Casi dos años después, cinco de ellos siguen en prisión y enfrentan juicio bajo cargos de terrorismo. El Helicoide, un edificio de arquitectura de vanguardia de los años 50 al oeste de la ciudad, pero que nunca fue terminado y hoy sirve como una de las lóbregas sedes del Sebin, terminó alojándolos. Fue el destino final de una excursión turístico-peregrinatoria que debía llevarlos a La Meca, Arabia Saudí.

Ese marzo de 2014, Pitilal Dominic, Battersby Andre, Charles Wade, Luqman Asim y Deslie Leslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel Plaza Palace de Sabana Grande. Su itinerario aparente de viaje se desvió cuando los cuerpos de seguridad recibieron, según se relata en el expediente del caso, denuncias anónimas sobre grupo de extranjeros que vivían ilegalmente en el país.

En el allanamiento que agentes del Sebin y del Saime –el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería– practicaron en sus habitaciones, fueron incautados aparatos electrónicos, dinero en efectivo (tanto de moneda extranjera como local), una insignia con la inscripción de la Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como ropa e implementos de la marca 5.11, que para los cuerpos de operaciones tácticas es lo que Nike o Adidas para los amantes del equipamiento deportivo. Uno de los aparatos electrónicos obtenidos fue un teléfono celular propiedad de Pitilal Dominic que, de acuerdo a lo que recoge el expediente, contenía un vídeo y fotografías donde se observaba a los trinitarios mientras realizaban una práctica de tiro en un polígono de la Policía Nacional.

Las imágenes fueron los elementos claves utilizados por las autoridades para mantener en prisión y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con tres venezolanos que han sido señalados como colaboradores de los acusados.

¿Son o solo parecen?

En el acta de investigación del 22 de marzo de 2014 el Sebin deja constancia de que dos de los imputados, Pitilal Dominic y Luqman Asim, registran antecedentes en su país de origen tras ser investigados por su participación en un complot para atentar en 2011 contra la anterior mandataria de Trinidad y Tobago. La prueba clave de ello fue suministrada por el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Puerto España, contralmirante Alfredo Tovar Yáñez, gracias a la cual –se señala el legajo– se puede “afirmar que nos encontramos en presencia de ciudadanos vinculados al terrorismo en otro país”.

El ex ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó públicamente en ese momento que tenía pruebas de que Dominic y Asim, eran parte de un complot para asesinar a la entonces primer ministro, Kamla Persad-Bissessar. La actual administración del primer ministro Keith Rowley también se pronunció, luego de tomar el poder en septiembre de este año, indicando que estaban investigando el caso pero sin dar mayores detalles al respecto.

En comunicación por correo electrónico, Eric Jeremías, de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas, ratifica que “dos (2) de los cinco (5) ciudadanos de referencia”, a quienes no identifica, “fueron detenidos en el año 2011 en Trinidad y Tobago bajo sospecha de haber estado involucrados en un complot (…) para cometer actos delictivos. En lo que a la Embajada le concierne, no se hicieron acusaciones formales y los hombres fueron liberados posteriormente”. El representante diplomático se excusa de dar mayores detalles para acogerse a las “disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, especialmente los Artículos 3, 5 (i), 36 y 38”.

Los abogados de la defensa en Caracas aseguran que ese tema ha sido desmentido en el juicio. “Eso se manejó a nivel de actas policiales del Sebin. Pero se trataba de información extraoficial. No había ningún documento oficial del gobierno de Trinidad y Tobago acusándolos. Luego sí llegó una comunicación donde se negaba que ellos eran partícipes del atentado contra la primer ministro.”, asegura el abogado Germán Ponte.

Los medios de Trinidad y Tobago, cuando ocurrió el hecho, también pusieron en duda la inocencia de los detenidos en Caracas. El periodista Mark Bassant, a través de la cadena TV6, indicó que entre los 66 pasaportes que decomisaron durante el allanamiento en Caracas, algunos correspondían a combatientes de otros países que luchan junto a tropas islamistas en el campo de batalla de Siria. "El Sebin, en documento ultrasecreto enviado al Gobierno de Trinidad y Tobago, sostiene que existe preocupación por el hecho de que Pitilal y sus compañeros, algunos de los cuales no fueron detenidos, quizás estaban en Siria en este momento", dijo.

