De Palo Verde a Propatria, Bello Monte o Capitolio, el Metro de Caracas es el sistema de transporte subterráneo más importante de la capital venezolana y, desde hace años, también escenario para las averías y las quejas que estas generan entre los cientos de miles de personas que lo usan a diario, testigos de un declive sostenido. Su decadencia no se resuelve, sino que apenas se atiende con pañitos calientes que el gobierno de Nicolás Maduro aplica mediante contratos de recuperación, mantenimiento o ampliación como los que suscribe desde 2021 con la empresa Railteco Rail C.A.

Se trata de la misma empresa que a menos de dos años de su creación, en 2019, tuvo a su cargo la sustitución del cable tractor del Teleférico Warairarepano, en Caracas. También se le adjudicaron labores de inspección y reparaciones en el Teleférico Mukumbarí, en el andino estado de Mérida, y el mantenimiento general del llamado trolcable que lleva desde la ciudad de Mérida, su capital, al sector San Jacinto de la cuenca del río Chama. Este último sistema de transporte está cerrado desde hace más de tres meses y sin fecha pronta de reanudación de sus operaciones.

Detrás de la envergadura de los contratos estatales obtenidos por Railteco Rail en los últimos tres años, honrados no siempre con eficiencia o con el simple cumplimiento, quedan ocultas las conexiones de la empresa con la jerarquía de la autodenominada Revolución Bolivariana y la oficialidad del Ejército. Son tres los antiguos oficiales que hoy, desde altos cargos dentro de la administración pública, empujan contratos y millones de dólares a la empresa, fundada en Panamá como Railteco S.A., pero con raíz venezolana. 

El primero de ellos es el Teniente Coronel Víctor Cruz, presidente de Venezolana de Teleféricos (Ventel), institución adscrita al Ministerio de Turismo. Cruz fue quien facilitó la entrada de Railteco Rail C.A. por la puerta grande del escenario de los contratistas públicos: otorgó a la empresa el contrato para servicios de mantenimiento al Teleférico Warairarepano, en julio de 2022. En aquel momento, como detalló un reportaje de Armando.info, la empresa quedó con la responsabilidad de llevar a cabo el reemplazo del cable tractor de 7,4 kilómetros que moviliza el teleférico capitalino desde la falda montañosa de la zona de Maripérez hasta la cima del cerro El Ávila, rebautizado por el chavismo con la voz indígena de Warairarepano. 

Aquello lo hizo, aunque con retrasos, en sustitución de la gigante austríaca Doppelmayr, empresa que construyó el teleférico capitalino en tiempos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1952-58), que desde entonces cumplió con la refacción y mantenimiento del sistema, incluyendo sustitución de partes. Las deudas del Estado con la compañía se fueron acumulando hasta rebasar los 100 millones de euros y erosionar la relación con Doppelmayr. 

La administración de Maduro no ha firmado más contratos con la empresa austriaca desde 2019. La desplazó a punta de culatazos para dejar paso, primero, a Alfamaq, una empresa perteneciente a la familia Ceballos, contratistas de larga tradición que tuvieron a su cargo la fallida reconstrucción del teleférico a La Guaira; y luego, en este nuevo capítulo de la historia, a Railteco.

Además de Cruz, el engranaje militar que potencia a Railteco incluye al General de Brigada del Ejército, Graciliano Ruiz Gamboa, integrante de la promoción de 1985 de la Academia Militar de Venezuela. General de Brigada Lucas Carvajal, y presidente del Metro de Caracas cuando Railteco obtuvo algunos contratos.

La tercera pieza es el General de División, Pablo José Peña Chaparro, actual gerente general de Railteco, excomandante del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército y egresado de la promoción General de Brigada Tomás Montilla de 1987, la misma promoción de Diosdado Cabello Rondón, exvicepresidente de la República, hoy ministro de Interior y Justicia y por convención considerado el número dos del régimen venezolano. Entre 2009 hasta 2010, Peña Chaparro se desempeñó en varios cargos burocráticos en la gestión de Cabello cuando este fue ministro de Obras Públicas y Vivienda. 

Pague con lo que sea

Llama la atención que en varios contratos de 2021 y 2022, a los que Armando.info tuvo acceso para su revisión y cotejo, quien firma por Raitelco no es Peña Chaparro. Los suscribe José Gregorio Rodríguez Alagares, oriundo del estado Lara, al centro occidente de Venezuela, quien originalmente registró Railteco en Panamá en 2019. Se trata de los contratos con los sistemas de teleférico, trolcable y metrocable, además del contrato de mantenimiento del Metro de Caracas.

Además de talleres de capacitación para el personal del Metro, el primero de estos compromisos, y cuyo monto no está especificado en el contrato, estuvo la habilitación del andén 2 de la estación Bello Monte de la línea 5 del Metro de Caracas. Las cláusulas estipulaban el “equipamiento específico en señalización, mando centralizado, energía de emergencia, red de datos, radio tren, teléfonos de emergencia, circuito cerrado de televisión y cualquier otro que requiera el Metro de Caracas”. Una adenda del acuerdo,  firmada en octubre de 202, amplió el alcance de la asignación para incluir la “ejecución de obras, prestación de servicios, suministro de equipamiento y cualquier otro que requiera el Metro de Caracas” y la “construcción y equipamiento de las obras de expansión de los Sistemas Cable, Metroviario y Metrobús”. 

