Por aquel año, los precios del petróleo venezolano retomaban una prolongada alza que los llevaría a cruzar la barrera de los 100 dólares por barril en 2011, mientras que el país alcanzó un récord en su Producto Interno Bruto (PIB) que se acercó a los 400.000 millones de dólares. No se habían impuesto sanciones internacionales en contra del régimen venezolano y nada permitía presagiar la debacle que llegaría tres años más tarde. A pesar de las restricciones cambiarias reinantes desde 2003, para un importador todavía entonces resultaba fácil hacer negocios desde Venezuela. Sobraban proveedores. No se veía para qué podría hacer falta un intermediario con Turquía.   

De acuerdo con una fuente que conoció a Calarkan, y que pide el resguardo de su nombre por temor a represalias por parte del régimen de Nicolás Maduro, por aquella época el empresario turco visitó a Antonio Chambra, el dueño de Traki, la cadena de tiendas por departamentos originaria de Ciudad Guayana que ha experimentado un exorbitante crecimiento en la era chavista, para ofrecerle -sin éxito- una línea de electrodomésticos turcos al comerciante venezolano. “Él seguía intentando, pero nunca cuajó nada porque nadie en Venezuela compraba o le interesaba Turquía en ese entonces”, recuerda.

Tendría que desplomarse la economía venezolana y sumirse en el aislamiento para que las ofertas de Calarkan se volvieran interesantes y cristalizaran. Contra todo pronóstico, ese momento -histórico, sin duda- llegó antes de lo imaginado. 

El 21 de diciembre de 2016, la Gaceta Oficial número 41.057 publicó el decreto del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) que autorizaba la operación de Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi -más conocida por su marca, Turkish Airlines- por un lapso de cinco años para el “servicio público de transporte aéreo, regular de pasajeros, carga y correo” en Venezuela. El primer vuelo de la aerolínea llegó un día antes de la publicación del decreto y fue recibido por la entonces ministra de Turismo, Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, por lo regular considerado como el número dos del régimen, y el entonces ministro de Transporte, Ricardo Molina. 

“A partir de entonces es que los hermanos [Majed y Khaled] Khalil logran esa licencia [de Turkish] y junto con Calarkan empiezan a montar la estructura turca que abrió a Venezuela para ese mercado”, explicó la fuente. 

Una aerolínea turca con un toque libanés 

A mediados de diciembre de 2017 varios portales web reprodujeron una nota de prensa del Ministerio de Transporte, institución a la que está adscrita el INAC. En el texto se reseñaba una reunión entre el entonces director general del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), el mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, y el representante de Turkish Airlines en Venezuela, mencionado como “Adalet Saffet”. El nombre daba cuenta de un curioso error en la nota del organismo gubernamental, pues Adalet es un nombre que se suele usar para las mujeres en Turquía, pero la foto no dejaba dudas: se trataba de Saffet Calarkan, quien conversaba con el funcionario venezolano.

El comunicado explicaba que las conversaciones se habían centrado en un acuerdo para que Turkish Airlines, a través de una agencia de viajes nacional cuyo nombre no se mencionaba, ofreciera paquetes turísticos a parajes emblemáticos del país como las islas de Margarita y del archipiélago de Los Roques, o el parque nacional Canaima, con el apoyo de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, de la que Cruz Arteaga también era presidente en ese momento. La nota de prensa decía que la empresa turca evaluaba “incrementar la frecuencia de su ruta aérea Estambul-Caracas, de tres a cinco vuelos semanales, dada la potencialidad turística del país”.

La llegada de Turkish a Maiquetía parecía entonces un hito algo exótico y contracorriente, que solo podía tener un sustento político en el marco del acercamiento entre la autodenominada Revolución Bolivariana y el régimen islámico moderado y de expansionismo panturco de Recep Erdogan.

Hasta ese momento la empresa no había operado en el país. Pero, además, su aterrizaje coincidía con uno de los momentos más críticos de la aeronáutica civil en Venezuela, tras la desbandada de gran parte de las líneas aéreas internacionales que por muchos años habían tenido a Caracas como un destino tradicional, tan demandado como rentable. De pronto, Maiquetía se volvió una zona oscura en los radares. La deuda por casi 4.000 millones de dólares, nunca honrada por el Estado venezolano con las aerolíneas, retenida en los entresijos del sistema de control de cambios; las restricciones generadas por las sanciones internacionales; la descertificación de seguridad de los aeropuertos locales por parte de organismos internacionales; la caída de la demanda y, en general, el mal clima para los negocios en Venezuela. dispararon la estampida.  

