Fue un proceso que llevó ocho meses con reuniones de lobby que se convocaban desde las altas esferas del ya célebre gigante de la construcción brasileña. Tan altas como Marcelo Odebrecht. Ya en marzo de 2009, el Presidente Ejecutivo de la corporación y cúspide de la familia reunió a su plana mayor para planear una acción que garantizara la entrada de Venezuela a la cancha natural de la economía brasileña, una movida de carácter geopolítico que contaba con serias resistencias en los parlamentos de Brasil y Paraguay.

Para vencer las reticencias en el Senado brasileño, Odebrecht reclutó como arietes a tres senadores clave del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el partido de los expresidentes Inacio Lula da Silva y Dilma Rouseff: Aloizio Mercadante, Antonio Palocci y Tião Viana. Así se desprende de las comunicaciones de correo electrónico encontradas en la computadora de Marcelo Odebrecht y que se recogen en los folios de los expedientes que se han armado en la fiscalía y el poder judicial brasileño, en el marco de la Operación Lava Jato.

El taladro de Odebrecht se activa

El gobierno de Chávez, con su proclamada vocación bolivariana, abrazó una pretensión de integración hemisférica que cristalizaría en distintas iniciativas: Alba, Celac, Petrocaribe, Unasur, fueron algunas de ellas, de cuyas génesis cabe asignar responsabilidad al chavismo. Pero uno de los acomodos a los que esa doctrina dio lugar se transformó en una pirueta audaz: Caracas optó por romper con el antiguo Pacto Andino y, sobre todo, con un denso intercambio comercial con Colombia, para enrolarse en Mercosur.

En un momento dado, gobiernos de izquierda coincidieron en las cuatro capitales de Mercosur: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y Asunción. El panorama pintaba atractivo para Chávez, aliado –y en muchos casos, financista– de esos gobiernos. Pero el canto de las sirenas progresistas condujo al caudillo venezolano a encallar en un punto muerto. A pesar de todos los auspicios, después de tres años de gestiones Venezuela no había pasado a ser más que un actor con voz, pero sin voto, en Mercosur. El canal expreso hacia la membresía que tal vez el líder venezolano había imaginado, estaba obstruido. Tardaría seis años en ser admitido.

Chávez dijo que se trataba de un hecho "histórico", refiriéndose a la adhesión de Venezuela al Mercosur, y que el "camino para la liberación de Venezuela" se encontraba en el bloque austral. Pero al cabo de tres años, el estatus del país se encontraba en un limbo. Si bien todos los presidentes ya habían dado el sí, faltaba la aprobación de los parlamentos de Paraguay y Brasil.

Aún con mayoría en el Senado, ni siquiera la maquinaria política de Lula consiguió sacar los apoyos suficientes para que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la cámara alta en Brasilia accediera a elevar el caso a la plenaria. Pero entonces intervino Odebrecht.

El poderío de la empresa consiguió que Eduardo Azeredo, presidente de esa comisión, y quien públicamente se había erigido como uno de los más tenaces adversarios de Chávez en Brasilia, se sentara con ellos para revisar y eventualmente cambiar su posición frente a Caracas.

Azeredo se había posicionado en 2007 como un vocero antichavista, al promover desde la misma comisión una resolución en rechazo del silenciamiento, decretado por Chávez, de la principal cadena de televisión privada de Venezuela, RCTV. Vehemente, Chávez hizo poco por quitar hierro al contencioso. Por el contrario: dedicó dardos retóricos a Azeredo y al congreso brasileño, a quienes llamó “loros que repiten todo lo que dice Estados Unidos”. En general, no parecía dispuesto a ganarse voluntades entre los parlamentarios. La persuasión quedaría a cargo de Odebrecht.

