Así como se ha documentado la destrucción de la industria eléctrica nacional -que se puso en evidencia con el apagón masivo de los últimos días en todo el país-, otro ejemplo de desmantelamiento del servicio público ocurre con las hidrológicas. La crisis del agua no tiene solo que ver con el abastecimiento, apenas regular y de acceso restringido, sino también con la potabilización.

La cadena productiva que garantiza la calidad de vida está “contaminada” desde su génesis. No se trata solo de agentes patógenos que se encuentran en el agua, una situación que debería ser atendida como emergencia por las autoridades pero ante la que, por el contrario, guardan silencio; es también la falta de planes de contingencia que puedan prevenir una catástrofe de mayor magnitud que ya está en gestación.

Ya desde 1998 -víspera de la llegada de la revolución bolivariana al poder- se advertía sobre la necesidad de reemplazar con una nueva la planta ya existente de Cloro-Soda que sustituyera la existente, levantada en 1978 en el Complejo Petroquímico Ana María Campos (antiguo El Tablazo, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia), de la petroquímica estatal Pequiven. El Cloro-Soda es el ingrediente principal para el proceso de tratamiento de aguas para el consumo humano en zonas urbanas. Pero esa tarea, prevista en los planes estatales, nunca se llevó a cabo. El resultado es que hoy la vieja planta, con su limitada capacidad productiva, no cubre las necesidades del país, con lo que su población queda expuesta a consecuencias catastróficas en la salud colectiva.

La primera campanada de alerta sobre la crisis que se asoma acaba de llegar hace días desde el estado Anzoátegui, sobre la costa nororiental de Venezuela, donde debió haber funcionado desde hace dos décadas la empresa regional Aguas de Anzoátegui, para lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había asignado recursos. Pero como con la nueva planta de cloro-soda, el proyecto no se llevó adelante.

Alerta sanitaria

Las primeras horas fueron de preocupación y los médicos tuvieron que habilitar más camas en los hospitales para recibir a cientos de contagiados que se presentaron con los mismos síntomas. Era la primera quincena del reciente mes de febrero. La situación tuvo su pico más alto cuando las autoridades estadales dieron como oficial la muerte de nueve personas, solo en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, de Barcelona, la capital del estado.Anzoátegui, gemela de la vecina ciudad turística y petrolera de Puerto La Cruz. Entre las víctimas hubo seis niños, según la data de la Dirección de Epidemiología regional. Unas 4.825 personas debieron ser atendidas en hospitales públicos durante los primeros 17 días de ese mes, con incidencia en cinco de los 21 municipios de la provincia. Luego de tres semanas, el conteo final fue de casi 6.000 pacientes.

Lo que en un inicio suponía un preocupante pero controlable brote de amibiasis, se fue haciendo cada vez más grande y más complejo con los días. El análisis microbiológico practicado a muestras fecales de 18 pacientes escogidos al azar en centros públicos del estado Anzoátegui, confirmaba el resultado positivo a la bacteria Shigella flexneri y al virus Norovirus.

Ambos producen síntomas similares a la amibiasis, como vómitos y diarrea, pero son mucho más letales. La shigella es una bacteria que puede infectar el aparato digestivo y provocar diarreas, dolor abdominal y náuseas. El norovirus causa la misma sintomatología y se transmite por el consumo de aguas y alimentos contaminados en espacios cerrados como guarderías, cuarteles o escuelas.

La evolución de los casos más graves no superó los 5 días, de acuerdo a los médicos tratantes y las actas de defunción arrojan como causa de muerte un desequilibro hidroeléctrico. Los pacientes más vulnerables llegaban con una condición pre existente de desnutrición y deshidratación, en algunos casos, sin el esquema epidemiológico de vacunación para los infantes. Las familias de las personas atendidas coincidían en las carencias mínimas de condiciones sanitarias por el irregular acceso a los servicios públicos como electricidad y agua potable, sobre todo en zonas rurales.

“Lo que mata son las complicaciones. Las condiciones de higiene en las casas ahorita es muy baja”, comentó la doctora Gladys Grisanti, jefa de Pediatría en el hospital Luis Razetti, de Barcelona.

Recuerda que los primeros tres días del brote tuvieron que habilitar salas y camillas adicionales para recibir a los niños que llegaban con vómito, diarrea, cólicos, heces con sangre, fiebre muy alta y algunos convulsionaron. “En el triaje se atendieron 60 niños asistiendo de emergencia, en menos de 24 horas”.

A su juicio y, de acuerdo a la literatura médica, “cuando existen este tipo de casos de brote, por lo general la persona consumió alimentos contaminados o agua”.

