Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira. 

Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.  

La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.

Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída. 

Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.

Es por eso que ahora sorprende la aparición de su nombre en el listado definitivo de exfuncionarios del chavismo con propiedades y empresas en Florida, resultante del cruce de los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos designados entre 2007 y junio de 2022, con los registros de la División de Corporaciones de Florida, y que ha dado lugar a la serie Miami Nostro, que de forma conjunta publican Armando.info y el Miami Herald.

En los registros, cuya búsqueda también fue apoyada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), se constata que Porras, bien lejos del Socialismo del s. XXI, armó un emporio de bienes raíces en Miami, el puerto soñado en Estados Unidos para el capitalismo latinoamericano.  

El despertar inmobiliario

La hoy exmagistrada se transformó en una virtual magnate de los bienes raíces en el sur de Florida y en Panamá en combinación con su marido y sus dos hijas: Mariela Salas, también ex jueza en el estado Táchira, y Onelymar Salas, que hasta 2011 figuró como funcionaria del Seniat, el ente tributario. 

Porras, sus hijas y sus dos yernos, registraron 11 empresas en Florida y una en Panamá, mientras compraron 10 propiedades en Florida y otras dos en Panamá. En conjunto, el valor de sus inversiones supera los 3,4 millones de dólares, si se toman en cuenta los precios indicados en diversos documentos públicos.

Empezó a comprar en 2008, cuando todavía desempeñaba el cargo de magistrada en Venezuela. Porras se casó por segunda vez ese año con el coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008, Luis Roa Vivas, quien luego de jubilarse del Ejército, también en 2008, compró un apartamento en Florida valorado en 151.000 dólares americanos, según los datos del Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade: tres habitaciones y dos baños, en un condominio construido en 1986 en la localidad de Tamiami. 

Al año siguiente, en 2009, Porras y su esposo crearon en Florida la empresa Inversiones Sofia LLC, con la que luego se dedicaron a comprar apartamentos y casas y que aún se mantiene activa. Ese año, con esta nueva empresa, compraron otra propiedad ubicada en Doral, uno de los enclaves predilectos del exilio venezolano en Miami Dade. Esta inversión, más ambiciosa, está valorada en 560.000 dólares. El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, piscina y jacuzzi. 

En agosto de ese mismo año, su hija menor, Onelymar Salas, que estudió Contaduría, compró dos apartamentos en Panamá, valorados cada uno en 118.000 dólares, además de otra casa en octubre de 2011, pero ubicada en Doral. Esta última, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, costó 420.000 dólares, siempre según el Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade. Amigos cercanos a la familia aseguraron a Armando.Info, que Onelymar fue la primera de la familia migrar a Estados Unidos cuando todavía su madre estaba en la carrera judicial en Venezuela. 

Durante su gestión, Porras se mostró como una celosa guardiana de los intereses del chavismo gobernante. Varios de sus antiguos colegas comentaron a Armando.info que Porras no vacilaba en hacer presiones a abogados y jueces en funciones para que estos se plegaran a los deseos del gobierno en determinadas decisiones. “Porras quería crear un sistema judicial solo con sus aliados y amenazaba con destituir a quien no acataba sus órdenes”, dice una exjuez del Táchira que pidió mantener el anonimato.

Ya habían pasado siete años desde su primera transacción inmobiliaria en el sur de Florida cuando el infortunio alcanzó a Porras: cayó en un lote de 13 magistrados que fueron jubilados de forma prematura por el chavismo gobernante en 2015. Fue parte de una maniobra del oficialismo, que entre gallos y medianoche intentaba dejar bien amarrado desde la Asamblea Nacional un Tribunal Supremo a su gusto para un nuevo período. Pero eso implicaba sacar algunos magistrados para abrir espacio y meter otros. 

Aquella jubilación, forzada y temprana, sin embargo dio pie para que Porras protagonizara una metamorfosis salvadora. A partir de 2015 pudo afirmar que era una perseguida política y en 2016 hizo oficial esta denuncia ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Así pudo entrar, ya de lleno, en el negocio de los inmuebles. En 2016, y en menos de dos semanas, adquirió dos nuevos inmuebles a través de Inversiones Sofia LLC.

El primero, una casa de tres habitaciones y dos baños, lo adquirió el 7 de septiembre de 2016 por 180.000 dólares. El otro, una casa de un piso, dos habitaciones y dos baños, también en Doral, una semana después, el 22 de septiembre, por 258.000 dólares. 

El próximo hito de los negocios de la pareja ocurrió en 2018, cuando Porras y su esposo registraron la empresa 5083 Doral West Llc, disuelta el 6 de febrero de 2019. 

En ese 2019 de prosperidad,  su hija, Mariela Salas, compró otra propiedad, también en Doral, por 180.000 dólares, que vendió en 2021 por 225.000 dólares. Los Roa-Porras también crearon Súper Génesis LLC el 1 de agosto de 2019, que sigue activa. 

También en 2019, pero en enero, la pareja había adquirido una casa por 294.000 dólares. Luego, Porras se hizo con otra propiedad valorada en 412.000 dólares a su nombre, con tres habitaciones y un dormitorio con vista a la piscina, bañera romana y patio, ubicada en el condado de Broward, justo al norte de Miami Dade. 

En enero de 2020 compró a través de su empresa, Inversiones Sofia LLC, un apartamento valorado en 225.000 dólares. Pero sería en 2020 cuando estableció su registro por la compra más cara: una casa recién construida, también en Doral, de 3,690 pies cuadrados -unos 350 metros cuadrados- con cinco habitaciones y cinco baños, valorada en 800.000 dólares para el momento de la compra. La transacción la hizo a nombre de su hija, Onelymar Salas, y el esposo de esta, Wilson Lastra, funcionario del Consejo de la Judicatura hasta 2012 y quien entre 2018 y 2019 se identificaba en redes sociales como realtor en Florida.

Su hija, Mariela Salas, fue contactada por la autora de este reportaje en tres oportunidades a través de Whatsapp para solicitar una entrevista, pero no respondió a ninguno de los mensajes. Su yerno también fue contactado a través de Whatsapp y a su hija menor, Onelymar Salas, se le solicitó una entrevista a través de sus redes sociales. Ninguno contestó a los requerimientos.

Revelación tardía

En Táchira hay quienes se refieren a Porras como “la dama de hierro de San Cristóbal”, una analogía que en poco o nada está vinculada al talento de férreo gobierno de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher, sino a la mano dura e insistente con que Porras alineaba el poder judicial regional con sus intereses y lealtad política. Así, aseguran, podía llegar a obsesionarse con perseguir a cualquiera que no comulgara ni con el chavismo ni con ella. 

En mayo de 2004, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se establecieron mecanismos para que los mismos pudieran ser designados y removidos por una mayoría simple de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el partido de gobierno. En esa fecha, el terremoto en la carrera judicial alcanzó al resto de la pirámide, pues fueron suspendidos los concursos públicos de oposición, lo que consagró de facto que los jueces provisorios fueran nombrados sin concursos y que expuestos a los libres nombramiento y remoción.

Estas reformas desvirtuaron el carácter imparcial del Poder Judicial e incentivaron, en cambio, que las subsiguientes generaciones de jueces y magistrados se preocuparan primero por mostrar lealtad al gobierno.

Carmen Porras lo entendió rápidamente o al menos así se desprende de un expediente que se fue confeccionado en el tiempo desde el año 2002 por colegas jueces con al menos diez denuncias que se entregaron a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, instando a esos organismos a evaluar el comportamiento ético de la magistrada. En el documento, Porras fue señalada por nepotismo, dar falso testimonio, influenciar juicios, perseguir abogados, amenazar a colegas y hasta perseguirlas, Así lo explicaron a Armando.info los autores del reporte, cinco excompañeros de la exjueza,  que pidieron la reserva de sus nombres.

Todos esos colegas recuerdan el pasado de Porras como militante de Acción Democrática (AD) -el partido socialdemócrata hegemónico de la antigua democracia puntofijista- y, luego, como parte del coloquialmente llamado chiripero, la sumatoria de facciones de centroizquierda que se congregaron en torno a la segunda presidencia (1994-99) del democristiano Rafael Caldera. De allí saltó al chavismo y, por fin en su última escala, como perseguida política. 

Ya con esa condición acudió a la Asamblea Nacional opositora a denunciar acoso por parte de sus antiguos compañeros de trabajo. El 17 de febrero de 2016, en una reunión privada, dijo en el Palacio Federal Legislativo que recibió presiones para que pidiera su jubilación y aseguró que tuvo que esconderse. Agregó que recibió una llamada de la Presidencia del TSJ, donde la entonces -y ahora de nuevo- titular del despacho, Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo había requerido a otros 12 magistrados cuyos períodos en realidad se vencían en diciembre de 2016.

Luego, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional un año más tarde, el 16 de febrero de 2016 la exmagistrada, aseguró que el vocero del hostigamiento había sido el vicepresidente del TSJ de ese momento y cabeza de la Sala Penal, el magistrado Maikel Moreno, que a la postre sería el presidente del máximo tribunal de 2017 a 2022. “Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una decisión tomada'”, relató la exmagistrada, citando de memoria a Moreno.

La comisión parlamentaria que recibió la denuncia de Porras concluyó que sus declaraciones demostraban que la jubilación de ella y los otros magistrados había sido parte de un esquema diseñado entre los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente -casi unánimemente chavista- hasta 2015, “para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados a afectos al gobierno nacional, para crear una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo”.

Una tribu muy familiar

Ante esa hegemonía Porras no había tenido hasta entonces problemas para inclinarse, no solo con el propósito de asegurar su cargo, sino hasta para colocar a sus protegidos en puestos de trabajo y poder. Según colegas, consiguió insertar en la nómina del circuito judicial de Táchira a 11 familiares y 22 allegados.

Su hija, Mariela Salas Porras, fue secretaria temporal en las Salas de Control y Juicio, secretaria del Area Penal y, por último, juez de Primera Instancia Sección Adolescente del Circuito Penal. Su otra hija, Onelymar Salas Porras, desempeñó el cargo de Analista Profesional III, en la División de Servicios administrativos y Financieros de la Dirección Administrativa Regional (DAR) Táchira, y su ficha del Seguro Social indica que trabajó en el Seniat hasta 2011, justo el año en que compró la casa ubicada en el Doral. 

Su sobrina, Eva María Bustamante Porras fue defensora pública a partir del año 2000. Mientras que el esposo de Bustamente, Freddy Josué Duque Ramírez,  también se benefició entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de Juez Suplente del Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente, conjuez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de Estabilidad Laboral y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Los Andes (con competencia en los estados Táchira, Mérida y Barinas).

Su cuñada, Midrelis Yajaira Ruiz, y el hermano de su esposo, Régulo Roa Vivas, fueron alguaciles. Y así sigue una larga lista de cargos hasta conformar lo que se bautizó como la tribu de Carmen.

“Muchas veces intentó influenciar los juicios”, dice una exjuez de Táchira. Una abogada del mismo estado la acusa de hacer que todos sus casos se perdieran. “Mi bufete pasó de 900 clientes a solo 17 porque Carmen Porras los llamaba para que cambiaran de abogado y ella les haría ganar los casos”, denuncia la litigante.

Otro juez asegura que Porras lo amenazó con destituirlo porque su hija, Mariela Salas, iba a ser reubicada en la jurisdicción de San Antonio del Táchira, alejada de la capital regional. “Carmen Porras quería que el sistema judicial del Táchira fuera gente leal a ella, que acatara sus órdenes”, dicen sus viejos compañeros. 

