Aunque Tigo, la marca-paraguas del producto, es local, este sucedáneo de la leche en polvo en realidad proviene del sur de Brasil. Tigo, o Corporación R3 C.A., por su persona jurídica en Venezuela, no fabrica sino que se limita a importar todos los productos de su catálogo. Y Tigolac en particular -como se lee en la parte posterior del empaque, junto a la tabla nutricional- se produce en Taquara, Río Grande do Sul, a casi 7.000 kilómetros de Caracas. 

Dielat Industria e Comercio de Laticinios Ltda, la lechería de Taquara que produce Tigolac, apareció el reciente diciembre en los noticiarios y primeras páginas de medios regionales en el sur de Brasil, y no por alguna campaña promocional, sino por un desastre para la reputación de la empresa: el 11 de diciembre de 2024, el Ministerio Público de Rio Grande do Sul suspendió la comercialización de varios productos lácteos de Dielat tras una inspección de la planta de Taquara, en la que detectó la adulteración de la leche, dañada o caduca, con sustancias tóxicas como la soda cáustica y el agua oxigenada, para seguir comercializándola. La Fiscalía local también encontró otras materias inadecuadas dentro de los envases de los productos de Dielat, como “pelos indefinidos” y manchas de suciedad.

Se trató de la llamada Operación Leche compensada 13, que produjo cuatro arrestos: los de los ejecutivos Antonio Ricardo Colombo Sader, copropietario de Dielat; Tales Bardo Laurindo, uno de sus directivos; Gustavo Lauck, supervisor de calidad; y Sergio Alberto Seewald, ingeniero químico y asesor de Dielat, a quien se le conoce en el mercado brasileño de lácteos con los apodos de El Alquimista o El Mago de la Leche.

No es la primera vez que Seewald aparece envuelto en un escándalo sanitario. Sus fórmulas químicas fraudulentas, ideadas para prolongar la vida útil y la buena apariencia de productos lácteos vencidos, a menudo los hacen no aptos para el consumo humano. En 2014 fue objeto de una investigación en otra empresa láctea del Vale do Taquari, también en Rio Grande do Sul, por agregar soda cáustica, bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) a sus productos. Once años atrás, un tribunal lo había absuelto por un caso similar. 

En respuesta a la redada del Ministerio Público, Dielat, que tumbó de inmediato su sitio web, emitió un comunicado en el que se comprometía a interrumpir temporalmente sus actividades que, confiaba, retomaría luego de que finalizaran las investigaciones necesarias y quedase demostrada, según la empresa, “la absoluta regularidad de sus procedimientos y de los excelentes productos puestos a disposición del mercado de consumo".

Pero fueron los fiscales brasileños quienes detuvieron la producción y circulación de los lácteos Megalac, Megamilk, Tentaçao y Cootall, que se distribuyen en todo Brasil, incluyendo comedores escolares. Y también prohibieron un quinto compuesto lácteo: Tigolac, destinado a Venezuela. 

Apenas tres meses antes del allanamiento, en septiembre de 2024, una nota fiscal del Ministerio de Agricultura de Brasil había autorizado a Dielat la fabricación del “compuesto lácteo con maltodextrina Tigo 8x800g”. Un carbohidrato carente de fibra, vitaminas y minerales.

“Esos productos Tigo se venden bien, son muy baratos, por eso se los lleva la gente”, dice, entre tanto, Miguel V., dependiente de un abasto en el este de Caracas.   

La discreta importadora

Corporación R3 C.A. es la firma importadora en Venezuela del compuesto lácteo fabricado por Dielat de Brasil que, como hace con otros productos de categorías y procedencias distintas, la empresa envasa y distribuye en Venezuela bajo la marca Tigo. Mientras otras empresas del sector cerraban por la crisis que la pandemia de la Covid-19 causó, la Corporación R3 comenzó operaciones en 2021. Al año siguiente empezó a registrar importaciones desde Brasil, Turquía, Argentina y Chile, según la base de datos de comercio internacional Importgenius. 

