En cambio, Domingo obtiene ocho toneladas de oro al año (según cifras de 2018). Equivale a casi 22.000 gramos por jornada, prorrateando aquel tonelaje entre los días del año.

La diferencia de magnitudes, quizás evidente, radica en que Domingo es la empresa Domingo Sifontes, un complejo integrado por seis plantas procesadoras de oro. Mientras, Kerly es una joven de 34 años, bionalista de profesión, que hace cinco años decidió abandonar su carrera y, junto a un grupo de amigas, aventurarse en la búsqueda de fortuna en las minas del sur de Venezuela. 

Ambos, Kerly y Domingo, trabajan avecindados. Kerly extrae el oro de manera artesanal en las cercanías del complejo minero que se ubica en la parte alta del pueblo de El Callao, corazón de la cuenca aurífera más conocida de Venezuela. Mineros como Kerly y sus amigas tienen prohibido acercarse más al perímetro del complejo industrial. Las zonas de mayor riqueza mineral, como esta donde se ubica el Domingo Sifontes, están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Inteligencia (DGCIM), que muchas veces los corren o amedrentan. 

"Aquí tenemos que luchar ahora por nuestro saco de tierra", contesta Kerly con una sonrisa, cuando se le cuestiona sobre los grandes negocios corporativos que se gestan allí mismo, detrás de las minas. Sus compañeras asienten en silencio.

Cuando se piensa en la fiebre del oro que se ha esparcido en la Guayana venezolana, al sur del río Orinoco, suelen venir a la mente imágenes de una marabunta de mineros más o menos organizados, cazadores de fortuna que acuden en horda a sacarle provecho a la bulla más reciente. 

Pero en el estado Bolívar, en particular en el territorio de los municipios Piar, Roscio y El Callao que corresponde al Arco Minero del Orinoco, la imagen es otra. Emprendimientos de escala industrial, propiedad directa del Estado, o mixtos con algún grado de alianza entre privados y las autoridades estatales, conforman el nuevo panorama.

Cuando en 2011 el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar las minas, el Estado venezolano se hizo con el control de grandes multinacionales como Crystallex, Rusoro Mining, Mineria MS Ca, Promotora Minera de Guyana y Gold Reserve Inc. 

"Tengo aquí las leyes que permiten al Estado explotar el oro y todas las actividades relacionadas con él (...) Vamos a nacionalizar el oro y vamos a transformarlo, junto con otros elementos, en reservas internacionales, porque su valor continúa creciendo", anunciaba entonces Chávez en una llamada telefónica al canal del Estado, como era su costumbre.

Sin embargo, el plumazo presidencial no resolvió el asunto de la llamada pequeña minería. Por multitudinaria, la minería artesanal conserva una cierta aura social; pero, por depredadora, absorbe buena parte del costo reputacional endosable a los daños ambientales que la minería causa en el pulmón de la Orinoquía. De más está decir que el chavismo optó por lidiar con esa pequeña minería desde una postura, cuando menos, ambigua.

El 5 de diciembre de 2017, ya bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se emitió un decreto que delimitaba 23 zonas, con una superficie total de 3.400 kilómetros cuadrados, donde se permitiría la extracción minera. De las veintitrés zonas, dos estarían destinadas para la extracción de diamantes, y las restantes 21 al oro. Pero algunas áreas, a su vez, fueron asignadas a grandes empresas mixtas, constituidas ad hoc entre el Estado venezolano e inversionistas privados. 

Fue así como quedaron a cargo empresas como Faoz, de la extracción de coltán; Afridiam, de la República Democrática del Congo, de la extracción de diamantes; o la italiana Bedeschi en Italia, la china Yankuang Group, o las canadienses Barrick Gold Corporation, MEP International Inc. y Gold Reserve, de la explotación del oro. 

En el primer semestre de 2018, el entonces ministro del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico-Minero, Víctor Cano, anunciaba la llegada de la era de “las plantas mineras con tecnologías innovadoras, que desplazan el uso de mercurio y con las que se reciclarán arenas residuales del proceso aurífero acumuladas históricamente”. Pero eso no ocurriría en detrimento de los mineros quienes, de acuerdo a Cano, serían socios formales y parte fundamental de estas alianzas 

Pero con el tiempo las palabras no se transformaron en hechos. Han quedado enfrentados dos modelos, contrapuestos y excluyentes: industria contra mineros artesanales. Al momento de la llegada de los inversionistas, los locales se ven excluidos de los beneficios que ofrece su propia tierra, al extremo que las empresas foráneas prefieren pactar con grupos de obreros provenientes de otras regiones. 

José, un trabajador que labora para la Corporación Venezolana de Minería (CVM),  asegura que las compañías privadas, ansiosas por aprovechar la coyuntura, han ocupado el espacio dejado por los mineros informales desarraigados. "Aquí, el minero ha quedado abandonado y el negocio se ha reservado para los amigos del gobierno, a quienes ahora se les conoce como los enchufados", relata José en la plaza Bolívar de El Callao.  

En efecto, muchas alianzas han terminado por conformarse entre el Estado, por lo general representado por la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y antiguos allegados políticos, transformados en empresarios, así como contratistas habituales.

El dilema no es solo de escala y de quién será el grupo beneficiado. También de proceso productivo y salvaguardas ambientales. 

Hay dos modelos de producción. El de la pequeña minería, de corte más artesanal, recurre al mercurio para la obtención del oro a partir de las tierras excavadas. En esta etapa, las rocas son trituradas en molinos y se deslizan por una banda de mercurio que atrapa las preciadas partículas doradas. Este proceder, de raíces inmemoriales en la región, ha sido el protagonista indiscutible por largo tiempo.

El proceso industrial emplea cianuro, en vez de mercurio, para extraer el oro de la arenilla de los molinos. Es un método más moderno y eficiente que el anterior, pero también más polémico, por los riesgos ambientales que conlleva. “En reiteradas ocasiones, el agua es explotada por las minas en perjuicio de la población, y en ciertas zonas, la contaminación por cianuro y otros productos utilizados en la extracción del oro tiñe el agua” resume José.

La vitrina de la Troncal 10

En ninguna parte como en el noreste del estado Bolívar se hace más evidente el contraste entre los dos modos, y el paulatino reemplazo de uno por otro. En particular, en la carretera Troncal 10, que cruza de norte a sur el estado hasta alcanzar la frontera con Brasil. En algún momento, la vía solía ser escenario de caseríos y pequeños poblados a su orilla. Ahora exhibe una transformación notoria: plantas de procesamiento de oro por cianuración, alianzas estratégicas y molinos, todos ellos integrados en el megaproyecto de minería en el estado Bolívar. En el tramo que va desde la localidad de Guasipati a la entrada de El Callao se observa un movimiento frenético de nuevas obras e instalaciones. Hay plantas industriales de dimensiones colosales. Hay otras que no se ven desde la orilla de la carretera, tierra adentro. Todas delatan el auge que está teniendo el negocio.

Apartando los bombos y platillos con que el régimen de Nicolás Maduro ha remachado sus escasos anuncios sobre el Arco Minero y la inauguración en 2018 del Complejo Domingo Sifontes, el hermetismo es el signo predominante en este boom. A falta de información sobre los actores que el Estado ha involucrado en la industrialización del oro de Guayana, el recorrido de la Troncal 10 y por sectores de los pueblos mineros es la única instancia que permite reconocer las vallas con los nombres de las industrias que han brotado como hongos. Solo en el municipio El Callao alcanzan las 40, entre explotaciones mineras, molinos y recuperadoras. Cada razón jurídica, cada marca, inscrita en los carteles, evoca alguna historia de conexiones políticas e influencia. 

Llegando desde Guasipati se pasa por la misteriosa Aurumin, origen de múltiples rumores. Ya en El Callao, en su sector Nacupay, se encuentra la recuperadora Zurisadai, uno de cuyos propietarios es el general de la Guardia Nacional, José Gregorio Almao Barroeta, ex presidente de la gubernamental Misión Negra Hipólita. Otra empresa, Arco Dorado 2, pertenece a Wuilher Torrella, un exfuncionario de la Asamblea Nacional. Todavía en la categoría de mineros independientes aparece Asocipemica, presidida por Maryuliz Marcano, una furibunda dirigente de base chavista.

Fachada de la planta Aurumin en plena Tronca 10, una de las más grandes pero también de las más opacas en términos de producción o quienes son sus dueños. Crédito: Jorge Benezra

Dejando El Callao hacia Tumeremo, más al sur en el municipio Sifontes, se encuentran Guayana Oro, empresa recuperadora en la que los hermanos Ranauro tuvieron sociedad con el contratista zuliano Leonardo Parilli García, asesinado en 2020 en un espectacular ataque sicarial a plena luz del día en una calle de Lecherías, estado Anzoátegui; e Intac, otra recuperadora, está conectada con el Grupo JHS, originario del estado Táchira.

No se cuenta con datos oficiales que revelen con precisión las estadísticas de producción ni la magnitud de las inversiones involucradas en todo este proceso. De lo que hay suficientes evidencias es de que el oro ha cobrado importancia como actividad económica y rubro de exportación. Algunas cifras hablan de que, en 2021, Venezuela exportó 104 millones de dólares en oro, lo que convertía al país ese año en el exportador número 92 de oro en el mundo. En el mismo año, el oro fue la octava en el ranking de mayores exportaciones de Venezuela, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

Diversas fuentes locales permiten calcular que hay alrededor de 32 plantas recuperadoras y alrededor de 129 alianzas extractivas en funcionamiento en la zona, que generan una producción estimada de aproximadamente 800 kilogramos al mes. Esta producción, en última instancia, termina por ley en manos de la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

La imagen que se proyecta en esta región es la de un territorio en pleno auge minero, pero en la que el protagonismo de la fiebre del oro pasó de lo artesanal a lo industrial, con todo lo que ello implica: el ruido constante de las máquinas, la actividad de obreros y la presencia de infraestructuras de gran envergadura.

Decenas de vehículos de gran tonelaje se afanan en transportar arena, con la que no solo alimentan las plantas recuperadoras sino también los lamentos de los habitantes locales. Gran parte del asfalto ha desaparecido. El constante tránsito ha deteriorado la carretera, tornándola prácticamente intransitable para los vehículos no aptos para terrenos difíciles en épocas de lluvia. 

El deterioro de la vía es la oportunidad para algunos. Como unos jóvenes que, herramientas en mano, se encuentran tapando los baches de la carretera. “Si no nos dejan trabajar en las compañías, esto es lo que nos queda para sobrevivir”, dice uno de ellos mientras recibe una propina del chofer del reportero.

Éxodo forzado

Los mineros están de retirada. Además de la expansión de la industria y la reordenación impulsada desde el gobierno, sufren los embates simultáneos de las restricciones en el acceso al combustible, la disminución del mineral a flor de tierra, los severos controles oficiales, la violencia desatada por grupos armados ilegales y las fallas en el suministro de mercurio, entre otros.

“Hace ya cinco años de aquellos días en los que el llamado del gobierno nos encandiló. Nos persuadieron para que formáramos alianzas y nos convirtiéramos en socios del Estado, todo con el propósito de obtener mayores beneficios y proteger el medio ambiente. Nos aseguraban que las ganancias serían para el bien común. Yo, personalmente, tenía miedo de lo que pudiera pasar en el futuro, pero aún así, decidimos seguir adelante. Al fin y al cabo, se trataba del Gobierno; nos sentíamos forzados”, afirma Patricia Salamanca.

Salamanca es una pastora evangélica de un barrio nuevo de El Callao que surgió con la creación de estas alianzas, conocido como la Fortaleza Dorada. Junto con su marido y otros mineros, no dudaron en firmar con el gobierno y convertirse en unos de los primeros 10.000 enrolados en este nuevo esquema.

A este grupo de mineros se le concedió un espacio en la mina La Increíble. Durante dos años, invirtieron todo lo que tenían para acondicionar la mina y, finalmente, extraer las primeras pepitas de oro. Sin embargo, su alegría duró poco. Un día, llegaron unas personas del gobierno que les dijeron que tenían que abandonar la mina. Les explicaron que se instalaría una empresa con otros socios pero que descuidaran pues, a cambio, recibirían una indemnización. Hasta el día de hoy siguen esperando esa compensación. Lo perdieron todo.