Los exámenes fueron contrastados en cuatro laboratorios distintos para verificar la confiabilidad: no solo los enfermos portaban esos microorganismos, sino que estaban presentes en el agua de las dos plantas potabilizadoras de esa provincia oriental.

Además y para colmo, los estudios develaron simultáneamente que los niveles de cloro en esas aguas estaban muy por debajo de los establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, un documento publicado en la Gaceta Oficial del viernes 13 de febrero de 1998.

 “El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y químicos establecidos…” (artículo 14). Sin embargo, el organismo responsable del abastecimiento del recurso hídrico en el país no publica cifras oficiales, menos los parámetros de calidad actuales que sí estuvieron disponibles en algunas empresas hidrológicas en el pasado previo a la llegada del chavismo.

Tanto el Ministerio de Atención de las Aguas –una nueva entidad burocrática que se creó luego de su separación del Ministerio de Ecosocialismo y antes estaba adherida al extinto Ministerio de Ambiente- como Hidrocaribe se han limitado a decir que “garantizan el suministro” y el acceso al recurso, pero en sus redes sociales se pueden detallar los anuncios de continuos cortes en el servicio. Este es un patrón que se repite en todo el país. La realidad es que el agua resulta muy escasa y, aún más, el agua potable para el consumo humano como para mantener los estándares mínimos sanitarios que prevengan enfermedades.

Cloro escaso

En sus inicios, hace 40 años, la planta de Cloro-Soda de El Tablazo producía 130 toneladas de cloro al día y 147 toneladas de soda al día, para atender la demanda nacional. Hace dos años, en 2017, se seguía produciendo casi lo mismo y con un circuito fuera de servicio (140 toneladas de cloro al día y 158 toneladas de soda al día), de acuerdo a lo publicado en un reporte filtrado a El Cooperante.

Según fuentes ligadas a la industria química nacional, en 2019, la planta de Cloro-Soda está parada casi en su totalidad. Debió cerrar hace siete años y su sustitución por una nueva estaba prevista en los planes, así como la construcción de otras manufacturas similares de menor tamaño. La idea de abrir centrales más pequeñas llevaba consigo la lógica de prevenir accidentes en el traslado de químicos muy contaminantes y tóxicos desde un solo punto de suministro en Zulia. Nunca se concretó el proyecto.

Lo cierto es que el Complejo Ana María Campos dejó de ser suficiente hace tiempo y se paralizaron los procesos. Resultaba muy costoso su mantenimiento y prácticamente se regala el producto. La cloroficación empezó a ser deficiente y al mismo tiempo se dejaron de hacer públicos los parámetros de calidad de agua.

Responsabilidades diluidas

Uno de los indicadores del desarrollo del país yace en el acceso al agua potable. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo incluye entre los Objetivos del Milenio. En 2014, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro celebraba que oficialmente había superado las metas establecidas por el organismo multilateral.

“En cuanto a la población con acceso a agua potable, Venezuela ha cumplido con la meta en relación a cobertura de este servicio. El acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014”, señalaba una publicación propagandística del gobierno y citaba como fuente al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

Sin embargo, cinco años después, lo ocurrido en Anzoátegui refuta el discurso oficial. Venezuela no solo está lejos de alcanzar la meta sino que retrocedió en los índices de cobertura y, por si fuera poco, también oculta la calidad del agua que a duras penas se suministra.

“Hoy tenemos un drama con el agua y, lo más grave, es que están mandando agua sin agregarle químico, cloro, y eso ha producido una situación dramática de enfermedad de tipo vírico en la población”, afirma Glenn Sardi, el último expresidente de Hidrocaribe, la empresa estatal del oriente del país, antes de la llegada de Hugo Chávez.

En paralelo a los análisis de laboratorio a las personas, también se les hicieron al agua de las plantas de tratamiento en Anzoátegui. Los laboratorios que hicieron el estudio microbiológico encontraron que los niveles de cloro “estaban fuera de la norma”, según agregó un especialista de ingeniería sanitaria de la Gobernación del estado, quien delegó el tema a sus superiores para la vocería.

“Se le tomó la muestra al agua y también presentaron Shigella y el Norovirus. Nosotros hicimos las pruebas para confrontar lo que decía Hidrocaribe. Al final no dio nada, que había problemas eléctricos, pero el agua que estaba circulando estaba prácticamente sin cloro”, confirmó el Gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira.