En abril de 2014, tras los arrestos, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, se limitó a decir que no le quedaba otra opción que acatar las leyes de Venezuela y que mantendrían los esfuerzos diplomáticos para conseguir la liberación de cinco de sus ciudadanos detenidos.

En Trinidad y Tobago hay una larga tradición de activismo musulmán armado. En julio de 1990, un movimiento llamado Jamaat al Muslimeen protagonizó una sangrienta intentona de Golpe de Estado.

En octubre de 2014, el ministro de Seguridad, Gary Griffith, admitió que al menos dos ciudadanos de esa nación del Caribe, a apenas diez kilómetros de la costa oriental de Venezuela, se habían unido a las filas del Estado Islámico de Irak y el Levante, el tenebroso ISIS (por sus siglas en inglés) o Daesh (por su acrónimo en árabe).

Caracas no es La Meca

De acuerdo a las pesquisas de las autoridades, los cinco extranjeros imputados por terrorismo entraron al país en fechas distintas, entre enero y marzo de 2014. Algunos tenían más de dos meses en el territorio nacional, mientras que otros apenas un par de semanas. Todos, en cualquier caso, se las arreglaron para coincidir en el mismo hotel de Sabana Grande y en aquella práctica de tiro en una cancha que la Policía Nacional Bolivariana tiene en Caricuao, una zona de clase media baja al oeste de Caracas. Se trata de una actividad recreativa algo extraña para unos turistas corrientes.

Sus abogados sostienen que se encontraban en el país con la finalidad de obtener a través de la Agencia de Viaje Lina Tour, ubicada en la capital venezolana, la visa para el Reino de Arabia Saudita y así acudir a La Meca a una peregrinación. Por culpa de las protestas y de la disminución de la oferta de boletos aéreos en Venezuela, sigue la versión, quedaron atascados en Caracas por más tiempo del planeado.

Una chica que se identifica solo como Elizandra, que se encarga de llevar la comida a los detenidos trinitarios –algo que se acostumbra en las prisiones venezolanas– y quien dice haberlos conocido en el hotel donde estaban hospedados, explica: “Sus planes se retrasaron por el tema de las guarimbas. Ellos llegaron, vieron que gracias al control cambiario todo les salía barato, y decidieron quedarse más tiempo para comprar cosas. La gente empezó a notar la cantidad de dinero que manejaban y como los musulmanes tienen fama de terroristas de allí se agarraron. Pero, no se encontraron planos, ni armas, ni nada para decir eso”.

Otro de los puntos que no ha quedado claro en el juicio es cuál es el acto de terrorismo por el cuál acusan a los musulmanes, junto con sus presuntos colaboradores venezolanos. “¿Cuál es el delito qué cometieron? ¿En contra de quién iban a atentar? ¿Qué estaban planificando? Si estaban planificando un acto de terrorismo, ¿dónde están las evidencias? Son baches en los que el equipo de defensores se afinca. “Queda claro que no hay acto de terrorismo. Si no hay acto de terrorismo, pues el delito no se configura”, explica otro de los abogados encargados del caso, Flavio Mayorga.

Traición a la Patria

Tres venezolanos también se encuentran detenidos en la sede del Sebin por aparentemente haber colaborado con los ciudadanos de Trinidad y Tobago en sus planes “terroristas”: Se trata de Joseph Jules, de origen haitiano con nacionalidad venezolana, quien les ofrecía su servicio de taxista y les facilitaba la comunicación a los que no hablaban español; José Durán, funcionario del Sebin que les ofreció la realización del entrenamiento y la práctica de disparo en el polígono; y José Socorro, encargado del polígono de tiro donde se realizó el entrenamiento y funcionario adscrito de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB. A los venezolanos se les imputa por traición a la patria, un delito previsto y sancionado en el artículo 140 del Código Penal Venezolano, por el que se prevé una sanción de hasta 30 años de cárcel, la máxima que permite la normativa venezolana.

Según reza en el expediente, Jules trasladó a los cinco trinitarios a un comercio donde venden ropa y accesorios de uso táctico marca 5.11. Allí conocen a Durán, con quien acuerdan un entrenamiento y práctica de disparo en el polígono, a través de un contacto suyo, Socorro. En los videos incautados aparecen todos los mencionados manejando y accionando armas de fuego.