En la actualidad, al pasar por la Troncal 10, la entrada a La Increíble asombra. Es una mina incrustada a una montaña. En particular, la sede de la corporación Goldtex resulta imponente, por suntuosa. Esta mina estuvo por mucho tiempo bajo control de bandas criminales. Recuperada por el gobierno, ahora está en manos de los concesionarios a quienes se les ha otorgado licencias para su operación: según los vecinos, presuntos militares y políticos allegados al oficialismo, en su mayoría.

Antes de eso, una corporación canadiense intentó hacerse de ella, una pretensión siempre frustrada por los permisos oficiales que se le negaban por cuenta de los riesgos de contaminación del cercano río Miamo, tributario del Yuruari. No se sabe cómo, esa cautela ambiental ha quedado superada. “Lo que hoy se ve desde la Troncal hubiese sido imposible en el pasado”, sostiene Agustín, un poblador de la zona.

Los mineros han denunciado que la Corporación Venezolana de Minería (CVM) está obligando a las alianzas estratégicas a pagar tributos para obtener los permisos necesarios para el traslado de material aurífero, insumos y equipamiento para la producción a pequeña escala. Si no se cumplen con los plazos, la autoridad amenaza con rescindir la alianza. "Somos forzados a pagar estas tarifas, vender nuestros bienes para comprar oro y entregarlo al precio que ellos quieran, incluso si no lo estamos produciendo", señalaron los mineros que discutían en una asamblea improvisada en el sector El Perú de El Callao 

La sombra de la CVM se cierne sobre estos trabajadores, presionándolos a abandonar alianzas que saben son productivas, para asegurar la extracción del oro y así otorgarlas a otros por conveniencia. Es una situación que parece no tener fin y que afecta a aquellos que buscan ganarse la vida en el duro mundo de la minería. Los mineros se sienten impotentes ante el poder de quienes representan al estado, y temen por su futuro y el de sus familias.

* Esta publicación es parte del proyecto Amazon Underworld, una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), La Liga Contra el Silencio (Colombia) y Armando.Info (Venezuela). El proyecto tiene como objetivo mapear las acciones de los grupos armados en la Amazonía. El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y está financiado por la Open Society Foundation y la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

Sin trayectoria en la minería, Adrián Perdomo es, en realidad, un viejo conocido de Alex Saab Morán y Alvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos que desde 2016 destacan como principales beneficiarios de las importaciones de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y que en 2017 fueron vinculados al propio Maduro por Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General destituida por el chavismo. Quizás esa y no otra fue la razón por la que Maduro firmó el 20 de julio de 2018 el decreto presidencial que lo convertía en presidente de Minerven.

El nexo entre Adrián Perdomo y el binomio Saab-Pulido es tal que el 21 de febrero, justo un mes antes de ser sancionado por Estados Unidos, el presidente de Minerven estuvo en Bogotá. Su viaje nada tuvo que ver con las operaciones de la minera. En realidad, Perdomo buscaba desligarse de dos empresas colombianas emparentadas con la interminable trama empresarial que la dupla de empresarios, también colombianos, levantó gracias a sus negocios con el chavismo.

Documentos obtenidos para este reportaje confirman que la participación de Adrián Perdomo en la estructura empresarial del dúo colombiano se remonta, incluso, a las actividades de Fondo Global de Construcción, un holding con presencia en varios países (Colombia, Perú, Venezuela) y origen en la mediterránea isla de Malta, con la que los colombianos iniciaron en 2011 su carrera como contratistas de la autodenominada Revolución Bolivariana.

Próximo a cumplir 50 años de edad, Adrián Perdomo sólo tiene ocho meses al frente de la empresa estatal encargada de explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, al sur de Venezuela, pero su pasantía coincide con un auge en el comercio del metal como vehículo para suplir los cada vez más exiguos ingresos petroleros del Gobierno de Maduro debido al descalabro que vive esa industria desde hace meses.   

“El Tesoro está apuntando a Minerven y su presidente por apuntalar el entorno inmediato del régimen corrupto de Maduro”, sentenció en un comunicado Steve Munchin, Secretario del Tesoro, el pasado martes. “Perseguiremos de manera agresiva a aquellos involucrados en el comercio ilícito de oro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”, advirtió.

Camino a Turquía

Además de considerarlas ilegales al no estar aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada desde 2016 por la oposición, o verlas como un mecanismo para evadir las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde agosto de 2017, las autoridades norteamericanas sospechan que detrás de las intempestivas exportaciones de oro hay prácticas corruptas. En octubre de 2018 hubo un primer aviso desde el norte.

“Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida Clap”, declaró Marshall Billingslea, Subsecretario del Tesoro. Para ese momento los envíos de oro venezolano a Turquía rondaban las 21 toneladas, valoradas en unos 800 millones de dólares. A cambio, desde Turquía salieron a Venezuela alrededor de 31 mil toneladas de comida y otras 120 de medicamentos, despachadas por una veintena de proveedores, al tiempo que Maduro y Recep Tayyip Erdogan estrechaban los lazos entre ambas naciones. 

Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, reconoció a la agencia Reuters en julio de 2018 que los envíos de oro eran producto de un “convenio” para su refinación entre Turquía y el Banco Central de Venezuela (BCV). “No es ningún contrabando a Turquía”, insistió. Es de las pocas declaraciones ofrecidas por algún funcionario venezolano sobre un intercambio que luce sin control y del que el presidente de Minerven es figura clave.

Una de sus primeras decisiones también apuntó a Turquía. El 31 de agosto de 2018, apenas un mes después de asumir el cargo,  se oficializó la creación de una “empresa mixta” entre Minerven y la turca Marilyns Proje Yatirim, una desconocida sociedad que conecta con el entramado tejido por Alex Saab y Álvaro Pulido, sus antiguos jefes. “Somos una compañía comercializadora de oro y productos metálicos a nivel mundial (…) Nuestra amplia red de contactos nos permite tener una amplia cobertura a nivel global”, refiere la web de la firma turca. Se dicen capaces también de extraer y procesar oro y metales preciosos, aunque sin detallar dónde ha desarrollado esos trabajos. 

Además de las exportaciones del oro proveniente del llamado Arco Minero del Orinoco, Maduro ha liquidado parte del oro de las reservas internacionales. Noor Capital, una firma financiera de Emiratos Árabes Unidos, que según fuentes también ha sido utilizada para pagos a los importadores de alimentos de los CLAP, confirmó que en enero de este año compró tres toneladas de ese oro monetario. Una de las operaciones más recientes, denunciada por parlamentarios de oposición, es la venta de ocho toneladas que terminaron en una refinería en Uganda y que las autoridades de ese país investigan por posible contrabando. El portal Cuentas Claras Digital, dedicado a temas de corrupción en Venezuela, vinculó a Alex Saab con ese caso. “Fuentes: Alex Saab sería el dueño del oro decomisado en Uganda, el que habría recibido como pago por importaciones realizadas para el régimen de Maduro del cual es el principal proveedor”, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 17 de marzo. 

Es una versión que no está probada. Las autoridades venezolanas tampoco se han manifestado sobre el tema. De lo que no hay dudas, en cambio, es de la relación del ahora sancionado presidente de Minerven con los numerosos negocios de Alex Saab y Alvaro Pulido.

Viejos conocidos

Una primera prueba de la vinculación entre el presidente de Minerven y los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido fue revelada por Armando.info en un reportaje publicado en octubre pasado. Allí se mostraba que Adrián Perdomo fue directivo en Caracas de Trading Energy And Coal (Trenaco), una petrolera colombiana con casa matriz en Suiza, controlada en la sombra por Saab. Ese apenas era un indicio.

De las empresas que Adrián Perdomo se desvinculó el 21 de febrero en Bogotá fueron la Corporación Latinoamericana de Suministros (Colasum), registrada en febrero de 2015, y Aerojet Executive S.A.S, inscrita el 8 de enero de 2016, y con filiales en Venezuela y Estados Unidos. La primera, dedicada a la comercialización de alimentos, la fundó junto a Carlos Rolando Lizcano Manrique, un empresario nacido en Cúcuta (Departamento de Norte de Santander en Colombia, en la frontera con Venezuela) con doble participación en el negocio de los Clap. Por un lado, es dueño de la compañía con la que Saab y Pulido controlan en Venezuela las Tiendas Clap. Estuvo también detrás de Group Grand Limited, la sociedad de Hong Kong a la que el Gobierno otorgó al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares para la importación de 21,5 millones de combos alimenticios y otros más para la compra de medicinas en la India.

En el caso de Aerojet Executive, tiempo después de registrada las acciones quedaron en manos de Héctor Alejandro Valencia Fernández, también venezolano, y Roswell Jesús Rosales Oberto, venezolano y piloto de Alvaro Pulido. Autoridades mexicanas, que en octubre de 2018 revelaron sobreprecios y exportaciones de alimentos para los CLAP de mala calidad por parte de Alex Saab y Alvaro Pulido, poseen registros de Roswell Oberto y Alvaro Pulido entrando a ese país en vuelos privados.

Tanto en Colasum como en Aerojet Executive, los cargos de gerente general y suplente quedaron en manos de las esposas de Adrián Perdomo y Roswell Oberto. En ninguna de esas compañías atendieron la solicitud de entrevistas. En Venezuela, Aerojet C.A fue creada en septiembre de 2014 en el estado Aragua, en el centro del país, y un mes después fue inscrita en el estado de Florida, Estados Unidos. En Miami ya está inactiva, pero en Venezuela Roswell Oberto, quien tampoco contestó la petición de entrevista, figura como uno de los socios, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Pero la relación del presidente de Minerven con Alex Saab y Alvaro Pulido se remonta hasta Fondo Global de Construcción, la empresa con la que en 2011 obtuvieron un contrato del Gobierno de Hugo Chávez para la construcción de viviendas prefabricadas, negocio que a la postre fue investigado por la Fiscalía ecuatoriana al sospechar que se trataba de una operación para aprovecharse del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), impulsado por el propio Chávez y sus aliados como el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa.

 En diciembre de 2012 Adrián Perdomo suscribió un contrato con la filial peruana de Fondo Global de Construcción para la “prestación de servicios profesionales” que lo obligaba a “elaborar un proyecto y evaluar la factibilidad económica de granjas integrales avícolas, creación, desarrollo y puesta en marcha”. Por la compañía, el convenio lo firmó Juvenal Jerónimo Alfaro Márquez, quien años después coincidiría en Trenaco con el propio Adrián Perdomo. De acuerdo al pacto, Adrián Perdomo obtendría 100.000 dólares.

Casi un año después, en agosto de 2013, el hoy presidente de Minerven hizo las veces de apoderado “con las más amplias facultades de administración y disposición” de Vram Holding S.A.S, sociedad registrada en Colombia, para sus negocios con la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), entonces adscrita al Ministerio de Comercio.

El poder en favor de Adrián Perdomo fue firmado por Adriana Martínez Rodríguez, pareja de Alvaro Pulido y exgerente suplente de Fondo Global de Construcción en Colombia, y que desde 2014 pasó a llamarse Expel Managment S.A.S. Vram Holding y Expel Managgment comparten website, pero no es la única prueba de la conexión entre estas sociedades.

Vram Holding firmó en agosto de 2013 un contrato con la estatal Suvinca por casi 20 millones de dólares por materiales e insumos para la construcción del polideportivo de playa “Hugo Chávez” en el estado Vargas -litoral central de Venezuela-, encomendada a Fondo Global de Construcción por la Gobernación de esa entidad, al igual que la del estadio de béisbol. Dos años después, el 20 de febrero de 2015, Vram Holding facturó casi 4,5 millones de dólares a Suvinca por “gradas modulares 100% aluminio”, “equipamiento control y seguridad TV”, “planta eléctrica” y una “bomba de inyección de agua”, entre otros artículos.

Esos negocios son investigados en Colombia por la Superintendencia de Sociedades desde comienzos del año pasado por el posible delito de “soborno trasnacional”. Ese organismo multó a la compañía con el equivalente a unos 50 mil dólares por no cooperar con el suministro de información a la hora de las inspecciones.