La empresa está domiciliada en unos galpones del Centro Empresarial El Rosario, en Turmero, estado Aragua. Los hermanos Karim Ricardo y Jonathan José Rabbat Sabe son sus propietarios, en partes iguales. Corporación R3 C.A. sirve a estos jóvenes empresarios para incursionar en el mercado de los alimentos. lugar de acumular experiencia en la importación de electrodomésticos. Junto a otro hermano, Soubij Antonio Rabbat Sabe, registraron además Corporación Omega 3000 CA y Grupo Omega 3000, ambas dedicadas al mismo ramo en Aragua.

Con este corto historial, los Rabbat Sabe no son muy conocidos en medios empresariales de Turmero y Maracay, la vecina capital de Aragua. Entre los consultados para este reportaje que sí los conocen, no los asocian con la marca Tigo. Algunos los recuerdan de sus tiempos en el Colegio San José de Maracay y los orígenes humildes de esta familia con vocación de mercaderes.

Los hermanos Rabbat Sabe no limitaron sus operaciones a Venezuela. En mayo de 2020, registraron una empresa homónima en Panamá: Corporación R3 de RL. Dos meses después, abrieron en el istmo una firma con el nombre de Grupo Omega 3000 RL.

En 2023 patentaron la marca Tigo de Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio de Comercio Nacional. 

A lo largo de esa cronología, las importaciones de Corporación R3 C.A. han mantenido un ritmo creciente, no solo en cantidad sino también en variedad de productos y cartera de clientes. Entre enero de 2022 y agosto de 2024, Corporación R3 C.A. importó 19.604 toneladas de alimentos procesados, por un valor de 15,9 millones de dólares, desde una decena de países: Brasil, Turquía, Colombia, Argentina, Chile, China, Filipinas, Austria, Ecuador y España. 

Corporación R3 C.A. no sólo importa de Brasil los compuestos lácteos de Dielat. Según las bases de datos Importgenius y Sayari, también compra a las fábricas brasileñas Conservas Oderich SA; Industria de Polpas y Conservas VAL Ltda; Konkreta Industrial Ltda; Laboratório Industrial Vida e Saude Ltda, Laticinios Rezende Ltda Unidad de procesamiento de leche y lácteos, y Moccoca S.A. Desde Argentina viene el dulce de leche o arequipe producido por ​​PGB S.A., que en su país de origen se vende bajo la marca Windy.

Aunque Tigo de Venezuela se muestra en redes como una empresa distribuidora de alimentos importados, en realidad es una marca que R3 usa. No cuenta con registro de identificación fiscal, central telefónica, sitio web o correo corporativo. En los números telefónicos que muestra en las redes sociales no respondieron a las llamadas de Armando.info, aunque por allí promociona sus productos y abre con frecuencia procesos de reclutamiento de personal. 

Descontrol sanitario

El portal del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), adscrito al Ministerio de la Salud, indica que el número A-153.408 corresponde a la “bebida láctea entera Tigolac”. El permiso sanitario no tiene fecha de emisión pero sí de vigencia, hasta febrero de 2027.  

Seis semanas después del escándalo en Brasil por la detección de la leche adulterada, el ministerio venezolano que otorgó los permisos de importación y comercialización del compuesto lácteo no ha emitido un comunicado o alerta pública alguna. Menos, una orden para retirar el producto de los mercados o cualquier otra medida de precaución, similar a la de las autoridades brasileñas al prohibir la circulación del producto. Se desconoce si las autoridades sanitarias venezolanas hicieron algún análisis de los lotes ya presentes en supermercados locales.

Armando.info entregó en la oficina de correspondencia del Ministerio de Salud, ubicado en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, en Plaza Caracas, una carta de petición de información a la ministra Magally Gutiérrez Viña. Gutiérrez, por cierto, es nuera de la primera combatiente del régimen, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. 

Una carta similar se entregó en el despacho del Sacs, situado en el tercer piso del Ministerio de Salud, dirigida a su nueva directora, América Isabel Salazar Mieres, quien desde diciembre de 2024 sustituyó en el cargo a Marliz del Carmen Diaz Fuentes. 