La deserción de marcas tradicionales en el mercado venezolano, como Lufthansa, Alitalia o TAP-Air Portugal, configuró una oportunidad para Turkish Airlines. De una anécdota, para muchos venezolanos la escala en Estambul, tras un largo vuelo de 12 horas para seguir sus rutas a otros destinos de Europa, se volvió una obligación sin lógica geográfica o comercial. De acuerdo con lo reflejado en algunos portales, el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a la ciudad de Caracas, se consagró de la noche a la mañana como uno de los destinos latinoamericanos con mayor oferta de la aerolínea turca, al contar con 1.500 asientos semanales.

Entre otras normas, el permiso de operaciones concedido por el regulador venezolano a Turkish estableció que el patrimonio accionario del prestador del servicio, en su mayoría, debía “estar a cargo de personas de nacionalidad turca”; también tener domicilio en Turquía, y presentar un balance general y estado de ganancias y pérdidas anual ante el INAC. Unas condiciones que, sin duda, Calarkan pudo aprovechar en persona, sobre todo en aquel momento en que las relaciones económicas de Caracas con Ankara todavía no eran tan robustas.

Para ello contó con dos ventajas, básicas pero inestimables: buenos contactos en el régimen y la claque empresarial de Turquía y la habilidad de comunicarse en turco. Con todo, aún requería de una contraparte venezolana que le diera acceso al alto gobierno. 

Fue el turno para dos viejos conocidos del régimen y de la opinión pública: Majed y Khaled Khalil Majzoub, grandes contratistas desde inicios del gobierno de Hugo Chávez y allegados a personalidades y jerarcas del chavismo, como el actual presidente de la cuestionada Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

Alianza con sello panameño

La alianza Calarkan-Khalil hizo sus movimientos poco antes de la llegada de la aerolínea turca a Caracas. y quedaron asentados en los registros mercantiles.

El 7 de octubre de 2016, Calarkan fue designado como directivo de Continental Booking & Travel S.A., una sociedad panameña inscrita en enero de 2012, que todavía está activa, y que tiene como sus otros directivos a Khaled Khalil y a un venezolano llamado Jorge Manuel Díaz Lira, que se desempeña como tesorero. Díaz Lira fue directivo, junto a Majed Khalil, en la Corporación Telcomsur, una compañía venezolana registrada en mayo de 2002 y dedicada a la venta de equipos de computación. Díaz también figura como directivo en otras tres compañías panameñas, todas vigentes, junto a los Khalil: Kimbra International Corporation, Hardwell Computer INC y Brambech INC.

Díaz es director de dos compañías en el estado de Florida, Estados Unidos, que permanecen activas. En septiembre de 2018 entró como directivo en Certainet International, INC., registrada en noviembre de 2015 y cuyo primer directivo fue José Gregorio Hernández Jiménez, también asociado a los hermanos como administrador en el Consorcio Pacific Rim Energy, C.A, ahora rebautizado como Indigo Energy International Corp, una compañía de ingeniería, que también manejan los Khalil, y que obtuvo múltiples contratos con la estatal Pdvsa para la ejecución de obras en el sector eléctrico, como la puesta en funcionamiento de la planta termoeléctrica Josefa Camejo en el centrooccidental estado Falcón en 2005. Díaz también figura como el único director de Stallum INC, inscrita en Florida en febrero de 2021, y que se dedica a “ventas, importación y exportación”.

En el registro panameño se indica que Continental Booking & Travel tiene un capital de 100.000 dólares y está dedicada a la “elaboración, diseño, promoción, representación y ejecución de proyectos turísticos, hoteleros y/o convenios con GDS [sistemas informáticos para manejar bases de datos], operadores de turismo internacionales, agencias de viaje y medios audiovisuales relacionados o no con el turismo” además de “recibir, procesar y manejar, reservas de hoteles, líneas aéreas y operadores turísticos en cualquier parte del mundo”.  

Calarkan también figura en otra empresa panameña vinculada a los hermanos Khalil. El 1 de noviembre de 2016 fue nombrado presidente de la compañía Megatravel International, S.A. disuelta en septiembre de 2017, y que llegó a tener un capital de un millón de dólares. La extensa lista de objetivos de esta compañía abarcaba casi cualquier tipo de negocio, pero el primero que menciona es el de “todo lo relacionado con el turismo”, un sector en el que los Khalil buscan desde hace tiempo tener presencia de manera directa o por mampuesto.