“Cada vez que veo en una audiencia a las esposas de los venezolanos me dicen: ‘¿Cuándo será que va a terminar esto?’ Es una injusticia”, se lamenta Elizandra, la única persona cercana a los extranjeros presos en el país y quien también denuncia el trato que les han dado en El Helicoide. “Los primeros cuatro meses no me dejaron verlos por tratarse de un caso ‘peligroso’. Muchas veces les llevaba comida y no se las daban a tiempo. Uno de ellos debe ver un odontólogo con urgencia”, agrega.

El representante legal del policía nacional imputado considera que se está frente a un caso de violación a los derechos humanos. Primero, alega, porque las familias de los musulmanes detenidos –incluyendo a mujeres y niños– quedaron confinadas durante diez días en condiciones “no aceptables”. Segundo, por las irregularidades durante el proceso preparatorio del juicio. “Si un terrorista va a buscar a alguien que lo entrene, no va a buscar a un policía nacional”, desafía el abogado Carlos Aponte la lógica del expediente.

La defensa ha enviado comunicados a la Defensoría del Pueblo pidiendo sentencia absolutoria y libertad plena a los imputados por “ser clara la inexistencia de pruebas que comprometan la responsabilidad penal en el hecho”. También en las últimas audiencias se ha solicitado que se le dé la debida atención médica, ya que uno de los extranjeros tiene una lesión en la espalda y otro debe padece de afecciones en la dentadura.

El juicio que enfrentan los cinco musulmanes y los tres venezolanos es oral y público. La cuarta y última audiencia del año se realizó el pasado 10 de diciembre. Anteriormente, el 15 y 28 de octubre del 2015, los trinitarios tuvieron derecho de palabra y negaron ante la jueza las acusaciones por las que se le imputa.

Para llegar a la casa verde, número 8-98, hay que cruzar la frontera con Colombia por el estado Táchira, entrar al Departamento Norte de Santander (al noreste del país) y caminar por el Barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta hasta la avenida 9. En las aceras hay grandes árboles que sombrean las calles bajo un sol que arrecia hasta elevar la temperatura a unos 33 grados.

--¿Es allí donde vivió Nicolás Maduro?

--¿Por qué lo pregunta? -contesta con recelo un mecánico que trabaja en uno de los siete talleres de la cuadra. No quiere ser él quien lo diga: llama a un compañero para que responda.

--¿Qué voy a saber yo? Pregunta allá— dice el otro riéndose, con picardía. Y señala a los mecánicos del taller de al lado.

Allí también callan por unos segundos. Uno de los trabajadores rompe el silencio: asiente y no dice más.

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Por El Callejón circula un secreto a voces: el ahora presidente de Venezuela estuvo ahí; algunos –vecinos y diputados venezolanos– dicen que vivió por temporadas en la casa verde. De eso se habla con cautela en el barrio. Algunos comerciantes bajan la mirada, no dan información. Uno de ellos dice: “La gente tiene miedo (…) Yo escuché que a algunos vecinos los amenazaron para que no hablaran”. El temor se extiende por esa zona de Cúcuta donde la cotidianidad transcurre con aparente normalidad: la gente saca las sillas a las aceras por las tardes para charlar con sus vecinos; hay panaderías, abastos, talleres mecánicos, hoteles, farmacias. Está la iglesia San Martín, el colegio Antonio Nariño.

Allí saben que en el país de al lado, Venezuela, hay dudas sobre la nacionalidad del Presidente y, por lo tanto, hay quien cuestiona de la legitimidad de su Gobierno. Y que por esa razón, políticos y reporteros los visitan a ese rincón cucuteño en busca de respuestas en torno a esa casa.

La vivienda era de Emma Moros, tía de Nicolás Maduro, quien falleció de un infarto hace seis años. Los vecinos cuentan que se esmeraba en arreglarla, que la pintaba cada diciembre. Pero que desde que ella no está, se ha ido desgastando, de a poco. Quedó en manos de Nelson David Moros Toscano, sobrino de Emma y primo de Maduro. Nació en Cúcuta el 12 de enero de 1976, es técnico superior universitario en Electrónica, y para el año 2007 estaba residenciado en la avenida Las Palmas de Caracas.