De ambas, hasta el momento del cierre de esta historia, no se obtuvo respuesta. 

Tampoco se ha obtenido la versión de la Corporación R3, importadora de la leche adulterada en Brasil y comercializada en Venezuela bajo la marca Tigo, a la que se envió un cuestionario por correo electrónico. 

Desde el 1 de junio de 2017 esa posibilidad se había congelado. En esa fecha, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), organización adscrita al Ministerio de Salud, le envió una carta a los nueve centros de trasplantes del país avisando que debían suspender el programa debido a la situación hospitalaria, afectada tanto por la escasez de recursos humanos especializado como de medicamentos. 

“A pesar de las implicaciones médicas que esta medida pueda acarrear, resulta la estrategia más responsable a tomar ante la actual situación que atraviesa la salud pública tanto a nivel de infraestructura, RRHH, así como suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores para la inducción en el trasplante de órgano”, admitía Fundavene sin ambages en la carta.

Pero la decisión de Fundavene no hacía más que oficializar una situación consumada en la práctica. Ya en mayo de ese año, 2017, médicos de seis hospitales, una clínica, dos programas de trasplantes hepáticos y seis nefrólogos de consultas privadas que trabajan en Caracas, así como en los estados Zulia, Mérida y Portuguesa, habían enviado un comunicado a Nicolás Maduro para informarle que los trasplantes estaban paralizados de hecho.

Según detallaban los médicos en la misiva, para ese momento no funcionaba la oferta de órganos de donantes de cadáver que llevaba a cabo Fundavene; había fallas tanto en el suministro de placas para las pruebas de compatibilidad como de líquidos de preservación de los órganos (Custodiol); se presentaba escasez de insumos quirúrgicos y medicamentos básicos, como metilprednisolona, hemoderivados y diferentes soluciones para la expansión de volumen o hidratación, fundamentales en el postoperatorio del paciente trasplantado. 

“Su derecho a la salud y a recibir tratamiento oportuno está siendo vulnerado al no poder ser trasplantados en condiciones apropiadas”, decían los firmantes acerca de los pacientes con nefropatías, un mes antes de que Fundavene optara por cortar por la raíz. La muerte, la mayor de todas las vulneraciones, vino a darles pronto la razón: ese mismo año fallecieron los primeros 15 niños de la unidad de diálisis del Hospital J.M. de los Ríos. Desde 2017 a enero de 2022, la trágica cuenta ascendió a 66 menores muertos en espera de trasplante de riñón, según la ONG Prepara Familia. 

Luego de la suspensión de 2017, se extendió una discusión interminable sobre la reactivación de estos procesos. La deliberación parecía estar más sujeta a las veleidades del debate político que a la rigurosidad de un programa de salud pública. En cualquier caso, nunca desembocó en la reanudación deseada.

Hasta ahora, y también por probables motivos políticos. 

En la segunda mitad de 2021 empezó a notarse que algo había cambiado. Funcionarios de la autodenominada Revolución Bolivariana visiblemente empezaron a dar carreras para reactivar los trasplantes. En redes sociales, Fundavene exhibió fotos de las reuniones preliminares que hubo con médicos y las visitas a los hospitales desde agosto del año pasado.

No debió ser coincidencia que, también en octubre de 2021, cuando ocurrió la llamada “de parte de Nicolás Maduro” a Yalitza Canelón, el tema de los niños en diálisis y en espera de trasplante de riñón acababa de ponerse sobre la mesa de negociaciones entre gobierno y oposición, iniciada en agosto en la Ciudad de México a instancias de la mediación noruega -el mismo mes en que empezaron las publicitadas reuniones de Fundavene-. 

