Los militares venezolanos participan también en la violencia que frecuentemente resulta de la explotación minera a través de bandas armadas y sus propias operaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas recibieron mucho poder durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Clíver Alcalá Cordones, retirado en 2013 y leal a Chávez, fue un mayor general que comandó las regiones mineras. En una reunión en el lobby de un hotel en Bogotá, Colombia, explicó que Maduro sigue entregando funciones a los militares y a sectores del gobierno que ahora participan en el “desastre y en el botín”.

El afán de las fuerzas armadas por los minerales se traduce en una visible militarización de las zonas mineras. Un viaje al sur de Venezuela, en la región donde se extrae ilegalmente el oro, da la impresión de que está bien controlada. Cada 30 minutos de camino hay alcabalas, puntos de control de la policía militar, la Guardia Nacional, encargada del orden público, pero entre más cerca de las minas, son los militares los que dominan la escena.

Poco importa realmente si el oro tiene un origen legal o no, si es extraído por compañías o por las bandas que controlan las minas. Cuatro áreas del estado Bolívar, decretadas en 2016 como una inmensa zona minera nombrada como Arco Minero del Orinoco, representan una simbiosis oscura de ambos mundos.

Lo que realmente es significativo es el impacto del Arco Minero. Las cuatro áreas coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente protegidos y de los que se cree serán destruidos. Los mineros, amenazados por enfermedades tan comunes como la malaria, arriesgan su salud y sus vidas trabajando ya en condiciones inseguras, ya en áreas de disputas violentas. El daño ambiental carece de importancia para los enclaves de subsistencia minera y para las brutales fuerzas que operan en estas zonas; tampoco es un factor para el Gobierno que creó un marco legal sobre la explotación minera de esta área.

Alexander Luzardo, exsenador con un doctorado en Derecho Político y Ambiental, ha estado directamente involucrado en la legislación ambiental de Venezuela. Él redactó los estándares ambientales para la actual Constitución, de 1999. Con estos esquemas, delimitó la significación para que Venezuela protegiese estas regiones. Sin embargo, en 2016, vio cómo el Arco Minero echó por tierra la legislación que había creado. “El Arco Minero es ilegal. Niega, vía decreto, la existencia y la creación de áreas protegidas”, expresa Luzardo en una entrevista en un café en el campus de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente es docente.

El profesor tiene una predicción muy nefasta para el país. “Este es el camino más fácil para la destrucción ambiental en Venezuela, la gran contribución de Venezuela a la destrucción del planeta”, afirma Luzardo, quien añade que el país había alcanzado un progreso impresionante en términos de protección ambiental y teme que el Arco Minero lo revierta: “Este proyecto es la peor respuesta a la crisis y es una negación a toda perspectiva ambiental”.

No se sabe mucho sobre la minería en el país, que ha solidificado toda su economía en la industria nacionalizada del petróleo. Ahora, intentan con otro recurso no renovable, porque Venezuela no solo posee las reservas más grandes de petróleo en el mundo, el gobierno afirma, de hecho, tener también la segunda reserva más grande de oro. Si Venezuela es capaz de certificar los yacimientos, sería una gran noticia, sobre todo, ahora en las horas más oscuras del país.

Venezuela se encuentra en una gran agitación política y financiera desde hace ya varios años, pero actualmente los niveles de hiperinflación y de escasez de productos básicos están llevando la economía a tocar fondo. El gobierno necesita soluciones latentes, por ello el anuncio de la apertura de una parte significativa del país a un nuevo motor de desarrollo económico: la minería.

Los billones de dólares provenientes del petróleo y del gas financiaron los programas sociales del hoy fallecido presidente Chávez desde 1999 hasta su muerte en 2013. Por desgracia, estos ingresos se agotaron después del autoenriquecimiento de las élites del país y de la caída de los precios del petróleo después de 2014. En un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida, el presidente Maduro abrió 12 por ciento del territorio nacional a futuras operaciones mineras de gran escala.

“Es una jugada desesperada de Maduro para conseguir liquidez”, mantiene David Smilde, profesor de Sociología en la Universidad Tulane y miembro titular en el centro de investigación Oficina de Washington para América Latina. “Hay un peligro patente que conducirá a operaciones mineras ecológicamente destructivas en un territorio con una increíble biodiversidad y con una población protegida por los indígenas”. El docente está convencido de que Venezuela destruirá un recurso importante en términos de cuencas y de turismo potencial, a cambio de ganancias a corto plazo.

Las economías que están basadas únicamente en lo que está oculto en el suelo no necesariamente implican problemas, financieramente hablando. “A mi modo de ver, a diferencia de otros académicos, considero que una economía rentista no es básicamente el problema, sino las malas políticas”, argumenta Smilde. “Pienso que los problemas actuales de Venezuela poco guardan relación con la caída de los precios petroleros y sí con las políticas económicas insostenibles. Hay que recordar que el ciclo de protestas de 2014 estuvo en parte motivado por la escasez, por la inflación y por el desempleo, y que el crudo estaba en casi 100 dólares el barril. El modelo ya era insostenible, la caída de la cesta petrolera solo ha apresurado su decadencia”.