“Dentro de los motivos indicados en su momento, se mencionó la existencia de una operación internacional con una entidad extrajera, en la que se involucró una entidad pública de otro país, en un sector económico expuesto al riesgo de corrupción, en unos países determinados. Adicionalmente, de dicha operación se pudo constatar la existencia de un giro de recursos sustancial, que se sustentan en un contrato que no ha podido ser ejecutado”, detalla el expediente de la Superintendencia de Sociedades al que se tuvo acceso para este reportaje.

Adrián Perdomo, de momento, guarda silencio. Lo hace desde que llegó a la presidencia de Minerven. Para los trabajadores su rastro sigue siendo esquivo aún ahora que ha quedado señalado por el Departamento del Tesoro y por su pasado con los negocios de los cuestionados Alex Saab y Álvaro Pulido.

Un mes después, el 31 de agosto, otro decreto del presidente Nicolás Maduro, autorizó la creación de Mibiturvén, una empresa mixta entre Minervén y una sociedad con registro turco, de nombre Marilyns Proje Yatirim.

Aunque a primera vista no lo enseñen, ambas decisiones conectan con Alex Saab Morán, el empresario colombiano cuyos negocios con Venezuela -y en particular, su participación en la importación de suministros para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)- son hoy investigados por autoridades de varios países.

Perdomo Mata, el flamante presidente de Minervén, fue directivo de una compañía relacionada a Alex Saab. Se trata de Trading Energy and Coal (Trenaco), registrada en Caracas en octubre de 2014 y disuelta dos años después. Perdomo Mata ocupó el cargo de “subgerente general” de esa firma espejo de la colombiana Trenaco, hoy también liquidada, y cuya casa matriz conducía hasta Suiza. Siendo una desconocida en el sector petrolero, en agosto de 2015 obtuvo un contrato que luego se disolvió por 4.500 millones de dólares con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Saab nunca figuró en los registros de la empresa, pero una investigación de Reuters reveló que “estaba en pleno control de Trenaco” tras revisar “correspondencia interna” y “archivos de audio de Whatsapp con la participación de Saab”. A esa información de la agencia de noticias publicada en julio de 2016, se suman ahora otros indicios que reafirman la relación entre Saab y Trenaco.

La sede caraqueña de Trenaco, donde fue subgerente general el ahora presidente de Minervén, está en la misma torre empresarial del Centro Galipán en El Rosal –en el  este de Caracas- donde se encuentra la oficina de Fondo Global de Construcción, una estructura con la que hace siete años Alex Saab -junto a su socio Álvaro Pulido Vargas, también colombiano- inició su carrera como contratista del chavismo al firmar un acuerdo millonario en el palacio de Miraflores para la construcción de viviendas prefabricadas. Lo que pudiera ser una simple coincidencia se descarta al comprobar que ambas compañías apuntaron el mismo número telefónico ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC). “Gracias por llamar a Fondo Global de Construcción, en breve será atendido”, repite una contestadora automática antes de un interminable hilo musical que frena cualquier posibilidad de preguntar por esa relación.

Otro enlace entre el presidente de Minerven y Alex Saab se evidencia en el registro mercantil de Estambul, la principal ciudad turca. Marilyns Proje Yatirim, la compañía escogida a dedo por el presidente Maduro para la conformación de la empresa mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven), dejó allí constancia de dos números telefónicos. Nadie los contesta, pero son los mismos que también usó Mulberry Proje Yatirim, otra pieza de la trama empresarial con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas concentran la venta de alimentos desde finales de 2016 para el programa estatal de los CLAP.

Perdomo Mata, además de presidente de la estatal Minervén, figura como presidente de Aleaciones Metálicas del Pacífico, una firma panameña creada el 5 de agosto de 2015 y en la que comparte directorio con Amir Nassar Tayupe, abogado en Venezuela de Alex Saab y quien lo representa en una demanda contra cuatro periodistas de Armando.info. Esa compañía fue registrada con un capital de 10.000 dólares y entre sus fines está el de “desarrollar producción y comercialización de productos semielaborados y terminados de acero, laminados en caliente, en frío y recubiertos, largos y planos, y en general la construcción de infraestructuras físicas, asistencia técnica y desarrollo tecnológico particularmente en los casos de utilización de hierro, acero entre otros metales y en especial aquellas propias de la actividad siderúrgica, industrial y mineral en general, afines y complementarias incluyendo la exportación, importación y comercialización de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentes”.

La ruta turca

La sombra de Alex Saab en el negocio minero y su relación con empresas turcas ocurre justo cuando Nicolás Maduro parece embarcado en un esfuerzo simultáneo por encargar a socios extranjeros de los yacimientos de minerales raros y preciosos que atesora el llamado Arco Minero del Orinoco y, a la vez, por estrechar las relaciones con el régimen Recep Tayyip Erdogan en Turquía, una alianza de Estados que se asisten para burlar las sanciones financieras de Washington. 

No parece coincidencia que, tras las visitas de varios ministros venezolanos al país euroasiático en los últimos meses, los productos turcos comenzaron a aparecer en las cajas CLAP. Aún más: al mismo tiempo los cargamentos de toneladas de oro venezolano empezaron a despacharse a Turquía, en un intercambio apenas explicado por las autoridades.

“Es un convenio que está establecido entre Turquía y el Banco Central de Venezuela (BCV), que básicamente es para la refinación del oro”, declaró a Reuters en julio pasado Víctor Cano, Ministro de Desarrollo Minero, ante las denuncias de parlamentarios opositores sobre la naturaleza del negocio. “No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que están firmados entre el BCV y Turquía”, insistió ante los cuestionamientos por la explotación del denominado Arco Minero, una extensión de casi 112.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela con cuya explotación Nicolás Maduro busca unos ingresos cada vez más urgentes ante el colapso de la industria petrolera, el tradicional proveedor de divisas para la República.

Marshall Billingslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro estadounidense, calificó esta semana el canje entre los dos países como un “saqueo” e informó que en los últimos meses salieron de Venezuela 21 toneladas métricas de oro. “Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, reseñó Associated Press (AP).

La mitología griega ubicaba en territorio de la actual Turquía el reino de Midas, el monarca que murió de hambre tras llevar al absurdo su prodigiosa capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Alex Saab, precisamente, consiguió en Turquía una nueva fórmula para camuflar sus operaciones de intermediación en venta de comida para los CLAP, hasta entonces centralizadas en Group Grand Limited, una sociedad incorporada en Hong Kong, con la que logró al menos dos contratos por unos 700 millones de dólares con el Gobierno venezolano para el suministro de los alimentos, en su mayoría comprados en México, y otros tres con el Ministerio de Salud para la venta de medicamentos de la India por el orden de 200 millones de dólares.

El reciente 18 de octubre, las autoridades mexicanas señalaron a la red empresarial tejida desde Group Grand Limited de comprar productos de “baja calidad” en ese país y de exportarlos a Venezuela con “sobreprecios”. Pero Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas ya contaban en Estambul con otra firma, Mullberry Proje Yatirim.

A mediados de octubre el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, había advertido en un comunicado el secretismo de las autoridades venezolanas a la hora de exportar sus minerales, principalmente a Turquía. Para los trabajadores de Minervén la operación de Marilyns Proje Yatirim -con la que Mullberry comparte número telefónico- es incierta. “No se ha visto un plan agresivo de inversión, pero quien da la plata es la empresa turca y ellos toman las decisiones”, comenta una fuente ligada a la estatal. “El músculo financiero viene de la parte privada”, coincidió otro trabajador.

Marilyns Proje Yatirim posee 45% de las acciones de Mibiturvén, la empresa mixta creada por decreto presidencial. En los últimos años la operatividad de la estatal Minervén se desplomó hasta el punto de que, al día de hoy, cuatro de las minas bajo su responsabilidad tienen buena parte de sus instalaciones inundadas por falta de bombas de achique.

El rastro de la minera turca es fantasmal. Del registro de Estambul se desprende también que tiene una sociedad espejo en Reino Unido denominada Marilyns Capital Limited y en la que Lorenzo Antonelli, un joven italiano de 25 años, figura como director. La web de la compañía fue creada el 21 de junio, sólo dos meses antes de lograr el convenio con Minervén para la explotación del oro venezolano. “Somos una compañía dedicada a la exploración, extracción y transporte de oro y metales preciosos, comprometidos con las buenas prácticas y con nuestros clientes, nuestro compromiso es con el cumplimiento y la entrega de productos 100% de calidad”, relata el website, que sin embargo no exhibe el historial de la compañía en el área.  

Los trabajadores de Minervén relatan que el acopio del oro proveniente de la pequeña minería se interrumpió hace unas semanas debido a la reestructuración emprendida por Perdomo Mata. “No se está acopiando oro, están haciendo una reformulación total (…) La información la tienen muy secreta y no se ha abierto la venta al BCV”, asegura un trabajador de la estatal, que pide mantener su identidad en el anonimato, según reporta para esta nota María de Los Ángeles Ramírez Cabello desde Ciudad Guayana.

Pistas adicionales

El rastro de Alex Saab en el negocio aurífero se podría sumar a las diversas actividades que ahora están bajo el escrutinio de autoridades judiciales y financieras de varios países. Una de ellas es la  operación detrás de las compras para los CLAP en México; otra, la oscura gestión de la textilera Shatex en Colombia, caso por el que ya se han librado órdenes de detención contra él y algunos de sus familiares.

Shatex fue investigada por las autoridades colombianas bajo sospechas de cometer lavado de dinero y exportaciones e importaciones ficticias, entre otras irregularidades. El abogado que representa a Saab en Colombia, Abelardo De La Espriella, negó a comienzos de octubre que lo investigaran, pero días después la policía detuvo al contador y al revisor fiscal de Shatex. En el comunicado su defensor también informó que Alex Saab se encontraba “en Venezuela trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales”. Algunas fuentes confirman que lo han visto en su oficina del Centro Galipán en Caracas, lejos de su lujoso apartamento en el Boulevard Saint-Germain de Paris o de la mansión que tiene en su Barranquilla natal.

La prensa colombiana lo ha calificado como “el hombre de Maduro”, algo que su amiga personal y ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, también parece creer. “Saab está bien posicionado en Venezuela y no necesita de mí, pues habla más fácil con Maduro que cualquiera”, declaró a El Tiempo de Bogotá. Paradójicamente, el año pasado el propio empresario expresó a ese diario: “No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios”.

La tormenta desatada alrededor del barranquillero obligó hasta al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, a justificar el pasaporte diplomático que le otorgaron al empresario. Aseguró que se lo revocarían si termina acusado por cualquier delito y lo describió como un hombre de negocios de la construcción y que está al frente de una cadena de supermercados.

En realidad, Browne se refería a las Tiendas CLAP, una franquicia surgida del plan estatal en los antiguos locales de la quebrada red pública Abastos Bicentenario, y que en representación de Alex Saab es manejada por Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario nacido en Cúcuta, y Betsy Desirée Mata Pereda, con la empresa Salva Foods 2015. Ambos están también detrás de L&L Inversiones, una empresa constituida en agosto del año pasado en Caracas y cuyo objeto es “el tratamiento y la compra y venta de metales preciosos”. ¿Otro indicio del vínculo de Saab con el negocio minero?

Nota: María de Los Ángeles Ramírez Cabello colaboró con este reportaje desde Ciudad Guayana.

N. de R.: Sobre la mención que en esta historia se hace de su nombre, el abogado Amir Nassar Tayupe hizo llegar en octubre de 2026 una carta a la redacción de Armando.info, con las siguientes explicaciones:

"Se hace mención a una empresa mercantil de nombre Aleaciones Metálicas del Pacífico, la cual nunca tuvo giro comercial que sea de mi conocimiento, y en su debida oportunidad al enterarme que mi nombre figuraba en la misma, solicité a sus autorizados la supresión inmediata de mi nombre, pues no me dedico a ejercer actividades comerciales, sino al ejercicio de la abogacía".

Su negocio con el gobierno de Nicolás Maduro fue convenido a espaldas de la Asamblea Nacional, el opositor Poder Legislativo de Venezuela. Se aprobó mediante el decreto presidencial número 3.598 difundido en la Gaceta Oficial 41.472, de fecha 31 de agosto, que estaba acompañado de otras dos disposiciones del Ejecutivo, numeradas como 3.597 y 3.599, que declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autorizan la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat llamada Carbones Turquía-Venezuela, respectivamente.