Las partes debatían siete puntos en México. En septiembre, habían alcanzado un par de acuerdos en torno a asuntos como la atención a la pandemia de Covid-19 o la reclamación venezolana sobre el Territorio Esequibo, al este del país. Se esperaba que un tema de índole claramente humanitaria como el de los trasplantes también concitara unanimidad en la mesa. Pero no hubo tiempo para más. Ese mismo mes de octubre, a pocas horas de la extradición del principal representante comercial del régimen, Alex Saab, desde Cabo Verde a Estados Unidos, la delegación del gobierno anunció, en represalia, su retiro de las conversaciones.

Que el tema se planteara en la mesa abonaba a la idea de que las sanciones internacionales, principalmente impuestas por Washington, habían sido las causantes del cese de los trasplantes desde 2017.

Pero en realidad las sanciones no eran ni el obstáculo principal ni, quizás, un obstáculo del todo. La enumeración de problemas en la carta de Fundavene lo ponía de relieve. También así lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en febrero de 2018 otorgó medidas cautelares exigiendo del Estado venezolano las provisiones necesarias para “garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños y niñas pacientes del J.M. de los Ríos”, en referencia al más importante hospital de especialidades infantiles de Caracas, y a su servicio de Nefrología. Se debía proceder a la dotación de equipos e insumos, medidas sanitarias e higiene -en ese momento se reportaba contaminación en la sala de diálisis-, y trabajar en consenso con las familias de los niños. 

“Bajo el principio de buena fe el gobierno debería implementar las medidas, pero no hay ni Estado de derecho ni instituciones que velen por el cumplimiento de la medida cautelar”, se lamenta el abogado Carlos Trapani, defensor de niños, niñas y adolescente y parte de la defensa que llevó la denuncia sobre la situación del hospital pediátrico ante la CIDH.

De cualquier modo, aún cuando en México no se suscribió ningún acuerdo sobre la materia y las sanciones internacionales continúan vigentes, el gobierno siguió con el alistamiento que había iniciado. En ocasión del presente reportaje, se pudo comprobar que, además del caso de Yelitza Canelón y Yonaiker, otros 13 niños con nefropatías y sus familiares recibieron el llamado del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República.

Como es característica del régimen chavista, cuando se trata de operativos de urgencia y se desea ofrecer una imagen de eficacia, apela a los militares. En este asunto no fue diferente.

En Caracas, también en octubre, los representantes de esos pacientes del Hospital J.M. de los Ríos recibieron llamadas de unos oficiales castrenses que conducen la Fundación Pueblo Soberano, un ente adscrito al Despacho de la Presidencia que se creó en octubre de 2000 con el objetivo de dar ayudas sociales. 

El teniente coronel José Zambrano dirige hoy la fundación, como su presidente. Por encima de él, en la cadena de mando, solo aparece el ministro para el Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno, el general Jorge Eliéser Márquez Monsalve, quien además, y en simultáneo, es el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Márquez fue sancionado  en noviembre de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le acusa de haber participado en fraudes electorales, censura a medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos. En marzo de 2018 también fue objeto, junto a otro lote de funcionarios venezolanos, de sanciones de Panamá, que lo consideró como una persona de alto riesgo bajo la presunción de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción. Esa designación le impide hacer negocios o transacciones financieras en Panamá. 

No es como coser y trasplantar

Luis Méndez es uno de los muchachos convocados en octubre pasado por la Fundación Pueblo Soberano para recibir el trasplante. Desde los 14 años de edad -hoy cuenta 17- debe conectarse tres veces por semana a la máquina que limpia su sangre para mantenerse con vida. 

Méndez es de Güiria, estado Sucre, en el extremo nororiental de Venezuela. Desde que tenía 18 meses su familia sabe que padece una insuficiencia renal. A los cuatro años comenzaron los peregrinajes a Caracas para que los nefrólogos del Hospital J.M. de los Ríos evaluaran la condición de Méndez mientras intentaban retrasar su encuentro con lo inevitable: caer en diálisis. En mayo de 2019 ya no pudo eludirlo más, por lo que su familia no tuvo otra opción que mudarse a Caracas, cuenta su madre, Yasmil Astudillo. 