A Azeredo le pidieron comprensión. Venezuela entonces se erigía como el destino de una quinta parte de las ventas de la más importante constructora de Brasil y uno de los mayores clientes del país obligado a buscar afuera lo que en casa no producía. A puerta cerrada, el mismo senador que enfrentó públicamente a Chávez dijo a los de Odebrecht que si bien frente a los medios sostendría la negativa de su partido contra el mandatario venezolano, durante el debate no opondría especial resistencia al ingreso de Venezuela al bloque regional.

Así lo reportó Rubio Fernal e Sousa, uno de los directivos de Odebrecht, en un correo dirigido a su jefe, Marcelo Odebrecht, y a otros cuatro miembros de la junta directiva interesados en la misión de abrirle la puerta a Venezuela para su ingreso en Mercosur.

“Estuve hoy largamente con el senador Eduardo Azeredo (PSDB MG), recién establecido en la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde el proyecto está llegando”, apuntó Fernal, el ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico enviado a las 3:12 de la tarde del miércoles 11 de marzo de 2009. “Intentará ser muy equilibrado sin permitir ninguna exageración y evitar las protecciones y está seguro de que el ingreso será aprobado si así el Gobierno lo desea (en la comisión hay 19 votos siendo sólo 7 de la oposición liderada por el PSDB)”.

Azeredo, sin embargo, pone en tela de juicio esos acuerdos. Si bien no desconoció la reunión con la empresa, ya lejos del Congreso y apartado de la política en general, esta semana respondió vía correo electrónico que nada afectó su posición. “Mi voto fue contrario como consta en los anales del Senado”, dijo. “En cuanto a las conversaciones con representantes de Odebrecht no hubo ninguna interferencia. La aprobación acabó ocurriendo por la mayoría de los senadores partidarios del Gobierno de entonces”.

El lobby empresarial

La Comisión de Relaciones Exteriores al final elevó el 29 de octubre de 2009 la discusión del protocolo de adhesión, en la que la moción obtuvo doce votos a favor y cinco en contra. No pasaron más de dos meses para que la plenaria del Senado terminara de darle la aprobación a la incorporación de Venezuela al bloque regional. Pero lejos de ser una decisión política, tras bastidores quedó una bitácora de negociaciones que se leen en el intercambio de correos de la gerencia de Odebrecht.

Como si se tratara del diario de debates del Senado de Brasil, pero con dos semanas de antelación, en el intercambio de correos electrónicos de los ejecutivos de Odebrecht se hacía el vaticinio de cómo quedaría la votación: “20 votos a favor, 14 en contra mas el presidente Eduardo Azeredo que solo vota en desempate, y 3 indecisos”.

El juego había salido bien para Marcelo Odebrecht. El empresario alcanzó el objetivo que siete meses antes se había trazado con los suyos para contactar a figuras significativas de la oposición brasileña –como el exembajador de Brasil en Estados Unidos, Rubens Barbosa– con el objetivo de que se manifestaran a favor del ingreso de Venezuela al momento de que fueran consultados en audiencia pública.

 “Acompañen este asunto apoyando a EA (Euzenando Azevedo, el director de Odebrecht en Venezuela). Si precisan alguna acción mía me hablan. Tenemos varios a quienes podemos influenciar. No sé si es por esto pero el embajador Rubens Barbosa me está buscando”, apuntó Marcelo Odebrecht en un mensaje a las 5:13 pm del 11 de marzo de 2009. Nada era demasiado en esta campaña de cabildeo: dos días más tarde sugirió contactar al expresidente Fernando Henrique Cardoso. “Rubio: converse directo conmigo para conectar con FHC”.

 A la hora de rendir cuentas, Marcelo Odebrecht terminó por reconocer su papel en todo este tinglado. “Con respecto a Venezuela, me involucré, junto con Claudio Melo Filho y João Carlos Nogueira, con el tema de la admisión del país en el Mercosur”. Eso dijo frente a los dos fiscales que el 14 de diciembre de 2016 tomaron su declaración en la ciudad de Curitiba, Paraná, al sur de Brasil, cuando finalmente había entendido que no le quedaba opción distinta a la de aceptar un acuerdo de colaboración premiada a cambio de reducir su inevitable condena. “Buscamos, en la época, varios políticos para apoyar en esta aprobación, que terminó ocurriendo”.

