De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los "principios de la revolución".

Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.

El invisible. "El que nadie lo ve". Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.

El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).

Pero no por "invisible", Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.

Así se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.

Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España "procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".

Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobbismo que a la defensa de los valores de "la revolución" que vio nacer.

Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.

Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro. El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza.

Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.

El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33 % de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.

En el CBH describen a Aguilera Borjas como "un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.

Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como "los únicos dos accionistas" de la firma. Ambos son conocidos por la institución "desde hace años" a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.

El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.

El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como "interlocutores representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.

El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre", cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.

El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH "los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela". Aclara que se trata de "una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas". Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.

La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su  cuenta en la  Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un "presunto acto de corrupción" tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.

La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) "CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año".

Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por "asesoría", "apoyo comercial" o "representación", según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.

Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que "como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Pérdidas y facturas millonarias

En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.

Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.

Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.

Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.

Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año

Aguilera, el importador

El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de "los muchachos del 4 de febrero", "un rebelde", "un alzado" y un "revolucionario", al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.

No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.

Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a "la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas", ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como "antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista".

En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.

El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al "deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados". Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.

Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello "dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.

Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite"obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos".

Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.

A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.

Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.

La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos y productos farmacéuticos por $31.173.781 entre 2009 y 2013.

Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.

El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.

El capitán en Paradise Papers

El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta "compañía internacional de negocios" tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.

La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria "offshore". El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.  

Negocios que tomaron vuelo

Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.

El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.

Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).

Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.

Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.

Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.

Otras empresas “marca CLAB”

Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.

Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el Comandante Chávez, y estaba (Henry) Rangel Silva", ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.

Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28.000 al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.

Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria - de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007--no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.

Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.

El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.

Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de "la revolución bolivariana", hiciera su última aparición pública.

El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores.

En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y la entidad bancaria suiza.

Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.

Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.

El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal". En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra,  que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.

En la cuenta número 7575921120 del Commercebank de Miami, por ejemplo, aterrizó el 3 de octubre de 2007 una transferencia por 50.000 dólares procedente del Multibank de Panamá. El emisor era la Constructora Internacional del Sur, una empresa fachada del istmo que, como se ha comprobado, sirvió de tapadera para que Odebrecht desembolsara sobornos en el extranjero. La cuenta receptora en Florida está acreditada a nombre de José Pestana, un funcionario venezolano entonces a cargo del Proyecto de la Línea 4 del Metro de Caracas.

De eso quedó constancia en la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá y también en Suiza, a donde compareció una de las figuras clave en esta maraña de depósitos y transferencias: el operador financiero Fernando Migliaccio, que se mantuvo al frente del Departamento de Operaciones Estructuradas –un eufemismo que encontraron en Odebrecht para evitar presentarse como la unidad de sobornos y comisiones– a través de la que depositaban a funcionarios, como el ingeniero a cargo del contrato MC-2932 del Metro de Caracas.

José Pestana Goncalves fue gerente del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en el Distrito Capital y estado de Vargas, en el litoral central venezolano; a finales de 2010 obtuvo del ministro Ricardo Molina un ascenso que le permitió llegar a director regional del Ministerio para Vivienda y Hábitat. Tres años antes, para el momento en que recibió la transferencia se desempeñaba como representante del Estado venezolano en el Consorcio Línea 4. De manera elocuente, su carrera como funcionario público desembocó –como consta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales– en la nómina de una de las firmas de Odebrecht (CBPO Ing de Venezuela) que le tocaba supervisar.

Aunque se intentó contactarlo, no hubo respuestas. Ni siquiera en la dirección que apunta la cuenta en la que recibió la transferencia. En la conserjería del edificio confirmaron que se trataba de su domicilio, pero nunca atendió los llamados a la puerta, tampoco los mensajes que se le dejaron por escrito.

Lejos del control cambiario y de las regulaciones impuestas por el gobierno venezolano, las comisiones de Odebrecht y el resto de las constructoras brasileñas establecidas en el país nunca pasaron por la banca local; no obstante, las direcciones venezolanas de algunos beneficiarios de los desembolsos han permitido conectar los puntos. Pasó así con un depósito de 377.000 dólares dirigido al coordinador general del proyecto del segundo puente sobre río Orinoco, Lucas Valera. Ocurre hoy lo mismo con una transferencia que llegó a la cuenta de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Quest Investment Group Inc, pero cuyo domicilio señala una oficina en el piso 4 del Centro Coinasa de La Castellana, en el este de Caracas, que corresponde con el bufete de abogados del diputado de la oposición venezolana, Eudoro González Dellán.

Seguro de que no ha cometido irregularidad alguna, el jefe de la delegación venezolana al Parlamento del Mercosur y dirigente del partido Primero Justicia (PJ, el mismo del dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, y del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges) dice que se trata de una transferencia dirigida no a él ni a su empresa, sino a una de las tantas firmas internacionales a las que ha prestado servicios desde su bufete de abogados. El nombre sin embargo se lo guarda; prefiere mantenerlo en reserva.

