Así lo ha presentado el gobierno en las ferias internacionales del sector y no son pocos los inversionistas seducidos por la oferta gubernamental. No temen las consecuencias de una alianza, ni pareciera importarles la mala reputación del régimen de Maduro sobre el que pesan sanciones económicas de Estados Unidos. Es tentador tener los privilegios de operar en las zonas turísticas donde absolutamente todo tendrá precio y se cobrará en divisas. El mismo modelo que aplicó Cuba en el período especial hoy lo copia la revolución bolivariana.

Los hoteles de la cadena estatal Venezolana de Turismo (Venetur) son el primer ejemplo de esta nueva estrategia. Hoteles que en tiempos de Hugo Chávez fueron expropiados y confiscados para una “estrategia de diversificación y desarrollo sustentable orientada a la inclusión” hoy están en manos de privados. Unos con alguna experiencia en el sector y otros, totalmente desconocidos, pero todos privilegiados a la sombra de la revolución.

A mediados de 2017 se intensificaron las alianzas con estos inversionistas, justo cuando Marleny Contreras -esposa del número dos del chavismo, el actual presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello- estuvo al frente del Ministerio de Turismo (Mintur). Entre ellos despunta la empresa Desarrollo Turístico PLC 2017 C.A., que concretó dos acuerdos y ahora opera los más importantes hoteles de la red estatal ubicados en las ciudades costeras de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui) y Cumaná (Sucre), en el oriente de Venezuela.

El socio mayoritario, Víctor Manuel Martins Alfaiate (o Vitor, como es su ortografía real), un portugués que comenzó hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y Coche -parte del estado insular Nueva Esparta- ahora ostenta una de las principales cadenas hoteleras y se ha extendido con éxito por otros destinos exclusivos del país. También ha diversificado su negocio: bodegón, tiendas de ropa, inversiones inmobiliarias, agencias de viajes, boletería, material promocional y todo tipo de operación turística. Además, es socio de una camaronera que muestra buenos números año tras año.

Su meteórico crecimiento ha sido impulsado por créditos turísticos y agrícolas a los que ha tenido acceso con alguna facilidad si se toma en cuenta que Margarita atraviesa uno de los peores momentos de funcionamiento de los servicios públicos y cuando la actividad turística experimenta una brutal caída en la ocupación y en la movilización.

Autopista al paraíso

Más allá de los discursos, lo cierto es que el turismo no había sido una prioridad económica real en un país dependiente del petróleo y con las arcas llenas. Margarita, a la que se solía llamar “la perla del Caribe”, era el destino vacacional de las familias de clase media y de numerosos extranjeros que llegaban directamente a la isla.

Era más atractivo llegar a Margarita desde la ciudad brasileña de Manaos que visitar las costas de Río de Janeiro, había regularidad en los ferrys que partían de La Guaira y Puerto La Cruz, los cruceros del Caribe tenían una parada de desembarque en la isla y la actividad aérea era masiva, principalmente con vuelos directos de Frankfurt, Ámsterdam y París. Todo eso cambió en los últimos 20 años.

La ola de expropiaciones, desocupaciones de zonas turísticas, ineficiente servicio público y la casi inexistente conectividad marítima y aérea afectado las movilizaciones turísticas prácticamente hasta la neutralización. Atrás quedó la Margarita comercial y paradisíaca para la extinta clase media venezolana y mutó a un destino para un perfil de mayor poder adquisitivo, que busca rodearse de comodidad, lujo, servicios y exquisita gastronomía en hoteles de diseño.

De acuerdo con los datos manejados por Luis Eduardo Rodríguez, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta, las visitas “han bajado sustancialmente” pero ahora se cuentan pocos huéspedes con un perfil muy alto y poder adquisitivo. “Hay una operación semanal con vuelos chárter que parten de Bogotá, Cali y Medellín, que alcanza las 52 mil personas”. Menciona que están, también, los que visitan la isla de su vecina Trinidad y Tobago, en vuelos directos de Conviasa, la línea aérea del Estado.

Hasta 2013, los prestadores de servicios turísticos operaban sin mucho control, aún cuando la ley les exigía unos requisitos obligatorios so pena de multa y cierre. Para esa fecha el propio Martins, el dueño de la Cadena Paradise y quien figura en alianzas con Mintur para operar dos hoteles del Estado, no tenía Licencia de Turismo (LT) pese a sus años trabajando en la zona. Solo contaba con el Registro Turístico Nacional para sus locales de alojamiento: Yaque Paradise (RTN: 7.151) y Coche Speed Paradise (RTN: 6.978), según datos a los que tuvo acceso Armando.Info.

En El Yaque, donde Víctor Martins tuvo su primer hotel, había 40 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 10 de ellos con LT. Mientras que en playa El Agua, al noreste de la isla, se registraron 52 prestadores de servicios turísticos con RTN y solo 14 con LT. Pero todo cambió a partir de 2013.

En 2016, este “navegao” -como dicen los margariteños a quien llega de tierra firme-, de origen portugués, tenía sus permisos al día y figuraba en actos públicos como representante del sector turístico de Nueva Esparta. Apareció retratado junto al gobernador oficialista de la época, Carlos Mata Figueroa, y la ministra Contreras en un acto público, luego de coronar un ascenso que incluyó créditos en la cartera turística.

