Hacían, a través de emisarios, ofertas de compra por las viviendas que bien valía considerar.

Primero, porque la transacción brindaba la posibilidad de obtener una jugosa suma en momentos en que el mercado inmobiliario se encuentra prácticamente paralizado, y con precios a la baja, en la capital de Venezuela.

Pero, sobre todo, por la identidad de quienes buscaban comprar las casas: aunque al principio no se hizo evidente, pronto diversos indicios dieron volumen a un runrún que cubrió como un nuevo pavimento de suspicacias y sobrentendidos todos los recodos del callejón. Los hijos de Cilia Flores, la Primera Dama de Venezuela -o su Primera Combatiente, según el argot oficial del chavismo-, eran quienes llevaban a cabo esa batida para tomarse toda una calle para ellos solos.

La presunción era cierta. Este reportaje comprueba documentalmente que catorce de las quintas de la avenida Laguna de Tacarigua fueron adquiridas por un entramado de diversas empresas detrás del cual se asoman, sin camuflar, nombres de allegados a los hijos de Cilia Flores: Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores.

Entre esos nombres despunta, por su frecuente repetición, el de Mario Enrique Bonilla Vallera, un veinteañero que estudió en la Universidad Santa María (USM) de Caracas con Yoswal. Bonilla ha sido señalado abiertamente como testaferro de los hermanos Gavidia Flores en un proceso penal en el sur de Florida.

Vecinos que hablaron con Armando.info a condición de la reserva de sus nombres, confirmaron que en una de las quintas que cambiaron de dueño, la #599 según la numeración catastral de la calle, vive Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores, también ex representante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al Parlamento Latinoamericano y ex presidente de la estatal Fundación Negra Hipólita.

Otra quinta, la #335, diseñada en 1961 por el arquitecto Jesús Tenreiro y declarada Bien de Interés Cultural por el Municipio Baruta, se destinó al alojamiento del personal de escolta de los hermanos Gavidia Flores.

Son algunos de los detalles más caprichosos de este proyecto de cohousing, un emprendimiento de por sí extravagante y todavía más en la Venezuela del descalabro socioeconómico, que en silencio los hijastros del presidente Nicolás Maduro adelantaron durante cuatro años hasta completarlo con éxito.

Mujeres y viejos primero

Cumbres de Curumo es un barrio residencial cómodo y por lo general apacible. Desde las alturas domina el valle de Caracas, sobre el que ofrece una vista privilegiada y tiene acceso garantizado desde diversos flancos. Una de esas vías lo conecta con Fuerte Tiuna, el principal acantonamiento militar del país, sede del Ministerio de Defensa y de otras dependencias de las Fuerzas Armadas. Por ello, Cumbres de Curumo ha sido una de las selecciones predilectas de los oficiales del ejército cuando deben conseguir residencia en la capital.

Pero con el chavismo, de clara inspiración castrense, Fuerte Tiuna se convirtió de facto en la residencia presidencial, una joven tradición que inició Hugo Chávez, soltero desde su temprano divorcio en 2004 de Marisabel Rodríguez y hasta su muerte en 2013, y que Nicolás Maduro ha continuado desde esta última fecha a la actualidad junto a Cilia Flores y otras personalidades de la nomenklatura revolucionaria que hicieron del enorme cuartel su hogar

Caben pocas dudas de que ese debe haber sido el principal incentivo para que los hermanos Gavidia Flores quisieran construir su baluarte: el sueño de vivir cerca de los viejos. De hecho, la avenida Laguna de Tacarigua, un callejón sin salida protegido desde hace años por una reja, es adyacente a las instalaciones militares. Tiene condiciones naturales para su privatización.

La conquista de las catorce casas de ese recodo de Cumbres de Curumo fue una labor paulatina que debió requerir tanto tesón como planificación. Empezó en 2015, se consolidó en 2017 y concluyó en agosto de 2019 con el registro de la última compra. Son todas casas de al menos dos niveles, con un área total de terreno que varía entre 815 y 1.880 metros cuadrados por unidad residencial. Seis de ellas colindan directamente con la zona verde y montañosa de Fuerte Tiuna.

El 20 de febrero de 2015 quedó registrada, en un documento notariado, la venta de la primera casa, la identificada como la #599 en el mapa de la avenida Laguna de Tacarigua. La familia propietaria vendió su residencia a la sociedad mercantil KPMG Servicios Inmobiliarios, C.A, una empresa creada en septiembre de 2014 en el estado Anzoátegui, en el oriente costero de Venezuela, con un capital de 300.000 bolívares y que cuatro meses después desembolsó diez millones de bolívares por esa casa. La persona que firmó la compra en representación de KPMG fue Mario Enrique Bonilla Vallera, apoderado de la empresa desde noviembre de 2014.  Los dueños de KPMG son Carolina de los Reyes Araguainamo Buriel y Darwin José Mejías Perozo, un par de jóvenes que crearon esta empresa rozando sus 30.

Los diez millones de bolívares desembolsados por esta vivienda entonces equivalían nominalmente a 55.000 dólares, de acuerdo al tipo de cambio paralelo para la fecha en que se emitió el cheque correspondiente.

No obstante, y de acuerdo al testimonio de varias fuentes, los precios que quedaron asentados en los documentos notariados no fueron los que finalmente se pagaron. Las versiones recogidas entre los habitantes de la urbanización sitúan los precios reales en un rango que oscila entre los 500.000 dólares y 1,5 millones de dólares por vivienda.

Quien terminaría por ocupar esa vivienda, según las fuentes, fue Walter Gavidia Rodríguez, ex esposo de Cilia Flores y padre de sus tres hijos: Walter Jacob (n. 1978), Yosser (n. 1988) y Yoswal (n.1990). Gavidia Rodríguez formó parte del equipo de seguridad de Hugo Chávez en su época de candidato presidencial en la década de los 90, es abogado egresado de la Universidad Santa María al igual que Cilia Flores, y ambos se vincularon desde temprano a la causa del chavismo. Fue diputado en tiempos de Chávez y ha dirigido organismos públicos en tiempos de Maduro. 

Tras la negociación de este inmueble fueron llegando los ofrecimientos de compra al resto de los vecinos de la calle.

En noviembre de 2015 se concretaron dos adquisiciones más. Una, la quinta #333, fue comprada por Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 110, C.A, constituida ocho días antes de adquirir la casa, el 29 de octubre de 2015. Se trata de una empresa registrada por Jenifer Karina Fuentes Gómez, abogada y ex jueza del Área metropolitana de Caracas, quien ha sido identificada como pareja de Walter Jacob Gavidia Flores -el hijo mayor de Cilia Flores- y José Orlando Fuentes Fernández, su padre.

Ese inmueble pasó a manos de Fuentes luego de entregar un cheque personal por 120 millones de bolívares, cantidad equivalente a unos 135.000 dólares al tipo de cambio paralelo de la fecha. Fuentes explicó en un documento aparte, al que Armando.info tuvo acceso, que procedió de esa manera porque “la empresa está recién registrada y el banco todavía no ha entregado chequeras”. Aún de haberla tenido probablemente no hubiera podido pagarla: el capital declarado al momento de constituir la empresa, ocho días antes, era de dos millones de bolívares.

Cuatro días después hizo lo propio su concuñada, Mariana Staudinger Lemoine, esposa de Yosser Gavidia Flores, el segundo hijastro de Nicolás Maduro, con la empresa La Fortaleza III. Se trata de una compañía creada por Mariana Staudinger  junto a su padre, Bernd Johann Staudinger Lekel, un mes antes de comprar la vivienda #329, el 8 de octubre de 2015.

La dirección de La Fortaleza III, descrita en su acta constitutiva, remitía a la oficina 902 de la torre C del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), un mall emblemático de la capital, construido en los años 70. Es la misma dirección de Esaica, empresa vinculada a familiares de Cilia Flores y dedicada a cultivar y exportar cacao de Barlovento, en el céntrico estado Miranda, como en su oportunidad reveló Armando.info. En Esaica, Mariana Staudinger figura como accionista junto a otros personajes del elenco de esta historia: Jenifer Fuentes y Mario Bonilla Vallera. Con los meses y una vez completada la transacción, la dirección fiscal de La Fortaleza III cambiaría del CCCT a Cumbres de Curumo.

A pesar de que la transacción la hacía una persona jurídica, Mariana Staudinger también la fondeó con un cheque personal por la cantidad de 134 millones de bolívares (unos 150.000 dólares). El capital de La Fortaleza III era de un millón de bolívares para ese momento.

Tanto Mariana Staudinger como su pareja, Yosser Gavidia Flores, fueron objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 25 de julio de 2019, al vincularlos con la red de corrupción tejida alrededor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Otra de su propia cuenta

Los tres hermanos, que llegaron a vivir en la urbanización El Paraíso (una zona residencial de comienzos del s.XX, entonces aristocrática y en las afueras de Caracas, pero que ahora en el centro-oeste de la metrópolis aloja a gentes de clase media baja) junto a su madre y padrastro, Nicolás Maduro, como la propia Cilia Flores lo contara en una entrevista concedida al periodista Roger Santodomingo en el año 2005, protagonizaron un ascenso social y económico indetenible. Como es tradición, ese progreso se tradujo en su mudanza al este de Caracas

En agosto de 2016 se registró otra compra-venta en la campaña de take over de los hermanos Gavidia Flores.

