Nasar Ramadan Dagga Mujamad y Manzur Ramadan Dagga Mujamad están vinculados con los orígenes de Daka de Venezuela C.A. El primero también está relacionado con Consorcio Lux y las tiendas CLX –surgidas en 2013 y con “licencia exclusiva” para la “representación y distribución” de la marca surcoreana Samsung-, mientras que el segundo lo está con Bullpro Maracay C.A, registrada en 2016 y dedicada a la comercialización de equipos de sonido de la marca norteamericana Boss. Hay más: Yaser Arafat Dagga Muhd, también socio fundador de las tiendas CLX, es el único propietario de Cyberlux de Venezuela C.A, que se promociona como la “ensambladora de electrodomésticos más grande de Venezuela” y estuvo ligada a Daka de Venezuela C.A. Conexiones similares a las ya mencionadas, entre el origen del negocio de Daka y otras compañías, se repiten en varias de las sociedades que los empresarios y más familiares tienen registradas en Panamá.

Pese a ello en el entorno del grupo insisten en que “el único vínculo que existe es familiar” y que se trata de “información muy delicada”. Algo está claro: los negocios marchan bien, incluso el de Daka, en lo que parece una trama poco conocida luego de tres años de que el Gobierno señalara a ese nombre como el símbolo de la especulación y de la “burguesía parasitaria”.

“Ya abrimos”, decía el aviso que el 20 de octubre colgaba en la fachada de la sucursal de Daka en Maracay, capital del estado Aragua, en el centro de Venezuela. El sigilo del evento y el estruendo de otra noticia salida ese mismo día de Aragua, cuando un tribunal penal aceptó anular el proceso que conduciría a la celebración del referendo revocatorio contra el presidente de la República, opacaron la inauguración del sexto local de Daka. Aún así, la señal resultó clara: la tormenta desatada en 2013 es cosa del pasado.

“He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”, bramó Maduro por las pantallas de televisión el viernes 8 de noviembre de 2013. A la palabra le siguió el caos: la sucursal de Daka en Valencia –en 2011 consumida por un incendio- fue saqueada al día siguiente. Le siguieron varias semanas de inspecciones de las autoridades a comercios de todo el país, a cuyos dueños se les obligó a rebajar los precios de la mercancía. Muchas de esas inspecciones se transmitieron por cadena nacional, con lo que no solo se remataba el inventario de los comerciantes, sino a la vez sus reputaciones. Algunos no abrieron sus negocios nunca más. Hubo rebatiñas. La popularidad del Gobierno mejoró, suficiente para ganar las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, y nació la palabra Dakazo para referirse a ese intento de frenar la inflación por mandato.

“A esta red comercializadora se le dan los dólares de Cadivi y del Sicad para que lo que no consigue aquí lo complemente con importaciones. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje que conseguimos de sobreprecio de neveras, aires acondicionados, televisores, lavadoras, electrodomésticos de consumo y de uso en la familia venezolana? Bueno, les puedo decir: el promedio de sobrefacturación, de robo, llega a 1.000% de los precios de los productos”, argumentó quien apenas tenía siete meses como sucesor de Hugo Chávez.

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, calificó a Daka como “enemigo” del pueblo. “Nosotros hemos denunciado ante el Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura a los dueños de Daka, tanto de Boleíta como de Bello Monte, para que se tomen las acciones pertinentes apegadas a la Ley (…) Decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos: aquí tenemos uno, en Bello Monte tenemos otro, usted ya lo dijo en Punto Fijo (localidad de otra tienda), en Punto Fijo es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano”, expresó uno de los protagonistas de aquellos días y hoy tildado como un “traidor” en las filas revolucionarias, acusado de corrupción y hasta de planificar un golpe de Estado contra el Gobierno. 

Las instituciones encargadas de las fiscalizaciones de aquellos días, como el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) o el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), tampoco existen ahora, 36 meses más tarde. A todas las ha sobrevivido Daka.

Genealogía simple, corporación laberíntica

La ficha de Daka de Venezuela C.A del Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que los directivos que constituyeron la empresa el 26 de enero de 2004 en el registro mercantil tercero del estado Carabobo son: Dagga Mujamad Nasar Ramadan, Daggak Mujamad Nacer, Dagga Mujamad Manzur y Daggak Mujamad Fauci Mahmoud. Tiempo después de fundada, Daka de Venezuela pasó a ser Cyberlux de Venezuela C.A, hoy en manos de Yaser Arafat Dagga. De esto se percató el Gobierno en 2013.