Los directivos que acompañan a Calarkan en esta sociedad son los venezolanos Luis Abel Linares Núñez y Kralys Beatriz López Díaz; esta última también posee la nacionalidad española. Todos ponen como dirección personal el penthouse del Centro Comercial Libertador, un recinto de oficinas ubicado en la tradicional urbanización de La Florida en Caracas, en donde los Khalil registran la sede de varias de sus empresas

Kralys López es una ingeniero del centroccidental estado Lara que figura como accionista de Venilac, una compañía que, como en su oportunidad lo reveló Armando.info, le sirvió a los hermanos libano-venezolanos como tapadera para hacerse con el control de Lácteos Los Andes, la empresa estatizada por el chavismo en 2008, en los años del boom petrolero, luego llevada a la quiebra y que ahora pretende ser “rescatada” a través de las llamadas “alianzas estratégicas”, una suerte de reparto de bienes públicos a empresarios cercanos al chavismo. Kralys López registró una empresa en el estado de la Florida el 14 de marzo de 2022 llamada Quicknet Group LLC, que se dedica a “proveer servicios de consultoría y a comprar y vender productos”, de acuerdo con el registro mercantil de esa región.  

El socio turco de los Khalil también tiene, al menos, un lejano antecedente en el sector turístico en su país natal. A través de la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project), Armando.info tuvo acceso a los boletines del registro mercantil de Estambul, en donde se indica que Calarkan fue uno de los directivos de Tasfiye Halinde Mar-Yat Turizm Isletmeleri Anonim Sirketi, dedicada a planificar, construir y gestionar instalaciones turísticas, “incluido el turismo de yates”. El empresario turco ingresó como presidente en 1996, bajo su segundo nombre, Demir Calarkan, acompañado por dos familiares: Sedef y Adalet Calarkan. La sociedad fue liquidada en febrero del año 2000.

El empresario turco también figura como director en otra empresa familiar, con la misma junta directiva, de nombre Calarkan Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, dedicada a la explotación de la minería y autorizada para participar en licitaciones públicas y privadas en este sector, así como la importación y exportación de tecnología, maquinaria, repuestos, equipos y herramientas relacionados con este comercio.

El vuelo que vale su peso en oro

La llegada de la aerolínea turca también fue precedida por movimientos diplomáticos entre ambos países que incluyeron una reunión entre Maduro y Recep Tayyip Erdogan en octubre de 2016. Dos meses antes de la autorización del INAC, los mandatarios firmaron un memorando de entendimiento que incluía acuerdos en las áreas de energía, minería, petroquímica, agricultura, turismo, seguridad, tecnología e industria, todo, bajo el anuncio de Maduro de que “pronto” habría vuelos entre Caracas y Estambul. Entre los acuerdos estaba el reabastecimiento de combustible a precios ventajosos para los vuelos de la flota de Turkish Airlines. “Muy pronto Pdvsa tendrá infraestructura para desarrollar nuestras actividades comerciales del petróleo y derivados del petróleo desde Turquía para Europa y para Asia", agregó.

Maduro se decía identificado con Erdogan, un gobernante con el que comparte prácticas autoritarias, luego de que este saliera airoso de un intento de derrocamiento ese año. Tras el encuentro con el mandatario otomano advirtió a la oposición lo que sucedería si intentaba algo similar en Venezuela. “Erdogan quedará como un niño de pecho ante lo que yo voy a hacer”. Poco después, en 2017, tuvo oportunidad de cumplir su amenaza, cuando sofocó a sangre y fuego las multitudinarias protestas contra su Gobierno, con un saldo de más de 150 muertes.

Pero las afinidades no se quedaron solo en lo político. Turkish empezó a prestar un servicio para ambos gobiernos que no promociona la prensa oficial: el traslado de las reservas de oro venezolanas en sus vuelos directos desde Caracas hasta Estambul.  El informe Flujos de oro desde Venezuela, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), registraba en 2021 una caída en la producción y los precios petroleros que desde  2014 coincidió con el inicio de la disminución de las reservas de oro en Venezuela; casi al mismo tiempo pero en contraste, las reservas de oro de Turquía empezaron a aumentar a mediados de 2017, el primer año de operaciones de la aerolínea. “Las dos tendencias están vinculadas”, asevera el documento.