Astudillo y Méndez estuvieron entre los primeros contactados por la Fundación Pueblo Soberano. Atendieron esa llamada con la desconfianza y poca fe que varios años de aguante y lucha sin resultados habían alimentado. Una trabajadora social pidió unos exámenes médicos de rutina y un presupuesto para saber cuánto costaría hacerle un trasplante en una clínica privada de Caracas. 

El presupuesto les ofreció un panorama difícil de afrontar: el costo de la operación rondaba los 70.000 dólares. La Fundación Pueblo Soberano, que en otros años, los de la bonanza petrolera y gasto público sin control, funcionaba como una especie de gestora filantrópica de recursos para casos que necesitaban atención urgente, determinó que no podía sufragar esa cantidad, menos todavía si debía hacerse cargo de operaciones similares para otros 13 pacientes. 

Méndez fue citado junto a su padre a Miraflores la primera semana de octubre. En esa reunión estaban presentes otros dos pacientes con sus madres. Fueron recibidos en una oficina del Ministerio del Despacho de la Presidencia por su titular, el general Márquez, y el presidente de la fundación, el teniente coronel Zambrano. También se encontraba el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, pero sin participar. Él solo escuchaba. 

La reunión duró apenas 20 minutos. Cada uno tuvo la oportunidad de relatar su historia médica respectiva. En eso consistió el breve encuentro. 

Pero al salir, durante una conversación informal ya en los pasillos del palacio presidencial, el teniente coronel Zambrano se permitió compartir su criterio ante las operaciones que se le pedía costear: si cada una salía en clínicas privadas por 70.000 dólares, mejor sería que los niños se operaran en el Hospital Militar Dr Carlos Arvelo de Caracas y que los recursos disponibles se invirtieran en la rehabilitación de los centros de salud públicos que tratan a estos pacientes.  

Y así fue como se hizo. Los militares empezaron a citar a los médicos para conocer qué debía hacerse para recuperar las instalaciones destinadas a la atención de pacientes con nefropatías. Del modelo de destinar un cheque para pagar una intervención en un centro privado, como solía actuar la fundación, pasó al de encargarse de la reactivación del programa estatal de procura y trasplante de órganos, suspendido desde junio de 2017.

Esta misión implica crear unos oasis funcionales dentro de un sistema de salud destartalado. En la práctica, se traduce en restituir parte del sistema, lo que es mucho más que obtener unos insumos presuntamente bloqueados: se debe reconstruir una logística perdida para lograr injertos de vivo a vivo y de donantes cadáver.

Hasta ahora, la ejecutoria de la Fundación Pueblo Soberano demuestra que se está enfocando, con criterio pragmático, en los trasplantes de vivo a vivo, lo que exige una condición previa: que en todos los casos, los padres de los menores pacientes resulten inmunológicamente compatibles. Una apuesta arriesgada, dado que, además, muchos de ellos tienen una enfermedad renal congénita o heredada de la familia, lo que de antemano limita las probabilidades de que alguno de los padres pueda servir como donantes.

Aún si la apuesta tuviera buen resultado, y si el progenitor donante demostrara estar lo bastante sano para someterse a la intervención -algo que se determina mediante múltiples exámenes-, no se trata de tan solo sacar un riñón e injertarlo al paciente. La operación requiere de personal especializado y de dos pabellones quirúrgicos prestos y en funcionamiento simultáneo. 

Una solución más sostenible en el tiempo implicaría habilitar la procura y donación de órganos de cadáveres. Pero esa alternativa elevaría todavía más el listón de condiciones requeridas por la logística. Luce de efecto menos inmediato ante la emergencia.

Desde 2011, todo venezolano es donador de órganos a menos que en vida haya dejado constancia de un deseo contrario. A pesar del marco legal, todavía después de esa fecha se siguió apelando a la persuasión para conseguir el consentimiento de los parientes de alguna persona que presente muerte encefálica y así disponer de sus órganos de manera oportuna. 

Pero esa es solo la primera fase de una logística, la del trasplante a partir de un donante cadáver, que exige una organización y sincronía que solo se obtienen con un equipo de trabajo coordinado y sensibilizado en la materia. 