A la primera consulta sobre el tema, González Dellán prometió averiguar de cuál de sus clientes se trataba, pero adelantó que –como a tantos– alguna vez en su oficina prestaron servicios para establecer en el país a Andrade Gutierrez, la constructora brasileña con más contratos en Venezuela después de Odebrecht. En la segunda oportunidad fue más cauto: dijo que no se trataba de esa firma.

“Revisamos el tema en la oficina y se trata de una consultora extranjera a la que llamamos y automáticamente nos dijeron que no tienen ninguna vinculación –y yo les creo– con Lava Jato ni Petrobras ni nada de esa vaina”, afirmó. “Más allá no puedo responder; no tengo como decir más nada de sus operaciones –sobre lo que hacen o lo que no hacen– al final del día uno es un abogado, le piden una consulta y cada quien hace su negocio”.

No hay más. El diputado prefirió no dar más detalles sobre una transferencia irregular, que lleva el domicilio de su bufete y que la Policía Federal de Brasil denuncia en al menos tres informes que reposan en la Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado de la Superintendencia del estado de Paraná. Según esos testimonios, se trata de un pago enviado por la constructora Andrade Gutierrez, a través de una estructura paralela.

Para más señas, fue un depósito de una de las tantas firmas offshore (DGX Import and Export Limited, registrada en Hong Kong) que empleó Andrade Gutierrez como fachada. Así se lee en la trasferencia y así refuerza el ya célebre doleiro Alberto Youssef, un comisionista que al no saber explicar sus movimientos bancarios, en 2013 terminó detonando el caso de corrupción que ha dinamitado el establishment de Brasil y buena parte de la región.

Nadie imaginó que el empresario Marcelo Odebrecht, el hombre fuerte de los negocios en Brasil, terminara condenado a más de 19 años de prisión. Ni hablar de los escándalos que han comprometido al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva o al actual mandatario, Michel Temer. Hasta opositores como el excandidato presidencial, Aecio Neves, han salido salpicados. Esta semana incluyeron al líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, en la lista de Odebrecht. La revista Valor Económico de Sao Paulo sorprendió diciendo que en las presidenciales de 2012, el gigante de la construcción brasileña no puso los huevos en una sola canasta: si bien financiaron la última reelección del expresidente Hugo Chávez, al mismo tiempo contribuyeron con la campaña de la oposición venezolana.

Ya la Policía Federal de Brasil había sugerido que los adversarios a Chávez también recibieron lo suyo: “Marcelo Bahia Odebrecht (el CEO de la empresa) alerta sobre pagos ilícitos a la oposición”. Eso apuntaron el 25 de junio del año pasado en uno de los tantos informes que han venido filtrando, pero en esta oportunidad los señalamientos apuntan directamente contra el también gobernador del estado Miranda –en el centro del país– y provienen de parte de Euzenando Azevedo, el hombre fuerte de Odebrecht en Venezuela, quien se sumó a la lista de testigos convertidos en delatores, a cambio de beneficios procesales.

Mejor que nadie, Azevedo sabe lo que ocurrió en Venezuela. Discreto como buen hombre de negocios y provisto de la simpatía brasileña, supo transitar sin hacer bulla por los vericuetos de las esferas bolivarianas. Tanto, que Chávez nunca le escatimó elogios y buenas palabras. “Grande amigo”, le dijo públicamente el 13 de noviembre de 2006 mientras resaltaba su papel durante la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco. “Para Euzenando un abrazo muy especial y una felicitación pero muy, muy especial, por su voluntad de acero, inquebrantable en el impulso de la obra y de las distintas obras que estamos adelantando en Venezuela”.

Del virrey de Odebrecht en Caracas no se había escuchado denuncia alguna. La última vez que se le vio aterrizando por Venezuela fue el 17 de diciembre del año pasado a bordo del vuelo 223 proveniente de Panamá. Invisible desde entonces, su testimonio –ahora filtrado por medios brasileños– señala que fue apartado del cargo cuando Nicolás Maduro se enteró que la empresa también apostaba por la campaña opositora.

Según Valor Económico, cuando el servicio de inteligencia en Venezuela detectó la contribución de Odebrecht a la campaña de Capriles, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, amenazó con cortar todos los contratos. La empresa brasileña entonces no tuvo más remedio que relevar a su embajador y enviarlo a otras tareas. Las cosas siguieron en aparente calma pero el romance del chavismo con la constructora terminó. Tanto así que en su testimonio, Azevedo advierte que el Gobierno llegó a represar 1.000 millones de dólares que luego fueron pagando de a poco.

