Llegaron acompañados de tres camiones tritones, con insumos y comida. Una logística que dejó temor e incertidumbre, polvareda y ruido en lo que para ellos es un bosque, pero en realidad es una zona de preservación de las especies de flora y fauna que allí habitan entregada en comodato a la Universidad de Los Andes (ULA) desde 1982 para la investigación y la docencia.

Pero los “embajadores” ni escuchaban ni daban explicaciones. Apenas decían que necesitan tierras para producir y al establecerse se hacen llamar Asentamiento Campesino.

Las invasiones no son ninguna novedad en la zona. Comenzaron cuando fue creada la RFC el  2 de febrero de 1961 cuando se contabilizaban algunas ocupaciones en estos terrenos  baldíos. Sin embargo, en el año 1990 el censo de la RFC registró la existencia de 499 fundos ocupando una superficie de aproximadamente 85.000 hectáreas. Para el año 2000, se calculó que unas 1.350 familias ocupaban una superficie mayor a 95 mil hectáreas, según un ingeniero forestal de la Dirección Estadal de Ambiente con injerencia en los municipios Barinas y  Zamora.

En total la RFC tiene una superficie de 180 mil hectáreas y actualmente un 98% de ese terreno está ilegalmente ocupado, destacó el ingeniero que prefiere resguardar su identidad. Allí se han desarrollado proyectos de investigación, con pasantes de pre grado y de postgrado. Se han constituido plantaciones forestales y cuenta con un área conformada por un bosque natural experimental con especies como saqui-saqui, pardillo negro, caoba, guayabón, peruetamo, marroño, drago, jobo, apamate, una paleta enorme de  especies de importancia ecológica.

Durante 2004 fueron invadidas aproximadamente 900 hectáreas de las 7.000 que forman el “comodato ULA” o la Estación Experimental Caparo (EEC), un préstamo finito en el tiempo (15 años, renovables) para la investigación de la universidad que desde enero, según denuncia el profesor de Ecología y Evaluación de Impacto Ambiental, José Rafael Lozada, de la Facultad de Ciencias Forestales de la ULA se encuentra totalmente tomado. El comodato actual dura hasta el año 2022.

Los invasores viven en campamentos improvisados en los sectores Pica 8, Área 3, Área 4 y Caño Anarú. Tomaron inicialmente cuatro puntos alrededor del bosque de Caparo que corresponde a 7.000 hectáreas y ahora alcanza sectores de Guasdualito (en el estado Apure), Santa Bárbara, El Cantón (en el estado Barinas) y comunidades cercanas.

En Venezuela existen varios relictos boscosos en la zona de Guayana,  pero en el occidente del país sólo existe el de Caparo y el de Caimital, en el municipio Obispos, también en Barinas.

Justicia de papel

Las invasiones a esta zona se han denunciado y los tribunales han respondido, pero de nada han valido sus decisiones. Un trabajo publicado por la bióloga e investigadora de la ULA, Diana Liz Duque señala que el Tribunal Penal de Primera Instancia de Barinas ordenó el desalojo del asentamiento EC 777 por petición del fiscal César Mendoza Bencomo y que la Resolución de la Oficina Regional de Instituto Nacional de Tierras, con fecha 29 de enero de este año, niega la concesión del permiso a los invasores. Estas decisiones declaran “inadmisible” la petición de EC 777 porque el bosque Caparo es un Área Bajo Régimen de Administración Especial” (ABRAE) desde 1961.

Sin embargo, los ocupantes siguen allí, aunque el tribunal “aprobó la solicitud de medidas cautelares (…) donde se solicita se implementen dispositivos de seguridad y prevención a los fines de atender cualquier situación en el área anteriormente señalada y ese Tribunal en función de sus Competencias ordena al Comandante de Zona de Orden Interno de la GNB, al Jefe de la Coordinación de Guardería Ambiental de la GN, al Director Regional del MinEA, así como a los jefes del área administrativa y operativa de la Reserva Forestal Caparo y al Rector de la ULA ejercer las acciones pertinentes a los fines de cumplir con las medidas de seguridad y preventivas acordadas por ese Tribunal”.

A su vez, el profesor Lozada refiere que en la plenaria realizada la segunda semana de septiembre en el Consejo Legislativo Regional de Barinas se iba a dar reconocimiento como Patrimonio Ecológico de la región a la Reserva Forestal de Caparo. Pero aún están esperando por la firma del documento y que aparezca en la Gaceta de Barinas.

Al día siguiente se realizó una reunión en la Gobernación del Estado con altos funcionarios de los cuerpos de seguridad de la región, el Ministerio Público, legisladores y representantes de varias instituciones además del decano de la ULA. Allí se habló de ordenar el retiro de los invasores, pero sin fecha precisa.

La Dirección Estadal de Ambiente de Barinas junto con el Ministerio Publico han levantado los respectivos expedientes tanto administrativo como penales pero las órdenes judiciales quedan sin ejecutarse. La Alcaldía del Municipio Zamora nunca se ha pronunciado ni a favor ni en contra de las invasiones en la Estación Experimental Caparo. Valga acotar además que oficialmente no existe ningún programa habitacional dentro del perímetro de la RFC y por Ley y por decreto no está permitido realizar ningún tipo de actividad agrícola o pecuaria. Cualquier actividad que se ejecute allí, como tala de árboles o afectación de la vegetación mediana o baja se constituye en un delito penal.

También existe un punto de cuenta firmado por el Presidente Maduro, desde el mes de abril, donde se ordena con el cual se da la orden de desalojo, aunque los organismos encargados no han actuado.

Cuatro años para desaparecer

“De continuar el ritmo actual de destrucción, en tres o cuatro años, no tendremos reserva de biosfera en la zona” afirma el profesor Lozada. Los científicos de la ULA han realizado investigaciones desde hace muchos años en los Llanos Occidentales, Ticoporo, Caparo y San Camilo y el patrón de ocupación es el mismo.

Los campesinos o invasores establecen parcelas para la conformación de conucos con algunos cultivos elementales como yuca, maíz, plátano, o frutales que les provean algunos medios de subsistencia. De tres a cuatro años les toma explotar toda la parcela, en la que usan fuego para preparar la tierra por lo que toda la biomasa se transforma en ceniza que luego la lluvia arrastra y el terreno pierde fertilidad.

Llegado ese momento el conuco deja de ser productivo y los ocupantes pasan de conuqueros, agricultores artesanales, a ganaderos. Esta actividad requiere de una gran inversión: grapas, alambres de púa, estantillo, reses, vitaminas para el ganado,  pero como sólo han implementado una agricultura de subsistencia la mayoría no cuenta con capital para la ganadería y terminan vendiendo las tierras.

Los pocos que logran establecerse se transforman en pequeños ganaderos con tecnologías de muy poco avance y una productividad extremadamente baja.  Según los estudios realizados obtienen escasamente un litro de leche por hectárea por día, cuando los medianamente eficientes alcanzan hasta cuatro litros por hectárea, por día.

Esos cálculos permiten concluir que, de mantenerse este patrón, los nuevos invasores dejarán destruido este bosque destruido en tres o cuatro años. En el presente, en la zona es posible determinar en las imágenes satelitales que sólo hay una gran cantidad de pastizales.  

Para su alimentación, los invasores también están arrasando con los animales de cacería. “Ellos nos han dicho que ellos son personas de bajos recursos y que se metieron allí porque no tienen trabajo ni tienen como producir comida”, explica el profesor Lozada, quien se pregunta qué han comido los invasores durante todo este tiempo pues en la zona tampoco se avistan siembras de yuca, maíz, plátanos o frutas.

Lo que sí ha visto el equipo de investigadores es que los cochinos de monte, danta, venados, lapas y cachicamos están siendo cazados para comer. Para los baquianos de la zona resulta dantesco observar las tasajeras -rejillas de madera para asolar la carne en el monte- con las especies que son cazadas cada día.

Los miembros de los consejos comunales ubicados en los alrededores han sido víctimas de abigeato con la matanza de becerros y búfalos, lo que aumenta la presión ante un posible conflicto entre comunidades.

El emblemático mono araña, en el puesto 15 de las especies de primates en mayor peligro de extinción en el mundo, se encuentra en Venezuela en las zonas de Perijá, Guatopo y Caparo. Este último de sus hábitats está desapareciendo, pues no vive en los pastizales ganaderos que terminan dejando los invasores.

La investigadora Duque advierte que también están contados los días del jaguar, el puma americano, el zorro y la chenchena (un ave de bosque ribereño) que viven en la zona, que representa el último bosque de los llanos occidentales que queda en pie gracias al comodato que ha mantenido la ULA. Ante la perspectiva de su desaparición total, Duque –líder del grupo especialista en primates de la ULA- hizo un comunicado de alerta y el Comité Mundial de Áreas Protegidas CMAP lo publicó hace unos meses.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a esta especie de mono araña en la categoría de “peligro crítico” y según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana se encuentra “en Peligro”.

Los invasores también han tomado las plantaciones forestales donde hay cosechas de una especie de cacao, producto de investigaciones científicas por parte de la ULA.

Las amenazas llegan también al personal que trabaja en el comodato. En los últimos meses, unos 60 invasores rodearon a una profesora y sus alumnos de forma agresiva y les dijeron que no podían entrar más al bosque, que la ULA no era bienvenida en el lugar, según explica el profesor Lozada, quien se queja que los organismos de seguridad sólo se hacen presentes cuando se acerca algún representante de los entes oficiales o un miliar de alto nivel.

Luego de esa amenaza el equipo de la ULA se reunió con los consejos comunales de la zona y les manifestaron a los invasores que no les iban a impedir hacer el trabajo en el bosque. No obstante, existe un temor por parte del personal obrero, docente y estudiantes y reconocen que hoy las tareas deben hacerse de forma muy restringida dada la agresividad de los ocupantes.  