Las empresas privadas extranjeras ostentan 45% de las recién fundadas binacionales, mientras que el Estado venezolano maneja 55% administrado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Así, Tareck El Aissami, el titular de ese ministerio, se convierte en la contraparte venezolana de Antonelli y de la italiana Patrizia Fiore, directora de Glenmore Proje Insaat ante los registros mercantiles de Estambul.

Ninguna de las compañías y socios a las que el Gobierno de Venezuela otorgó poder sobre las estatales mineras es reconocida. Ni siquiera figuraban en algún negocio varado en alguna otra parte del mundo, aunque los hilos que tejen sus redes se encuentren dispersos en otras latitudes. Las corporaciones Glenmore Proje Insaat y Marilyns Proje Yatirim aparecen registradas entre 2014 y 2015 por directores diferentes en Estambul, pero ambas señalan la misma dirección fiscal. No es casual. Las sociedades también tienen sus espejos en el Reino Unido con un mismo beneficiario: Lorenzo Antonelli. Todos los caminos conducen a él.

El empresario estrella en el acuerdo con Venezuela es el principal accionista de Marilyns Capital Limited y de Glenmore Solutions Limited, ambas con la misma dirección en Londres, y también las socias de sus firmas homónimas en Turquía. Pero aún más lejos, el hombre apunta su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.

El oro y el carbón de Venezuela está en sus manos. Al menos, una buena parte a pesar de que Glenmore Solutions Limited había sido manejada antes por otra directiva envuelta precisamente en casos de corrupción de España y Brasil. Se trata de la panameña Lilia Judith Tovar de León que estuvo como directora hasta 2014. Un año después figuró como posible testaferro en las investigaciones de la justicia española contra Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía de España, por blanqueo de dinero. Fue directora de sociedades relacionadas con los sobornos de Odebrecht en Colombia, específicamente de Coast Helicopter Inc, y otras usadas por ocho familiares de la princesa de Parma María Cristina de Borbón para repartir su herencia sin tener que declarar impuestos, según investigaciones periodísticas de los llamados Papeles de la Castellana elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal y publicada el 7 de junio de 2016.

Tovar encabeza las juntas directivas de decenas de compañías, varias radicadas en Reino Unido y Panamá, y también como cliente del bufete Mossack Fonseca con una sociedad, Oxalia Management, creada en Malta en 2013. En este entramado destaca el exgerente de Marilyns Capital Limited, Bunyamin Altun, oriundo de Turquía y residenciado en los Emiratos Árabes Unidos, porque su nombre se halla en la base de datos de los conocidos Paradise Papers por dirigir Parakon Holdings Limited, establecida también en Malta desde 2011. Esos antecedentes y ligeros nexos entre empresarios no generaron desconfianza en el Gobierno venezolano al momento de consignar socios para las joyas mineras del país, Carbozulia y Minerven.

El impotente motor minero

Los principales aliados históricos del chavismo en los negocios son los chinos, los rusos y recientemente los turcos. A mediados de este mes, Maduro improvisó una gira por China y Turquía para establecer nuevos acuerdos de los que no se conocieron detalles. Del viaje solo fue polémica su paso por el lujoso restaurante del chef Nusret Gokce, viralmente conocido como Salt Bae, en Estambul. Pero más allá de la cena, en Turquía se cocinan otros platos fuertes.

Víctor Cano, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, declaró a la agencia de noticias Reuters, el pasado 19 de julio, que el Banco Central de Venezuela optó por exportar y refinar oro en Turquía y no en Suiza producto de la “preocupación” por las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos.

El intercambio comercial ha sufrido algunas modificaciones en la última década. Maduro ha retornado a negocios que parecieran distar de los lineamientos del fallecido presidente Hugo Chávez que hace siete años había aprobado un decreto-ley que reservaba al Estado venezolano la exploración y explotación del oro en el país o que en 2007 se opuso a la explotación carbonífera en la Guajira por los daños ambientales. Su maniobra sucede en medio del ocaso de Petróleos de Venezuela, una crisis económica sin precedentes en el país, el aumento de las sanciones internacionales y varios escándalos de corrupción.  

El derrumbe de Carbozulia y Minerven no es menos notorio. El 26 de agosto, Maduro ordenó una reestructuración de la aurífera con la intención de depurar “vicios internos”. Dos meses antes habían sido detenidos el vicepresidente de esa empresa, Doarwin Alan Evans, y otras seis personas por presunto contrabando de oro, mientras la Fiscalía venezolana solicitó la captura de 28 más.

La carbonífera, entretanto, considerada la cenicienta de la minería, tiene un historial de infortunios. La empresa ha sido administrada por Petróleos de Venezuela, la Corporación del Estado de Zulia, el Ministerio para el Desarrollo Ecológico y ahora el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ningún ente ha logrado salvarla de su mengua. Aunque el Gobierno había anunciado su reimpulso como una estrategia para potenciar al “motor” minero, hasta ahora el pacto no ha tenido mayores beneficios para la estatal occidental. Al contrario, su producción fue de 650.000 toneladas en 2017, pese al millonario desembolso.

Según un informe de gestión del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, entre la producción de Carbozulia y de Carbosuroeste (30.000 toneladas) se generaron 48.960.000 de dólares americanos ese año. La explotación carbonífera tampoco parecía prosperar en 2018. Félix Merchán, presidente del sindicato de la compañía, declaró al diario regional La Verdad, según una nota publicada el 22 de junio de 2018, que hasta junio solo se había producido unas 90 mil de las 8 millones toneladas métricas que se solían extraer al año. Su denuncia se hacía en medio de una acalorada protesta de los trabajadores de esa empresa por un aumento de los salarios y la reactivación de las minas occidentales. Entonces, muchos empleados cargaban con pancartas en las que se leía “basta de corrupción y miseria” y “Víctor Cano, persona no grata en Zulia”.

Meses antes de que Carbones del Zulia se fusionara con la empresa turca, Glenmore Proje Insaat, había firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con las sociedades Inter American Coal, China CAMC Engineering CO LTD y Yang Guang Group para restaurar la producción de minas. Fue bendecido por Maduro, Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, en ese momento ministro para el Desarrollo Ecológico, y el propio Cano que se desempeñaba como viceministro de para Exploración e Inversión Ecominera y que sería declarado persona no grata en la región occidental. De aquel pacto se extendió un secreto a voces: ninguna clausulas beneficiaba al país.

Los que hojearon el documento coinciden en que se pierde el control de los yacimientos occidentales. “Se crea un comité de inversionistas que decide con tres votos, quedando prácticamente fuera del juego la empresa del Estado”, dice un exfuncionario del Ministerio para el Desarrollo Ecológico. Agrega que a las compañías extranjeras también se les facultó para crear un plan de explotación, capaz de ejecutar y diseñar a su criterio; estar a cargo del manejo y la comercialización de las minas activas Norte y Paso Diablo, en Zulia, durante 10 años; mientras que la estatal sí asumía las responsabilidades ambientales, gastos laborales, operativos y se despoja de la inversión social en las zonas explotadas.

En un comunicado anónimo difundido en julio se detalla que la empresa colombo-holandesa Inter American Coal se quedaría con 10% de las ganancias por cada buque de carbón como “contraprestación” o pago a la inversión. “Se necesita que el fiscal Tarek William Saab investigue estos contratos y el manejo de estos dólares y bolívares. (…) Investiguen los nexos de Interamerican Coal (…) que son bastante interesantes”, pedía el escrito. Justo el día que se divulgó la denuncia, Tania Ríos, presidenta de Carbozulia, se separó de su cargo.

Ríos fue contactada por ArmandoInfo, pero no quiso ofrecer su versión. Dos fuentes coinciden en que el “verdadero” negocio no está en la explotación carbonífera, sino en un entramado de operaciones financieras que involucran a Carbozulia Internacional, registrada en Panamá, y otras empresas. Acotan que la ruta del dinero comenzaría con operaciones swap entre BOI Bank de Antigua, el Banco Occidental de Descuento y la compañía de corretaje de valores Plus Capital Market, también registrada en Panamá. Ambas entidades bancarias son propiedad de Víctor Vargas, uno de los banqueros más consentidos por el Estado venezolano.

El interés de empresas foráneas en el carbón mineral venezolano es que es calificado de alta calidad por los mercados internacionales. No es como el extraído en otras zonas del Caribe, sino que se trata de un carbón bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico. Un tesoro sobre el que aterriza Turquía sobre dos empresas en las que se estrena un empresario de tan solo 25 años.

Aun cuando cuenta con un anillo de seguridad que lo sigue a todos lados Julián es percibido como un “lobo solitario”, lo que sumado a su carrera de ex guerrillero ayudó a tejer a su alrededor temor y respeto entre quienes lo conocen o solo han escuchado hablar de él.

De baja estatura, piel mestiza y ojos rasgados característicos de los indígenas descendientes de los gorrones que habitaron El Dovio, un municipio de Colombia situado al sur- oeste de ese país, Julián inició su trayectoria guerrillera en el Frente 40 Jacobo Arenas y luego en el Acacio Medina, donde figuró apenas en el 2012 en los organigramas como cuarto “reemplazante”, sin volver a cambiar de posición. A pesar de haber tenido un mando medio en la guerrilla su nombre resonó cuando el Estado Mayor Central de las FARC, lo expulsó de la organización junto a cuatro comandantes que lideraban las disidencias “por entrar en contradicción con la línea política” del ahora partido.

Géner García Molina, alias “John 40”, el máximo comandante del Frente Acacio Medina; Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”; Ernesto Orjuela Tovar, alias “Giovanni Chuspas”, jefe del Frente 16; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante del Frente Primero, son los cuatro renegados que junto a Julián Chollo dieron la espalda al proceso de paz en Colombia y encabezan el reacomodo criminal de la disidencia guerrillera. Estos cinco hombres con recorridos que superan los 20 años y un amplio conocimiento militar, tienen algo en común, todos lideraron frentes integrantes del Bloque Oriental, la estructura financiera de las FARC vinculada a la producción de coca y eje sobre el que se movió esta guerrilla entre 1993 y 2002, cuando alcanzó su mejor momento.

La herencia

“Al principio ellos entraron a territorio venezolano en busca de refugio (…) Desde la desembocadura del rio Meta, hasta el Cerro el Cocuy en frontera con Brasil, había presencia de guerrilla, especialmente de la FARC”, cuenta el indígena Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años -hasta octubre de 2017- del estado Amazonas. “Era tan evidente que a uno que le tocaba atender comunidades indígenas de lado y lado, a veces teníamos que ver sus banderas, sus efectivos y pues no hubo problema, hasta que llego Uribe”.

Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia de Colombia gracias a la promesa de “devolver la tranquilidad a los colombianos” con un programa de gobierno denominado política de “seguridad democrática”, centrado en recuperar el control del territorio y atacar las retaguardias de la guerrilla. Corría el año 2002 cuando la nueva política de seguridad, que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos a través del “Plan Colombia”, garantizó el despliegue de una ofensiva militar que intensificó los ataques sobre las posiciones insurgentes y proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre los principales focos guerrilleros, hasta conseguir su repliegue.

Esto obligó a los insurgentes a diversificar su portafolio de economías criminales que, para su suerte, coincidió con el aumento de los precios internacionales del oro y las materias primas, convirtiendo a la minería ilegal en una importante fuente de financiación. Sólo entre 2007 y 2012 la minería ilegal de oro había crecido en Colombia inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca, que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99.000 en 2007 a alrededor de 47.000 en 2012. El oro desplazó al narcotráfico como el negocio más rentable para la guerrilla y el crimen organizado.

Fue entonces, entre 2011 y 2012, cuando se vio un gran campamento de la FARC en las riberas del rio San Miguel del municipio Maroa, que según Guarulla luego trasladaron a la carretera Yavita Maroa, donde establecieron un aeropuerto más grande que el del propio poblado, “tenía hasta iluminación para la noche”, recuerda.