La transacción se hizo a nombre de una empresa registrada en Panamá y cuyos directores fueron provistos por la firma Del Valle & Del Valle, un servicio que regularmente ofrecen los agentes en la nación istmeña.

La compañía se llama Inmobiliaria AMR1515, S.A, incorporada en la Notaría Octava del circuito de Panamá el 17 de marzo de 2016. Al día siguiente de su constitución celebró su primera reunión extraordinaria, en la que los directores decidieron otorgar un poder general a José Orlando Fuentes Fernández, de nacionalidad venezolana, para que los representara tanto en Panamá como en cualquier parte del mundo; y también acordaron conferir un certificado de diez acciones a favor del mismo Fuentes, por un valor de diez millones de dólares, el total de acciones y capital de la empresa.

Casi en simultáneo, de la chequera personal de Fuentes salía el pago correspondiente a la compra de la quinta #334. Según consta en registro, el comprador otra vez adujo que “la empresa que represento no tiene cuenta en Venezuela” (en referencia a AMR1515) y que, por ello, se veía obligado a pagar los 200 millones de bolívares (cerca de 200.000 dólares según la tasa vigente en agosto de 2016) de su cuenta personal.

Mario Bonilla fue identificado en la Operación Money Flight como testaferro de los hijos de Cilia Flores. Trabajó en la Procuraduría cuando Cilia era la jefa máxima. 

Yoswal ganó “de calle”

En 2017, a pesar de los cuatro meses de protestas y muertes en las calles de Caracas y otras ciudades del país, las compras no se detuvieron en la avenida Laguna de Tacarigua de Cumbres de Curumo. La actividad estuvo a cargo de la Constructora M y R, C.A. En un breve lapso la empresa se hizo de la propiedad de al menos cinco casas de las seis que ese año se vendieron en el callejón.

Constructora M y R, C.A. es una empresa de Mario Enrique Bonilla Vallera y Raúl Eduardo Saavedra Leterni, sus accionistas. Dos muchachos que tenían 24 años de edad cuando decidieron registrarla en el año 2014.

Este Bonilla es el mismo que en 2015 había firmado la compra de la primera casa de la campaña, así como el mismo Bonilla que fue identificado como testaferro de los hijos de Cilia Flores en el expediente del proceso judicial iniciado en Florida tras la llamada Operación Money Flight de 2018, en la que se juzga un esquema de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares sustraídos de la caja de la estatal petrolera Pdvsa. Por el caso, Bonilla, todavía en contumacia, fue acusado de conspirar para lavar dinero y sentenciado a 20 años de prisión en ese país.

Las casas que fueron compradas en 2017 por la empresa de Bonilla fueron las identificadas con los números 330, 331, 332, 368 y 367 de la calle Laguna de Tacarigua. En 2018 sumó dos más en la misma calle, las 366 y 598. A la larga Constructora M y R, CA, se haría dueña de siete viviendas, de acuerdo a las notas asentadas en decenas de libros consultados en registros públicos de Caracas para esta investigación. Sin embargo, y de manera irregular, esos siete expedientes no aparecen en el registro inmobiliario donde se archivaron estas compras.

Super Mario Bros

Mario Enrique Bonilla Vallera es un viejo amigo de Yoswal, el hijo menor de Cilia Flores, el que faltaba en 2017 por llegar a la calle Laguna de Tacarigua.

Ambos estudiaron y compartieron aulas en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María de Caracas, una institución privada. En mayo de 2013 formaron parte de la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual. Antes de recibir el título universitario trabajaron juntos en AN Radio, 102.3 FM, la emisora asignada a la Asamblea Nacional durante los años en que el parlamento solo tuvo diputados chavistas (la frecuencia había pasado en 2009 a manos del Gobierno, cuando le revocó la concesión al circuito CNB, que tenía ese dial). Yoswal y Mario eran los locutores del programa Enrumbaos, que se transmitía de ocho a diez de la noche

Eran años en los que conversaban públicamente en Twitter sobre temas tan diversos como las asignaciones de la universidad, las preferencias de Mario por el Real Madrid y los Leones del Caracas, así como de sus antojos por el sándwich de cangrejo que por entonces vendía la franquicia Subway en el mercado venezolano.

Más que compañeros, se hicieron amigos, Mario Bonilla ha quedado retratado en varias fotos de celebraciones donde además de compartir con Yoswal Gavidia también lo hacía con Yosser Gavidia y Nicolás Maduro Guerra (Nicolasito, como le dicen para diferenciarlo de su papá, el presidente de la República). Los tres son contemporáneos, de la cohorte de 1990, hoy a punto de convertirse en treintañeros.

Iban a clases juntos, trabajaban juntos, compartían en fiestas juntos. Así Mario Bonilla llegaría a trabajar con Cilia Flores, la mamá de sus amigos, cuando esta se desempeñó como Procuradora General de la República. Mario Bonilla trabajó desde enero de 2013 -apenas tres meses antes de que su patrona se convirtiera en Primera Dama- hasta junio de 2014 en la Procuraduría.

En noviembre de 2017 Mario Bonilla y Yoswal Gavidia Flores crearon una empresa conjunta, Inversiones Difusión Latina Radio 2017 (Difusión Latina). Allí Mario Bonilla posee 50% de las acciones y es vicepresidente, mientras que Yoswal Gavidia es el director. El socio de Bonilla, Raúl Saavedra Leterni, es el accionista dueño de la otra mitad.

Se trata de la razón jurídica de una radioemisora que puede presumir de dos cosas en su fugaz historia: de contar con un aviso luminoso que la proyecta día y noche a los conductores que transitan por la autopista Francisco Fajardo en Caracas, en ambos sentidos (algo que no es común); y de operar en el mismo dial que le perteneció, durante 38 años -desde 1975-, a la Emisora Cultural de Caracas, la 97.7 FM.

Mario Bonilla también comparte acciones y cargos en varias empresas con las cuñadas de Yoswal, Jenifer y Mariana, y con la sobrina política de Cilia Flores, Erika Albornoz Gavidia.

Last but not least

De este modo, para enero de 2019, la familia de Cilia Flores ya había concretado la adquisición de doce casas.

Las salidas no fueron forzadas. Nunca hubo amenazas explícitas para conseguir que se fueran los habitantes de las casas codiciadas. Los compradores sí contaron a su favor, en cambio, con cierta presión psicológica que se generó a partir de las versiones sobre compras consecutivas de casas. Cada decisión fue tomada tras una oleada de rumores entre vecinos, un nerviosismo que inadvertidamente contribuyó al plan de gentrificación que los Gavidia Flores se proponían hacer en un vecindario de familias instaladas allí desde décadas antes y entre las que hay apellidos de abolengo.

Pero la subasta no terminaba todavía.

La décimo tercera casa terminó de negociarse en abril de este año. Se trata de la más grande de la calle, la #358, ubicada al fondo, frente a la redoma. Un inmueble de 1.120 metros cuadrados de construcción y otros 764 metros cuadrados de terreno, que ahora le pertenecen a Bienes Raíces e Inmobiliaria Walysebas 10, C.A, la empresa de Jenifer Fuentes y José Fuentes, también propietaria de la quinta #333.

De nuevo el pago salió de la cuenta personal de José Fuentes, por un precio nominal de 100 millones de bolívares o 25.000 dólares, al tipo de cambio paralelo de esa fecha.

Como ocurrió en la compra de las primeras casas en 2015 y 2016, José Fuentes declaró que debió emitir un cheque de su cuenta personal porque “la compañía no tiene chequera”.

Cabe destacar que, como consecuencia de la larga prohibición impuesta a las transacciones denominadas en dólares en medio del control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, esas transacciones, que de todas maneras se realizaban en el mercado inmobiliario venezolano para conservar el valor de las propiedades dentro de un entorno de alta inflación y constante devaluación de la moneda, por lo general se reflejaban con un correlato ficticio en bolívares en los registros públicos. Normalmente, se menciona allí un valor que representa apenas una fracción del monto total, que se completa tras bambalinas en divisas.

El trámite de venta de una última casa se concretó en mayo de este año y se oficializó en fecha tan reciente como el pasado agosto, hace menos de tres meses. Como comprador aparece Inversiones Indor, una empresa recién creada en abril de 2019, y que tan solo mes y medio más tarde pagaba un inmueble. Los directores son Roger Alexander Cáceres Fernández y Juan Publio Linares Ustariz, dos trabajadores del área de seguridad y vigilancia que han laborado juntos para Control & Protocolo VIP Seguridad R.&.C. La casa que compraron es la #328.