Desde la Gobernación, afirma la máxima autoridad del estado, se les pidió a las autoridades de Hidrocaribe el acceso a las instalaciones para un estudio detallado junto a ingeniería sanitaria y contraloría sanitaria, pero no fue posible.

La responsabilidad es, en primer nivel, de la hidrológica regional cuya casa matriz es Hidroven con sede en Caracas, dependiente del Ministerio de Aguas. Todas las personas a cargo de las instancias públicas han guardado silencio ante las incidencias continuas de la falta de agua y, en este último mes sobre lo ocurrido con la presencia de Shigella y Norovirus en las muestras de agua.

La respuesta oficial cuando se contactó a Hidrocaribe para su versión fue que “no están autorizados para la vocería, garantizan el servicio y se encuentran operativos en los diversos sectores”.

Pese a los cambios internos en Hidrocaribe, Hidroven y Ministerio de Aguas, las responsabilidades recaen sobre los mismos nombres. En la hidrológica del estado Anzoátegui está Iván Rebolledo, quien se había desempeñado en la Unidad de Gestión de esta misma empresa hasta octubre de 2017, aunque para esa fecha trabajaba, también, para la empresa Inversiones ABE C.A., que le prestó rehabilitación a la planta José Antonio Anzoátegui. Fuentes ligadas al sector señalan que su llegada fue para atender con urgencia las continuas fallas en el suministro de agua en los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja, así como en los problemas de potabilización y bombeo.

Rebolledo no ha estado separado de Hidrocaribe en su vida profesional. También fue Gerente corporativo del Acueducto Metropolitano, en 2015, quien llevaba el seguimiento y control de planes, proyectos y obras hidráulicas, así como las inspecciones. En 2009, hizo una inspección contratada en la reparación del sistema del canal de Caratal y en la rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la planta José Antonio Anzoátegui.

Constructora Conkor –la misma ligada a temas de corrupción con asignaciones de contratados de Pdvsa que presuntamente involucra al ex gobernador Tarek William Saab y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente–, aparece también en la hoja curricular del presidente de Hidrocaribe. En 2008 fue ingeniero residente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. También trabajó en SNC-Lavalin, en 2004, otra compañía sacudida por el escándalo por negocios con la estatal petrolera y los impagos de ésta.

En el cargo de ministra de Atención a las Aguas está Evelyn Vásquez y como viceministra de Gestión de Aguas está Siboney Tineo, ambas del círculo de Jacqueline Farías, antigua ministra de Ambiente y promotora de la obra inconclusa de saneamiento del río Guaire, en Caracas.

20 años de olvido

La red de distribución de la región está colapsada. De acuerdo al proyecto dejado por la empresa hidrológica que dirigía el ingeniero Sardi, hace 20 años, se proponía garantizar 6.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora El Rincón y 2.000 litros de agua por segundo desde la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, lo que cubriría el servicio en la zona metropolitana de Barcelona. Ahora, sin proyección urbanística, un incremento de población zonas rurales con tomas clandestinas y desinversión, el abastecimiento se ha hecho claramente insuficiente.

“El manejo del agua le compete al Estado. Ellos pueden dar una concesión pero la responsabilidad recae sobre sus hombros y han dejado de hacer lo necesario para el mantenimiento de la red de distribución”, señaló. En Anzoátegui, el principal afluente es el río Neverí, que alimenta el canal de Caratal y este, a su vez, las plantas de potabilización José Antonio Anzoátegui y El Rincón. La primera le presta servicio a Barcelona centro y sur, la segunda a los municipios Sotillo, Guanta, Urbaneja y parte de Barcelona.

Es precisamente en el municipio Urbaneja, sector Rómulo Gallegos, que el análisis microbiológico arrojó cero trazas de cloro en el momento de tomarse la muestra (finales de enero) cuando se diagnosticó el brote diarreico.

Un funcionario de ingeniería ambiental del estado Anzoátegui que prefirió no ser identificado señaló que “lo que se puede inferir es que están dando tratamiento pero no dosificado”, cual si fuera una inyección letal.

El cloro es usado para “limpiar” el agua y eliminar cualquier microorganismo dañino para la salud. Su presencia mejora las características organolépticas: sabor, olor y color, que en todo caso debe mantener ciertos estándares para el consumo humano. La norma establece que los índices de cloro menores a 0,1 mg/L son insuficientes para potabilizar el agua. En tal caso, el agua que sale de los grifos pierde sus cualidades y deja de ser insabora, incolora e inodora. En el centro del país, la denuncia masiva de las plantas potabilizadoras que surten de agua a Valencia, capital del estado Carabobo, y a la zona norte de Maracay, en el estado Aragua, está referida a la calidad del recurso: el agua que sale del grifo es turbia y maloliente.

