Hace cinco años, la familia Silva abandonó la pesca para dedicarse al cultivo de algas marinas en Boca del Río, en la Península de Macanao, porción occidental de la isla de Margarita. 

En la casa familiar, de techo de zinc y bloques sin frisar frente al mar, recientemente una reportera de Armando.info vio cómo una docena de hombres y mujeres, junto con ancianos y niños por igual, pasaban toda una noche limpiando y empacando 36 sacos de algas rojas resecas, recopiladas durante la cosecha. La faena fue agotadora, con una extenuación que el hambre acumulada de varios días acentuaba. 

El amanecer agarró a todos sin desayuno, con los pequeños jugando en voz baja mientras los adultos guardaban tanto silencio como expectativas, pues ese día, que en realidad se repite cada seis semanas -lo que dura el ciclo reproductivo del alga-, les tocaba salir a vender los talos cosechados. O lo que es lo mismo: la oportunidad para cobrar algo y capear la necesidad. 

Pero un apagón dejó a la isla sin electricidad. 

La explosión del gasoducto Complejo Operativo Muscar de la estatal petrolera Pdvsa, en tierra firme del estado Monagas, paralizó la actividad comercial en buena parte del oriente venezolano, incluyendo Margarita. Por lo que los sacos, que los Silva habían llenado con tanto esmero, quedaron varados en el suelo. Junto a sus esperanzas.

La de los Silva es una de las 346 familias dedicadas en Margarita al cultivo del alga roja, nombre que en realidad abarca a un par de especies exóticas: Kappaphycus alvarezii y Eucheumas denticulatum. El dato aparece en un informe interno del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca) al que tuvo acceso Armando.info. El documento de la entidad, adscrita al Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca), agrega que estas comunidades de base triplicaron la producción artesanal en apenas un año, al pasar de 387 toneladas en 2023 a 919 toneladas en 2024. 

Lo mismo ocurrió con las exportaciones. De 2019 a 2023, las ventas internacionales pasaron de 263 toneladas, valoradas en 413.000 dólares, a 1.351 toneladas por 2,1 millones de dólares, según registros de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas.   

Pero ese boom no se traduce en alguna ganancia significativa para los pescadores artesanales, los principales cosechadores del alga roja. Familias como los Silva reciben en promedio 10 dólares por persona, cada mes, por una faena que hacen a pulmón y mano limpia. Este salario se calcula a partir de las cifras de producción de Insopesca.

En cambio, cuatro empresas son las que principalmente cosechan las ganancias del creciente negocio. Se trata de Tide C.A., Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweeds C.A. y Sea-Mar H&B, siempre según el informe de Insopesca. Solo las dos primeras cuentan con permisos de exportación y, también según Insopesca, entre 2019 y 2023 lograron exportaciones de alga roja con un valor de 6,47 millones de dólares. Pero otras dos que no están registradas como tales en el reporte oficial, Sea-Mar H&B y Kor-Ven C.A., aparecen también como exportadoras en bases de datos de comercio internacional, como Panjiva e Importgenius.

Las divisas flotan entre los sargazos

El mercado mundial de algas marinas estuvo valorado en alrededor de 16.500 millones de dólares en 2023, según consultoras internacionales que a la vez prevén una expansión que, a finales de 2029, podría alcanzar hasta 20.900 millones de dólares. 

La cotización de este recurso radica en su polifuncional aplicación en las industrias de alimentos, cosmética y medicamentos. De las especies de alga roja que se cultivan en Margarita, de origen asiático, se obtiene la carragenina, un apreciado gel que en la industria de alimentos funciona como espesante y estabilizante en la producción de helados, yogures, gelatinas, embutidos, salsas y cervezas, entre otros. En el sector farmacéutico se utiliza para jarabes y medicamentos antiinflamatorios y antivirales. En cosmética, optimiza la consistencia de cremas, champúes y pastas dentales, y en otros productos industriales, sirve como aglutinante en pinturas, textiles, biocombustibles y papel encerado. Su versatilidad la convierte en un ingrediente clave en la industria que, por lo demás, no tiene sustituto. Es un tesoro rojo en el mar venezolano. 

Semejante potencial hace del cultivo y comercialización del alga roja una de las apuestas del gobierno de Nicolás Maduro para desarrollar la acuicultura como una alternativa de ingresos de divisas distinta al petróleo. 

El ministro de la cartera de pesca, Juan Carlos Loyo, se muestra entusiasta del proyecto, sobre todo con miras a surtir al mercado asiático. En enero de 2023, el funcionario afirmó que las algas habían representado 7% de las exportaciones del sector de pesca y acuicultura. Así lo contabilizaba “oficialmente” en su cuenta de la red social X, aunque apenas sería en una fecha posterior, en octubre de ese año, cuando la producción de algas marinas se incorporó por primera vez a la Ley de Pesca y Acuicultura. En diciembre de 2023, el propio Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca) y el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) firmaron una resolución conjunta para regular “el aprovechamiento, cultivo y actividades conexas -sustentables y sostenibles- de las especies de algas y cianobacterias”.

Con la firma de esa resolución, los ministerios autorizaron para el aprovechamiento del alga roja a las cuatro empresas mencionadas anteriormente: Tide C.A., Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweeds C.A. y Sea-Mar H&B.