Además, precisaba que Railteco debía ejecutar proyectos de mayor envergadura y estratégicos “bajo la responsabilidad del Metro de Caracas”, que incluyeran “obras de expansión y mantenimiento preventivo, correctivo y mayor de los mismos que engloban la procura de repuestos, partes y piezas a nivel nacional e internacional, o los de propia elaboración cuyo uso esté homologado con el sistema que opera y mantiene la empresa”. 

La cláusula segunda, referida al mecanismo de pagos, especificaba que este podía manejar tanto bolívares como dólares, euros o cualquier divisa libremente convertible e intercambiable. 

Pero allí no terminaría la historia de los contratos. En un punto de cuenta del 6 de febrero de 2022 que obtuvo Armando.info para este reportaje, se apuntala que los negocios de Railteco no solo implicaron al nivel ministerial, sino que se elevaron a la consideración de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República a través de Alí Padrón, entonces ministro de Turismo. Padrón presentó junto a Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República, la propuesta para que Nicolás Maduro aprobara el contrato por 7,9 millones de euros para el mantenimiento del Sistema Teleférico Mukumbarí. El monto debía ser cancelado desde el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) e ilustra la celeridad con la que, pese a su corta historia e inexperiencia en el área, la empresa ganó contratos.

Este es apenas un ejemplo. Otros son el pago de 17 millones de dólares que en 2022 reportó Armando.info por los trabajos en la línea 5 del Metro de Caracas, y los 5,98 millones de euros que costó la sustitución del cable tractor del Teleférico Warairarepano.   

En el Metro de Caracas, los resultados del paso de Railteco son elocuentes. Un ingeniero allegado a las labores, tanto en ese sistema de transporte como en el Trolcable de Mérida, y que pidió mantener su nombre en reserva, refiere que, entre las promesas no cumplidas de Railteco, estuvieron la sustitución de las computadoras de los trenes y la habilitación de un taller para embobinados de motores que nunca se llevó a cabo y en la que se invirtieron, de acuerdo con lo que expresa la fuente, unos 900.000 dólares.

“Le aprobaron la Línea 5 del metro y nunca ejecutaron nada. De ese proyecto fue de donde más sacaron provecho”, precisa.

La ampliación de la Línea 5 del Metro de Caracas es una deuda que data del gobierno de Hugo Chávez, de la gerencia de Haiman El Troudi como Ministro de Transporte y de la actuación de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela. Ahora, con Railteco, la historia parece repetirse. “Debían empezar desde cero: de la perforación de los túneles en adelante. Y no se hizo nada, solo las fotos”, añade la fuente.

En general, ascendiendo

Al menos desde 2021, Pablo Miguel Peña Chaparro está al frente de Railteco como gerente general. Nacido en 1964, fue el quinto en su promoción, la de 1987 de la Academia Militar de Venezuela, la misma de la que egresaron, además de Diosdado Cabello, otros personajes connotados del chavismo, como Jesse Chacón (exministro en distintas áreas), José Gregorio Vielma Mora (exgobernador de Táchira), Carlos Rotondaro (expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, IVSS) y Tomás Schwab Romaniuk (expresidente de la Siderúrgica del Orinoco, Sidor).

Más discreto que sus compañeros, connotados y mediáticos dirigentes del chavismo, el General Peña Chaparro ha ocupado cargos en diversos entes de la administración pública. De marzo de 2009 a febrero de 2010 se desempeñó como miembro principal y presidente de la junta de reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), un ente dependiente del Ministerio de Obras Públicas, entonces al mando de Cabello.

En febrero de 2010 fue nombrado director suplente de la Fundación Hábitat, también dependiente del Ministerio de Obras Públicas, con Cabello todavía en esa cartera. En 2014, fue designado responsable de los manejos de los fondos de funcionamiento de la Comandancia General de Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa. Luego, hasta 2015, fue comandante en la misma dependencia. 

En enero de 2017, quedó a cargo del Sexto Cuerpo de Ingenieros Gran Mariscal de Ayacucho, asentada en Fuerte Tiuna, el mayor y más importante cuartel militar de Venezuela, en el suroeste de Caracas. En el sitio web de la unidad se describe su misión como la de “incrementar el poder de combate de las unidades del Ejército Bolivariano” y de “contribuir al Desarrollo Nacional mediante trabajos de Ingeniería Integral, Apoyo Técnico, Logístico y Mantenimiento”.

Tras su pase a retiro en 2020, Peña Chaparro ocupó la gerencia general de Railteco, cargo al que llegó de la mano de Victor Cruz, según relata una fuente vinculada al sector transporte. Esa cercanía entre los militares terminó de sellar la alianza entre Railteco y Ventel. 

“Mediante una alianza estratégica, y valiéndose de la Ley de Tránsito y la Ley Antibloqueo, montaron [se refiere al gobierno de Nicolás Maduro] un parapeto para transferir la administración del transporte terrestre a un privado”. Este privado fue Railteco que, con el pretexto de las sanciones económicas impuestas desde Estados Unidos, se erigió como la empresa elegida para sortear los escollos ante proveedores internacionales y no interrumpir las labores de mantenimiento del Metro y los teleféricos. 

Barbas en remojo

Graciliano Ruiz Gamboa, nacido en 1964, integrante de la promoción de 1986 del Ejército, sigue una historia curricular parecida a la de Peña Chaparro, ocupando varios cargos en la administración pública, aunque con un perfil más modesto. En marzo de 2013 fue nombrado Gerente General de Desarrollo Ferroviario del Instituto Ferrocarriles del Estado (IFE), dependiente del Ministerio de Transporte Terrestre.