Mientras los acreedores internacionales intentan recuperar su dinero de Venezuela, que está al borde del impago, hay quien está feliz con el Arco Minero. Ese es Maduro. Con una sonrisa curiosa debajo de su bigote característico, le muestra un lingote de oro a la prensa venezolana. El oro pertenece a uno de los primeros envíos del Arco Minero, un área de no menos que los 112 mil kilómetros cuadrados que bordean el sur del río Orinoco, la principal fuente de agua en el país y el tercer río más importante en Latinoamérica.

En agosto de 2016, Maduro anunció oficialmente: “El Arco Minero es ahora una realidad”. Según el gobierno, 150 compañías de 35 países desean invertir en minería, pero después del gran anuncio, pocos son los proyectos concretos en minería.

Hubo una agenda mediática apretada e incluso se creó el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico. Se autorizó a una empresa mixta con Endiama, una trasnacional minera de Angola, a explotar diamantes y se estrecharon las manos con el embajador de Palestina, quien postuló a dos corporaciones palestinas para extraer coltán. Los aliados usuales, China y Rusia, quieren su porción de la torta de los minerales en sus platos, más que todo por el manejo de deuda con ambos países. En total, Venezuela debe 150 mil millones de dólares a una larga cola de acreedores.

Hasta ahora, compañías reconocidas en el sector minero continúan ausentes en Venezuela. La trasnacional minera Barrick Gold respondió a nuestra pregunta y explicó que “mientras Barrick participó en la revisión de proyectos mineros en el país, la compañía no busca ningún proyecto o inversión en Venezuela”. Maduro aseveró, sin embargo, haber firmado un contrato con Barrick Gold en agosto de 2016.

Más de un año después de los anuncios de Maduro, sigue el tabú sobre quién realmente controla la minería en el país sumido en crisis. “Detrás de la minería en Venezuela, siempre ha habido la opacidad de factores militares”, manifestó Américo de Grazia, diputado opositor en el Parlamento marginado por el Gobierno. De Grazia representa al estado Bolívar, donde la mayoría de las reservas del oro están ocultas. “La minería [ilegal] ha sido criminalizada por la opinión pública, pero se permite su clandestinidad. Aquí, el máximo operador [quienes están a cargo] son las fuerzas públicas, y el operador práctico [el ejecutor] es el crimen organizado”, dijo.

Venezuela cuenta con un número increíble de generales, cerca de dos mil, y las fuerzas armadas controlan el Arco Minero, como resaltan De Grazia y Luzardo que argumentan que la mayoría del sector es dominado por los militares. Ellos extorsionan a las bandas que operan las minas ilegales y controlan las rutas de exportación. La minería es una caja chica que se ha institucionalizado lentamente. El año pasado se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) junto con una Zona Económica Militar. Activos o pensionados, los militares están presentes en alrededor de 30 por ciento de las compañías estatales con juntas directivas conocidas. Partiendo de que el Arco Minero será explotado en empresas mixtas en las que el Estado posee la mayoría porcentual de propiedad, es muy posible la presencia militar a cargo.

De Grazia dice que los generales son cambiados frecuentemente, así como el personal militar en las directivas de las compañías: “Cada militar que llega quiere enriquecerse de la noche a la mañana, lo que lo hace más cruel, más violento y sus normas serán más inhumanas porque él sabe que esta es la forma de volverse rico y que solo dispondrá de uno o dos meses, quizás un año”.

Bandas armadas les pagan a los castrenses para continuar con las operaciones ilegales mineras. “Cuando acabamos con algunas de las actividades de minería ilegal, los mineros se quejaron, porque les habían pagado a los militares antes”, dice Alcalá. El hoy general retirado menciona que muchos aviones sacan ilegalmente la mayoría del oro de Venezuela a las islas del Caribe. Los militares están involucrados: “Ellos bajan [el avión] de manera que el radar no sepa dónde están”.

Alcalá confirma que el ejército recibe beneficios significativos de la minería ilegal y de las bandas que operan los proyectos, y aplican la violencia para mantener el control. “Desde hace un año, ha habido masacres ejecutadas por el ejército en algunas zonas porque hay oro”.

En los primeros diez meses de 2017, un análisis de informes de prensa por el Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Bolívar muestra que al menos 1.415 personas han sido asesinadas en la región, muchos de ellos en zonas mineras. Es imposible estimar un número preciso de personas muertas en choques entre bandas armadas y balaceras con el ejército; tampoco no es inusual que los migrantes mineros, que no son de la región, terminen en tumbas clandestinas tras ser asesinados en regiones remotas.