Vale decir que todas estas empresas comenzaron a operar hasta cuatro años antes de la legalización de la explotación del alga roja en 2023, pues la historia de la explotación de este recurso no sólo está teñida de espasmódicas regulaciones, sino de profundas contradicciones. 

La más notoria de las contradicciones, sin duda, es que el Ministerio del Ambiente prohibiera hasta 2006 el cultivo de la Kappaphycus alvarezii y la Eucheuma denticulatum por considerar estas especies como “potencialmente degradantes y susceptibles de causar un impacto ambiental negativo”, pero que dos décadas después promueva su producción como “alternativa económica sustentable” dentro del catálogo de la oferta exportable de productos de pesca y acuicultura de Venezuela.

Las empresas proponen y los ministerios disponen

Pese a que la siembra de la Kappaphycus alvarezii estuvo prohibida en Venezuela hasta 2006, y no fue sino en 2023 cuando contó con una normativa para regular su producción, durante dos décadas se dispersó por las costas de los vecinos estados Nueva Esparta -que comprende a Margarita- y Sucre, en tierra firme, que comparten aguas territoriales.

Como se ha dicho, Tide C.A, Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., Revolution Seaweed C.A. y Sea-Mar H&B figuran entre las productoras de alga roja con cultivos propios. Pero las dos primeras compran también más de la mitad de la producción de los acuicultores artesanales que siembran hectáreas en el mar de manera empírica, según el informe de Insopesca. Directivos de Tide confirmaron a Armando Info que esa empresa, por ejemplo, compra a los acuicultores 40% de su materia prima, mientras que el restante 60% proviene de sus granjas. 

Tide C.A., cuyo nombre es el acrónimo del proyecto Tierra de Emprendedores, enseñó a cultivar el alga a los pobladores de Punta de Piedra, un puerto en la costa centro sur de la isla de Margarita. Otros se las arreglaron para aprender en la práctica el método rudimentario de propagación, consistente en atar los talos -el cuerpo indiferenciado de las algas o talófitas, equivalente al conjunto de raíz, tallo y hojas de las plantas terrestres- a redes sumergidas en el fondo marino, con botellas de plástico que funcionan como boyas. Los ciclos de siembra constan de 45 días, lo que permite obtener hasta ocho cosechas anuales. 

Tres empresas autorizadas exportaron el alga roja desde seis años antes de la legalización de la actividad acuícola. Las bases de datos de comercio internacional registran que entre 2019 y septiembre de 2023 -es decir, hasta tres meses previos a la autorización oficial-, Tide, Biorma y Kor-Ven vendieron a clientes fuera de Venezuela un total de 2.493 toneladas por 6,47 millones de dólares, según Importgenius.  

Armando.info pidió una entrevista a Insopesca para verificar los términos de los permisos otorgados a las cinco empresas autorizadas para la explotación y comercialización de algas marinas. Pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. 

Tide C.A., propiedad de William Hoce Fariñas, domina ampliamente el negocio. Según la directiva relata a Armando.info, todo comenzó con un restaurante de nombre Tide -”marea”, en ingļés-, ubicado en la zona inhóspita de El Guamache, en la costa suroriental de Margarita, pero la crisis generada por la pandemia los obligó a reinventarse. Fariñas, ingeniero industrial con un título técnico de navegación y pesca, y su esposa, María Gabriela Reyes, médica de profesión, decidieron aprovechar las algas marinas que abundaban en la zona. Obtuvieron rápidamente el permiso para la extracción.

"El alga roja casi muere en la isla por la extracción que se hizo entonces y la cepa para semilla prácticamente se agotó. Incluso nosotros pasamos meses buscando un poquito acá, un poquito allá, ya aprobado el permiso", comenta Reyes para ilustrar por qué esta especie, en su opinión, no es invasora. En 2021, la empresa obtuvo la autorización para cultivar algas y en la actualidad tiene 30 hectáreas de cultivo permisadas, de las que solo 10 están activas, asegura.

“La resolución ministerial de 2023 no fue para autorizar el cultivo de algas en Venezuela. Ya eso era legal. En realidad, se promulgó para simplificar el proceso engorroso de los permisos de Ecosocialismo y Pesca”, argumenta María Gabriela Reyes. Luego añade: “Nosotros [Tide] ya contábamos con el permiso desde 2020. Fuimos los primeros en obtenerlo”.  

Pero los datos de Importgenius parecen corregir al matrimonio de Fariñas y Reyes. Muestran que Tide C.A. incursionó en el negocio exportador desde antes de la pandemia y de la resolución que reguló la actividad. Entre marzo de 2019 y agosto de 2024, la empresa manejó 97,4% de las exportaciones de algas marinas, enviando 1.935 toneladas a compradores internacionales por un total de 6,14 millones de dólares. Durante esos casi seis años, Chile se consolidó como el destino principal para las exportaciones de Tide.

Según Insopesca, Tide produce 750 toneladas de algas frescas al mes, de las que obtiene 75 toneladas secas, destinadas a la exportación. Por su parte, María Gabriela Reyes afirma que hasta la fecha han exportado unas 1.500 toneladas.