Otros dolientes, como Néstor Contreras, activista de la zona y dueño de una unidad de producción en la zona de reserva también puso la queja recogiendo las firmas de las tres comunas de la zona y hacerle entrega al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, al Ministerio de las Comunas, a la Fiscalía General de la República y a Constituyente impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro, aunque sólo el diputado Braulio Álvarez les ha prestado atención.

“Fui amenazado de muerte y hubo una llamada donde me advirtieron que había 50 hombres listos para invadir mi propiedad donde tengo un relicto boscoso que he cuidado por más de 32 años de más de 100 hectáreas, pero los invasores aluden que son tierras ociosas”, señala.

Pronto otras tres fincas de la zona que suman 140 hectáreas fueron invadidas, por lo que los ingenieros de la zona aunque conocen la situación, sienten temor de dar la cara al hacer la denuncia y prefieren mantener su nombre en reserva. Sin embargo, el tema que se comenta en las redes sociales, existiendo incluso en Facebook una página que comenta la invasión y en la que aparecen fotografías de quien lidera esta invasión, una señora de nombre Herminia Díaz, quien ordena deforestar para sembrar.

La invasión como fracaso

En una reunión convocada en el pasado, donde estuvo presente el fallecido mandatario Hugo Chávez, estuvieron presentes los consejos comunales, las comunas (María Concepción Palacios, donde está el comodato de la ULA; la Generalísimo Francisco de Miranda y la Simón Rodríguez) y los invasores, se levantó un acta donde rechazaron las invasiones y los acusaron de ser quienes estaban detrás de las invasiones a las fincas. Luego fueron avanzando campamento por campamento donde les leyeron la cartilla. Esas fincas fueron desalojadas finalmente.

Hace cuatro años ocurrió otra invasión y tanto la ULA como el Ministerio de Ambiente debieron ceder a la ocupación de 11 familias, de las cuales solo quedan tres. Antes del nuevo cono monetario las parcelas se vendían en 2.000 millones de bolívares.

Contreras hace mención a los primeros años de gestión del mandatario Hugo Chávez y el “Plan vuelta al campo”, cuando se otorgaron tierras, tractores e insumos y la misión Vuelvan Caras, donde se habrían entregado tierras a los hijos de campesinos, pero estos llegaron a cultivar apenas un 2% de esos terrenos.

En el caso de la reciente invasión a la RC se denuncia que los ocupantes han vendido parte de las tierras como ocurrió en 2004, cuando se perdieron 900 hectáreas en un hecho similar y al poco tiempo no quedaban ocupantes en el lugar.

¿Refugio de guerrillas?

Detrás de esta ola de invasiones, también hay ocupación de grupos irregulares tanto de Colombia como de Venezuela. Desde el año 2005 se ha incrementado estos grupos armados y hoy dictan las pautas de comportamiento dentro y fuera de la reserva.

Aunque se especula que al lado de la RFC hay una finca propiedad de Diosdado Cabello, la gente asegura que la zona es controlada por el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) quienes gestionan la venta de madera y de terrenos. El temor de hablar es una constante en el municipio del eje andino del estado Barinas pero todos recuerdan que los invasores llegaron en enero con una supuesta orden del INTI-Barinas, que construyeron un rancho enorme, que se repartieron 20 hectáreas para cada uno e iniciaron un proceso de deforestación en las parcelas.

Árboles de hasta 20 metros de altura, de caoba, cedro, pardillo, de alimentos como jobo, chupin, peruetano, de árboles maderables y frutales, fueron devastados.

¿Por qué la Guardia Nacional no ejerce la autoridad como corresponde? Que la ocupación es protagonizada por grupos armados al margen de la ley es la opinión común entre la gente de los pueblos cercanos –que se niegan a dar su nombre por razones de seguridad- pues campesinos regulares no cuentan con los recursos para una invasión tan organizada por tantos meses, creando problemas en las comunidades y desapareciendo especies sin consecuencia alguna.

Las ocupantes ilegales dicen no ser irregulares, aunque en la zona siempre han existido grupos de este tipo sin que nadie haga algo para sacarlos. “En un principio trabajaron con la comunidad pero que en este momento están torcidos (…) los invasores se pavonean y no hay acción por parte de estas personas lo que nos hace pensar en una complicidad”, manifiesta uno de los habitantes con finca en el lugar sugiriendo vinculaciones entre los ocupantes con personajes del Gobierno, pues ni siquiera se acata la orden presidencial de desalojo.

Hace unos meses llegó a la estación Cachicamo de la RFC un convoy de la Guardia Nacional con 30 policías equipados con cascos antimotines para reunirse con el equipo de la ULA. Se marcharon sin haber ejecutado el desalojo.

La Reina del Sur

No se trata de la popular serie colombiana. El capítulo venezolano tiene protagonistas reales ambientados en la geografía del municipio Zamora y tres hombres entrevistados para este reportaje ofrecen detalles al respecto, no sin antes recordar que en la zona quien ejerce el poder es el Frente Bolivariano de Liberación (FBL).

El sometimiento de este grupo comienza amparado en las promesas de entrega de supuestos documentos de propiedad de las zonas invadidas, avaladas en el Registro Municipal de la zona. La mafia de la madera está conectada con organismos policiales.

La madera es sacada Santa Bárbara, hacia el centro del país o la frontera con Colombia.  El Comandante del FBL controla las cuotas que deben de cobrar por el saque de madera; los camiones salen de madrugada, lo cual es aprovechado por la policía para montar cuatro puntos de control y en los que el maderero debe de pagar para circular. La madera generalmente es sacada en tablones, pues ya las rolas no se ven, desde el año 2002 cuando los aserraderos fueron desmantelados por completo y les quitaron la concesión.

Generalmente, todos estos negocios siempre están vinculados con la “Reina del Sur” o como llaman a la alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, una mujer de baja estatura, esposa del ex alcalde de la misma jurisdicción, Emilio Méndez. La dulzura de su rostro y sus ojos  verdes, contrastan con el manejo impune de negocios a través de la extorsión para el transporte de comida hasta cemento, según cuentan los baquianos de la zona.

Estos aseguran que el negocio más lucrativo estaría en la venta de madera de teca, originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam y ampliamente demandada en la actualidad. Hoy hay un boom con la madera que sembró durante la democracia y estaría siendo sacada por Puerto Cabello gracias a la compra en conjunto de unos empresarios merideños y los chinos.

Antes de llegar ahí hay que estar atento a los detalles que anuncian que, en unos años, La Punta y Mata Redonda y otras diez urbanizaciones y barrios, serán la versión venezolana de La Atlántida, el continente sumergido. Una hilera de postes se pierde en la distancia. Disminuyen de tamaño, se hunden mientras se alejan. Miden 10 metros de alto, pero, sumergidos en el agua, parecen mucho más pequeños. No hay calle inclinada ni llanura amplia que explique aquello. El Lago de Valencia, además de avenidas, hectáreas de fincas y comunidades enteras, también se ha tragado el alumbrado.

En la región centro-norte de Venezuela se encuentra el segundo lago más importante del país, el de Valencia (conocido también como Lago Los Tacariguas), que comparte sus 3.140 km2 con los estados Aragua y Carabobo. En el primer caso, la ciudad de Maracay (capital del estado Aragua) es la más cercana al cuerpo lacustre. Toda la zona residencial ubicada al sur de la ciudad se ha acostumbrado a ver esa imagen repetida y desoladora. Los postes de luz hundidos recuerdan cuánto ha avanzado el Lago de Valencia.

Así pasa en Brisas del Lago: de 15 calles que tenía la urbanización solo quedan dos, anegadas en las esquinas y reducidas a 10 viviendas aún ocupadas por sus propietarios. Pasa en Aguacatal 2: la calle Paraíso es la última del sector desde el año 2012 porque hasta entonces aún había vestigios de tres barrios más que los alejaban del lago. Se repite en Paraparal, donde fue construido un muro de asfalto para separar a la comunidad del hoy matorral inundado y donde hace más de 10 años existía el barrio La Vaquera (420 viviendas), también desaparecido bajo las aguas. Y también en Las Vegas 1, un lugar casi desierto donde 18 familias desalojadas por el avance de las aguas viven en la escuela Olinto Mora Márquez, un “refugio temporal” en el que están desde hace 7 años, y a donde el agua ha llegado ya a medio metro de altura en uno de los salones que hasta julio servía de habitación.

En Mata Redonda y La Punta no hay alumbrado público sumergido que recuerde el aumento del nivel del lago sino un terraplén de 1,2 kilómetros de largo ubicado a 4,40 metros por encima de sus casas, como para que no se les olvide que allí arriba está ese gran reservorio de agua sin salida al mar. El Lago de Valencia es una cuenca cerrada (endorreica), que recibe cada año 360 millones de metros cúbicos de aguas residuales, es decir, aguas servidas o de cloacas procedentes de zonas residenciales e industriales de las ciudades de Maracay, Valencia y localidades como Mariara, San Joaquín, Los Guayos y Güigüe; más el caudal de 22 ríos que desembocan en él, más el agua de lluvia que en cada temporada se disponga a caer.

Una noticia que resurge

Mientras el régimen de Nicolás Maduro ofrecía ayuda a las islas y ciudades arrasadas en el Caribe y Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, los venezolanos recordaron la vieja tragedia de estos sectores vecinos al maloliente cuerpo lacustre. Que lo diga Fernando Klein, que, bajo el quicio de la entrada principal de su casa, ubicada en la calle A, manzana 3, a seis metros debajo del nivel del lago, luce como el último de los mohicanos de La Punta. La de él es una de las doce viviendas que todavía quedan en pie. Su casa, de 273 m2, fue construida en la cota 408 metros sobre el nivel del mar y actualmente el lago está a 414,10 metros sobre el nivel del mar. Allí sigue, junto a su esposa y su hija, esperando la indemnización del Estado, a la cual tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La pregunta es: si el máximo tribunal jamás ha fallado contra el gobierno, si es un aliado de postín en el diseño de un modelo que le garantiza al chavismo un gobierno perpetuo, por qué el régimen no ha cumplido con la decisión.