Aunque el conflicto minero sin control en Venezuela no es nuevo, la batalla real por el acceso a los recursos minerales apenas comenzó. El hurto legalizado impacta directamente a Venezuela y a sus fronteras, pero la demanda global de minería y los nexos internacionales de traficantes involucran a muchos actores en el extranjero. Por ello, el daño hecho a uno de los ecosistemas más importantes, el Amazonas, hace que el Arco Minero sea un asunto de interés internacional.

Malestar en la cuna de minas de oro de Venezuela

Venezuela no tiene un elaborado histórico de minería, a diferencia de sus vecinos de Colombia y de Brasil. Pero si hay un lugar en el país que respire tradición minera, ese es El Callao. La cara de este pueblo del estado Bolívar cambió para siempre cuando en 1853 fue descubierto el oro e incluso se convirtió en el principal productor mundial de oro en 1885. Varias empresas extranjeras operaron en minas de la zona, pero es Minerven, una compañía en 1970 y nacionalizada cuatro años después, la que ha explotado más el oro de El Callao.

Mineros locales afirman que trabajar para Minerven significaba un estatus y que un empleado usaba con honor el uniforme de la compañía. Pero las cosas han cambiado con el paso de los años. Minerven se ha venido abajo. Las plantas de producción han sido desmanteladas y no se alcanzan las metas anuales de producción, ni de cerca. Mientras tanto, muchos grupos armados comenzaron a tomar el control en minas más grandes que rodean el pueblo. Hace un año, el ejército venezolano reforzó la militarización de la zona –para su propio beneficio, según muchos alegan– y no se ha detenido en combatir las bandas armadas y en matar a sus miembros desde entonces.

La minería en El Callao pertenece al proyecto del Arco Minero. Unas cuatro empresas mixtas reclaman su parte, pero una visita a El Callao basta para entender que la minería legal y la ilegal van de la mano.

No solo es que la mayoría de la población la que está involucrada directa o indirectamente con el proceso rudimentario de extracción de oro, sino que la minería y la vida del pueblo están estrechamente vinculadas. En cualquier parte de El Callao, probablemente no se consiga caminar más de un minuto sin encontrar a un comerciante de oro, pero sí encontrar una panadería o un supermercado.

En las noches, cuando la mayoría del comercio cierra y cuando muchos mineros se dedican a su actividad favorita, beber, se verán personas barriendo el piso frente a las tiendas de oro, no solo para limpiar, sino para encontrar oro. Trozos de oro pueden caer por accidente por un vendedor descuidado o pequeñas virutas que se pierden al quemar la amalgama de mercurio, una actividad que se prefiere hacer frente a la tienda para que el humo tóxico del mercurio no quede puertas adentro.

En 2017, hasta mediados de noviembre, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 5.992 kilos de oro, todos de Minerven. “El Callao está manteniendo a Venezuela”, comenta el dueño de empeño de oro en la plaza central del pueblo. Sin embargo, de acuerdo con varios mineros y personal de Minerven entrevistados para este reportaje, el oro no proviene originalmente de Minerven, sino de minas ilegales y de pequeña escala.

“No puedo afirmar que Minerven lo compra de las minas ilegales, porque en papel es así”, afirma una fuente en Minerven. “Estamos autorizados para comprar de 17 a 18 asociaciones de productores artesanales de oro, pero sabemos que se lo compran a mineros ilegales. Así es como se trabaja ahora. Todos los días las personas buscan tener negocios con nosotros para convertirse en legales”.

Los mineros explican que solo una menor parte de la producción de oro de Venezuela termina en las arcas del BCV. La mayoría es traficada para el extranjero por el ejército y por el crimen organizado. “Seis mil kilos no son nada”, afirma el general retirado Cliver Alcalá Cordones. “Se va a Aruba y a Curazao”. Cerca de 80 por ciento del oro de Venezuela se va ilegalmente del país en aviones de contrabando, de acuerdo con Alcalá.

Desde el siglo XIX, varias compañías internacionales, por ejemplo, de Francia, del Reino Unido y de Rusia, entraron en la región para minar las vetas ricas en oro que no solo circundan al pueblo, sino corren justo debajo de él. Los vecindarios cerca del centro se han convertido en minas.

Es común que una casa tenga unos pocos molinos en su patio, cerca de hoyos en el suelo. Estos hoyos no deben entenderse como un mal sistema de aguas residuales, sino como túneles que conducen a varias galerías horizontales de minas.

“Por dos años ha habido confrontaciones, estas ocurren porque hay muchas zonas mineras”, dice un minero local de El Callao. “Muchas zonas son grandes, son vecindades con minería. Si una comunidad tiene mucho oro, otra querrá entrar en ella no solo para trabajar, sino a robar con armas en mano y deshacerse de la gente que tiene el oro y que ellos quieren llevarse”.