Un cheque personal de Roger Cáceres cerró el negocio el 27 de mayo, por un monto de cien millones de bolívares (casi 16.000 dólares al cambio paralelo del momento). De nuevo, el mismo inconveniente: “La compañía no tiene chequera”. El exiguo capital de la empresa (dos servidores marca HP, tasados en cinco millones de bolívares cada uno) representaba 10% del monto total pagado por la casa.

Como colofón de la exitosa toma de la calle, esta, así como otras que desembocan en ella y que necesariamente deben transitar los miembros de la familia Gavidia Flores avecindados allí, recibieron una nueva capa de asfalto. Y el alumbrado eléctrico, crónicamente dañado, fue restituido.

Actualmente no están ocupadas todas las catorce quintas. Hay varias en obras de remodelación. La avenida Laguna de Tacarigua dejó de ser tranquila y discreta para convertirse en una especie de refugio vigilado e impenetrable. Bulle un trajín de obreros que comienza cerca de las siete de la mañana y finaliza a las seis de la tarde; suele haber escoltas afuera junto a la garita, entre motocicletas de alta cilindrada y camionetas blindadas, y un cono anaranjado siempre está atravesado en la entrada cuando la reja está abierta. No puede pasar cualquiera, ni en carro ni a pie. Hay que identificarse antes y citar buenas razones para estar allí.

Solo una de las casas se ubica fuera del perímetro del cercado. Es la #335, de nombre Vanadi, Wanadi o Uanadi, según las distintas variaciones que le atribuye el redactor de la cédula catastral. Se trata de una construcción noble. Fue diseñada por el arquitecto venezolano Jesús Tenreiro en 1961 y construida en 1963. En los cursos sobre la obra de Tenreiro en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) era estudiada como referencia. En el Catálogo de Patrimonio Cultural del Municipio Baruta es listada como Bien de Interés Municipal. Por sus obras, trayectoria y aportes, Tenreiro recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1991 y ganó la IX Bienal de Arquitectura en 1998. 

Y también es la única en la que sus habitantes, desde 2018, no hacen mayor esfuerzo por pasar inadvertidos. Por el contrario. Es donde hacen vida los guardaespaldas y personal de seguridad de los nuevos dueños de la calle.

Esta noche los dólares y la droga no corren por las esquinas del prostíbulo, como dejaron ver los primos Flores en las audiencias previas a su juicio por tráfico de estupefacientes en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Lo único que sobra hoy son chicas. “Las mujeres sólo pueden entrar los lunes, martes y sábados… Así que hoy es tu día de suerte. Bienvenida”, me dice el anfitrión de Trío al bajar las escaleras que dan entrada a la planta baja del Centro Letonia de Caracas. Las reglas son claras: está prohibido tomar fotos o vídeos dentro del establecimiento y ninguna mujer puede entrar sola. “Un hombre te debe acompañar inclusive si vas al baño, no vaya a ser que algún cliente te confunda con una de las chicas que hoy andan en vestido y no en ropa interior”, advierte mientras me enfrento a la rutina de la revisión. La advertencia no carece de sentido en un lugar donde, a excepción de las dos primeras reglas, cualquier fantasía puede ser cumplida si se paga el precio marcado en la etiqueta.

Los sábados tienen una particularidad. Con el pago de la entrada de 2.000 bolívares –unos 3 dólares al cambio oficial o 2 dólares en el mercado negro– los clientes participan en un sorteo de una sesión todo incluido con habitación, champagne y chica. Una gran oferta si se considera que el monto para disfrutar de la compañía de una de las prostitutas, por media hora, es de 44 mil bolívares, que equivale a un 68% del salario mínimo venezolano o 44 dólares en el mercado negro. “El doble si entran en pareja”, explica uno de los mesoneros. Ellos se encargan de dar precios y son el enlace entre chica y cliente.

En octubre de 2015, dos informantes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) de origen mexicano, padre (55 años) e hijo (34 años), llegaron a Caracas haciéndose pasar por narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Actuaron como parte de la operación que resultaría meses después en el arresto de los familiares de la pareja presidencial venezolana. En aquella visita mantuvieron cuatro reuniones en la capital del país con Campos Flores y Flores de Freitas y visitaron el local Trío. La noche de farra y las chicas fueron cortesía de los anfitriones.

El informante de la DEA dijo en la audiencia de supresión de pruebas del caso que los sobrinos Flores los invitaron a la discoteca Trío y, al terminar la noche, los enviaron a un hotel de la cadena Marriot, ubicado a escasos minutos del local, con 3 prostitutas de obsequio para el fin de la velada. También fueron provistos de carros y guardaespaldas durante su estancia en Caracas. Los mexicanos informaron que Campos Flores aseguraba que el club había sido de su propiedad pero que, inclusive después de venderlo, seguía recibiendo un trato exclusivo.

Para el año 2009, cuando se inauguró Trio, los dueños eran Alfredo Lovera, conocido empresario en la movida nocturna caraqueña; Eduardo Capriles, empresario y hermanastro del también empresario Armando Capriles; y un tercero que sólo se le conoce con el apodo de “El Burro”, según afirman ex trabajadores del prostíbulo. En papel la historia es diferente.

***

El local está oscuro, nada más unas luces tenues moradas, amarillas y azules iluminan el ambiente. Una hilera de mujeres con vestidos cortos están sentadas junto a la barra. Poca ropa para la intensidad con la que se siente el aire acondicionado. Frente a las chicas un escenario iluminado en los bordes, detrás una escalera de caracol con escalones de aluminio que llevan al segundo piso, las baldosas brillan, los asientos de cuero están organizados en forma de medialuna y se siente el olor a splash de Victoria's Secret. Entrada la medianoche el primer show está por comenzar. Sólo tres mesas tienen clientes, a pesar de ser un sábado de quincena. Quizás influyen los precios: cada trago cuesta 9 mil bolívares y el servicio de ron más económico sube a los 78 mil. Casi el doble que en cualquier otro local nocturno caraqueño. Disfrutar de una pasarela de mujeres perfectamente depiladas y con cuerpos, según gustos, perfectamente esculpidos a punta de silicona, no sale gratis.

“Si eres fotogénica, ven y te invito a mi pasarela ay ay, gata va-ni-do-sa…”, suena de fondo mientras dos chicas hacen su aparición en la tarima semicircular en medio del club. Al lado del escenario una pantalla plana sigue transmitiendo vídeos de mujeres semidesnudas e imágenes que celebran el sexto aniversario de Trio. Ambas chicas llevan puesto nada más que un sostén y una falda que poco cubre las nalgas que alguna vez recibieron el punzón de inyecciones para ser rellenadas. Una de ellas es rubia, la otra es morena. No interactúan físicamente entre sí pero comparten una que otra mirada que las guía en su coreografía. Durante el tiempo que dura la canción de reggaetón los glúteos de la morena casi abrazan el tubo de poledance de unos ocho metros de largo que se conecta con el siguiente piso. La rubia en el otro tubo sube tanto que obliga a los asistentes a inclinar la cabeza, una vez arriba se deja llevar por la gravedad que no afecta a sus senos operados.

El prostíbulo de los apodos

Trio Gentlemen's Club es sólo un nombre comercial. Es una abstracción jurídica, efímero, como los momentos que los caballeros, y algunas damas, buscan disfrutar en este local creado para cumplir fantasías. Detrás del licor, la música y las lentejuelas está la Corporación Kanata, C.A. Es el único nombre visible en los comprobantes de pagos del prostíbulo.

La compañía fue registrada el 6 de noviembre de 2008 por Bernardo Soto Negron y Anthony Zambrano Ramírez con el objeto social de “explotación de centros nocturnos, clubes sociales, discotecas, cervecería, restaurantes, tascas, salas de fiesta, eventos y espectáculos diurnos y nocturnos, compra y venta de bebidas alcohólicas, venta de alimentos y bocadillos”. Soto y Zambrano poco duraron como los dueños de la empresa. A finales de 2008 dejaron de ser accionistas y la compañía quedó a cargo de Belkis Hurtado Reyes y Mauricio Maduro Morales hasta el día de hoy.

Sobre los propietarios actuales de Trio hay una cortina de humo como la que utiliza el local para darle un aire de misterio a los bailes eróticos de sus chicas. Los alias, el lenguaje común de la delincuencia, lideran también las relaciones en este local nocturno caraqueño. Las trabajadoras del local comentan que sólo conocen a los dueños por apodos o simplemente el primer nombre. Los apellidos no se manejan. A la cara más visible de Trío lo conocen como “El Burro”, apodo que se ganó no necesariamente por carecer de cualidades intelectuales. “No tengo idea de su nombre. Pero le dicen “El Burro” por el tamaño de su miembro y porque tiene fama de acostarse con todas las mujeres que entran allí. En algunas noches de farra alquilaban pisos completos del Marriot para el disfrute de él, sus amigos y varias chicas”, comenta Adrian*, ex trabajador del club.