El recorrido en tribunales de este caso comenzó en noviembre de 1999, a los pocos meses de la llegada del comandante presidente Hugo Chávez al poder. La demanda del grupo de propietarios de ambas urbanizaciones reclamaba la omisión del Ministerio del Ambiente en su deber de ejecutar las obras de saneamiento del Lago de Valencia. El fallo favorable podía ser visto también como una forma de vengarse de la vituperada clase dirigente que entre 1958 y 1998 antecedió al chavismo. Ya en ese momento la expansión del lago los estaba afectando. Klein recuerda que cuando compraron esa vivienda en 1979, el lago estaba a unos 10 kilómetros de distancia. En 20 años tocó sus puertas y en 2005 ya se había ubicado a 2 metros por encima de La Punta y al mismo nivel que Mata Redonda.

La solución del Gobierno a esa situación de emergencia, plasmada en decretos y en declaratorias de “zonas de alto riesgo potencial”, fue, sin embargo, construir un terraplén de 1.200 metros, de los cuales apenas un tramo de 4 metros de ancho es de concreto (en la parte baja su extensión es de 21,5 metros), erigido para proteger una planta de bombeo que lanza un grueso caudal de aguas sucias al lago. Se levantó como una especie de dique para detener el avance de las aguas, con una altura de 412 metros sobre el nivel del mar. Era una solución diseñada para durar tres años. En octubre cumplirá doce.

Ese muro de concreto es el que sirve de referencia a las 8 mil familias de al menos siete sectores del sur de Maracay que están en riesgo de quedar bajo las aguas, pues la cota del lago ya está por encima de sus casas. En 2012 elevaron el muro 2,40 metros más, quedando en la cota 414,40 metros sobre el nivel del mar. En agosto de este 2017 comenzaron a levantarle 1 metro más ante la crecida evidente. Si no puede pasar por arriba con el oleaje, lo va haciendo progresivamente por debajo, entre la tierra, o entre las tuberías y drenajes de las cloacas.

Indemnización pendiente

Las 512 familias propietarias que quedan entre La Punta y Mata Redonda no han sido desalojadas a pesar del riesgo decretado sobre ellos. Desde 2006, cuando el TSJ finalmente emitió la decisión de la demanda introducida en 1999, dictando un amparo constitucional que protegía a los propietarios de La Punta y Mata Redonda, han debido ser indemnizados. Así lo establece la sentencia 1632, ratificada en 2007 con la sentencia 1752, pero no todos lo han logrado. De 1043 propietarios quedan esos 512.

Klein y Marianelly Nieves, propietaria de una casa en Mata Redonda, recuerdan que muchos salieron por indemnización, pero otros decidieron apelar a un acto conciliatorio. Cada cual aceptaba los términos acordados con el Estado, distintos a lo establecido en la sentencia (avalúo y pago de la vivienda), y que incluían desde casas en el mercado secundario hasta apartamentos del programa gubernamental Gran Misión Vivienda. Otros tantos, como ellos, se quedaron rezagados y sin respuesta. Ha sido así desde 2010.

En 2015 el TSJ emitió una tercera sentencia judicial donde se acuerda, de nuevo, la ejecución de los fallos de 2006 y 2007, y ordenó concretar los pagos pendientes que hubieran quedado del acto conciliatorio de 2011. La decisión está en manos de un tribunal ejecutor en Maracay, pero aún los propietarios siguen sin ser indemnizados. “Ya agotamos todo lo jurídico, todo lo que dice el librito. Lo que está ocurriendo es una omisión inhumana, un drama humano que rebasa lo jurídico, porque además hay zonas que hoy están peores que como estaban La Punta y Mata Redonda en 1999, cuando se introdujo la demanda”, dice el abogado José Vicente Haro, defensor de 65 familias de La Punta y Mata Redonda.

Quienes quedan en estas comunidades tienen la certeza de que se cometieron hechos de corrupción en la resolución de cientos de casos. La mayoría sabe quiénes terminaron pagando dinero extra a peritos, a funcionarios públicos, o a intermediarios para que los indemnizaran, agilizaran la emisión del cheque, o abultaran el monto del avalúo.

Fernando Klein hizo las gestiones para su indemnización en 2008. Se negó a pagarle a la persona encargada de su caso y cuando recibió el cheque tan esperado, tenía un error en el nombre del destinatario. No hubo manera de arreglarlo. Ya habían visto una casa en otra zona lejana, que podrían comprar con esa indemnización más un crédito, pero por ese error todo se derrumbó.

“Si ese lago no lo hubieran llenado viviéramos felices aquí. Esta iba a ser mi casa para toda la vida y ahora tenemos cuatro metros de agua por encima. Nosotros fuimos estafados y el Estado no ha hecho nada, ellos están esperando que la naturaleza les haga el trabajo sucio y nos han pateado como les ha dado la gana”, comenta Marianelly Nieves. Lo dice porque desde hace dos años el agua potable llega dos veces a la semana, no tienen alumbrado público, ni recolección de basura, patrullaje, dragado del río Madre Vieja, ni mantenimiento. Es como si ya no viviera nadie y dieran por hecho que no hay servicios públicos que prestar. Es como si jugaran al cansancio y buscaran que los propietarios tomaran la decisión de irse sin ser indemnizados, para salvar sus vidas ante el riesgo de morir ahogados.

“Ellos saben que cualquier dinero invertido aquí se perdería, porque estamos en zonas inundables. Por eso abandonaron Mata Redonda, La Punta y todas las comunidades que están en alto riesgo por el lago”, señala Mildred Rojas, habitante de La Esmeralda, otra zona inundada de aguas negras. Para ella, el problema del Lago de Valencia se ha convertido en la caja chica de todos los gobernantes: locales, y regionales; una partida presupuestaria para un saneamiento donde varios cobran y nada se limpia.

Mientras en La Punta y Mata Redonda detuvieron las indemnizaciones, en Aguacatal, Paraparal y Brisas del Lago la gobernación de Aragua decidió declarar a esas zonas, desde 2012, como “refugios a cielo abierto”. Una paradoja. Sus casas anegadas con aguas de cloacas son el lugar seguro donde el Estado les exige permanecer. “Dicen que no hay refugios, ni viviendas, ni dinero, ni nada”, repiten los vecinos de Paraparal; allí, a finales de agosto, acudieron funcionarios de Protección Civil a darles un curso de supervivencia, de cómo evacuar la zona y qué hacer en caso de inundaciones. Lo mismo en Aguacatal 2, allí los médicos no han entrado a recorrer la zona por el miedo de adquirir una infección de las aguas servidas.

También resulta un contrasentido que los habitantes del sur de Maracay vivan con sus viviendas, calles y avenidas anegadas con aguas servidas que se ven, se huelen y se sienten, y que al mismo tiempo vivan un racionamiento de agua que solo les deja recoger algunos litros a la semana, por una especie de “racionamiento” para tratar de no incidir en los niveles del lago, que igual siguen en aumento.

Hasta el parador turístico de Yuma, en el estado Carabobo, donde Hugo Chávez realizó uno de sus programas dominicales en abril de 2005, y prometió sanear el Lago de Valencia en cinco años, hoy está bajo las aguas.

Un problema viejo

“Esto no es nuevo, esto tiene más de 30 años”, apunta el ingeniero Jesús Castillo, director de la organización Agua Sin Fronteras, al momento de explicar lo que ocurre con este cuerpo de agua, que desde 1999 tiene en emergencia a sus vecinos de Maracay y Valencia.

“Lo que pasa es que siempre hemos actuado a espadas del lago, porque en lugar de ser visto como una gran oportunidad económica, agrícola y turística para la región, lo tenemos como una gran poceta que recibe todas las aguas residuales de las ciudades e industrias”, remata, disculpándose por la comparación.

La cuenca del Lago de Valencia dio un viraje a partir de la década de los 80, cuando se estimuló la expansión urbana e industrial. Buena parte de sus tierras de vocación agrícola se urbanizaron con permisos del Estado. La región creció, se convirtió en uno de los polos de desarrollo económico e industrial y atrajo a miles de venezolanos que decidieron hacer su vida en estas ciudades centrales, ubicadas a solo 2 horas de Caracas. Llegaron a concentrar a 13% de los habitantes de Venezuela, recuerda Castillo.

Pero como todo proceso de desarrollo, requería de trabajos paralelos para mitigar su impacto en la cuenca. He allí la deuda. El lago pasó a convertirse en un problema ambiental, sanitario, económico y social, que suma al menos 12 zonas residenciales ahogadas en sus aguas, siete comunidades de Maracay (unas 8 mil familias) en alto riesgo, dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desacatadas, seis decretos de emergencia ignorados, 8.000 hectáreas productivas bajo el agua y 14 obras de saneamiento planificadas y financiadas, pero no ejecutadas. Quienes residen en los alrededores de la cuenca del lago protagonizan una lucha desproporcionada: son ellos solos contra la naturaleza y contra la indiferencia del Estado.

Único en Latinoamérica

A finales de la década de los 70, el lago de Valencia o Los Tacariguas tenía una cota (altura) de 401 metros sobre el nivel del mar. Bajo esta referencia, el Estado venezolano comenzó a otorgar permisos para construir viviendas en terrenos de la cuenca, al sur de Maracay, mientras el Ministerio del Ambiente fijaba, en 1978, la cota máxima de seguridad, o de estabilización del lago en 408 metros sobre el nivel del mar, recuerda Germán Benedetti, ingeniero mecánico y exlegislador del estado Carabobo. Ya en ese momento se sabía que las aguas del cuerpo lacustre podían llegar hasta ese nivel.