Son palabras del almirante Carlos Aniasi Turchio pronunciadas el 14 de julio de 2009 a todos sus compañeros de armas. Ese día se estrenaba como comandante general de la Armada Bolivariana y –desde la Escuela Naval de Venezuela, Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, enclavada en la Meseta de Mamo de Catia La Mar, a orillas del mar Caribe, en el estado Vargas– no escatimaba en palabras como "lealtad", "revolución" y "antimperialismo".

Decía entonces que “el colonialismo ha evolucionado hacia nuevas y sofisticadas formas de dominación” y que “la respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”. Ahora ya lleva tiempo que no dice lo mismo. Ha optado por el bajo perfil, que conserva 13 años después, también a orillas del mar… Pero en Florida.

Su historia bien puede ser la parábola o metáfora de una trayectoria que han seguido una camada de altos funcionarios que participaron en la construcción e imposición del aparato político de la Venezuela de hoy. Sus juramentos anti-imperialistas no les impidieron a la larga montar tienda en el sur de la Florida, bastión del exilio venezolano en Estados Unidos, anatema consumista para la prédica revolucionaria.

Doral bien vale una compañía

Solo en Miami se encuentran al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa que han registrado empresas y negocios. También hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Armando.info y el Miami Herald sistematizaron y procesaron los datos de más de 128.082 servidores públicos de libre nombramiento y remoción –de 3.050 Gacetas Oficiales del Estado venezolano, que datan desde 2007, en tiempos de Chávez, hasta junio de este año, durante el período de Maduro– y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del estado de Florida, visibles en línea en el sitio Sunbiz.org. El resultado advierte que la revolución bolivariana también conduce a Miami. Aunque se cuenten por cientos, en esta serie que hoy se empieza a publicar bajo el título de Miami Nostro, se relatarán varios casos singulares que ilustran la atracción que, si bien siempre ha ejercido el sur de Florida entre los venezolanos, aún surte un efecto especial entre los nuevos ricos con credenciales revolucionarias; las mismas que a la postre no sirvieron de antídoto.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas ya contabiliza 7,1 millones de venezolanos en el exterior. En Estados Unidos hay 484.445 migrantes venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y, al menos, 200.000 de ellos están empadronados en el sur de la Florida. Muchos se concentran en la ciudad de Doral, en el occidente del condado de Miami-Dade, a la que coloquialmente se ha dado en llamar Doralzuela: una localidad con clara presencia venezolana, de tamaño medio, en los hechos. En ese censo, que día a día se va ampliando, también crece a la par el margen de error con posibles homónimos, nombres que resultan comunes en un colectivo venezolano. Pero, todavía así, la trabajosa verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han iniciado emprendimientos en el “imperio mismo” o hasta han migrado allí.

Destacan casos como el del general de Brigada, Jimmy Lenin Guzmán Pinto, que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte, a aterrizar en la ciudad de Fort Myers de Florida en una firma privada que mantiene activa desde 2019 con el nombre de Latam Risk Consulting 2107 LLC. 

Caso similar al del arquitecto Lucas Pou, que pasó a dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último período de Chávez, según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre de 2012. Reclutado y designado por su amigo y socio –el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Sesto, y luego ministro de Cultura– como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán –suroeste de Caracas–, ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa, adyacente al Panteón Nacional.

En 2015 registró en Miami la empresa IMA Fleet LLC, que disolvió tres años después. En ese entonces, Pou fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la exministra de Salud, Eugenia Sader, llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas.

En su defensa, dice –en entrevista telefónica– que los responsables del desvío de fondos fueron identificados y que él cumplió con el rol para el que fue contratado. "Yo nunca tuve relación con ese Ministerio de Salud, es decir, una empresa del estado era la responsable y esa empresa me subcontrata a mí el proyecto", recuerda. Del resto, advierte que nunca tuvo un espíritu antiyanqui. "Es una cosa que uno veía", reconoce, pero en su caso no solo tiene simpatías sino vínculos mediante su biasabuelo, abuelo y padre con orígenes puertoriqueños y estadounidenses.

Jugando doble play

La lista puede ser larga. Hay casos curiosos como el Samir Adel Al Attrach, que hizo el camino al revés, de la actividad comercial a la burocracia del Estado chavista: cerró su última empresa de Florida, Mr Caucho Corp, en septiembre de 2017, dos meses antes de ser designado en Emiratos Árabes Unidos como jefe de la misión diplomática de la antimperialista República Bolivariana de Venezuela en Abu Dhabi.

“Fue creada vía online en el año 2015 y posteriormente, uno o dos años después, cerrada”, aclara vía correo electrónico, aunque no fue posible precisar de qué se trataba el negocio.

Destacan más todavía los casos de funcionarios públicos luego asimilados en el sector privado, pero reconvertidos de una vez como contratistas del Estado del cual formaron parte. Por ejemplo, el ex gerente de la aduana principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Carlos Luis Michel Fumero, hoy está al frente de una empresa de aduanas, contratista del estado, de nombre Aducarga y con sedes en Valencia y Miami.

Michel fue designado en la administración pública por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y antes ya tenía vínculos con su hermano, el diputado Diosdado Cabello, cuyo gobierno otorgó varios contratos a otra de sus empresas –la constructora Camik– cuando el hasta hace poco considerado como el número dos del régimen estaba al frente de la Gobernación del Estado Miranda.

Aunque se intentó contactarlo, en Aducarga solo quedaron en darle el mensaje, sin que luego pudiera obtenerse otra respuesta. No fue posible consultarle sobre sus negocios en Miami; como tampoco fue posible con la exfuncionaria Andreína Agusti, cuya productora, Orinoco Films, tuvo operación en Miami hasta 2016. 

Desde la Cancillería, Agusti estuvo al frente de la participación de Venezuela en la Expo Shanghai 2010 y la Bienal de Venecia 2012. Fue directora de Cultura para el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, entonces a cargo de Temir Porras, con quien luego pasó al sector privado, en otra empresa contratista del Estado venezolano que constituyeron juntos en Caracas, con el nombre de Inversiones Ventuari.

Cacerolas y escraches

Más conocidos son los casos del exministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana, hombre de confianza del gobernador de Apure y entonces vicepresidente, Ramón Carrizález; de la ex diputada del ala de Diosdado Cabello, Iroshima Bravo, y del propio almirante Carlos Aniasi Turchio, que apareció en Estados Unidos aún después de que Walid Makled –el tercero en una lista de narcos solicitados en 2010 por la Casa Blanca– lo denunciara en televisión como parte de las autoridades que compró para delinquir.

Los tres sufrieron en carne propia el desprecio de paisanos y vecinos del sur de Florida, que han improvisado airados escraches en su contra. Aunque Bravo nunca apareció en el registro del spa como su dueña, bastó que en 2016 se presentara como tal en el cóctel de inauguración para que el Pure Med Spa de Doral tuviera que cerrar antes de abrir.

Más allá de esas anécdotas, coloridas y conocidas, hay cientos de ejemplos más solapados de funcionarios que llegaron a tener posiciones de mando y diseñaron la arquitectura del aparato político y económico de la Venezuela de hoy, y que luego mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado. Verbigracia, el caso del general de Brigada, Samir Sayegh, bien conocido en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo como uno de sus tesoreros, sino también como ideólogo de férrea doctrina militar.

En 2007, Sayegh estuvo al frente de la División Académica de la Comandancia General del Ejército y, cuatro años después, fue designado vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Junto a su compañero de armas, el general de Brigada, Rafael José Aguana, publicó una tesis que en 2017 insinuaba desde el mismo título una militarización no tan solapada de la sociedad: La militaridad: En el estado democrático y social de derecho y justicia.

Desde esas 72 páginas, Sayegh y Aguana advirtieron que “la FANB no puede ser indolente ante el irrespeto, amenaza, desconocimiento y violación de los valores de cualquier imperio o de posiciones hegemónicas a escala mundial” y –no una, ni dos, sino tres veces–, se refirió a Estados Unidos –el sitio donde tiene una empresa y dos viviendas tasadas en más de 1,2 millones de dólares, según consta en el registro de inmuebles de Florida– como un peligro: “Esto conduce al concepto estratégico militar para la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, que será el componente integrador de todas las misiones sociales propuestas por el Gobierno Nacional, dado que estas misiones nacen bajo la idea de lucha y defensa de la principal amenaza que desde el exterior se confabula (el imperio norteamericano), y la pobreza y la exclusión social en lo interno”.

Socialismo para otros

Años después llegó a regir el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la Unidad de Apoyo para el Área de Producción y Distribución de Farmacias, en los tiempos en que Chávez delegó la distribución de alimentos y medicinas a la alta oficialidad castrense.

Las publicaciones en 2016, 2017 y 2018 de la Gaceta Oficial muestran que las grandes compras ordenadas por el desde 2014 ministro de Defensa, Vladimir Padrino López –cinco sistemas de protección de blindados para vehículos, 70 motores fuera de borda y miles de equipos de primeros auxilios, por ejemplo, entre otros tantos– pasaban por las manos de Sayegh. “Era el hombre del dinero, manejaba toda la logística de la Fuerza Armada”, recuerda bien el militar retirado, sargento mayor de Segunda del Ejército, José Vicente Escobar Millán. 

Ahora también desde Estados Unidos, tras un proceso en el que ha solicitado asilo por amenazas que recibió al salir de las filas del Ejército, Escobar Millán señala que fue trasladado a la 51 Brigada de Selva de Guasipati, estado Bolívar, cuando empezó a buscar alternativas para un jugoso contrato por el que el comando logístico –entonces a cargo de Sayegh– ordenó la confección de los uniformes de gala de la Fuerza Armada a la empresa china Norinco, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano.

Dos años atrás denunció el caso en su cuenta de Twitter, y hoy lo reitera, al otro lado del teléfono, tras advertir que aquellos uniformes sumaron nada más y nada menos que 15 millones de dólares. “Nadie formuló denuncias”, reconoce. “Pero a mí y a mi superior, el general Alfonso Sayago, que en paz descanse, nos trasladaron cuando empezamos a buscar y preguntar por alternativas más económicas”.

Es un doble rasero, concluye: “Hacen y deshacen y luego pasan su vejez en el exterior”. Pero en cierto modo también pone de manifiesto un doble discurso por parte de Estados Unidos: por un lado sanciona a funcionarios y, al mismo tiempo, recibe a otros como el almirante Aniani Turchio.

El “imperio” responde

“Todas las solicitudes de visa se adjudican caso por caso y no podemos especular si alguien puede o no ser elegible”, responden en el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras una solicitud de información para esta entrega. Al margen de las declaraciones oficiales, funcionarios de Washington, agentes de inteligencia y periodistas norteamericanos coinciden en que aquí confluyen varios tipos de casos: desde los que han negociado su estatus con información privilegiada, hasta los funcionarios que no han cometido delito alguno al margen de su falta de coherencia.

Tobias Roche, un exagente federal especializado en temas de corrupción, cree que las autoridades de Estados Unidos deberían prestarle una especial atención al dinero venezolano que está ingresando al Sur de Florida.

No es nuevo advertir sobre lavado de dinero en el Sur de la Florida; una situación que data desde los años 70 y 80. “Pero ahora el riesgo se presenta entremezclado entre los venezolanos que están llegando; la gran mayoría de los cuales son gente buena y trabajadora, pero entre los que se esconden algunos pocos que provienen del régimen chavista y que se están estableciendo aquí como personas respetables, aun cuando dentro de Venezuela son vistos como malhechores”, señaló. “Hay personas que están debajo del radar que han venido para acá y que de hecho están trabajando para el gobierno de Venezuela”.