La sorpresa de Ledezma

En el ajedrez político que Odebrecht jugó fueron decisivos –según un reporte que en Odebrecht presentó su ejecutivo, João Carlos Mariz Nogueira– los senadores del Partido de los Trabajadores (PT), Aloizio Mercadante, Tião Viana y Antonio Palocci, cuyos nombres posteriormente salieron implicados en la trama de Lava Jato como piezas de la constructora que recibieron dinero a cambio de favores políticos.

Mercadante pasó del Senado a ministro de Educación del gobierno de Dilma Rousseff, para cuya campaña electoral se le ha señalado de haber recibido un millón de reales –unos 300.000 dólares– en el año 2010. Viana recibió el doble: dos millones de reales, es decir, unos 600.000 dólares, de los que solo reportó oficialmente una cuarta parte para su campaña como candidato a gobernador del estado de Acre. Palocci, por su parte, ex senador y ex ministro de Hacienda, hombre fuerte de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se encuentra en la cárcel tras ser condenado a poco más de doce años por participar en el pago ilegal y posterior lavado de más de diez millones de dólares también para campañas políticas.

Pero si no resultaba precisamente sorprendente que Odebrecht consiguiera corresponsales en la política brasileña a través de quienes operar, consiguió un respaldo inesperado desde Venezuela. El dirigente opositor Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y hoy exiliado político, sorpresivamente empujó la barca en la misma dirección de Odebrecht.

Para tomar la decisión definitiva y votar sobre el espinoso asunto, los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil optaron por conseguir el testimonio de un conocedor del asunto. Llamaron a Ledezma a testimoniar.

Si bien Ledezma había enviado en mayo de 2009 una carta al Senado brasileño en la que advertía que "sería un precedente muy grave admitir en el Mercosur a un presidente cuyas acciones demuestran una escalada autoritaria y que no cree en los principios del mercado y los procesos de integración", cinco meses después, a la hora de prestar declaración ante el Senado brasileño, mudó de posición.

Probablemente, los más sorprendidos con la rectificación de Ledezma fueron los representantes del Gobierno de Chávez, quienes se habían apresurado en descalificar de antemano sus declaraciones. El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) pidió a los senadores de Brasil aprobar la integración de Venezuela al Mercosur, aún por encima de sus propias reservas acerca de la deriva autoritaria del régimen de Caracas. “La votación final será hoy y, según senadores, los tropiezos puestos por Chávez los despejó su más grande crítico, Antonio Ledezma”, reseñó el diario El Espectador de Colombia en su edición del 28 de octubre de 2009.

"Una cosa es la integración y otra cosa es la política de expansión que lleva adelante el Gobierno del presidente Chávez, y para las democracias de nuestro continente es necesario que Venezuela respete las reglas técnicas, se adhiera a los protocolos que son las columnas que sostienen a Mercosur", apuntó entonces Ledezma en Brasilia.

Como se informó en este portal en julio de 2017, Ledezma aparece mencionado -junto a otros dirigentes tanto del chavismo como de la oposición, como Diosdado Cabello o Carlos Ocariz- entre los presuntos beneficiarios de aportes realizados por Odebrecht a distintas campañas electorales de alcance local, y a los que se alude en las delaciones premiadas de los ejecutivos de la compañía. En el caso de Ledezma, siempre según esos testimonios registrados por la justicia brasileña, el aporte se habría producido en abril de 2008, poco más de un año antes del testimonio del exalcalde ante el Senado de Brasil, y justamente en ocasión de las elecciones locales para la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

A pesar de los esfuerzos por contactar al exalcalde, incluyendo gestiones ante cinco de sus familiares y colaboradores cercanos, no fue posible contar con la versión de Ledezma para este reportaje. Durante la semana más reciente, según difundieron las agencias noticiosas, Ledezma acompaño a los también líderes de oposición Carlos Vecchio y Julio Borges en una gira que los llevó por Francia y España, donde fueron recibidos por los presidentes Maurice Macron y Mariano Rajoy, respectivamente.