Capriles ha negado cualquier vinculación con el caso, y para eso en febrero recordó que ni en la Alcaldía de Baruta ni en la Gobernación del estado Miranda ha firmado contrato alguno con Odebrecht o alguna otra de las contratistas de esta trama. “Pretenden convertirme en el chivo expiatorio”, respondió a principios de año, cuando desde el oficialismo se le buscaba incriminar. “Ahora resulta que del Gobierno corrupto que contrató con Odebrecht millones, ¡yo soy el señalado! ¡De verdad dan pena! Vergüenza ajena”.

Los coletazos del llamado caso Lava Jato en Venezuela ponen de manifiesto el debate sobre el financiamiento de la política, que cambió a partir de 1999 cuando los partidos quedaron sin fondos del Estado. La trama de Brasil desnuda a los políticos de ese y otros países, pero también a un sin número de empresarios que han optado por pagar favores. Verbigracia el empresario venezolano Gustavo Cisneros, cuyo nombre también salió a relucir en las tantas actas que procesan los fiscales brasileños.

Cisneros contrató el lobby del exministro de Lula y dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, José Dirceu, para que intercediera ante el presidente Hugo Chávez y lograra renovar la concesión del canal Venevisión. Algo similar hizo la empresa Ambev –la megamultinacional propietaria, entre diversas marcas, de la cerveza Brahma– que recurrieron a los mismos servicios para tratar con el alto Gobierno una salida sin contratiempos del mercado venezolano.

"Nosotros teníamos un problema en Venezuela, el cambio era controlado, teníamos dificultades con el gobierno de (Hugo) Chávez, que era un gobierno cerrado (…) y esa salida necesitaba ser negociada con el gobierno para no tener mayores ruidos en otros países donde tenemos presencia fuerte como Argentina y Centroamérica”, expuso ante la justicia Milton Seligman en nombre de la empresa Ambev. “Queríamos tener una salida negociada con el gobierno (…) y recordé buscar a Dirceu porque sabía de su cercanía con el presidente Chávez".

La empresa JD Assessoria e Consultoria, de Dirceu, recibió más de 12 millones de dólares entre 2006 y 2013 por cabildeos y favores políticos que sólo él podía acometer por su cercanía a Lula Da Silva y su entorno. Además de las asignaciones contratadas por Cisneros y Ambev, otra empresa brasileña, Consilux, apeló a Dirceu, cuya mediación alcanzó para que los directivos de la compañía lograran entrevistarse no una ni dos, sino tres veces con el ex presidente Chávez, a quien pedían cancelar las partidas de un proyecto de la Misión Vivienda que prometía 5.000 casas en el complejo habitacional Cayaurima de Ciudad Bolívar.

“Dirceu me llevó tres veces para hablar personalmente con Chávez y después de eso el dinero comenzó a salir más rápido”, confesó el dueño de la empresa, Aldo Vendramin, en los interrogatorios y entrevistas que ha dado desde entonces. Las viviendas, sin embargo, se quedaron en promesas y entre ellos quedaron comprometidos 416 millones de dólares de los que no hay noticia.

Del paso de la empresa Consilux por Venezuela solo habían quedado fotos de unos obreros en huelga de hambre a las puertas de la embajada de Brasil en Caracas. Viajaron en mayo de 2011 del estado de Bolívar, en el sur, a la capital venezolana, sobre la costa norte, para pedir pasivos laborales y salarios caídos durante un año. Más tarde las denuncias salieron de algunos de los beneficiarios que quedaron en viviendas a medio terminar. Sus testimonios constatan la hemorragia de fondos públicos que ahora se lee en los expedientes de Lava Jato. Y con episodios de esa magnitud, de a pequeñas mordidas, Odebrecht y el resto de las constructoras brasileñas del caso Lava Jato repartieron el botín en Venezuela.

(*) Este reportaje es un trabajo investigado y publicado en simultaneo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que comprende a IDL-Reporteros en Perú, La Prensa de Panamá, La Nación de Argentina y Armando.info en Venezuela.

Si el número total resulta impactante, el dato que más eriza la piel es el siguiente: casi la mitad de las personas que se han arrojado a la vía férrea para suicidarse queda con vida. Entre 1983 y 2008, 43,5% de quienes buscaron morir arrollados en los rieles sobrevivieron por causas más vinculadas a la destreza de los operadores de los trenes, el azar y la intervención de leyes de la Física, que a la aplicación de políticas de prevención de suicidios. Esas políticas no existen, de acuerdo con lo comprobado en diversos testimonios de trabajadores de este sistema de transporte.

En veinticinco años de funcionamiento, hubo quinientos veintitrés arrollamientos, como oficialmente llaman en el sistema a los intentos de suicidio: quienes mueren, entran en las estadísticas en la categoría de “sin signos vitales” y quienes sobreviven, en la de “con signos vitales”. El cuadro “Distribución de Arrollamientos según Años”, del anuario estadístico 2008, publicado en junio de 2009 por la Gerencia Ejecutiva de Transporte del Metro de Caracas, indica que doscientos noventa y cinco personas (56,4%) lograron quitarse la vida y doscientos veintiocho (43,5%), no.