Los desarrollos habitacionales planificados por el Estado comenzaron a ejecutarse en terrenos localizados sobre la cota 408, como es el caso de la urbanización La Punta -ubicada en esa altura- y de Mata Redonda, construida sobre los 410 metros sobre el nivel del mar. Pero también hubo otras construcciones que irrespetaron esa cota y levantaron viviendas en terrenos más bajos.

Para atender a la población que comenzaba a crecer junto con el desarrollo urbano e industrial de la cuenca del lago, entre 1975 y 1978 comenzó a construirse el Sistema Regional del Centro I y II, un acueducto necesario para dotar de agua potable a la región central de Venezuela y que, como todos, también implica la generación de aguas residuales. Es así como todas esas cloacas comenzaron a ser drenadas hacia el lago.

Según cálculos de Benedetti, unos 8.500 litros por segundo son descargados al lago desde entonces por este acueducto. En 1978 se condujo el cauce del Río Cabriales hasta el reservorio y terminó siendo un río de aguas servidas con 1.500 litros por segundo adicionales. En total, 10.000 litros por segundo llegan al reservorio de agua y se combinan con el cauce de otros 21 ríos, las descargas de las lluvias, y otro volumen importante de unos 16 metros cúbicos por segundo que recibe desde el embalse Pao-Cachinche, ubicado en Cojedes, también en el centro de Venezuela. Su pureza dejó de ser un atributo y su equilibrio natural, al usar sus aguas para el riego de las hectáreas agrícolas de la cuenca, comenzó a alterarse.

“Lo que está ocurriendo con el Lago de Valencia es uno de los problemas ambientales más graves de América Latina, no solo por la contaminación de sus aguas sino por el costo social que ha tenido el aumento de su nivel”, señala el ingeniero Castillo, de Aguas Sin Fronteras.

En esas condiciones, de recibir mucho y vaciar nada, o muy poco, la cota del Lago de Valencia fue aumentando progresivamente. En 1999 alcanzó los 408 metros sobre el nivel del mar por primera vez desde 1894, indica Benedetti, teniendo como referencia del libro de Alberto Bockh, El desecamiento del Lago de Valencia, y comenzaron a registrarse los primeros desplazamientos de familias afectadas por la crecida del lago, sobre todo en zonas populares y terrenos invadidos, sin mayor reacción de los gobiernos locales y regionales.

El agua del lago comenzó a cubrir calles y avenidas, las cloacas –por momentos- se devolvían por las cañerías de las viviendas, se filtraban por el piso y brotaban a través de las alcantarillas. Una rareza que se convirtió en rutina, una rutina asociada a la época de lluvias (en Venezuela suele ser de mayo a noviembre), y un escenario recurrente que ha empeorado junto con el incremento de los niveles del lago en los últimos 18 años.

“Cuando llueve no puedo bajar el agua de la poceta porque se me devuelve”, relata Betty Carrero, quien vive en el sector La Esmeralda. Lo mismo relata Merly García desde Aguacatal 2. “Todo esto es pura agua servida, pura mierda”, precisa Judit Bandes en Paraparal, una de las zonas más afectadas este año por las lluvias, el desborde de las cloacas y aumento del lago.

El sector lleva casi dos meses inundado. El 5 de septiembre falleció un vecino, un joven de 36 años que ayudaba a sacar enseres de una casa, montado en su caballo. El animal pisó un cable con electricidad que estaba bajo el agua y ambos murieron electrocutados. “Esto es agua de cloacas acompañadas con un poquito de agua de laguna”, volvió a explicar la señora Bandes.

Tal ha sido el efecto del lago de Valencia en Paraparal que en 2013 se construyó un muro para evitar que el lago volviera a afectarlos, pues en 2012 vivieron un momento crítico. “Ese año nos dijeron ‘Paraparal sale completo’ porque ya se habían mezclado las aguas servidas con las limpias en las tuberías. Mira donde estamos”, dice Belén Arcano. El muro, construido por la estatal petrolera Pdvsa, no se completó.

Esta comunidad está ubicada en la parroquia Monseñor Feliciano, sector que ha perdido un tercio de su territorio por el avance del lago, incluidas 420 viviendas del barrio La Vaquera, cinco escuelas y tres centros de salud, indica el ingeniero Jesús Castillo. Además de La Vaquera, los vecinos de Paraparal han visto cómo han desaparecido otras comunidades aledañas: Platanal, Las Casitas, Armando Reverón y cinco manzanas de Paraparal. Fueron desalojados entre 2005 y 2010 y los terrenos pasaron a ser ocupados por la bora que trae el lago.

“Yo tengo 36 años viviendo aquí y me da dolor perder mi identidad porque unos gobernantes no quieren hacer nada. Porque el asunto no es perder los corotos o perder la cédula en esta agua, es perder la identidad de vivir aquí”, relata Bandes, una licenciada en enfermería, con estudios de postgrado, que logró comprar su casa en los años 80, cuando trabajaba en un ambulatorio. Paraparal fue planificado por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).

La más aceptada, y que lleva más de 20 años en ejecución, es la “Alternativa Oeste”, que plantea, como puntos importantes, la construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Lago de Valencia. Solo se han construido tres: Los Guayos, La Mariposa y Taiguayguai, entre 1995 y 1997, las dos primeras en el estado Carabobo y la última en Aragua.

La planta Los Guayos dejó de funcionar en 2016 y actualmente no solo está desmantelada por el robo de sus equipos, sino también inundada por el lago de Valencia y la bora. La de La Mariposa, encargada de tratar las aguas del lago para trasvasar 5600 litros por segundo hasta el embalse Pao-Cachinche (uno de los pocos desahogos del lago), dejó de funcionar en agosto, alertó Marino Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Aragua. Y la planta de Taiguayguay está abandonada. No hay cómo sanear esas aguas.

Junto a estas plantas debía construirse una red de colectores de aguas negras en Maracay, que desviaran las cloacas a estas plantas de tratamiento y las restantes 14, para que fueran saneadas y, de ser posible, trasvasadas. Tampoco se ha concluido esta red.

Una auditoría realizada por la Contraloría del estado Carabobo en el año 2009, sobre la gestión ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, precisa que entre 1999 y 2009 solo se había podido construir 93 kilómetros de colectores marginales, lo que se traducía en la conexión de apenas 51% de las cloacas hacia las plantas. En este caso, las obras formaban parte del “Proyecto de Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia”, aprobado en 2005 para ser ejecutado en 4 años; debía estar listo en 2009. Dichas obras ya habían sido aprobadas en 1999 para construirse en cinco años. No se ejecutaron y se volvieron a presupuestar.

Entre 1999 y 2009, el Estado venezolano invirtió Bs 747.766.208,14 en planes, programas y proyectos dirigidos a solventar el problema ambiental de la cuenca del Lago de Valencia, detalla el informe de la Contraloría regional. Esa cantidad equivale a 343.337.829,36 dólares, y si se le suman los montos aprobados entre 2009 y 2012, la cifra asciende a 385 millones de dólares. Es decir, con la cantidad invertida en 13 años el chavismo pudo haber construido una vía de navegación como el canal de Panamá, o 18 hospitales nuevos como el Cardiológico Infantil Latinoamericano.

Son millones que no se ven retribuidos en mejoras, pues desde 1999, cuando llegó a la cota máxima de seguridad (408 msnm), ha seguido aumentando su nivel. En 2005 llegó a 410 msnm y en 2012 a 413,43 msnm, dos años en los que se registraron las emergencias más importantes por la crecida de sus aguas, y que todos al sur de Maracay recuerdan. Ahora 2017 pudiera terminar como otro año recordado, por una nueva emergencia en curso.

Al no haberse culminado la red de colectores de aguas servidas ni las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cloacas de Maracay no han dejado de drenar al lago. Al subir el nivel, las tuberías que desembocan en él han quedado por debajo, ocasionando una descarga sumergida, explica el ingeniero Castillo. Como la presión del lago es mayor que la que traen las aguas servidas por las tuberías, impide que se descarguen y lo que hacen es devolverse. Esto lo viven los habitantes cercanos al lago, pero también los que residen más lejos, que, si bien no ven las aguas tocando la puerta de sus casas, se afectan igual porque no les bajan las pocetas y se rebosan los inodoros.

Así se explican las inundaciones con aguas negras, cubiertas por una alfombra verde de lemna, de alturas entre 20 y 40 centímetros que desde hace dos meses afectan a las familias de Paraparal, Aguacatal, Brisas del Lago, Las Vegas y Mata Redonda. Con las torrenciales lluvias de 2017 se han desbordado los ríos porque, como si ya no fuese suficiente, sus cauces tampoco pueden llegar al lago para drenar por lo crecido que está. Esto es lo que ha ocurrido desde julio con el río Madre Vieja, que pasa cerca de Mata Redonda y La Esmeralda, y con el canal Sudantex que bordea a Aguacatal. Ambos ríos reciben cloacas.

Cultivos que ya no están

El nivel del Lago de Valencia podría disminuir si sus aguas, incluso contaminadas, regaran los cultivos de caña de azúcar. Como debe pasar por un proceso industrial para la producción de azúcar, no hay riesgo de que las aguas servidas afecten el producto final.

“La caña es lo más barato que hay para salvar al lago, es un cultivo estratégico en el control del nivel porque es una planta de alto consumo de agua”, explica Rafael Chirinos, ingeniero agrónomo, exdirectivo de la Sociedad de Cañicultores de Aragua (Socaragua).

Pero desde 2009, con un decreto que prohibió sembrar caña de azúcar en 53.000 hectáreas, ubicadas entre Aragua y Carabobo, la producción en la cuenca del lago disminuyó, aunado a las amenazas de expropiación de fincas que llevaron a varios cañicultores a cambiar de rubro. El decreto pretendía sumar esas tierras a la cosecha de otros alimentos, como tomate, cebolla y pimentón, para sumarlos al plan de Soberanía Alimentaria. Un error grave, aseguran los expertos, porque los productos hortícolas no pueden ser regados con las aguas residuales del Lago de Valencia, pues son alimentos de consumo directo, no pasan por un proceso industrial.