En el ejemplo planteado, un médico debería diagnosticar a un posible donante de órganos con muerte cerebral y el personal médico reportar que hay un candidato a una línea telefónica centralizada y dedicada al tema: hasta 2014, esa línea fue en Venezuela la del 0800-donante. Una vez reportado el caso, la central telefónica se comunica con los cirujanos especializados, con el coordinador de guardia -quien va de inmediato al centro de salud donde esté el posible donante para evaluarlo-, y también con el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que se encargará de estudiar la compatibilidad del receptor con el donante para asignar el órgano a alguien de una lista de espera que ya debe estar hecha y depurada. 

En simultáneo, el equipo médico se encarga de explicarle a la familia qué significa la muerte cerebral y en qué consiste el programa, de modo de ganar su aceptación. Con ese visto bueno, se extrae el órgano y se resguarda en un medio que lo preserva unas horas, las suficientes para llevarlo al centro de salud donde se encuentra el paciente. El proceso completo no debe superar las 24 horas, meta que en Venezuela se lograba. 

Venezuela llegó a figurar entre los primeros cuatro países de los 13 de la región que participan en el conteo de Donasur, el registro oficial de la actividad de donación y trasplante en América Latina y el Caribe. Entre los años 2000 y 2013, en el país se hicieron 4.170 trasplantes a partir de donante cadáver, de los que 2.257 fueron trasplantes renales; 182 de estos últimos se practicaron a niños en el Hospital J.M. de los Ríos. El de 2013 fue un año destacado: se reportaron 422 trasplantes, de los que 279 fueron de riñones.

¿Qué tuvo que pasar, entonces, para que entre 2020 y 2021 solo se registraran dos operaciones de trasplante y Venezuela dejara de aparecer en Donasur?

El financiamiento al Programa Nacional de Donación y Trasplantes y el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), que pertenece al Ministerio para la Salud, tenía un presupuesto anual de alrededor de tres millones de dólares desde el año 2001. Funcionaban en alianza con la Organización Nacional de Trasplante de Órganos (ONTV) durante esos 13 años para coordinar toda la logística, pero diversos testimonios ubican en 2013 un punto de quiebre que paralizó todo el sistema que estaba instaurado y funcionando con resultados positivos.

Entre sus logros, la ONTV había conseguido crear un sistema automatizado para ir moviendo los nombres de la lista de espera y priorizar con un criterio técnico a los pacientes que necesitaban un trasplante de órgano en el país. En 2012 sirvió como factor fundamental para superar el récord histórico en donación y trasplantes por tercer año consecutivo, con una tasa de 4,52 donantes por millón de habitantes. También se reformó la legislación en la materia.

En julio de 2014, el Ministerio de Salud adjudicó las funciones que la ONTV venía desarrollando a Fundavane, el ente que en 2017 tiró la toalla. Ese año, el ministro del área era Luis López, cuyas únicas credenciales eran las de su cercanía política y personal con el vicepresidente Tareck El Aissami, y de gestión tan controvertida como fugaz y letal: durante su paso por el cargo se produjo la gran crisis de la dialización, que tuvo un saldo pavoroso de muertes. 

Cuando Maduro arribó al poder, en 2013, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) invertía 132 millones de dólares solo para la importación de kits de diálisis pediátrico, según datos extraídos del servicio de información aduanera Import Genius. Tres años después, la partida por el mismo concepto se había reducido a nueve millones de dólares, para pagar importaciones que llegaron al país hasta marzo de 2018.

Mandar hasta en los quirófanos

Ese andamiaje complejo es el que ahora los militares que manejan la Fundación Pueblo Soberano deben volver a levantar. A estas alturas habrán comprobado que no era solo cosa de "eludir" las sanciones para importar medicamentos y equipos.

Se sabe que sus autoridades sostuvieron, hasta el 13 de diciembre reciente, cuatro reuniones con los médicos del Hospital J.M. de los Ríos. A las reuniones, que se hacían por intervalos de 15 días, asistían el general Márquez, junto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, representantes de Fundavene y médicos del Hospital Militar Dr Carlos Arvelo.