En un momento dado, Roche llegó a proponer la adopción de un sistema de monitoreo a la alcaldía de Doral. “Yo era de la opinión de que necesitamos un proceso de monitoreo de individuos y corporaciones, que estaban creciendo, y algunas de las cuales estaban haciendo negocios con el gobierno de Doral, para evitar situaciones embarazosas más adelante y posibles riesgos de investigaciones federales”.

Roche, quien trabajó por 30 años con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fue uno de los primeros en alertar a las autoridades locales sobre las actividades del venezolano Raúl Gorrín en el Sur de Florida, antes de que éste fuese acusado por la fiscalía federal de Miami por su participación en un mega caso de corrupción que involucraba el pago de cientos de millones de dólares en sobornos para tener acceso al fabulosamente rentable régimen cambiario oficial de la época.

Desde la cárcel de Cómbita, en Colombia, Walid Makled acusó al almirante Aniasi Turchio de haberle cobrado más de cinco millones para dejarlo operar en Puerto Cabello. Lo dice en el segundo 0:45 de este video. Crédito: Youtube/AlexEdrei

Gorrín, quien vivía en una mansión de Coral Gables en esa época, se vio obligado a salir del país a sabiendas de que la justicia estadounidense le estaba siguiendo sus pasos, pero para el ex agente federal, en Florida aún habitan personas que estuvieron o aún están estrechamente vinculadas con el chavismo.

Ahora está ingresando dinero nuevo que no descarta venga de fondos de corrupción y narcotráfico. Fue, de hecho, el propio Makled el que prendió los reflectores sobre el almirante Aniasi Turchio. "En el 2005, 2006, él se desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, presidente del puerto. El me firmó a mí una concesión por cinco años, la cual yo tuve que pagar por esa concesión cinco millones y medio de dólares", dijo en 2010, entonces preso en Colombia, en entrevista con Univisión.

De cualquier modo, se trata para el almirante Aniasi Turchio, de un mero juego de palabras que ha sido malinterpretado. Su mudanza, afirma, obedece a la de un padre siguiendo los pasos de sus hijos, quienes ya vivían en Estados Unidos. "Lo que dice él (Makled) es ‘esta firma me costó a mi esta cantidad de dólares’. En ningún momento dice: ‘yo le entregué ese dinero a esta persona’", responde vía telefónica. "Ese es el contexto que ellos han querido sacar, pero yo soy ciudadano acá residente, hice todo mi trámite y creo que difícilmente sería aceptado o haber sido beneficiado con ese trámite si hubiera tenido algo que ver con lo que es la parte del narcotráfico".

Los registros públicos muestran que Aniasi hace vida en Estados Unidos. Su hijo tiene una empresa llamada Robcar LLC y él, a su vez, una casa de 324 metros cuadrados que la empresa de bienes raíces Zillow valora en más de 620.000 dólares, así como otras dos compañías, Solcar Investors LLC y Carsol Investments Corp. 

Más que comerciales, muchas son empresas que sirven como vehículos para mover dinero. La firma Carsol Investments Corp es el instrumento para administrar un almacén comercial cuya infraestructura está tasada en 1,5 millones de dólares en Kissimmee, de acuerdo con el Registro de Propiedades del Condado de Osceola.

“La respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”, decía entonces aquel Aniasi de 2009, cuando se presentaba de blanco, con el uniforme militar que vestía como el nuevo comandante general de la Armada Bolivariana.

* Esta es la primera de una serie de reportajes que publican Armando.info y The Miami Herald bajo el nombre de 'Miami nostro' y con la participación de Gustavo Jiménez, Valentina Lares, Patricia Marcano, Isabel Guerrero, Carlos Crespo, Marcos Valverde, Isayén Herrera y Johanna Osorio.

ADVERTENCIA AL LECTOR: Durante el proceso de reportería de esta nota, los redactores intentaron recoger, entre otros mencionados, la versión del almirante Carlos Aniasi Turchio y del arquitecto Lucas Pou. Solo después de publicada la pieza en Armando.info fue posible dar con ellos para que dieran una respuesta.

Así, en las calles venezolanas circulan algunos brillantes vehículos Tacoma, 4Runner, Mustang y Wranglers, de Toyota, Ford y Jeep, en colores de fantasía y de último modelo junto a aquellos que, abollados y renqueantes, andan a duras penas: estos últimos son los vestigios de los modelos ensamblados en el país que en un pasado aún no tan lejano compraba la clase media.  En efecto, no fue hace tanto tiempo que la industria venezolana exhibió números que hoy parecen la fantasía de algún trasnochado: solo en 2007 salieron de las 7 ensambladoras instaladas en el país 172.000 vehículos nuevos. Ese mismo año, para suplir la demanda interna, se debieron importar otros 317.000. Lo confirman las estadísticas de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez): los concesionarios lograron negociar ese año casi medio millón de carros.

Qué alegría ese 2007, un respiro de alivio tras la producción de los años 2005 y 2006, donde se fabricaron “solo” 139.166 y 157.508 carros respectivamente, en un crecimiento de 13 por ciento que la prensa de la época calificaba de “anodino”, por decir lo menos.

Pero lo del 2007 no confirmó lo que parecía una tendencia de crecimiento sino que marcó el último pico de desarrollo de la industria que hoy, 12 años después, apenas se compara con un desierto. Desde entonces, específicamente a partir de 2008, se intensificó la intervención del Estado venezolano en esta industria lo que -el Estado comenzó a centralizar los planes de importación de partes para ensamblar, entre otras- junto con la restricción casi total de asignación de divisas provocó un colapso total en el sector.

Al primer trimestre de 2019 no se ha fabricado ni un solo vehículo en Venezuela, según confirma la Cámara de Fabricantes de Productos Automotores Venezolanos (Favenpa).Por cierto Favenpa, junto a Cavenez, son los únicos organismos que se mantienen en pie registrando la historia de lo que ha ocurrido con la industria automotriz en Venezuela. No terminan de desaparecer, a pesar de la inactividad de la industria, que ha arrasado al gremio.  Pero apenas se limitan a llevar una cuenta que podría hacerse con los dedos, y que le da dimensión a la debacle de una industria que solía dar empleo a 100.000 venezolanos y hoy apenas sustenta a unos 2.000. Cavenez, por ejemplo, ya ni mantiene su website.

A partir de aquel año dorado la caída en la producción y venta de vehículos en Venezuela se acentuó a un ritmo delirante. La falta de asignación de divisas en pleno control de cambio -vital para la importación de las piezas de ensamblaje-, las trabas para la repatriación de capitales, las deudas nunca pagadas por el gobierno venezolano y el achicamiento de la economía en tiempos de revolución, dieron al traste con la industria.

Al casi medio millón de carros vendidos en 2007 se llegó a 271.622 en 2008, 136.517 en 2009 y así hasta llegar a 23.707 en el año 2014, cuando Nicolás Maduro firmó la orden presidencial que daba luz verde a la importación de carros con divisas propias a quien las tuviera, eliminando requisitos como la denominada licencia de importación, traba impuesta a partir de 2008 para los importadores tradicionales de marcas como Fiat, Honda o Nissan, entre otras.

En vez de reimpulsar la industria interna, con la publicación de la Gaceta Oficial 40.522 publicada el 20 de octubre de 2014 todo aquel venezolano, persona natural o jurídica, con acceso a dólares podía traerse su carro, algo que comenzó a hacer, incluso, el propio gobierno. Fue la sentencia final a muerte para las ensambladoras, pues aunque el decreto buscó flexibilizar las importaciones de particulares y empresas “sin fines de lucro”, terminó convirtiéndose en un negocio a la vista de todos con el auge de concesionarios privados de automóviles que pululan, sobre todo, en la capital venezolana.

Mientras que entre 2017 y 2018, por ejemplo, importadores tradicionales afiliados a Cavenez como Dipromuro, responsable de la marca Honda, Comercial Todeschini, de la marca Fiat, o Vas Venezuela, de Volkswagen, apenas comercializaron 42 unidades importadas, empresas no tradicionales del sector encontraron el negocio a partir de la Gaceta Oficial de 2014.

Carro en dos semanas

La sistematización hecha por Armando.info en un base de datos de 70.498 registros de importaciones que ingresaron por Puerto Cabello entre los años 2014 y 2018 muestra a las claras cómo el venezolano optó por convertirse en un Estado importador, aunque las mercancías provinieran de Estados Unidos, némesis de la revolución, o condenaran a la extinción a la industria nacional.

En el caso de los vehículos, el sur de Florida y, con más precisión, el condado de Miami-Dade, se convirtieron en el gran proveedor de carros, sustituyendo a la amplia red de concesionarios que alguna vez cubrió la geografía nacional, hoy está desmantelada.

En solo tres años del quinquenio cubierto, 2015-2017, a Venezuela ingresaron al menos 1.294 carros solo por Puerto Cabello. Los números lucen exiguos ante la demanda insatisfecha del mercado y la antigua producción local: poco más de 400 unidades al año, prorrateados. Pero las cifras brutas muestran otra cosa; una tendencia al alza. Si bien en 2015 apenas 39 vehículos se importaron por el puerto del estado Carabobo, el salto en 2016 fue exponencial con la entrada de 694 vehículos, asì como de otros 561 en 2017. De dos o tres empresas que aparecían como consignatarias antes de 2013, a partir de ese año y hasta 2017 se registraron al menos 26 empresas de carga que ofrecen ese servicio, solo en Miami. Al menos otras cinco también lo hacen desde Houston, Texas.

Esta data solo muestra lo ingresado por Puerto Cabello, por lo que es previsible que el número sea mucho mayor, dependiendo de lo que habría ingresado también esos años vía marítima o aérea en puertos como La Guaira, Maracaibo o el aeropuerto de Maiquetía.

Algunas de estas empresas de envío han llegado a ser tan exitosas que tienen su propia red de contactos con concesionarios en Estados Unidos y agentes aduanales en Venezuela por lo que ofrecen el servicio completo: compra del vehículo (usted solo encarga el modelo, color), el flete o transporte y la nacionalización en Venezuela ante el Seniat, el organismo tributario de Venezuela, con agentes aduanales socios o con el de la preferencia del cliente. La promesa para los particulares es simple y fácil: con tan solo pagar, usted tendrá su carro en la puerta de su casa en dos semanas, “a lo sumo un mes”, prometen con facilidad.

Algunos servicios consultados en Miami reconocen que 2016 y 2017 fueron especialmente buenos para el negocio. “Había tanto carro haciendo cola para entrar a los contenedores que parecíamos un concesionario”, comenta una de las vendedoras en la zona de Doral. En esos años, los extras para nacionalizar el carro en Venezuela (pagar los impuestos y trámites establecidos por el Seniat) oscilaban entre 3.000 y 5.000 dólares, según el tipo de carro, un costo que las agentes de envío califican como mínimo.

“Hoy, entre gastos de aduana y la inflación estamos hablando de no menos de 10.000 dólares para legalizar la entrada de vehículos a Venezuela y, dependiendo del carro, hasta 18.000. Esto ha bajado la afluencia”, comenta otro representante de envíos en Doral, que reconoce que para que la importación fluya “hay que mojar manos” entre los agentes aduanales e instituciones del Estado involucradas en el proceso de nacionalización, como el SENIAT.

Aunque importar entre 500 y 700 carros cada año a través de un solo puerto parezca un número marginal si se compara con el “dorado” 2007, para la menguada industria automotriz venezolana de los últimos años representa un golpe difícil de encajar pues representa dinero y puestos de trabajo que se escapan de sus manos.