Recibió una inversión por 1.733 millones de bolívares (2.632.580 dólares a cambio oficial del momento) por parte del Banco de Venezuela en noviembre de 2016 para la refacción del hotel Tamarindo Guacuco, que prometía con ser uno de los mejores de la región, pero fue abandonado luego de la crisis financiera de 1994 y pasó a manos del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), quien a su vez se lo asignó a Mintur para su uso.

La Promotora Turística Paradise C.A. fue la favorecida por la banca para este proyecto. Con un capital de 5 millones de bolívares (unos 12 mil dólares al cambio de la época) se creó en mayo de 2016, seis meses antes de recibir el crédito. Sus socios en partes iguales son Víctor Martins y Oscar Augusto De Guruceaga López, quienes tienen otras empresas en conjunto relacionadas con la producción camaronera y el desarrollo turístico.

Reseñan los medios que cubrieron la actividad un comentario de Martins, que tenía “cinco años interesados en el rescate del hotel, pero no tuvieron éxito hasta la llegada de la ministra Marleny Contreras de Cabello”. Al año siguiente, Promotora Turística Paradise C.A. recibió la segunda factibilidad económica para continuar con los trabajos de recuperación del hotel Tamarindo Guacuco, esta vez por 5 mil millones de bolívares (2.272.730 dólares a cambio oficial para el momento). En esa visita, se dijo que la obra tenía un costo total de 23 mil millones de bolívares (casi 10.5 millones de dólares), de los cuales la empresa privada aportaría la mitad y el estatizado Banco de Venezuela el restante.

El Tamarindo Guacuco cuenta con 182 habitaciones, 3 restaurantes, piscina y área de recreación, y pasó a conformar uno de los hoteles de lujo de la Cadena Paradise. Sobre el acuerdo de negociación, fuentes del sector desconocen los términos suscritos con Mintur para la operación del hotel, pero Martins entrevistado telefónicamente explicó a Armando.Info los pasos de la negociación: “nosotros compramos el hotel, presentamos el proyecto y fue aceptado. Ya se encuentra operativo”.

Paralelo al crédito recibido por el hotel entregado por Fogade, Martins adquirió otra factibilidad por casi 1.500 millones de bolívares (unos 680 mil dólares a cambio oficial), para la Promotora Surf Paradise, de Playa El Yaque. Seguía ampliando su negocio en la zona en la que llegó a trabajar y en el que solo tenía un hotel, operado por su primera empresa Martins Paradise Import C.A. Ahora tiene diversos establecimientos y varios alojamientos que se sumaron a su grupo turístico: Surf, Oasis y El Yaque. Además, Surf Paradise Shop C.A, Bodegón Yaqui C.A. e Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015.

En total, la Cadena Paradise pasó a operar cuatro hoteles en Margarita, uno en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques -que también le pertenece al Estado- y dos hoteles de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná.

“Yo tengo cuarenta años trabajando en la isla. Llegué en el año 78 y en el 80 tuve mi primera empresa”, repitió con insistencia durante el contacto telefónico.

De cinco estrellas al foso

El socialismo chavista, a partir de 2005, se dedicó a la expropiación y confiscación de las infraestructuras hoteleras de las grandes cadenas internacionales -Intercontinental, Hilton, Meliá- para hacer “turismo social”. Esa fórmula no funcionó y contribuyó con el deterioro de las instalaciones que se fueron hundiendo en el descuido y descontrol interno. Venetur llegó a ser una de las operadoras más grandes del país y tener al menos 15 hoteles, casi todos categorizados en 4 y 5 estrellas, que quedaron en la ruina. Además, tenía 3 hatos turísticos en los llanos venezolanos.

En el último lustro, las propiedades turísticas nacionalizadas se han ido entregando a empresas privadas, probablemente para rescatarlas pero también para fortalecer grupos de poder. Casi todas esas empresas fueron creadas entre 2016 y 2017 cuando Marleny Contreras era ministra de Turismo.

“Nosotros no estamos ni regalando los hoteles, ni dándolo en concesión, estamos en alianza con inversionistas nacionales e internacionales para fortalecer el sector”, señaló la titular de la instancia turística cuando se firmaron las primeras cartas de compromiso, en 2016.

Pero de manera contraria, Martins señala que “lo que se tuvo con los hoteles fue una concesión y se le paga un porcentaje de las ventas brutas a Venetur”. Consultado sobre el acuerdo con Venetur, el presidente del Grupo Paradise indicó que “las empresas privadas se comprometieron con las mejoras a los hoteles a cambio de un porcentaje de las ventas brutas. No tenemos ninguna propiedad de los hoteles”.

Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., registrada el 28 de junio de 2017 y cuyos socios son: Promotora Turística Paradise C.A., con 95% de las acciones, y Víctor Martins, con el restante 5% fue una de las últimas en firmar. La alianza comercial fue unas semanas después de su fundación y se le entregó la recuperación, operación y comercialización del Venetur Puerto La Cruz (antiguo Gran Hotel Puerto La Cruz).

A juicio de Martins, según lo comentado en la entrevista telefónica, esto constituía una “oportunidad importante” porque es un puerto de tránsito fluvial a la isla.