Pero si el cloro es usado en exceso puede causar daños irreparables a la salud que van desde fallas renales y hepáticas, hasta la incidencia del cáncer de colon, mama, vejiga y pulmón.

Estado de minusvalía

En septiembre de 2018 se reportó una fuga de gas de cloro en la Planta Potabilizadora El Rincón. El peligro inminente de una catástrofe obligó al desalojo de unas 3.000 personas de las comunidades vecinas.

Este no fue el único accidente. La Planta de Bombeo Cuanaguaro que trabaja en la red de distribución de agua estuvo paralizada por varios días tras el derrumbe del canal de Caratal, en agosto de 2018, que sirve a la ciudad de Barcelona. A esto se le suma que, a principios de febrero, explotó la subestación eléctrica Barcelona que dejó sin energía al 75% de la zona norte del estado por más de 72 horas y que, inevitablemente, afecta el suministro de agua potable.

El presidente de Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui, José Gregorio Wong, pone sobre la mesa otra hipótesis acerca del origen de la emergencia sanitaria: “Es posible las aguas servidas estén entrando en las tuberías de aguas blancas que no se encuentran presurizadas y se contaminan las aguas que están llegando a las casas”. Explicó que le pidieron a Hidrocaribe que iniciara el protocolo del cerco sanitario del sistema, con una evaluación de la fuente del agua contaminada, y que aplique los correctivos para evitar que siga propagándose. En reuniones para abordar el tema, las autoridades de la hidrológica no han asistido.

Ante la ausencia de políticas públicas para atender la crisis de agua, la gobernación obtuvo directamente de la Organización Panamericana de Salud (OPS), “una considerable cantidad de pastillas potabilizadoras”, 49.600 tabletas en total, que distribuyeron en los ambulatorios con más alta incidencia de afectados y en zonas rurales. El Ministerio de Salud, por su parte, “contribuyó con la distribución de insumos y medicamentos desde el nivel central” antes del brote y repuso en la contingencia, puntualizó el mandatario regional. A la fecha, el brote diarreico había disminuido considerablemente.

La diputada Nora Bracho, presidenta de la comisión de servicios de la Asamblea Nacional, sostiene que estamos frente a un “estado de minusvalía”, con una infraestructura de las empresas responsables de los servicios públicos prácticamente paralizadas y las obras fracturadas. Recordó que esto no es un tema nuevo, que ya cuando la contaminación de los embalses la entonces Fiscal General, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, habló de la “manera irresponsable en cómo los medios abordaron el tema” y hubo una prohibición por difundir noticias sobre el estado del agua.

Lo único decolorado en este lugar anclado en la mitad de la selva es un Santa Claus verde pintado en las escaleras de cemento que debes subir para entrar al pueblo. Del resto todo luce limpio y ordenado. Los primeros negocios tienen carteles que anuncian la compra de chatarra, oro, plata, cobre, bronce y aluminio. Y por supuesto la compra y venta de pesos y bolívares, transferencias a distintas entidades bancarias que están en Venezuela. Por las calles asfaltadas circulan motocarros y en las avenidas se pueden ver gran cantidad de comercios, restaurantes y hasta una concha acústica.

En el departamento de Guainía el mayor número de casos de malaria se concentran en la cabecera municipal de Inírida, seguida por casos procedentes de Venezuela, Vichada y Barracominas. Venezuela y Vichada importan el 15 y 6 por ciento de los casos respectivamente, lo que implica una carga adicional a este departamento colombiano en número de casos, esfuerzos por el control del vector, tratamiento de los pacientes, carga económica, disminución de la calidad de vida, riesgo de mortalidad por malaria, y finalmente de los indicadores epidemiológicos a nivel local.

Lo anterior convierte a Guainía en el departamento de Colombia que tiene más casos de malaria procedentes del exterior, la mayoría de Venezuela. Para la semana 48 (del 27 de noviembre al 3 de diciembre), el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud – Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública reportó que Guainía tenía un acumulado de 2.043 casos de malaria no complicada, de los cuales 366 eran de Venezuela. Y para la semana 52, la Secretaría Departamental de Guainía indicó que este departamento cerraba con 3.159 casos de malaria.

Tatiana Córdoba, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la Secretaría de Salud de Guainía, asegura que de los 366 casos registrados hasta la semana 48, 19 son de San Fernando de Atabapo y el resto proceden de las minas de oro de Venezuela. Las estadísticas se tornan lúgubres, porque no identifican las comunidades, solo registran el país y si proceden de las minas. “En 2015 Venezuela estaba pasando por la epidemia más grave de su historia y nos terminó afectando. El hecho de que ustedes no tengan medicamento hace que la gente cruce el río, y vaya a donde le den la solución completa”.