Según Cavenez, en 2016 se ensamblaron 2.848 carros se vendieron 3.008 (la diferencia la representan carros importados por las propias fabricantes, por ejemplo Ford o Mitsubishi, no por particulares), mientras que por Puerto Cabello ese año ingresaron 694 vehículos, lo que monta a 23% del total. En 2017  la proporción se mantiene: de cada centenar de carros vendidos en Venezuela, 23 fueron importados por particulares.

La cartera de clientes es variada. Por ejemplo, la cónsul venezolana en New Orleans, Karina Pacheco Parilli, aparece importando por Puerto Cabello dos Toyota 4Runner y una camioneta Nissan desde Estados Unidos; el restaurant El Carupanero de Oriente compró cuatro Toyota Hilux y las trajo desde Canadá; o la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) trajo 30 vehículos Toyota desde Colombia.

Con la marcha de General Motors de Venezuela tras 60 años de operaciones en el país, las ensambladoras que quedan en funcionamiento son Toyota de Venezuela, FCA Venezuela (que ensamblan Chrysler, Jeep y Dodge), Ford de Venezuela, MMC Automotriz (que ensamblaba Mitsubishi y Hyundai, pero a finales de 2015 pasó a manos del Grupo Yamine, socio del Gobierno en el ensamblaje de Chery, y que desde entonces no produce ninguna marca), IVECO y MACK de Venezuela, fabricantes de buses y transporte de carga. Durante 2018 Toyota fabricó la mayoría de los carros nacionales con 1.170 unidades. Le siguieron Ford Motor (360), FCA (209) y Mack (35). IVECO y MMC no produjeron una sola unidad el año pasado.

El 21 de marzo de este año, sin hacer referencia a índices de producción anteriores o recientes, Nicolás Maduro ordenó el lanzamiento del “motor automotriz” para recuperar la fabricación de vehículos hechos en Venezuela.

Sin embargo, las primeras instrucciones apuntan al establecimiento de un férreo control estatal sobre el sector, pues en la Gaceta Oficial correspondiente se ordena a las ensambladoras públicas y privadas, “fabricantes de autopartes y metalmecánicas conexas”, a declarar al Estado venezolano todas las piezas de autopartes que se fabriquen en el país. También establece un decreto que “centraliza el proceso de procura, recepción y administración de los bienes requeridos para el sector automotriz” tanto por el sector público como privado.

Casi al mismo tiempo, en la Gaceta Oficial del 8 de abril reciente, a la administración chavista se le escurrió la autorización para la importación no solo de vehículos nuevos (como había sido desde 2014, o transportes de carga con no más de 3 años de fabricación), sino que también un particular pueda traer al país un carro usado “de cualquier marca y modelo”.
La evidente contradicción fue corregida de manera ambigua por algún funcionario que retiró esa edición de la circulación. En la página web de la imprenta nacional se pueden consultar las gacetas 6.446 y 6.448. La intermedia, desaparecida, ha dejado entre cientos de potenciales clientes las dudas sobre si se puede enviar carros usados desde Estados Unidos a Venezuela.

Puede que esos méritos no sean exactamente –o exclusivamente– de diseño, a pesar de lo que su nombre anuncia. El rodillo de fachada con cristales ahumados, con 60 pisos y casi 200 metros de altura, contrasta como un tubo de penumbra al lado de la luminosidad caribeña propia de la costa

Como el primer edificio que lleva la marca Porsche, y siendo Miami probablemente el sitio del planeta con mayor densidad de automóviles Porsche en las calles, los promotores de la obra se han esforzado en convertirla en un sinónimo de boato y exclusividad.

La cantante neoyorquina Alicia Keys actuó en la gala de inauguración de la torre residencial en marzo de 2017. El penthouse que permanece en venta tiene un asking price en el mercado de 32 millones de dólares; el otro ático de casi 800 metros cuadrados de superficie, PH1, fue adquirido ese mismo mes de la apertura del condominio por Terry Taylor, un magnate de los concesionarios de automóviles de la vecina ciudad de Daytona, a cambio de 25 millones de dólares.

Hay jacuzzi en los balcones de cada apartamento. Una inmensa cava refrigerada para vinos está a disposición de los inquilinos en las áreas del restaurante de planta baja, que cuenta con un chef exclusivo. Cuando los visitantes dejan el automóvil al valet parking, pueden servirse sin costo una de las muchas botellas de agua mineral noruega, marca Voss, que guarda una hielera de dimensiones colosales. Pero la prestación más distintiva del edificio, la que le ha ganado espacio en muchos medios de comunicación y credenciales casi de parque de atracción, es la de su ascensor para carros. Mediante una instalación refinada de estacionamiento mecánico –cuya sola prueba en Alemania costó 40 millones de dólares– los inquilinos puedan subir directo con sus lujosos automóviles a la sala de estar de sus apartamentos sin haber visto a ningún vecino u otro ser humano en el trayecto.

Al fin y al cabo, es un edificio hecho por locos por los carros -y por la privacidad- para locos por los carros, con el aval de una marca de carros.

Pero este edificio construido expresamente con la finalidad de dejar boquiabierto a quien lo habite, ha ganado una nueva e indeseada visibilidad en las últimas semanas.

Atención indeseable

En mayo reciente, sus promotores aparecieron conectados a un esquema de evasión de impuestos y pagos irregulares puesto al descubierto por la policía brasileña La Operación Conexión Miami permitió a las autoridades de Brasil detectar la estructura offshore por la que un grupo de inversionistas del estado de Santa Catarina pagó por la licencia Porsche para apellidar con ella un proyecto residencial de lujo.

Y luego el condominio volvió a ser mencionado en un documento de criminal complaint que se presentó el 23 de julio ante el Tribunal Federal Penal del Distrito Sur de Florida. Luego de más de dos años de pesquisas, los agentes de la Homeland Security Investigations Office (HSI) completaban la Operación Money Flight, por la que desbarataron una red de lavado de dinero extraído de manera irregular de las arcas de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, y puesto a circular en parte a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

El mecanismo que los detectives pusieron en evidencia comprendía un acuerdo de connivencia entre ejecutivos de Pdvsa y financistas venezolanos, por el que estos ofrecían préstamos en bolívares a Pdvsa que la petrolera reembolsaba en tiempo perentorio y en montos de divisas, dólares o euros, cotizadas al cambio oficial; el diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las que se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario. Según la investigación, hasta 1.200 millones de dólares se legitimaron por esa vía.

En medio de esa trama aparece el apartamento 2205 de la Torre Porsche Design, hoy objeto de confiscación junto a otras 16 propiedades de lujo en el Sur de Florida.

De acuerdo a la declaración escrita del agente especial George F. Fernández a nombre de la HSI, en mayo de 2016 Carmelo Urdaneta Aquí, a quien el testimonio identifica como asesor jurídico del ministro de Energía y Minas de Venezuela, estaba negociando la compra de esa unidad residencial. Para cerrar el negocio, apuraba al gestor José Vicente Chente Amparan Croquer, otro venezolano que, haciéndose pasar por un inversionista en bienes raíces y a través de contratos para la compra ficticia de papeles financieros, puso a funcionar la estructura que permitió lavar los fondos. Amparan conseguiría la plata para completar la compra. Pero en el interín, Urdaneta accedió a ceder el apartamento a Amparan Croquer como parte del pago por sus servicios de gestión financiera. Fue así como el apartamento 2205 de la Torre Porsche Design, de casi 300 metros cuadrados y un precio de 5,3 millones de dólares, terminó en poder de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, cuya directora es Carolina Croquer de González, pariente de Amparan.

Bling ring

El episodio puso de relieve que la Torre Porsche Design, con sus excesos, no es lugar para inquilinos normales. De hecho, es para gente rica, muy rica, amante del lujo más elocuente, pero que a la vez exige la discreción necesaria para disfrutarlo.

Los propios promotores del complejo residencial tienen un perfil controvertido. Padre e hijo, Michael y Gil Dezer –Dezertov es el apellido original que el patriarca trajo de Israel, donde nació– lideran 18555 Developers Inc, la empresa de ventas de la torre. La prensa de Florida los llama superdevelopers. El ascensor de carros de la Torre Porsche se le ha dado en llamar el Dezervator. Sus emprendimientos nunca son modestos. Por años, Michael Dezer fue socio del hoy presidente, Donald Trump. Gil ha reconocido que Trump es el modelo sobre el cual ha construido su propio estilo de negocios. Muy cerca de la Torre Porsche Design, en Sunny Isles –esa sección de la costa atlántica entre Miami Beach y la ciudad de Aventura predilecta de la comunidad judía y los oligarcas rusos, donde muchas marquesinas de los comercios están en cirílico–, ambos habían desarrollado el proyecto de la Trump Tower III, otro condominio de lujo. Con todo, los Dezer no se fían de Trump. Según comprobó el reportero Jerry Ianelli del Miami New Times Michael Dezer aseguró durante una declaración ante los investigadores de un caso de corrupción en 2016, que había aprendido a nunca hablar de “cosas personales” con Trump, pues siempre temía que le pidiera dinero.

Durante una entrevista reciente con Pablo de Llano, corresponsal en Miami del diario El País de Madrid, Gil Dezer trató de perfilar, sin filtrar muchos datos, quiénes eran los residentes de su exclusivo proyecto: “Grandes ejecutivos, famosos, algún cantante que escuchas todo el rato en la radio. Hay un tipo que es presidente de una bebida que tomas a menudo, un magnate del videopóker o un individuo que tenía una fábrica de Nike en Argentina, la vendió a la compañía y se retiró”, en aparente referencia, esto último, a Juan Pablo Verdiquio, propietario del apartamento 1205 y quien en Argentina manejaba la fábrica de calzados deportivos Extreme Gear. Otro magnate, el mexicano Carlos Peralta Quintero, fundador del grupo Iusa, tiene una residencia en el complejo.

En la enumeración, propia de un volante de ventas, hay ausencias notables. En cualquier caso, se comprende por qué Dezer incurrió en ellas. Entre los propietarios también están Andrea Romanello, la hija de un presunto capo de la mafia de Nueva York; el fundador en Brasil de la telegénica Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, El Obispo; Germán Rosete, el misterioso novio mexicano de una exMiss Universo puertorriqueña; o René Gioia, un abogado brasileño señalado en 1997 como parte de un caso de lavado de dinero.

La mayoría de las unidades son propiedad de personas jurídicas, muchas de ellas amparadas bajo el título de Limited Liability Companies (LLC), una categoría que los extranjeros suelen preferir para incorporar sus empresas con accionistas no contribuyentes al fisco estadounidense. Ciertamente, frente a la fracción mayoritaria de inversionistas extranjeros, los propietarios estadounidenses en la Torre Porsche Design quedan en franca minoría.

De los 132 apartamentos listados en el registro en línea del Tasador de Propiedades de Miami-Dade, al menos doce son reconocibles como propiedad de clientes venezolanos (al menos, porque varias unidades son controladas por estructuras offshore que remiten a jurisdicciones como Saint Kitts-Nevis, Chipre, Islas Vírgenes Británicas o Delaware, cuyos beneficiarios no pudieron ser identificados para esta entrega).

Es la segunda nacionalidad con mayor presencia entre los propietarios de este condominio de lujo extremo, sólo después de los brasileños (19) y a la par de los rusos (12). El hallazgo da para la sorpresa, habida cuenta de la aguda crisis socioeconómica que atraviesa el país, que avienta todos los días a cientos o miles de refugiados al exterior.