En diciembre de 2017, fue nombrado presidente del Sistema Integral de Transporte Superficial, S.A. (Sitssa), también oficina del Ministerio de Transporte. En septiembre de 2020 se le designó como presidente del Metro de Caracas, C.A, ente que desde entonces parece más un cuartel que una empresa de transporte público, a juzgar por la seguidilla de oficiales que vienen ejerciendo su dirección. En agosto de 2022, Ruiz Gamboa fue sustituido por otro oficial del Ejército, el Mayor General Juan Carlos Du Boulay Perozo y este, a su vez, traspasó el cargo en febrero de 2024 a otro general del Ejército: Ramón Velásquez Araguayán, General de División y también ministro de Transporte.

Si bien los contratos revisados para este reportaje datan de 2021 y 2022, las repercusiones se siguen sintiendo en la actualidad. A comienzos de julio de 2024, trabajadores del Trolmérida decidieron suspender las operaciones del trolcable. 

Un técnico de esta última, cuya identidad pidió no revelar, es sentencioso al momento de referirse a las operaciones de Railteco: “No saben nada de teleféricos”.

De acuerdo con su testimonio, en más de una ocasión se han comunicado con la gerencia de Railteco para denunciar irregularidades técnicas. Las respuestas, siempre insuficientes por parte de los gerentes de la empresa, motivaron que en julio optaran por la paralización de labores. Si el Metro de Caracas anda, aunque con retrasos y fallas, el trolcable de Mérida sigue inactivo, y los habitantes de esas poblaciones deben emprender a diario trayectos de hasta una hora por vía terrestre ante la falta del servicio. 

“No sabemos bien lo que va a pasar. Tenemos deficiencias en cabinas, en pinzas, en torres. No se ha hecho ese trabajo [de mantenimiento] desde hace diez años, pero el gerente nos dice que solo le aprobaron la compra del cable [que sostiene el sistema]. Lo demás es hermético”, precisa una fuente que trabaja en la obra.

Hubo un hecho que precipitó la decisión de suspender las operaciones. El 26 de junio, una cabina de teleférico de Medellín, en Colombia, se desplomó, dejando una persona muerta y nueve heridas. Ante el temor de que pudiera ocurrir algo similar, fueron los mismos trabajadores los que adoptaron la medida. “Hicimos presión para parar las operaciones porque lo que pasó en Medellín pudo pasar aquí.  Es un trabajo que Railteco nunca vino a supervisar. Nosotros pasamos reportes de que los nodos se estaban deformando y nunca vinieron”, insiste.

Compara la altura de ambos sistemas y concluye que las proporciones de un hipotético accidente similar en Mérida hubiesen sido peores. “Allá el accidente ocurrió a nueve metros de altura. Aquí [entre las cabinas y el suelo] hay un vacío enorme de 100 metros en el punto más alto. ¿Se imagina lo que puede pasar?”, concluye.

Armando.info envió solicitudes de entrevista con José Gregorio Rodríguez Alagares tanto al correo electrónico corporativo como al personal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Hoy la propaganda oficialista despliega notas de un plan, que encabeza Delcy Rodríguez, denominado Metro se mueve contigo, que aborda distintos ámbitos que van desde la ornamentación hasta la reparación de escaleras mecánicas, entre otros aspectos técnicos. Se trata de la misma persona que también firmó un contrato en el momento de plenitud de la rosca militar con la que se favoreció a Railteco Rail, S.A. y que ahora, a juicio de los usuarios, deja mucho que desear.  

“¡A donde me decían que había un muerto, yo iba! No hay sitio adonde no haya ido. Hasta he querido llegar a Las Rocas, pero es muy profundo y nadie me acompañaría. Quisiera revolver entre las piedras, tal vez él esté ahí”, afirma la mujer. Las Rocas, en la vía a la montañosa localidad de Zea de Mérida, es conocida como una zona de descarga de cadáveres. Es un sitio solitario, a veces cubierto por una delicada neblina, un hondo precipicio. Hasta ahí no han alcanzado a buscar a los cuatro desaparecidos. Las oficinas del CONAS, del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fiscalía de Mérida y de la Fiscalía de Caracas, de la Defensoría del Pueblo y de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sí han sido visitadas por los familiares de los jóvenes en búsqueda de algún rastro.

Rigoberto Lobo Puentes, director general de la asociación civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), ha seguido el caso desde el principio.  “En el caso de Cenis y sus compañeros es una desaparición forzada porque hubo un arresto. Aquí no discutimos si fue legal o no porque tampoco sabemos nada de las personas ni de los expedientes. En teoría, no hubo la detención o, por lo menos, eso alega el Gobierno… Esto solo termina una vez aparece la persona viva o muerta, pero hasta ahora no ha sucedido ninguno de los dos escenarios”, asegura.

Los doce misteriosos

Una docena de personas son señaladas como los responsables de la desaparición de Carrero, Mora, Aguilar y Vivas en julio de 2015. De ninguno se conoce la identidad, solo son reconocidos por descripciones y porque ocho son identificados por testigos como funcionarios del CONAS.

Del misterioso grupo cuatro tenían franelas blancas, carnets colgados y volteados, y tres de ellos pantalones negros y uno un blue jean. Solo uno abrazaba una FAL sobre su pecho, mientras los otros asomaban sus pistolas. Uno de los hombres tenía una gorra, puesta hacia atrás, que tenía un distintivo de unas alas de águilas y en el centro de estas un círculo.  Todos abordaron a los ahora desaparecidos.     