Los pueblos se convierten en una mina y las minas se convierten en pueblos. Sectores aledaños a El Callao son llamados Colombia, Perú, Chile, entre otros nombres dados por compañías mineras presentes en el pasado. De momento, estas minas son operadas por mineros ilegales de pequeña escala. Trabajan bajo presión de bandas armadas locales que colaboran con el ejército. Mientras tanto, intrusos desconocidos se pelean por el control de las minas y que por años han manchado de sangre a El Callao.

“Estos grupos armados son llamados bases aquí. Antes había tres, ahora hay solo una [a cargo]”, explica un minero de El Callao. Varias zonas aún tienen recuerdos de otras bandas armadas. “Pequeñas bases todavía están activas entre la gente”. De acuerdo con el minero, las que están en El Perú son las más terribles. Los choques ocurren con frecuencia. En septiembre, antes de nuestra visita a El Perú, un sector que está bajo el dominio del pran conocido como “el Toto”, ocho personas murieron en un enfrentamiento con el ejército.

Nuestra camioneta pick-up es conducida por el personal de Minerven y deja El Callao para visitar las minas, no las de Minerven sino las ilegales, cerca del pueblo. Aquí, las plantas de extracción mineral basadas en el uso prohibido de mercurio producen oro que venden a la estatal.

“Venga con nosotros”, grita nuestro conductor a un comandante del ejército, quien ya espera en el jeep negro. Manda a un soldado armado en la parte trasera de la camioneta y nos escolta. Pasamos varias alcabalas antes de entrar en El Perú. El área está completamente militarizada, pero el peligro viene de las colinas donde las bandas armadas pueden bajar a tomar control de las minas. Este atractivo peligro se hace evidente cuando, en la noche anterior a nuestra visita, seis locales fueron abatidos en una balacera entre bandas.

“Si uno se porta bien nada le pasa a uno”. Uno de los mineros que opera en un molino pequeño en el que se procesa el oro explica que una “vacuna”, un pago de extorsión de cuatro o cinco gramas mensuales por cada molino y que cancelan a una de las bandas armadas. Con calma en su cara, añade: “Si no, uno sube [al cerro] y ellos prenden la motosierra”. Abundan las historias de horror sobre tumbas masivas y desmembramientos. Las bandas son conocidas por bajar al pueblo y desaparecer a personas en los cerros circundantes.

El personal de Minerven dice que más de 30 mil mineros trabajan en las virutas de oro de El Callo y en las adyacencias. Muchos de ellos son trabajadores migrantes que vinieron a la región como resultado por la crisis y la falta de oportunidades de empleo en cualquier otra parte del país. Uno de esos trabajadores sale trepando de un túnel improvisado, seguido de su sobrino de 15 años. “Si no trabajo en las minas no tengo manera de mantener a mi familia”, apunta el antiguo carpintero.

Cerca de él, descansa Minorca Maurera. Es una madre soltera de 23 años que trabajó en una panadería antes de venir a El Callao. “El salario mínimo no me alcanza. Soy la madre de tres niños. Renuncié [a la panadería] por el bajo salario y vine a este lugar. Es un poco duro, pero me ha ido bien. Independientemente, ahora, puedo sostener a mis hijos”.

Vecindarios polvorientos que parecen barrios con chozas de madera improvisadas y pequeñas que solo tienen un techo delgado corrugado están llenas de migrantes mineros y además de nativos de El Callao. Más de un siglo y medio de extracción de oro ha traído a la población local todo, menos a ricos, lo que hace que aun un chavista acérrimo desconfíe del Arco Minero.

 “El Arco Minero prácticamente ha funcionado para cubrir muchas cosas”, razona Darwin Lizardi Tabor. A sus 28 años es coordinador local de Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno, y usa una gorra roja de Minerven cuando lo conocemos. “Hombre, el Arco Minero como tal no ha funcionado. Te lo digo yo, que soy un chavista revolucionario pero hay que decir las cosas como son. Esto es un camuflaje. No sé por qué. Porque al final nos daña a los mineros y al pueblo”.

Lizardi es un oriundo orgulloso de El Callao, pero los tiempos han cambiado. Él explica que su madre creció en una época más calmada. “Así era cuando uno podía dejar la puerta de la casa abierta toda la noche y nadie entraba”. La madre de Lizardi, de 66 años, contempla dejar su lugar, que ambos llevan en su corazón.

La violencia y la pobreza hacen de El Callo un lugar difícil para vivir. “El minero todavía es un sucio que camina en las calles. Gana 300 mil bolívares, bebe cerveza y al próximo día no tiene nada y necesita 0,3 o 0,4 gramas de oro para traer comida a su hogar. Un minero no debería vivir así si el Arco minero estuviera funcionando”.