La elevada tasa de sobrevivencia no obedece a que exista un plan establecido de prevención del suicidio. Los operadores solo reciben entrenamiento en módulos de adiestramiento que imparte el Servicio Psicosocial de la empresa. Allí aprenden qué hacer una vez que los suicidas se lanzan a los rieles, pero no los instruyen formalmente para evitar que los usuarios salten.

El tema del “arrollamiento” está explicado en la letra G del acrónimo M.U.R.C.I.E.L.A.G.O.S., una matriz en la que cada inicial corresponde a una actividad específica de acción de los operadores (revisión de las vías, “mal súbito” de pasajeros o conductores, evacuación, alarmas). La G viene de Gamma, que es como llaman al procedimiento que se activa cuando hay un “presunto suicida” en el andén. El Centro de Control de Operaciones (CCO) de cada estación informa entonces por los parlantes: “Personal operativo, actividad G en curso”.

Así está reglamentado en el Módulo de Conducción de Trenes en la Vía Principal. Pero en este manual no hay lineamientos para la prevención de suicidios. Los trabajadores, por iniciativa propia, han aprendido a detectar conductas suicidas con información que se transmite boca a boca a través de un entrenamiento empírico, confirmaron varios operadores en servicio, algunos con hasta dieciséis años de antigüedad, que pidieron no ser identificados por temor a sanciones de sus superiores.

Los operadores del CCO tienen la tarea de mantenerse alertas ante los monitores y detectar aquella persona sospechosa: alguien que tenga actitudes tipificadas como de “posible suicida”, es decir, que manifieste conducta errática, que camine de forma acelerada de un punto a otro, que muestre signos de haber llorado, que mire mucho a las cámaras.

Si el operador (u operadora) ubica a alguien así en el andén, le solicita discretamente que abandone la estación. Y no ha pasado nada. Nadie se entera de nada. Llega el vagón, unos salen, otros entran, como si nada. Esta, por supuesto, es la medida preventiva no formalizada por excelencia. Es el escenario ideal para evitar que aumente esa veintena de suicidios anuales que ocurren en el Metro de Caracas desde que comenzó a funcionar el dos de enero de 1983, según revelan los anuarios estadísticos de esta compañía.

Es el deber ser porque la verdad es que no hay suficiente personal para actuar cada vez que aparece en los monitores un “potencial suicida”.

Una operadora de este centro de control admite que no se dan abasto para actuar cada vez que se detecta, si es que lo ven, a alguien con signos de lanzarse hacia los rieles. No es para menos: tratan de vigilar por las cámaras a dos mil personas cada cierto tiempo por andén. “Es demasiada gente. Más de dos millones de personas viajan a diario en el Metro de Caracas, y muchas veces los suicidas pasan inadvertidos”.

Los números del departamento de Recursos Humanos dicen que siete mil doscientas treinta y dos personas trabajan en la Compañía Anónima Metro de Caracas, de las cuales tres mil ciento noventa y tres son operadores, mientras que ochenta y cuatro son personal de confianza (directivos y gerentes).

Desde que la Compañía Anónima Metro de Caracas se inauguró en 1983, veintidós personas por año, en promedio, han saltado a las vías de su sistema, revelan las últimas cifras calculadas hasta diciembre de 2008 por la Dirección General de Estadística. Pero en 2009 hubo un repunte significativo: el número de arrollamientos se sextuplicó. El balance de 2008 cerró con trece arrollamientos y en 2009 con ochenta y nueve, de acuerdo con los registros del Servicio Psicosocial de la empresa, todavía no procesados en el anuario estadístico de este año que aún no se ha publicado. Aun con este crecimiento en la cantidad de personas que buscaron quitarse la vida en el Metro el año pasado, no hay señales de que las autoridades estén diseñando un proyecto de programa de prevención de suicidios.

Varios factores han contribuido al alto índice de fracasos de los suicidios en el Metro de Caracas: la experticia del operador estimulada por la visibilidad de la vía férrea desde la cabina, la velocidad del tren, principios de la Física como la inercia y las “fuerzas de roce”, además del azar, que determina la posición del potencial suicida en el andén.

Todas estas variables intervinieron para que Federico (*) no muriera el día que se lanzó a los rieles de la estación Plaza Venezuela, el veinticuatro de septiembre de 1985, a las tres de la tarde. El Metro de Caracas apenas tenía dos años en funcionamiento. Santiago (*) era el operador del tren 107. Desde su cabina, cuando el tren estaba a punto de entrar en la estación, divisó a un hombre blanco que caminaba al filo la raya amarilla, que se acercaba más y más al borde de la vía.