De ahí comenzó una búsqueda a tientas de los familiares de los cuatro hombres en Mérida. “Fuimos a las morgues, las comandancias de policías, los hospitales. Por esos días hallaron a varios muchachos muertos por balas, pero no eran ellos. Comencé mis indagaciones propias, en las calles, y siempre sentía que me obstaculizaban algo”, apunta la madre de Carrero.

El delito sería incuestionable de probarse que los captores de los jóvenes eran funcionarios del CONAS. “Una desaparición forzada es cuando una persona es arrestada o tomada por alguna fuerza de orden público y no se sabe su paradero. Pueden ser por horas o períodos más largos. Generalmente, estas vienen precedidas por una detención arbitraria, pero también puede estar fundamentada en una causa o justificación. Sin embargo, si no se sabe dónde está la persona se configura como una desaparición forzada”, explica Lobo.

Gritos de tortura, silencio verdeoliva

Solo algunas pistas han podido obtener Josefa y los defensores del caso de su hijo, aunque ninguna explicación de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía Décima Tercera del Estado de Mérida envió comunicados para solicitar colaboración e información al comandante de la Guardia Nacional de El Vigía, al director de la Dirección de Transporte Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana de El Vigía, a los jefes de las subdelegaciones de Caja Seca y de El Vigía del CICPC, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, al supervisor jefe del Centro de Coordinación Policial Santa Elena de Arenales del Municipio Caracciolo Parra y Olmedo de Mérida, al supervisor agregado Ramón Mercado (jefe de la Coordinación de Investigaciones y Procesamiento Policial de El Vigía) y a Yajaira María Aguilar Barrasa. Esta última es hermana de John, uno de los desaparecidos.

Otra mujer sería clave en las investigaciones. Según versiones de testigos, Nereida Puente Pulido, una enfermera, sería la dueña del automóvil y habría estado presente cuando los cuatro jóvenes fueron aprehendidos. Pero una vez que comenzaron las averiguaciones su paradero fue otro misterio. Algunos vecinos especulan que emigró, otros creen que se mudó a un mejor barrio y el resto simplemente prefiere callar. Ella no fue arrestada durante la captura de los jóvenes.  Josefa Carrero, la única de los familiares que ha decidido continuar con las denuncias del caso, la responsabiliza por lo ocurrido.

En 2016, la Fiscalía Décimo Tercera de Mérida abrió una investigación por el delito de desaparición forzada, pero todavía no concluye las averiguaciones.  Los primeros hallazgos son testimonios que coinciden como piezas de un rompecabezas. Se trata de versiones de vecinos, conocidos y un prisionero apodado “Caracas” que, según relata la madre de Carrero, habría visto a su hijo y los otros tres hombres en un centro de reclusión del CONAS. Incluso afirmó que escuchó cómo los torturaron oficiales de seguridad. 

“Caracas” venció el miedo y rindió testimonio el 3 de mayo de 2016 –se omite el nombre por protección– a través de una llamada telefónica hecha por fiscales. En el expediente numerado 14-F13-1693-2016 de la Fiscalía del Estado de Mérida, el que contiene la causa del hijo de Carrero y sus tres compañeros, aparece su declaración: “Fue en la noche, estando detenido con aproximadamente 25 personas en el GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro)-CONAS, ubicado en la Hacienda Onia, cerca de El Vigía, por donde está la represa del mismo nombre. Encontrándonos en el calabozo, como a las 10:00 de la noche, vi que trajeron a cuatro muchachos jóvenes por la vestimenta que traían. Estaban esposados y sus ojos vendados con (papel) periódico y este a su vez estaba sujetado con cinta transparente (tirro). Casi enseguida que los observé pasar frente al calabozo, los escuchábamos llorando. Se escuchaba, igualmente, que les daban golpes. Luego de media hora, aproximadamente, volvieron a pasar frente al calabozo y los condujeron hacia el área de la piscina, donde sí teníamos visual (visión) y pudimos apreciar que, uno por uno, encontrándose de rodillas, les sumergían las cabezas para que tragaran agua y se ahogaran. Eso lo hicieron en repetidas oportunidades. También les pegaban, daban cachetadas, patadas. Eran aproximadamente seis funcionarios quienes se encontraban maltratando a los muchachos, mientras todo esto ocurría los funcionarios preguntaban: ‘¿Dónde están las motos y los repuestos? (…) Que se iban a morir si no hablaban”, dijo.

Este es solo parte del relato de “Caracas”. El testigo escucharía a unos guardias nacionales afirmar que los detenidos, supuestamente, fueron llevados a una hacienda para ser “tirados los cuatro por un voladero”. Armando.info envió solicitudes de información al CONAS y la Guardia Nacional Bolivariana para conocer su versión del caso, pero hasta ahora no han sido respondidas.    

Josefa Contreras, conocida como “Chepa”, ha visitado a menudo las oficinas policiales, militares y judiciales para pedir una y otra vez explicaciones sobre estas denuncias. Al principio, el caso fue reseñado por la prensa nacional y la ONG PROVEA brindó asesoría. Pero con los días, la historia fue lentamente sepultándose en el olvido, al punto que solo la madre de Cenis Carrero asegura sentirse sola en su búsqueda.

Carpeta para La Haya

No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, pero el caso de los cuatro hombres de El Vigía es uno de los pocos debidamente calificados como desaparición forzada.