Seguimos hablando en un bar cerrado para foráneos, mientras mineros y alcohol pueden ser una combinación muy explosiva. Lizardi ordena más cerveza y sigue su discurso sobre la falta de infraestructura estatal y de medicinas mientras los locales le entregan su oro al gobierno. “Gracias al minero, el que baja en un túnel de 100-120 metros, gracias a este minero, el Estado tiene cuatro toneladas de oro”.

El Arco Minero recibió muchísimas críticas en la prensa venezolana, principalmente por su impacto ambiental futuro, por involucrar a bandas armadas y por su presencia en territorios indígenas. En octubre, el ministro para la Información y Comunicación salió al contraataque y publicó un artículo en el que culpa a la prensa de criminalizar a los mineros artesanales y de pasar por alto que 250 mil personas dependen directa o indirectamente del Arco Minero. En El Callao, donde los mineros ganan su propio dinero desde que son jóvenes, es difícil apreciar los beneficios del Arco Minero.

“Todo el oro sería invertido en trabajo social en el municipio de El Callao y, ahora, ni siquiera ha llegado una ambulancia”, explica Lizardi, quien sostiene que el Gobierno le ha prometido mucho al pueblo de El Callao. “Minerven ya tiene el dinero del Estado para comprar el oro de los pequeños mineros. Lo que Minerven prácticamente hace es recoger el oro y llevarlo al Banco Central de Venezuela. No están asumiendo su papel como compañía minera porque todas sus plantas se han detenido”.

Tener el ingreso determinado por la suerte y el trabajo duro en vez de solamente trabajar por horas es parte de la cultura minera. “De momento nadie recibe un salario. Uno trabaja para conseguir oro y el dinero es de uno”, dice Eduardo Gutiérrez, un hombre 43 años de El Callao que trabaja en uno de los molinos en El Perú.

Gutiérrez está satisfecho con el precio que ofrece Minerven por su oro y aguarda con esperanza que el proyecto del Arco Minero le envíe más recursos y equipos, pero un ambiente de trabajo seguro todavía falta. Con las manos desnudas toca el agua mezclada con mercurio mientras raspa una masa de amalgama de oro de un plato. Acto seguido, calienta los residuos con gas para apartar el oro, sin hacer ningún esfuerzo por cubrir su rostro del humo tóxico del mercurio.

Varios científicos han alertado sobre la contaminación del mercurio en El Callao, que le puede ocasionar daños neurológicos a los mineros, y que puede también ser la causa principal del autismo en niños pequeños.

Desórdenes neurológicos y problemas en los riñones, pulmones y en la piel son las consecuencias más comunes en la salud, afirma Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, en Caracas. “Un problema importante es la exposición al mercurio por parte de las mujeres embarazadas en la primera fase de embarazo; investigadores han vinculado la exposición de metales pesados, como el mercurio, al autismo”.

Un estudio en varias zonas mineras del estado Bolívar halló que solamente 32 por ciento de los niños tenían niveles de mercurio debajo del límite de seguridad en su sangre.

Severos problemas de salud, batallas sangrientas entre bandas y áreas controladas por los militares. La minería ilegal de oro en El Callao contribuyó con circunstancias inseguras e insalubres, pero el Arco Minero tiene un interés en todo. “Todo el oro que lleva a Minerven es legal, en papel, aun cuando es ilegal”, explica Lizardi.

Bandas armadas y el ejército han dominado el sector. El oro minado ilegalmente es comprado por compañías “mineras” que de hecho no minan, lo que esencialmente significa que funcionan más bien como grandes tiendas de empeño. “Aquí en El Callao tenemos mucho oro, pero no tenemos máquinas ni los recursos necesarios [para poder explotarlo]”, se jacta Darwin.

La oscura simbiosis entre la minería legal y la ilegal es casi obvio. Del otro lado del pueblo, somos llevados a una mina controlada por una banda armada llamada “Nacupay”. Antes de entrar, se nos dice que no tomemos “fotos de los hombres armados” ni de la maquinaria que usa el mercurio. Justo antes de la entrada, una señal dice MunSol – “Empresa minera aliada a la patria bolivariana en el Arco Minero del Orinoco”. Detrás de la señal, encontramos docenas de mineros informales que trabajan en los embarrados hoyos al aire abierto.

Solo estamos autorizados a fotografiar a los mineros que laboran con las tablas de lavar, características de la minería artesanal. No quieren que mostremos ni documentemos las instalaciones más grandes. Podemos, sin embargo, retratar los campamentos donde viven los mineros, cerca de los fosos llenos de agua estancada y contaminada.

La situación en El Callao no es una excepción. Cerca de 91 por ciento del oro explotado en Venezuela es ilegal, de acuerdo con una investigación de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional. Pequeños lotes de oro se vuelven en joyería y luego se contrabandean, por ejemplo, para las islas del Caribe. Es la verdadera historia del mito de El Dorado.