Marshall Billingslea, entonces subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló en octubre de 2018 que a cambio de estos cargamentos de oro desde Turquía se enviaban toneladas de comida y medicamentos. “Hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, en alusión a los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el cuestionado programa de alimentos y productos de primera necesidad subsidiados creado por Maduro en 2016 con fines de asistencia social y clientelismo.

El texto de la OCDE cita el caso de un vuelo de Turkish del 1 de enero de 2018 que llevó una carga de oro valorada en 36 millones de dólares a Turquía. Unos meses después, el entonces ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, señaló que se trataba de un convenio entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y esa nación para refinar el oro, que antes era enviado a Suiza para este proceso y luego regresado a las bóvedas del ente emisor venezolano. “Se hace en países aliados, porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen que allí se queda”, explicó en julio de 2018.

El informe también cita un reportaje hecho por runrun.es que dio cuenta de que ese año 32 vuelos más transportaron 73 toneladas de oro a Turquía y Dubai. “No hay ningún registro de devolución de oro después de la refinación y las reservas totales de oro venezolanas han seguido disminuyendo”, añade el estudio. El documento señala que el “arquitecto” de estos acuerdos fue Alex Saab, el proveedor predilecto del régimen de Maduro, hoy prisionero en Florida a la espera de un juicio por lavado de dinero y corrupción. 

Como lo señaló Armando.info, el presidente de Minerven, la estatal encargada de la explotación y comercio del oro en Guayana, al sur de Venezuela, Adrián Perdomo Mata, fue empleado del contratista colombiano en el Fondo Global de Construcción, una empresa dedicada al negocio de las viviendas prefabricadas y que, entre otras irregularidades, firmó un contrato por casi 300 millones de dólares en 2011 para construir más de 2500 viviendas de interés social para el gobierno venezolano de las que sólo culminó 96. Minerven creó la empresa mixta Mibiturven, con la turca Marilyns Proje Yatirim, cuya alianza expresa como objetivo “desarrollar las actividades primarias de exploración en búsqueda de yacimientos de oro, así como la extracción y explotación de dicho material”.

El convenio de esta empresa mixta también establece que la sociedad “deberá vender al Banco Central de Venezuela todo el material obtenido por la exploración y explotación del oro”. En la sanción impuesta en contra de Saab en julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que las autoridades obligaron a los mineros locales, que operan en el denominado Arco Minero del Orinoco — un área de 112.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela destinada al desarrollo minero y criticada por las ONG por sus efectos ambientales — a vender su producción a Saab a precios del mercado oficial y que, luego, parte del oro fue refinado, vendido al BCV y posteriormente llevado a Turquía. “Las entidades turcas comprarían oro del Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferirían fondos a una cuenta del BCV en Turquía. La empresa de Saab en Turquía, Mulberry [Proje Yatirim Anonim Sirketi], compraba productos en Turquía en nombre de clientes venezolanos y aumentaba los precios antes de volver a venderlos a Venezuela”, detallaron las autoridades estadounidenses.  

El pasado 26 de mayo Armando.info envió cuestionarios a correos corporativos del INAC y de Turkish Airlines para obtener la versión de ambas instituciones sobre las operaciones de la aerolínea en Venezuela, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje. 

Se importa “Congustto”

Luego de la asociación entre Calarkan y los Khalil, al menos dos empresas de los hermanos líbano-venezolanos empezaron a hacer importaciones importantes desde Turquía. Luis Abel Linares Núñez y Kralys López, los socios de Calarkan en Megatravel International y que han sido empleados de los Khalil en sociedades dentro y fuera de Venezuela, figuran como directivos en la compañía panameña Congustto Asesores, S.A., inscrita en noviembre de 2015 y dedicada al comercio de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Se trata de una empresa espejo de la venezolana Congustto Asesores, C.A. registrada en 2005 y controlada por los hermanos Khalil.

Gracias a la plataforma de Occrp, Armando.info tuvo acceso a las bases de datos aduaneras Import Genius y Panjiva. Ambas coinciden en señalar que esta compañía venezolana fue la consignataria de dos cargamentos de preparaciones alimenticias, a base de cereales, harina y almidón, que superaron las 8.000 toneladas, provenientes de Turquía. Los envíos llegaron al puerto de La Guaira, ubicado a 30 minutos de Caracas, el 1 agosto de 2021 y tuvieron un costo total de 5,36 millones de dólares.