En un expediente de 495 folios consignado por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, el 16 de noviembre de 2017 a la Corte Penal Internacional, en La Haya (Holanda), deja constancia de, al menos, 505 muertes, muchas de las cuales serían ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un programa de seguridad ciudadana implementado por Maduro desde el 13 de julio de 2015, entre los años 2015 y 2017. La cifra pudiera ser mayor pues la ONG COFAVIC (Comité de Familias de Víctimas) destaca en un informe que 6.385 ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano entre el 2012 y los primeros tres meses del año pasado.

La ex fiscal Ortega Díaz pide investigar a Maduro, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el mayor general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el mayor general Antonio Benavides López, exjefe de la Guardia Nacional, por los delitos. Las denuncias son documentadas entre enero de 2015 y julio de 2017.

Solo hasta esa fecha la ex fiscal pudo documentar los casos porque en agosto del año pasado debió huir de Venezuela en una lancha hacia Aruba y luego en avión hacia Bogotá, Colombia, debido a las amenazas de encarcelamiento del Gobierno. Unos días antes de su extraordinaria fuga había sido destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Fue reemplazada por Tarek William Saab, entonces Defensor del Pueblo y reconocido militante del oficialismo.

Luego de ser ella misma parte del chavismo, Ortega Díaz comenzó su camino a la disidencia al denunciar los excesos policiales y militares durante el mandato de Maduro. Ocurrida en 2017 la “masacre de Barlovento”, como fue denominada por la prensa constituyó el caso más estridente de desaparición de personas al tratarse de una operación militar tras la que no se supo el paradero de 12 hombres durante 46 días hasta que sus cadáveres fueron hallados en dos fosas comunes. Fueron asesinados por militares a machetazos, la mayoría, tras ser arrestados en una OLP.

El ministro de Defensa desmintió que se tratara de uno de estos operativos tras conocer el escándalo y atribuyó las muertes a una operación denominada “Rondón” sobre la que no ofreció mayor detalle.

Los dolientes de estas víctimas reconocieron que las denuncias ante la prensa permitieron agilizar la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, en Barlovento –estado Miranda- es un secreto a voces la presunta desaparición de más jóvenes a manos de los cuerpos de seguridad, pero los familiares se han negado a ofrecer testimonio por miedo a represalias de las autoridades.

Dada la atroz naturaleza de este delito, puede sancionarse en instancias internacionales. Venezuela es miembro pleno del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al haberlo ratificado el 7 de mayo de 2000. Esto obliga al Estado a cumplir con las normas de ese convenio. También el estatuto es ley interna porque fue aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2000. En 2018, la Corte Penal Internacional aprobó la revisión de la denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela contra Maduro.

Desde entonces, más que preguntarse dónde está, el país se pregunta quién es Alcedo Mora y qué hizo. Su hermano Ramón, a través del hilo telefónico y desde el estado Nueva Esparta comienza la descripción con una negación: no es un denunciante de oficio.

Es dirigente social. No tiene título universitario ni mayor experiencia laboral, por eso le acuñan ese ambiguo cargo vecinal que ha cultivado desde los años 70, cuando se integró a la Juventud Comunista. También fue dirigente local de Ruptura y de la Liga Socialista, dos de los grupos en que la extrema izquierda subversiva se fragmentó por esos tiempos y donde, por cierto, también se incubó parte de la futura dirigencia del chavismo. Alcedo conoció en esa militancia, cuenta su hermano, a Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela, y a Tarek William Saab, ex gobernador del estado Anzoátegui (costa nororiental de Venezuela) y hoy Defensor del Pueblo. También tiene alguna experiencia sindicalista y entre los 80 y 90 comenzó a organizar colectivos culturales y vecinales para ayudar a las más deprimidas de las comunidades andinas.

Su trayectoria de izquierda no lo llevó a ningún cargo público. “Es que somos revolucionarios de verdad”, dice Ramón. Pero entre esos recorridos conoció a varias personas que hoy son funcionarios públicos. Trabajó en la Secretaría de Gobierno de Mérida desde 2008, con Marcos Díaz Orellana, y allí permaneció incluso al cambiar la gestión con la victoria de Alexis Ramírez, ambos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Alcedo fue, hasta ese fatídico mes de febrero de 2015, el secretario del Secretario de Gobierno, Luis Martínez.

Además de su romántico pasado antiimperialista, Alcedo es el vocero de los llamados colectivos en el estado Mérida, grupos de choque cuya agresividad les hizo ganar fama nacional por sus maniobras contra las protestas opositoras del primer semestre de 2014. Esas organizaciones de base, de vocación paramilitar, provocaron destrozos en las residencias estudiantiles y mantuvieron en zozobra a gran parte de la población. Ramón Mora asegura que hubo agresiones de parte y parte y que esos vínculos no le generaron enemigos entre los grupos de la Universidad de Los Andes (ULA) donde, dice, aún conserva amistades. Euro Lobo, un respetado periodista de esa región, acota la responsabilidad de Alcedo: “Era el vocero de los colectivos vecinales, culturales. Nada que ver con los grupos agresivos”.

De hecho, cuenta Ramón, una vez Alcedo denunció la existencia de grupos paramilitares al servicio de la oposición que, de acuerdo a lo que reportaba, estaban activos en Mérida. También acusó hechos de corrupción en la administración pública. Pese a todo lo anterior, Ramón dice que no tiene ni la más leve sospecha de quién puede ser el responsable de la desaparición de su hermano: “Alcedo no tenía enemigos”.