“Nosotros venimos haciendo un seguimiento de los dólares que se entregan, los Certificados de No Producción (CNP) que se aprueban y lo que entra por la aduana. A nosotros nos coincide en los registros oficiales con que contamos, nos coindicen los nombres de esta empresa con los dueños de la empresa Daka, nos coincide el nombre, aquí los empleados refieren que no, que hay una disolución desde el punto de vista de empresa, que no hay una relación comercial, bueno los CNP que han sido introducidos hasta el año pasado y lo que corresponde a algunos registros coinciden esos nombres”, aseguró en una inspección a Cyberlux, en pleno Dakazo, Ricardo Menéndez, entonces ministro de Industrias y actual Vicepresidente de Planificación.

Hay todavía más caras y personas jurídicas detrás del negocio de Daka. “Grupo Daka se inició en la avenida Bolívar de Punto Fijo, en el año 1999 con la denominación comercial de Mundo Daka, C.A, y después en el 2006 se apertura con el nombre social DKZL, C.A, mudándose a una tienda más amplia en exhibición ubicada en la zona libre de Inversión Turística y Comercial de Paraguaná”, dice la sentencia 226 de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de junio de 2016 y firmada por el magistrado Maikel Moreno, en la que exhorta al Ministerio Público a presentar a la “brevedad posible el acto conclusivo” de la investigación y a “acumular” en un juzgado de Caracas las causas abiertas en tribunales de Carabobo y Falcón contra los dueños de Daka.

Ese documento y los expedientes judiciales sólo señalan como responsables de “usura agravada continuada” y “asociación para delinquir” a Mahmoud Daggak Falles Ramadan Daggak Mujamad y su cónyuge Hasan Abdilhadi Amal, accionistas de compañías como Mundo Daka C.A, DKZL C.A, persona jurídica para la sucursal de la Zona Libre de Paraguaná, o DK Valencia, figura jurídica de la tienda de Valencia, o DK Caracas C.A para el local de Bello Monte, en la capital venezolana.

Fue contra esas empresas que el Ministerio de Comercio dictó la medida de “ocupación temporal” el 25 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.301. “Se ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios dictar medida preventiva de ocupación y operatividad temporal a las empresas que se nombran a continuación: DKZL, DK Lara, DK Caracas, DK Boleita y DKVAL”. El coronel Hermes Josues Carreño Escobar, hermano del militar y actual diputado del Psuv, Pedro Carreño Escobar, en su condición de director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue comisionado para administrar Daka “mientras dure la medida de ocupación y operatividad temporal”.

El baile de identidades y empresas confundió a las propias autoridades hace tres años. Eduardo Samán, ex presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), declaró que “las tiendas Daka no reciben dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y compran sus productos a distribuidores locales”, según reseñó el diario oficialista Correo del Orinoco el 8 de noviembre de 2013. En cambio, el mayor general y a la sazón ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, desanudó la madeja de Daka.

“Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres y son las que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se las vende a Daka (…) No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa, Daka le compra a ellos bajo otro nombre a precios exorbitantes y con eso justifican el precio de los electrodomésticos”, denunció Rodríguez Torres el 10 de noviembre de 2013, de acuerdo a los medios de comunicación.

El maletín que camina por Cadivi y Cencoex

Aclarado el laberinto empresarial detrás del sello Daka, se confirma que el grupo recibió una cantidad de dólares preferenciales superior a lo que se dijo y creyó cuando la furia del Gobierno cayó sobre las tiendas. El listado correspondiente a la liquidación de dólares entre 2004 y 2012 de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) comprueba que los dólares baratos fueron combustible para las actividades de Daka.

Sólo Daka de Venezuela, que después pasó a ser Cyberlux de Venezuela y heredó su Registro de Información Fiscal (RIF), recibió pagos equivalentes a 407,8 millones de dólares. “Vemos que en los últimos años esta empresa ha venido creciendo, se ha venido dinamizando en función de su aparato productivo y eso tiene que implicar una función de responsabilidad, cada vez que alguien tiene el acceso a una divisa del pueblo, a una parte del patrimonio de todos los venezolanos, que es la divisa que se genera a partir de la renta petrolera, implica una responsabilidad”, se quejó en noviembre de 2013 el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Pero ahí no terminó el reparto.

DKZL C.A percibió otros 162,5 millones de dólares, mientras que Mundo Daka C.A adquirió 76,3 millones de dólares en el lapso de 2004 a 2012. En conjunto, las tres compañías suman casi 647 millones de dólares, un monto 2,5 veces superior a los 274 millones de dólares que recibió Alimentos Polar, el mayor fabricante de alimentos del país, o apenas por debajo de los 693 millones liquidados en ese periodo para Cervecería Polar, la división de cerveza y malta del grupo presidido por Lorenzo Mendoza.