Federico, un economista de treinta años, estaba parado en la mitad del andén, esperando el tren que vendría en dirección a Chacaíto. Desde esa ubicación, la posibilidad de que la colisión tuviera un impacto mortal era menor, pues el tren ya había disminuido la velocidad. Según la experiencia de tres operadores en servicio, los suicidas que se sitúan en la boca de entrada del túnel al andén tienen mayor probabilidad de cumplir su objetivo, pues el tren viene llegando con mayor fuerza; esta velocidad varía entre los cincuenta y los sesenta kilómetros por hora en cada línea del Metro de Caracas.

El campo visual que tenía Santiago fue determinante para salvar la vida de Federico. Según dos operadores de trenes, con cinco y ocho años de servicio, si el túnel cercano al andén es una línea recta la visibilidad del conductor, con las luces encendidas, es de cincuenta a sesenta metros de ancho, como el gran angular de una cámara. Eso le da tiempo suficiente para activar el botón de emergencia, reducir al máximo su velocidad y minimizar el impacto del arrollamiento. En cambio, si el tren pasa por una curva antes de llegar a la estación, ese campo visual se reduce a entre tres y diez metros, lo que complica la capacidad del operador de disminuir el impacto, pues la aplicación de la parada de emergencia podría ser tardía.

El túnel de la estación Plaza Venezuela es una línea recta, por lo cual Santiago pudo advertir a tiempo los movimientos de Federico. El operador del tren 107 accionó el botón de emergencia y fue aquí cuando intervino la Física: la ley 1 de Isaac Newton que es la inercia, y el principio de “las fuerzas de roce”. El tren redujo drásticamente su velocidad por el frenado automático, con lo cual se produjo una fuerza de roce o fricción entre las ruedas y los rieles, ambos de metal, lo que llevó al tren a un estado de inercia o de “velocidad cero”. Así lo explican los profesores de Física del Instituto Pedagógico de Caracas, María Eugenia Benítez y Leonel Cantillo.

Esto generó una corriente de aire que arrastró a Federico hasta un nicho de cuarenta centímetros en los rieles, frente al andén (justo debajo de las losas donde suelen desplegar anuncios publicitarios en las estaciones, donde puede verse también el nombre de la terminal). Allí cabe una persona con facilidad. El tren le pasó por encima y rozó sus dedos.

Entretanto, Santiago siguió con el protocolo estándar, el mismo que se aplica en la actualidad: solicitó el corte de corriente del andén (pues uno de los dos rieles está electrificado con setecientos cincuenta voltios) de la estación Plaza Venezuela e informó al Centro de Control de Operaciones de un “clave 1”, el código cifrado para los arrollamientos. “No sentí un impacto fuerte del usuario contra el tren. Hay que mantener la calma, esperé a que vinieran por mí”, reveló el operador del tren 107.

Su sorpresa fue que Federico se levantó, herido, ensangrentado, y salió de la vía por sus propios medios. El informe del evento, identificado con el número CC0N°02VEN140-85, revela que Federico sufrió una “amputación traumática de los dedos índice y medio a nivel de la falange de la mano derecha, excoriaciones y heridas en la región ciliar derecha, pómulo derecho y traumatismo en el tórax”. Los operadores confirman que muchas de las personas que siguen “con signos vitales” en las estadísticas de arrollamientos, quedan mutiladas. Pero no hay un registro de cuántas son.

Ana Isabel Ruiz, psicóloga clínica, única suicidióloga del país y directora de la Red Venezolana de Ayuda al Suicida, dice que el hecho de que el Metro de Caracas guarde el tema como un tabú lleva a ignorar que unas de las principales consecuencias de los intentos de suicidio son las mutilaciones.

“Esta gente piensa en la muerte como la solución a sus problemas, y quizá sus intentos de fallecer son el inicio de inconvenientes muchos más graves y complejos. La parte psicológica y emocional la complicas con una condición limitante física, como no poder caminar, andar sin un brazo; eso es peor para el suicida, debido a que se va a deprimir mucho más y buscará más vías para morir. El Metro debe dejar el tabú y llamar las cosas por su nombre. Suicidio es el término sociológico y clínico correcto, no arrollamiento. Tenemos que desmitificar el suicidio, informar a la gente de lo que sucede. Eso es evitar una ola de suicidios”.

Federico, con su flux marrón rasgado, rebanados los dedos índice y medio de la mano derecha, cuero cabelludo lacerado, rostro con “una marcada palidez”, gesto confundido –como indica el informe médico y como lo recuerda Santiago, el operador del tren 107- logró salir del nicho y se subió hasta la isla de concreto. El CCO de la estación indicó por los parlantes: “Inicio de comunicaciones, arrollamiento en la estación de línea 1, estación Plaza Venezuela”, tal como lo hacen en la actualidad.