No hay opulencia o petulancia que le pertenezca a Alcedo. Vive con su familia en un sector popular de Mérida. Tuvo dos hijos en su primer matrimonio y una niña con la mujer que hoy lo espera en casa. Uno de sus hijos vive en el estado Yaracuy (centrooccidente del país), y el otro debió construir una pequeña pieza en la misma casa de sus padres, que a la vez era de los padres de Alcedo. Tampoco tiene carro ni otras propiedades.

El 27 de febrero salió de esa casa con una camisa oscura y pantalón claro. Así se visten los desaparecidos, según Rubén Blades. Dijo que sostendría una reunión con los residentes de Jají, un pequeño poblado del páramo, y luego regresaría a su casa. Su esposa lo esperaría el sábado, pero al mediodía, 24 horas después de haber salido, no llegaba puntual para llevar a su hija a la natación. La preocupación comenzó.

La primera respuesta que tuvo la familia fue el lunes, cuando el menor de los hijos de Alcedo se tropezó con un compadre que había conversado con el desaparecido el domingo. Lo llamó por teléfono y, al escuchar su tono de voz y su seriedad en el trato, le recriminó la actitud. Alcedo solo respondió que lo vería al día siguiente y que no le pasaba nada.

Ramón Mora asegura que ese fue el detonante. Los familiares hicieron las denuncias ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). También hicieron pancartas y algunas protestas que, según el periodista Euro Lobo, no tuvieron mayor respaldo de las comunidades.

Un allegado no identificado le dijo a sus familiares que, días antes de la partida a Jají, Alcedo envió un mensaje de texto anticipando lo que ocurriría: “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (N, de R.: siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuerpo de policía política), se me quiere involucrar en unos recuperos, la cosa es complicada, es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora. Batería”.

Lo que hizo Alcedo

Su desaparición pudo pasar desapercibida, como las otras 47 que contó la organización de derechos humanos Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) hasta 2010, solo en el eje de Los Andes y el estado Barinas. Pero sus allegados denuncian la presencia de entes gubernamentales incluso antes de la desaparición.

Una semana antes de ese 27 de febrero, Alcedo se reunió con un grupo de personas en el sector Santa Juana, que está cerca del aeropuerto Alberto Carnevalli de la capital merideña. Allí unos hombres se acercaron a Alcedo, lo llevaron contra una pared y lo amenazaron de muerte. Estaban armados. Luego abordaron una camioneta Toyota Hilux sin placas de identificación y se marcharon.

Según las declaraciones que han dado su hijo y la dirigente social Yasmeli Pernía, Alcedo Mora había denunciado hechos de corrupción dentro del llenadero de Pdvsa (la compañía estatal de petróleo y combustibles) que está en el poblado de El Vigía, un municipio merideño cercano a la capital. Desde allí, según las denuncias, existen mafias que promueven el contrabando de combustible y gas.

Pernía aseguró tener en sus manos una denuncia de 92 folios que demostraban que Pdvsa desvió unos materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (el programa del Gobierno para la construcción masiva de viviendas para familias de bajo poder adquisitivo) para financiar la campaña presidencial de 2012. De esos materiales, cuya cantidad programada de entrega era de aproximadamente 20 rubros, solo se entregó el 20 por ciento, mientras que el otro 80 se utilizó para financiar la campaña. Y, para confirmar, cita este ejemplo: de 300 plantas eléctricas solo llegaron 37 a los municipios de Mérida. Hoy, que hay racionamiento eléctrico una vez más, duele el desvío de los recursos.

Alcedo Mora hijo, citado en el portal Aporrea –que apoya críticamente a la revolución– explica que esas denuncias las entregó Mora al gobernador Alexis Ramírez y al secretario Luis Martínez, este último, jefe directo del desaparecido. Fue entonces cuando las autoridades iniciaron una serie de allanamientos para quebrar la red de corrupción, que terminó con 19 detenidos. Cuando ya habían capturado a 10, contó el hijo, fue cuando le informaron a su padre que la denuncia había tenido frutos.

Hoy poco se habla de tal situación. Los allegados de Mora denuncian que no hay organismo que dé respuesta. Sin embargo, su hermano, Ramón, aseguró que en los próximos días de mayo el fiscal Orlando Padrón, con competencia nacional, daría algunos resultados de las investigaciones. “Parece que los responsables de eso son miembros del crimen organizado”, confió por teléfono.

Además de las denuncias que hizo Alcedo, a la familia le genera suspicacia la poca importancia que, según ellos, le han dado los organismos oficiales al caso a pesar de que el desaparecido formaba parte de la nómina gubernamental.

Rafael Uzcátegui, representante de Provea, reconoce, sombrío: “La expectativa de Provea es pesimista”. Ramón, por el contrario, prefiere no pensar que su hermano está muerto. Si lo estuviera, sin embargo, exige “que lo entreguen también”.

A los familiares las horas se les hacen interminables en medio de la incertidumbre. Carecen de información acerca de las averiguaciones que pudiera estar realizando las autoridades policiales. Del secretario de Gobierno, autoridad política del estado y jefe de Alcedo, en cambio, obtuvieron una frase lapidaria y ambigua a la vez, que concentra todas las dudas que despierta el caso, apenas hace algo por despejarlas, y estimuló la zozobra y la desesperanza: “Eso le pasó a tu papá por estar hablando tanta pistolada”.