En todo caso, y sin que importaran la comparecencia de Ledezma ante el parlamento brasileño o los denuedos de Odebrecht por sortear los escollos políticos, las gestiones, aunque exitosas en Brasilia, resultarían insuficientes. Las pretensiones de Venezuela para entrar a Mercosur se atascaron en Paraguay, un país de siete millones de habitantes, miembro liliputiense, junto a Uruguay, de la alianza comercial. El congreso de ese país nunca terminó de dar el visto bueno a la Venezuela de Chávez, y fue necesario que los otros miembros del bloque suspendieran a los guaraníes en junio de 2012, a raíz de la destitución parlamentaria del presidente Fernando Lugo, para que entonces Caracas se uniera al club.

Ya en ese momento Hugo Chávez padecía del cáncer que lo mató apenas nueve meses después. Su sucesor, Nicolás Maduro, fue echado del grupo en 2017. Y ya no estaban ni el Príncipe de Brasil ni Odebrecht, el gigante de la construcción que dispuso hasta del equilibrio político de América latina, para evitarlo.

Era un esquema adaptado a las relaciones comerciales de Venezuela con América Latina. Los despachos de alimentos, entre ellos el azúcar, procedían de Bolivia, pero Mossack Fonseca recomendó incluir en esta transacción a una empresa ubicada en Uruguay, nación del Mercosur (Mercados Común del Sur), para facturar y comercializar las mercancías que se destinarían a ZMO Comercial.

La triangulación iba a permitir al cliente venezolano recibir desde Venezuela Cartas de Crédito mediante el Banco Exterior necesarias para cancelar los pagos a Bolivia. En ArmandoInfo se intentó localizar a Zambrano Echegaray a través de los números de teléfono y correo electrónico asociados con ZMO Comercial en Venezuela para conocer con detalles los motivos de esta operación, pero ninguno estaba actualizado. Sin embargo, los asesores de Mossack Fonseca explican en un documento filtrado la razón por la que Zambrano Echegaray requería de este esquema.

Según el escritorio jurídico, la política de Venezuela se dirigía a facilitar los acuerdos comerciales entre los países enmarcados en el convenio de Mercosur. Esto, principalmente, tenía como destino agilizar la entrega de dólares preferenciales otorgados por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). “Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo precioso para el reintegro de los fondos… Una vez canceladas las facturas comerciales, el Estado venezolano maneja esto a su libre discreción, el reintegro de divisas, y solicitan ahora certificaciones de pagos para acreditar los reintegros. Muchas empresas se han enfocado en mercados alternativos protegidos por el Gobierno Nacional, facilitando sus operaciones”, decían los asesores de Mossack Fonseca en el mismo documento.

Así, como Zambrano, muchos empresarios hallaron en Mossack Fonseca a un gurú para aplicar fórmulas casi infalibles contra las restricciones del control cambiario y también obtener contratos con compañías del Estado.

Los escapistas del control cambiario

La palabra Cadivi aparece en 409 registros de la filtración de los llamados PanamaPapers. El organismo encargado de administrar divisas, ahora llamado Cencoex (Centro Nacional de Comercio Electrónico), ha estado sumergido en los mayores casos de corrupción de los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La figura de Cadivi fue empleada por empresas de maletín para desviar más de 25 millardos de dólares entre 2003 y 2015.

El uso indebido de divisas es un delito sancionado en este país sudamericano. En 2015, la Fiscalía de Venezuela imputó a 1.796 personas naturales y 120 representantes legales de personas jurídicas por obtención fraudulenta de monedas extranjeras mediante Cadivi.