Los vecinos lo describen como un hombre alto y robusto, como Maduro. Mientras algunos aseguran que está en discordia con él, otros dicen que se beneficia de su parentesco. “Una vez contó riéndose que qué se creían los guardias de la frontera [colombo-venezolana] que no le querían dejar traer una caja de cervezas. Que cuando les dijo que era el primo de Maduro, lo dejaron quieto”, relata alguien que, como la mayoría de los consultados, se abstiene de identificarse.

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El 26 de octubre de 2013 fue un día inusual en El Callejón. Había micrófonos y cámaras en la avenida 9. Diputados de la oposición venezolana llegaron allí dispuestos a demostrar que el presidente es colombiano. Walter Márquez, Abelardo Díaz, Homero Ruiz, Leomagno Flores, Luis Barragán, William Dávila y María Corina Machado –esta última, despojada luego de su fuero parlamentario por la bancada mayoritaria del oficialismo–, dieron una rueda de prensa frente a la casa verde que –dijeron entonces– los llevaría a la verdad. “Aquí se crió Nicolás Maduro”, afirmó Márquez en aquella oportunidad.

Ese mismo año, Brígida Salinas, una anciana de 80 años que vive cerca, le dijo al canal colombiano RCN que Maduro había vivido con Emma y que luego regresó en épocas de vacaciones. Ahora, meses después, habla con temor y prisa:

--¿Conoció a Nicolás Maduro?

--Sí, yo lo veía jugar afuera, pero él venía de Caracas, él nació en Caracas-- dice y se mete a su casa.

Isabel Durán, de 74 años, y algunos pocos vecinos, cuentan sin titubeos que lo vieron paseando en las calles del barrio cuando su madre, Teresa Moros Acevedo, lo llevaba a casa de su tía Emma, quien era la directora del colegio San José. La recuerdan alta, de contextura gruesa, con el cabello oscuro y corto por encima de los hombros. “Doña Emma era Maduro sin bigote”, dice Silvana García, una de sus exalumnas.

Después de la adolescencia, no lo vieron más. Maduro ni siquiera regresaría para asistir al funeral de su tía –cuando falleció el 10 de mayo de 2008–, según la investigación realizada por el diputado Márquez para tratar de establecer su supuesta doble nacionalidad.

Las pruebas son estas, de acuerdo a Márquez: un facsímil del Acta de Bautismo de su madre, Teresa, con fecha de 01 de junio de 1929 y ubicada en el libro 1, folio 195 de la parroquia San Antonio de Padua (Cúcuta). “El Registro Civil en Colombia se inició en el año 1936, por lo que las actas de bautismo anteriores a esa fecha son el medio de prueba idóneo para demostrar el nacimiento”, señala un informe elaborado por el historiador y político tachirense y, para más señas, exembajador de Venezuela en India del gobierno de Hugo Chávez.

De ser cierto, Maduro, si vivió en Cúcuta, también sería colombiano: la Ley de ese país indica que los hijos de personas nacidas en Colombia tienen la nacionalidad si se domicilian en territorio colombiano o si se registran en una oficina consular. Y no es un asunto menor: de ser colombiano o contar con cualquier otra nacionalidad, además de la venezolana, no puede ser presidente de la República de Venezuela, porque la Constitución nacional lo prohíbe en su artículo 227.

En esos casos, los aspirantes a la Presidencia deben renunciar a sus otras nacionalidades –y quedarse exclusivamente con la venezolana– antes de postularse, explican los abogados Luis Enrique Ferrer (especialista en Derecho y Política Internacional) y Jesús Silva (constitucionalista).

Acuciado por las dudas –dudas que, por cierto, desde 2013 han cedido en la agenda pública de la oposición–, Maduro dice que Teresa nació en Rubio (estado Táchira), un pueblo fronterizo que está a unos 27 kilómetros de Cúcuta. Y así lo apuntó él mismo en 1994 en su Acta de Defunción, presentada ante la Primera Autoridad Civil del municipio Sucre del estado Miranda. Por eso el diputado Márquez lo acusa también de aportar información falsa para un documento oficial.