Los millones para Daka vía Cadivi también superan ampliamente lo que ese organismo autorizó a empresas tradicionales del sector de electrodomésticos, como Sony de Venezuela, que recibió 139,2 millones de dólares, Panasonic de Venezuela con 81,1 millones de dólares, JVG con 182,8 millones de dólares, o Pablo Electrónica -una popular tienda de la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas- con 37 millones de dólares. Aunque se intentó contactar a los responsables del grupo, ninguna de sus marcas quiso referirse al tema.

La extinción de Cadivi y el nacimiento del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) fue una de las consecuencias directas del Dakazo. El Gobierno, argumentó en su momento, quería adecentar el reparto de los dólares y superar el “cadivismo”, como dio en llamar desde entonces el presidente Maduro a los ardides con los que empresarios y funcionarios se confabularon para sacar provecho del acceso a divisas baratas. Casi como una ironía, ese correctivo no pareció afectar a la postre ni a las empresas conectadas a las operaciones de Daka ni a las demás del grupo de los Dagga, en lo que a acceso a dólares preferenciales se refiere.

Mundo Daka C.A y DKZL C.A, dos de las compañías relacionadas con la investigación del Ministerio Público a raíz del Dakazo, volvieron a ser adjudicadas con divisas preferenciales en julio de 2014 –sólo siete meses después de ser señalados- en la subasta 18 del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), uno de los primeros mecanismos creados por la administración de Maduro para intentar contener el dólar paralelo. En esa oportunidad Mundo Daka salió favorecida con 18,6 millones de dólares, mientras que DKZL recibió 4,6 millones de dólares. Quizás la inyección de dólares llegó antes en la subasta dos o la nueve del Sicad, a la que fueron convocadas empresas de electrodomésticos, pero el Cencoex nunca divulgó los resultados.

Otras empresas de los Dagga obtuvieron más dólares en esa subasta 18 del Sicad, adjudicada en julio de 2014. Consorcio Lux, compañía que funciona como una especie de paraguas de las tiendas CLX –los distribuidores exclusivos de la marca Samsung- percibió 5,1 millones de dólares. CLX Maracay, figura jurídica para la sucursal de la compañía en la capital de Aragua, también fue beneficiada en esa subasta, según consta en la documentación de la empresa en el Registro Mercantil. “Se encuentra en el proceso de liquidación por la adjudicación de la subasta de divisas preferenciales para el sector económico de electrodomésticos, distinguida con el número 18-2014, realizada en fecha 17/07/2014 por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior”, refieren los documentos.

Cyberlux de Venezuela obtuvo en esa oportunidad 8,7 millones de dólares. La compañía también corrió con suerte en la subasta 26 del Sicad, adjudicada el 3 de noviembre de 2014. En esa ocasión la asignación para la compañía fue de 3,4 millones de dólares. Para esta época la empresa colaboraba con la entrega de electrodomésticos para el “Plan de Desarme” que adelantaba la entonces ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez. “Porque tiene que haber un engrane entre el Gobierno nacional y las empresas privadas”, expresó a los medios Yaser Arafat Dagga, según publicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 4 de diciembre de 2014.

En 2015 la compañía recibió liquidaciones equivalentes a 24,5 millones de dólares, de acuerdo a un listado extraoficial del Cencoex al que se tuvo acceso para este reportaje, siendo la única firma del área de electrodomésticos favorecida ese año con divisas a la tasa de 6,30 bolívares por dólar. A mediados de ese año, el mismo Yaser Arafat Dagga estuvo acompañado por el entonces ministro de Industria y Comercio, José David Cabello -hermano del número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello-, en un acto organizado por Cyberlux con el nombre de “I Encuentro Empresarial Hecho en Venezuela” en el Hotel Eurobuilding de Caracas. “Llegó el momento de entender que la Venezuela importadora debe acabarse, no debemos importar lo que podemos producir en nuestra tierra”, dijo Cabello en el encuentro que sirvió a Cyberlux para acordar una alianza con la empresa estatal Coveplast para el desarrollo y suministro de piezas.

El evento sorprendió a otros empresarios del sector de electrodomésticos que desde comienzos de 2015 trabajaban con el ministerio de Industrias en una propuesta para reactivar al sector y pensar en posibilidades de exportación. “Fue una movida magistral de Cyberlux, ya que a partir de ese evento pudieron obtener liquidaciones de divisas para comprar materia prima y ensamblar en el país, en un año donde prácticamente el resto de empresas no logró acceder a divisas”, opina un empresario, que prefiere reservar su identidad.

A finales de 2015 las tiendas Daka exhibían productos importados por DK Boleíta y DK Caracas, las dos figuras jurídicas para las tiendas de Caracas, comprados con dólares del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), otro de los mecanismos creados por Maduro como mecanismo alternativo para la compra de divisas y la contención del dólar paralelo. Aún hoy se ve en las sucursales de Caracas y la recién inaugurada sucursal de Maracay mercancía que fue importada a la tasa Simadi por Mundo Daka C.A y DKZL, así como productos importados con la paridad del sistema de Divisas Complementario (Dicom), que reemplazó a Simadi, por la empresa Importadora Las 3G, en pequeñas etiquetas colocadas en las cajas de productos como televisores, licuadoras, aires acondicionados, impresoras o ventiladores, entre otros.