El supervisor en CCO pidió al responsable del sistema aplicar un corte general de energía e inmediatamente evacuaron a los usuarios de la terminal. Un operador en servicio de Protección al Usuario retuvo a un testigo del hecho, de nombre Arturo (*), un médico que trabajaba en el hospital Ricardo Baquero González, Periférico de Catia. Posteriormente otros dos operadores de Protección al Usuario bajaron a la vía, colocaron barreras de protección al sitio del suceso y efectuaron la inspección ocular.

La estación Plaza Venezuela, una de las más concurridas del sistema, es el cuarto terminal favorito para las personas que buscan la muerte en los rieles: allí ya se han lanzado veintinueve personas aparte de Federico, entre 1984 y 2005. Las otras tres estaciones predilectas son Capitolio con cuarenta y cuatro casos, seguida de La Hoyada con treinta y ocho y Plaza Sucre con treinta y seis, destaca un boletín de la Coordinación de Seguridad Técnico Operativa del Metro de Caracas que procesó estos números entre 1984 y abril de 2005.

Las horas a las que más se lanzan los suicidas en el subterráneo de Caracas son entre las nueve y las once y treinta de la mañana y pasadas las siete de la noche. Alguien que salta tan temprano significa que pasó la noche mal, y si se lanzó en la noche es porque pasó todo el día con un peso muy grande y decidió no aguantar ni un minuto más, interpreta la psicóloga Ruiz esta tendencia.

Personas como Federico tienden a elegir la línea 1 del Metro de Caracas por ser la más antigua, por tener el mayor número de terminales, por estar cerca de centros de trabajos y por ser la que atraviesa la capital de este a oeste, señala Ruíz. El anuario estadístico elaborado por la Dirección General de Estadística del Metro precisa que, entre 1983 y 2008, en la línea 1 hubo cuatrocientos trece eventos, en los cuales doscientos cuarenta personas murieron (58,1%) y ciento setenta y tres (41,8%) sobrevivieron; en la línea 2 hubo ochenta y tres: treinta y ocho (45,7%) quedaron con vida y cuarenta y cinco (54,2%) fallecieron; y en la Línea 3 (Plaza Venezuela- La Rinconada), de más reciente funcionamiento, veintisiete personas saltaron a las vías: diez murieron (37%) y diecisiete sobrevivieron (62,9%).

La línea 3 inaugurada en 1994, expandida desde El Valle hasta La Rinconada en 2006, tiene el índice de fracasos de intentos de suicidio más elevado de todo el sistema (62,9%), a pesar de tener las mismas características de las otras líneas: trenes de entre seis y siete vagones, velocidad de entrada entre cincuenta y sesenta kilómetros por hora, un riel electrificado con setecientos cincuenta voltios y una velocidad máxima permitida en los túneles de ochenta kilómetros por hora, precisa Roberto Trutschel, comisario retirado de la Disip y primer Gerente de Protección al usuario de El Metro de Caracas.

Federico, una de las únicas dos personas que quedaron con vida de entre las cinco que saltaron a las vías en 1985, entra en las tendencias mayoritarias de las estadísticas antes presentadas: el grueso de la gente que se lanzó a los rieles entre 1984 y 2005 tenían entre quince y cincuenta y cuatro años de edad (trescientas cincuenta y nueve de cuatrocientas sesenta y cinco personas). 60,4% de los casos fueron hombres.

La suicidióloga Ana Isabel Ruiz explica que las mujeres utilizan poco el Metro para suicidarse, porque prefieren métodos menos agresivos, que afecten poco su estética y las haga sufrir menos. “Intentan métodos con los que esperan van a quedar intactas, con los que no van a sufrir de alguna deformación. Siempre piensan en la idea fantasiosa de cómo se verán en el velorio, en la urna. En cambio, los hombres usan métodos más fuertes y peligrosos, más asociados a la cultura machista”.

El informe de la inspección ocular sobre Federico, proveniente de la Gerencia de Operaciones e identificado con el número VEN140-85, detalla que el suicida era un trabajador de la empresa petrolera y que en la escena encontraron partes de dedos desprendidos, un carnet, restos de sangre, un zapato negro roto y unos cigarrillos tirados. Todas estas evidencias fueron fotografiadas y recogidas con guantes por los operadores de Protección al Usuario, quienes hicieron una planimetría, revisaron que no hubiera obstáculos debajo del tren, limpiaron con extintores el lugar, confirmaron a CCO que la “vía quedó liberada” y quitaron las barreras de protección. CCO normalizó el sistema y devolvió la electricidad al tramo afectado. Luego el supervisor de línea condujo el tren 107 en dirección a Chacaíto, y a las tres y cuarenta y uno de la tarde restablecieron el servicio. Los bomberos trasladaron a Federico en una ambulancia al Hospital Clínico Universitario. Una vez que el Metro de Caracas entrega el cuidado sobreviviente a los paramédicos, deja de hacer seguimiento de su evolución.