Registros de inteligencia en Colombia recogidos por la Fundación Ideas para la paz (FIP), una ONG colombiana que estudia la trayectoria de las disidencias desde la firma del acuerdo de paz, coinciden con la versión de Guarulla. El 10 de junio de 2011 en la vereda del Danubio, municipio Puerto Rico, departamento de Caquetá, se realizó una reunión en la que participaron los comandantes Mauricio Jaramillo “El Médico”, miembro del secretariado de las FARC, quien asumió la jefatura del Bloque Oriental tras la muerte del “Mono Jojoy”, y los ahora disidentes Gentil Duarte y Jhon 40. En el encuentro se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de oxigenar al debilitado Frente 16 que había pasado de contar con 360 combatientes en 2002 a apenas 76 en 2011. La conformación del Acacio Medina se oficializó en 2012 a las orillas del Rio San Miguel del municipio Maroa, territorio venezolano, con Jhon 40 de cabecilla.

La exploración del Acacio Medina en Venezuela conectó seguidamente con el rio Casiquiare, un cuerpo de agua de 326 kilómetros que es afluente del Orinoco. En su avance, el Acacio Medina penetró el río Atabapo y tomó el control de los yacimientos auríferos que reposaban en los suelos del parque nacional Yapacana.

Los objetivos del Frente Acacio Medina eran financieros y ya entonces había incursionado en minas de oro y coltán en el vecino municipio de Guainía de Colombia, donde la actividad minera se remonta a media década. A mediados de 2015 y según un informe de la policía colombiana elaborado luego de ejecutar la “operación Arpón” el frente contaba entonces con unos 150 efectivos, medio centenar en Colombia y el resto, en Venezuela.

Eduardo Álvarez Venegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociación de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la creación del Frente Acacio Medina formó parte de toda una estrategia de finanzas y de políticas de frontera que nació en la octava conferencia celebrada en abril de 1993 en el Guaviare, en el que las FARC diseñó un plan de economía de guerra de las FARC para diversificar sus finanzas y un posible repliegue estratégico a otros países.

Aunque se aplicó mucho después, el investigador señala que las FARC encontraron en Venezuela a un gobierno favorable para ese repliegue. “La FARC se dijo: ‘puede que podamos explotar nuevas economías criminales, tenemos un gobierno que nos brinda resguardo y refugio’. A raíz de allí se empieza a dar una especie de adaptación a la estrategia militar del Estado colombiano, que claramente logra derrotar estratégicamente a la guerrilla de la FARC más no tácticamente. Eso fue parte de la aceptación que permitió que se sentaran a conversar en La Habana, pero parte de estar a flote tácticamente fue poder crear estructuras como el Acacio Medina, para asegurar otros espacios aún muy alejados de cualquier tipo de intervención estatal y militar en términos de control territorial”, señala.

Una información no menor registrada por los investigadores de la FIP dentro de las distribuciones de funciones del año de creación del Acacio Medina sobre Julián Chollo, el mandamás en las minas del Yapacana, es el control que tenía sobre una mina en Guainía de tungsteno, un material potencial para la fabricación de máquinas y dispositivos de energía.

Un matrimonio perfecto

El Parque Nacional Cerro Yapacana se localiza en el sector suroeste del escudo guayanés, en la región centro occidental del estado Amazonas. En la reserva natural de 230 mil hectáreas, que cuenta con una categoría de área protegida desde 1978, por su gran valor paisajístico y científico, habitan más de 8 mil venezolanos, colombianos, brasileros y ecuatorianos, que explotan día y noche siete yacimientos de oro bautizados con los nombres de Cacique, La 40, La 44, La 50, Fibral, Jerusalén y Moyo. Esta última, la más antigua y de mayor tamaño.

Así lo reveló una actuación levantada en 2017 por la Defensoría del Pueblo de Inírida en Colombia, tras un desplazamiento de mineros que produjo la activación de una alerta naranja en ese municipio, situado apenas a 40 minutos de San Fernando de Atabapo. Al menos 600 personas atravesaron la selva caminando para ponerse a salvo en Inírida. Unos papeles lanzados desde un avión militar que los instaba a tomar medidas terminaron siendo interpretados como un futuro bombardeo a las minas, lo que impulsó a miles de personas a caminar durante días y noches enteras por trochas improvisadas para evitar las requisas y extorsión en los puntos de control militar venezolano dispuestos en las vías fluviales.

Muchas versiones surgieron como razones del desalojo de la mina, pero dos acontecimientos previos registrados en el estado cedieron a la idea sobre la fuerte presión que desde el gobierno central venezolano, se estaba imprimiendo a lo interno de las fuerzas de seguridad: la desaparición por más de cuatro meses de un helicóptero tipo MI17V5 con 13 personas a bordo, entre ellos cinco civiles y un niño de 4 años y el asalto a un puesto militar en el sector “El Suspiro” del Orinoco, por hombres identificados como miembros de las FARC, quienes cargaron con armas y celulares en presunta venganza por un decomiso realizado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

La explotación de oro venezolano da empleo a miles de colombianos desde hace varios lustros. Julián Mancera, responsable de la oficina de Migración Colombia en Puerto Inírida así lo explica. “Las minas son un modo de sustento económico para las familias, aquí no hay oportunidades más que trabajar para el Estado, y los que tienen dinero de pronto montan un negocio o algo por el estilo, pero generación de empleo no hay, entonces la mina se convierte en el único modo de subsistencia”.

Sentado en su escritorio de caoba oscura y dando la espalda al logo de la Alcaldía de Inírida que viene acompañado con la frase volvamos a creer, Camilo Andrés Puentes Garzón el intendente más joven que ha tenido en la historia ese municipio colombiano, extiende una sonrisa y dice sin rodeos. “La verdad es que los ciudadanos colombianos viven, trabajan y explotan una mina que queda en Venezuela. Nosotros tenemos conocimiento y ellos mismos nos comentan que hacen acuerdos de pago o como llamamos nosotros aquí dan vacunas, para poder trabajar y pasar elementos y poder extraer oro de allá”.

Pero no deja pasar la oportunidad para lanzar una queja unánime que resuena constante y silente como el murmullo del viento en la selva amazónica, entre todos los habitantes de ambos lados de la frontera, el evidente maridaje entre los grupos irregulares y las autoridades venezolanas.

-    ¿Quién media entre las autoridades venezolanas y los mineros?

-    Ellos nos cuentan que las guerrillas supuestamente son quienes los protegen de la guardia, que son ellos quienes negocian directamente”.

-    ¿La guerrilla tiene el control de las minas?

-    Tienen el control de las minas.

-    ¿Cuál guerrilla?

-    Las FARC.

-    ¿Disidentes?

-    Si, los disidentes, porque ya se acabó la FARC. Aunque bueno, eso es muy sencillo se cambiaron el brazalete y ahora se pueden llamar ELN -hace una pausa antes de terminar y agregar- yo te voy a decir algo, el ejército aquí va a acabar con las disidencias, pero si están en Venezuela imposible.

Reclutando entre trochas

En Atabapo el 90% de la población es indígena y vive en situación de pobreza, una vulnerabilidad que les ha ido integrando a la economía alrededor de la mina, con su carga de impacto ambiental y ruptura de las actividades cotidianas.

Camilo Silva, es educador jubilado y capitán de la comunidad piaroa San Juan de Puruname, tiene 61 años y hace frente a la situación intentando convencer a los jóvenes de no abandonar sus prácticas económicas como el conuco y la pesca, instando a que se dispongan a participar en la economía de la mina con la venta de sus productos. Junto a uno de sus hijos, creó una cooperativa turística que promueve la pesca deportiva en el río Atabapo, pero durante todo el año 2017 el campamento apenas recibió a dos grupos de turistas, todos nacionales, “los turistas extranjeros dejaron de visitar el estado por la inseguridad”.

Esta inseguridad es generada por la certeza de que el territorio está tomado por ex guerrilleros colombianos con amplia trayectoria en secuestros y crímenes contra la población civil. Pero a lo interno de la mina la guerrilla es fuente de temor porque representa el orden y la ley. “Son guerrilleros de las FARC quienes tienen el control de la mina, pero ahí no se te pierde ni una aguja”, cuenta Junior, un joven colombiano de 19 años que trabajó en la mina atendiendo un puesto de expendio de víveres.

Una actividad asociada al desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos criminales, que preocupa especialmente a la organización de mujeres de Amazonas Wannaleru, es el establecimiento de alianzas con otras actividades criminales, como la explotación sexual, y el reclutamiento y utilización de menores en estructuras improvisadas, llamadas “currutelas” donde traen a pequeñas para el entretenimiento sexual. 

Mientras Wannaleru denuncia la posible existencia de redes de trata, para la Organización Indígena Piaroa Huottuja del Sipapo (OIPUS), del municipio Autana, la principal angustia es el reclutamiento de jóvenes indígenas. Carlos Morales Peña, sub-coordinador de OIPUS y poblador de la comunidad Caño Uña, afirma que los jóvenes indígenas se están yendo a trabajar con los guerrilleros atraídos por el dinero. “En estos días en mi comunidad ofrecieron balones de futbol, mallas de voleibol y también combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les ofrecieron cosas que necesitan y los muchachos los recibieron, así captan a los jóvenes”.

Fue a través de un indígena reclutado por la guerrilla que OIPUS recibió la primera comunicación oficial de las FARC en la que le invitaban a discutir sobre su presencia en territorio Piaroa. La misiva confirmó los rumores de esa penetración guerrillera cuando empezaron a notar un inusual tráfico fluvial en la madrugada, huellas de botas y desmonte de espacios que parecían campamentos itinerantes, por caminos y ríos donde se asientan. La comunicación recibida por Otilio Santos, coordinador general de OIPUS, fechada el 14 de mayo de 2013 no dejo espacio para la suposición: las FARC invitaban a las comunidades de los afluentes del rio Sipapo a una reunión para tratar como primer punto su presencia en Autana.

Esa fue la primera de tres reuniones a las que fueron convocados los pueblos y comunidades indígenas del municipio, con hombres y mujeres uniformados y de acento colombiano que se identificaron como miembros de la FARC y luego del ELN. A través de sus organizaciones los indígenas de Autana se opusieron a la presencia de estos invasores en sus territorios. El sub coordinador de OIPUS contó que en una de las reuniones “ellos llegaron diciendo: nosotros no venimos a invadir, no venimos a hacer daño, no venimos a reclutar niños y niñas, nosotros vinimos a protegerlos. Entonces les respondimos: ustedes llegaron sin consulta previa, eso ya es una violación a nuestros derechos humanos y consuetudinarios, ustedes ya cometieron un delito”.

Pero no hubo caso y hoy en Autana los irregulares se exhiben públicamente. Las comunidades los ven pasar en sus lanchas y luciendo sus armas. “Antes no se dejaban ver, se movían de noche (…) pero después que los descubrieron no les importa nada, los ves a cualquier hora en los puertos, armados, trasladando mercancía, visitando comunidades para comprar comida”.

Lo que el coordinador de OIPUS denuncia también ocurre en los municipios Atabapo y Manapiare, donde líderes y autoridades indígenas aseguran que en casi todas las vías fluviales hombres y mujeres vestidos de uniforme militar, patrullan a orillas del río con fusiles terciados a la espalda. Los pobladores los identifican como miembros de las guerrilleras de la FARC, y a pesar del proceso de paz, para ellos siguen siendo la FARC y los disidentes que penetraron el estado Amazonas siguen enarbolando la marca del grupo armado.

Lissa Pérez presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare se encontró cara a cara con un grupo comando que rodeó su bongo, cuando navegaba las aguas del rio Ventuari rumbo a Valle Guanay. Después de un breve careo, Lissa encendió de nuevo los motores de su bongo y siguió su camino, pero lo que nunca se esperó fue encontrarlos de nuevo en el puesto militar de la Guardia Nacional en el muelle de San Juan de Manapiare, donde también la retuvieron para revisar su bote, “llegaron saludando muy tranquilos a los militares, hasta se dieron la mano” detalla.

Nuevo objetivo, el arco minero

Los guerrilleros también se desplazan hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO) -un mega proyecto impulsado por el estado venezolano en un intento por aumentar el ingreso de divisas a la nación en medio de la caída de los precios del barril de petróleo-, que abarca una extensión de 111 mil 843 kilómetros cuadrados y cuenta con 7 mil toneladas se reservas de oro, cobre, diamante coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Su objetivo es dinamizar las economías criminales para su continuidad o establecer nuevas alianzas que los mantengan a flote.