En una demanda laboral impuesta por Lennart Jonson González contra la empresa Trio Gentlemen´s Club la representación de Corporación Kanata aclaró que, aunque estaban encargados de la operación y administración del local, no eran los representantes de Trio. “Corporación Kanata, C.A. y Trio Gentlemen´s Club no tienen vinculación porque Trío no existe como persona jurídica… Corporación Kanata, C.A. contrata a una operadora de servicios para que atienda local donde funciona Trio Gentlemen´s Club, local que pertenece a Corporación Kanata, C.A”. El nombre de esa compañía jamás salio a relucir.

Las oficinas de Corporación Kanata, C.A están ubicadas en el mismo centro empresarial donde funciona Trio, pero en un piso superior. En un día laboral cualquiera es común ver a mujeres entrar y salir cobrando la comisión del 50% que obtienen por cliente. Ninguno de los trabajadores niega que la corporación es la empresa tras el prostíbulo y queda más claro al ver los afiches de Playboy que cubren una de las paredes de la oficina y los productos que almacenan allí: botellas de alcohol y toallitas húmedas desinfectantes. Lo que sí niegan es que los sobrinos Flores hayan sido en algún momento los dueños. “Los conocemos pero es mentira que el club sea de su propiedad”, comenta uno de los encargados del local.

Voyeuristas y seductores

“Sé que quieres, se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puedes engañarme...ah eh ah eh ah eh”. Una vez más al ritmo del reggaeton comienza el show. Cada espectáculo sigue el mismo patrón: una canción urbana que permite a la chica sacudir ante el público sus glúteos, seguido de una melodía lenta con letras en inglés –Alanis Morissette parece ser la cantante favorita de ellas– que acompañe el desprendimiento de ropa interior de una manera provocativa mientras lentamente abren sus piernas de par en par. En medio de la magia un hombre cercano suelta sin tapujos: “lamería sin pensar cualquier cosa que esa mujer se coloque en la piel”.

En una de las mesas diagonales al escenario, en un rincón oscuro, está Ami. La acompaña un hombre alto, corpulento, vestido con jeans y camiseta gris. Beben tragos de ron Santa Teresa 1796 y piden unos tequeños para acompañar. Se ríen, ella se voltea dándole la espalda y baila pegando su cuerpo contra él. No se besan, pero él aprovecha sus movimientos para colocar una mano entre sus piernas y subir su vestido. Saben que los miran. Disfrutan que los miren.

Ami también comparte con los demás. Mientras el tercer show, protagonizado por una chica vestida de colegiala y con un tatuaje de un sol alrededor de su ombligo, se desarrolla en el escenario, Ami conversa con algunas de sus compañeras y tararea las canciones: “Si tu marido no te quiere, quiere. Baby, mejor tú dale banda, por qué. Porque esta noche sí se bebe, bebe”. A la par del sonido de la música, Ami se me acerca. Huele a gel antibacterial de tutti frutti. Como todas. “Deberías ser mi novia. Recuerda que soy toda tuya, tuya, tuyita. No te vayas a ir todavía”, deja soltar en mi oído. La caricia de sus manos se siente suave, familiar, y la dureza y el peso de sus glúteos pegan en mi regazo.

Son astutas. Saben que si una pareja heterosexual entra al local, la decisión de disfrutar de un servicio adicional va a depender de la mujer y no del hombre que acompaña. Al final de cuentas son negocios y aquí no vale ninguna promoción de dos por uno.

No se sabe si Ami fue una de las elegidas para pasar esa noche del 25 de octubre de 2015 con los informantes de la DEA, pero los primos Flores eran fieles visitantes del local. María*, una chica que trabajó hasta el año pasado en Trio, asegura que era común encontrar a Franqui Francisco y a Efraín disfrutando de los shows y de la compañía de mujeres. “A Trio va gente de la farándula, extranjeros y gente del gobierno. Pura gente con billete. Atendí a políticos y claro que conocí a los sobrinos de Maduro. Inclusive decían que el dueño, a quien llaman “El Burro”, tiene varios negocios con el Gobierno”, asegura María, quien agrega que usualmente los sobrinos de la pareja presidencial y los dueños del local, se llevaban a las chicas “consentidas” a paseos en lancha y yates los fines de semana.

En agosto de 2016, los informantes cambiaron papeles: fueron acusados de tres delitos y están siendo procesados a la par. Ambos se declararon culpables de conspirar para importar y distribuir droga en los Estados Unidos, además de mentir a los agentes de la DEA. Los abogados de los sobrinos Flores se están agarrando de ese traspié para su beneficio, e insisten que los informantes que trabajaron para la agencia estadounidense manipularon fotografías, audios y vídeos eliminando extractos de conversaciones vitales para comprender el contexto de las conversaciones. También sostienen que los informantes usaron dinero del presupuesto de la DEA, y no el de los sobrinos, para pagar los servicios sexuales. El juicio iniciará el próximo 7 de noviembre.

Son las 3 de la mañana. El cuarto show de la noche acaba de culminar. Llegó la hora de hacer el sorteo para que alguno de los clientes se gane la sesión todo incluido con una de las chicas. Bajan el volumen de la música y el animador se dispone a sacar el papelito ganador de una tómbola de cristal. “373”, exclama. Casualmente la mesa que más consumió durante la noche (servicio de whisky, botella de vino, ceviche) resultó ser la ganadora. Gritan alegres y se mueven a uno de los asientos cercanos a la tarima para seguir celebrando.

De las 15 chicas que a la vista estaban esta noche, a lo sumo seis entraron a las habitaciones. El número de mesoneros superaba a los clientes en el local. Hace más de media hora que Ami se fue con el corpulento. La misma rubia de pelo corto del principio hace su aparición en el escenario para la última presentación, baila una canción de hip hop mientras un joven le lanza 10 o 15 billetes de Bs 50. “¿Ya te vas? ¿Cuándo vuelves?”, dice Ami, al regresar con una voz que transmite cansancio. “Pronto”, le digo mientras la abrazo. Definitivamente, no fue la noche más productiva para las trabajadoras de Trio Gentlemen Club.

*Algunos nombres fueron cambiados por petición de los entrevistados

Más de 100 millones bloqueados

En el lapso de tres años, al menos tres investigaciones sobre corrupción en Venezuela fueron abiertas en el extranjero, y produjeron solicitudes de asistencia dirigidas a tribunales suizos. Una de esas peticiones desembocó en la confiscación de 100 millones de dólares depositados en cuentas bancarias suizas.

En el primer caso, la alerta fue emitida por las autoridades de Estados Unidos en diciembre pasado, con la detención de dos hombres en Houston, Texas: Roberto Rincón y Abraham Shiera. Motivo: violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero –la normativa federal estadounidense que hace seguimiento a la corrupción empresarial en todo el mundo– y lavado de dinero. Los dos hombres de negocios y cuatro cómplices se declararon culpables. Fueron puestos en libertad bajo fianza en agosto reciente con la obligación de portar un brazalete electrónico que permite localizarlos.

Se les acusa de formar alrededor de 30 empresas que participaban en las licitaciones de Pdvsa para la compra de equipos. A través de contactos muy bien pagados en la petrolera venezolana, se aseguraban de que las ofertas seleccionadas siempre fueran las suyas. Para ganar esos contratos, los imputados vertieron más de 1.000 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, de acuerdo con la justicia de Texas, a través de 730 cuentas bancarias diferentes.

En la demanda, el tribunal de Estados Unidos menciona, en particular, la apertura de tres cuentas en el banco Credit Suisse por Roberto Rincón. Dos solicitudes de asistencia judicial fueron enviadas por ese caso a Suiza, incluyendo una emitida el mismo día de la detención de Rincón y Shiera. Según la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, un total de ocho entidades bancarias helvéticas están incluidas en la petición de información desde Estados Unidos. Un primer intento judicial por bloquear en Suiza la información solicitada desde Estados Unidos, fue rechazado por los tribunales federales suizos. Un segundo intento todavía aguarda por una decisión.

Una primera serie de documentos ya fue enviada a Washington en junio, seguida de una segunda en agosto, según la OFJ. Las cuentas congeladas corresponden a “uno de los ocho bancos” y “más de 100 millones de dólares han sido bloqueados”, dijo Folco Galli, portavoz de la institución gubernamental.

Al ser contactada, el organismo suizo de supervisión del mercado financiero, Finma (por sus siglas en francés), dijo apenas “estar al tanto del caso” y mantenerse “en contacto con varios bancos” para evaluar su nivel de participación. “En principio, Credit Suisse coopera con las autoridades cuando se le requiere, pero nunca informa sobre los casos judiciales en curso”, declaró, por su parte, un vocero del segundo banco en el ranking financiero suizo.

Dieciocho bancos en la mira

El gigante petrolero del Estado venezolano es objeto de otro procedimiento judicial en Estados Unidos con conexiones en Suiza. La acción está a cargo del temible fiscal de Nueva York, Preet Bharara, quien ya ha sancionado a otros bancos suizos en el pasado. Bharara está muy interesado en el grupo industrial venezolano Derwick Associates, también sospechoso de corrupción con Pdvsa, después de obtener contratos lucrativos del sector eléctrico en un tiempo récord. La compañía está especializada en la construcción de centrales eléctricas, de gas natural y equipos relacionados con estas industrias pesadas.