Carlos Eric Azcarate, coordinador de vigilancia en salud pública en la Secretaria de Salud de Guainía, asegura que se han presentado muchos casos de malaria complicada en niños, mujeres embarazadas y ancianos, porque se toman los tratamientos sin saber si tienen la enfermedad. Al final un problema que se presenta en un área rural en Venezuela, se convierte en urbano en este departamento.

Otro problema que enfrenta el hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de Puerto Inírida es la atención de casos de venezolanos por otras enfermedades, incluso han llegado personas por accidentes de tránsito. Nelson Evelio Palomar, secretario de Salud Departamental, indica que los pacientes procedentes de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho son remitidos por los médicos de Venezuela. “Nosotros no los podemos atender porque el sistema de salud aquí es diferente. La persona tiene que tener una seguridad social por Colombia o tiene que pagar, a no ser que sea un caso de urgencia. El problema grande es que muchos pacientes de Venezuela llegan en estado crítico, toca remitirlos a Bogotá o a Villavicencio y no tenemos recursos. Tenemos un niño hospitalizado desde hace dos meses en Bogotá, le estamos dando albergue y alimentación al acompañante. Todos los pacientes que remitimos tienen problemas de documento de identidad, por la urgencia sale, pero después que se le da de alta es un complique y nos ha tocado darle un mes más de albergue y comida. Ha tocado traerlos prácticamente a escondidas y rogar allá para que los reciban. Se han hecho intentos con el cónsul, con la cancillería y no ha sido posible”. 

Cooperación internacional

Una antena eléctrica que emerge del río Guaviare puede verse desde San Fernando de Atabapo como una promesa del Convenio de intercambio de energía eléctrica entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Venezuela; y el Instituto de Planificación y Promoción y Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas (IPSE), en Colombia. El acuerdo fue firmado en 2011 por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos y consistía en un proyecto de Construcción de línea de interconexión eléctrica a 34,5 kv entre San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida departamento de Guainía (Colombia). La idea era llevar energía con un servicio óptimo y de bajo costo a las poblaciones selváticas y periféricas de ambos países. Hoy esta antena solo le proporciona electricidad a las 15 casas que están en Amanaven.

“San Fernando de Atabapo viene siendo el patio trasero de Puerto Inírida. La gente viaja para allá a abastecerse. No he visto un diciembre que la gente pase con luz”, dice Cristóbal Colón Suárez, vicecónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo, quien casi no sale de la residencia oficial, porque “para ver Macondo, prefiere leerlo”.

Magda Magris, directora de investigación y coordinadora de la unidad de investigación de Malaria de Caicet, recuerda que antes había reuniones binacionales entre Colombia y Venezuela para hacer la vigilancia epidemiológica en la frontera. De hecho, tuvieron convenios binacionales para las fronteras y proyectos en conjunto para la vacunación, pero no para la malaria.

Por su parte Tatiana Parra insiste en que si en Puerto Inírida conocieran las acciones que realizan en Venezuela, podrían trabajar mancomunadamente para solucionar el problema de la malaria: “Tú eres la coordinadora de malaria allá y yo acá. Decimos 'vamos a hacer una brigada' y nos vamos al mismo tiempo para la búsqueda de pacientes, del mosquito, y la dotación de algunos elementos de protección personal como toldillos, repelentes y campañas educativas. Lo hacemos al mismo tiempo, tú coges de este lado y yo del otro. De nada sirve que yo haga acciones y tu esperes hasta el año que viene, porque vienen los tuyos y me contagian a los míos. Si no tienes medicamentos yo te presto y luego tú me los devuelves. Necesitamos una ayuda mutua entre países, pero no existe”.

Así es la frontera, porosa, y mientras se esperan acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria, la pista del aeropuerto de San Fernando de Atabapo lucha para que la maleza no se la trague; las casas resisten la humedad del clima amazónico; los charcos y la hierba crecen de forma desproporcionada; los atabapeños esperan a que los postes de luz funcionen; y los mineros colombianos, brasileros, venezolanos, se pasean en esta tierra de nadie.

Cae la tarde y la oscuridad se apodera de todo. Menos de la 1º Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 94 y un puesto naval, que si tienen electricidad; y del río Atabapo iluminado por las luces de Amanaven. El toque de queda impuesto por el mosquito transmisor del parásito que produce la malaria, repliega a la gente en sus casas. Pero en San Fernando de Atabapo: “Dios existe”. Así lo dice un mural que recibe a los visitantes en el puerto.