Su situación genera hoy una diatriba ideológica entre los izquierdistas, anarquistas y funcionarios del Gobierno chavista que se debaten entre hacer honor a sus principios políticos o responder ante la solicitud de la potencia europea y entregar a Heidbreder al que, sorpresivamente, sus conocidos lo consideran un pacifista y defensor de los derechos humanos. Lo que es absolutamente certificable es que el alemán no tiene ningún otro delito conocido en el país más que utilizar la documentación falsa que obtuvo en Colombia. Su cédula venezolana quedaría descartada debido a la falsedad de su origen.

Su esposa, Gloria Serna, su abogado, Gennys Pérez, y algunos grupos anarquistas piden que no lo extraditen a Alemania. Además de las ironías que rodean el caso, hay un punto que, al parecer, los allegados a Heidbreder tratan de ocultar pero que los medios alemanes se encargaron de afirmar: fueron los agentes de ese país quienes dieron con el paradero del solicitado en la ciudad de Mérida.

De Alemania…

A principios de los años 90 grupos de izquierda defendían en todo el mundo la causa de los kurdos, un pueblo del Cáucaso en busca de una patria imaginada, Kurdistán, pero que ahora, y desde hace décadas, se esparce entre las montañas de lo que hoy son territorios de Irak, Irán, Siria y, sobre todo, Turquía, su enemigo mortal. Hoy los peshmergas o guerreros kurdos son quienes enfrentan al temible EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIS por sus siglas en inglés) en la línea de frente en Irak. Pero por más méritos que hagan tal vez no alcancen su ansiada patria: ya les ha ocurrido antes, tras otras guerras y de haber servido con lealtad a sus aliados.

Uno de esos grupos era K.O.M.I.T.E.E. Desde Alemania –refugio de millones de turcos y cientos de miles de kurdos– la organización facilitaba el ingreso de los kurdos a países europeos. Mientras tanto, el gobierno alemán de entonces recibía acusaciones por parte de ese grupo de apoyar, militar, económica y moralmente, al régimen de Turquía, que reprimía a sangre y fuego a los movimientos de liberación nacional kurdos. A manera de protesta, el grupo accionó una carga explosiva combinada en una dependencia del Servicio Local de Reclutamiento Militar (en alemán, Kreiswehrersatzamt) ubicado en Bad Freienwalde, a las afueras de Berlín. Eso ocurrió el 27 de octubre de 1994. Los miembros del grupo entraron al edificio, abrieron un hueco en una ventana de madera y metieron el detonador en el área de entrenamiento y el comedor. Utilizaron unos despertadores, gasolina y algunos cables para, luego de la explosión, provocar el incendio. Sin embargo, esto no ocurrió y los atacantes provocaron el incendio a manos. Para entonces las autoridades calcularon los daños en 214 mil marcos y hallaron unos panfletos con estas palabras:

En ese ataque no hubo víctimas. Unos meses después, el grupo planeó la voladura de una cárcel para inmigrantes en Berlín que estaba desocupada y en proceso de remodelación. Se hicieron de una gran cantidad de clorato de sodio y sacarosa y fabricaron un poco más de 120 kilos de explosivos. Metieron la sustancia en envases de gas propano y los conectaron con detonadores y temporizadores de fabricación casera (pilas de 9 voltios, despertadores, bombillos de flash). Eso era suficiente para hacer volar todo el centro penitenciario. Los tres involucrados, más tarde, el 10 de abril de 1995, robaron un vehículo marca Ford Transit rojo (placa B-DT 2851) y al día siguiente robaron otras matrículas para intercambiarlas y confundir a las autoridades. Montaron las bombonas con los explosivos en uno de los vehículos y, además, escribieron en nueve hojas:

Ya listos para cometer el atentado, se fueron a un estacionamiento cercano a un bosque en Berlín. Ya cerca de las 3.00 de la mañana del 11 de abril y con dos vehículos a su disposición, los tres involucrados cargaron en uno de ellos todas las matrículas, algunos bidones con gasolina y otros varios artificios que habían utilizado durante la fabricación de las bombas caseras. Ya poco antes de salir del estacionamiento, se acercó una patrulla. Incluso antes de que los oficiales dieran la voz de alto, los tres involucrados corrieron y abandonaron el vehículo que, también, harían estallar en la penitenciaría. Las autoridades hallaron, según el abogado Gennys Pérez, que hoy asiste a Bernhard, la identificación de Pedro Krauth y de Thomas Walter dentro del vehículo, pero no la de Heidbreder. Días después el grupo K.O.M.I.T.E.E. se responsabilizó por los hechos a través de algunos periódicos que, más tarde, fueron allanados por las autoridades según un recuento en el portal alemán www.spiegel.de y vincularon al grupo con la organización terrorista kurda Partiya Karkerén Kurdistan y sus actividades violentas en Turquía. John Londoño, que para entonces seguía llamándose Bernhard Heidbreder, ya era un prófugo de la justicia.

…a Colombia

Gloria Serna parece muy discreta, o su reserva es la de alguien que tiene algo que ocultar. La esposa del ciudadano alemán en espera de extradición se negó rotundamente a dar detalles de la llegada de Heidbreder a Colombia y, más aún, a explicar cómo se conocieron. Según las propias palabras del solicitado –publicadas por una carta en la web–, en Colombia consiguió una documentación falsa a cambio de dinero y escogió uno de los nombres y apellidos más populares de ese país. Decidió, sin embargo, mantener Smith como segundo apellido para tener alguna explicación de su escaso dominio del español. Es nula su historia colombiana y su defensa solo sabe, o dice saber, que llegó en 2002 a la ciudad de Mérida atraído por la deriva antimperialista del entonces presidente Hugo Chávez. Hombre de la revolución desde casi siempre, Heidbreder llegó a creer con fe absoluta en la utopía bolivariana. En Alemania fue miembro del Partido de los Trabajadores y por eso, según la presunción de su defensa venezolana, lo vincularon con ambos atentados.