Con la nueva exposición que el caso Money Flight brindó a este edificio de fábula, la pregunta sobre qué otros venezolanos poseen allí apartamentos cobró actualidad. La infografía anexa da respuesta a ella.

(Aclaratoria: Tener una propiedad en la Torre Porsche Design de Miami es un acto legítimo y de ninguna manera presume la comisión de alguna irregularidad por el propietario).

(Nota: el presente reportaje y la infografía que lo acompaña fueron elaborados a partir de informaciones públicas disponibles en la Oficina del Tasador de Propiedades de la Alcaldía de Miami-Dade, en la División de Corporaciones del Estado de Florida, y en medios de comunicación en línea).

Los afectados aseguran que el 70 por ciento de la cartilla de la música venezolana está en manos de impostores. Es decir, unos 1.500 álbumes están a disposición de Mundo Digital USA. Si cada uno contiene 10 canciones se llega a la cifra de 15.000 piezas. Si cada una de ellas, que cuesta casi un dólar, se descarga diez veces, serían unos 150.000 dólares mensuales que están en manos distintas a las de sus verdaderos propietarios. La cifra es una vuelta de tuerca en el eterno conflicto entre las casas productoras y los artistas. Los compositores y cantantes están todavía más desprotegidos porque no están recibiendo nada por sus creaciones. ¿Y cómo fue posible que los catálogos cambiaran de manos sin que sus dueños originales se enteraran?

En estas líneas yace una posible explicación:    

Track 1: Sonográfica

Es quizás la historia más aciaga. El ala musical del Grupo 1BC, dueña de la desaparecida televisora Radio Caracas Televisión y de la radio 92.9 FM, cerradas ambas por el régimen chavista, tardó muchos años en entender que el formato digital era el futuro del negocio. Los discos compactos y los viniles se venden cada mes menos porque la música, pirateada o no, está al alcance de un clic en iTunes, Spotify, Amazon, Deezer o Pandora.

Sonográfica empleó un año recuperando todo su catálogo y las carátulas de aquellos discos. En algunos casos rediseñaron las portadas. También contrataron personas y empresas extranjeras que digitalizaron sus productos y los cargaron a una plataforma especial. En todo ese tiempo conversaron con The Ochard, una de las principales distribuidoras o agregadores de música y contenido digital en el mundo. El 29 de abril de 2016 todo el catálogo de Sonográfica, unos 4.400 títulos y más de 100 artistas, estuvo disponible por primera vez vía online, en cualquier lugar del mundo donde internet permitiera darle play a una canción y comprarla por 0.99 dólares, o adquirir el álbum completo por $10.

No era cualquier cosa. Eran todos los títulos de sus archivos, desde el catálogo heredado de la empresa Polydor de Venezuela (creada en los años 60 del siglo pasado) -con el cual nació Sonográfica en 1982- más todo lo producido a partir de la década de 1980, cuando un decreto del entonces presidente Luis Herrera Campins, conocido como “uno por uno”, exigiera a las radios difundir un tema de un artista nacional por cada artista internacional que sonara en sus programas.

El impulso a la industria discográfica nacional y a los artistas venezolanos no tuvo precedentes. Sonográfica se convirtió en el principal rival de Sonorodven, también nacida en los 80 y que pertenecía al Grupo Cisneros, dueños del canal Venevisión. La exigencia del “uno por uno” vio surgir a talentos como Ricardo Montaner, Karina, Melissa, Yordano, Ilan Chester, Franco De Vita, Rudy La Scala, Colina, Guillermo Dávila y otros tantos que se integraron a la escena musical donde ya sonaban voces importantes.

Poco duró la alegría de estar en las principales tiendas en línea. Doce días después de aquel 29 de abril de 2016, Sonográfica comenzó a ver su catálogo duplicado en todas tiendas online. No solo eran títulos repetidos (unos identificados con el copyright de Sonográfica y otros con el copyright de la empresa Mundo Digital USA), sino nombres de álbumes copiados sobre carátulas distintas, compilaciones jamás hechas por este sello disquero y supuestos discos nuevos que mezclaban temas de disqueras rivales.

Pasó, por ejemplo, con la placa “La Generación Halley”, la banda sonora de la película homónima dirigida por Thaelman Urguelles, éxito de Sonorodven en los 80 que fue versionado por Mundo Digital USA bajo el nombre de “La Degeneración Halley”, mezclando canciones de Sonorodven con Sonográfica. Todo un despropósito que desconoce las disputas que mantenían entonces las empresas. “Nosotros nunca pudimos llegar al acuerdo de sacar un disco juntos, y esta gente lo ha hecho”, subraya Luisa Elena Flores, encargada del manejo digital del catálogo de Sonográfica.

También colocaron en las tiendas digitales los primeros dos discos cantados en inglés por Rudy La Scala cuando llegó a Venezuela. Solo el artista sabía que existían porque nunca llegó a ser parte del catálogo de Polydor adquirido por Sonográfica, e hicieron lo propio con dos discos del personaje Kiko Botones, un personaje encarnado por el mexicano Carlos Villagrán, del elenco de El chavo del 8, cuando el artista grabó una serie en Radio Caracas Televisión.

El hallazgo de los títulos copiados hace pensar al equipo de Sonográfica que detrás de Mundo Digital USA hay un coleccionista y conocedor de la industria disquera venezolana, pues tienen títulos tan desconocidos como valiosos, incluyendo placas que daban por perdidas porque en el proceso de digitalización del contenido jamás encontraron la cinta máster de la grabación. “Esa persona como que estaba esperando que Sonográfica saliera para él salir, para que fuese como la cortina que tapara al resto de los catálogos. No es el mío nada más, son muchos. Prácticamente el 70% del catálogo venezolano lo han montado ellos”, detalla la representante de Sonográfica.

Al conocer el reclamo The Orchard conectó a Sonográfica con la distribuidora que les hizo llegar el catálogo que se atribuye Mundo Digital. A partir de allí comenzaron los envíos de correos y llamadas que no llegaron a nada. Ni siquiera el valor del copyright ha sido considerado 16 meses después.

Algunos cantantes y compositores comenzaron a darse cuenta casi por azar. Entre ellos está Rudy La Scala, quien no ha cambiado de disquera a pesar de vivir en Los Ángeles y hoy figura como el artista que más ganancias le genera a Sonográfica.  Pero otros no están al tanto. Son más de 100 artistas y contratos que datan desde la época de Polydor, por lo que fácilmente hay más de uno que lo ignora. En este otro grupo se halla Oscar de Jesús Colina, el irreverente cantante de los 80 que marcó pauta en la estética musical y del video clip, y que abrazó el éxito en esa década para luego tocar fondo.

-Me estoy enterando contigo, por esta llamada -responde al otro lado del teléfono. Yo sé que Amazon vende varias de mis canciones, pensé que Sonográfica lo estaba haciendo. No sabía nada de esto. La verdad tampoco he recibido nada de Amazon.

Track 2: Simón Díaz

No es difícil dar con el nombre de Mundo Digital USA. En Amazon y demás tiendas en línea, cada álbum incluye los datos de la empresa que editó el producto, incluyendo un detalle importante: el copyright. El copyright indica el año de la primera publicación y el nombre del productor o dueño de esa grabación. Mientras los títulos originales de Sonográfica son publicados con el copyright “Distribuidora Sonográfica”, y el año en el que efectivamente circuló por primera vez ese disco (entre los 80 y 90), los títulos copiados por Mundo Digital tienen por copyright los años 2016 o 2017.

Habría que ser venezolano para detectar esa anomalía en los años de grabación de un disco que resultó ser un éxito en los 80 o ser un curioso que revisa hasta los créditos de la placa. A casi nadie interesa qué significa la C de copyrignt y si el disco que está escuchando es una copia ilegal.

En una búsqueda de rutina en Spotify y iTunes, a mediados de 2016, Bettsimar Díaz, heredera del patrimonio musical de Simón Díaz, encontró varios discos propiedad de la familia con esos detalles. El sello discográfico de Simón Díaz solía ser El Palacio de la Música, pero entre 1994 y 2008 el recordado Tío Simón comenzó a grabar y producir sin disquera de por medio. Bettsimar consiguió en una de esas plataformas una de las grabaciones independientes.

Para que llegaran allí solo había dos opciones: que la propia Bettsimar, como representante legal, lo hiciera a través de una negociación con una empresa agregadora o distribuidora como The Orchard, posibilidad que ella niega porque no ha ocurrido, o que lo copiaran. No duda de la última opción porque sabe que algunos de estos álbumes producidos sin el respaldo de las grandes disqueras han sido montados en YouTube por espontáneos. De allí toman el audio para montar luego las canciones o los discos completos. Así pudo haber llegado a iTunes la producción “Mano a mano con los niños”, del catálogo 1994-2008, con Copyright 2017 de Mundo Digital USA. El nombre se repite.

Los títulos que son propiedad de El Palacio de la Música también han sido copiados. El primer álbum de Simón Díaz con esta disquera, grabado entre 1963 y1964, es vendido como propiedad de Mundo Digital USA y al mismo tiempo con el sello de su disquera inicial; legal y pirata en las mismas plataformas.

El Palacio de la Música fue el sello discográfico que distribuyó a Fania All Star por toda Latinoamérica. Ya no; ese catálogo se vendió, y la empresa ha permanecido como la principal representante del folklore venezolano y otros géneros, con Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Hugo Blanco y Cheo Feliciano como los líderes en ventas de su catálogo.

Todos sus títulos fueron negociados con The Orchard en 2009 y desde entonces pueden ser adquiridos en las principales tiendas online. Ernesto Aue, presidente de El Palacio de la Música, recuerda que en ese entonces debieron enviarle a la trasnacional todos los documentos que comprobaban la propiedad de la compañía sobre todas las grabaciones que negociaron. Aunque en ese momento todo su catálogo viajó en físico, sin riesgo de alguna filtración digital, igual no se ha salvado de las copias de sus títulos. “No quiero saber cuántos están plagiando. No quiero ni imaginarme cuánto hemos dejado de percibir porque si no, no duermo más”, dice. “La tecnología acabó con el negocio nuestro”, agrega, con evidente nostalgia.

El reclamo de Bettsimar Díaz tuvo dos respuestas: Spotify dejó de vender el material cuestionado, pero iTunes no. Esta última empresa tiene por política acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo. Si se comprueba que el título denunciado es una copia ilegal lo sacan de su listado. Quizás porque están al tanto de esta situación, los representantes de Mundo Digital USA dejaron de responderle a Bettsimar y la remitieron a un abogado. Mientras la diferencia no se solucione, iTunes sigue ofreciendo los títulos cuestionados sin importar que estén duplicados.

A Palacio de la Música no le fue distinto. Desde que detectaron las primeras ventas irregulares hace más de tres años intentaron localizar a las personas detrás de esas compañías, pero fue inútil. The Orchard tampoco les ha facilitado la búsqueda, ni ha desincorporado de su oferta los supuestos títulos robados. Para Aue, esta trasnacional le huye al conflicto legal.

Track 3: Velvet

Con el fallecimiento de José Pagé, dueño de la disquera Velvet de Venezuela, en abril de 2016, sus hijos heredaron el negocio. Cuando comenzaron a ver el estatus en el que se hallaba la empresa familiar se dieron cuenta de que su catálogo -sustancioso por todo lo logrado desde la década de los 60 con artistas y agrupaciones como la Billo’s Caracas Boys, Los Melódicos, Los Impala, Felipe Pirela, Lila Morillo, Mirla Castellanos, Henry Stephen y Estelita del Llano, entre muchos otros- estaba siendo explotado por alguien más.