Fariñas, de 40 años, quien no es oriundo de la isla de Margarita -un navegao, en la jerga local-, es hijo de Williams Fariñas, histórico diputado chavista y exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV). Fariñas padre participó en la asonada golpista del 27 de noviembre de 1992 contra el entonces presidente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez. Con Hugo Chávez en el poder, ocupó diversos cargos como la coordinación del Proyecto Bolívar 2000, el viceministerio de Desarrollo Social, miembro de la Comisión Presidencial Misión Vuelvan Caras, director de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y presidente del Fondo Mixto de Turismo del estado Nueva Esparta, ya durante la administración de Nicolás Maduro. 

En 2021, el joven William Hoce Fariñas mostró extensas áreas de cultivo en un programa de la televisora estatal VTV del entonces Ministro de Agricultura, el también exmilitar William Castro Soteldo. En esa emisión de su espacio Cultivando patria, Castro Soteldo, quien insistía en llamar al alga roja como alga Cottoni -una denominación que no es científica sino que proviene de la industria-, se refirió a Fariñas como "su hijo de la vida" y como un "ingeniero emprendedor". Ante las cámaras se comportó como un padrino tanto de ese emprendimiento en particular como de la actividad en general, a pesar de que para entonces no contaba con regulación oficial. 

De manera imprecisa, el ministro también mencionó que las algas habían sido introducidas a la región "por alguien", mientras que Fariñas se atribuía el mérito de haber descubierto su potencial comercial.

En ese mismo espacio, Fariñas reveló que se habían recolectado más de dos millones de toneladas de algas húmedas en la región, de las que se extrajeron 200 toneladas secas. Para producir una tonelada de alga roja seca, se requieren unas diez toneladas de alga recién cosechada.

En el mercado internacional, el precio promedio de una tonelada de algas secas es de 600 dólares, coinciden los expertos consultados para este reportaje. En la actualidad, Tide C.A. paga a los acuicultores artesanales de Margarita unos 200 dólares por tonelada de alga seca y 22 por tonelada de alga húmeda. Los maricultores, como también se conoce a los que se dedican a este oficio, deben “arrimar” la materia prima hasta un punto de encuentro. 

En el programa de televisión de 2021 también se mostraba al competidor inmediato de Tide, la empresa Agromarina Biorma Aquaculture, C.A., que produce 6,2 toneladas de alga seca mensuales, según el informe de Insopesca. Su representante legal es Raúl Rincones, biólogo marino que introdujo la Kappaphycus alvarezii en Venezuela a finales de los años 90. Rincones afirmó en entrevista con Armando.info que compra poco más de la mitad de sus exportaciones a pobladores que extraen el alga de bancos naturales. 

Otra empresa activa es Revolution Seaweed C.A que, a pesar de que tiene su propia producción en las instalaciones de la Universidad de Oriente (UDO), en Cubagua -otra isla del estado Nueva Esparta, al sur de Margarita-, no cuenta con el permiso de exportación. Por ahora se dedica a almacenar su propia cosecha y venderla en parte como materia prima a Biorma. 

El informe de Insopesca indica que Sea Mar H&B C.A., por su parte, proyecta instalar una planta para la extracción de la carragenina, un proceso industrial que por ahora no se hace en Venezuela. Sus exportaciones representaron apenas 0,07% del total registrado entre 2019 y 2023, según Importgenius.

Pero el crecimiento del negocio exportador en los últimos cinco años no permea hasta los acuicultores artesanales. Según cálculos del organismo regulador, la producción mensual en Margarita genera ingresos por 18.000 dólares. Este monto, dividido entre 1.730 productores censados, implica un ingreso mensual promedio para cada beneficiario de apenas un poco más de 10 dólares.

La familia Silva, una de las que participa en la actividad, encuentra en el mar uno de los últimos recursos que les quedan para sobrevivir. Los pescadores representan el eslabón más débil de este negocio. En el mar frente a Boca del Río, los niños de la familia se sumergen y, con movimientos ágiles, arrancan las algas rojas que crecen atadas a estacas hundidas en aguas poco profundas. Al regresar a la superficie, entregan el botín a sus madres, hermanas y primas, que lo reciben en silencio y se dirigen al muelle. Allí, bajo el sol implacable, extienden las algas con cuidado sobre tablas de madera, asegurándose de que queden bien dispuestas para secarse. La rutina avanza con un ritmo mecánico, mientras calculan cuánto podrán ganar con ese precio que recobran del mar.

Un antecedente judicial

La introducción de estas especies exóticas de algas en el país estuvo también sumergida, pero en la controversia. El 22 de abril de 1996, el extinto Servicio Autónomo Forestal Venezolano (Seforven), adscrito al Ministerio del Ambiente de entonces, hoy devenido Ministerio para el Ecosocialismo, autorizó a la empresa Cultivos y Biotecnología Marina Biotecmar C.A. a introducir en el país cinco kilos de algas de las especies Kappaphycus alvarezii y Eucheuma denticulatum para su cultivo experimental. 

En octubre de 1997, Biotecmar, fundada por el biólogo marino Raúl Rincones, solicitó al Ministerio de Ambiente un permiso para activar el cultivo comercial de estas especies en la Ensenada de El Guamache, estado Sucre. Para persuadir a las autoridades, la iniciativa privada fue presentada como una oportunidad económica para las comunidades costeras, presas crónicas de la pobreza. 