El proyecto no se ejecutó. Tres años después, en 2012, en el decreto 8844 se incluyó un artículo que pedía aumentar las cosechas de alto consumo de agua en la cuenca del Lago de Valencia. Pero no se ha sembrado más caña de azúcar porque no hay recursos para hacerlo.

En el caso de las tierras de Aragua ubicadas en la cuenca, las hectáreas de cosecha disminuyeron de 11.000 a 3.000. A medida que bajó la producción de caña de azúcar, aumentaron los niveles del lago, haciéndose evidente en 2011 y 2012, cuando se presentó otra emergencia.

En 2011, viendo que los niveles del lago se habían elevado 3 metros tras la caída de la producción, Socaragua propuso al Ministerio de Agricultura sembrar 3.100 hectáreas de caña de azúcar en un lapso de tres años. No les respondieron. Por iniciativa propia, explica Chirinos, un grupo de cañicultores decidió ejecutar el plan y han sembrado 1.000 hectáreas nuevas por su cuenta, pero para llegar a las 3.100 necesitan que el Estado les apoye con 5 millones de dólares.

Entre tanto, y de manera progresiva, cientos de hectáreas de caña de azúcar ubicadas en la cuenca del lago que limita con el estado Carabobo se han ido perdiendo por el aumento del nivel de las aguas. La mayor afectación en este estado, a diferencia de Aragua, es justamente en terrenos agrícolas y carreteras.

La Finca Montecristo, en el municipio Los Guayos, es un ejemplo. Pasó de tener 40 hectáreas hace 20 años a solamente dos, porque 38 hectáreas están bajo las aguas del lago. Hace dos décadas sembraban las 40 hectáreas completas de caña de azúcar. Hace 8 años se vieron obligados a cambiar de rubro pues no es rentable cosecharlas en baja cantidad, relató Carlos Delgado, encargado de la finca. Es una tragedia definitiva. Aunque se produzca el milagro de la disminución del nivel del agua ya no será posible sembrarlas.

Cuenta Andrea Wulf en su libro La invención de la naturaleza, que Alexander Von Humboldt desarrolló su idea sobre el cambio climático provocado por el ser humano justamente en el Lago de Valencia, en el año 1800. En ese entonces, cuando se encontró con él en una visita a los valles de Aragua, los lugareños le comentaron que el lago estaba disminuyendo su nivel con cierta rapidez, y que temían que se tratase de un río subterráneo. Tras observar su ecosistema, Humboldt concluyó que la tala de bosques circundantes y el desvío de las aguas que solían alimentar al lago para regar los campos agrícolas, habían hecho descender los niveles. ¿Qué diría Humboldt ahora, si se encontrara con el Lago de Valencia en las actuales condiciones?

Fotos: César David Bracamonte / Patricia Marcano

La desconfianza por comprar comestibles o artículos de aseo personal aumenta en La Habana. De tiendas y almacenes escapan productos al por mayor, muchas veces vencidos o próximos a vencer, incluso copias clandestinas o adulteraciones de aquellos de mayor consumo como el café, el ron y una inmedible gama de utilidades. Cada vez son menos los renglones que cumplen el ciclo reglamentario en estantes de tiendas o ferias capitalinas. Y apenas son vertidos en los estercoleros, son reciclados por los llamados buzos o escarbadores de basura.

Las rutas del ‘bote’

Todos están renuentes a hablar del bote. Así le llaman a la descarga de cada camión con productos desechados de empresas estatales que llega al aterradero, el basural a cielo abierto de Calle 100 y Ocho Vías, creado en 1976 en el sur de La Habana. Es un área de unos 200 metros cuadrados que colinda con los municipios de la periferia capitalina Arroyo Naranjo, Cotorro y San Miguel del Padrón, considerados entre los más pobres y contaminados de la capital.

Un visitante regular del basural, en condición de anonimato –nada de fotos ni de grabación–, dice que esperan un cargamento de carne de la empresa cubano-española Tauros. En combinación con los custodios del vertedero, primero se procederá a hacer el ademán de quemar el producto y luego enterrarlo en fosas previamente abiertas, un ritual bajo la presencia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pero el fuego será apagado inmediatamente se retiren las autoridades, y si las fosas se cubren de tierra una excavadora ya estará lista para desenterrar. Luego la carne se volverá a cargar en transportes privados. Se llevará a la redistribución en los circuitos clandestinos ya establecidos del mercado informal.

Allí se expande la primera oferta de basura recirculada en la población, en repartos o barrios más cercanos, como Ojo de Agua, Parcelación Moderna y San Francisco de Paula. Y claro, dependiendo de lo que aparezca como oferta, entonces puede “comercializarse” en cualquier parte de la capital. Los precios de barata son más atractivos para una población con bajos recursos.

En la última semana de diciembre de 2015, un lote de frijoles retornó a las calles de La Habana, específicamente al poblado de La Lira, al sur de la capital. Nunca se incineró la mercancía en el vertedero de Calle 100 y Ocho Vías.

“Muchos recolectores se hicieron de paquetes de frijoles colorados, negros y blancos, así como de garbanzos, nada llegó a incinerarse ni a enterrarse”, argumentó Alexis Monterrey, uno de los transportistas que vierte desechos en Calle 100 y Ocho Vías.

“El bote ocurre cada semana, más de una vez, y con cualquier tipo de mercancía, desde partes y piezas de equipos electrónicos hasta productos de higiene. Aquí todo el mundo entra en el juego. Cada cual recibe su dinero: el camionero, nosotros los cargadores y los custodios del basural”, asegura el testigo anónimo. 
El aterradero está dispuesto para que se viertan e incineren restos de todo tipo, sin clasificación. Los desechos provienen de empresas, hospitales y del sector residencial. Atraídos por esta forma de buscarse la vida, un sinnúmero de buzos o recolectores de desechos pululan y a veces hasta habitan dentro del predio en chabolas improvisadas. Alguna vez han sido desalojados por la policía, pero retornan.

De la indolencia a la complicidad

La pobreza y la ambición crean nuevos pactos de corrupción. Entremezclan los lindes de la mayoritaria propiedad estatal y del mercado negro, confundiéndolos. Incluyen basura y desechos industriales, que conforman verdaderos atascos.

La basura ya es parte del entorno de la ciudad. Los crecientes amontonamientos en las esquinas son abordados con alarma tanto por la prensa oficial como por la independiente. La acumulación ocurre hasta por regulación local. Los habitantes de La Prosperidad, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, tienen que acumular por más de 20 días los desechos de su consumo.

El diario oficial Granma, el 1 de enero de 2016, se permitió publicar en la sección Cartas a la Dirección la denuncia de un ciudadano sobre un nuevo vertedero espontáneo. Desde hace un año se acumula basura en la Avenida 255, ente 44 y 46, Punta Brava, municipio La Lisa, en la capital.

Sin embargo, un ciudadano sexagenario del barrio residencial San José, en el municipio Mayabeque, Armando Fernández, pone en práctica lo mismo, pero por conveniencia. Como comercia en el reciclaje, repleta todas las habitaciones de su residencia con desechos recolectados.

Pero la realidad del circuito del desecho es todavía mucho más compleja. A veces los productos caducos ni siquiera arriban a los basurales.

Sobre las cinco de la tarde del pasado 23 de diciembre, tres empleados de Comunales (empresa estatal encargada de la recogida de basura) en el hospital capitalino Pando Ferrer, abrieron las cajas y bolsas de nailon que desecha esta institución para reciclar pomos e instrumentales médicos. Esto lo corrobora un video tomado por la periodista cubana Laura Paz, colaboradora del Instituto de Reporteros en la Guerra y la Paz (IWPR).

Otro de los casos reportados fue la venta de pomos de mayonesa y refrescos sintéticos con etiquetas de fecha caduca, en el reparto La Prosperidad, en el municipio San Miguel del Padrón, en marzo 2012.

Con posterioridad, se hicieron otras dos revelaciones de esta inacabable ruta del detritus: “Cacharreros”, del periodista y escritor Frank Correa, en el portal digital Cubaprensalibre.com, en abril de 2014; o la nota de la periodista Miriam Herrera Calvo, “Granizado en vasos contaminados sacados de la basura”, en Cubanet.org, en enero de 2015.

Los dimes y diretes de este turbio comercio rozan lo institucional, pero ahí se quedan.  Lo revela la carta abierta del Gerente General de la Sucursal Habana Oeste de tiendas CIMEX (el holding comercial, al detal y al mayor, del Estado cubano), como respuesta al artículo “¿Tienda Coyula o Tienda con coyunda?”, un artículo de denuncia publicado en el portal digital gubernamental Cubadebate. En este caso se reconoce que en el establecimiento comercial se estuvo vendiendo pintura vencida, sin siquiera ser rebajada de precio. Y todo ello pese a ya estar establecida como norma regulatoria oficial el retiro de los anaqueles de todo producto caduco.

La muerte ronda por el basural

El reciclaje subrepticio emerge en el magro consumo diario, del mismo modo que aumentan las causas de muerte, epidemias y contaminaciones.

El primer fallecimiento conocido entre los habitantes-mercaderes del basural de la Calle 100 y Ocho Vías fue en 2001. Entonces Cristino Rojas, un hombre de solo 36 años, enfermó y murió de manera fulminante, recuerdan sus familiares. Según consta en su certificado de defunción, fue por leucosis centropénica aguda (leucemia).

La siguiente muerte repentina ocurrió en el propio basural de calle 100, en 2014. Fredy González, de 40 años, residía en el botadero. Temiendo el esparcimiento de una infección muy agresiva, las autoridades de Salud Pública lo amortajaron allí mismo, según comentaron a este equipo de reporteros trabajadores del vertedero.