Se acordó una inversión inicial de 9.3 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto. El reto, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Turismo, era potenciar la llegada de turistas extranjeros a Venezuela con capacidad adquisitiva para la generación de divisas. La firma fue durante la plenaria del Consejo Nacional de Economía Productiva, dirigida por el vicepresidente del gobierno de Maduro, Tareck El Aissami, cuando todavía asistía a actos públicos antes de ser una de las figuras más buscadas por el gobierno de Estados Unidos. Por Desarrollos Turísticos PLC 2017, C.A. asistió Julio Ortega González, quien figura como representante de la empresa pero no tiene capital accionario, aún cuando Martins confirmó que es parte de la sociedad. “Es Ortega quien se encarga de todo lo relacionado con los Venetur”, dijo.

El Venetur Puerto La Cruz (hoy Paradise Puerto La Cruz) posee 217 habitaciones, salones, restaurantes y todo tipo de espacios recreacionales. Además, tiene una marina exclusiva para traslados al Parque Nacional Mochima, que también pasó a ser parte de la remodelación.

En una entrevista a Fedecámaras Radio, Ortega señaló que “la alianza es por 20 años” y renovable, y aclaró que “la rehabilitación del hotel es con una inversión propia para devolverle la figura original”.

La red estatal de hoteles Venetur fue creada en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez para cubrir la demanda turística, la que en la Venezuela de hoy se ubica por debajo del 20% de ocupación en los destinos predilectos de sol y playa y no llega a 500 mil visitantes internacionales.

Hasta 2014 sumó hoteles en todo el país: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia.

Al entrar Marleny Contreras a la cartera de Turismo en abril de 2015 -y hasta junio de 2018- se impulsó una serie de alianzas comerciales de las que se sabe muy poco, y con las que Maduro estimó ingresos para el país de 195 millones de dólares al dárselos a la empresa privada.

“Trabajaremos para que el turismo se convierta en el nuevo petróleo para Venezuela”, dijo Contreras a los días de ser nombrada ministra. Además, incluyó al turismo como uno de “los motores” de la agenda económica bolivariana. La incapacidad socialista de poder operar los hoteles Venetur quedó en evidencia. De ser manejados por poderosas cadenas internacionales que se encargaban del mantenimiento y comercialización de alojamientos 5 estrellas, luego de la nacionalización se descuidó la infraestructura, las áreas de esparcimiento y la calidad de servicio, que requirieron varias inyecciones millonarias para su recuperación. Nunca pudieron ser rentables y eran pérdida para el Estado.

En el Informe de Gestión de los órganos y entes del Poder Público, emitido por la Contraloría General de la República, en el año 2016, se describe el resultado de las auditorías que se realizaron a la red hotelera Venetur. Todas dirigidas a evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación, adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras en proyectos de inversión y protección de los bienes públicos, desde el 2013 al 2016.

Las conclusiones documentan su quiebre:

“Se constataron debilidades de control interno al carecer de soportes que respalden las operaciones efectuadas al presupuesto correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2013 (…) No dispone de información relacionada sobre la ejecución física y financiera del proyecto denominado Recuperación de la Infraestructura, equipamiento y sustitución de Equipos Electromecánicos de la Red de Hoteles y Hatos de Venetur, S. A. (…) Para el año 2014 se comprometieron montos superiores a los realmente aprobados por Bs 102.317.245,35; y para el año 2015 hubo sobregiros por Bs 827.693,71. (…) La empresa no cuenta con la relación de ingresos percibidos con ocasión a alquiler de marinas durante el ejercicio económico financiero del año 2013”.

El mismo documento incluye al hotel Venetur Puerto La Cruz que está en manos del Grupo Paradise, ahora uno de los más importantes.

La rosca turística socialista

Para hacer efectivo el plan turístico, Maduro firmó el convenio cambiario N° 36, mediante el cual autorizaba a los empresarios a vender sus paquetes turísticos en moneda extranjera, lo que antes no era permitido. Desde el 2003 el gobierno chavista impuso un férreo control cambiario en Venezuela que impedía las negociaciones fuera de los mecanismos del Estado para operar en divisas que con el tiempo y la crisis se fue flexibilizando. Tanto, que Maduro para tratar de esquivar las sanciones económicas aceptó que los pagos por servicios turísticos se hicieran en criptoactivos solo en las “zonas económicas” del país.

De igual forma, incrementó la cartera de créditos, para el 2016, a 45 mil millones de bolívares (más de 100 millones de dólares) “para el desarrollo del turismo”.

Por su parte, Mintur impulsó acuerdos con la banca para hacer efectiva las alianzas comerciales y garantizar el crecimiento del sector. Además, aceleró la declaratoria de zonas de interés turístico para el desarrollo y explotación por parte del Estado, principalmente en el área costera del país. Es allí donde se pretende incrementar la infraestructura hotelera y los servicios, haciendo convenios con el sector privado nacional e internacional.

Para ello se han realizado ruedas de negocio muy exclusivas, la última en junio de 2019 donde participaron inversionistas de Turquía, México, Nigeria, Siria e Irán, entre otros.

“El turismo debe ser el segundo gran generador de ingresos de divisas en el país, somos un gran destino turístico. Venezuela tiene el mejor paquete de ofertas del mundo entero”, dijo Nicolás Maduro poco antes de que la ministra Contreras fuera reemplazada por Stella Lugo, la séptima que se propuso recuperar el sector.