Esta escena se ha repetido con frecuencia desde finales del año pasado porque desde hace ocho años ha recrudecido la malaria en esa zona del sur selvático de Venezuela. Lo sabe Samuel Iribertegui, sacerdote salesiano presente en la zona desde 1974 y con 22 años de residencia en San Fernando de Atabapo. En una zona de febril actividad minera es común la presencia de la enfermedad, caracterizada por altas fiebres y anemia debido a la picadura del mosquito anófeles. Dice el padre Iribertegui, contextura media, alto y de tez blanca, que no hay un registro de los casos diagnosticados en las comunidades a lo largo del río, aunque intuye que la cifra se ha incrementado por una cuenta que lleva en la institución educativa a la que sirve. “Llegamos a tener 110 casos de paludismo en las últimas semanas de noviembre”, afirma.

LEE LA SEGUNDA ENTREGA AQUÍ: "El departamento colombiano con más casos de malaria extranjeros"

A la latente posibilidad de contraer malaria se ha sumado ahora las recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que la ocasiona, los problemas que supone abastecer una geografía agreste y la minería ilegal. Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, la capital de la provincia, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. De éstos, 4.157 enfermos buscaban atención médica en el municipio Atabapo al momento de ser diagnosticados. De esa cantidad, 1.100 eran extranjeros. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios, se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de alivio. Pero aquí apenas pueden recibir consuelo.

Rumbo al pueblo del caucho

Un telón de neblina cubre el cielo de Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Son las seis de la mañana y faltan cuarenta y cinco minutos de carretera para llegar hasta el puerto de Samariapo, desde donde sale el transporte fluvial hacia San Fernando de Atabapo.

—Abre ahí para medir la gasolina —dice uno de los guardias en una de las tres alcabalas que hay que sortear para llegar hasta el puerto.

—Puedes verla en el tablero —responde el taxista, desafiante.

El militar se asoma por la ventana, mira el tablero, y deja ir al conductor. “Si tienes siete Harina Pan te quitan una, si llevas 200 mil bolívares te piden las facturas de la mercancía. Siempre se inventan algo. La tarifa son 15 mil bolívares. Si no tienes los papeles en regla te pueden quitar más”, se desahoga el transportista, una vez superado el retén.

En el Puerto de Samariapo hay varios negocios de comida y un pequeño mercado de verduras que a esta hora de la mañana permanecen cerrados. A las diez llega la lancha, conocida como voladora. Los pasajeros desembarcan en una casa flotante, una estructura de metal, donde hay una pequeña bodega. Un funcionario de la guardia nacional comienza a revisar el equipaje de los pasajeros que embarcan. Al terminar, empieza el recorrido por el río Orinoco y el puerto va quedando atrás. La lancha va un poco hundida y algunas gotas salpican a los pasajeros. La vegetación delimita la serpenteante corriente de agua.

Luego de tres horas aparece el puerto de San Fernando de Atabapo: una orilla corta de arena blanca donde hay otras embarcaciones encalladas. Resalta una pared que tiene escrito en letras muy grandes: “Dios existe”. Justo al lado, sentado a una mesa, está un funcionario de migración anotando en una lista a los recién llegados y un militar, ubicado en otra mesa, revisando nuevamente el equipaje. Con tanto control resulta irónico que este pueblo sea una de las puertas principales de entrada a las minas ilegales de oro, que se concentran alrededor del Parque Nacional Cerro Yapacana. A través de San Fernando de Atabapo pasan embarcaciones repletas con alimentos, gasolina y personas. Todo para la mina. Ya son más de 20 dragas que muerden el lecho del río Atabapo de arriba a abajo y aproximadamente 10 mil personas las que trabajan en las minas ilegales.

San Fernando de Atabapo fue la primera capital del estado Amazonas. Parece un lugar detenido en el tiempo de Tomás Funes, militar y explotador de caucho, quien abusó de los pobladores y atropelló a los indígenas, a quienes masacró y convirtió en esclavos. Con él se inició un período de terror hasta que fue fusilado en 1921. Es aquí, en este lugar sin tiempo, donde anida la pavorosa epidemia de malaria que está diezmando a sus habitantes. Son 9.228 personas entre criollos e indígenas, que, en los últimos meses, cuando advierten los síntomas de la enfermedad, no saben si podrán sobrevivir para contarlo.