La otra empresa de los Khalil que importó alimentos desde Turquía fue la panameña Sigma International Services Inc. Como lo contó Armando.info, esta empresa obtuvo dos lucrativos contratos en julio de 2019 a través de Corpovex, la sociedad estatal que centraliza las importaciones en Venezuela. El primero fue para importar comida, como pasta, arroz, atún y otros productos de la cesta básica, por más de 130 millones de dólares y fue avalado por la estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), mientras que el segundo reportó un pago de más de 19 millones de dólares para traer útiles escolares, como cajas de lápices de colores, borradores y cuadernos y contó con la aprobación del Ministerio de Educación, un ente con el que los hermanos ya habían hechos negocios. 

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) precisa que Congustto Asesores, C.A., tuvo entre sus clientes, entre 2017 y 2018, a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar S.A. (CNAE, S.A), una empresa pública venezolana creada a finales de 2014, y adscrita al Ministerio de Educación, cuya función es la “adquisición, distribución, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación y colocación” de los alimentos destinados a las instituciones de la educación básica en el país. El 30 de mayo este medio envió un cuestionario a un correo de Majed Khalil en el que se le consulta sobre las relaciones de ambos hermanos con Calarkan y los contratos de Congustto Asesores que involucran al gobierno venezolano y a Turquía, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.

El socialismo de los negocios

Esta no es la primera vez que Calarkan hace llave con los Khalil en contratos públicos venezolanos que involucran a Turquía. Como lo indicó Armando.info, Calarkan también figuró en la “alianza comercial” entre la estatal Venezolana de Turismo (Venetur) e Inversiones Perla Bella, C.A., una empresa de los hermanos de origen libanés, que regenta el Ikin Margarita Hotel & Spa, un lujoso hotel de la turística isla de Margarita.

El contrato fue firmado en diciembre de 2018 y encargaba, en un principio, a la compañía de los Khalil de remodelar el Hotel Alba Caracas, el antiguo e icónico Caracas Hilton, que también fue llevado a la ruina luego de ser estatizado por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, la empresa de los hermanos libaneses se limitó a servir de camuflaje para ocultar los destinatarios finales de los muebles y materiales de construcción necesarios para la restauración del edificio. En 2020, en pleno apogeo de las sanciones de la administración de Donald Trump contra el régimen de Maduro, estos insumos fueron enviados desde Turquía y debían hacer escala en el puerto de Newark, en Estados Unidos. Una vez que los contenedores llegaron al puerto de La Guaira, Inversiones Perla Bella renunció a la carga a favor de Venetur.

Calarkan apareció entonces en una foto junto a autoridades venezolanas en la fábrica de muebles de ABN Construction en Ankara, una empresa turca dedicada a la remodelación de hoteles de lujo, cuyos dueños son cercanos a Erdogan y que fue, en definitiva, la compañía encargada de las obras de restauración del Alba Caracas. La gráfica fue tomada en octubre de 2021 y muestra a Calarkan junto al entonces canciller, Félix Plasencia, cercano a Jorge Rodríguez Gómez y también exministro de Turismo, y al embajador de Venezuela en ese país José Bracho Reyes. El pasado 4 de mayo Armando.info envió mensajes a dos teléfonos de Calarkan en los que solicitó una entrevista al empresario turco, pero no se obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje. Este 30 de mayo se envió una nueva solicitud con el mismo resultado. 

Sólo una fuerza tan destructiva en lo económico, como lo ha sido el chavismo, podía hacer realidad los sueños de Calarkan de convertir al país euroasiático en un proveedor importante, por encima de los mercados tradicionales y más cercanos, para el Gobierno venezolano. Para ello, Venezuela debió atravesar la huida de la inversión privada internacional, la caída abismal de su PIB, la escasez de productos de consumo básicos, el derrumbe de las importaciones, una hiperinflación que se prolongó durante cuatro años y una crisis humanitaria que mantiene a más de 90% de la población en la pobreza, algo que ha provocado un éxodo de más de 6 millones de venezolanos (20% de la población del país) en los últimos años, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto las ideas de Calarkan empezaron a sonar más razonables, por ejemplo, para el mismo Antonio Chambra que, con o sin la ayuda del comerciante turco, decidió llenar algunos de los anaqueles de las más de 40 tiendas Traki en todo el país con alimentos producidos en Turquía, y que ahora son acompañados por otros provenientes de mercados poco acostumbrados en Venezuela como India, Indonesia y Tailandia. Paradójicamente, luego de las sanciones el cuestionado gobierno venezolano aceptó a regañadientes una dolarización de facto de la economía, condimentada con una muy capitalista liberación de precios y una “apertura económica” — esta, más de estilo postsoviético — en la que los bienes públicos, llevados a la quiebra por la administración estatal, son repartidos en procesos opacos a los amigos de la revolución, entre ellos los Khalil. 