Las autoridades alemanas, mientras tanto, lo identifican como el tercer implicado en los bombazos y hasta lo responsabilizan de haber fabricado los artefactos explosivos. Las investigaciones determinaron que tanto los explosivos que efectivamente estallaron en el comando militar, como los que debían estallar en la penitenciaría para inmigrantes, fueron fabricados por la misma persona.

Reconversión andina

Hay un punto que la defensa de Heidbreder no confirma, pero que sí dejaron claros algunos medios alemanes: para el 16 de abril de 2014 ya los servicios policiales alemanes estaban seguros de que Bernhard Heidbreder vivía en Mérida. Ellos emitieron la alerta para que Interpol y sus funcionarios en Caracas, en realidad miembros de la policía científica venezolana, lo detuvieran, en definitiva, en el hotel Venetur de Mérida. La sospecha es que agentes alemanes hicieron un trabajo previo de inteligencia sin notificar al Gobierno de Venezuela. Esto, por ahora, no se ha confirmado.

John Londoño y Gloria Serna vivían en el casco central de Mérida y tenían una vida tan normal como el resto de los habitantes de la Ciudad de los Caballeros. Cuando llegaron en 2002, con documentos de identidad colombianos, no les fue difícil pedir una cédula venezolana. Por ese entonces el chavismo hacía esfuerzos por cedular a los inmigrantes indocumentados de Colombia, a cambio de su voto y lealtad política.

A Heidbreder le correspondió la cédula de extranjero número 84.325.215 y ocho años más tarde, según la Gaceta Oficial número 6.063 del 10 de abril de 2010, quedó nacionalizado bajo la cédula de número 29.705.791. Este último número es el que aparece registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el que está inscrito por sus servicios prestados para la empresa Impresos Las Cumbres, una industria gráfica merideña.

Dos días después de su detención, a Heidbreder lo presentaron ante el Tribunal Sexto de Control de Mérida y lo imputaron por el delito de documentación falsa. Además, le comunicaron que estaba solicitado por el gobierno alemán. El tribunal declinó la competencia y remitió el caso a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas. Heidbreder fue trasladado a la capital venezolana el 17 de julio.

Ese día lo llevaron a la sede de la Interpol, en Parque Carabobo, y allí permaneció durante un mes en un espacio de tres metros cuadrados, con las manos esposadas, utilizando el baño de los funcionarios y durmiendo en un colchón prestado. Luego, gracias a las peticiones de su defensa, lo trasladaron a la sede de la Brigada de Acciones Especiales de la policía científica y desde entonces espera por su proceso legal. Una fundación de ayuda a alemanes en el extranjero está pendiente de sus necesidades y su esposa le paga a una señora que se encarga de hacerles el almuerzo a todos los presos de ese centro. Según refieren sus allegados, ha cambiado el ánimo y su salud se mantiene estable. Tiene 54 años, aunque sus documentos digan que este año cumplió los 46.

Extradición

El proceso es así: el TSJ debe tener todas las evidencias necesarias para asegurarse de que sí hay motivos en Alemania para enjuiciarlo. Eso se debate a través de un proceso legal. El primer paso ya se hizo, que es el de solicitar al país interesado todas las evidencias contra Heidbreder. Debe emitir toda la documentación y exponer los motivos y la ley venezolana prevé un plazo de 60 días para ese papeleo. Alemania respondió, con todos los documentos traducidos y apostillados, en 15 días.

El caso lo investiga la Fiscalía Tercera Nacional con competencia en la Sala Constitucional. La corte debe certificar que se trata de un terrorista y, hasta ahora, eso no ha ocurrido. Gennys Pérez, su abogado, se muestra optimista. Explica que hay elementos a su favor: primero, que en Alemania el delito de terrorismo tiene una vigencia de 20 años, plazo que se vence el año que viene. Si no se extradita antes, Venezuela no debería enviarlo a Alemania. Lo otro a considerar es el principio de doble tipicidad; esto es, básicamente, que ambos países tengan en sus leyes el delito de terrorismo para el momento del hecho consumado. En el caso venezolano, esa palabra existe en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada desde 2002 y en 1995 solo refería a otros delitos relacionados. De todas formas, en caso de tomar el delito de terrorismo a consideración legal, contempla en Venezuela una vigencia de siete años.

Ahora los grupos de apoyo a Heidbreder se concentran en su labor anarquista y revolucionaria, mientras recriminan al Gobierno el hecho de no apoyarlo pese al discurso antiimperialista que profesan todos los funcionarios desde 1999. Hoy el alemán y sus amigos venezolanos esperan por la fecha para el inicio de la audiencia en la que se determinará si se va o si se queda. En la Sala de Casación Penal pueden, también, decidir que se quede en el país a pagar su sanción por el delito de porte de documentación falsa. O, incluso, expulsarlo del país y enviarlo al más cercano, que es Colombia y donde, probablemente, también lo estén esperando con un proceso en puertas por falsificar los documentos de ese país. Como con frecuencia ocurre con los alemanes, Heidbreder tiene enemigos en varios frentes.