Las indagaciones los llevaron a Mundo Digital USA. La empresa es ya un gran lugar común. Pero además las pistas los conducen a otra empresa llamada Sono Ediciones de Venezuela, dependiente de la primera o aliada. Los herederos lograron ubicar a Álvaro Veli, director del sello y quien dice vivir en Madrid. Veli les aseguró que en la década de los 90 compró absolutamente todos los catálogos de las disqueras venezolanas Velvet, Sonográfica, Sonorodven y TH (Top Hits), es decir, todas las producciones de la época más exitosa de la música en Venezuela.

Frente a esa información, los representantes de Velvet le pidieron a Veli mostrar los documentos que comprobaran que habían adquirido los catálogos de Velvet, y así poder aceptar las condiciones de esa negociación. La respuesta del empresario cortó cualquier arreglo amistoso posible: “ese negocio lo hice yo con su papá, no con usted”. Las conversaciones, entonces, terminaron.

“¿Si dices haber comprado todos esos catálogos en los 90, por qué esperaste hasta 2016 para montarlos?”, comenta uno de los representantes de Velvet de Venezuela, quien prefiere quedar en el anonimato ante la intriga de desconocer el poder que tiene la persona que está detrás de esas compañías. A pesar de la negativa de Veli, los herederos de la disquera siguieron solicitando información sin importar la ausencia de respuestas, y buscando documentos que comprobaran la existencia de esa negociación jamás mencionada por su padre. Luego de casi ocho meses de investigación no consiguieron ninguna documentación en los registros venezolanos y estadounidenses, ni en las oficinas de Velvet ubicadas en Caracas.

“Esta es una compañía que se ha dedicado a piratear todos los catálogos de origen venezolano. Hay algunas otras grabaciones de otros países, pero básicamente casi todos sus productos son de Venezuela”, comenta el representante de la disquera. Tan solo en la plataforma CD Universe, Mundo Digital USA tiene 1.270 álbumes a la venta.

Track 4: bajo sospecha

The Ochard, la gran casa distribuidora de música digital, fue fundada en 1997, adquirida por Sony Music en 2015 y tiene presencia en más de 10 países. Sin embargo, entre los productos muestra los catálogos duplicados: los que han llegado directamente de Sonográfica, Velvet de Venezuela y El Palacio de la Música, y los que ha concentrado Mundo Digital USA. Esto sería el equivalente a que una discotienda tradicional exhibiera en sus estanterías el compacto original del sello disquero y la versión pirata.

The Ochard no respondió a los reiterados intentos hechos a su sucursal en Argentina y a sus cuarteles generales en Nueva York desde el pasado mes de agosto para obtener comentarios sobre esa paradoja. Sólo las plataformas que tienen a la venta los títulos venezolanos han dado respuesta a los reclamos de las disqueras. La empresa que les hizo llegar esos catálogos bajo el sello Mundo Digital se llama “Mojito/Pimienta Digital Content Management Corp”, registrada en Miami en julio de 2012.

Frente a ella se encuentran Juan Estévez y Mel Carmona, cubanos residenciados en Miami, vinculados al mundo discográfico desde hace más de una década. Al menos Carmona llegó a conocer la industria venezolana entre los 70 y 80, cuando trabajó para Velvet de Venezuela.

Antes de Mojito/Pimienta Carmona estuvo asociado a otros sellos discográficos, incluida Pimienta Records (también con Estévez), y Max Music. Como presidente de esa disquera, Carmona enfrentó una demanda en Nueva York por una presunta violación de la ley de derechos de autor de EE. UU al usar unas producciones sobre las cuales ya no tenía licencia para su explotación. Es una acusación similar a lo que está ocurriendo con Mundo Digital USA, que autorizó a Mojito/Pimienta la distribución de unos productos de los que dice ser dueño sin presentarle a los agraviados los documentos. Pero ni Juan Estévez ni Mel Carmona quisieron dar su versión para este reportaje. El 17 de agosto Carmona reenvió la solicitud de entrevista de Armando.Info a su abogado Albert Xiques, con el comentario; “Just got this email... next step?”.

Xiques ofreció una entrevista a través de una llamada en conferencia para el 24 de agosto, pero llegado el día no hubo respuesta, como tampoco lo hizo a otras cinco comunicaciones enviadas antes de esta publicación.

Si bien The Orchard podría ser responsable al ofrecer a las tiendas digitales los títulos cuestionados, los representantes de las disqueras y algunos artistas afectados consideran que la trasnacional está viendo a Mundo Digital, Sonográfica, Velvet de Venezuela y El Palacio de La Música como igual de culpables o sospechosas. Cualquiera pudiera estar mintiendo sobre la propiedad de los catálogos. Otros consideran que las disqueras venezolanas son un grano de arena en la playa y por eso The Orchard no se ha volteado a ver qué pasa, pero lo que sí le cuestionan es que no tome en cuenta el valor que tienen los derechos de autor de cada producción, el cual debería bastar para confirmar sospechas.  

Aun así, con todas las diferencias, The Orchard mantiene relación con las disqueras que la escogieron como su distribuidora en Internet, vendiendo legalmente sus catálogos y enviando trimestralmente los reportes de las ventas con el respectivo depósito de dinero, para que cada compañía cumpla con las regalías convenidas con sus artistas.

Track 5: Sin rostros

Mundo Digital USA está recibiendo dividendos al menos desde mayo de 2016, fecha en la que Sonográfica advierte la irregularidad. Pero la empresa nació cinco meses después, el 26 de octubre, cuando fue registrada en Miami.

Argenis Salazar, Carlos Eduardo Molina González y Gabriela Salazar son los nombres del presidente, vicepresidente y administrador de la compañía, que tiene por objeto la distribución en todo el mundo de los catálogos originales de música de Velvet, TH, TH Rodven, Sonográfica, Distribuidora Sonográfica, Love Records, Sono Ediciones de Venezuela, TH Top Hits Venezuela y TH Velvet. Es decir, todos los sellos que llegaron a existir en Venezuela y que sirvieron de base para el nacimiento de otras, como el caso de Love Records y TH o Top Hits.

Un mes antes, el 21 de septiembre de 2016, estas mismas personas ya habían registrado en la misma división de Florida la empresa “Sonografica Music & Distribuidora Sonográfica Digital, LLC”, homónima de la Sonográfica original con sede en Caracas y existente desde 1982.

La fecha de registro de ambas coincide con los meses en los que Sonográfica contactó a Mundo Digital para reclamarle por los catálogos copiados.

En esa misma línea, el 22 de diciembre de 2016, registraron Velvet de Venezuela, S.A, Corporation LLC. En su directiva, además de Argenis Salazar y Gabriela Salazar, está Álvaro Veli. También copiaron el nombre del sello venezolano que aún se mantiene activo en Caracas.

Velvet y Sonográfica pudieron ser constituidas en Miami porque las compañías originales venezolanas, registradas en esa misma ciudad en los 80, no se mantuvieron al día y quedaron inactivas. Ahora estas acciones suponen una pelea por comprobar cuál es la disquera verdadera y cuál es la verdadera propietaria de los catálogos.

Sólo Argenis Salazar ha respondido a los reclamos de los representantes de las disqueras, y a varios cantantes, a través de correos electrónicos. Salazar les ha reiterado que posee los contratos que demuestran la propiedad de los títulos cuestionados, pero que no puede mostrarlos porque son confidenciales. Cuando los afectados insisten promete que su hija Gabriela, abogado, les mostrará la documentación. Todavía no ha ocurrido la primera reunión.

Es una respuesta que han recibido Bettsimar Díaz, los representantes legales de Velvet y Sonográfica, y hasta los autores y compositores que, sin saber la dimensión de esta ilegalidad, están reclamando sus derechos de autor.

Es el caso de Pedro Castillo, el recordado vocalista y compositor de Aditus. En mayo de 2016, unos amigos le comentaron con emoción que habían escuchado en Spotify una compilación de temas de Aditus. El disco nuevo estaba muy bueno, decían. Extrañado, Castillo les pidió ver de qué se trataba y se encontró con un disco inventado, con una carátula inexistente entre los álbumes de Aditus, y hasta nombres de canciones con errores ortográficos. La placa había sido editada por Mundo Digital USA.

Al cantautor Guillermo Carrasco le ha ocurrido algo tragicómico. Unos amigos se bajaron de iTunes un disco incompleto y con canciones distintas a las indicadas. Una vez más, la copia era de Mundo Digital.

En los correos que intercambia con los artistas o sus representantes Argenis Salazar suele colocar el pie de página de la empresa Sono Ediciones de Venezuela. Se trata de una sociedad supuestamente inscrita en Madrid, España, que comparte con Álvaro Veli. A Luisa Flores, gerente general de Sonográfica, no le parece una casualidad la selección del nombre porque están tratando de emular el de “Sono Editora”, la dependencia de Sonográfica que maneja los derechos de autor. “Se equivocaron, se lo copiaron mal”, afirma.

De Sono Ediciones de Venezuela no existe documentación. Nadie atiende el número local de la oficina en Madrid y la sede se ubica en una zona de edificios residenciales, Plaza Los Mostrenses. Tampoco aparece en los registros comerciales de España.

Y de su representante legal, Gabriela Salazar, han enviado datos de la oficina en Venezuela que, al igual que toda la trama, resultan imposibles de comprobar. La supuesta dirección está en la avenida Neverí, código postal 1250 en Caracas, pero ese código no existe en Venezuela. La avenida mencionada se ubica en Colinas de Bello Monte, cuyo código postal es 1050. La vivienda indicada tampoco existe, el número de teléfono suena desactivado y el Registro de Información Fiscal de la empresa tampoco está registrado (J-04042536-9).    

Ni Véliz ni Salazar, padre e hija, respondieron a las solicitudes de entrevistas enviadas desde agosto. Sus identidades parecen estar solo en los bits del “mundo digital” donde operan.

En el caso del tercer socio de Mundo Digital USA, Carlos Eduardo Molina González o Eddie González (se presenta de ambas maneras), su nombre no le es ajeno a la industria discográfica venezolana. Así se llamaba uno de integrantes de Los Fantasmas del Caribe, la agrupación de música caribeña que sonó con fuerza en los 90.

Molina se ha dedicado a la producción musical y audiovisual y ha registrado al menos cuatro compañías con el nombre de la agrupación. En 2016 enfrentó una demanda como representante de la empresa de entretenimiento Just in Time, por incumplimiento de contrato, fraude y difamación. Algunos dudan de que se trate de la misma persona, otros ni lo confirman ni lo descartan.

Bonus track: Lo que les quedaba

Lo que ha estado ocurriendo con estos catálogos de música, dice José Rafael Fariñas, abogado especialista en propiedad intelectual y director general de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven), es una violación a los derechos económicos o patrimoniales derivados del derecho de autor, que también pudiera incluir la vulneración de los derechos morales por afectarse la integridad de la obra.

La clave, según el especialista, sería determinar quién tiene los derechos sobre los contenidos que se están ofreciendo, los cuales suelen generarse por tres vías: un contrato (por disposición de las partes), disposición de una ley, o por razones mortis-causa (fallece el dueño y quedan los herederos). Si alguna de estas tres condiciones no está presente hay que presumir que son productos ilícitos, agrega, aunque también puede darse el caso de que ese supuesto contrato que una de las partes dice poseer, resulte ser una estafa.