Esta nueva versión del Socialismo del Siglo XXI, en la que no se han frenado las violaciones a los derechos humanos, ni el desmantelamiento de las garantías democráticas que desataron las sanciones internacionales, luce, sin embargo, suficientemente atractiva para el regreso de algunos de los inversionistas que se fueron cuando comenzó la crisis humanitaria y el cuestionamiento al régimen de Maduro. Entre los primeros en la fila para retornar ya se atisban, paradójicamente, varias de las aerolíneas internacionales que se fueron al empezar el gobierno del sucesor de Chávez.

A través de un préstamo, pudo juntar los 7.000 dólares que necesitaba y se operó en octubre de ese año. Solo en diciembre el seguro reembolsó los gastos de la operación, pero en bolívares, un verdadero inconveniente en una economía con una tasa inflacionaria, para el momento, de 2.959,8% anual, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV). 

“Lo que me pagaron en bolívares equivalía, para ese momento, a la mitad de lo que me había costado la intervención”, recordó. Por fortuna, había recurrido antes a la plataforma de colectas públicas, Go Fund Me, que en los hechos se ha convertido para la clase media venezolana en un sucedáneo de la seguridad social. Con estos recursos pudo pagar la deuda que había adquirido para costear la operación. A través de los testimonios de un directivo del sector de las clínicas privadas, así como de otros dos usuarios de la aseguradora y dos corredores de seguros, que pidieron el resguardo de su identidad por temor a represalias por parte de la compañía, Armando.info pudo constatar que la situación de L.M. no representa un caso aislado. 

Seguros Universitas, una vez una compañía en ascenso que llegó a tener pólizas lucrativas de instituciones públicas, como la de los miles de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), hoy es casi un paria del sistema. Apenas la aceptan en un puñado de instituciones de salud privada por las deudas que acumula. “Prácticamente en ningún lado la aceptan”, indicó uno de los corredores de seguros. De acuerdo con las fuentes consultadas, para superar la crisis, en este mismo momento Universitas está ofreciendo pagar parte de sus compromisos retrasados con las clínicas. “En nuestro caso, se aceptó un monto de mutuo acuerdo pero se cerró la relación con la empresa”, indicó el representante de la institución privada de salud que accedió a conversar con Armando.info.

Mientras tanto, muy distante de esa zozobra de impagos y mora, aparece César Augusto Bolívar, el empresario de 54 años que en abril de 2011 se convirtió en el accionista mayoritario de Universitas de Seguros, el nombre anterior de la compañía. 

Según se desprende de los documentos contenidos en la filtración de datos bancarios del Credit Suisse, facilitada al diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, y trabajada por la plataforma de investigación Occrp (por Organized Crime and Corruption Reporting Project) y otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, para así dar lugar a la serie de los Suisse Secrets, Bolívar abrió una cuenta en ese banco en 2007, en la que llegó a acumular 2,4 millones de francos suizos en 2010 (2,5 millones de dólares al cambio de la época). El empresario, además, tuvo dos propiedades en el estado de Florida en Estados Unidos — una de ellas en la exclusiva isla de Key Biscayne, conocida por sus viviendas de lujo a orillas del mar — que vendió por un total de 2.75 millones de dólares entre 2019 y 2021.  

La fortuna de Bolívar tuvo un claro catalizador: su relación de negocios con Majed Khalil, el empresario de origen libanés quien, junto con su hermano Khaled, están entre los contratistas predilectos y más longevos del chavismo. A partir de la primera asociación de Bolívar con Khalil, a finales de 2003, a las dos empresas aseguradoras que dirigían, Serviseguros y H.M.O Servisalud, les llovieron los contratos con instituciones gubernamentales como la ya mencionada Corpoelec, la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas (correspondiente al centro-oeste de la capital), el Poder Electoral, la nómina del servicio exterior de la Cancillería y la del Ministerio Público, cuando este era dirigido por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. La excepcionalidad de tal éxito se resalta por el hecho de que se trataba de empresas recién creadas y que no contaban con oficinas en todo el país. Tan solo tres años y medio después de eso, en 2007, Bolívar pudo abrir su millonaria cuenta en el Credit Suisse.