Sobre las asignaciones de divisas en esos esquemas las autoridades nunca han revelado ni los montos, ni el listado de empresas favorecidas, opacidad cuestionada por organizaciones empresariales del país.

“Este es un sector altamente dependiente de las divisas para importar, sin divisas no se puede traer productos y para abrir tiendas en este momento hay que tener inventarios”, afirma un directivo del sector a propósito de la inauguración de la sexta sucursal de Daka, así como de las seis tiendas de CLX y la de Bullpro Maracay C.A.

La posibilidad de obtener dólares a alguna de las tasas preferenciales concede, además, la ventaja de fijar mejores precios de venta con respecto a las compañías que sobreviven con divisas compradas en el mercado paralelo, que duplica el tipo de cambio del Dicom. “Esos comercios (Daka y CLX) tienen precios bastante por debajo de los que no reciben dólares Dicom. La única explicación para la diferencia de precios en el mercado es que unos reciben Dicom y otros no”, insiste la fuente. 

Las cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos (Anafade), a la que no pertenece Daka, ni las empresas de los Dagga, indican que la deuda por importaciones no liquidadas ronda los 270 millones de dólares y que el desabastecimiento por la imposibilidad de importar oscila el 70%.

Las noticias de su muerte fueron exageradas

Tras el Dakazo, la sucursal de Daka en Maracay es la primera tienda que se abre bajo el sello y confirma una especie de resurrección de la cadena. “Tiendas Daka continúa con su plan de expansión en el país, al abrir el sexto establecimiento en la ciudad de Maracay para ofrecer a propios y extraños los más modernos electrodomésticos y equipos electrónicos”, comunicó la compañía en una nota de prensa. Adelantó, además, que “para el primer trimestre de 2017 estarán abriendo la séptima tienda en Lecherías, estado Anzoátegui y para el segundo semestre abrirán en Maracaibo”. En las tiendas también se siente el resurgir. “No es lo mismo que hace unos años, pero siempre nos está llegando mercancía, esta semana empieza a llegar mercancía”, dijo un empleado en la sede de Daka en Boleíta, mientras preparaban los estantes de la amplia sala de exhibición para los productos por llegar.

No obstante, aún se percibe cierto recelo y desconfianza. “No le puede tomar fotos a los productos, no damos presupuesto”, advierten los encargados de la sucursal de Daka en Bello Monte, Caracas. En una de las columnas le reiteran la advertencia a los clientes desprevenidos: “Por políticas de seguridad, evite el uso del teléfono dentro de nuestras tiendas”, se lee en un cartel.

CLX no se queda atrás. Entre 2013 y lo que va de año han abierto seis tiendas en todo el país para distribuir los productos marca Samsung. “Venezuela nos necesita, mis padres llegaron a este país producto de muchos conflictos bélicos, yo nací en esta tierra, toda mi familia vive acá, entonces es momento de invertir, soy consciente que hay crisis, este país ha hecho a muchísimos empresarios exitosos y ante esta situación no podemos irnos (…) Este es el momento de invertir y aprovecho la oportunidad para invitar a los que creen en Venezuela, que inviertan, no existe otro país en el mundo mejor que este”, declaró en agosto pasado Nasar Dagga, presidente de CLX, en la inauguración de la tienda del Centro Comercial Sambil de Valencia, capital del estado de Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Tanto CLX como Cyberlux mantienen pautas publicitarias en canales comerciales de televisión.

Pocas semanas después, Dagga aparecía en el Centro Comercial Sambil de Caracas para abrir la sexta tienda del grupo y confirmar su poderío, en un mall en el que los rastros que dejó el tsunami del Dakazo todavía se dejan ver. Tiendas emblemáticas como la de Sony y la de JVG cerraron sus puertas en esa superficie y los comercios de electrodomésticos que aún sobreviven apenas exhiben productos. CLX, en cambio, ya alcanza una participación en el mercado local en la distribución de la marca Samsung de 60% y un 17% en la cuota de “electrodomésticos y artículos electrónicos en general”, de acuerdo a información de la compañía. De la posible instalación de una planta “mixta” entre el Gobierno y Samsung, prometida por el Ejecutivo nacional en 2014, aún no hay ni rastro.