Mossack Fonseca conocía los rigores del control cambiario. Por eso, la firma panameña había destinado a altos cargos para manejar este asunto. Las estructuras de negocios aplicadas por el despacho jurídico para sortear los controles cambiarios ya estaban consolidadas desde 2008. En agosto de ese año, los trabajadores del escritorio jurídico intercambiaron correos que evidencian un amplio dominio sobre el tema. “Como sabes, Cadivi cuida mucho los detalles y a la hora de definir las coordenadas bancarias para el pago de las facturas, difícilmente aceptaría cuentas en bancos offshore o por lo menos esto abriría la posibilidad a dudas que nuestros clientes prefieren evitar generar”, escribía Paolo Tricotti, un alto representante del bufete, a su compañero Ramsés Owens en una comunicación interna, en referencia a empresarios que deseaban evadir el control cambiario.

En 2013, un cliente pidió asesoría al escritorio jurídico para instalar un terminal virtual que permitiera a su empresa hacer transacciones comerciales con las remesas en moneda extranjeras asignadas a los venezolanos por el Estado. “Lo que realmente deseamos es sustituir nuestro punto de venta físico por uno virtual que nos permita deslizar las tarjetas desde la PC con la ayuda de un lector de banda magnético vía USB”, exponía Andrés Bello López, propietario de la compañía TheCaribbean Key.

La operación permitiría recibir pagos hechos con tarjetas de créditos venezolanas para acceder a los cupos viajeros otorgados por Cadivi. “Actualmente nos encontramos en Ecuador trabajando con puntos de venta físicos, pero este sistema encuentra muchos problemas para poder procesar los pagos de estas tarjetas, razón por la cual, descubrimos que la solución es contratar una pasarela de pagos que nos provea de un punto de venta virtual”, decía Bello.

Traders criollos

Sin cuestionamientos, Mossack Fonseca aceptó guiarlo en materia tecnológica y legal en esta maniobra. También asistió a empresarios venezolanos que buscaban un empaque foráneo para hacer pasar sus empresas importadoras como proveedores extranjeros.

De estos esquemas se beneficiaron, por ejemplo, los empresarios Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez. La misión de estos socios fue ganar contratos con la empresa estatal Corporación de Servicios y Abastecimientos Agrícolas (LA CASA. S.A.), el organismo creado por el presidente Hugo Chávez para importar productos alimenticios y distribuirlos a través de la red de mercados del Estado.

A través de Mossack Fonseca, utilizaron un método concebido para la importación de alimentos hacia Venezuela que consistía en abrir una empresa en un paraíso fiscal, al mes aumentar el capital en 100 mil por ciento, después traspasar el poder para negociar con el Estado a terceros ycerrarla repentinamente tras diez meses, aproximadamente. Una estrategia de cuatro pasos que este grupo repitió al menos en 5 de las 12 empresas que tenía en sus manos.

Los empresarios solían utilizar una shelfcompany, o una compañía creada con anterioridad y sin movimiento alguno, para desempolvarlas cuando necesitaran hacer una inversión. En Mossack Fonseca eran expertos en este método de resurrección gerencial.

Grupagro Trading Corp existía desde 2011, pero en junio de 2014 salió del estante. Nació con un capital de 10.000 dólares distribuido casi en partes iguales entre los socios. Un caso similar ocurrió con Ecosur S.A.; Agroindustrial Suramericana SA; Vessel Enterprise Corp y Gran Columbia Grains, SA. Todas domiciliadas en Belice.

La decisión de buscar una alternativa a la jurisdicción panameña se corresponde con los anuncios políticos del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones en 2014 con el gobierno del anterior presidente Ricardo Martinelli.

“Por eso nos mudamos a Belice; nosotros actuamos como intermediarios y escogimos este lugar porque nos brindaban seguridad y rapidez”, afirma Hinestrosa, mientras insiste en que en su proceder no hubo ningún movimiento que violara la ley.