Lugo, exgobernadora chavista y sucesora de Contreras, no tuvo ninguna notoriedad en su paso por el ministerio y poco se le encontraba en la sede. Combinaba su agenda con las actividades políticas del partido rojo como jefa del Territorio Insular Francisco de Miranda y, además, como “protectora” del estado Anzoátegui, una figura impuesta por Maduro que solapaba las competencias del gobernador opositor electo democráticamente. Siguió las mismas líneas que estaban establecidas hasta que fue sustituida por Félix Plasencia, quien asume un nuevo ministerio fusionado: el de Turismo y Comercio Exterior.

En abril de 2019, durante la presentación del Plan Internacional de Turismo, Lugo y Plasencia habían coincidido en el evento y compartieron escena con Yomana Koteich, hasta ese momento, ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional y presidenta de Bancoex.

Todos estos cargos los asume el nuevo ministro, de quien dicen que es muy cercano a los hermanos Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta Ejecutiva y Jorge, ministro de Comunicación e Información, con quienes trabajó en cargos de máxima confianza desde el 2012.

El acercamiento de Koteich con Mintur no es nuevo, ni con Margarita, que es su tierra natal. En 2005 fue viceministra de Comercialización de Productos Turísticos y, al año siguiente, presidenta de Venetur durante la gestión de Wilmar Castro Soteldo, actual ministro de Producción Agrícola y Tierras. En el 2014 participó con su empresa Equus Proyectos y Soluciones, C.A. en las bases de intervención y vialidad del proyecto turístico Playa El Agua.

Koteich había prometido la culminación de la obra desde Punta Cabo Blanco hasta Punta Cazonera (Playa El Agua) para el 2019 y el Estado había aprobado en créditos de la cartera turística 51 millones de dólares, pero todo se paralizó.

El Estado aprobó créditos por 51 millones de dólares para la obra de Playa El Agua y se prometió para este 2019.

En 2016, nuevamente amparada por Castro Soteldo, es nombrada presidenta del Banco Agrícola de Venezuela y la incorpora en la Gran Misión Abastecimiento Soberano.  En el año 2018 fue nombrada viceministra del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. De allí pasó a presidir la junta interventora de Banesco y  luego Bancoex, el Banco de Comercio Exterior.

Mientras ella preside la junta directiva, uno de los directores suplentes por el sector privado es Víctor Martins, según consta en la Gaceta Oficial N° 443.032, de fecha 20 de agosto de 2018.

Cóctel tibetano de camarones

Martins, de 57 años, pasó de ser un hotelero de playa El Yaque y la isla de Coche, a manejar uno de los grupos turísticos más importantes del país. Comentó durante la entrevista a Armando.Info que fue hace tres años, en 2017, cuando participó en una oferta del Ministerio de Turismo en la que se presentaron los hoteles para la consideración de la empresa privada. Aunque Martins afirma que fue una “oferta pública”, no existe evidencia de que haya sido así. “Cada quien lanzó sus ofertas y demostró la garantía, yo oferté en la que consideraba que funcionaba y el Estado estaba consciente de que perdía dinero”, aclaró. Este proceso solo duró unos 6 meses.

Martins coqueteó con otros ramos del sector y es socio de varias empresas: Inversiones Venezuela Travel C.A., dedicada a la promoción y boletería. Así mismo, es socio de Arenas Travel 331 C.A., esta última una compañía registrada en Caracas y enfocada en el negocio aéreo, de la que posee un tercio de las acciones. Otro de los negocios en los que incursionó con éxito fue en la actividad camaronera.

La actividad turística no ha sido el único negocio de Martins, ni tampoco el único encuentro con el gobierno socialista. En el año 1999 fundó Promotora Los Cocos C.A. con sede en la Isla de Coche, cuyos socios fueron Martins Paradise Import C.A. -una compañía que tenía él con su esposa Juaquina Esther Guerra de Martins- y el Consorcio Agrícola Vista Valle, cuyo dueño era Gonzalo De Guruceaga. Para 2019, la compañía sigue activa, aunque ya no están los Guruceaga. Recientemente hicieron un aumento de capital por casi 80 millones de bolívares (unos 6 mil dólares a la tasa oficial al mes de agosto de 2019).

En noviembre de 2016 registró el Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A., cuya sociedad repite con Oscar De Guruceaga, quien también es su socio en Promotora Turística Paradise C.A., Inversiones Inmobiliarias Coco Paradise 2015 C.A. y Desarrollo Turístico PLC 2017, C.A., así como tuvieron una breve relación societaria en Promotora Los Cocos C.A.

El mismo año que la empresa turística recibe el primer financiamiento por parte del Banco de Venezuela para los arreglos del hotel Tamarindo, la granja camaronera Los Cocos también tuvo una inversión por vía crédito bancario.

“Con esto se proyecta elevar la producción de 660 mil kilos de crustáceo a 1.200 kilos”, detalló en su momento Víctor Martins como presidente de la compañía, quien se encontraba acompañado con el gobernador oficialista Carlos Mata Figueroa y el ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario.

Según los estados de cuenta auditados para el año 2017, Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. recibió dos préstamos del Banco Agrícola de Venezuela: el primero, por 1.545.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 20/06/2017 y vencimiento 20/06/2021; el segundo, por 824.000.000 de bolívares con fecha de liquidación 05/06/2017 y vencimiento 05/06/2018, a una tasa del 18%.