Su esposa recuerda que fue a recogerlo al hospital. “Federico era un hombre deprimido”, dijo parca, vía telefónica, y prefirió no hablar más. En el Registro Electoral venezolano Federico aparece como fallecido.

La idea de este procedimiento, explica Roberto Trutschel, es que todo se haga en el menor tiempo posible a fin de que la estación vuelva a la operatividad y no colapse el sistema. Es el mismo que el Metro de Caracas ha aplicado durante sus veintisiete años de existencia, confirman dos operadores de Protección al Usuario.

Los operadores que han sido protagonistas de arrollamientos –que han ido conduciendo el tren cuando una persona se lanza a la vía férrea delante de él—reciben tratamiento psicológico después del incidente y tres días de permiso. Durante la terapia, los psicólogos que los atienden en el Centro Médico Ché Guevara (establecido desde 2010 para los empleados del Metro de Caracas en el centro de la ciudad, junto a la estación Teatros; antes los trabajadores eran atendidos en el Complejo Caño Amarillo) tratan de convencerlos de que no fueron culpables. Si el operador tarda mucho en recuperarse del trauma, el permiso puede prolongarse hasta por quince días o hasta puede ser suspendido.

“Siempre activamos la parada de emergencia, a veces salvamos una vida, muchas veces mueren descuartizados”, comenta un operador que ha sido protagonista de dos arrollamientos. Otro operador de tren que vivió uno de estos incidentes dice: “el Metro de Caracas no está hecho para matar a las personas. Ver morir a un ser humano es duro y a veces es difícil de soportar. Uno queda en shock. Pero también se siente alivio cuando gracias a nuestro esfuerzo la persona sobrevive al impacto”.

“Los arrollamientos forman parte de la vida de los funcionarios del Metro”, remata Santiago, el operador del tren 107.

Alejandro (*) conducía el tren 108, dos meses antes del episodio de Federico, el diecisiete de julio de 1985 a las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde. Eloísa (*), una joven de diecisiete años embarazada de siete meses tras un amorío con su profesor de Educación Física que terminó en ruptura, se lanzó desde la boca del túnel que llega al andén, justo cuando el tren entraba a la estación Bellas Artes.

No hubo tiempo para que Alejandro reaccionara con la anticipación suficiente. Había notado los actos inseguros de la joven un poco tarde, pues el túnel que va a dar a esa estación tiene una curva y eso dificultó su visibilidad. Apenas la vio, Alejandro activó la parada de emergencia, el tren comenzó a reducir la velocidad, ella saltó y chocó contra la “careta” del tren, como llaman al vidrio frontal, se deslizó hacia las vías y las ruedas metálicas la engancharon. Eloísa sí murió.

Eloísa, tez blanca y cabello negro, estudiante de enfermería del segundo año, se perdió en el sistema: CCO no se percató de su jugada. El CCO pudo haber tenido más oportunidad de detectarla que hoy en día, porque en 1985 aproximadamente ciento cuarenta mil personas usaban la línea 1 a diario, la única que existía entonces. Apenas siete por ciento de la cantidad actual de usuarios.

Una de las últimas personas en ver a Eloísa fue Valentina (*), quien estaba también en el andén durante el episodio. Valentina contó que Eloísa “se acercó demasiado a la vía”, consta en el expediente número BAR -62-85. “Su rostro estaba muy enrojecido y tenía signos de haber llorado mucho”.

El expediente, que se elaboró tras realizar el protocolo de rigor, dice que Eloísa presentó mutilaciones, desprendimiento de vísceras y múltiples fracturas. Dos operadores en servicio de Protección al Usuario recolectaron sus restos con guantes especiales y los introdujeron en una bolsa diseñada para este fin. Luego los llevaron a un cuarto de la terminal, hay uno de este tipo en cada estación, mientras esperaban por Medicatura Forense para que los recogiera, junto con los reportes del caso.

A los restos que quedan en los rieles tras estos incidentes los trabajadores los llaman, con mucha naturalidad, “tegumento”. La definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el tegumento es el “órgano que sirve de protección externa al cuerpo del hombre y de los animales, con varias capas y anejos como glándulas, escamas, pelo y plumas”.

Luego vino el resto del procedimiento y la estación restableció el servicio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado que unas tres mil personas se suicidan diariamente en todo el planeta, y que por cada suicidio hubo antes veinte ciudadanos que lo intentaron. Estima que cada tres segundos se produce un intento suicida en alguna parte del mundo, y cada cuarenta segundos muere una persona por esta razón. El suicidio es una de las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de quince a cuarenta y cuatro años. Las proyecciones de la OMS para 2020 dicen que alcanzarán los 1.5 millones de fallecimientos anuales.