En Berna se comprobó que el fiscal neoyorquino envió en junio de 2015 una solicitud de información en relación con este caso, que comprende a 18 bancos suizos. El mes pasado, la agencia Bloomberg reportó que UBS y EFG están entre esos bancos. Ninguna de las dos instituciones quiso comentar la versión. Por su parte, la OFJ afirma que está examinando los documentos recopilados antes de enviarlos a Estados Unidos.

En Venezuela, estas historias encolerizan a los ciudadanos. No solo porque el Gobierno no haya puesto en marcha ninguna investigación de lo que sucede en Pdvsa, a pesar de los indicios, sino también porque la población está llevando la peor parte de la severa crisis económica por la que atraviesa el país. En un informe publicado el mes pasado, la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, observa que la producción de petróleo de Venezuela –que representa 96% de sus exportaciones– cae no solo porque los precios del petróleo han ido a la baja, sino también porque Pdvsa está mal gestionada y carece de dinero en efectivo para reaccionar.

Una advertencia en 2013

El malestar en la opinión pública venezolana es alimentado por la proliferación de escándalos. En mayo de 2013, el fiscal Bharara –ya para entonces era él– anunció la apertura de un procedimiento en torno a un lucrativo acuerdo entre la vicepresidente del todopoderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela –Bandes, que finanza la infraestructura del país– y dos operadores de una firma de corretaje neoyorquina, Direct Access Partners. El patrón era casi el mismo: infringir la Ley contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y lavado de dinero. Las jugosas comisiones compartidas entre la banquera venezolana y los traders –que la llamaban “la hormiga” en su correo electrónico– quedaron a la sombra en Suiza después de convertirse en fondos anónimos a través de empresas de fachada.

Los documentos de la justicia estadounidense mencionaban entonces a las entidades Mirabaud y Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), así como a Julius Baer, la sucursal suiza de Hapoalim y UBP. En su momento ninguna de esas empresas financieras ha comentado nada acerca del caso, del que el ministerio público federal suizo se hizo cargo en septiembre, como respuesta a las demandas de Estados Unidos. Ahora solo el UBP ha reportado que de momento “por supuesto, responde a una solicitud formal de información por parte de las autoridades suizas” a la que “no ha seguido ninguna otra”. Según se supo, el dinero depositado en cuentas diferentes –la causa en Estados Unidos menciona 30 millones de dólares– quedó confiscado y fue reembolsado.

Con los casos venezolanos, los fondos bloqueados en cuentas suizas por investigaciones de lavado de dinero rebasaron oficialmente de los 1.000 millones de francos suizos. En marzo, el ministerio público federal anunció que 800 millones de francos quedaron congelados en relación al caso de Petrobras. Otras decenas de millones quedaron secuestrados tras el escándalo del 1MDB malayo. Con los casos de Pdvsa se superan los 1.000 millones.

Una misteriosa sociedad ginebrina

Un cuarto caso de presuntos sobornos conecta Pdvsa con Ginebra. Se trata de la sociedad mercantil, también especializada en la exploración y extracción de petróleo, Trenaco, cuyas oficinas en Suiza se hallan en la Rue du Marché. Según la agencia Reuters, se sospecha que la compañía cometió engaños el año pasado para conseguir un contrato por 4,5 mil millones de dólares con Pdvsa para perforar 600 pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco, reservorio de los mayores volúmenes de crudo en el planeta. Su oferta ganó el concurso, para sorpresa de gigantes como Chevron y Halliburton. También de acuerdo con Reuters, la compañía con sede en Ginebra habría contratado personal e invertido en equipamiento técnico antes de que la licitación fuera decidida.

Las multinacionales, que deberían haber estado trabajando con Trenaco, protestaron, argumentando que Ginebra no tenía las habilidades requeridas. Tuvieron éxito en sus reclamos, a pesar de la resistencia dentro de Pdvsa: el contrato se dio por terminado el invierno pasado.

Así mismo, el banco JP Morgan Commodities introdujo en febrero una demanda contra Trenaco. La historia podría ser un síntoma más de la disfunción dentro de Pdvsa, según observadores venezolanos. Trenaco ya ha sido liquidada. Sus representantes no pudieron localizarse ni por teléfono ni en el local de la Rue du Marché.

(*) Armando.info publica este reportaje con la autorización expresa de sus autores y de la Tribune de Genève, Ginebra, Suiza. Autores: RICHARD ETIENNE/ PIERRE-ALEXANDRE SALLIER (Tribune de Genève) // Colaboración: LAURA AKROYD

La firma tal y como ahora se le conoce nació en 2014, fruto de la fusión de otras tantas. La primera, la más antigua, es Squire, Sanders & Dempsey. Se fundó en Cleveland (Ohio, Estados Unidos) en 1890 y hasta los 90 del siglo pasado fue un bufete de abogados que solo tenía oficinas en su país de origen y Bruselas, Bélgica. La caída del telón de acero y el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética tras el fin de la Guerra Fría supuso el auge del grupo, que intervino en buena parte de los procesos de privatización de empresas de las ex repúblicas soviéticas.

De Europa es la compañía con la que se fusiona en enero de 2011, Hammonds, originada en Yorkshire (Reino Unido) en 1887 y que a su vez se fusionó con Edge Ellison en el año 2000. De ser el grupo más importante de su país pasó a tener una deuda millonaria que la llevó a una drástica reducción de personal, situación que mejoró notablemente al unirse a Squire, Sanders & Dempsey y que, sin duda, mejoraría aún más con el paso de los años.

El tercer bufete es Patton Boggs, fundado por James R. Patton Jr en 1962. Su caída es reciente. Participaron en el pleito de Ecuador contra Chevron Corp. La demanda se hizo por el vertido de más de 800.000 toneladas de residuos petrolíferos entre 1964 y 1992 en la zona de Lago Agrio. El litigio se “resolvió” cuando la petrolera acordó con la firma de abogados pagar 15 millones de dólares para resolver la disputa y a cambio de que Chevron retirara las denuncias de fraude, engaño y acusación maliciosa contra la firma. Los ciudadanos ecuatorianos que pusieron la demanda, insatisfechos, acusaron de “traición” a Patton Boggs. Hewitt Pate, consejero general de Chevron, dijo sobre la firma que se “sentían complacidos porque hubieran terminado su asociación con el litigio por fraude y extorsión en Ecuador” y Patton Boggs se excusó y acordó cooperar con la internacional. Las negociaciones para la fusión con Squire Sands empezaron antes y este encontronazo era un escollo. Resuelto, la fusión se dio en junio de 2014.

Así nació la que ahora es Squire Patton Boggs, con 44 oficinas en 21 países y una facturación anual de 775 millones de dólares, según American Lawyer.

Caracas: coca y gasolina

El caso del sobrino de Cilia Flores no es el único del que se ha encargado el bufete de abogados. Desde hace unas semanas se encargan del caso del Banco Central de Venezuela (BCV) contra la página web DolarToday. En este website se publica la tasa de lo que en el país se conoce como “dólar paralelo” o “dólar negro”. En el país hay control cambiario desde 2003, una medida que se tomó para, según el entonces presidente Hugo Chávez, evitar la fuga de divisas tras el Paro Petrolero de tres meses que intentó derrocar al líder revolucionario. Iba a ser una medida momentánea, pero desde entonces y, por ahora, llegó para quedarse. Los venezolanos que, por ejemplo quieren viajar el exterior deben pedir la autorización para que el Gobierno les asigne dólares. Según su destino y el tiempo de permanencia se le asigna mayor o menor cantidad. Igual ocurre con aquellas empresas –sin importar tamaño– que quieren importar bienes. Para entender la importancia de este control hay que señalar que la producción de Venezuela depende en gran parte de las importaciones. Hay farmacéuticas, pero los principios activos se importan. Hay harina de maíz, pero el grano viene, en gran parte, de fuera.

El control de divisas ha generado una demanda que a su vez creó una tasa paralela que, en principio, variaba según el ofertante. En 2010 si el dólar oficial estaba en 6,30 bolívares, en el mercado negro se podía obtener por 10. Ese año apareció DolarToday, una página que publicaba la tasa del “innombrable”, acuñado así por la prohibición del Gobierno de mentarlo y dar su valor. Nadie sabía quién estaba detrás de la página ni cuál era exactamente el modo de cálculo de esta tasa negra. La investigación “DólarToday: la venganza más célebre de tres venezolanos” de Armando.Info, El Pitazo TV y Poderopedia Venezuela destapó algunas de las caras detrás del website. Entonces, y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro vociferara diversas amenazas contra el portal, al que acusa de ser parte de una conspiración contra la moneda nacional, el BCV entró en el juego. Y es aquí donde entra el bufete en escena.