(*) Este es un trabajo del site Infoamazonia, patrocinado por el Pulitzer Center y publicado en simultáneo por El Espectador en Colombia, Folha en Brasil y el Correo del Caroní y Armando.info en Venezuela.

El oficial Asdrúbal José Belisario Zamora, de 30 años, murió tras el episodio. Fue un intercambio tan poco común -de ráfagas de armas automáticas contra las pistolas zamoranas de la policía regional- que el pueblo reaccionó este jueves con un paro de comerciantes contra el aumento de la violencia en ese y otros de los municipios mineros del sur del país. Hasta el Mercal del pueblo cerró sus puertas.

El diputado Américo De Grazia, de la Causa R por el estado Bolívar, señala que a espaldas de Caracas, hay una suerte de guerra por el control de las minas del sur del país. "¡Es el cartel del oro!", insiste.

Por si alguien no se ha enterado, indica que desde hace cinco años, aproximadamente, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de "sindicatos mineros". Desde entonces en los yacimientos de oro y diamantes se cobra vacuna y prevalece la ley del más fuerte. "Nosotros lo que queremos es que se sepa la verdad, y la verdad es que hay guerrillas en las minas", dice. "No es que de alguna manera lo son y por eso nosotros lo decimos así: ¡estos son grupos paramilitares!".

El "sindicato" de El Chingo se enfrentó el sábado de la semana pasada contra la propia comisaría de El Callao. Reclamaba una moto y un koala que los oficiales habían decomisado en otro enfrentamiento ocurrido cuatro horas antes.

Dentro del koala hallaron cuatro cargadores para pistolas, tres de ellos extralargos. También 48 balas calibre 9 milímetros, dos celulares, un radio portátil y varios dispositivos de memoria digital, que "El Chingo" reclamó a través de un mensajero: "Que le envíen su koala porque si no arde Troya".

Y ardió Troya. El enfrentamiento terminó con un policía muerto. Esta, sin embargo, no es la primera vez que los medios de Guayana dan noticias de la banda de "El Chingo": el primero de enero asesinaron a seis personas que recibían el año en el sector Finlandia de El Callao; en abril acabaron con la vida del policía Osmar Josué Cedeño Ochoa, de 22 años, y en mayo se les vio en una serie de fotos con armas largas, que dieron la vuelta al estado Bolívar.

Las gráficas mostraban jóvenes de escasos 20 años posando para las cámaras con pacas de billetes, así como un arsenal de granadas y armas largas que llegaron a pintar con colores fosforescentes. El espectáculo incluía niños, en pañales y sin franelas, sosteniendo pistolas en el monte. Se trata de un fenómeno inédito que hace tres meses dio a conocer el sitio web El Fortín de Guayana y los diarios El Progreso y Nueva Prensa.

No en vano las muertes violentas en El Callao se han multiplicado más de 7 veces en menos de dos años. "En 2012 hubo 5 homicidios y este año van 38", lamentó el jueves el alcalde del pueblo, Coromoto Lugo, en medio del paro.

Solo en 2013, los medios de Guayana dieron cuenta de 28 asesinatos en El Callao, de acuerdo a una base de datos que -año a año- alimenta el ex diputado del estado Bolívar, Adón Soto, en función de las informaciones publicadas en prensa. Aun sin algún asesinato que haya quedado escondido en las minas, la tasa de homicidios de esa población de poco más de 24.000 habitantes alcanzó un promedio de 116 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

En menos de dos años El Callao pasó a superar el promedio nacional de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que el año pasado registró el Observatorio Venezolano de la Violencia. Se trata de una cifra por debajo de los 155 asesinatos por cada 100.000 habitantes de Caracas, pero por encima de los 102 homicidios por 100.000 habitantes que hay en Tegucigalpa, otra de las ciudades más peligrosas del hemisferio.

Miedo en la población indígena

Este, sin embargo, no es un caso exclusivo de El Callao; tampoco de Sifontes, Roscio y el resto de los municipios del este de Bolívar. En La Paragua, al otro lado de la región, también hay denuncias de mafias que imponen su ley no solo en los campamentos mineros.

Allí, en ese pueblo de pocas calles y escasos 50.000 habitantes, la concejal Aireana Rodríguez da cuenta de una serie de crímenes que han levantado las alarmas de los vecinos. Aun no deja de sorprenderla el asesinato del hijo de un concejal indígena al que tres meses atrás le dispararon a las 8:00 de la noche en plena Troncal 16. "¿Cómo se justifica que habiendo tantas alcabalas móviles en el camino, haya tantas armas y hechos violentos?", pregunta.