Cyberlux tampoco parece detenerse con la crisis y a tres años del Dakazo sigue creciendo. Sus datos indican que tiene capacidad para ensamblar 3,6 millones de equipos anualmente entre las marcas Cyberlux y Frigilux. Recientemente la compañía firmó un contrato para tener la licencia de la marca Hyundai. “El gigante surcoreano Hyundai, junto a Cyberlux de Venezuela -la ensambladora de electrodomésticos más grande del país- establecieron alianzas comerciales con el objetivo de iniciar el ensamblaje de productos de línea blanca y marrón en Venezuela”, se lee en la web de la empresa y se detalla que el Vicepresidente del Área Económica, Carlos Faría, estuvo presente en la firma del acuerdo.

En el sector, en cambio, se hacen muchas preguntas sobre la potencia de un grupo que no parece tener límites a tres años de un cataclismo bautizado por la opinión pública, precisamente, como el Dakazo.

En definitiva, Humala, atemperado por influencias externas y una aleccionadora derrota electoral en la campaña presidencial de 2006, terminó por conducir desde 2011 una administración si acaso reformista, aunque sin duda pragmática y desideologizada. El ajuste, sin embargo, no parece haberle alcanzado para asegurarse un pase a retiro en paz. Todo indica que al perder el fuero presidencial le aguarda una investigación judicial que ya afecta a su primera dama, Nadine Heredia, y buena parte de su entorno, incluyendo a su suegra y su cuñado.

El caso está en manos de Germán Suárez, Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Dinero, y por ahora, además de Heredia, señala a 20 personas naturales y tres jurídicas como perpetradores. La indagación consiguió su principal golpe de efecto hace dos semanas, cuando solicitó de un juez y obtuvo la prohibición de salida del país para la primera dama y sus presuntos cómplices.

El principal delito que se investiga, de lavado de dinero, tiene que ver con la recepción de fondos no declarados para financiar las actividades del Partido Nacionalista Peruano de Humala, y su propia candidatura en las campañas de 2006 y 2011. ¿Cuáles eran las fuentes de esos aportes? Según la Fiscalía, la empresa brasileña Odebrecht, en determinados pasajes; y, en especial, diversos financistas venezolanos que en realidad sirvieron de canales para el apoyo económico que Hugo Chávez había prometido a su prometedor émulo peruano.

Todo parece indicar que Chávez en su momento tuvo en Humala una de sus múltiples apuestas para crear cabezas de playa revolucionarias en varias democracias latinoamericanas. A esas apuestas el presidente venezolano, para entonces con las alforjas rebosantes de petrodólares, no sólo destinaba simpatías y aliento político: también les daba dinero.

Gestas similares

Ollanta Humala se mostró a la luz pública en octubre de 2000, junto a su hermano Antauro. Oficiales del Ejército ambos, encabezaron el alzamiento de un cuerpo de artillería en el sur del Perú.

La rebelión enfrentó al régimen de Alberto Fujimori en sus postrimerías, así que las administraciones que siguieron a la dictablanda colapsada ese mismo año no tuvieron problemas en amnistiar a los sediciosos. La rebelión de los Humala permitió identificar en el seno del Ejército peruano una logia militar progresista e indigenista, algo que tal vez no debía sorprender a nadie dados los antecedentes que estableció el régimen del general Juan Velasco Alvarado, un Gobierno estatista y de retórica izquierdista que mandó en Perú entre 1968 y 1975. Lo novedoso fue encontrar que los militares insurgentes contaban con un corpus ideológico, el etnocacerismo, y que éste se derivaba de una organización dinástica en cuya cima se encuentra Isaac Humala, padre de Ollanta y Antauro, legendario ex militante del Partido Comunista. Humala padre se ha dedicado a cultivar una suerte de irredentismo telúrico que aún a la nostalgia por el perdido Imperio Inca y el orgullo por la disciplina castrense.

En vista de que los hermanos Humala contaban con proyecto político, el perdón del que gozaron tuvo algunos reparos. Antauro se retiró del Ejército y Ollanta fue destinado a cubrir vacantes de agregadurías militares en embajadas peruanas, lejos del país y, sobre todo, de unidades armadas. Antauro, el más activista de los dos, se dedicó a fustigar al frágil Gobierno del presidente Alejandro Toledo desde tribunas públicas y conspiraciones secretas. Una de estas últimas desembocó en el llamado Andahuaylazo, la toma cruenta en enero de 2005 de una estación de policía en una población de la Sierra Sur, que tuvo un saldo de cuatro agentes muertos. En esa jornada Antaro Humala comandó una columna de 150 reservistas que protestaban por el reciente pase a retiro de Ollanta Humala. La acción, por la que Antaro todavía paga una pena de 25 años de prisión, sirvió de preámbulo para el regreso de Ollanta Humala a Perú y el lanzamiento de su candidatura presidencial para la campaña de 2006, que a la postre e in extremis perdería en el ballotage frente al candidato Alan García.