Las razones por las que más se suicida la gente en Venezuela son el desempleo, la pobreza, la pérdida de seres amados, la ruptura de relaciones y problemas legales o laborales, según la psicóloga Ana Isabel Ruiz. El suicidio comparte con los homicidios la tercera causa de muerte en este país, de acuerdo al Anuario de Mortalidad 2006 del Ministerio de Salud, publicado en septiembre de 2007.

Hasta 2006, había más bien una tendencia a la baja en los suicidios en Venezuela, según estadísticas del Ministerio de Salud. En 1998, 4,92 personas por cada cien mil habitantes se quitaban la vida en este país; en 2006, 3,80.

El repunte de arrollamientos en el Metro de Caracas en 2009, setenta y seis más que el año anterior, hace más urgente para la psicóloga que sus autoridades diseñen una política de prevención de suicidios y abandonen “la política del silencio” sobre este tema.

Uno de los psicólogos del Metro de Caracas, consultado para este trabajo, quien fue también operador de trenes durante dieciséis años hasta 2002, atribuye el aumento en las cifras al crecimiento de la cantidad de pasajeros en el sistema. “E inevitablemente también se relaciona con los cambios sociopolíticos del país”.

Por su parte, Pilar Sáiz, profesora titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, España, señaló en una ponencia reciente (2009) que se pueden reducir los suicidios en sistemas de transporte público si las autoridades “incrementan la formación de los profesionales de la salud; si se restringe el acceso a los principales métodos suicidas; si se fomenta la concienciación sobre el problema a nivel comunitario y entre profesionales sanitarios, y si se facilitan las medidas de soporte adecuadas a aquellas personas que hayan realizado tentativas suicidas o que, de modo indirecto, se hayan visto afectadas por ellas.”

Ana Isabel Ruiz ofrece la Red Venezolana de Ayuda al Suicida para elaborar una campaña de prevención contra el suicidio en el Metro de Caracas: técnicas de “primeros auxilios psicológicos”, publicidad de su página web y de su línea telefónica (02127156931) de ayuda al potencial suicida en carteles pegados en todas las estaciones, información sobre el tema en trípticos que podrían repartirse también en las estaciones.

Roberto Trutschel dice que el Metro de Caracas también podría activar planes de prevención contra suicidios aplicados en otros países del mundo.

Según un reportaje publicado el veintidós de septiembre 2009 por Elías Notario en el portal especializado en tecnología, la Guía del Geek, la empresa japonesa East Japan Railway Company comenzó a instalar lámparas LED en estaciones del Metro de Japón. Estas lámparas emiten una luz azul que, según pruebas pilotos, tiene un efecto tranquilizador que puede calmar a los suicidas en potencia.

La agencia de noticias española EFE publicó el veintiséis de enero 2009 que Japón está financiando una campaña educativa de gran envergadura a favor de la vida, donde se muestran carteles, afiches en las carteleras y paredes de las estaciones. Además, instalaron puertas corredizas en los andenes que solo se abren cuando llegan los trenes. Así mismo, el gobierno de Japón financia a grupos que organizan eventos para formar a voluntarios capaces de disuadir a los suicidas, con conferencias sobre relaciones personales y el trato que deben ofrecer a personas con graves problemas. Esos voluntarios reparten folletos en las estaciones en los que detallan cómo identificar y tratar a un suicida, con algunos consejos básicos: escuchar con tranquilidad, mantenerse sereno y buscar ayuda externa para disuadirle de sus intenciones.

El primer ex ministro japonés, Hatoyama Yukio, aplicó en 2009 otra medida que consiste en ofrecer ayuda profesional psicológica en las Oficinas Públicas de Empleo “Hello Work”, destinada a las personas que no logran encontrar un trabajo. Este plan estaría dando frutos, pues en los tres primeros meses de 2010 los suicidios cayeron nueve por ciento con relación al mismo periodo de 2009, cuando tres mil personas se suicidaban al mes; información emitida por la Policía de Japón, según una nota del sitio Noticias Nippon del veintisiete de enero de 2010.

Todas estas medidas se podrían aplicar en el país y evitar que más venezolanos mueran por este motivo. Para confirmar si la Compañía Anónima Metro de Caracas evalúa el repunte en la tasa de suicidios en sus estaciones a fin de diseñar algún proyecto de prevención, y para obtener la versión oficial de la institución sobre las cuestiones aquí planteadas, se envió una solicitud de entrevista con el presidente Víctor Matute y el gerente corporativo de Protección Integral, Oswaldo Colmenares. No ha habido respuesta hasta ahora.

(*) Federico, Santiago, Arturo, Eloísa, Alejandro y Valentina son nombres ficticios. Los hemos usado para proteger su verdadera identidad, a petición suya, en algunos casos, y de su entorno en otros. Los operadores tampoco han querido revelar sus nombres para este trabajo, para evitar sanciones de sus superiores.