La Paragua y el resto del municipio Bolivariano de Angostura siempre giró en función de las llamadas bullas mineras que convocan a los cazadores de fortunas. Si bien alrededor de los yacimientos de oro y diamantes abundan actividades ilegales, nunca se habían visto asesinatos en las calles. Los "sindicatos" tienen cuatro o cinco años y se trata de un fenómeno del que la concejal fue testigo cuando se encontró con bandas armadas en los campamentos mineros, que visitó durante la campaña electoral de los comicios del pasado 8 de diciembre.

"Se escuchaba que esos 'sindicatos' operaban en Tumeremo pero luego empezaron a aparecer en La Paragua", comenta. "Los mismos indígenas cuentan que sacaron a los militares de las minas y entonces aparecieron los 'sindicatos'".

El Gobierno nacional ha reconocido el problema. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció medidas contra las mafias que tomaron las minas. "Hay algunos grupos de personas que se hacen llamar sindicatos, que no son sindicatos sino bandas armadas que se dedican a la extorsión", dijo el pasado 24 de enero desde el estado Bolívar luego de una reunión con los alcaldes de la entidad y el gobernador Francisco Rangel Gómez.

Rodríguez Torres habló de planes de patrullaje inteligente y acciones conjuntas entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado, para neutralizar "esas bandas armadas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana en el estado Bolívar". Hasta ahora, sin embargo, la violencia no ha parado en el sur de Guayana. 

Aunque las comunidades indígenas tienen miedo de hablar sobre el tema, más de siete capitanes indígenas hace dos semanas formalizaron la denuncia. Una carta sellada y firmada el 15 de agosto, y filtrada desde el propio pueblo de La Paragua, advierte que el director de la policía regional en la zona, Pinto Novis, informó sobre el tema al secretario de seguridad ciudadana del estado y director de la Policía del Estado Bolívar, Juvenal Villegas.

"Los capitanes están solicitando que las autoridades se aboquen a darle una solución a las presuntas irregularidades que están presentando, por los que se hacen llamar Sindicatos Mineros los cuales están cometiendo barbaridades entre las cuales destacan los actos lascivos con las menores, así como también con las mujeres de los mismos capitanes de las comunidades a quienes de igual forma los golpean y maltratan", indica el documento.

"Según lo dicho por ellos mismos después de esto los amedrentan, les quitan el oro, la comida, la gasolina y hasta sus propias lanchas las cuales utilizan para trasladarse", agrega.

Del Ejército a los "sindicatos"

Es la ley del oeste, reclama el diputado Américo De Grazia. No es casual, a su juicio, que los militares hayan ido desapareciendo al mismo tiempo que unas guerrillas tomaron el control de los campamentos ilegales, que históricamente han existido en el sur del país.

La tragedia se estrenó en las minas con la llamada Masacre de La Paragua, en el sector Papelón de Turumbán. Según la versión de Manuel Felipe Lizardi, que sobrevivió haciéndose el muerto, 14 oficiales del Ejército lanzaron explosivos desde un helicóptero y más tarde descendieron, pusieron de rodillas a los mineros, los obligaron a llevar sus manos a la cabeza y finalmente los ejecutaron.

Cinco años después un grupo de indígenas pemones amarró y desarmó a 20 militares que fueron sorprendidos con botas de mineros extrayendo oro de manera ilegal en el Alto Paragua.

Ahora los enfrentamientos y las masacres en las minas corren por cuenta de los llamados sindicatos. El diputado Américo De Grazia responsabiliza al gobierno de Francisco Rangel Gómez y recuerda que en esas bandas también destacó Yorman Márquez, mejor conocido como el 'Gordo Bayón', quien consiguió la muerte la noche del pasado 2 de junio en Caracas, tras salir de una reunión en el Palacio de Miraflores. "Como ya no pueden ejercer el control de las minas a través del Ejército porque es demasiado obvio, encontraron una salida más inteligente pero igual de cruel con los llamados sindicatos mineros, en los que hay hasta pranes", asegura.

No fue posible conseguir alguna respuesta en la Gobernación. Aunque se consultó al secretario de seguridad de la entidad, Juvenal Villegas, se trancó la llamada cuando se le pidió un balance sobre las mafias que han prosperado alrededor de las minas. Igual pasó con el ex secretario de seguridad ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli, quien se encuentra haciendo trabajo político en la zona. Las llamadas se cayeron y no fue posible volverlos a encontrar.

El gobernador Francisco Rangel Gómez anunció el jueves, de cualquier forma, que activó un contingente de seguridad integrado por la Policía del Estado Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana y otros organismos, para combatir la minería ilegal en la zona sur del estado. "Le declaramos la guerra al hampa", dijo desde Ciudad Bolívar sobre el paro que ese día hicieron los habitantes de El Callao. "Trabajaremos hasta lograr la erradicación del 100% de los mal llamados sindicatos, que solo atemorizan a la población trabajadora de los pueblos del sur".