Squire Patton Bogs es el encargado de este contencioso contra los integrantes de DolarToday. Es el único caso sobre el que quisieron hablar con Armando.Info. Si bien su página web tiene información de contacto para cada uno de los abogados que integran su gabinete, a la hora de declarar son más reacios. Se hizo contacto con ellos en la oficina de Nueva York, la que se encarga del caso del sobrino Flores. La llamada nunca pasó de la recepcionista quien insistió varias veces en saber “quién nos mandaba”. Dijeron que era imposible aceptar una entrevista. Al cierre de edición de esta nota, los abogados de esa locación no contestaron a los sucesivos emails que se le remitieron. Tras contactar con la oficina de Washington DC y enviar también varios correos, por fin respondió Adam R. Fox, quien accedió a una entrevista en teleconferencia vía Skype.

Adam R. Fox joven, pero con 18 años de experiencia en la compañía –se inició con Squire Sanders–, cuenta desde su casa de Los Ángeles que es uno de los abogados encargado del caso de DolarToday. Insiste en que solo puede hablar de ese caso, “no sé de los demás, no estoy envuelto en el caso del sobrino de Cilia Flores, ni siquiera sé cuál de mis colegas está”. Tampoco dice cuánto es el monto que el BCV paga a su compañía: “Estoy centrado en el caso, no en esos detalles”. Tampoco sabe quién es el encargado en Venezuela de este contrato, “mucha gente del BCV habla con nosotros”. Sobre su caso dice que la mayoría de estadounidenses no sabe qué es DolarToday, ni tienen interés en lo que hace el BCV.

“Está en Delawere y al menos 15 personas son responsables de fabricar tasas. ¿De dónde sacan esa información? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué fabrican esos números con los que se están enriqueciendo de modo ilícito?”, dice, tranquilo, aludiendo a que no sabe si el Gobierno de Venezuela es popular o impopular, sino que él está del lado de un banco central, “una pequeña parte de un gobierno que se dedica a la política monetaria y está teniendo este problema”.

Cuando se le pregunta acerca los casos que pueden ser vistos como impopulares y en los que ha participado su bufete –como el apoyo al dictador guatemalteco Fernando Romeo Lucas García–, argumenta que no sabe de esos casos, que no puede responder por todos porque “es muy extenso, trabajamos para muchas compañías y países en el mundo que puede que estén relacionadas o no”, pero su trabajo, dice, está separado. “Entiendo que puede ser algo impopular el Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, pero hay un costo para todo. Y el caso de Dólar Today va en beneficio de los venezolanos. Hay que determinar quién está involucrado en esa actividad ilegal”. Y explica que el objetivo no es bajar la página, sino que esta deje de publicar exclusivamente las tasas.

El apoyo a Venezuela no solo es en lo legal. También hacen labores de lobby con un cliente principal: Pdvsa, la empresa estatal petrolera. En Estados Unidos, el dinero que se destina a los grupos de lobby se transparenta ante el público. El Center of Responsive Politics aloja en su web estos datos. De la petrolera venezolana tienen datos desde 1998, momento en que tenían contratado como grupo de presión para defender sus intereses en los organismos estadounidenses a Dutko Group, quien se mantiene como proveedor único hasta 2014. Ese año se contratan cuatro grupos, entre ellos, la recién nacida Squire Patton Boggs. Se destinaron 2.160.000 dólares solo en 2014 para labores de cabildeo. Del monto, la mayor parte fue a parar al bufete de esta historia: 1.070.000 dólares. Los lobistas a cargo fueron Daniel R. Addison, Thomas Hale Boggs Jr y Laurence Harris. En el presente año el presupuesto con este fin baja hasta los tampoco nada desdeñables 1.380.000 dólares. También baja la partida para Squire Patton Boggs, que queda en 150.000 dólares.

Sin fronteras, sin ideologías

Otro caso más ocupa el capítulo Venezuela en esta firma de abogados: Citgo y un decreto que el presidente estadounidense Barack Obama promulgó el pasado 9 de marzo. Citgo es la empresa filial de Pdvsa en Estados Unidos. En 2014 se presentó el proyecto de Ley de Defensa de Derechos Humanos en Venezuela para investigar y sancionar a algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela que, según Washington DC, habrían cometido violaciones contra los derechos humanos durante la represión de las guarimbas –bloqueos de calles y protestas callejeras– de 2014. Pero alguien frenó el proyecto. Se trata de la senadora por el Partido Demócrata Mary Landrieu, presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Naturales. Citgo la contactó mediante una serie de correos electrónicos que fueron publicados en la web de la revista Político tras una filtración. En ellos le hacían llegar a la senadora su incertidumbre ante la ley y la posible repercusión que podría tener en su empresa. “Si la ley se aprueba, afectaría a la importación de crudo de nuestra refinería en Lakes Charles (Lousiana, Estados Unidos) con el despido de cientos de empleados”.

¿Qué pinta aquí Squire Patton Boggs? Varias cosas. Por un lado, fue el grupo de lobby que Citgo contrató para convencer a la senadora de frenar la ley que, de todos modos, finalmente se dio. Por otro, fue uno de los principales financistas de la campaña de Landrieu.

De apoyar las causas de la Revolución Bolivariana, socialista, chavista y obrera, a apoyar las de alguien acusado del genocidio más grande de América Latina, solo hay que remontarse unos años atrás. Fernando Romeo Lucas García llegó a la presidencia de Guatemala tras las elecciones de 1978. Desde entonces y hasta 1982 gobernó con tintes dictatoriales el país centroamericano. Junto con su sucesor, Efraín Ríos Montt –que llegó al poder tras un golpe de Estado–, está señalado como uno de los mayores responsables de violaciones de Derechos Humanos en Guatemala.

“En 1976 hubo un terremoto que devastó Guatemala. Lucas García sintió en el 78 que las guerrillas en Guatemala estaban creciendo. Fue fruto de la injusticia y la desigualdad que reinaban después de la catástrofe. Él empezó a ver el avance de los movimientos revolucionarios en Nicaragua, Guatemala y El Salvador y sintió que perdía poder. Fue él quien decidió que la violencia en Guatemala llegara a la escala que llegó”, cuenta Martín Rodríguez Wachikaj, periodista guatemalteco y fundador del diario Nómada.

200.000 asesinados, 50.000 desaparecidos y un millón de desplazados internos o refugiados en México en un país, entonces, con 7 millones de habitantes, es el funesto saldo de Lucas García y su sucesor. “Se desaparecieron a más líderes sociales que en Argentina, Uruguay y Chile juntos. Llevó la violencia a niveles espeluznantes”, dice Rodríguez Wachikaj. Fue extremo en el altiplano contra las comunidades indígenas que reclamaban sus derechos. Cuando quisieron alzar su voz en un lugar más visible, la muerte los encontró. El 31 de enero de 1980 fueron a la embajada de España de la capital a manifestarse. “Romeo Lucas prohibió a los cuerpos de bomberos acercarse a la embajada y quemó a todos: campesinos, estudiantes, diplomáticos, políticos. Masacró a 38 personas”.

Durante el gobierno de Lucas García, Estados Unidos, a través del Congreso, cesó la ayuda para fines militares en el país. Para tratar de suavizar la mano del vecino del norte y poner en su patria puño de hierro, el dictador guatemalteco buscó hacerlo con dinero y labia. Y para eso, un lobista: Thomas H. Boggs Jr, padre de la firma Patton Boggs, la última en entrar al grupo Squire Patton Boggs.

En el incendió de la embajada de España murió calcinado Vicente Menchú, padre de Rigoberta, la Premio Nobel de la Paz 1992. Fue ella quien abrió una causa en su contra ante la Audiencia Nacional de España. Cuando Lucas García fue derrocado, se fue al exilio. Entonces aquí la historia regresa a la “pequeña Venecia”. Porque en Venezuela encontró refugio.  Y en Venezuela fue donde murió, acostado en su cama como estuvo los últimos años de su vida, aquejado de Alzheimer, sin recordar los crímenes por los que nunca fue juzgado, acompañado de su esposa, Elsa Cirigliano, venezolana, integrante de una familia de empresarios del estado de Anzoátegui (nororiente de Venezuela).

"Logró burlar la justicia de los hombres, pero la historia lo ha juzgado ya como uno de los mayores genocidas", dijo en su día la premio Nobel.

De Caracas a Estambul

Las influencias de Squire Patton Boggs se extienden casi por todo el mundo. Y en una zona caliente del planeta, Oriente Medio, tiene una presencia importante como lobby sin hacer ascos a lo que puede haber detrás. El pasado mes de agosto se destapó que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan usó como pretexto combatir al denominado Estado Islámico en la zona cercana a su frontera para “llevar a cabo una campaña de ataque genocida contra el pueblo kurdo”, según reseña el Huffington Post. Un oficial estadounidense de alto rango acusó a Turquía de engañar al gobierno de Estados Unidos al usar la base de Incirlink para atacar a Isis (siglas inglés del EIIL, el Estado Islámico de Irak y el Levante, grupo terrorista) como tapadera para atacar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en sus siglas en kurdo) en el norte de Irak, reseñó a su vez el Wall Street Journal. Según este medio, solo hubo tres ataques contra Isis y 300 contra el PKK. El objetivo era castigar al movimiento minoritario de cara a las elecciones.

