autoridades arrestaron a Seyed Ali Sadr Hasheminejad cerca de Alexandria, Virginia, un enclave colonial a las afueras de Washington DC, donde reside. Hasta ahora, Hasheminejad, pieza clave en el esquema fraudulento, es el único acusado. Pero la acusación presentada por la Fiscalía incluye al menos a otros cinco “co-conspiradores”, por lo que el número de imputados y arrestos podría aumentar.

Madeja para despistar

El 7 de julio de 2007, en el marco de los acuerdos de cooperación irano-venezolano oficializados en 2005 entre Caracas y Teherán, la Iranian International Housing Company (IIHC) suscribió con Ducolsa el contrato para la construcción de la primera etapa de Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, bautizada así en memoria del héroe antiperejimenista de la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958 y luego comandante guerrillero, muerto en 1966 en un incidente nunca del todo aclarado, cuando era prisionero de los servicios de inteligencia del gobierno del presidente Raúl Leoni.

El proyecto comprendía más de 700.000 metros cuadrados de construcción, entre torres de vivienda y edificios de servicios, en un terreno de 318 hectáreas provisto por Pdvsa, la filial de Ducolsa. Para una obra tan vasta, los iraníes ofrecían “un método de construcción encofrado y de industria ligera que permite a esta obra avanzar de manera muy rápida”, explicaba en 2011 una representante de Ducolsa. Se podía levantar la estructura de un edificio cada ocho días. El costo inicial de la obra se situó en 475,7 millones de dólares; en octubre de 2016, un boletín de prensa de Pdvsa Occidente informaba que una enmienda al contrato había elevado el monto a 574,1 millones de dólares, de los que se habían pagado 308,5 millones de dólares.

A pesar de todas las credenciales que mostraba, la verdad era que, para el momento de la firma del proyecto, IIHC tenía apenas seis meses de existencia. Hasheminejad la había inscrito recién, en diciembre de 2006, bajo el número 286.445 del Registro Mercantil de Teherán, con el nombre de Sherkate Beinulmelali-e-Khanesazi Iranian (transcripción al alfabeto latino del farsi, equivalente a Compañía Internacional Iraní de la Vivienda; Iranian International Housing Company, en inglés).

Hasheminejad, de 38 años, es hijo de Seyed Mohammad Sadr Hasheminejad, de 68, ingeniero de profesión, presidente del principal banco privado iraní, el EN Bank (Eghtesad-e-NovIn Bank: Banco de la Nueva Economía en farsi). Son las cabezas visibles de un grupo empresarial, Stratus International, con intereses en las áreas de energía, finanzas y construcción, que ha crecido desde su fundación, en 1978, a la sombra de la Revolución Islámica, que lo tiene por uno de sus contratistas predilectos. En 2015, el grupo reportaba tener proyectos en marcha por más de 2.000 millones de dólares en países como Yemen, Pakistán, Djibouti y Venezuela.

Pero el clan Hasheminejad no desembarcó en Venezuela desde su buque insignia, Stratus. Ali Sadr, el junior, creó una marca ad hoc, IIHC, para sus negocios con el chavismo. A sabiendas de que el proyecto de Ciudad Fabricio Ojeda nació determinado por el cerco de las sanciones estadounidenses, que prohibía los flujos de bienes, servicios o fondos a Irán desde o a través de territorios bajo su jurisdicción, supo que tendría que inventarse una fórmula que le permitiera recibir los desembolsos en divisas desde Venezuela, sorteando los escollos puestos por Washington.

Desde luego, la creación de IIHC y las posteriores gestiones para enmendarle el nombre al emprendimiento fueron las menores, si no las más anecdóticas, de las maquinaciones a las que los hombres de negocio iraníes se entregaron con tal de dar con la estrategia adecuada para burlar el bloqueo estadounidense.

Según se lee en la acusación presentada ante la Corte Criminal del Sur del estado de Nueva York, Hasheminejad y sus colegas del Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela -una instancia coordinadora creada en el grupo Stratus- decidieron abrir una empresa en Suiza, Clarity Trade & Finance, en marzo de 2010; y otra en Turquía, Straturk o Stratus Turkey, en octubre de 2010, para que sirvieran de receptoras directas de los desembolsos que haría Venezuela como pagos de la obra de Ciudad Fabricio Ojeda.

Informada al respecto, la venezolana Pdvsa aprobó destinar sus pagos a esas entidades beneficiarias, anuencia con la que, sin embargo, creó un inconveniente: el tránsito de los fondos incluiría al menos un banco intermediario en Nueva York -que la acusación todavía no identifica, pero se trata de JP Morgan-, lo que puso el esquema bajo jurisdicción estadounidense.

El caso que se empieza a ventilar en Estados Unidos rastrea al menos 15 desembolsos desde Venezuela para su proveedor iraní, por montos tan pequeños como 75.000 dólares, o tan grandes como 29 millones de dólares, efectuados entre 2010 y 2014, hasta sumar 115 millones de dólares.

Además, al menos dos millones de dólares provenientes de esos pagos fueron desviados para comprar dos inmuebles en el estado de California, en las localidades de Fresno y Malibu.