Un año después, en enero de 2017, Maduro aprobó una inversión cercana a los 294 mil millones de bolívares (463 millones de dólares) para la recuperación pesquera en los estados Sucre, Zulia y Nueva Esparta. Nuevamente, el team de Martins-Guruceaga no faltó al encuentro y amarró otras alianzas estratégicas, esta vez a nombre del Consorcio Vista Al Mar C.A.

“Este es el camino que nosotros en la empresa privada hemos escogido para contribuir en la reactivación de la economía venezolana (…) Quiero agradecer la profesionalidad y seriedad con las que han llevado el proceso, estamos muy complacidos y contentos y espero que tengan el mayor de los éxitos en el objetivo que se han trazado para la recuperación de la infraestructura pesquera en Venezuela”, señaló entonces De Guruceaga.

El Consorcio Pesquero Vista Al Mar C.A. es una sociedad constituida por Corporación Friport C.A., cuyo director administrativo principal es Oscar De Guruceaga y la Constructura El Yaque 2000, C.A., presidida por Carlos Manuel Martins Guerra, hijo de Víctor Martins quien, además, figura como director principal. En la actualidad, esta compañía también se encuentra activa y lucrativa, de acuerdo con los balances publicados. En febrero de 2019 ejecuta un aumento de capital a 50 millones de bolívares.

La Corporación Friport, del Grupo Guruceaga, tiene registrado que le dio asesoría de inversión a la Constructora El Yaque, en el año 2016, fecha en la cual concretaron la alianza para la camaronera.

Aunque con menos frecuencia, Oscar De Guruceaga ha estado presente en los recorridos por las obras turísticas del Hotel Tamarindo, del cual es socio. Tiene su residencia en Caracas, desde donde dirige la asociación civil sin fines de lucro Mahatma Gandhi, creada en el 2016, para “incidir en la difusión de la paz y la no violencia como una forma de vida, así como para desarrollar capacidades que promueven la resolución pacífica de conflictos”.

El 22 de junio de 2018, según Gaceta Oficial N° 41.425, se le otorgó el Exequátur de Estilo para el ejercicio de sus funciones como cónsul honorario de Tailandia en Caracas, un cargo que debe ser aprobado por la cancillería de ambos países.

Un artículo del New York Times cita a Guruceaga, un apellido que no resulta desconocido por ser un importante grupo empresarial. Luego de los sucesos de 2002, lo describe como un ranchero que pasa mucho tiempo en el Tíbet: “Chávez hizo algo importante para este país. Nos despertó. Después de años y años. Ahora no tenemos más remedio que asumir nuestra responsabilidad”.

El interlocutor al otro lado de la línea telefónica era la anónima CS (Confidential Source, o “fuente confidencial” en inglés) cuya activa presencia protagoniza el relato de la Criminal Complaint (“denuncia criminal”) introducida el reciente 23 de julio ante la Corte Penal del Distrito Sur de la Florida por la oficina del Fiscal General de Estados Unidos. En esa narración, el agente especial George F. Fernández, de la Homeland Security Investigations (HSI), enumera las evidencias recogidas durante dos años por la Operación Flight Money de esa dependencia, en la que se expuso una sofisticada trama de lavado de dinero procedente de las arcas de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

La operación detectivesca tuvo origen en la delación que la CS hizo ante las autoridades estadounidenses en 2016, admitiendo que había sido reclutada por operadores financieros de la llamada boliburguesía -la clase empresarial que ha hecho fortunas con la autodenominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- para legitimar 78 millones de dólares de una transacción cambiaria irregular entre Pdvsa y un particular, la empresa Rator XXX, que al final sumaría 1.200 millones de dólares, y de la que además se debían pagar sobornos para los ejecutivos de la petrolera que participaron en el negocio. La CS accedió a colaborar desde ese momento con las agencias policiales para rastrear todo el esquema. Como infiltrado, grabó conversaciones; hasta fingió comprar un avión en Brasil., pero pagadero en España, para “marcar” los circuitos bancarios por donde circulaban los flujos de dinero de la banda.

La llamada de Matthias Krull se producía en enero de 2017. Una de las tantas entre la CS y Krull que los agentes norteamericanos grabarían, en esta en particular el banquero alemán, representante entonces del banco suizo Julius Baer, se disponía a introducir una nueva posibilidad de negocios. Un funcionario del Estado venezolano, identificado en el documento como Venezuelan Official 3 necesitaba un mecanismo efectivo para recibir los pagos de coimas que le enviaría una empresa de abogados que había representado a la República de Venezuela en litigios de arbitraje internacional.

“Uh, estoy sentado aquí con… Con… Con el [hermano del Venezuelan Official 3]”, dijo el alemán, como tartamudeando, algo dubitativo quizás ante la novedad de tener que llamar las cosas por su nombre al teléfono, siempre de acuerdo a la transcripción en inglés hecha por los agentes del HSI. “Y… Y… Y… Bueno, ellos… Ellos… Ellos se han ganado en los últimos años un pago que van a recibir y que es de cinco… ¿De acuerdo? Y… Y…. bueno, hemos hablado de las opciones que ellos podrían tener, ¿correcto? Y, bueno, no sé si… Si… Si tú tienes algo en lo que se pudiera pensar, sobre cómo puede ser eso, o cómo se pueden estructurar las cosas, ¿correcto?”.