Erdogan quiso limpiar su nombre y el de su gobierno y para ello contrató al gabinete de comunicaciones. Para ello pagó 32.000 dólares al mes en subcontrata de lobby para a su vez acceder al grupo Gephardt. En total, en todos los grupos de relaciones públicas gastó alrededor de cinco millones de dólares al año.

Squire Patton Boggs también se prestó para ayudar a otro cliente, esta vez en minoría: la Autoridad Palestina. El pago de 55.000 dólares al mes debía servir para ayudar al gobierno palestino en la evaluación del senado de los Estados Unidos sobre la continuidad o no del envío de ayuda económica al pueblo palestino tras la asociación de la Autoridad con Hamas, considerado en el país del norte como una organización terrorista.

En Oriente Medio la lista de este lobby sigue. De Libia recibió dinero desde 2011. El monto total de 2014 ascendió a 265.000 dólares. De Qatar, que es cliente desde 1994, obtuvo el año pasado 427.000 dólares. Arabia Saudí pagó algo menos, 227.000 dólares. Todo este dinero para llevar los intereses de estos países hasta las altas cúpulas de los Estados Unidos y preservarlos. Distintos intereses que cubren áreas como petróleo, gas, salud o financiamiento.

“Representamos a compañías, individuos, gobiernos. A veces a la gente le gusta lo que hacemos, a otras no le gusta”, explica Adam R. Fox. “Todo lo que puedo decir es que cuando yo estoy involucrado en esto, trato de entender los detalles bajo la ley y asegurarme de que me puedo levantar por la mañana y mirarme en el espejo, estar feliz conmigo mismo. Me siento bien con eso, feliz con lo que hago en Venezuela”.

Venezuela, la Autoridad Palestina, Turquía contra los kurdos o el petróleo de Arabia Saudita. Distintos intereses que, al parecer, no chocan con ideologías. Ya lo decía el poeta: poderoso caballero es don dinero

De la primera dama –primera combatiente en la jerga revolucionaria– se dicen verdades y mentiras. Pero un costado de su personalidad parece no admitir discusión: es una mujer que ayuda, protege y defiende a los suyos en cualquier circunstancia.

Poco importó que en 2008 la prensa encontrara en la nómina de la Asamblea Nacional, que entonces dirigía con puño de hierro, a 47 familiares suyos con cargos en el organigrama. Tampoco parece haberle importado que el pasado miércoles 11 de noviembre de 2015 a un sobrino y un hijo de crianza los dejaran presos en Nueva York acusados de conspirar para introducir un cargamento de cocaína en Estados Unidos, en lo que ha sido, sin duda, un escándalo sin precedentes en la historia política venezolana. Antes de desmarcarse, Cilia Flores ha optado, en cambio, por guardarse en casa y esperar. Ciertas familias tienen un pacto de silencio y los Flores son una de ellas.

No son, sin embargo, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los involucrados en el escándalo de drogas en Estados Unidos, sus sobrinos preferidos. Sí lo es, en cambio, el hijo de su hermana Eloísa, Carlos Erik Malpica Flores: tiene mucho más poder, consolidado a la vera de la familia presidencial tras su astronómico ascenso por los caminos de la administración pública. La Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa, cargo al que llegó a finales de 2014, luce como el pináculo de una carrera que inició hace algunos años, el 28 de septiembre de 2005, con el cargo de director General de Gestión Administrativa y Servicios en la AN, mientras su tío político Nicolás Maduro presidía el Parlamento.

De allí pasó a un cargo similar un año después en la Cancillería, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nombró a Maduro ministro de Relaciones Exteriores. Luego, a finales de 2012, con Chávez ya desahuciado y Maduro como el número dos, Malpica Flores ingresó a la Vicepresidencia de la República como director General encargado de esa dependencia. Finalmente, con su tío en la máxima magistratura, consolidó su posición como administrador de las finanzas del país: ha sido subtesorero, director general del Bandes y Tesorero de la Nación, en ese mismo orden. Hoy en día maneja el presupuesto nacional, los créditos adicionales y muchos fondos financieros que los economistas califican de inauditables por la ausencia de informes y balances públicos.

Al comparar la cantidad de cargos que ejerció y ejerce Malpica Flores con los que ha tenido el resto de la familia que participa en la burocracia chavista, queda más que claro que es la persona de mayor confianza de la pareja presidencial venezolana. Él ha querido retribuirla evitando la estridencia y los escándalos asociados a la exposición del poder. A la vez que impide que le fotografíen en público, se ha asegurado de que no haya rastro suyo en medios de comunicación privados y estatales, incluyendo las publicaciones internas o las páginas web de las instituciones donde ha laborado.

Además, como muchos de la familia presidencial, no posee cuentas en redes sociales. La táctica le ha funcionado, pues algunos medios lo confunden con Temir Porras, ex presidente del Bandes y ex funcionario de la Cancillería, y en otros tiempos uno de los favoritos del presidente Maduro.

Pero todo ese empeño en mantener su perfil en las sombras se vino abajo con la detención de sus dos parientes en Haití. Una sesión de fotos tomadas en diciembre de 2014 en una discoteca en Saint Barth, una isla localizada en el Caribe oriental, acabó con esa voluntad de ocultarse.

Un “emprendimiento” familiar en Panamá

Nadie se refiere a él por su nombre. Es “El sobrino de Cilia”, concuerdan voces de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Pdvsa y medios empresariales de Valencia, ciudad donde están radicados los Malpica y algunos Flores. Después de sus tíos, del presidente del parlamento y del presidente de la estatal petrolera debe ser el civil más poderoso de Venezuela.

Su entorno ha tomado nota de esta situación y comienza a sacar provecho. A nueve meses de instalado en la directiva de Pdvsa, el administrador coincidió en Panamá con sus padres -Carlos Malpica Torrealba y Eloísa Flores- en el mismo período en que en esa ciudad se registraban 10 empresas familiares, del 2 al 10 de septiembre. Su tía, Evelyn Malpica Torrealba, viajó a Panamá en días previos, mientras su hermana entró a Venezuela proveniente de ese país días después de la iniciativa empresarial. La información se desprende del análisis de los movimientos migratorios de la familia y consultas hechas en el Registro Público de la capital del país centroamericano. Asimismo, antes de esa curiosa semana de septiembre, se pudo establecer que los Malpica habían creado dos empresas en 2014 y tres en 2015 (entre marzo y agosto). En octubre de 2015 agregaron una más a su abultado inventario.

Cada empresa abierta en Panamá fue registrada con un capital inicial de 10.000 dólares. Los nombres de las compañías sugieren un holding dedicado al transporte marítimo, uno de los ramos de Pdvsa: Seaside Services, Maritime Crews Inc., Oceanos Investors Corp, Marine Administration Panamá. Sin embargo, ese es solo uno de los al menos 30 objetivos que tiene cada compañía. Todas, en su documento constitutivo, establecen, entre otras, las siguientes metas: compra de muebles e inmuebles, contratación de servicios de personal y transporte, investigaciones de propiedades, avalúos, comprar, vender, hipotecar, gravar muebles e inmuebles, demolición, transporte aéreo y terrestre, exportaciones, importación, reexportación, contratar y participar en licitaciones públicas y privadas.

En todas esas empresas participan la hermana de Carlos Erik, Iriamni; la tía paterna, Evelyn Milagros Malpica; y el padre, Carlos Evelio, con cargos de presidente, director, suscriptor y tesorero. Evelyn, quien preside 11 compañías y dirige 16, despunta como la más atareada; Iriamni y su padre optaron por menor responsabilidad.

Cada uno de ellos está al mando de una empresa. En el resto del conglomerado son directores, tesoreros o suscriptores de acciones. Otra coincidencia en la semana de apertura empresarial (del 2 al 10 de septiembre pasado) es que el tesorero, su padre y madre utilizaron el mismo avión privado para sus traslados a Panamá, aunque no los mismos vuelos. Solo los esposos Eloísa y Carlos viajaron juntos en el jet modelo Gulfstream, de siglas N896AC, perteneciente a una compañía de alquiler de aeronaves con sede en Fort Lauderdale, Estados Unidos.  Es el mismo jet que ha usado Malpica Flores entre julio y septiembre para trasladarse también a Panamá, así como a Fort Lauderdale, Aruba y Barbados. Contrariamente, tía y hermana se cuidan de volar con sus parientes. Ambas se trasladan en líneas comerciales y en vuelos charters.

Panamá lucha desde hace muchos años con la imagen de paraíso fiscal que oculta dinero mal habido. Su gobierno aspira a que la nación sea eliminada de la lista gris de países con deficiencias en el combate contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo que elabora la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Despierta sospecha la gran cantidad de empresas abiertas en tan poco tiempo por los familiares de una persona políticamente expuesta (PEP), como Malpica Flores, en un territorio considerado centro financiero offshore.