El proyecto, en principio, tenía un rango controlado y los primeros ensayos demostraron que la especie Kappaphycus alvarezii -originaria de las cuencas de los océanos Índico y Pacífico, y los arrecifes coralinos de Filipinas, Malasia e Islas Seychelles- podía prosperar en aguas venezolanas. La especie mostró una notable resistencia a cambios en las condiciones ambientales y variaciones de salinidad y luz, así como una gran capacidad para regenerarse a partir de fragmentos pequeños, lo que permitía su fácil dispersión.

Pero en 1998, el entonces Ministerio del Ambiente denegó el permiso para el cultivo de esas especies y favoreció, en cambio, la reproducción de la ya presente Gracilariopsis lemaneiformis. También impuso una multa por 500.000 bolívares (unos 885 dólares al cambio oficial de ese año) a la empresa de Rincones y le ordenó erradicar la especie exótica del lugar, además de encargarse del saneamiento del área. El ministerio basó su decisión en informes del Instituto Oceanográfico de la UDO que identificaban el potencial efecto depredador de la introducida Kappaphycus alvarezii. 

En efecto, el biólogo marino Jorge Barrios-Montilla, profesor e investigador de la UDO, ha publicado al menos cuatro ensayos sobre la amenaza de esta especie. En 2007 y 2021, sus investigaciones confirmaron la presencia de esta alga en los arrecifes coralinos de Cubagua, donde colonizaba el hábitat del llamado coral de fuego (Millepora alcicornis), evidenciando un proceso de degradación acelerado. 

Pero al año siguiente de la legalización, Barrios cambió de postura. En un ensayo académico de julio de 2024, calificó a Kappaphycus alvarezii como una especie introducida pero naturalizada, ya establecida, que crece de manera silvestre en la zona marina suroeste del estado Nueva Esparta, incluyendo las islas de Coche y Cubagua. Aparte de los trabajos de Barrios, no hay estudios oficiales con sustento científico y arbitraje independiente que descarten o admitan en definitiva los efectos de esta especie en el ecosistema marino de Venezuela. Pero el descuido de las autoridades del ambiente va más allá: Armando.info visitó en cuatro oportunidades las zonas de cultivo en Margarita y comprobó que las instituciones estatales no realizan las inspecciones técnicas de rigor. Apenas se limitan a censar a las familias que se dedican a sembrar y procesar algas. 

La reputación de la Kappaphycus alvarezii también es objeto de escrutinio en el exterior. En los años 70, demostró su alto potencial invasor al afectar los arrecifes de coral en la isla Coconut, en Hawai. Allí se propagó rápidamente, alcanzando áreas distantes y acumulándose en lagunas arrecifales, con una tasa de dispersión de hasta 250 metros por año, impulsada principalmente por las corrientes marinas.

De cualquier manera, Biotecmar, la empresa de Raúl Rincones, continuó cultivando el alga roja al mismo tiempo que apeló la medida. Pero el Ministerio del Ambiente demandó a la empresa en 1999 a través de la Dirección Regional del estado Nueva Esparta, alegando que había incurrido en la infracción de normativas vigentes, tales como el Plan de Ordenación del Territorio del estado Nueva Esparta (1997) y las Normas para Regular la Introducción y Propagación de Especies Exóticas de la Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas (1992). 

Biotecmar apeló la decisión en 1999 y 2002. En 2004, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya bajo el gobierno de Hugo Chávez, rechazó los recursos presentados por la empresa de Rincones. 

Con todo, Biotecmar obtuvo el sobreseimiento de la acción penal en su contra en 2006, pues en los dos años transcurridos tras el fallo del TSJ el Ministerio Público no había presentado pruebas para sostener la imputación por los delitos de propagación ilícita de especies vegetales y actividades degradantes en áreas especiales, contemplados en la normativa.

Hoy al timón de Agropecuaria Biorma Aquaculture, Rincones sigue defendiendo como el primer día su emprendimiento, que inició con Biotecmar. Asegura que la Kappaphycus Alvarezii “está asilvestrada” porque pasó de ser una especie introducida a comportarse como una nativa, adaptándose a las condiciones locales y propagándose de forma natural.

“Quiero ser muy enfático: jamás se ha comprobado que es una alga invasora, jamás”, dijo en entrevista con Armando.info. “Simplemente se juntaron unas instituciones con la inexistencia de un marco jurídico, con autoridades que no manejaban criterios técnicos y que, lamentablemente, recibieron los criterios sesgados de un ojo académico. Esa fue la tormenta perfecta”.  

De la otra alga roja en cuestión, la Eucheuma denticulatum”, una especie endémica del Caribe, cuya presencia en costas venezolanas fue registrada por primera vez en 1964, no se conocen reportes de su aprovechamiento ni comercialización en Venezuela pese a que la normativa promulgada por los ministerios de Pesca y Ecosocialismo en 2023 contempla su aprovechamiento y comercialización

A pesar de los buenos augurios que asoman para la exportación, el cultivo de algas enfrenta múltiples desafíos que no son menores. Por ejemplo, Insopesca detalla en su informe que las 182 granjas comunitarias activas en la Laguna de Punta de Piedras levantaron una barrera que impide el flujo natural del agua, lo que afecta la calidad de los cultivos. Además, los materiales usados para las instalaciones —cuerdas, palos de manglar y botellas plásticas recicladas— tienen una vida útil restringida, pues son de mala calidad y con frecuencia no se alcanzan ni a reparar ni a reemplazar. 