Bajo anonimato, dos galenos del Instituto de Oncología declararon que la leucosis centropénica aguda es una enfermedad cancerígena adquirida y que no existe en la isla un tratamiento efectivo para combatirla.

“La constante exposición al plomo, el estaño y productos radiactivos es un potencial activo para esta patología”, aseguró uno de ellos.

Un acuerdo firmado en 2007 entre el Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la Dirección de Servicios Comunales de la Ciudad de La Habana con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y la Consultora Internacional del Pacífico Nippon Kohei Co. preveía un plan a desarrollar para el manejo racional de la basura. Era un proyecto para nueve años y contaba con un presupuesto de 96,7 millones de dólares y 138, 4 millones de pesos.

El principal objetivo de este plan era el de la clasificación de la basura desde su propia base de vertimiento en los barrios suburbanos, con posibilidad de extensión al resto de la ciudad. Otro propósito era el de sanear los actuales botaderos, donde por más de 40 años se mezcla la basura orgánica e inorgánica en un nocivo coctel. La meta era transformarlos en depósitos controlados. Las emisiones nocivas y contaminación terrena serían reducidas a un mínimo sostenible. Se transformarían en sitios de reciclamiento sano, productores de compost y biogás.

Concluida la fecha tope en 2015, los propósitos a lograr quedaron muy lejos de su meta. Por el contrario, los basurales dentro de la ciudad y el comercio clandestino con sus contenidos aumentaron significativamente, y con ellos el peligro para la población.

Sobre el mismo tema abundó en una entrevista facilitada Luís Martínez, un especialista en medio ambiente de vasta experiencia y ex profesor de la Universidad de La Habana. Éste aseguró que la basura es indispensable clasificarla. Hay suelos contaminados con mercurio debido a los desechos de ese metal en los desperdicios. Pueden llegar a contaminar aguas de corrientes subterráneas con elementos cancerígenos.

“La mezcla continua y desorganizada de los vertederos provocaba que metales pesados y otros productos nocivos a la salud queden asentados en el terreno”, señaló.

Otro médico oncólogo consultado que pidió el anonimato comentó: “Hay factores de riesgo que se vinculan con enfermedades neoplásicas. Están en un medio con factores de riesgo los que trabajan con plomo, asbesto, berilio y otras sustancias tóxicas. Las posibilidades en los individuos que se relacionan permanentemente en un entorno tan contaminado como la basura mezclada son muy favorables para incubar neoplasias como la leucemia viral e infecciones fatales”.

También aseguró que el cáncer es la primera causa de muerte en el país. Las estadísticas nacionales lo aseveran. Son extremas comparadas con otras naciones del área: uno de cada cinco fallecidos es víctima del cáncer.

El experto señaló la posibilidad de que los números nacionales, que han sufrido un aumento de muerte por cáncer del 3% desde 2000 al 2014, según consta en el Anuario Estadístico de Salud Pública, sean aún mayores.

“Es la distorsión que sufren las estadísticas debido a que la causa de muerte que muchas veces se refleja en los certificados de defunción oculta el principal motivo del deceso”, aseguró.

Es típico que en sitios donde se acumula basura mezclada por años se produzcan emanaciones como metano,  tricloroetileno y benceno. Todas provocan enfermedades de diversos tipos, algunas mortales. El experto consultado advirtió que este tipo de contaminación no sólo se estaba produciendo en la basura de los vertederos.

“Hay plantas industriales en Cuba que son capaces de concentrar los metales en su proporción hasta 15 veces”, concluyó. 

“Además los oxidantes que están utilizando los campesinos para acelerar la maduración de los frutos de la tierra y hacer más rápida su venta, como el carburo de calcio y otros alcoholes artesanales, contienen metales pesados productores absolutos de cáncer, que son directamente consumidos por la población en todo el país, sin control sanitario alguno”, comentó el especialista Martínez.

La desenfadada contaminación de terrenos señalada por el ex profesor Luís Martínez es confirmada por un estudio publicado en la Revista Cubana de Salud y Trabajo (2012/ 13(1)/3-9), del Instituto de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente: “Evaluación de la incorporación de metales pesados al agro-ecosistema. Rol de las prácticas productivas ejecutadas por los trabajadores agrícolas”.

En este extenso estudio se asevera que “…durante varios años en la zona objeto de estudio ha estado expuesta a los efectos de la emisión de aerosoles asociados a incendios espontáneos producto de la combustión de los gases originados de la fermentación de la materia orgánica de residuos sólidos urbanos, malos olores, presencia de roedores e insectos y la probada contaminación de las aguas del río Almendares que circulan en el área, dando como resultado alteraciones en los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las aguas del río”.

Nadie responde

El comercio y la corrupción generalizada llevan el creciente atasco y disposición final de la basura a un reciclaje de nuevas rutas. Son pactos comerciales de organización espontánea y funcionan clandestinamente dentro del mismo aparato del Estado, incluyendo el robo directo a sus arcas. Con el monopolio estatal casi absoluto de la importación y distribución oficial nacional, resulta demasiado tentador con la pobreza reinante. Se vuelve imposible que sujetos de la administración estatal que lo integran estén ajenos a ese comercio ilícito y no incurran en delitos que, a la par que la desidia burocrática, no afecten la salud pública.

Un extenso reportaje del periódico oficial Granma del 11 de diciembre de 2014, “El rastro de la basura”, de Arlin Alberty Loforte, que incluye entrevistas a tres funcionarios relacionados con la higiene pública, no menciona el estado del plan de restructuración de los vertederos habaneros. Fueron inútiles los intentos de comunicar telefónicamente con ellos y pedirles su opinión sobre este tema. Los teléfonos suministrados por Información de la Empresa Estatal telefónica (ETECSA) no correspondían con los de los funcionarios José Luis Toledo Álvarez, vicepresidente del Consejo de la Administración Pro¬vincial, Adalberto Freyre Giraudy, director de Co¬mu¬nales en el municipio de Centro Habana y Abel Camejo Peñalbert, vicepresidente primero del Consejo de Administración de La Habana.

Después de trece años de la muerte de Cristino y a sólo dos de la de Fredy, otros buzos se sumergen en un negocio de pocos pero que involucra a muchos. La basura y los oscuros atajos del reciclaje, aportan a la despensa de los cubanos.

Los residentes, en tono de broma, la nombran “San Calor”, entre un sol penetrante a 30 grados centígrados, sudor a chorros y pocas sombras. Algunos dicen, entre risas, que la densidad del aire distorsiona, de a momento, las imágenes (como en los desiertos o las películas del Lejano Oeste). Un pueblo donde los invernaderos abandonados de La Unión parecen desentonar: aun cuando llueve, permanece cálido. “Y hasta empeora”, asegura un taxista, risueño. Por eso, el Gobierno nacional a veces las llama “casas de cultivo protegido” en lugar de “invernaderos”: una propuesta de desarrollo socio-productivo en clima tropical que hoy –literalmente– da pocos frutos.

Hasta junio del año pasado, el ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, calculaba 500 “casas de cultivo protegido” instaladas en territorio nacional para la siembra y cosecha de hortalizas mediante un convenio desarrollado con Cuba. Pero al final, solo suministraron 365 de las 500 casas de cultivo prometidas, según precisa el mismo ministerio en su Memoria y Cuenta del año 2011.

En la urbanización La Unión de San Carlos, los vecinos recuerdan el inicio del proyecto hace poco más de un año: personas vestidas de rojo tardaron entre cinco y siete meses en construir las casas que hoy se despedazan. Algunos residentes recibieron capacitación técnica los primeros días, hasta que los instructores dejaron de visitarlos por razones que aún desconocen. El consejo comunal debía asumir las actividades agrícolas –según uno de los antiguos miembros–, pero sus elecciones tienen dos años de retraso.

Aunque la asistencia técnica es cubana, algunos equipos provienen de Europa, según convenios públicos, miembros de comunas y expertos en tecnología vegetal. El llamado poder popular, sin orientación ni vigilancia, no sabe qué hacer con aquello –lo último en tecnología de invernaderos– a pocos metros de su hogar, mientras la crisis inflacionaria eleva cada mes el costo de las hortalizas.

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La Memoria y Cuenta de 2011 del Ministerio de Agricultura y Tierras registra el proyecto de suministro de 56 hectáreas de “casas de cultivos protegidos” en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Lara, entre junio de 2010 y junio de 2011. Se trata de un convenio con Cuba basado en la adquisición y transferencia tecnológica de más de 500 casas de cultivo de 800 metros cuadrados, en modelo tropicalizado, por un monto de 50.931.154 bolívares. Al final solo se instalaron 22 hectáreas de cultivos protegidos en el eje central del país en relación a las 40 hectáreas estipuladas; Cuba solo suministró 365 de las 500 que le correspondía levantar. 

El Ministerio de Agricultura y Tierras renovó el contrato: “El Proyecto fue evaluado en la XI Comisión Mixta del Convenio de Cooperación Integral Cuba Venezuela, es decir, fue aprobada la Fase II (Continuidad), lo que lleva a una modificación en los presupuestos asignados”, expone el documento oficial. Los informes de gestión posteriores del ministerio no hacen referencia particular a este acuerdo, e incluyen distintas Unidades de Producción Socialista (UPS) y Empresas de Producción Social (EPS) –estructuras de producción de bienes y servicios dependientes del Estado– en la dinámica del cultivo protegido en invernaderos, sin especificar la procedencia de las instalaciones, ni en algunos casos los entes responsables de la ejecución de los planes.