Rebelión militar, redención popular: la historia de Ollanta Humala debió sonarle muy parecida a su propia gesta a Hugo Chávez. En el escrito donde la Fiscalía formaliza el caso, firmado en Lima el pasado 6 de junio, un testigo, William James Chávez Alcántara, quien sería tesorero en Venezuela del Partido Nacionalista Peruano de Humala, admite en su declaración que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia le pidieron gestionar un encuentro con Hugo Chávez en su primera visita. Otro testimoniante, identificado en el legajo solo como el Colaborador 03-2015, asegura que cuando esa primera reunión se produjo, los Humala le pidieron apoyo económico. La respuesta del caudillo venezolano habría sido una exhortación a “que trabajen fuerte, que él los iba a apoyar”.

A partir de entonces y de cara a la constitución del Partido Nacionalista Peruano, en primer lugar, y la candidatura presidencial de Ollanta Humala –que se inscribió finalmente a nombre de Unidos por el Perú–, se diseñan unos cauces para el apoyo financiero venezolano. La causa identifica al menos tres: pagos a través de razones jurídicas asociadas al empresario Julio Makarem; pagos a través de razones jurídicas vinculadas al empresario Julio Augusto López; y remesas directas en efectivo.

Las tres vías de remesas

Julio Makarem Urdaneta es un empresario del estado de Zulia (noroccidente de Venezuela). Cercano a medios de comunicación y la actividad petrolera, se ha visto beneficiado con ingentes contratos que el Estado chavista le otorgó.

La pesquisa del ministerio público documenta con precisión una serie de transferencias ordenadas desde Nueva York por una empresa de Makarem, Inversiones Kaysamak C.A., a una cuenta denominada en dólares de la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón Cubas, en el Banco de Crédito del Perú (BCP). Los pagos se realizaron entre julio y diciembre de 2005 hasta totalizar casi 70.000 dólares.

Como el fiscal Suárez hace notar, Kaysamak realizó esos pagos en divisas al mismo tiempo que la empresa daba muestras de insolvencia en Venezuela. En 2005, Kaysamak, que entonces tenía un capital de 500.000 bolívares, fue objeto de una demanda por incumplimiento de parte del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV). El tribunal mercantil de la causa en Caracas dio la razón al demandante, por lo que Kaysamak quedó en la obligación de pagar 250 millones de bolívares por reembolso de capital y otros 75 millones por concepto de intereses y mora al BIV. Que una empresa tan atribulada fuera a la vez tan espléndida como para enviar esas remesas a la madre de Nadine Heredia es un contraste que permite al fiscal deducir que no eran ni Kaysamak ni Makarem quienes hacían los aportes, sino un tercero que los usaba como medio.

En su primera declaración ante los fiscales, en septiembre de 2015, la Primera Dama peruana negó saber de esos depósitos. Pero dos meses después no le quedó más que desdecirse y admitió: “Kaysamak quería apoyar al movimiento nacionalista cuando aún no era un partido y no tenía cuenta bancaria (…) decidimos dar las cuentas de dos personas de confianza, que eran mi mamá y la señorita Rocío”, en referencia a su amiga, Rocío Calderón, titular de otra cuenta en dólares en la que se recibieron los dineros de la empresa de Julio Makarem.

El propio presidente Humala declaró al respecto. El documento de la Fiscalía lo cita aceptando desde el comienzo que hubo contribuciones de Makarem, a quien, según el testimonio presidencial, Humala persuadió para que diera aportes. Sin embargo, apunta el fiscal Suárez, el mandatario peruano no consiguió explicar con suficiencia por qué a un empresario venezolano podía interesarle en 2005 poner dinero en un oscuro movimiento político peruano, para entonces apenas en ciernes.

La Fiscalía no descarta que, aparte de este canal que fue detectado, otras rutas hayan seguido los fondos venezolanos destinados a respaldar el proyecto etnocaceriano-humalista. De hecho, documenta una transferencia por casi 8.000 dólares ordenada desde un banco en Curazao por la empresa Venezolana de Valores en favor de Nadine Heredia en marzo de 2007, aunque la mencionada empresa permanecía inactiva desde 2001.

Es entonces cuando entra a jugar otro burladero que Venezuela habría implementado para camuflar sus remesas. Se trata del empresario Julio Augusto López, un inversionista venezolano de origen peruano que en cierto momento llegó a controlar en simultáneo tres medios en Caracas: El Diario de Caracas, la gloriosa cabecera que fundó el escritor argentino Tomás Eloy Martínez en 1989 y que ya para entonces agonizaba en manos de financista boliburgueses; el Canal de Noticias en señal UHF; y The Daily Journal, último estertor del alguna vez importante diario en idioma inglés.