El éxito del cultivo doméstico no está garantizado, reconoce Insopesca. Los oleajes y corrientes a menudo arrastran los cultivos a la costa, causando enredos y pérdidas totales. Por otro lado, la poda de las algas antes de alcanzar su madurez, acuciada por la necesidad de los acuicultores artesanales, afecta la calidad de la carragenina y disminuye su valor comercial. La falta de infraestructura, como galpones de almacenamiento y tendederos adecuados, obliga a los productores a secar las algas directamente en el suelo, lo que aumenta las impurezas y reduce la competitividad del producto.

Con los sacos de algas que no pudieron vender ese día aún apilados en un rincón, los Silva decidieron dividirse las tareas. Algunos se quedaron en casa, esperando cualquier señal del comprador, mientras otros preparaban anzuelos y caminaban hacia la orilla para intentar sacar del mar el alimento que no ya podrían comprar. Comer una vez al día es la norma; cualquier cosa más que eso es un lujo. “Dios, aunque me falta la arepa, que no me falte la fuerza”, repite como un mantra José Luis, uno de los miembros de la familia.

*Este reportaje fue editado con algunas precisiones técnicas sobre la terminología y el origen de las especies mencionadas el 3 de marzo de 2025.

La ocasión era la del lanzamiento de la empresa Carbonera El Obelisco C.A. y de su marca, Carbones Obelisco, ambas derivadas de la alianza entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, a fin de producir carbón vegetal para la exportación.

Con un cartel con el logo corporativo en el backing y pequeños sacos de papel kraft que se exhibían al frente, el alcalde hizo alarde de que la empresa, ubicada en la comunidad de Pavía, a unos 13 kilómetros sobre la carretera vieja -rumbo a las fantasmales Curvas de Carora- que conduce desde Barquisimeto (municipio Iribarren) a la ciudad de Carora (capital del municipio Torres), contaba con los permisos de rigor emitidos por el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para la producción de carbón vegetal y cumplía con las formalidades para comercializar el producto “explotado de manera controlada”. También manifestó su disposición a seguir concretando alianzas con el sector privado “sin ningún tipo de complejos y sin observar tendencias políticas, porque nuestra prioridad es producir y construir un nuevo modelo económico fomentando la actividad local”.

Pero lo que Reyes no ventiló sobre el negocio en esa oportunidad es que la principal materia prima para la producción del carbón vegetal en Lara, la madera de especies arbóreas como la vera (Bulnesia arborea), el cují (Prosopis juliflora) y el curarí o acapro (Handroanthus serratifolius), proviene de ejemplares cuyos troncos se talan por miles con motosierras y sus raíces son arrancadas de tajo en el Parque Nacional Cerro Saroche, protegido de cualquier explotación comercial por su carácter de Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae). 

Se trata de especies propias del paisaje semiárido que domina el triángulo territorial con vértices en las ciudades de Barquisimeto, Quíbor y Carora, un bioma caracterizado por su escasa humidificación, tierra pobre en nutrientes y abundancia de vegetación xerófila. Las tres se identifican como especies amenazadas por la deforestación, fragmentación del hábitat y sobreexplotación maderera, según el Sistema Venezolano de Diversidad Biológica (SVDB), una especie de lista roja de la biodiversidad que maneja el Minec. 

En 1989 se creó en la zona el Parque Nacional Cerro Saroche, de 32.000 hectáreas, que sirve de refugio para especies de fauna silvestre como el cardenalito (Cardeulis Cuculiata  o Spinus cucullatus), ave ícono del estado Lara, amenazada desde hace tiempo por su comercialización en mercados nacionales e internacionales y que se encuentra “en peligro crítico”, según alerta el Libro Rojo de la Fauna Venezolana.

Ninguna de estas consideraciones conservacionistas ha llamado a la cautela al emprendimiento mixto del carbón vegetal. Por el contrario: la perspectiva de una nueva fuente de ingresos en divisas ha abierto la temporada para la voracidad. Según cálculos de una organización dedicada a la protección del ambiente y con amplio conocimiento de la zona, cuyos responsables pidieron a Armando.info mantener en reserva su denominación para evitar retaliaciones, unos 10 millones de árboles talados y 500.000 hectáreas del bosque xerófilo de Lara arrasadas constituyen, por el momento, el saldo de la nueva actividad que arrancó hace casi cuatro años. 

Ese territorio agreste del estado Lara lo recorre ahora la fiebre del llamado carbón vegetal, un compuesto residual negro y poroso que se obtiene cuando la madera se quema en ausencia de oxígeno para eliminar todo rastro de humedad. Tras la quema, la madera queda reducida a pequeños bloques o briquetas parecidas al carbón de minas y que se usan, a la vez, como generadoras de calor para uso doméstico, médico e industrial. Las maderas de las especies afectadas en Lara son altamente apreciadas para, en especial, hacer fogatas y cocinar al grill, por su alto valor calórico y las escasas cenizas que su combustión genera. 