Ni siquiera es ilegal el hecho de incrementar el capital en 100 mil por ciento, es decir, el aumento que hicieron a 10 millones de dólares como patrimonio de su empresa. Una de las “delicias” de los paraísos fiscales es que cuando se decide inflar de manera tan dramática el capital de la empresa, no es necesario demostrar que esa cantidad está verdaderamente respaldada. Se enuncia, se cambian los documentos y eso es suficiente. En Panamá, por ejemplo, el artículo 21 de la Ley 32 permite que una sociedad anónima emita acciones, aunque el capital social no haya sido consignado.

Abren y cierran empresas

Pocaterra, Hinestrosa y Méndez también querían mejorar el balance de la compañía frente a sus proveedores de alimentos. “Nuestra actividad principal era conseguir empresas internacionales interesadas en vender a LA CASA S.A., además de a nuestros clientes del sector privado”, explica Hinestrosa. “Previendo la necesidad de tener empresas listas para participar en las licitaciones, registramos e inscribimos varias que serían posteriormente vendidas a proveedores internacionales interesados”. Fue la forma más expedita que encontraron estos socios para operar como traders en Venezuela y seguir vendiendo insumos básicos en dólares en tiempos de control cambiario.

En el Registro Nacional de Contratistas solo aparecen Grupagro, Mercoamerica, Paramerica, Interfood y Finora; es decir, un 41% de las 12 empresas de los socios. De éstas, solo registra alguna actividad Mercoamerica, que ha tenido relación con cuatro clientes. También es la única que aparece en la lista de empresas favorecidas por Cencoex, la dependencia que autoriza y liquida las divisas preferenciales, en 2014, un monto aprobado de 848.977,30 dólares para importaciones totales ordinarias de Aladi y Sucre.

No obstante, Hinestrosa asegura que lo recibido supera lo que aparece públicamente. “Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de 3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue liquidado nada más. Es, por lo tanto, una empresa pequeña en comparación con otras que importan los mismos rubros. Emplea 15 personas y es contribuyente especial del Seniat”, agrega.

El último paso era la desincoporación. Esa es la palabra que utilizan para desactivar las empresas que importarían alimentos. Poco a poco los principales accionistas de estas compañías fueron deshaciéndose de ellas. El 22 de enero de 2015 llega la primera de las alertas. Hinestrosa envía un correo a sus interlocutores del bufete Mossack Fonseca en el que aduce: “Debido a una reestructuración de nuestro grupo solicito desincorporar Vessel, Agroindustrial Suramericana, Ecosur; Gran Columbia y Grupagro”. Todas las que tenían residencia en Belice y todas las que habían experimentado el vertiginoso aumento de capital, apenas seis meses atrás.

Luego, en julio de ese mismo año, cambian las razones de su decisión y asegura que se trata de un motivo plenamente comercial “al no encontrar oportunidades de negocios”. Para reforzar esta idea, el empresario asegura que esa versión es tan definitiva que ni siquiera abrieron cuentas bancarias de las compañías.

“La única empresa que conservamos nosotros bajo nuestra propiedad es Ecosur, S.A. Las demás fueron disueltas o vendidas a terceros”, sentencia Hinestrosa. En total, el ciclo de vida de estas empresas no llegó al año. Poco tiempo para ni siquiera darles el beneficio de la duda. O permitir recoger la cosecha, justo antes de que se filtraran los documentos de Mossack Fonseca.

Una receta parecida aplicó Desiré Obadía. Este empresario registró mediante Mossack Fonseca más de una docena de compañías en Panamá y dos en Belice para amarrar contratos de importación con La Casa S.A.

Ninguna de estas operaciones puede ser calificada como ilegal, pero muestran un modus operandi de lidiar con la Venezuela de los controles. Son las recetas pret a porter para evadir las trabas comerciales de la República Bolivariana de Venezuela y que, hasta ahora, habían quedado agazapadas en el exterior.