Precisamente, durante la campaña electoral de 2006, López fundó en Lima una versión del Daily Journal. Era un emprendimiento contrario a toda lógica: circulaba como un newsletter de apenas 1.000 ejemplares, con información básicamente venezolana e impreso en papel glasé. Sus contenidos locales, en cambio, solían elogiar la candidatura de Ollanta Humala.

La Fiscalía sospecha que Nadine Heredia simuló contratos de prestación de servicios de asesoría para las empresas de López The Daily Journal C.A. y Operadora Canal de Noticias, con los que buscó justificar ingresos de 4.000 dólares mensuales provenientes de esas empresas.

Por último, el documento de la Fiscalía presume que desde Caracas se hicieron envíos de dinero en efectivo usando vías como la valija diplomática. El atestado incluye declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo y del próximo presidente, Pedro Pablo Kuczynski (entonces Primer Ministro), en las que aseguran haber recibido informes de los cuerpos de inteligencia peruanos sobre esos alijos de dinero que, sin embargo, no buscaron intervenir por el riesgo que comportaba violentar la valija diplomática de una potencia extranjera.

En los informes –tres o cuatro, según recuerda Kuczynski– se señala a una agregada de la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres, quien con su esposo varias veces entraron a Perú cargando pesadas valijas que despertaron las sospechas de los funcionarios de Aduana. Testigos declararon a la Fiscalía que esa funcionaria, Torres, se reunió en diversas oportunidades con Julio Augusto López, Ollanta Humala y Nadine Heredia en el Hotel Los Delfines del distrito de San Isidro en la capital peruana, y en la casa del, a la postre, congresista nacionalista Álvaro Gutiérrez.

El testigo anómino 03-2015, que dio fe de las primeras reuniones entre la pareja Humala-Heredia y Chávez en Caracas, asegura por su parte que entonces el futuro presidente de Perú también conoció a Nicolás Maduro, presidente para la fecha de la Asamblea Nacional venezolana, pero que estaba a punto de pasar a ocupar la Cancillería, cargo que desempeñaría por seis años. De acuerdo a ese mismo testigo, cuando se iniciaron los despachos de dinero a Lima, los fondos provenían de la estatal petrolera Pdvsa, que “tenía negociados con Julio Makarem a través de la empresa Kaysamak, él era el encargado de reunir el dinero para entregárselo a Nicolás Maduro, y este disponía que a través de Cancillería se hiciese llegar a Perú”. Según el declarante, en la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres y un tal Juan Carlos González, al que identifica como agregado comercial de la legación, se ocupaban de transferir los billetes a cajas, con las que se hacía la entrega.

Ahora que Kuczynski regresa al poder, sabrá que tiene como su par en Caracas al hombre que coordinaba la operación concreta de enviar dinero al humalismo, Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela.

Continúa el mismo testigo aseverando que la campaña de 2006 fue concebida por un grupo de asesores españoles, entre quienes nombra a Rubén Martínez Dalmau, Ramón Pérez Almodóvar, Manolo Monereo y José Manuel De Pablos.

De estas evidencias se vale la Fiscalía peruana para concluir que se debe extender la investigación sobre los aportes venezolanos a la primera campaña presidencial de Ollanta Humala. 

En las investigaciones y el juicio llevado en Estados Unidos por este caso, varios personajes y nombres salieron a la luz. Algunos de ellos, sentenciados por la justicia americana, habían creado compañías en paraísos fiscales mucho antes de esta historia. Es el caso de los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann –socios de Antonini en la época que se encontró el maletín-, quienes también manejaron una fundación en Curazao, creada después del cierre de sus cuentas bancarias en Suiza, a raíz de los procesos judiciales en su contra. La firma sirvió para entregar referencias a otros venezolanos al momento de crear empresas en el mundo offshore.

Franklin Durán y Carlos Kauffmann fueron condenados por la justicia de Estados Unidos por haber actuado como agentes del gobierno de Venezuela, sin registrarse, para encubrir el origen y destino de los 800 mil dólares, que se encontraban en el maletín decomisado en Argentina.

Eran socios en varias empresas. Entre ellas, la firma Atlantis International Group creada el 20 de agosto del año 2003 en las Islas Vírgenes Británicas, según muestran los documentos relacionados con esta firma provenientes de la serie de 2,5 millones de archivos secretos de offshores filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y Worden Trading, creada el 26 de julio de 2002 en Panamá con un capital social de un millón de dólares, como muestra el Registro Público de este país.

Entre sus negocios más conocidos –aunque no correspondieran al ámbito de las corporaciones offshore- estaban varias empresas ligadas al mundo petrolero, de las que eran dueños o participaban como accionistas, tales como como Perforaciones Albornoz C.A. (Perfoalca) –contratada por Pdvsa para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo-, Venoco, Llano Petrol, Inversoara Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones.