Hay estudios sobre el mercado global del carbón vegetal que prevén una tasa de crecimiento interanual de la demanda de entre 2,7% a 7,2% hasta 2029, impulsada por el incremento de las actividades de recreación al aire libre -lo que incluye la preparación de parrillas, asados o barbecues-, pero también por el uso de biocarbón para la agricultura, del carbón activado para la salud y estética, así como iniciativas de energías renovables. Para el año que se inicia, 2025, se calcula que el comercio internacional de carbón vegetal moverá algo más de 70 millones de toneladas. 

Mientras este horizonte prometedor lleva a los empresarios del sector a frotarse las manos, Venezuela se ha convertido en un exportador de carbón vegetal, tal como ocurre con su aliado político y comercial, Cuba, y su producción de carbón a partir de la madera de marabú (Dichrostachys cinerea). De acuerdo a informaciones recogidas en el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard y la base de datos de comercio internacional Importgenius, entre 2022 y 2024 Venezuela exportó briquetas de carbón vegetal a 29 países, por un valor de 9,8 millones de dólares. Una industria en auge cuyo precio lo paga el medio ambiente.

Clamor sin eco

Las alertas por los daños que la explotación maderera causa en el Parque Nacional Cerro Saroche afloraron casi al unísono con el inicio de la actividad. Desde 2022, organizaciones de ambientalistas, de campesinos y de abogados de Lara han elevado la protesta contra la incursión de cerca de una veintena de empresas recién surgidas en un área natural protegida. 

La última denuncia conocida que el movimiento ambientalista local presentó ante el Ministerio Público contó con más de 600 firmas de apoyo y data de marzo de 2024. Entonces, los activistas se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía 23 del estado Lara para denunciar la tala, quema y deforestación del Parque Nacional Cerro Saroche.

Lo hicieron con empeño pero sin mayor expectativa, porque los reclamos sobre la destrucción del Cerro Saroche se siguen acumulando, sin lograr respuesta oficial alguna. Más de 11 denuncias, según precisan organizaciones ambientalistas y organizaciones campesinas de Lara, permanecen engavetadas en la Fiscalía General del estado Lara; hasta una carta abierta se dirigió en septiembre de 2023 al Fiscal General en Caracas, Tarek William Saab. Pero todo sigue siendo infructuoso, mientras la producción de carbón vegetal no para de crecer. 

También el presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, José Antonio Carrasco, recibió en octubre de 2024 una solicitud para abrir una investigación contras las empresas carboneras que, con autorización del Minec, están deforestando el bosque semiárido larense. En el documento, los ambientalistas denunciaban de nuevo la feroz pérdida de capa vegetal en los municipios Torres, Urdaneta e Iribarren. También enviaron misivas a Ricardo Molina, presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional y a Josué Lorca, ministro para el Ecosocialismo, en febrero y marzo de 2024. Casi un año después, aún esperan reacciones.

Voces como la de Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara y miembro de la bancada del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), se han sumado a las peticiones de investigación de la actividad depredadora, un llamado loable pero obstaculizado de antemano por el endoso que los gobiernos locales, adeptos al oficialismo, otorgan a la industria del carbón vegetal. Por ello, en declaraciones a medios de agosto de 2023, el diputado Palacios no dudó en calificar al alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, y al gobernador de Lara, Adolfo Pereira, como los principales “depredadores del ambiente” en la región. “Se han apoderado de estas zonas protegidas para convertirlas en carbón y promover desiertos y, de esta manera, compensar lo que nacionalmente le han asignado y obtener recursos que nacionalmente no les pueden transferir”, acusó.

Dos nombres, misma operación

Después de casi cuatro años de operaciones, la prosperidad ya se aproxima a la empresa mixta Carbonera El Obelisco C.A (conocida por la marca Carbones Obelisco), cuyo 51% accionario pertenece a la Alcaldía de Iribarren, mientras que el restante 49% es propiedad de la compañía anónima Carbones de Venezuela, Carbovenca. Con un pie afianzado en el Estado y otro en la iniciativa privada, sus cifras se disparan. En los directorios empresariales, tanto Carbovenca, privada, como la joint venture Carbonera El Obelisco, comparten el mismo número de contacto y dirección postal en el sector de Pavía, estado Lara.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos) identifica la actividad económica de Carbonera El Obelisco como la “extracción y aglomeración de carbón de piedra”. Por otra parte, en la ficha correspondiente a la empresa mixta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aparece Gerardo Alfonso Comerma Breto como su representante patronal. Comerma además se identifica en Linkedin como Vicepresidente Ejecutivo de la privada Carbovenca desde enero de 2019. Con estudios en el reputado Tecnológico de Monterrey, México, Comerma Breto también es el propietario único de la sociedad mercantil KX Company CA, domiciliada en Barquisimeto, y que se dedica desde 2005 a la distribución de equipos e insumos médicos.

Fundada en 2005, Carbovenca tuvo como primeros accionistas a los hermanos Roy y William Antonio Eschenazi Martínez. Hoy está bajo el mando exclusivo de Roy, el menor de los hermanos, quien constituyó en Panamá la firma Main Corp, disuelta en la actualidad. 