El incremento de los casos de malaria pudiera tener su origen en las disputas por el control de los yacimientos. “Hubo un enfrentamiento en una mina y llegaron los mineros en tropel hasta San Fernando de Atabapo. Tenemos minería ilegal en el estado y eso es un problema serio”, asegura Magda Magris, coordinadora de la unidad de investigación de malaria del Servicio Autónomo Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (Caicet).

La forma de practicar la minería ilegal en estos lugares, con el uso de motobombas, favorece la formación del hábitat del mosquito que transmite la malaria. En los enormes hoyos que cavan los aventureros se empoza agua estancada. Los asentamientos ilegales donde se instalan los mineros carecen de servicios públicos y condiciones básicas de salubridad que favorecen los criaderos de insectos.

Cartas sin respuesta

A nadie parece importarle lo que ocurre. El 11 de octubre de 2016 José Largo, coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo, que tiene a su cargo 16 ambulatorios rurales tipo I, le entregó una carta al Comité de Control de Combustible, para solicitar de la reserva para seguridad y defensa a la salud tres mil litros de gasolina y otros 660 de gasoil para la movilización a diferentes sectores de San Fernando de Atabapo y las parroquias Hucata y Yapacana, con el objetivo de realizar un cerco epidemiológico y las respectivas fumigaciones. Pero no hubo respuesta.

El 4 de noviembre, Largo y el equipo de salud del Hospital María Garrido, ubicado en San Fernando de Atabapo, volvieron a la carga con otra misiva, esta vez dirigida al comandante del destacamento de fronteras y representante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Atabapo. El coordinador del Distrito Sanitario Nº2 del municipio Atabapo contabilizaba entonces 595 casos positivos y una muerte ocurrida en la última semana de octubre. Una semana después, el 15 de noviembre, llegó una comisión de salud ambiental formada por Juan Carlos Moreno, subdirector de malaria del estado Amazonas; Arvey Garrido, inspector de salud pública y un fumigador. Según Largo, para este momento ya en el pueblo había más de 900 enfermos.

Moreno advirtió que los pacientes no solo provenían de San Fernando de Atabapo, sino de comunidades más lejanas como Carida, a tres horas en lancha. La mayoría eran niños que estaban infectados con plasmodium, el parásito que entra en la sangre tras la picadura del mosquito. En vista de eso el grupo se trasladó hacia esos lugares.

En Carida hay una base militar. Desde esta zona hay caminerías hechas de tablas por donde pasan las motos que llegan hasta las minas ilegales de oro, lo cual convierte al poblado en uno de los principales focos de malaria. De 137 láminas tomadas, 86 eran de distintos tipos de plasmodium. De allí siguieron a Macuruco, donde detectaron que no había un buen saneamiento. En La Venturosa, donde continuó el recorrido, solo fumigaron porque llegaron muy tarde y no se pudieron tomar muestras. En Santa Bárbara, donde hay un puesto militar, tres oficiales resultaron positivos. En cada poblado encontraron un panorama que desbordaba su capacidad de respuesta. “Nosotros no estábamos preparados para esta epidemia de malaria, porque como en el año 2015 no tuvimos tantos casos de paludismo, se compraron insumos proyectando un escenario similar para 2016. Ahora estamos haciendo recorte de tratamiento, supervisado y vigilado”, dice William Velásquez, quien tras seis años en el cargo de director de Salud Ambiental de Amazonas entregó su renuncia el 9 de febrero de 2017.

Una epidemia anunciada

Un árbol de Nim, una planta que contiene un ingrediente que sirve para el tratamiento de la malaria, está sembrado detrás de la sede de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho. Sus ramas dan sombra a varias personas, mujeres embarazadas, niños, ancianos y hombres, que están sentados en una fila de sillas en uno de los pasillos. Algunos tienen la mirada perdida, aislados de todo lo que pasa a su alrededor. Otros sostienen sus cabezas tratando de controlar el dolor. Algunos más tiemblan y están abrigados con suéteres y chaquetas pese a una temperatura de casi 29 grados centígrados.

“A mí me ha dado cinco veces, ahora quien tiene es mi mujer”, dice un señor que está sentado en una pila de bloques junto al árbol. “‘Agárrame que me voy para el suelo!’, le gritaba a mi mujer la última vez que contraje malaria. Se me fue el mundo”. Él vive en el barrio Ojo de Agua, saliendo de Puerto Ayacucho, y dice que “allá hay paludismo por demás”.