Venezuela cuenta con 300 hectáreas de invernaderos instalados, desde que comenzó la producción comercial de estos equipos en el año 2000, destinados principalmente a la siembra de tomate, pimentón y flores, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Los Andes (ULA) de este año. El informe da cuenta de la ausencia de estadísticas regionales de la producción total en invernaderos, así como de cuánto representan, en términos porcentuales, en la producción nacional de cada rubro. También concluye debilidades técnicas: “Debido al poco tiempo de establecimiento de los invernaderos en Venezuela, el número de personas capacitadas que manejen eficientemente este tipo de estructuras de cultivos es bajo. Venezuela no estaba preparada para un crecimiento tan rápido como el ocurrido en los últimos cinco años y probablemente se ha avanzado por ensayo y error”.

Desde 2011, medios de comunicación y líderes políticos denuncian el abandono y deterioro de las “casas de cultivo protegido” más llamativas: las enormes estructuras plásticas, rotas y mugres, dispuestas a un lado de la Autopista Regional del Centro, entre el kilómetro 71 y 96, que presuntamente debían ser administradas por los consejos comunales del sector Trapiches del Medio. Como en La Unión, a mayor escala.

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Una cuadra promedio de la zona colonial del centro de Caracas mide 100 metros de largo y 100 metros de ancho (10.000 metros cuadrados), que equivale a una hectárea. Los invernaderos del convenio Cuba-Venezuela equivaldrían, en total, a 56 cuadras caraqueñas sembradas de tomate y pimentón. Pero las fallas de asesoría técnica no es el único obstáculo de la promesa: la tecnología seleccionada es cuestionada en el gremio agrónomo.

Las zonas calientes de Venezuela (como ‘San Calor’) requieren mayor intercambio de aire que el que permiten las mallas de los invernaderos europeos diseñados para climas más fríos. En el caso venezolano, una malla antiáfido o anti-insecto –barrera física permeable que impide la entrada de insectos que afecten los cultivos–, dificulta la respiración de las plantas. “Si yo compro un paquete cerrado a un proveedor internacional sin tener el concepto de dónde la voy a utilizar, puedo traerme la malla que al proveedor le interese venderme, y la más cara es la más tupida, que es como un mosquitero o un tul de novia”, explica un especialista que reserva su identidad por temor a represalias contra su compañía, que tiene contrato con entes privados y públicos.

Los insectos no solo pueden entrar por las paredes sino también adheridos a la ropa de quienes ingresan al invernadero o casa de cultivo. Por ello, es necesaria una serie de mecanismos previos para controlar el acceso a la zona de producción: usar ropa de seguridad y puertas de acceso con barreras sanitarias: una cortina de viento, una pre-cámara, otra cortina de viento y otra puerta con presión positiva (con viento desde el interior de la estructura hacia la cámara de afuera para terminar de expulsar los elementos contaminantes de la persona). Invernaderos importados visitados por expertos carecen de esos componentes. En Europa, algunos tienen varias barreras y otros no: depende del cultivo. El invernadero de La Unión solo presenta una pre-cámara simple.

Algunos de los proveedores son la empresa española Grupo MSC y la compañía holandesa Dalsem, reconocidas en el negocio internacional de invernaderos como tecnología de punta. “Nos entregaron un Ferrari y no sabemos manejarlo (…) El despilfarro que se ha hecho en estas estructuras es enorme. Un grupo de agrónomos estamos preocupados, no sabemos qué hacer”, dice otro especialista.

Iraselis Marco, a diferencia de los sancarleños, fue testigo de esa bomba de tiempo: conoció los invernaderos de la Unidad Productiva Julián López –en el estado Carabobo–, quedó impactada con su majestuosidad y se incorporó a las labores del comedor de los productores agrícolas, hasta que la casa de cultivo fue intervenida. “Ahí se cultivaban tomates con algo que fue traído de un país nórdico, y en espacios muy fríos esas son cuestiones muy sofisticadas, y eso colapsó porque los productos que se usaban allí son importados y era difícil traerlos por la situación del país. Entonces se secaron buena parte de las matas de tomate porque no llegaron los insumos”, lamenta. Hoy esos invernaderos están bajo administración militar.

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La presidenta de Fundaimagen –organismo adscrito a la Gobernación de Cojedes–, Nataly Peña, afirma desconocer el estado de las casas de cultivo de La Unión. Enumera otros logros de su institución: un vivero comunitario de más de 15 mil plantas, una unidad de lombricultura, viveros en escuelas. Nada sabe de invernaderos. Algunos vecinos del sector dicen que son una obra de la Gobernación, pero el ingeniero José Pernía, encargado del área de Infraestructura del estado, lo niega. Hasta la fecha, la coordinación de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras aún no responde a la solicitud de entrevista de Armando.info sobre el tema.

No hay consejo comunal u otra organización vecinal que presione una respuesta. “Eso es un acto de corrupción, a nosotros nos dijeron que esas mallas eran carísimas”, dice una señora de la cuadra, y continúa sus labores caseras. Algunos se quejan, otros prefieren no opinar por desconocimiento. Alguna vez fue diferente: en 2007 el consejo comunal de La Unión tenía una página web, con su lista de voceros, proyectos ejecutados, proyectos en proceso, proyectos venideros, una galería de fotos, las leyes del Poder Popular y números de contacto. Una labor de contraloría impulsada por uno de los residentes. Hoy, la propuesta tecnológica de soberanía alimentaria se pierde entre las irregularidades estatales y la indiferencia del Poder Popular.

(*) Este reportaje contó con la reportería de Alexander Olvera.

Cualquiera podría decir que el ocumo es la materia prima de las papas de Frito Lay. No en vano las autoridades ambientales de Venezuela, junto con la organización Azul Ambientalista, concentraron el año pasado 2.000 personas en tres ciudades distintas, para protestar contra la producción de ocumo. Allí, los defensores del bosque culparon directamente a la empresa Frito Lay de promover –sin otro motivo que enriquecerse a través de la fabricación de snacks– la deforestación de la Sierra de Perijá, el ramal más septentrional de la Cordillera de Los Andes, que sirve como pulmón vegetal del estado Zulia, al norte de la frontera de Venezuela con Colombia.

Las cosas cambiaron tras esa protesta. En La Villa del Rosario, el pueblo más cercano a la sierra, dicen que 1.500 colombianos indocumentados se devolvieron al otro lado de la frontera. La diáspora se produjo entre julio y agosto de 2014, cuando el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral de Venezuela (Insai) prohibió la guía de distribución a los comercializadores del ocumo que se produce en las pendientes de la Sierra de Perijá. Esos 1.500 hombres y mujeres, acostumbrados a vivir en el campo y que habían huido del conflicto armado de su país, sembraban la planta de malanga en las hectáreas que habían conquistado. Pero se fueron cuando empezaron las protestas contra el cultivo.

Para los ambientalistas, se trataba de una lucha entre David y Goliat, así que llenaron la web de montajes en los que se veía hasta al propio Messi comiendo Ruffles a espaldas de un parque deforestado. También pidieron una resolución al Consejo Legislativo del Estado Zulia para prohibir el cultivo y replicaron la noticia de la protesta en todos los medios del Gobierno nacional, que a la vez no escatimaron en adjetivos para difundir que la filial de Pepsico –con sede administrativa en la torre Polar de Los Cortijos– era enemiga de la cuenca del Lago de Maracaibo.

La cruzada de los ambientalistas arrojó resultados: la producción bajó de 100 a 25 toneladas de ocumo en una semana. Dos nombres se mantuvieron al frente de esta batalla. Por un lado, la “Autoridad única de ambiente del estado Zulia”, Lenín Cardozo, y junto a él, Gustavo Carrasquel, el presidente de la organización Azul Ambientalista.

“Sí, recibimos apoyo de mucha gente y se logró salvar muchas hectáreas en la Sierra que ya estaban corroídas por el cultivo”, explica Gustavo, con una serpiente pitón que reposa a su lado dentro de una pecera cuadrada. “Todos estaban en contra de Frito Lay”.

–¿Cómo confirmaron que Frito Lay promovía el cultivo?

–Eso nos lo dijeron los productores, que ellos recibían dinero de alguien que tenía el uniforme.

–¿Existe alguna forma de confirmar que Frito Lay compraba o promovía el cultivo?

–Nosotros nos basamos en al menos 90 testimonios. Todos dijeron que un hombre con el uniforme de Frito Lay les daba dinero para producir.

“Los malangueros”

Cuando uno llega a La Villa del Rosario y pregunta por los “malangueros”, todos dirigen sus dedos a la casa de Edicso Acosta, que queda en el sector San José. Ahí, en una calle sin salida, su madre –una anciana de más de 70 años– se sienta a moler café a mano justo al lado de un camión Codia que tiene estacionado en lo que queda de patio, debajo de un árbol de mango. Alrededor de ese tronco hay 14 sacos de ocumo, 700 kilos aproximadamente, que llevan más de una semana al sol y que aún están frescos para comer.

Edicso tiene toda la apariencia de un productor del campo: ropa rasgada, botas plásticas, un sombrero. Su función es básica: le compra todo lo que puede a los productores y luego lo revende en los mercados mayoristas del centro del país. Los productores lo buscan porque, cuando no tienen dinero, él les financia la producción con la única condición de que se la vendan a él. Siempre gana.

La prosperidad es obvia: tiene varios camiones y varios empleados. Le basta con él mismo para vivir y producir, y aunque en 2014 hubo una baja considerable, nunca dejó de vender la mercancía. “Cuando se fueron los colombianos, quedamos sin productores”, doce. “Solo unos pocos comenzaron a producir, yo me negué a dejar esto porque es lo único que sé hacer”.

Para llegar a los cultivos hay que recorrer kilómetros de carretera de arena casi verticales, con apenas tres metros de ancho entre la pared del cerro y el precipicio. Edicso llega hasta esos conucos a bordo de un pequeño camión Toyota como los que usan los terroristas del Estado Islámico al otro lado del mundo. De esos, tiene seis. Y todos son de él.