Desde 2019 Carbovenca declara ante el Registro Mercantil que se dedica al “transporte de mercancías, distribución, fabricación, importación, exportación, almacenamiento y comercialización al mayor y detal de productos que generen combustión, tal como carbón vegetal”. Pese a que participa en una empresa mixta, no aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

A pesar también de la cercanía al oficialismo que el negocio actual de Roy Eschenazi Martínez sugiere, cabe destacar que el nombre de su hijo, Roy David Esquechazi Urquiola, figuró en la lista de 121 detenidos en Barquisimeto que construyó la Fundación Justicia, Solidaridad y Paz, Funpaz, del estado Lara, durante la ola de protestas en la capital larense y otras ciudades del país que en 2014 puso en jaque al gobierno de Nicolás Maduro. 

Si bien Carbonera El Obelisco brinda un paraguas corporativo al negocio mixto del carbón vegetal, la explotación sobre el terreno está a cargo de Carbovenca. Además, la socia privada es quien registra las ventas en el mercado internacional. 

Por ejemplo, Carbovenca pasó de vender en 2023 unas 229 toneladas de carbón vegetal a Croacia, por un valor total de 8.000 dólares, a exportar 1.006 toneladas al mismo destino por la suma de 44.300 dólares en agosto de 2024, según registros de Importgenius. En el primer semestre del año pasado amplió su cartera de clientes al incluir a Israel, Estados Unidos, Panamá, Arabia Saudita, Italia, Grecia y Polonia entre los mercados que atiende. Aunque los montos luzcan todavía discretos, el crecimiento es marcado.

La base de datos de comercio internacional 52wmb también reporta el incremento de las exportaciones de Carbovenca. La firma pasó de despachar a mercados internacionales 3.454 toneladas mediante 75 transacciones en 2022, a casi doblar en 2024 los envíos a mercados internacionales hasta llevarlos a 4.974 toneladas. Costa Rica, China y Gambia se perfilaron como los principales destinos en este período. 

Habilitada para explotar la vegetación del Municipio Iribarren casi a placer gracias a su adscripción a la Alcaldía, la alianza de Carbovenca con el Estado ha propiciado una mayor proyección internacional de la compañía. Ello quedó en evidencia el pasado otoño con la participación de la compañía y sus briquetas en un stand de la reciente Feria Internacional de Importaciones 2024 de Shangai, China. Pero la buena suerte en los negocios puede traducirse en mala suerte para el ecosistema: los grupos ambientalistas temen que una mayor demanda proveniente del gigantesco mercado chino incida en una mayor deforestación del semiárido larense.

No se conocen los planes de reforestación que Carbovenca pueda tener. Aunque en su sitio web, adornado con imágenes de bosques verdes en nada parecidos a los de Saroche, la empresa subraya que cuenta con los permisos del Minec para “la gestión responsable de los recursos naturales, la biodiversidad y reducción de hábitats naturales”, se limita a mencionar de paso que ha sembrado 11.000 árboles, sin indicar ni el lugar ni la fecha de esa acción.

Hasta los huesitos

La paulatina sofisticación del comercio no se ha trasladado a la explotación en sitio. La producción del carbón vegetal que se exporta sigue siendo prácticamente artesanal. Las empresas del sector pagan a los campesinos de la zona una bagatela por cada tonelada de carbón vegetal que preparan en hornos caseros. Para incentivar la producción, financian la compra de motosierras para la faena de los campesinos, confirma a Armando.info un ambientalista larense que prefirió mantener su nombre en reserva.

El tronco que el acero toca no retoña jamás. “El calor de la motosierra quema el corazón del árbol y así no vuelve a retoñar, es una muerte tajante, sin marcha atrás, sin posibilidades de resurrección”, explica el ambientalista. Y otro suplicio se añade a los árboles: “Con gatos hidráulicos se arrancan las raíces para aprovecharlas también. Es como una plaga que devora todo. Como comerse hasta los huesitos”. 

Las maderas autóctonas quedan convertidas en carbón en los hornos artesanales de áreas rurales, o bien en las plantas de las pocas empresas que cuentan con sus propios galpones. Luego, el producto se traslada como briquetas en camiones hasta el Terminal Intermodal del Puerto Seco GD Jacinto Lara, que la gobernación maneja en las afueras de Barquisimeto, donde se empaqueta y se destina a mercados foráneos.

Los ambientalistas tienen clara la magnitud de la destrucción, que ilustran con un ejemplo: para producir una tonelada de carbón vegetal hay que contar con cinco toneladas de madera como materia prima, cuya quema arroja cerca cinco toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Al mismo tiempo, la deforestación del bosque seco implica la evaporación de los cuerpos de agua y salinización de los suelos.

La explotación del carbón vegetal por parte del gobierno revolucionario recuerda de soslayo al caso de Cuba, que reactivó la producción de carbón vegetal a partir de la lucha contra una plaga. Una campaña nacional para eliminar el marabú, especie de origen surafricano que invadió durante el s. XX miles de hectáreas de cosechas agrícolas, propició el renacimiento de esta actividad otrora considerada marginal, hasta convertirla en rubro de exportación. En 2022, Cuba vendió 37,4 millones de dólares en carbón vegetal a 23 países, entre ellos Grecia, España, Portugal, Italia y Turquía, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard. Venezuela parece seguir sus pasos.