Cuatro municipios de Amazonas (Atures, Autana, Atabapo y Manapiare) están en epidemia, uno (Alto Orinoco) en alarma, y dos (Maroa y Río Negro) en seguridad. En todos los municipios hay presencia de minería ilegal, excepto en Atures, donde no se practica esta actividad, pero sí recibe a todas las personas con malaria provenientes de las minas, que viajan para abastecerse de alimentos y otros servicios.

El 21 de septiembre 2016 William Velásquez, ex director de Salud Ambiental, envió una carta al entonces director de salud regional, Diony Herey, con copia a la ministra de Salud, donde declaraba al estado Amazonas en epidemia. Pero no recibió respuesta. A finales de noviembre la ministra visitó la entidad y Velásquez le planteó todos los problemas que tenían: “Nosotros trabajamos bien, pero ha habido problemas para hacer el control del vector. No tenemos para hacer rociamiento en las paredes ni un insecticida biológico para echar en los criaderos; tenemos que usar un químico que destruye la flora y la fauna. No tenemos carro, motores fuera de borda, el problema básico de la gasolina y el gasoil para echar el insecticida, bujías y pilas para las máquinas. Yo he tenido que pagar cosas con mis propios recursos. Aquí nadie ha dado nada ni gobierno nacional, ni regional, ni municipal”.

Para el 2 de diciembre de 2016 estaban registradas seis muertes de personas con malaria (una en Atabapo, una en Alto Orinoco y cuatro en Atures). Algunas con complicaciones de dengue hemorrágico y tromboembolismo pulmonar. Velásquez advierte que pueden tener un subregistro de casos porque hay mucha gente que no llega a registrarse, se automedica, o los mismos microscopistas le hacen el diagnóstico, pero no lo registran ni envían la información. Ese mismo mes llegaron 5.000 mineros al municipio Atures y a la institución se le acabó el tratamiento. “Tuvimos que dar medicamento solo por tres días. Ha venido gente hasta de Táchira a trabajar en las minas. Esto sigue peor”, se lamenta el doctor.

Una esperanza a pocos minutos

Amanaven es un pueblo colombiano del departamento de Vichada, que se levanta sobre una montaña de tierra, y está justo al frente de San Fernando de Atabapo, a cinco minutos de navegación. Para entrar al pueblo hay que subir unas escaleras hechas de tablas. Las pocas casas del lugar están construidas con madera, en forma de palafitos. Debajo de una de las estructuras, una mujer está llenando sacos con tierra que sirven como muro de contención. Este pueblo improvisado pareciera que se puede hundir en cualquier momento, pero no su economía. Venta de ropa, alimentos, juguetes y carteles de “Se compra oro”, pueden verse en varias casas.

En Amanaven el único ambulatorio está cerrado porque el enfermero se murió hace tres meses. Pero a unos cuantos pasos hay una pequeña farmacia donde el también enfermero Ancisar López, de 56 años, hace consultas generales y vende medicamentos, entre estos el de la malaria, que para finales de noviembre costaba ocho mil bolívares. Una niña entra junto a su madre: “Tiene dos días con fiebre”. López le hace un pinchazo en el dedo y toma la muestra de sangre. Ambas salen. “Siguiente”. Otra gente comienza a llegar. 

López cuenta que durante el día atiende hasta veinte casos entre venezolanos, colombianos y brasileños provenientes de las minas. La mayoría son del municipio Atabapo. “Todos los que vienen dicen que allá no hay medicinas y traen el récipe. Mientras no fumiguen no se hace nada”, dice. También comenta que llegan muchas personas de las minas con gonorrea y que las mujeres que ejercen la prostitución siempre son renuentes a examinarse.

William Velásquez, exdirector de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho, asegura que en Amazonas nunca ha faltado tratamiento. El problema radica en que los municipios tienen que enviar las estadísticas que avalen la solicitud de medicamentos a ciudades donde sí existe el tratamiento como en Maracay, la capital del estado Aragua (centro de Venezuela). Es un trámite burocrático que muchas veces se complica por la falta de comunicación con las remotas comunidades amazonenses y se suma a las denuncias sobre la venta del tratamiento contra el paludismo, que en Venezuela es gratuito y al acecho del hampa. En octubre hurtaron tres cajas (cada una con 30 tratamientos) de la farmacia que está en la sede de Salud Ambiental en Puerto Ayacucho. Velásquez hizo la denuncia en la fiscalía y entregó el número de lote de las cajas, que encontraron tiradas en la calle sin el tratamiento.

Mientras los casos de malaria aumentan, la gente sigue buscando una solución al otro lado del río o su rebusque en las minas, muchas veces poniendo en riesgo su propia salud.