Después de la primera reunión con los especialistas del J.M. de los Ríos comenzaron las refacciones dentro del hospital. En solo una semana, a principios de noviembre, arreglaron nueve máquinas de diálisis que estaban dañadas desde hace tres años. Los siete quirófanos del centro de salud comenzaron a rehabilitarse ese mes y en diciembre ya estaban listos. Están trabajando en la rehabilitación del laboratorio y buscan personal para el Banco de Sangre.

A todos los niños que son pacientes del Hospital J.M. de los Ríos les comenzaron a hacer los exámenes para constatar sus condiciones para ser operados: siete de ellos dieron positivo para hepatitis C y estaban descompensados. Después de este intento, los esfuerzos se han concentrado en tres niños que se atienden en Valencia -capital del estado centroccidental de Carabobo, a dos horas al oeste de Caracas- con diálisis peritoneal, que se encontraban en mejor estado de salud y a quienes se insiste en operar en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, pese a las refacciones hechas en el pediátrico y a que, además, en el militar solo se han hecho trasplantes a pacientes adultos. 

Los padres de los niños de Valencia fueron citados por una trabajadora social en Caracas en ese centro médico. Comenzaron los exámenes diagnósticos para saber si alguno de ellos puede donarle el riñón a su hijo. Se coordinaron citas con odontólogos y gastroenterólogos para conocer sus condiciones físicas. 

En cuatro oportunidades la reportera de Armando.Info acudió al Palacio de Miraflores para solicitar una entrevista con los responsables de la Fundación Pueblo Soberano y el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, pero ninguna de las dos oficinas aceptó siquiera recibir la carta de solicitud formal. Para rechazarla, los sargentos que prestan atención en la fundación aseguraron que no pueden ni hablar ni recibir cartas sin autorización del general Márquez; a la vez, desde el ministerio alegan que solo la fundación puede responder preguntas. Todo un acertijo sin salida. 

La ONTV estima que 150 niños y adolescentes esperan hoy por un trasplante de riñón, mientras que 11.000 adultos enfrentan la misma agonía. Tal vez en ningún otro caso la denominación de “paciente”, en alusión a alguien que debe dotarse de paciencia, calza con tanto tino: desde hace casi cinco años, en Venezuela no hay esperanzas de que los pacientes se puedan despegar de una máquina de diálisis. Con un matiz adicional: cada día que pasa sin que se puedan practicar trasplantes, se corre un riesgo mayor de que algún paciente quede tachado de la lista de espera.

El 7 de enero reciente, la mamá de Luis Méndez, el niño con hepatitis C que estuvo entre los primeros tres citados en Miraflores, acompañó, solidaria, a otra mamá que acumulaba años tratando de mantener a su hijo con vida pero ese día aciago perdió sus esperanzas. 

El muchacho en cuestión se llamaba Juan Morales. Tenía 17 años de edad, como el propio Luis. 

Juan Morales comenzó a convulsionar en su casa. Lo llevaron al hospital, pero ya allí, en una camilla, entró en paro. Los médicos lo llevaron a la sala de diálisis como última esperanza, pero murió en la silla, frente a los demás niños que se hacían su terapia ese día, y sus parientes, que quedaron en shock frente a lo que podían percibir para sí mismos como un espejo o una profecía macabra. La  muerte de Juan Morales fue la número 66 en la estadística de la organización Prepara Familia.

Luis Méndez salió de la infausta sesión de diálisis y le preguntó a su madre, Yamil Astudillo: “¿El próximo seré yo?”. Por ahora es la hepatitis C la que frena la posibilidad de que el muchacho se haga los exámenes necesarios y vaya, eventualmente, a quirófano para recibir el trasplante de riñón

“Todos merecen ser salvados, no solo el hijo mío”, dice su madre mientras relata el episodio, con tono resignado, aunque consolada apenas por la certeza de que, al menos por ahora, Luis tiene el privilegio de estar entre los ungidos presidenciales.