El primer pago por sus trabajos lo recibió IIHC en mayo de 2010 -dos años después del inicio de las obras en Zulia-, una transferencia por 11,3 millones de euros, a una cuenta bancaria en Dubai, donde Hasheminejad había constituido otra empresa de maletín, Cirrus Trade FZE. Pero a partir de entonces, los iraníes empezaron a requerir a Pdvsa pagos en dólares, una moneda dura que por el embargo empezaba a escasear en las arcas de Teherán.

Tanto Straturk como Clarity -esta, con una cuenta receptora en el banco Hyposwiss de Suiza- remitían luego los desembolsos recibidos desde Venezuela a otra empresa registrada por Hasheminejad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, desde 2009. El propósito era, por supuesto, despistar a quien se dedicara a rastrear las transacciones, que nunca parecían terminar en un beneficiario iraní. Para abrir la empresa en Dubai, Hasheminejad puso en el formulario una dirección personal en ese emirato, y presentó su pasaporte de Saint Kitts and Nevis -San Cristóbal y Nieves, otro paraíso fiscal caribeño preferido por la boliburguesía venezolana-, que, como muchos enclaves financieros de las Antillas, mantiene un programa de adjudicación de pasaportes para inversionistas. Sin embargo, para sus negocios en Malta, una isla-nación con ventajas fiscales en el Mediterráneo, también sitio para numerosas inversiones del empresariado chavista, Hasheminejad prefiere usar otra dirección en el estado norteamericano de Maryland.

“Parece que nuestra estrategia ha funcionado hasta ahora”, celebra Hasheminejad en un correo electrónico de julio de 2011, en el que además avisa a un colega de la corporación del arribo de un pago por 20 millones de dólares desde Venezuela.  Aún así, anima a extremar las precauciones: en algún momento de su correspondencia electrónica, interceptada para efectos del proceso judicial, instruirá a sus colegas en Venezuela para que aclaren “al cliente” -Pdvsa y Ducolsa- que detrás de las entidades beneficiarias “no hay ningún iraní”. Con todo, al menos en tres oportunidades, en agosto y diciembre de 2012, y mayo de 2014, Hasheminejad acudió a los jerarcas del Gobierno iraní para solicitarles que aplicaran “presión diplomática” ante Caracas, para así agilizar los pagos retrasados.

Contacto en Malta

De ser hallado culpable de todos los cargos, Seyed Ali Sadr Hasheminejad podría enfrentar una condena de hasta 125 años en prisión. Que termine tras las rejas, sin embargo, pudiera resultar algo esperado por quienes hayan seguido la prensa internacional, en la que el nombre de Hasheminejad viene sonando desde 2016. La sorpresa tal vez estribe en la causa.

El 16 de octubre de 2017 un atentado con explosivos sembrados en su automóvil acabó en Malta con la vida de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, de 53 años. La reportera conducía desde su blog, Running Commentary, una cruzada contra la corrupción política y la economía sumergida que habían tejido en su isla, un paraíso fiscal en el Mediterráneo Oriental, una tupida maraña de complicidades inconfesables.

En 2016, Caruana participó en el proyecto internacional que procesó los llamados Panama Papers, la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, recientemente clausurado pero, hasta entonces, especializado en el registro y administración de esquemas offshores con frecuencia utilizados por evasores de impuestos y lavadores de fondos. En su indagación, Caruana dio con un pez gordo: el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, su esposa y su entorno inmediato de consejeros, quienes habían utilizado los vericuetos de las finanzas sumergidas para encauzar hacia sus cuentas los pagos irregulares por comisiones y sobornos que recibían.

En el centro del circuito de legitimación de capitales aparecía un misterioso banco-boutique, que había recibido en 2014 la licencia para operar en Malta: el Pilatus Bank, cuyo principal accionista es el iraní Seyed Ali Sadr Hasheminejad, el mismo del Iranian International Housing Company (IIHC).

Las investigaciones de Caruana, respaldadas más tarde por las confesiones de una exempleada desertora, y las diligencias iniciadas por el organismo antilavado de dinero de Malta, FIAU, arrojaron indicios sólidos de que el Pilatus Bank se creó para servir exclusivamente como oficina de gestión de dinero sucio para Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), entre quienes figuran los miembros de la familia presidencial de Azerbaiyán, y el hijo del ex hombre fuerte de Angola, Eduardo dos Santos.

El descubrimiento dio inicio a un pulso entre la periodista y el banquero iraní, así como con el socio de este, Hamidreza Ghanbari, iraní como Hameshinejad aunque, también como el primero, portador de un pasaporte de un paraíso fiscal del Caribe, Dominica, en su caso.

Tras el asesinato de Caruana, ninguna medida se había tomado contra el Pilatus Bank. No obstante, tras el arresto de Hasheminejad por las autoridades estadounidenses, el ente de supervisión bancaria de Malta (MFSA, por sus siglas en inglés) ordenó la separación del iraní de sus cargos en el banco, tanto como de director como de accionista. El lunes de la semana pasada, el diario Times of Maltaanunciaba la llegada a La Valetta, capital insular, de un grupo de agentes del FBI estadounidense, quienes se proponían detectar las posibles conexiones entre el caso de los pagos venezolanos, con la operación del Pilatus Bank.