Fuentes consultadas en Panamá indican que la profusión de compañías podría tener una finalidad operativa: la apertura de cuentas bancarias. El objeto declarado de las empresas hace suponer que la familia valenciana quiere aprovechar las ventajas que ofrece una economía de vocación importadora como Venezuela para hacer negocios.

Tal vez sea esa la razón por la cual a partir de 2014 la familia valenciana, algunos de cuyos miembros ya tenían experiencia como importadores, comenzaron a renunciar a los empleos que tenían, con la única excepción de la hermana de Cilia Flores, Eloísa. El padre aparece cesante en la ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) desde agosto de ese año. Evelyn e Iriamni, tía y hermana, renunciaron a sus trabajos con apenas quince días de diferencia un mes después.

El tesorero no aparece con cargo alguno en la estructura gerencial de las empresas panameñas, lo cual parece una decisión cónsona con la voluntad de guardar las formas. En el pasado, cuando no mediaban los impedimentos de la actualidad, Malpica Flores figuraba al lado de los suyos en la directiva de las compañías Inlasa y Redilama, registradas en Valencia y dedicadas ambas “a la explotación mercantil de la representación de productos nacionales y extranjeros”.  Las dos se incorporaron al Registro Nacional de Contratistas (RNC) en 2006 y en la actualidad no están habilitadas para hacer negocios con el Estado.

Entre La Viña y la avenida Urdaneta

Carlos Erik tiene 43 años y nació el 17 de septiembre de 1972. En la fotografía de su pasaporte luce como un hombre de piel morena clara y de nariz gruesa, que suele peinarse de lado, sin raya evidente, el cabello ondulado y una mirada desconfiada. El amargo trance que atraviesan sus primos en Estados Unidos lo ha obligado a tomar precauciones. Esta semana el entorno de su residencia de la urbanización La Viña de Valencia, estado Carabobo, la cual comparte con su esposa Carmen Hurtado, ha registrado cambios, según comentan ampliamente los vecinos. Se observaba el movimiento propio de quien ha tomado decisiones, como mover cosas de su lugar y trasladarse en horas nocturnas. Hasta hace una semana había siempre 8 carros, 10 escoltas y 4 motos frente a la quinta. También cajas de basura que revelaban un lujoso consumo de comestibles –champaña Moet & Chandon, entre otros– y vestimenta. Ahora permanece como el resto, sola y vigilada por un guardia privado desde una caseta a unos cuantos metros.

Se recibió como administrador en diciembre de 1999 en la Universidad de Carabobo. En 2001, obtuvo un título de especialista en Mercadeo. Diez años después, en febrero de 2011, devengaba un salario básico mensual de 13.327 bolívares, más una prima por hijo y cesta ticket, por su desempeño en el cargo de Administrador III. Más que el sueldo quizá lo que llama la atención en la Cancillería, donde el valenciano trabajó como el hombre más cercano a Nicolás Maduro, es que el patrón de vida de la familia cambió mucho con el ascenso de tu tío político. “Todo el mundo sabe que Carlos Erik sacó a su familia de Venezuela para Panamá, y que tiene muchas empresas allá”, afirma una fuente del ministerio que lo conoció bien durante sus años de servicio.

En la Casa Amarilla también lo conocían con el largo mote de “el sobrino de Cilia”. Jamás llegaba temprano a la oficina, sino más bien hacia el final de la jornada, y en su escritorio le esperaba un vaso con whisky. Permanecía en su oficina hasta la medianoche. Se vestía con guayaberas, blue jeans y botas tipo Timberland.

Su obra más visible, según algunos consultados, fue la extensa remodelación de la torre de la Cancillería en la avenida Urdaneta y de la Casa Amarilla, tal como lo hiciera en la Asamblea Nacional. Por su afán de reestructurar, muchas voces lo acusan de destruir el patrimonio. Parte del extenso piso de mármol negro, característico del gran hall de la torre del ministerio, antigua sede del Banco Nacional de Descuento, fue roto y removido. En todo caso fue un trabajo que tuvo vida breve. Luego de las lluvias torrenciales de 2010, el impacto de la mudanza de damnificados a ambas edificaciones, ordenada por Hugo Chávez, deterioró lo renovado.

En aquellos días, los sobrinos e hijos de Cilia Flores, el hijo de Nicolás Maduro, regresaban con su uniforme del colegio, se paseaban por pasillos y oficinas y colocaban los pies sobre las viejas mesas de caoba del mobiliario, aseguró un testigo de aquellas tremenduras. Los chicos ordenaban comida al chef de la Casa Amarilla como si fuera un servicio de delivery. También se les vio saliendo del estacionamiento del ministerio manejando camionetas de último modelo, como Hummers, que habían sido confiscadas por el gobierno a los bancos durante la mini crisis financiera de 2009, según reportaron fuentes.

Mientras sus primos corrían por los pasillos, Malpica Flores, por sus atribuciones administrativas, debía lidiar con las exigencias del sindicato de la Cancillería, enfrentado a su gestión. A pesar de que el entonces ministro Maduro había firmado el contrato colectivo en 2007, los empleados de Relaciones Exteriores esperaron casi seis años para recibir el 25% de incremento salarial que les habían prometido cada 12 meses.

El administrador desembolsó los recursos acordados con los trabajadores poco antes de culminar su gestión. En esas reuniones de reclamo, afirman dos fuentes que conocieron de las negociaciones, el funcionario no aceptaba que nadie le llevara la contraria. “Era muy prepotente. Nos escuchaba, con respeto, pero no pagaba los aumentos contemplados. Eso sí, vestía de marca. Siempre Impecable”, indicó una exfuncionaria.

Entre los trabajadores siempre hubo dudas acerca de esos recursos. “No sabíamos si fueron aprobados, si llegaron o no llegaron. En qué se utilizaron y por qué no nos pagaban los aumentos salariales”, dijo un funcionario activo del servicio exterior que recuerda a Malpica Flores como “el hombre que casi acaba con la Cancillería”.

Saint Barth, la isla del tesorero

La prisión de sus primos Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas ha descorrido el velo misterioso que rodeaba a Malpica Flores. Sin traje, vestido casualmente como cuando conversaba con el sindicato, apareció en una foto tomada en diciembre de 2014 en la mejor discoteca de Saint Barth (o San Bartolomé), territorio francés de ultramar ubicado en el Caribe oriental al norte de Guadalupe. Compartía junto a un grupo de amigos y familiares. Justo ese mes fue publicada en Gaceta Oficial su designación como miembro de la junta directiva de Pdvsa. Curioso que al hacerlo, en transmisión televisiva, Maduro se abstuvo de pronunciar su apellido materno.

La foto fue colgada en una cuenta falsa de Twitter a principios de 2015, pero cobra especial importancia el contexto del actual escándalo presidencial. Runrunes, Armando.info, El Pitazo y Poderopedia han podido comprobar con dos fuentes independientes que el hombre vestido de camisa blanca a la extrema izquierda es Malpica Flores. Le acompañan justo detrás el abogado José Simón Elarba, miembro de la Junta Directiva de El Nacional, el yerno de este, Henry Camino Muñoz, y su esposa Mariana.

Elarba es uno de los accionistas que públicamente ha criticado que El Nacional haya publicado una nota, basada en informaciones recogidas en los diarios ABC y The Wall Street Journal, que asegura que el presidente de la Asamblea Nacional está siendo investigado por Estados Unidos por su presunta relación con el tráfico de drogas. El empresario también está vinculado a negocios petroleros en el oriente del país.

Malpica Flores no respondió a varios llamados realizados esta semana que pedían precisar la expansión de sus negocios familiares en Panamá y otros destinos. En la Oficina Nacional del Tesoro, ubicada en el estacionamiento del edificio anexo al Ministerio de Finanzas, a donde se llega sorteando una pila de aires acondicionados y atravesando el umbral una puerta trasera, no hubo respuestas. Al llamar al día siguiente la secretaria agregó: “Hoy no vino, ayer tampoco”. La oficina de la Vicepresidencia Financiera de Pdvsa, donde se entregó otra misiva, tampoco ha contestado.

Su casa en la urbanización La Viña, en Valencia, fue el tercer lugar visitado: una empleada confirmó que residía allí y amablemente recibió la correspondencia. Frente a la quinta solo había dos carros estacionados, una calle poco transitada y de seguro, una comunidad de vecinos que de ahora en adelante no serán los únicos en reconocer el rostro de quien guarda la caja fuerte de las finanzas del país.

(*) Este trabajo es un proyecto colectivo de los medios ArmandoInfo, El Pitazo, Poderopedia y Runrunes, coordinado por Fabiola Zerpa. Fue reporteado por los periodistas César Bátiz, Lisseth Boon, Cristina González, Alfredo Meza, Katherine Pennacchio, Joseph Poliszuk, Ronna Rísquez y Ewald Scharfenberg; con la colaboración de Tibisay Romero (Valencia) y Grisel Bethancourt (Panamá). El diseño fue ejecutado por Carmen Riera y Daniela Dávila.