La Cámara Venezolana de Productores Fonográficos está al tanto de lo que ocurre con parte de sus agremiados, e incluso ha escrito a Mundo Digital USA. “No podemos hacer mucho porque, en estos casos, corresponden demandas individuales”, aclara Olga Tovar, directora.

Lo que sí advierten con preocupación es que esta apropiación indebida de los catálogos de música significa un avance inesperado de la piratería. Por lo general los piratas copiaban la música del momento, lo recién estrenado, los éxitos nuevos y de los grandes artistas. Con estos principios nació y ha vivido el mercado ilícito de los discos quemados. “Hasta ahora no se habían metido con los catálogos, los manteníamos bajo resguardo porque de ellos es que vivimos. Por eso que hayan llegado a ellos nos deja sin aliento”, finaliza.     

Al apenas recibir la denuncia del supuesto plagio y conocer, casi en simultáneo, el reporte del doble homicidio, los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC comprendieron que, en realidad, no estaban frente a una investigación por secuestro. Comenzaron a trabajar otras hipótesis y en un mes lograron esclarecer lo que fue un crimen por encargo.

El asesinato de ambos hombres, socios en una empresa de arquitectura, tuvo amplios ecos en la prensa nacional e internacional. Una de las víctimas del secuestro-asesinato, Reinaldo Herrera, era familia de la famosa diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera. Pero, a pesar de que el renombre correspondía a Herrera, desde el primer momento a los investigadores se les hizo claro que el verdadero objetivo del ataque era Fabrizio Mendoza.

Un reporte anónimo que circuló por Twitter el mismo día del crimen ya alertaba a los investigadores sobre su supuesta vinculación con el empresario venezolano radicado en Miami, Salvador Lairet, ex socio y amigo de Mendoza. El mismo rumor también corrió de inmediato entre los conocidos de ambos empresarios.

Cadena de favores

No siempre -de hecho, casi nunca- la primera hipótesis es la más certera. Pero para corroborarla en este caso resultó clave la detención de Franco José Tessarolo Salcedo, de 34 años, quien era uno de los mejores amigos de Mendoza Isea, muy cercano a su familia, y también a la de Reinaldo Herrera. A todos les asistía en la reparación y mantenimiento de vehículos en un establecimiento que tiene en los llamados Altos Mirandinos -una serie de poblados que conforman una ciudad-dormitorio de clase media a las afueras de Caracas, en el estado de Miranda-. Por esa cercanía a nadie le pareció extraño encontrarse a Tessarolo en el funeral de Mendoza, realizado en el Cementerio del Este de La Guairita, y que hasta se le viera flanquear el féretro.

Tessarolo también era amigo de Salvador Lairet, con quien mantenía contacto permanente. Todos pertenecían al mismo círculo de jóvenes empresarios y comerciantes. Pero había un vínculo adicional que hasta entonces a muchos escapaba: Lairet, según versiones policiales, encomendó a Tessarolo el asesinato de Mendoza.

A la postre Franco Tessarolo habría revelado a los investigadores que Lairet lo llamó por teléfono para que se encargara de planificar el asesinato de Mendoza Isea y ofreció pagar 15.000 dólares por el trabajo. Tessarolo se activó de inmediato y se comunicó con su amigo Suhe González Álvarez, de 35 años, un comerciante informal de Los Teques, capital del estado de Miranda, a 30 minutos de Caracas y aún más cercana a los Altos. Puso a su disposición 10.000 dólares para que lo ayudara a buscar a las personas que necesitaba en el cumplimiento de la tarea criminal.

González Álvarez, a su vez, contactó a un hombre de su confianza: Edwin Jesús Montilla, de 34 años, y le indicó que necesitaba completar el grupo de la misión. Montilla contrató a dos hombres más que se encargarían de ejecutar el crimen: un delincuente que estuvo detenido por secuestro en 2015 y otro presuntamente evadido de una prisión. Los cinco hombres se tomaron un mes para planificar el asesinato.

El 11 de mayo, cuando consideraron que habían estudiado con precisión los movimientos de Mendoza Isea, pasaron a la acción. Les fue sencillo ubicarlo. Tessarolo suministró la información sobre en qué lugar encontrarlo. Poco después del mediodía los dos sicarios, junto a Edwin Jesús Montilla, interceptaron a Mendoza en el estacionamiento del Centro de Servicios Plaza La Boyera, en el municipio El Hatillo.

Mendoza, que era el objetivo, fue sometido. Pero el grupo de tareas debió improvisar. El blanco venía acompañado de Reinaldo Herrera. Sorprendidos, los delincuentes decidieron llevárselo también para no dejar testigos. Los obligaron a subir a la camioneta Hilux de Mendoza, en la que emprendieron la huída.

Uno de los delincuentes tomó el lugar del conductor, mientras el otro amenazaba a las víctimas con un arma de fuego. Detrás del vehículo se desplazaba Montilla en una motocicleta. Su tarea era casi la de un supervisor: asegurarse de que los dos sicarios cumplieran con el trabajo que les habían encargado.

Cuando bajaban de La Boyera hacia La Trinidad, ya en el municipio Baruta, con rumbo al centro y oeste de la ciudad, los delincuentes que conducían la camioneta decidieron desviarse a la vivienda de Mendoza en el conjunto residencial Escampadero, en La Tahona, una urbanización de edificios de clase media. De haber sido solo una acción distractiva, habrían tenido éxito: esa escala fue lo que hizo suponer a las familias de las víctimas que se trataba de un secuestro. Pero lo cierto es que buscaban levantar más dinero para completar sus honorarios, pues González Álvarez, el contratista del encargo, terminó repartiendo entre ellos apenas 7.000 de los 10.000 dólares prometidos, y Tessarolo se había quedado ya con 5.000 de los 15.000 dólares ofrecidos al inicio del encargo.

Al entrar al lugar superaron dos retenes de seguridad pero fueron registrados por las cámaras de la urbanización. Los rostros de Edwin Jesús Montilla y los verdugos quedaron grabados. A uno de los vigilantes le pareció sospechosa la presencia de un motorizado detrás del vehículo. Sabía que Mendoza no tenía escoltas. Se acercó al estacionamiento para verificar con el propio Mendoza que todo estuviera bien. “Él le dijo al vigilante que esas personas estaban con él y que no había problema. Luego llamó a la muchacha que limpiaba en su apartamento para que le bajara unos relojes muy costosos, algunos dólares y unos 200 euros que estaban junto a su pasaporte”, contaron testigos. El botín triplicaba en valor el monto que recibieron los tres hombres por asesinar a Mendoza y Herrera.

Al salir del lugar se dirigieron, ahora sí, directo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente al sector El Topo, zona donde en los últimos meses han sido localizados al menos tres cadáveres de víctimas de venganzas y supuestos secuestros. Allí los sicarios mataron a los dos empresarios, cuyos cuerpos dejaron dentro del vehículo de Mendoza, y huyeron.

El 20 de junio, el comisario Einar Giuliani, director de seguridad de la alcaldía de El Hatillo, informó que Edwin Jesús Montilla, Suhe González Álvarez y Franco José Tessarolo, habían sido detenidos en Los Teques y en El Hatillo los primeros días de junio por funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Confesaron su participación en el asesinato de Mendoza y Herrera y fueron imputados por los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo, sicariato y asociación para delinquir, dice un boletín del Ministerio Público.

Dos de ellos fueron enviados a la cárcel de El Rodeo II -cerca de Guatire, en el estado de Miranda, al este de Caracas-, mientras que Tessarolo permanece en los calabozos de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Aún quedan por capturar a los dos autores materiales del crimen y al presunto autor intelectual, que se encuentra en Estados Unidos, apuntó Giuliani.

El nieto de la cronista de Boconó que se hizo millonario en cinco años

Fabrizio Alberto Mendoza Isea tenía 31 años de edad, era soltero y aunque no se le conocía una pareja formal, eventualmente se le veía en compañía de mujeres hermosas. Se movía con destreza en el mundo de los negocios y viajaba constantemente a Miami, donde había adquirido varias propiedades, importaba vehículos de lujo y se dedicaba a la compra y venta de dólares.

No siempre fue así. Hace apenas cinco años intentaba abrirse un espacio en el mundo laboral y asistió a entrevistas en una importante empresa transnacional de consumo masivo. Que en esa oportunidad lo rechazaran no significó una frustración o un fracaso para Mendoza. Por el contrario: parece que sirvió de puerta de entrada a una nueva dimensión de posibilidades. Casi de inmediato, el joven comenzó a dar muestras de una llamativa prosperidad económica. “Me sorprendió cuando lo vi con carros, apartamentos y viajando a cada rato”, relató una persona que lo conoció antes de sus días de bonanza.

Mendoza provenía de una familia de académicos del estado de Trujillo, en los Andes del suroeste de Venezuela. Su abuela, Lourdes Dubuc de Isea, era la cronista oficial de Boconó, una ciudad famosa en la zona por su actividad cultural, y fue una reconocida docente de la región. Sin embargo, la familia no tenía bienes de fortuna.

En Caracas, Mendoza vivía en un apartamento que había comprado hace menos de dos años en uno de los edificios de la urbanización Escampadero, en La Tahona. Aunque la vivienda estaba a nombre de su madre, María Magdalena Isea, era el lugar que utilizaba el joven para alojarse cuando estaba en Venezuela.

En una oportunidad tuvo un conflicto con sus vecinos. Mendoza no encontró mejor solución para almacenar una flotilla de 12 camionetas Nissan de color blanco que le había llegado del exterior, que las áreas comunes del edificio. Se justificó diciendo que había tenido problemas con el traslado de los vehículos a la institución que se las había encargado y que en breve resolvería el inconveniente.

También ofrecía a sus vecinos conseguirles vehículos de lujo, de último modelo, en menos de una semana. “Yo quería comprar un carro para mi esposa, le pregunté a él y me dijo: ‘¿Dime qué carro quieres? Te consigo el que quieras para mañana’”, relató uno de los residentes de la urbanización, a quien le pareció extraño que alguien ofreciera conseguir carros de un día para otro, en un país donde hasta el acto cotidiano de comprar pan requiere de horas de espera.

Pero estos detalles no afectaron su imagen de hombre tranquilo que apenas se dejaba sentir durante el poco tiempo que pasaba en el lugar. Un día después del asesinato, María Magdalena Isea, madre de Mendoza, acudió al apartamento -que está a su nombre- con un herrero y cambió la cerradura de la puerta.

Mendoza Isea era propietario de varios apartamentos en el condominio Epic Residences, en Miami, ubicado sobre la vía US1 o Biscayne Boulevard. Dos de estas viviendas -valoradas entre 400 mil y 3 millones de dólares- están registradas a nombre de las empresas Aiko 3809, LLC y Aiko 3810, LLC, abiertas por el empresario en Miami.

Además, Fabrizio Mendoza figura como presidente de la empresa Inversiones Hollister S.A., registrada en Panamá en 2007, junto a Erick Eduardo Montaño Suárez, quien aparece como director. La empresa está vigente de acuerdo con el Registro Público de Panamá.

Montaño Suárez también aparece como socio de Salvador Lairet en la empresa Dekomundo Corp, creada en Florida en 2011. Esta organización está inactiva según el registro público de Florida.

En Venezuela, Mendoza era socio de la empresa de arquitectura Akua Proyectos, C.A., propiedad de Reinaldo Herrera, arquitecto de 34 años, casado y con dos hijos, que se dedicaba a la remodelación de lujosos inmuebles.