(*) Este reportaje fue originalmente publicado el 31 de agosto de 2014 en el diario El Universal.

Hoy Las Cristinas es el reino de la anarquía, es un lugar que nunca duerme. Manda la ley del más fuerte. En sus entrañas hormiguean unos 30.000 mineros ilegales. Y siguen llegando a diario en autobuses y camiones. Muchos de ellos son extranjeros. Vienen de Brasil, Trinidad, República Dominicana, Perú, Guyana y Colombia. A todos, locales o foráneos, los une el sueño compartido de una riqueza súbita. Cuando menos, que es el caso más frecuente, obtienen lo suficiente para sobrevivir.

Tropas de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército custodian la mina y las instalaciones del campamento aledaño. Pero es poco más que un saludo a la bandera. Nada perturba a los buscadores de oro. El perímetro militar es como la frontera del laissez faire. De y hacia el exterior pasan camiones, motores, combustible, alimentos, bebidas alcohólicas. Al interior las cosas son de quienes las toman, casi siempre organizados en mafias. La valiosa nucleoteca, el archivo geológico donde se guardaba toda la memoria de exploración de Las Cristinas, es una ruina desvalijada.

La minería ilegal no tiene límites. Es un paroxismo colectivo que los precios del oro estimulan. Un kilo de oro ronda los 33.000 dólares americanos en el mercado internacional. Un equipo de mineros, por rudimentario que sea, puede extraer diariamente unos 10 o 20 gramos. Por algo se habla de la fiebre del oro.

“Si la tierra brilla, allí estaremos”, dice Felix Rodriguez, un minero con más de 20 años en la zona. “No nos importa pagar vacuna a quien sea”.

En los últimos dos años la población de El Callao, la puerta de entrada a la minería en el estado Bolívar, pasó a superar el promedio nacional de asesinatos. La voracidad se ha convertido en el gentilicio local. Para hacerle honor, los pobladores explotan con desenfreno el territorio. Coltán, madera y oro alimentan el delirio. Alrededor de cada explotación se congrega una cadena criminal para controlar los suministros.

El costo de la vida vale oro. No es una metáfora en Las Cristinas. En la zona se puede pagar 35 bolívares por litro de gasolina, 40 veces el precio oficial. En los abastos no se registra la escasez ya típica de las ciudades. Todo se consigue, pero los precios pueden ser tres o cuatro veces lo normal y hay hasta quien paga con gramas de oro.

La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y otros metales pesados que los mineros ilegales usan. El mercurio contamina también las fuentes de agua. Las aguas de ríos oscuros como el Cuyuní y Caroní arrastran el elemento que contamina y mata los peces, que a su vez constituyen la base de la dieta de los pueblos ribereños.

Los niños son explotados en las minas. Hay prostitución y maltrato infantil.

Bárbara es una muchacha de 19 años venida del estado Zulia, al otro extremo del país. Lleva viviendo los últimos cuatro meses en una residencia de chicas en los campamentos mineros. Cuenta que llegó a Las Cristinas con una amiga de su pueblo que tenía ya varios meses de campaña y regresó al terruño con mucho dinero. “En los pocos meses que tengo viviendo acá he ganado lo que tendría tras dos años trabajando en la tienda de donde me botaron".

Cada vez son más las historias de personas que son explotadas sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, en torno a los 15 o 17 años de edad, a las que trasladan de otras regiones del país –incluso desde Caracas– a este borde resplandeciente de la Gran Sabana. A menudo llegan engañadas con la promesa de un rentable trabajo como domésticas. Terminan acomodándose, por necesidad, en la prostitución.

Los réditos rápidos de la extracción del oro convierten a gente sencilla en el lobo del hombre. Sobre el terreno la vida es difícil. Pero las dificultades se soportan con el horizonte ilusorio de la riqueza. América Latina, y dentro de ella, Venezuela, tienen tradición blandiendo ese señuelo.

Para conocer esas dificultades se hizo este trabajo. Han sido varias semanas de investigación visitando los pueblos del sur de Venezuela donde se concentra la actividad minera ilegal: Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. Uno más complejo que el otro. Como la mayoría de la explotación minera es ilegal, la presencia de periodistas no es grata. Hace falta hacerse invisible ante las bandas delictivas que se pelean el territorio y las propias autoridades. Es incontable el dinero que está en juego.

Los mineros son gente como cualquiera, que solo busca sobrevivir. Pero tienen miedo. De las mafias, de los militares. Todo el mundo busca aprovecharse de ellos. Lo que extraes con el sudor de tu frente tienes que compartirlo con esos grupos, es una máxima que hay que seguir si se quiere vivir en las minas. Aquí no existe ningún tipo de organismo de defensa de los derechos humanos. Todo es explotación en este mundo que el resto del país se resiste en reconocer.