En la trama de legitimación de capitales de este caso, Krull aparece como un actor secundario. Se acerca a CS para que le ayude a conseguir una manera de lavar 600.000 dólares que un cliente ha obtenido de manera irregular. De hecho, buena parte de la madeja de lavado de dinero, en este o cualquier caso, trata de ello: cómo esquivar los mecanismos de control y verificación que la banca internacional se ha visto a implantar, en especial después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. CS ya había conseguido una manera, a través del corredor de valores colombiano Gustavo Hernández Frieri, para superar el escrutinio de los supervisores bancarios: inversiones falsas en operaciones con papeles financieros y, en ocasiones, la propia complicidad del banco.

Pero con el tiempo Krull se reveló como una pieza más importante de lo que parecía. Los 600.000 dólares que inicialmente buscaba lavar eran de un cliente denominado en la denuncia como Conspirator 7 (“Conspirador 7”) y como “una de las mayores fortunas del chavismo”. Según The Miami Herald , el Conspirador 7 sería Raúl Gorrín, empresario venezolano que hoy detenta la mayoría accionaria del canal 24 horas de noticias Globovisión.

El mismo banquero alemán mostró más tarde a CS otra de sus mejores cartas. Tenía por cliente al Conspirator 8 (“Conspirador 8”). Este, que también buscaba formas efectivas para lavar dinero, servía de testaferro a un colectivo al que Krull se refería como “los chamos” o, en la coda policial de la denuncia, “los hijastros del Venezuelan Official 2” (“funcionario venezolano 2”). De nuevo según la versión de The Miami Herald, se trataría de los hijos del primer matrimonio de Cilia Flores, primera dama de la República, esposa formal del presidente Nicolás Maduro desde 2013.

 Matthias Krull viene sonando desde hace tiempo en los mentideros políticos y de negocios como el gestor ante la banca internacional de algunas de las mayores fortunas construidas bajo el chavismo. Aunque alemán de origen y con residencia en Panamá, sus negocios se han desarrollado en el mercado venezolano, primero y por mucho tiempo desde el banco suizo Julius Bär, del que salió recientemente, en junio pasado, para incorporarse al staff de otro banco suizo pero de menor calado, Gonet & Cie.

Krull, que fue arrestado por las autoridades en Miami, está casado con una diseñadora gráfica venezolana, Tatiana Seara Parra, hermana de la actriz Sabrina Seara. En una rara aparición en los medios, Krull se dejó ver en 2015 durante la inauguración del primer local en la Ciudad de Panamá de Cool de Sac, una franquicia estadounidense de comida casual que en el istmo representa su esposa, Tatiana, por medio de la empresa CDS Obarrio.

Krull también es socio de su pareja en la compañía PB Real Estate S.A., propietaria de un centro comercial en la ciudad de David, al oeste del país. De acuerdo al sitio Panadata.net, hasta julio pasado aparecía en otras tres sociedades panameñas, incluyendo Julius Baer Investments (Panama) S.A., de la que fue vicepresidente.

Con una presencia tan amplia en el mundo de las finanzas en Panamá, parecía probable que las gestiones de Krull se hubieran cruzado con Mossack Fonseca, uno de los dos mayores bufetes de Panamá y entre los mayores proveedores de servicios offshore en todo el mundo, hasta su reciente cierre en marzo de 2018, como consecuencia del escándalo de los llamados Panama Papers, publicados en abril de 2016.

Precisamente en esa filtración, originalmente recibida por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich y coordinada como proyecto periodístico de investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), aparece una comunicación en la que Matthias Krull intercede por uno de sus clientes venezolanos.

La familia es lo primero

Se trata de la familia Saleh. Su patriarca, Hassan Saleh Saleh, de origen libanés, falleció en 2017. Saleh obtuvo en la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta, en el mar Caribe de Venezuela) una bien reconocida reputación de líder de la poderosa comunidad de comerciantes árabes en esa entidad insular, puerto libre y destino turístico por excelencia.

En 1994, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, Saleh constituyó un banco en Margarita que pronto reunió gran parte de los capitales árabes en la isla: el Banco Confederado. Mantuvo la pequeña operación regional hasta 2004, cuando la vendió por 19 millones de dólares a un grupo de inversionistas encabezado por Juan Carlos Maldonado, integrante del grupo familiar que por décadas había controlado Seguros La Previsora. En 2009 el banco, como la aseguradora, pasó a manos del empresario Pedro Torres Ciliberto. Pero casi enseguida, durante la minicrisis financiera de finales de ese año, el Banco Confederado y otros tres bancos privados de magnitud mediana fueron intervenidos y amalgamados en una nueva entidad del Estado, el Banco Bicentenario.

Un reportaje de The Washington Post en abril de 2002 mencionaba al Banco Confederado en conexión a las sospechas permanentes de que Margarita sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas del Medio Riente, como el libanés Hezbollah. En la nota su autor, Scott Wilson, citaba fuentes de la policía política venezolana (Disip; ahora Sebin) que aseguraban que mantenían vigilancia sobre las operaciones de transferencias de dinero desde el Banco Confederado, entonces todavía bajo control de los Saleh, a destinatarios en Siria y Líbano. Sin embargo, aclaraban las mismas fuentes, las 30 cuentas bancarias monitoreadas no mostraban movimientos mayores a los que correspondería a remesas familiares.