Además, después del cierre de sus cuentas en Suiza, se aliaron para crear otra firma en un paraíso fiscal. En esa oportunidad en una de las Antillas Holandesas, en Curazao, al norte de Venezuela. Bajo el nombre Klim Fund o Klim Foundation Fides, lograron colocar 12 millones de dólares como garantía de sus tarjetas de crédito American Express, retirar otros 88 millones de dólares de Suiza y, con el apoyo de un abogado de Antonini Wilson, borrar sus nombres de la lista de las PEP –personas políticamente expuestas -.

Klim Fund también les sirvió para otros asuntos. Por ejemplo, un documento del 27 de agosto de 2009 muestra que en esa fecha la firma –como corporación de las Antillas Holandesas- hizo un préstamo superior a los 18 millones de dólares a una empresa también a nombre de Franklin Durán y Carlos Kauffmann: Inversora Petroklim, inscrita el 8 de diciembre de 2004 en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda.

Por otra parte, documentos asociados con los registros de las empresas que provienen de la data obtenida por ICIJ, muestran que la fundación también otorgaba cartas de referencias a venezolanos para recomendarlos y ayudarlos en el proceso de registro de compañías en las Islas Vírgenes Británicas.

Una de las cartas con fecha 5 de octubre de 2004, aclaraba en su contenido que Klim Fund es una subsidiaria de la firma Klim Foundation de Curazao y que su rol era “proveer servicios de asesoría financiera y manejar estrategias de inversión” para clientes venezolanos. En otra, con fecha de 16 de septiembre de 2003, detallaba que “nuestros clientes son dueños de bonos de Venezuela (…) y usan nuestra experiencia en gerenciar estos instrumentos”.

El personaje que firmaba la carta dependía del beneficiario de la recomendación. En el caso de socios y allegados es posible encontrar la rúbrica de Franklin Durán o de Carlos Kauffmann como directores gerentes. Así sucedió con Pedro Durán, hermano de Franklin Durán y socio de él en algunos negocios. Fue Kauffmann quien le otorgó la referencia dirigida a “Trust Net Chambers” en las Islas Vírgenes Británicas, donde indicaba que desde el primero de enero de 1980 sostenía una relación satisfactoria con Klim Fund, aunque varios documentos indican que Klim Fund fue registrada en la Cámara de Comercio de Curazao el 29 de noviembre de 2002, mucho después que supuestamente inició la relación con la organización.

Cuando no era así, el también aliado de Durán y Kauffmann, Daniel Morotti, firmaba las recomendaciones como gerente de la oficina. Además, Morotti aparece como tesorero en la compañía creada en Panamá (Worden Trading). Entre los referidos por él se encuentra otro personaje vinculado al dúo de empresarios, Eduardo Cartaya, a quien involucraron también en la firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

La papelería utilizada para las cartas de recomendación con el sello Klim Fund y Klim Foundation incluía direcciones de oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, una urbanización de Caracas, la capital venezolana. Lo que variaba, dependiendo de la compañía que otorgaba la referencia, era la locación exacta. En unos casos, se indicaba un número de oficina y, en otros, un número de suite de la primera etapa del centro comercial.

El CCCT también era usado como dirección de referencia para empresas constituidas en territorio venezolano como Ruibal & Durán y Mil Importaciones 1997, ambas sociedades de los hermanos Durán, inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sus respectivos estatus actuales ante el RNC son de “Suspendidas”.  

Ruibal & Durán tuvo en 2001 un contrato con la gobernación del estado Cojedes para la “demolición y construcción de aceras y brocales en El Amparo”. Sin embargo, entre 2002 y 2007 varios diarios venezolanos mostraron otra cara de esta relación al reportar denuncias que involucraban a la firma y a la gobernación del estado, entonces a cargo de Jhonny Yánez Rangel, con el comercio de armas. Una de las denuncias la hizo en 2002 el diputado Pedro Castillo.

Otro de los personajes de la historia del maletín que también se ha desenvuelto en el mundo offshore es el abogado Moisés Maiónica, quien se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de tratar de encubrir el origen de los 800 mil dólares. Con ese propósito fue contactado por el entonces jefe de la Disip –ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin-, Henry Rangel Silva, para servir como intermediario entre el gobierno y Antonini.  Después de haberse desempeñado como Comandante del Ejército y Ministro de Defensa, ahora el general Rangel Silva es gobernador del estado Trujillo, en los Andes de Venezuela.

Maiónica registró –según los documentos obtenidos por ICIJ- al menos cinco empresas en las Islas Vírgenes Británicas, una de ellas junto a su esposa Gitsel Coromoto Jelambi-García.

Hugo Alconada Mon contribuyó con esta historia.