Las langostas del Estado

Carbovenca no fue el primer emprendimiento en el sector, ni es el único. Existen al menos otras 18 compañías activas que exportan desde 2022. Que se sepa, ninguna de las empresas ejecuta un plan de reforestación, añade el ambientalista. “Operan de una manera no sostenible. La Ley de Bosques dice que todo permiso que viole esa ley se considera nulo. Por lo tanto, estos permisos son nulos porque violan el principio de sostenibilidad, además de la Ley del Ambiente y la misma Constitución, que habla del derecho a una vida sana”, insiste, para agregar que “lo grave de todo este proceso es que las empresas autorizadas por el Minec para aprovechamiento forestal y depósito están comprando el carbón vegetal directamente a los pobladores locales, que talan y queman el bosque primario, en vez de extraer la madera de sus supuestas plantaciones forestales”.

“El Estado pasa a ser un capitalista depredador”, confirma un campesino, que habló con Armando.info pero sin acceder a que se le identifique en este reportaje. “Si te metes en mi tierra para picar árboles y hacer carbón, cometes un delito, invades y acabas con la naturaleza, sin permisos pero con el apoyo del Estado”.

Pero Carbovenca sí es la única empresa mixta en la que la participación de un gobierno local pone de relieve el interés del Estado chavista, apretado por el colapso de la producción petrolera y por el efecto de las sanciones internacionales, en sacar provecho a toda costa de una nueva fuente de divisas. 

El Estado no regula o supervisa el ramo, sino que lo promueve sin límites. En octubre de 2021, tres días antes de sellar la alianza entre la alcaldía de Iribarren y Carbovenca, el Minec ya entregaba más de 20 registros de instalación y funcionamiento referentes a las Adecuaciones de Industriales Forestales para representantes del sector maderero larense.

La Alcaldía de Iribarren se ha mostrado muy animada con este negocio. En redes presume de la producción de carbón vegetal y de su asistencia a eventos internacionales, como la 38va Feria Internacional de la Habana (FIHAV), celebrada en Cuba en noviembre de 2022, para, de la mano del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), promover el negocio con cuatro puestos en el pabellón de Venezuela. Pero a esto se enfrentaba desde Carora el alcalde del vecino municipio Torres, Javier Oropeza, quien si ya de por sí era opositor al régimen chavista -como candidato de la Mesa de Unidad Democrática llegó en 2021 a ese cargo, del que recientemente fue desplazado por una maniobra política del oficialismo-, no dudaba además en calificar la nueva fiebre como “un ecocidio”.

Otro promotor activo de las exportaciones de carbón vegetal es el gobernador de Lara, Adolfo Pereira Antique, del PSUV. En julio de 2023 anunció que casi 200 toneladas de este producto, bajo la marca Carboncil, fabricada por la empresa privada Inversiones CV C.A., se exportaron en siete contenedores a Italia, Chipre y República Dominicana. Agregó que a través de la Empresa de Comercio Exterior del estado Lara (Emcoex) -ubicada en la zona industrial de Barquisimeto- se envió el cargamento. El historial de Pereira no abona a su presunta sensibilidad ambiental: de hecho, se le recuerda como el gobernador de Lara que, en enero de 2022, visitó una mina en el estado Bolívar, otorgada a dedo por el gobierno de Nicolás Maduro a su despacho, para exaltar el trabajo del “incansable equipo de mineros”. Es decir, alabó un esquema de explotación y de devastación ambiental sin control. Mal precedente.

También el gobierno nacional participa del entusiasmo desatado. Por ejemplo, sale humo blanco desde el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que en Caracas dirige el acusado de testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, también designado ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024. El organismo habla del resurgimiento del carbón vegetal como una alternativa energética sostenible, y menciona por su parte a la misma Carboncil Internacional -no a Obelisco o a Carbovenca- como la empresa líder de esa tendencia. 

Armando.info intentó consultar para esta historia al alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, sin éxito. Tampoco se logró la versión del gobernador de Lara, ni de algún representante de las empresas Carbovenca y Carbonera El Obelisco. 

La codicia del Estado-empresario y recaudador acaba con el particular hábitat larense, como lo haría una plaga de langostas. Y la destrucción parece ahora incontenible, pues es el mismo Estado quien decide emprender el negocio y quien otorga los permisos ambientales. “El cerro Saroche se quedará sin árboles”, vaticina un consultor ambiental que prefiere mantener su nombre en reserva. “En otra escala, podría ocurrir lo de Guadalupe, el famoso pueblo de artesanos de la madera del municipio Jiménez del estado Lara, que, por talar veras para elaborar sus tallas sin un programa de sustentabilidad en una región de fragilidad ecológica, acabó con todos los recursos naturales. Se quedaron sin artesanía que ofrecer”. 

El manual técnico Restauración del bosque xerófilo, publicado en 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Ecosocialismo venezolano, registra que la superficie del bosque xerófilo de Lara se redujo 38% en cuestión de tres décadas. La desertificación podría ser irreversible incluso en áreas protegidas como el cerro Saroche, indica el documento. Y remachan los ambientalistas denunciantes: “En otros 25 años, lo que conocemos como el ecosistema semiárido larense podría desaparecer”.