En 2007, tres años después de la venta oficial del Banco Confederado, los Saleh acudirán a Mossack Fonseca en Panamá para ordenar se registre la primera de cinco empresas del grupo familiar en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Su nombre es Active Plus Finance Corp, con un capital de 50.000 acciones a un dólar cada una, y sede en Road Town, en la isla de Tortola. Su junta directiva quedaría a la larga conformada por el patriarca, Hassen Saleh, dos de sus hijos, Ibrahim y Youssef Abass, y Youssef Ahmad Shmayssani, quien fue directivo del Banco Confederado.
El banquero Matthias Krull escribió en 2009 un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca en Panamá para pedirle que, con urgencia, obtuviera en las Islas Vírgenes Británicas copias apostilladas de los documentos constitutivos de Active Plus Finance Corp -la compañía de los Saleh- y los remitiera a los cuarteles generales del banco Julius Baer en la dirección: Rue Pierre Fatio 7, 1212 Ginebra, Suiza.
Pocos días después, el bufete confirmaba el envío.
Además de Active Plus Finance Corp, los Saleh abrirían a través de Mossack Fonseca otras cuatro sociedades: La Nobleza Corp, La Fortaleza Corp, Promociones Globales SA y PC-Planet SA. Esta última es homónima de otra conformada en Venezuela y que aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor del Estado. El mismo nombre lo lleva una tienda de electrónicos en el Centro Comercial La Vela de Porlamar, principal ciudad comercial de Margarita.

Este rastro fugaz de Matthias Krull en los archivos de Mossack Fonseca da fe de su entrada entre las nuevas fortunas venezolanas y el tipo de diligencias que adelantaba para ellas.

Syriza nunca ha ocultado su sintonía ideológica con el chavismo gobernante en la nación suramericana. Tsipras, quien entonces era el líder de la oposición griega, asistió en marzo de 2013 a las exequias en Caracas del comandante revolucionario, Hugo Chávez Frías. En octubre de 2016, sin embargo, una revelación puso a la vista del público otro costado de esos vínculos trasatlánticos. Entonces se supo que también en 2013, pero en agosto, poco después de la visita de Tsipras, un poderoso operador de Syriza, Nikos Pappas, actual ministro de Estado en el gabinete helénico, también había viajado a Venezuela pero en una visita casi secreta, y en compañía de un abogado chipriota especializado en estructuras mercantiles offshore, Artemis Artemiou.

Luego, gracias a una versión publicada en abril de 2017 por el diario Eléftheros Typos (Prensa Libre, en griego) de Atenas, pudo conocerse que el viaje de agosto de 2013 de Pappas y Artemiou había tenido como destino la turística isla de Margarita, en el Mar Caribe venezolano, a la que los pasajeros llegaron a bordo de un jet privado de Majed Khalil Majzoub, un empresario líbano-venezolano vinculado a jerarcas del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.  Los viajeros se alojaron en el lujoso hotel Ikin Margarita de Playa Cardón, sobre la costa este de la isla.

La misma publicación se había encargado, meses antes, de comprobar que Artemis Artemiou, el abogado chipriota, había visitado al menos una vez la Mansión Maximus, sede del Ejecutivo griego. ¿Qué podía estar haciendo un experto en negocios en paraísos fiscales al frecuentar la oficina del primer ministro Tsipras y viajar con un poderoso ministro del Gabinete?

A las primeras de cambio, en octubre de 2016, el ministro Pappas admitió que había visitado Venezuela en 2013, aunque sin nombrar a Artemiou, el abogado experto en estructuras offshore, como posible acompañante; solo dijo que también habían participado “otros miembros de Syriza”.

Según Pappas, su viaje al país suramericano no había tenido nada de irregular pues, en todo caso, para el momento en que lo hizo todavía no era funcionario público. Aseguró que el propósito de la visita había sido el de establecer contactos iniciales para una posible visita de Alexis Tsipras a Caracas -donde ya había estado apenas cinco meses antes- y explorar la posibilidad de compras de productos agrícolas en Venezuela -quizás un despropósito, habida cuenta del desabastecimiento crónico de alimentos y otros insumos de la canasta básica que ya se hacía sentir en esos albores de la presidencia de Nicolás Maduro-.

Emporio Khalil

Pero la revelación de que el viaje de Pappas a Margarita se había hecho junto a Artemiou, y a bordo de un avión de Khalil, otorgó una nueva dimensión al asunto.  El principal partido de oposición, el socialdemócrata Nueva Democracia, reanudó sus peticiones de abrir una investigación parlamentaria sobre el asunto y para que Pappas y el primer ministro Tsipras comparecieran a ofrecer explicaciones ante los congresistas.

Majed Khalil, junto a su hermano mayor, Khaled, han construido un emporio industrial y comercial en Venezuela a la sombra del régimen bolivariano instaurado desde 1999 en el país. Se les tiene por cercanos al chavismo, en particular a dos de sus jerarcas, Diosdado Cabello Rondón, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Información y Comunicación.