Alrededor de las paredes de la serranía se ven los cultivos de ocumo. Son unas plantas pequeñas que tienen grandes hojas en forma de corazón. Según la experiencia de Edicso, esa especie fue traída de Colombia, donde la llaman malanga, y poco puede competir con el ocumo chino, que se produce en el oriente del país, o el ocumo criollo, cuyos sembradíos se extienden por todo el estado Portuguesa. Cultivos como ese están en todo el camino de tierra del sector Las Lajas, que tiene un serpenteante río alrededor de la vía. Las Lajas es uno de los afluentes que alimenta Los Tres Ríos, el embalse de agua más grande del estado Zulia y que surte a su capital, Maracaibo, con una población que supera los 2 millones de habitantes.

Cuando ya la cosecha está lista, los productores dejan los sacos a la orilla del camino de tierra a la espera de los camiones de Edicso. Sus hombres los recogen y los conducen hasta La Villa del Rosario, de donde salen en otro camión con destino a los estados Lara, Aragua y Trujillo. Se trata de una actividad ilegal para las autoridades, por lo que Edicso gasta cerca de 50.000 bolívares en cada viaje, para pasar las alcabalas que encuentra en el camino.

Los críticos

La lucha de Azul Ambientalista es clara. Basados en un estudio de la Secretaría de Ambiente del estado Zulia, advierten que queda menos de la mitad de los 200 afluentes que en el año 2000 habían registrado en la serranía. La investigación arrojó que al menos 6.000 hectáreas estaban afectadas, lo que vaticina desde ya una crisis hidrológica en la región debido a la sequía de la cuenca del Lago de Maracaibo.

Aunque el biólogo Miguel Pietrangeli no sabe si es o no Frito Lay el promotor de la producción, sí está en contra de ese cultivo porque se trata de un tubérculo que erosiona la tierra. Además, produce derrumbes cuando llueve por tratarse de una planta sembrada en las pendientes.

Un funcionario del Instituto Nacional de Parques –que apoyó las protestas y las denuncias de deforestación– también señala al ya célebre cultivo de ocumo como el culpable de la deforestación de más de 8.500 del millón de hectáreas del parque nacional. Amparado en el anonimato declaró –al otro lado del hilo telefónico– que la mayoría de los productores eran extranjeros y que no hay mayores censos. Pero eso sí, insistió en que su nombre no apareciera en estas líneas. Que no, que ni siquiera se mencionara que es funcionario público, porque esas cifras –las que él repite y guarda en su computadora– no son de Inparques, sino de Lenín Cardozo...

Pero Lenín Cardozo no está; se fue del país. Ahora vive con su esposa en Canadá y dejó de ser la “Autoridad única de ambiente”. Desde marzo de 2015 es solo secretario de Ambiente del estado Zulia con un permiso por motivos de salud.

El biólogo ambientalista y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia, Miguel Pietrangeli, cree que el funcionario público debe dar la explicación y por eso da la pista para resolver este crucigrama: “Pero habla con Gustavo Carrasquel (el presidente de la ONG Azul Ambientalista), él es su hermano”. Aunque con apellidos diferentes, el escándalo de Frito Lay parece que salió de la misma casa.

Los revendedores

Edicso asegura que en la Sierra usan el ocumo para hacer papilla. También la hacen frita, cocida y al horno. Es una fuente rica en proteínas según el Instituto Nacional de Nutrición, que lo califica como importante después de los primeros seis meses de vida del bebé. También está dentro del menú de las casas de abrigo dependientes del Ministerio de la Mujer y del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación.

Según la Memoria y Cuenta de 2014 del Ministerio de Agricultura y Tierra, el año pasado se produjeron 94.904 toneladas de ocumo, mientras que en 2013 la producción fue de 84.081 toneladas. De esas toneladas, Edicso lleva cerca de 40 en su camión. Salió en la noche del sábado desde La Villa el Rosario, en el estado Zulia sin la guía de movilización otorgada por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral de Venezuela, así que en cualquier momento pueden decomisarle la mercancía.

Para llenar ese camión se necesitó una de las 400 hectáreas que afectan el resto de la Sierra de Perijá. Según sus cálculos, en una hectárea se siembran 10.000 plantas de las que salen 70 toneladas de ocumo. Por algo se quejan los ambientalistas.

Muchos de esos sacos los comercializa en el Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), estado Lara, al occidente de Venezuela. Allí, descarga el producto en el puesto de Macario Reañe que, compra y vende verduras desde hace más de nueve años.

Reañe advierte que sus clientes son pequeños verduleros que compran algunos sacos. Ya quisiera, dice, que se acerque Frito Lay a comprar todo de un solo golpe para tener ganancias pronto y comprar un nuevo camión al día siguiente. Pero no es así. “Ellos también venden en Trujillo y en Maracay, allá quizás compren, no sé”, dice. “La verdad aquí no viene Frito Lay”.

Los acusados

Lenín Cardozo Parra, el secretario de Ambiente, Tierras y Ordenación Territorial del estado Zulia, tiene una larga trayectoria como defensor ambiental en la región. A principios de los años 80 fundó el grupo Azul ambientalista, que hoy es referencia en la región. Graduado en la Universidad del Zulia, ha sido secretario de Obras Públicas, Infraestructura y Ambiente durante las dos gestiones de Francisco Arias Cárdenas. También fue presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia y en los últimos tres años ha sido promotor de un gobierno regional basado en el ecoturismo.

Así, creó algunas rutas turísticas en el occidente del país y varias de ellas incluyen la visita a una cueva recién descubierta a pocos kilómetros de la Sierra de Perijá. Pero tiene sus detractores. Por ejemplo, Lusbi Portillo –de la ONG Homo Et Natura– que no ha dejado de reclamarle un doble discurso por pagar páginas a color en los periódicos locales criticando el cultivo de ocumo en el piedemonte de la misma Sierra de Perijá, pero ignorando la explotación de carbón en otras zonas del norte del estado Zulia.

Después de unas semanas, Cardozo contestó –desde Canadá– a los llamados que pedían respuesta para este reportaje. Dijo que se mantiene al frente de la Secretaría de Ambiente del Zulia y que el subsecretario, Normando González, ahora tiene sus funciones más no su cargo.

Reiteró que es Frito Lay la empresa que fomenta la deforestación de la zona y añadió que fue gracias a una resolución que pidió ante el Ministerio del Ambiente y a las alcabalas militares dispuestas en el camino entre los estados Zulia y Carabobo, que el producto de la discordia ya no termina en Valencia, en la fábrica de snacks de la trasnacional Frito Lay.

En esa empresa, sin embargo, el cuento es otro. Aunque herméticos, la filial de Pepsi Cola en Venezuela advierte que ni siquiera tienen plantas procesadoras en el estado Carabobo. Las suyas, señalan, están en Santa Cruz de Aragua y La Grita, estado Táchira. Allí procesan papas: las pelan, las fríen y las aderezan con sodio, grasas saturadas, gluten, aceite vegetal y otras esencias como queso y cebolla.

Todos esos productos están registrados por el Ministerio de Salud. No en vano, las dos plantas fueron inspeccionadas el año pasado a solicitud de la misma firma Frito Lay. Y lo hicieron para curarse en salud, dicen, pero también planificando una demanda contra Cardozo y la ONG Azul ambientalista. Fue así como la empresa publicó un comunicado firmado por José Enrique Zambrano, el director legal de Relaciones Interinstitucionales, que negaba las acusaciones, pedía pruebas y se reservaba cualquier acción legal.

El eslabón perdido

Otra de las rutas de Edicso y todo su equipo termina en el estado Aragua en el Mercado Mayorista de Maracay, a unos 50 kilómetros de Caracas. Es un espacio ubicado en una pequeña zona industrial que está fuertemente custodiado y que expende productos solo para los afiliados. Allí no entra cualquier ciudadano a comprar, solo quienes tienen comercios y Edicso cuenta con esa oportunidad porque descarga buena parte de sus sacos de ocumo al menos dos veces por semana en el depósito de Wilfredo Aponte, un comerciante que tiene más de 18 años en ese lugar y que asegura que compra al menos 15 toneladas de ocumo a la semana, que es aproximadamente la mitad de la producción semanal en la sierra.

De esas 15 toneladas, al menos 10 son adquiridas por Pedro Benetti, un viejo comprador que vende, principalmente, a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), una dependencia del Ministerio de Alimentación con sede en el mismo Mercado Mayorista de Maracay.

Benetti no quiso hablar. Su asistente, Raúl, preguntó para qué lo buscaban y prometió gestionar una respuesta, pero luego nunca contestó a los llamados telefónicos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas, Pedro Omar Benneti Novo es el gerente general de una empresa distribuidora de alimentos y otras tres cooperativas dedicadas al mismo rubro. Dos de ellas incluso están ubicadas en el sector La Morita de Turmero, donde se encuentra el mercado que sirve a la ciudad de Maracay.

Ambas cooperativas inscribieron a Mercal –la red de alimentos más grande del gobierno venezolano– como su cliente VIP. No en vano, una nota de prensa publicada por el mismo organismo, en abril de 2015, explica que las cooperativas de Benetti se encargan del traslado de alimentos en todo el estado Aragua y que esos rubros provienen de varios estados del país.

El señor Wilfredo explica que Benetti es uno de sus mejores clientes, porque él distribuye a la red Mercal, a las casas de abrigo y al Programa de Alimentación Escolar. Semana a semana se lleva, en promedio 10 toneladas, lo que se traduce en más de 540 toneladas de ocumo, que representan al menos siete hectáreas y media de las 400 que tanto daño han hecho en la Sierra Perijá. Parece que la deforestación de Perijá no termina en Frito Lay sino en la red de alimentos del gobierno.

(*) Este reportaje fue desarrollado a lo largo del Diplomado de Periodismo de Investigación, que dicta el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).