Camuflados en la selva, llegaron por una trocha que conecta el municipio Manapiare del estado Amazonas con el estado Bolívar, pasando por Los Pijiguaos, el Alto Parguaza y finalmente a la “Y”, una intersección entre Puerto Nuevo y la carretera Caicara, donde se encuentra un yacimiento ilegal de coltán a cielo abierto controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí ocupa el terreno del Area 1 del AMO, un bloque de 24.717 kilómetros cuadrados donde operan las dos primeras empresas mixtas para la explotación de coltán, identificadas como Oro Azul y Parguaza, constituidas entre el estado venezolano y las corporaciones Faoz y Supraca.

La presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume, vio los campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del arco minero en el estado Bolívar. Junto a su familia caminó durante una semana por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El trayecto caminando fue abierto y adaptado para que transiten vehículos doble tracción”, asegura. Le tomó una semana llegar al poblado donde la esperaba un familiar y los vio por primera vez al otro lado del río.

“Vi sus campamentos, sus carros, sus motos, había un montón de tambores de gasolina.  Cerca de las seis de la tarde llegó la gente, parecían militares. Todos mis parientes decían esa era la guerrilla. Todos decían, esa gente trae medicina, comida, todo, no hace falta ni gasolina ni gasoil”. Hace una pausa para agregar “ahí todos están trabajando con esa gente”.

Lo que aún se está por conocer es la relación entre los “farianos” y sus primos “elenos”, quienes mandan en los suelos repletos de coltán.

Los “pata e’goma”

Puerto Ayacucho es la capital del estado Amazonas y sede de los poderes públicos del estado, los comercios cierran entre 12 y 3 de la tarde y durante ese tiempo el bullicio del mercado se apaga y la ciudad queda desierta y sumergida en una ola de calor acompasado y polvoriento, que contraviene con la imagen de un lugar que ostenta la cifra de 214 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Tanta violencia junta en un apacible pueblo a orillas del río Orinoco apenas fundado en 1924, atornilló el pánico entre sus habitantes que aún no pierden su capacidad de asombro al conocer que cada fin de semana la cifra superaba al anterior. En una oportunidad se hallaron los cadáveres de seis personas en el sector Los Caobos juntos en un mismo lugar, después un grupo de siete en el sector la campiña de San José en Cataniapo y en otra oportunidad otros dos con signos de tortura en el sector Payaraima.

Ante el silencio de las autoridades policiales, Rowinson León, quien ocupó el cargo de Secretario de Política y Asuntos Fronterizos en la Gobernación de Amazonas durante tres años, se dispuso a llevar un registro de muertes violentas. El trabajo reflejó que en tres años la cifra de asesinatos fue siempre en ascenso, pasó de 38 muertes violentas en 2014, a 214 en apenas dos años sólo en el Municipio Atures.

La iglesia, autoridades locales, la oficina de derechos humanos, los trabajadores de la radio comunitaria Raudal Estéreo, el taxista y hasta el vendedor de chucherías en la Plaza Bolívar, coinciden en señalar que las muertes que convirtieron a ese apacible pueblo de 100 mil habitantes en la tercera ciudad más violenta del país -según el Observatorio Venezolano de Violencia- están asociadas a la presencia de la guerrilla en el lugar.

Los identifican como “los pata e´goma”, un seudónimo acuñado por el uso de botas de hule incorporadas a la indumentaria militar. Se trata de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la última guerrilla activa de Colombia y con la que el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de neutralizar un diálogo de paz.

El ex gobernador de Amazonas, testigo durante 17 años de la llegada y establecimiento de guerrilleros colombianos en esa parte del país, asegura que la presencia del ELN se evidenció cuando el gobierno venezolano decretó en mayo del 2016 un estado de excepción que se mantiene en vigencia. Esta figura permitió reemplazar a la autoridad civil por el estamento militar, “es en ese momento que toman el control de todos los puertos del municipio, controlando el negocio del contrabando de la droga, de la gasolina, pero además el tema la seguridad”.

El ELN logró en Puerto Ayacucho cimentar lo que llaman “poder criminal”, una acción que no se limita a la esfera económica, sino que también incluye lo social y político, ejerciendo funciones similares y paralelas a las del Estado pero bajo sus propias reglas de juego.

Todas las denuncias apuntan a que son los “elenos” los responsables de los múltiples asesinatos en la ciudad. Jhonny Eduardo Reyes Sequera, Obispo titular del Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, asegura que estos grupos ejercen un papel de limpieza delincuencial. “Por testimonios en los barrios se conoce que fue la guerrilla, pero lo más llamativo es que todos te dicen que los muchachos eran considerados azotes de barrio a quienes ya le habían avisado una y dos veces y que sabían que el tercer llamado significaba que iban a ser eliminados”.

Noraima Ángel, coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, una ONG que realiza trabajo en campo con las comunidades indígenas ubicadas al norte del municipio Atures revela que los guerrilleros también han llegado a las comunidades indígenas ofreciendo ayuda en la organización comunal, “encargándose de poner al día a los muchachos que tengan mal comportamiento, problemas de conducta, que estén consumiendo algún tipo de droga o roben en la comunidad”, afirma.

Betania Topocho es una comunidad piaroa ubicada a 44 km por vía terrestre de Puerto Ayacucho y políticamente emblemática por fungir como piloto en la implementación de programas sociales promovidos desde del gobierno nacional. Los pobladores de esa comunidad han sido beneficiados con una planta procesadora de frutas, una radio comunitaria, un ambulatorio, una escuela, un estantero del Gas Comunal y créditos para emprendimientos económicos y sociales. Irónicamente también es una metáfora de la penetración de los grupos guerrilleros en la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas de Amazonas.

Allí han surgidos desacuerdos entre directores de la escuela que condenan a los líderes comunitarios por endosar aspectos sobre el orden comunal a los grupos armados. “Un profesor nos contó que un día los ‘pata e´goma’ llegaron a un salón de clases diciendo ‘a ver quiénes son los que se portan mal’. Esto frente a unos chamitos de 16 y 17 años, entonces llamaron a un grupito de tres por sus nombres, sacaron la pistola y dijeron ‘vamos a matarlo, aquí mismo delante de todo el mundo para que aprenda’. Todos quedaron petrificados, pero lo más desconcertante es que la gente en la comunidad decía ‘si, si es verdad pa´que aprendan’” narra Noraima Ángel.

Esa atmósfera se extiende a todo Puerto Ayacucho. Si bien la población en general manifiesta que vive con miedo del poderío que ostentan los ilegales, también justifican que realizan un trabajo de “limpieza social”.

Rowinson León detalla que de los 214 asesinatos que ocurrieron en 2016, apenas 10 se caratularon como robo a víctimas identificadas como trabajadores. Sobre todos los demás lo único que se pudo identificar fue un grupo etario de víctimas menores de 30 años, en su mayoría con antecedentes penales, encontrados con heridas de bala en la cabeza, y la ausencia de deudos dispuestos a denunciar.

El ex director de política y frontera de la Gobernación opina que fue la misma población quien recurrió a estos grupos en busca de ayuda. “Personas que están cansadas de ser víctimas de robo, de atraco, que se encuentran con un organismo de seguridad totalmente corrupto, que no ve ningún avance en la denuncia, ni respeto por su problema, entonces se cansaron, yo no lo justifico, pero si aquí funcionaran las leyes nada de esto ocurriría”.

Los “elenos” se han convertido en Puerto Ayacucho en un “para-Estado” instalando una funcionalidad paralela donde no queda muy claro el nivel de acoplamiento de las autoridades nacionales. Lo llamativo, como señala la coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos, es que los guerrilleros que han penetrado las comunidades aseguran que su papel es de resguardo a la frontera “porque si llegara a pasar algo, tipo un golpe de estado contra el gobierno actual ellos van a intervenir, ellos van a defender, ellos están ahí para proteger la revolución bolivariana, eso es lo que dicen en las comunidades”.

Revolucionarios y maduristas

A 180 kilómetros de Puerto Ayacucho, en San Fernando, un grupo de habitantes fue convocado a una reunión en el Fundo de Don Ramón Brisa. Al profesor José Lima, contralor social ad honorem juramentado por la cámara municipal, dos hombres vestidos de civil lo fueron a buscar a la puerta de su casa. “No se identificaron, solo dijeron que había una reunión a la que debía asistir, pararon una moto taxi y le indicaron a donde debían llevarme”.

“Cuando llegué al fundo vi como 15 motos y la presencia de unos concejales, entonces pensé que debe ser una reunión muy importante que estamos rodeados de puros guardias, pero no eran guardias, eran ellos, los guerrilleros, con toda su indumentaria, uniformados, con su brazalete y un número en la espalda de la camisa. Unos estaban de seguridad, otros se encargaban de repartir refresco y pancito. En ese momento me dije ‘no, esto no se trata de una reunión con algún militar de aquí’. Y ya cuando me disponía a entrar me preguntaron:

 -Señor de donde viene usted.

-Soy el contralor social.

-Ah si, usted es el señor Lima, pase pase, ¿trajo celular?

-Sí

 -Muéstremelo.

 Me lo quitaron y depositaron en un bolso”.

Lima indica que en el salón cerrado habría cerca de 80 personas entre pobladores y autoridades municipales. Los asistentes más destacados fueron el presidente de la Cámara Municipal, José Yavinape; la entonces candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Belsbeth Lima; el presidente de las comunas, Rodolfo Mirabal; ocho representantes de Consejos Comunales y el responsable de la oficina de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Atabapo.

La situación solo daba para observar al cabo de un rato un hombre alto, delgado y vestido de militar que se paró frente a todos y sin mayor protocolo dijo “yo soy el comandante Jimmy del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nosotros venimos a poner orden aquí, nosotros somos revolucionarios, estamos con la revolución y venimos apoyados por el gobierno de Maduro”.

Durante el derecho de palabra hubo personas que manifestaron su apoyo, entre ellos el representante de la CVG y Rodolfo Mirabal, presidente de las comunas. “Luego nos enteramos que Mirabal fue el responsable de organizar todo. En la reunión se hablaban de camarada. Hasta que una maestra intervino y dijo que no estaba de acuerdo que tenían que irse del pueblo porque nosotros teníamos nuestras autoridades”, contó José Lima.

“Yo me quise ir y me dijeron que no podía, que tenía que quedarme escuchando las cosas que se estaban hablando, después querían organizarnos en mesas de trabajo para discutir los problemas del pueblo. ¿Cómo íbamos a participar en esa locura? Ellos lo que querían era que los consejos comunales agarraran firmas, redactaran un documento de reconocimiento de la presencia de esta gente. Ellos lo que andan buscando acá es como un refugio porque para allá ya no pueden pasar, allá la Fuerza Armada colombiana los persigue”.

Dos días antes de la reunión en San Fernando encontraron muerto a dos muchachos en plena calle. Se trató del único hecho violento que se registró en todo el 2017. Uno al lado del otro con disparos en la cabeza y en el rostro.

“Aquí lanzaron un panfleto subversivo que decía que no querían ver delincuentes, que a partir de las nueve de la noche no querían ver a personas en la calle y lo firmaban los del ELN, pero en la reunión negaron la autoría de los panfletos”.

“Mi mayor temor es que se vayan a apoderar nuestros hijos de nuestros nietos, ellos también necesitan reforzar su batallón y ya hay varios muchachos que los han reclutado. Ellos tienen su campamento grande por la carretera en el sector  Cayo Viejita, vía Santa Bárbara del Orinoco, dentro de una selva, tienen planta eléctrica y ya mandaron a hacer parrillas para meter ollas grandes, porque son bastante, son más de 100. Tienen dinero para todo”.

En San Fernando hay quienes han cedido al ofrecimiento de protección y servicios que ofrecen los guerrilleros, “ahora aquí te roban algo y la gente dice ‘vamos a decirle a los pata e´goma’, la gente recurre a ellos más que a los guardias o la policía. Hace un año y pico que ya se sabe que ellos andan por aquí, ellos al tiempo se van a radicar aquí como dueños de esto y entonces para vender un mañoquito tendremos que pagar impuesto, no hay una manera que ellos se vayan de acá a menos que cambie el gobierno, porque el mismo gobierno los tolera ”.