Al menos uno de ellos, Majed, fue despojado en 2004 de su visa estadounidense ante sospechas de lavado de dinero, según reportó en esas fechas el diario The Miami Herald. La sanción le fue impuesta a pesar de que, para entonces, una empresa de los Khalil, Hardwell Computer Inc, representaba en Venezuela a Raytheon, una corporación norteamericana para la que había conseguido el jugoso contrato de reemplazo del sistema de radares del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

El grupo de los hermanos Khalil comprende desde firmas tecnológicas a alimenticias, de turismo o de aseo urbano. Mantiene empresas en Panamá y, según se comprueba en los archivos del bufete Mossack Fonseca cuya filtración dio lugar a los llamados Panama Papers, al menos hasta 2006 pagaban las cuotas de mantenimiento de dos compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Henvale Holdings Ltd y Vadin Services S.A., desde una cuenta de Majed Khalil en el Premier Bank International de Curazao.

En 2014, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones por denuncias de ilícitos cambiarios contra siete empresas en cuyos accionariados aparecía Majed Khalil, incluyendo a Hardwell Computer Inc, Corporación Meditech, KM Logistic, Santa Mónica Cotton Trading Company, Qualcomm Telesistemas, Cobijas Josdo, Pacific Rim Energy, Importadora DYFCA, Grupo DJML, Importadora Paquito, Administradora Servimeta, y Productos Piscícolas Propisca. Casi en simultáneo, el Ministerio Público hacía otro tanto, también por presunta “obtención ilícita de divisas”, contra la empresa Yatritonic C.A., de Khaled Khalil. Antes, en 2012, el despacho de la entonces Fiscal Luisa Ortega Díaz había hecho averiguaciones sobre otra empresa familiar, en ese caso, Hornos Eléctricos de Venezuela S.A. (Hevensa). En ningún caso las diligencias encontraron indicios de delitos.

Otra conexión de los Khalil que el diario griego no dejó de hacer notar se evidenció en noviembre de 2015. Entonces efectivos de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron en Haití durante una operación encubierta a dos sobrinos de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, que intentaban completar en esa nación caribeña la venta de un cargamento de cocaína. Franquiu Francisco Flores y Efraín Campos -quienes, a la postre, serían sentenciados a una pena de 18 años de prisión por un tribunal de Nueva York- viajaban entonces en un avión de la empresa venezolana de recolección de basuras Sabenpe, en cuyo directorio figura Khaled Khalil Maizoub como director suplente.

Encubrimiento en Chipre

El abogado chipriota Artemis Artemiou -uno de los viajeros a Margarita y visitante en el despacho del primer ministro griego- se vio expuesto al escrutinio público en abril de 2016, cuando su nombre apareció en los llamados Panama Papers. El portal Protagon.gr identificó tres empresas registradas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a las que Artemiou aparecía vinculado, al parecer, solo como intermediario a través de su bufete, Artemiou, Pieri & Associates, con sede en Chipre: Pizzazz Limited, Avgi, y Elazzoulian Limited. Las empresas habrían sido gestionadas a nombres de terceros que “no son Personas Políticamente Expuestas (PEP) ni en Chipre ni en Grecia” aseguró Artemiou en una declaración escrita, en la que además atribuyó la publicación a un intento por “vincular mis actividades profesionales con los acontecimientos políticos en Grecia”. Relativizó las denuncias diciendo que, de 7.000 empresas chipriotas que aparecían en los Panama Papers, él solo tenía conexión con tres.

Sin embargo, un nuevo lote de casi 1,3 millones de documentos filtrados del ya desaparecido bufete panameño Mossack Fonseca, recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y procesado y coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) como el proyecto de Panama Papers 2, ofrece una nueva y más completa perspectiva acerca del vínculo del abogado chipriota con las empresas.

Según informa desde Atenas el reportero Harry Karanikas, del sitio Protagon.gr, documentos incluidos en la nueva filtración permiten determinar que Artemiou era, todavía en 2017, el Beneficiario Final, y no sólo el intermediario o administrador, de dos de las empresas que aparecen en Panama Papers. ¿Por qué mintió en su última declaración, en la que insistió que esas empresas habían sido incorporadas en nombre de terceros?

También revelan los archivos que Artemiou pidió al bufete panameño Mossack Fonseca disolver una de esas empresas, Pizzazz Limited, justo en abril de 2017, al mismo tiempo que en Grecia se conocía del viaje del abogado y el futuro ministro Nikos Pappas en una aeronave del empresario Líbano-venezolano Majed Khalil.

Aún más: Artemiou informa en una comunicación que a través de Pizzazz Limited había ofrecido servicios de consultoría, entre ellos, un estudio de mercado para un negocio de productos fertilizantes.

Según aseguró a Armando.info una fuente, al menos una empresa del grupo Khalil, Distribuidora Agromar, comercia materiales agrícolas, como fertilizantes.

A medida que surgen indicios, queda claro que todavía resta mucho para entender la extraña relación entre un abogado chipriota que estructura negocios offshore, las altas autoridades del Gobierno griego, y empresarios venezolanos que gustan de ofrecer aventones a través de los océanos.

(*) Este reportaje se hizo en el marco de Panama Papers 2, serie producida a partir de una filtración de documentos que obtuvo el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) de Washingfton.

Con reportes desde Atenas de Harry Karanikas, Protagon.gr