‘El latin lover venezolano’

Salvador Antonio Lairet Sotillo es un joven empresario venezolano, graduado de economista en la Universidad Metropolitana -una casa de estudios privada, a las afueras de Caracas- y dedicado a múltiples actividades, según lo que reportan algunos blogs, publirreportajes e informaciones que él mismo ha difundido. Es productor de televisión, asesor de inversionistas, asesor inmobiliario e importador, entre otras cosas, pero su principal ocupación –a juzgar por sus publicaciones en redes sociales- es disfrutar de la vida de ricos y famosos. En sentido literal.

Abundan las fotografías de Lairet en las noches de Miami, además de breves reseñas sociales que reproduce en su blog. En esas imágenes festivas aparece junto a famosos como la socialité Paris Hilton, el dj David Guetta, la estrella del baloncesto profesional, Kobe Bryant, el campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, y el rapero Puff Daddy, entre otros.

“Cuando eres multimillonario o eres una super celebridad o eres el mejor Dj de electrónica del mundo y estás en Miami, no solo necesitas un buen anfitrión, necesitas al mejor, y si este es amigo tuyo mejor aún. Porque para saber lo que un famoso quiere se debe estar al mismo nivel y saber de sus gustos y ser tan excéntrico como ellos y Salvador Lairet sabe de eso, no por nada es uno de los latinos más cotizado de las noches de Miami, si llegas a tener la oportunidad de entrar a un club como Mynt… si tienes suerte podrías ver a Salvador Lairet compartiendo mesa con David Guetta o Quintino, o tal vez con Kobe Bryant o Floyd Mayweather, o tal vez si escuchas a Dj Irie con el cual mantiene una estrecha amistad, la verdad que siempre lo verás acompañado de alguna celebridad, y es que Salvador Lairet no solo es un amigo, también es una celebridad, no por nada es considerado uno de los solteros latinos más codiciado de Miami”, dice un post publicado en su propio blog el 22 de enero de 2015.

Por su desempeño en este ámbito, es conocido en el sur de Florida como “el latin lover venezolano”, “el latin Host de Miami” y “el rey de la noche”, o al menos así lo aseguran las publicaciones de su sitio personal. En 2015 incursionó en el mundo de los bienes raíces y también se dedica a la producción de televisión.

“El empresario venezolano Salvador Lairet lleva cinco años desempeñándose como productor de televisión en los Estados Unidos y actualmente asume el reto de ser el productor ejecutivo del famoso programa Latin Angels. La serie de TV permite disfrutar de los más impresionantes paisajes y a su vez recrear la vista con sus hermosas presentadoras y ahora le dará la vuelta al mundo”, explica una nota publicada en su blog.

A nombre de Lairet aparecen registradas siete empresas en el estado de Florida, la mayoría creadas entre 2014 y 2016: Kramer Accessories CA, INC; Xtreme Mats, LLC; Coaster Boat, LLC; Kreamer América, INC; Kramer Accessories Corporation (inactiva), Dekomundo Corp (inactiva) y Venture Projects Holdings LLC. Además tendría varias propiedades inmobiliarias, algunas a nombre de su madre y un yate Sunseeker Predator 80 comprado en Antigua y Barbuda, según se verifica en Import Genius, web que registra las importaciones desde y hacia Estados Unidos.

Negocio entre amigos no es un juego de niños

Unos días antes de ser asesinado, Mendoza Isea había estado en Miami, donde se reunió con algunos amigos con los que solía salir a divertirse en locales nocturnos. Pero en esa visita a Miami, que sería la última, el empresario evitó las salidas nocturnas. ¿Su razón? No quería cruzarse con su viejo socio, Salvador Lairet.

La relación entre ambos era muy tensa. Se habían distanciado a raíz de la disputa legal por la propiedad de unos inmuebles en Florida. “Mendoza le había ganado a Lairet las demandas por esos apartamentos, pero Lairet insistía”, refirió una persona cercana a la víctima que coincidió con él en Florida.

Lairet y Mendoza fueron muy buenos amigos, compartían los mismos grupos de conocidos de colegios del este de Caracas y habían sido socios en varias empresas registradas en Venezuela y el exterior. Las locales recibieron del Gobierno más de 13 millones de dólares preferenciales solo en 2012.

En mayo de 2016, el diputado opositor a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a una serie de jóvenes empresarios involucrados en presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares, a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo creado en 2003 por Hugo Chávez para regular el estricto y enrevesado sistema de control de cambios.

Una de las empresas denunciadas por Alcalá fue Gerkat Corporation “creada y registrada en Perú por Salvador Lairet, Fabrizio Mendoza y Álvaro Pulido, sobrino de Piedad Córdoba, para la importación de químicos. En marzo de 2012 esta empresa solicitó a Cadivi 445 mil dólares para la compra de una molinera de café, cuando su precio real era de 135 mil dólares, lo que significa un sobreprecio de 310 mil dólares. Lo más grave es que la misma solicitud fue introducida diez veces. Los dólares otorgados a 4.30 eran revendidos por los propietarios de Gerkat Corporation, que la utilizaban como fachada para sus actividades ilícitas”, reseñó el portal Cuentas Claras sobre los documentos presentados por el parlamentario.

También según el mismo website, el diputado mencionó entre los relacionados con Mendoza Isea a Alex Saab, “representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción, la cual obtuvo en el pasado contratos del gobierno de Hugo Chávez”.

Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab son una dupla de empresarios procedentes de la costa atlántica colombiana. En efecto son directivos del Fondo Global de Construcción, empresa muy ligada al gobernador del estado de Vargas, Jorge García Carneiro, y señalada por la fiscalía de Ecuador como parte de un esquema fraudulento para obtener dólares preferenciales en Venezuela mediante el fingimiento de exportaciones desde aquel país. También son importantes proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la fórmula patentada por el Gobierno de Nicolás Maduro para controlar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad en zonas populares. En Caracas, la representación de su emporio comercial ocupa todo un piso del Centro Galipan, en la avenida Francisco de Miranda. Se sabe que Pulido Vargas, de quien no se ha comprobado parentesco con la ex congresista y precandidata presidencial, Piedad Córdoba, porta un nombre falso; y que Saab, quien sí reconoce una relación de amistad con la política, ha sido investigado por las autoridades estadounidenses.

En la lista del diputado Alcalá también figuran otras cuatro empresas que atribuye al grupo de jóvenes emprendedores: Mexbin S.A. (Ecuador), Chenys Exportaciones EIRL (Perú), La Corporación 1 TO 1 S.R.L (Perú) y Radio Comunicaciones Telocaliza1 C.A., que llegó a realizar transacciones por 4,6 millones de dólares por la supuesta importación de sulfato de sodio a una empresa constituida en Ecuador y relacionada con Mendoza, Lairet, Pulido y Alejandro Berrizbeitia. El mismo grupo efectuó operaciones similares con la empresa Gones Indonesia C.A, que recibió más de 8,8 millones de dólares de Cadivi.

El negocio consistía en la creación de empresas fachada en distintas regiones de Venezuela (Aragua, Amazonas, Lara, entre otros estados), que solicitaban dólares preferenciales para la importación de químicos a empresas también constituidas o relacionadas con el mismo grupo de empresarios en Ecuador y Perú, principalmente. En la mayoría de los casos los productos para los que solicitaban las divisas no tenían relación con la razón social de las empresas. Los dólares que recibían a 4.30 bolívares -la tasa oficial de cambio más barata en el sistema- eran negociados en el mercado negro a más de 20 bolívares o simplemente iban directo a las cuentas particulares de los solicitantes.

“De acuerdo con las denuncias, Lairet está ´directa o indirectamente relacionado a 11 compañías –seis nacionales (en Amazonas, Aragua, Lara, Monagas y Distrito Capital) y cinco extranjeras (tres en Perú y dos en Ecuador)– involucradas en solicitudes de aproximadamente $13,9 millones para importar químicos. Entre ellos, sulfato de sodio, dióxido de titanio, alcohol cetoestearílico y benzoato de sodio, un aditivo alimentario; productos no asociados a la razón social de cada compañía”, ´precisaba por su parte un trabajo del portal El Pitazo.

El parlamentario Robert Alcalá se refirió también a la vida de lujos y ostentación que lleva este grupo de jóvenes inversionistas en el exterior. “Estos señores no tienen cómo justificar la fortuna, los miles de millones de dólares que tienen, la cantidad de plata que gastan en el mundo y la vida que se dan”, afirmó, con una mención especial para Lairet.

Los cárteles de Cadivi

Una disputa por el control de negocios basados en la obtención de dólares preferenciales sería el móvil del crimen por encargo. “Esto no es una venganza. Es una guerra de carteles. La persona que tenía los contactos y consiguió los negocios fue desplazada por sus socios, que dejaron de reportarle y darle parte de las ganancias. Y ahora decidió retomar lo que consideraba que era suyo”, explicó un experto que viene haciendo seguimiento del caso.

Esta lucha de cárteles, nacidos y alimentados con dólares preferenciales, no es nueva; ya ha cobrado la vida de varios venezolanos en países donde se han instalado los operadores de estas mafias. Por un conflicto similar, en 2013 fue asesinado Sergio Andrés Schael Medina, de 33 años. Viajó de Florida a Panamá a cobrar una deuda de 40.000 dólares, tras una transacción cambiaria a través de Cadivi, y apareció muerto luego de reunirse con dos empresarios venezolanos.

Allegados a este grupo de jóvenes empresarios aseguran que el caso de Mendoza guardaría relación con las muertes en extrañas circunstancias de dos venezolanos en Miami, vinculados a organizaciones de este tipo.

Una de las personas asesinadas en Florida habría sido el encargado de supervisar el correcto funcionamiento de los negocios de la organización en Venezuela, reveló uno de los detenidos. Este hombre -cuyos datos no han sido precisados- un día decidió mudarse a Miami y abrir su propia empresa buscando una mejor calidad de vida, cansado de lidiar con la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad. Dejó a sus otros socios y amigos a cargo de la actividad local.

Haber tomado esta decisión sin solicitar antes la aprobación de la persona que lideraba las operaciones desde Estados Unidos le habría costado la vida. Fue señalado como el responsable del “desvío” de la administración del negocio y el desplazamiento del liderazgo del cartel.

Según informaciones publicadas en medios de comunicación de Miami, en el último año dos venezolanos han muerto en extrañas circunstancias en el estado de Florida. El 28 de junio de 2016, el arquitecto, modelo y actor Jorge Lenín Navas, de 26 años, conocido como Jorge Ilich, murió al caer desde el piso siete de la torre residencial donde vivía en Miami Beach. Aunque el caso ha sido manejado como un suicidio, sus familiares y amigos aseguran que su muerte debe ser investigada.

El 22 de febrero de 2017 fue localizado el cadáver del empresario venezolano Juan Alberto Miraldo, de 48 años de edad, en el interior de su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Aunque no presentaba traumatismos visibles, la policía inició la investigación por homicidio. Miraldo era presidente de la empresa Mirakar Car Rental y vicepresidente de 1 Rent Car, ambas con sede en la ciudad de Doral, un suburbio predominantemente venezolano al oeste del condado de Miami-Dade.

Los investigadores de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC tienen conocimiento de estos casos, pero aún no disponen de elementos probatorios que los vinculen con el sicariato de Mendoza y Herrera. Continúan juntando las piezas y están tras la pista de los dos autores materiales del crimen, así como de a quien consideran el autor intelectual, Salvador Lairet, para quien se espera que pronto se emita una orden judicial de captura desde Venezuela y la difusión consiguiente de una alerta global por Interpol.