Mientras Colombia celebra el fin de una guerra que se prolongó por seis décadas con un saldo que supera los ocho millones de víctimas y se prepara para una contienda electoral con Rodrigo Londoño Echeverri, ex número 1 de la más grande guerrilla de América Latina, como candidato presidencial, Venezuela se enfrenta a las consecuencias de un conflicto heredado que cuenta con el maridaje de las autoridades locales y nacionales, que apunta a indicar que la paz no cruzara la frontera.

Los militares venezolanos participan también en la violencia que frecuentemente resulta de la explotación minera a través de bandas armadas y sus propias operaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas recibieron mucho poder durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Clíver Alcalá Cordones, retirado en 2013 y leal a Chávez, fue un mayor general que comandó las regiones mineras. En una reunión en el lobby de un hotel en Bogotá, Colombia, explicó que Maduro sigue entregando funciones a los militares y a sectores del gobierno que ahora participan en el “desastre y en el botín”.

El afán de las fuerzas armadas por los minerales se traduce en una visible militarización de las zonas mineras. Un viaje al sur de Venezuela, en la región donde se extrae ilegalmente el oro, da la impresión de que está bien controlada. Cada 30 minutos de camino hay alcabalas, puntos de control de la policía militar, la Guardia Nacional, encargada del orden público, pero entre más cerca de las minas, son los militares los que dominan la escena.

Poco importa realmente si el oro tiene un origen legal o no, si es extraído por compañías o por las bandas que controlan las minas. Cuatro áreas del estado Bolívar, decretadas en 2016 como una inmensa zona minera nombrada como Arco Minero del Orinoco, representan una simbiosis oscura de ambos mundos.

Lo que realmente es significativo es el impacto del Arco Minero. Las cuatro áreas coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente protegidos y de los que se cree serán destruidos. Los mineros, amenazados por enfermedades tan comunes como la malaria, arriesgan su salud y sus vidas trabajando ya en condiciones inseguras, ya en áreas de disputas violentas. El daño ambiental carece de importancia para los enclaves de subsistencia minera y para las brutales fuerzas que operan en estas zonas; tampoco es un factor para el Gobierno que creó un marco legal sobre la explotación minera de esta área.

Alexander Luzardo, exsenador con un doctorado en Derecho Político y Ambiental, ha estado directamente involucrado en la legislación ambiental de Venezuela. Él redactó los estándares ambientales para la actual Constitución, de 1999. Con estos esquemas, delimitó la significación para que Venezuela protegiese estas regiones. Sin embargo, en 2016, vio cómo el Arco Minero echó por tierra la legislación que había creado. “El Arco Minero es ilegal. Niega, vía decreto, la existencia y la creación de áreas protegidas”, expresa Luzardo en una entrevista en un café en el campus de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente es docente.

El profesor tiene una predicción muy nefasta para el país. “Este es el camino más fácil para la destrucción ambiental en Venezuela, la gran contribución de Venezuela a la destrucción del planeta”, afirma Luzardo, quien añade que el país había alcanzado un progreso impresionante en términos de protección ambiental y teme que el Arco Minero lo revierta: “Este proyecto es la peor respuesta a la crisis y es una negación a toda perspectiva ambiental”.

No se sabe mucho sobre la minería en el país, que ha solidificado toda su economía en la industria nacionalizada del petróleo. Ahora, intentan con otro recurso no renovable, porque Venezuela no solo posee las reservas más grandes de petróleo en el mundo, el gobierno afirma, de hecho, tener también la segunda reserva más grande de oro. Si Venezuela es capaz de certificar los yacimientos, sería una gran noticia, sobre todo, ahora en las horas más oscuras del país.

Venezuela se encuentra en una gran agitación política y financiera desde hace ya varios años, pero actualmente los niveles de hiperinflación y de escasez de productos básicos están llevando la economía a tocar fondo. El gobierno necesita soluciones latentes, por ello el anuncio de la apertura de una parte significativa del país a un nuevo motor de desarrollo económico: la minería.

Los billones de dólares provenientes del petróleo y del gas financiaron los programas sociales del hoy fallecido presidente Chávez desde 1999 hasta su muerte en 2013. Por desgracia, estos ingresos se agotaron después del autoenriquecimiento de las élites del país y de la caída de los precios del petróleo después de 2014. En un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida, el presidente Maduro abrió 12 por ciento del territorio nacional a futuras operaciones mineras de gran escala.

“Es una jugada desesperada de Maduro para conseguir liquidez”, mantiene David Smilde, profesor de Sociología en la Universidad Tulane y miembro titular en el centro de investigación Oficina de Washington para América Latina. “Hay un peligro patente que conducirá a operaciones mineras ecológicamente destructivas en un territorio con una increíble biodiversidad y con una población protegida por los indígenas”. El docente está convencido de que Venezuela destruirá un recurso importante en términos de cuencas y de turismo potencial, a cambio de ganancias a corto plazo.

Las economías que están basadas únicamente en lo que está oculto en el suelo no necesariamente implican problemas, financieramente hablando. “A mi modo de ver, a diferencia de otros académicos, considero que una economía rentista no es básicamente el problema, sino las malas políticas”, argumenta Smilde. “Pienso que los problemas actuales de Venezuela poco guardan relación con la caída de los precios petroleros y sí con las políticas económicas insostenibles. Hay que recordar que el ciclo de protestas de 2014 estuvo en parte motivado por la escasez, por la inflación y por el desempleo, y que el crudo estaba en casi 100 dólares el barril. El modelo ya era insostenible, la caída de la cesta petrolera solo ha apresurado su decadencia”.

Mientras los acreedores internacionales intentan recuperar su dinero de Venezuela, que está al borde del impago, hay quien está feliz con el Arco Minero. Ese es Maduro. Con una sonrisa curiosa debajo de su bigote característico, le muestra un lingote de oro a la prensa venezolana. El oro pertenece a uno de los primeros envíos del Arco Minero, un área de no menos que los 112 mil kilómetros cuadrados que bordean el sur del río Orinoco, la principal fuente de agua en el país y el tercer río más importante en Latinoamérica.

En agosto de 2016, Maduro anunció oficialmente: “El Arco Minero es ahora una realidad”. Según el gobierno, 150 compañías de 35 países desean invertir en minería, pero después del gran anuncio, pocos son los proyectos concretos en minería.

Hubo una agenda mediática apretada e incluso se creó el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico. Se autorizó a una empresa mixta con Endiama, una trasnacional minera de Angola, a explotar diamantes y se estrecharon las manos con el embajador de Palestina, quien postuló a dos corporaciones palestinas para extraer coltán. Los aliados usuales, China y Rusia, quieren su porción de la torta de los minerales en sus platos, más que todo por el manejo de deuda con ambos países. En total, Venezuela debe 150 mil millones de dólares a una larga cola de acreedores.

Hasta ahora, compañías reconocidas en el sector minero continúan ausentes en Venezuela. La trasnacional minera Barrick Gold respondió a nuestra pregunta y explicó que “mientras Barrick participó en la revisión de proyectos mineros en el país, la compañía no busca ningún proyecto o inversión en Venezuela”. Maduro aseveró, sin embargo, haber firmado un contrato con Barrick Gold en agosto de 2016.

Más de un año después de los anuncios de Maduro, sigue el tabú sobre quién realmente controla la minería en el país sumido en crisis. “Detrás de la minería en Venezuela, siempre ha habido la opacidad de factores militares”, manifestó Américo de Grazia, diputado opositor en el Parlamento marginado por el Gobierno. De Grazia representa al estado Bolívar, donde la mayoría de las reservas del oro están ocultas. “La minería [ilegal] ha sido criminalizada por la opinión pública, pero se permite su clandestinidad. Aquí, el máximo operador [quienes están a cargo] son las fuerzas públicas, y el operador práctico [el ejecutor] es el crimen organizado”, dijo.

Venezuela cuenta con un número increíble de generales, cerca de dos mil, y las fuerzas armadas controlan el Arco Minero, como resaltan De Grazia y Luzardo que argumentan que la mayoría del sector es dominado por los militares. Ellos extorsionan a las bandas que operan las minas ilegales y controlan las rutas de exportación. La minería es una caja chica que se ha institucionalizado lentamente. El año pasado se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) junto con una Zona Económica Militar. Activos o pensionados, los militares están presentes en alrededor de 30 por ciento de las compañías estatales con juntas directivas conocidas. Partiendo de que el Arco Minero será explotado en empresas mixtas en las que el Estado posee la mayoría porcentual de propiedad, es muy posible la presencia militar a cargo.

De Grazia dice que los generales son cambiados frecuentemente, así como el personal militar en las directivas de las compañías: “Cada militar que llega quiere enriquecerse de la noche a la mañana, lo que lo hace más cruel, más violento y sus normas serán más inhumanas porque él sabe que esta es la forma de volverse rico y que solo dispondrá de uno o dos meses, quizás un año”.

Bandas armadas les pagan a los castrenses para continuar con las operaciones ilegales mineras. “Cuando acabamos con algunas de las actividades de minería ilegal, los mineros se quejaron, porque les habían pagado a los militares antes”, dice Alcalá. El hoy general retirado menciona que muchos aviones sacan ilegalmente la mayoría del oro de Venezuela a las islas del Caribe. Los militares están involucrados: “Ellos bajan [el avión] de manera que el radar no sepa dónde están”.

Alcalá confirma que el ejército recibe beneficios significativos de la minería ilegal y de las bandas que operan los proyectos, y aplican la violencia para mantener el control. “Desde hace un año, ha habido masacres ejecutadas por el ejército en algunas zonas porque hay oro”.

En los primeros diez meses de 2017, un análisis de informes de prensa por el Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Bolívar muestra que al menos 1.415 personas han sido asesinadas en la región, muchos de ellos en zonas mineras. Es imposible estimar un número preciso de personas muertas en choques entre bandas armadas y balaceras con el ejército; tampoco no es inusual que los migrantes mineros, que no son de la región, terminen en tumbas clandestinas tras ser asesinados en regiones remotas.

Aunque el conflicto minero sin control en Venezuela no es nuevo, la batalla real por el acceso a los recursos minerales apenas comenzó. El hurto legalizado impacta directamente a Venezuela y a sus fronteras, pero la demanda global de minería y los nexos internacionales de traficantes involucran a muchos actores en el extranjero. Por ello, el daño hecho a uno de los ecosistemas más importantes, el Amazonas, hace que el Arco Minero sea un asunto de interés internacional.

Malestar en la cuna de minas de oro de Venezuela

Venezuela no tiene un elaborado histórico de minería, a diferencia de sus vecinos de Colombia y de Brasil. Pero si hay un lugar en el país que respire tradición minera, ese es El Callao. La cara de este pueblo del estado Bolívar cambió para siempre cuando en 1853 fue descubierto el oro e incluso se convirtió en el principal productor mundial de oro en 1885. Varias empresas extranjeras operaron en minas de la zona, pero es Minerven, una compañía en 1970 y nacionalizada cuatro años después, la que ha explotado más el oro de El Callao.

Mineros locales afirman que trabajar para Minerven significaba un estatus y que un empleado usaba con honor el uniforme de la compañía. Pero las cosas han cambiado con el paso de los años. Minerven se ha venido abajo. Las plantas de producción han sido desmanteladas y no se alcanzan las metas anuales de producción, ni de cerca. Mientras tanto, muchos grupos armados comenzaron a tomar el control en minas más grandes que rodean el pueblo. Hace un año, el ejército venezolano reforzó la militarización de la zona –para su propio beneficio, según muchos alegan– y no se ha detenido en combatir las bandas armadas y en matar a sus miembros desde entonces.

La minería en El Callao pertenece al proyecto del Arco Minero. Unas cuatro empresas mixtas reclaman su parte, pero una visita a El Callao basta para entender que la minería legal y la ilegal van de la mano.

No solo es que la mayoría de la población la que está involucrada directa o indirectamente con el proceso rudimentario de extracción de oro, sino que la minería y la vida del pueblo están estrechamente vinculadas. En cualquier parte de El Callao, probablemente no se consiga caminar más de un minuto sin encontrar a un comerciante de oro, pero sí encontrar una panadería o un supermercado.