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Aunque en El Callejón lo recuerdan, Maduro no menciona sus vacaciones allá cuando habla de su infancia. “Soy caraqueño de nacimiento, crianza y de vida, de lucha, de todo”, dijo en su primera entrevista como presidente encargado, realizada por el periodista Eduardo Rodríguez del canal Venevisión. Solo habla de la parroquia El Valle, ubicada al sur de la ciudad, como el escenario de su niñez.

“Él es colombiano. La mamá es cucuteña y el papá es ocañero [de otra ciudad del mismo departamento] (…) ¿Cómo lo sé? Si eso todo el mundo lo sabe. Salió en la prensa y todo”, dice una señora que conversa con su amiga en la puerta de su vivienda en la cuadra donde está la casa verde. Los habitantes de El Callejón le dan crédito a lo publicado por reconocidos medios colombianos como RCN, El Tiempo, El Espectador y La Opinión, que confirmaron en la Registraduría –que ejerce las funciones de Registro Civil en Colombia– que la cédula colombiana de Teresa Moros es 20.007.077, expedida el 9 de diciembre de 1956 en la ciudad de Bogotá. Y que Nicolás Maduro García, el padre, se graduó de bachiller en 1947 en el Colegio Nacional José Eusebio Caro, de Ocaña, a unas tres horas de Cúcuta.

El morbo y el miedo se han instalado en El Callejón con el enigma sobre las raíces colombianas de Nicolás Maduro Moros. Pero hasta aquellos vecinos que se dicen convencidos de que Maduro es colombiano, no lo tienen en alta estima. “Fregó en Venezuela y también trata de fregar aquí, porque a nosotros nos ha perjudicado muchísimo ese señor”, dice Isabel Durán. Critican el cierre nocturno de la frontera (entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana) decretado por el gobierno venezolano desde agosto pasado. El objetivo es combatir el contrabando que se produce con la venta de artículos venezolanos en Colombia hasta 10 veces por encima de su precio oficial, debido a la brecha generada por el control cambiario aplicado desde 2003 en Venezuela.

Esa medida convirtió a la frontera en un caos: hay militares por todos lados, que decomisan los productos a los viajeros que quieren pasar al lado colombiano. Hay tráfico, mucho. Y personas cruzando a pie, porque es más rápido. Los roductos decomisados (alimentos, artículos de limpieza) están apilados en montones que custodia la Guardia Nacional.

Los ciudadanos dicen que eso afectó el tradicional negocio fronterizo. Por eso lo rechazan: “Quédenselo”, “Mejor que no resulte colombiano”, “No demuestren nada de su nacionalidad”, son algunas de sus palabras.

El malestar se extiende por el resto de Colombia de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de opinión y estudios de mercado Gallup en octubre que indica que es la figura pública de mayor rechazo en el país: 86% de los 600 consultados por esa firma en las cinco principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) afirmó tener una imagen desfavorable del presidente venezolano.

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Cuando Emma Moros murió no había herederos: nunca tuvo hijos ni se casó. Ese año el avalúo de la casa era por 40 millones 530 mil pesos y cuatro años después, en 2012, cuando aún se definía la sucesión de los bienes, aumentó su valor a 94 millones 230 mil pesos, según un documento expedido por el juzgado séptimo civil municipal de Cúcuta. La Cooperativa Interdepartamental Familiar de Servicios, Serintercoop, asumió como acreedor hereditario, debido a una deuda hipotecaria de 7 millones de pesos. Son documentos inéditos de la investigación parlamentaria de Márquez.

Nelson Moros, el sobrino de Emma que ahora está a cargo del inmueble, es hijo de José María Moros Acevedo, hermano de Emma y Teresa. Nelson, como los demás familiares colombianos de Maduro, mantiene bajo su perfil: no contestó a las solicitudes de entrevista. Casi no lo ven por El Callejón, dicen los vecinos. La casa está alquilada: nadie de la familia Moros reside allí.

Una niña vive con su madre en una de las habitaciones. Sale al llamado de una de las puertas.

--¿Está tu mamá?

--No, llega en la noche.

--¿Vives aquí?

--Sí, alquilada.

--¿Conoces a Nicolás Maduro?

--No.

--¿Quién les alquila la casa?

--La señora Miriam (madre de Nelson). Ella no está aquí, vive en Caracas.