En las noches, cuando la mayoría del comercio cierra y cuando muchos mineros se dedican a su actividad favorita, beber, se verán personas barriendo el piso frente a las tiendas de oro, no solo para limpiar, sino para encontrar oro. Trozos de oro pueden caer por accidente por un vendedor descuidado o pequeñas virutas que se pierden al quemar la amalgama de mercurio, una actividad que se prefiere hacer frente a la tienda para que el humo tóxico del mercurio no quede puertas adentro.

En 2017, hasta mediados de noviembre, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 5.992 kilos de oro, todos de Minerven. “El Callao está manteniendo a Venezuela”, comenta el dueño de empeño de oro en la plaza central del pueblo. Sin embargo, de acuerdo con varios mineros y personal de Minerven entrevistados para este reportaje, el oro no proviene originalmente de Minerven, sino de minas ilegales y de pequeña escala.

“No puedo afirmar que Minerven lo compra de las minas ilegales, porque en papel es así”, afirma una fuente en Minerven. “Estamos autorizados para comprar de 17 a 18 asociaciones de productores artesanales de oro, pero sabemos que se lo compran a mineros ilegales. Así es como se trabaja ahora. Todos los días las personas buscan tener negocios con nosotros para convertirse en legales”.

Los mineros explican que solo una menor parte de la producción de oro de Venezuela termina en las arcas del BCV. La mayoría es traficada para el extranjero por el ejército y por el crimen organizado. “Seis mil kilos no son nada”, afirma el general retirado Cliver Alcalá Cordones. “Se va a Aruba y a Curazao”. Cerca de 80 por ciento del oro de Venezuela se va ilegalmente del país en aviones de contrabando, de acuerdo con Alcalá.

Desde el siglo XIX, varias compañías internacionales, por ejemplo, de Francia, del Reino Unido y de Rusia, entraron en la región para minar las vetas ricas en oro que no solo circundan al pueblo, sino corren justo debajo de él. Los vecindarios cerca del centro se han convertido en minas.

Es común que una casa tenga unos pocos molinos en su patio, cerca de hoyos en el suelo. Estos hoyos no deben entenderse como un mal sistema de aguas residuales, sino como túneles que conducen a varias galerías horizontales de minas.

“Por dos años ha habido confrontaciones, estas ocurren porque hay muchas zonas mineras”, dice un minero local de El Callao. “Muchas zonas son grandes, son vecindades con minería. Si una comunidad tiene mucho oro, otra querrá entrar en ella no solo para trabajar, sino a robar con armas en mano y deshacerse de la gente que tiene el oro y que ellos quieren llevarse”.

Los pueblos se convierten en una mina y las minas se convierten en pueblos. Sectores aledaños a El Callao son llamados Colombia, Perú, Chile, entre otros nombres dados por compañías mineras presentes en el pasado. De momento, estas minas son operadas por mineros ilegales de pequeña escala. Trabajan bajo presión de bandas armadas locales que colaboran con el ejército. Mientras tanto, intrusos desconocidos se pelean por el control de las minas y que por años han manchado de sangre a El Callao.

“Estos grupos armados son llamados bases aquí. Antes había tres, ahora hay solo una [a cargo]”, explica un minero de El Callao. Varias zonas aún tienen recuerdos de otras bandas armadas. “Pequeñas bases todavía están activas entre la gente”. De acuerdo con el minero, las que están en El Perú son las más terribles. Los choques ocurren con frecuencia. En septiembre, antes de nuestra visita a El Perú, un sector que está bajo el dominio del pran conocido como “el Toto”, ocho personas murieron en un enfrentamiento con el ejército.

Nuestra camioneta pick-up es conducida por el personal de Minerven y deja El Callao para visitar las minas, no las de Minerven sino las ilegales, cerca del pueblo. Aquí, las plantas de extracción mineral basadas en el uso prohibido de mercurio producen oro que venden a la estatal.

“Venga con nosotros”, grita nuestro conductor a un comandante del ejército, quien ya espera en el jeep negro. Manda a un soldado armado en la parte trasera de la camioneta y nos escolta. Pasamos varias alcabalas antes de entrar en El Perú. El área está completamente militarizada, pero el peligro viene de las colinas donde las bandas armadas pueden bajar a tomar control de las minas. Este atractivo peligro se hace evidente cuando, en la noche anterior a nuestra visita, seis locales fueron abatidos en una balacera entre bandas.

“Si uno se porta bien nada le pasa a uno”. Uno de los mineros que opera en un molino pequeño en el que se procesa el oro explica que una “vacuna”, un pago de extorsión de cuatro o cinco gramas mensuales por cada molino y que cancelan a una de las bandas armadas. Con calma en su cara, añade: “Si no, uno sube [al cerro] y ellos prenden la motosierra”. Abundan las historias de horror sobre tumbas masivas y desmembramientos. Las bandas son conocidas por bajar al pueblo y desaparecer a personas en los cerros circundantes.

El personal de Minerven dice que más de 30 mil mineros trabajan en las virutas de oro de El Callo y en las adyacencias. Muchos de ellos son trabajadores migrantes que vinieron a la región como resultado por la crisis y la falta de oportunidades de empleo en cualquier otra parte del país. Uno de esos trabajadores sale trepando de un túnel improvisado, seguido de su sobrino de 15 años. “Si no trabajo en las minas no tengo manera de mantener a mi familia”, apunta el antiguo carpintero.

Cerca de él, descansa Minorca Maurera. Es una madre soltera de 23 años que trabajó en una panadería antes de venir a El Callao. “El salario mínimo no me alcanza. Soy la madre de tres niños. Renuncié [a la panadería] por el bajo salario y vine a este lugar. Es un poco duro, pero me ha ido bien. Independientemente, ahora, puedo sostener a mis hijos”.

Vecindarios polvorientos que parecen barrios con chozas de madera improvisadas y pequeñas que solo tienen un techo delgado corrugado están llenas de migrantes mineros y además de nativos de El Callao. Más de un siglo y medio de extracción de oro ha traído a la población local todo, menos a ricos, lo que hace que aun un chavista acérrimo desconfíe del Arco Minero.

 “El Arco Minero prácticamente ha funcionado para cubrir muchas cosas”, razona Darwin Lizardi Tabor. A sus 28 años es coordinador local de Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno, y usa una gorra roja de Minerven cuando lo conocemos. “Hombre, el Arco Minero como tal no ha funcionado. Te lo digo yo, que soy un chavista revolucionario pero hay que decir las cosas como son. Esto es un camuflaje. No sé por qué. Porque al final nos daña a los mineros y al pueblo”.

Lizardi es un oriundo orgulloso de El Callao, pero los tiempos han cambiado. Él explica que su madre creció en una época más calmada. “Así era cuando uno podía dejar la puerta de la casa abierta toda la noche y nadie entraba”. La madre de Lizardi, de 66 años, contempla dejar su lugar, que ambos llevan en su corazón.

La violencia y la pobreza hacen de El Callo un lugar difícil para vivir. “El minero todavía es un sucio que camina en las calles. Gana 300 mil bolívares, bebe cerveza y al próximo día no tiene nada y necesita 0,3 o 0,4 gramas de oro para traer comida a su hogar. Un minero no debería vivir así si el Arco minero estuviera funcionando”.

Seguimos hablando en un bar cerrado para foráneos, mientras mineros y alcohol pueden ser una combinación muy explosiva. Lizardi ordena más cerveza y sigue su discurso sobre la falta de infraestructura estatal y de medicinas mientras los locales le entregan su oro al gobierno. “Gracias al minero, el que baja en un túnel de 100-120 metros, gracias a este minero, el Estado tiene cuatro toneladas de oro”.

El Arco Minero recibió muchísimas críticas en la prensa venezolana, principalmente por su impacto ambiental futuro, por involucrar a bandas armadas y por su presencia en territorios indígenas. En octubre, el ministro para la Información y Comunicación salió al contraataque y publicó un artículo en el que culpa a la prensa de criminalizar a los mineros artesanales y de pasar por alto que 250 mil personas dependen directa o indirectamente del Arco Minero. En El Callao, donde los mineros ganan su propio dinero desde que son jóvenes, es difícil apreciar los beneficios del Arco Minero.

“Todo el oro sería invertido en trabajo social en el municipio de El Callao y, ahora, ni siquiera ha llegado una ambulancia”, explica Lizardi, quien sostiene que el Gobierno le ha prometido mucho al pueblo de El Callao. “Minerven ya tiene el dinero del Estado para comprar el oro de los pequeños mineros. Lo que Minerven prácticamente hace es recoger el oro y llevarlo al Banco Central de Venezuela. No están asumiendo su papel como compañía minera porque todas sus plantas se han detenido”.

Tener el ingreso determinado por la suerte y el trabajo duro en vez de solamente trabajar por horas es parte de la cultura minera. “De momento nadie recibe un salario. Uno trabaja para conseguir oro y el dinero es de uno”, dice Eduardo Gutiérrez, un hombre 43 años de El Callao que trabaja en uno de los molinos en El Perú.

Gutiérrez está satisfecho con el precio que ofrece Minerven por su oro y aguarda con esperanza que el proyecto del Arco Minero le envíe más recursos y equipos, pero un ambiente de trabajo seguro todavía falta. Con las manos desnudas toca el agua mezclada con mercurio mientras raspa una masa de amalgama de oro de un plato. Acto seguido, calienta los residuos con gas para apartar el oro, sin hacer ningún esfuerzo por cubrir su rostro del humo tóxico del mercurio.

Varios científicos han alertado sobre la contaminación del mercurio en El Callao, que le puede ocasionar daños neurológicos a los mineros, y que puede también ser la causa principal del autismo en niños pequeños.

Desórdenes neurológicos y problemas en los riñones, pulmones y en la piel son las consecuencias más comunes en la salud, afirma Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, en Caracas. “Un problema importante es la exposición al mercurio por parte de las mujeres embarazadas en la primera fase de embarazo; investigadores han vinculado la exposición de metales pesados, como el mercurio, al autismo”.

Un estudio en varias zonas mineras del estado Bolívar halló que solamente 32 por ciento de los niños tenían niveles de mercurio debajo del límite de seguridad en su sangre.

Severos problemas de salud, batallas sangrientas entre bandas y áreas controladas por los militares. La minería ilegal de oro en El Callao contribuyó con circunstancias inseguras e insalubres, pero el Arco Minero tiene un interés en todo. “Todo el oro que lleva a Minerven es legal, en papel, aun cuando es ilegal”, explica Lizardi.

Bandas armadas y el ejército han dominado el sector. El oro minado ilegalmente es comprado por compañías “mineras” que de hecho no minan, lo que esencialmente significa que funcionan más bien como grandes tiendas de empeño. “Aquí en El Callao tenemos mucho oro, pero no tenemos máquinas ni los recursos necesarios [para poder explotarlo]”, se jacta Darwin.

La oscura simbiosis entre la minería legal y la ilegal es casi obvio. Del otro lado del pueblo, somos llevados a una mina controlada por una banda armada llamada “Nacupay”. Antes de entrar, se nos dice que no tomemos “fotos de los hombres armados” ni de la maquinaria que usa el mercurio. Justo antes de la entrada, una señal dice MunSol – “Empresa minera aliada a la patria bolivariana en el Arco Minero del Orinoco”. Detrás de la señal, encontramos docenas de mineros informales que trabajan en los embarrados hoyos al aire abierto.

Solo estamos autorizados a fotografiar a los mineros que laboran con las tablas de lavar, características de la minería artesanal. No quieren que mostremos ni documentemos las instalaciones más grandes. Podemos, sin embargo, retratar los campamentos donde viven los mineros, cerca de los fosos llenos de agua estancada y contaminada.

La situación en El Callao no es una excepción. Cerca de 91 por ciento del oro explotado en Venezuela es ilegal, de acuerdo con una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional. Pequeños lotes de oro se vuelven en joyería y luego se contrabandean, por ejemplo, para las islas del Caribe. Es la verdadera historia del mito de El Dorado.

(*) Este es un trabajo del site Infoamazonia, patrocinado por el Pulitzer Center y publicado en simultáneo por El Espectador en Colombia, Folha en Brasil y el Correo del Caroní y Armando.info en Venezuela.