Mediante una resolución fechada el 3 de febrero de 2010, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) intervino a la entonces Universitas de Seguros, cuyos dueños eran los fondos de jubilaciones y pensiones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Caracas, todas instituciones académicas de educación superior del Estado (de ahí el nombre de “universitas”). La aseguradora acumulaba una deuda de 74,4 millones de bolívares (una cifra que fluctuaba entre 17,3 y 34,6 millones de dólares, de acuerdo con los dos tipos de cambio existentes para la época), tras irregularidades administrativas en su gestión. La tragedia de los profesores universitarios venezolanos, quienes hoy apenas cobran unos diez dólares mensuales como pago de jubilación, se presentó ante la dupla Bolívar-Khalil como una oportunidad única de adquirir una empresa a precio de ganga que, si bien estaba quebrada, disponía de la infraestructura nacional de la que sus empresas aseguradoras carecían.

En abril de 2011, este cercano socio de Majed Khalil se hizo con la mayoría accionaria. Bolívar y un grupo de sus socios cercanos, entre ellos Félix Rafael Leal Tejera, Héctor José Parra Artenay y Carlos Gilberto Santana Borges, fueron favorecidos por los representantes de la Sudeaseg a la hora de la venta de la aseguradora. 

Una fuente cercana a los hermanos Khalil, que contó el detrás de cámara de la transferencia bajo la condición de no revelar su nombre, señaló que la adquisición y el rescate de la aseguradora se hicieron, principalmente, con fondos de Majed Khalil. “Él no quería que apareciera su nombre y dejó a César [Bolívar] con plenos poderes para dirigir la compañía”, recuerda. Un esquema que los hermanos Khalil han aplicado en otras oportunidades, como en Lácteos Los Andes o Coposa, una planta productora de aceite, margarina y otras grasas, al recurrir a terceros de confianza para evitar ser asociados en público a las compañías en las que hacen inversiones.  

Una toma al estilo Khalil

Varios indicios apuntan a la presencia tras bastidores de Khalil en la reactivación de esta aseguradora, que vivió una rápida expansión luego de que cambió de manos. Ya en noviembre de 2013, los nuevos socios celebraban una fastuosa fiesta en Caracas en la que participaron la modelo Norelys Rodríguez (entonces imagen de la compañía), el exgrandeliga Omar Vizquel, y el zuliano Luis Aparicio, único pelotero venezolano exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos. En el acto, los directivos hablaron de la nueva sede, ubicada en el Centro Empresarial El Rosal, un edificio en el que los Khalil poseen oficinas, en una zona comercial del este de Caracas con pretensiones de distrito financiero. También celebraron que, con los nuevos accionistas, la aseguradora había pasado del puesto 43 al número 18, en el renglón de primas netas cobradas, en el ranking de la Sudeaseg. 

El traspaso de la empresa cumplió con el mismo esquema que, junto con sus contactos en el chavismo, suelen diseñar los hermanos de origen libanés. Las empresas son intervenidas por una institución estatal y luego compradas, a un precio de oferta, por los hermanos que están prestos a acudir a su “rescate”, en sectores tan variados como el de energía, informática, alimentos, turismo. También atienden al llamado de entes del Estado para evadir las sanciones que impuso Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Esta misma estrategia se usó con Lácteos Los Andes, una empresa que fue estatizada por el chavismo en 2008 y llevada a la quiebra, y que terminó en manos de los Khalil a través de las llamadas “alianzas estratégicas”, una suerte de reprivatización al estilo postsoviético de las empresas venezolanas otorgadas a los amigos de altos funcionarios. Más recientemente, este accionar fue aplicado en Coposa, en donde sus accionistas denunciaron una toma hostil, con incursión de fuerzas militares en la planta, con la intención de obligar a los dueños a vender casi la mitad de las acciones a un precio menor a su valor real.

En el caso de Universitas, la Superintendencia, entonces regida por José Luis Pérez, designó una junta interventora conformada por Enrique Antonio Guzmán, Isabel Cristina Gazaui Nuiter y Carmen Emelina Caraballo Mayorga. El proceso tuvo una particularidad que extrañó a los agremiados: la intervención de 2010 fue precedida por la decisión de la superintendencia, del 29 de octubre de 2009, de someter a la compañía a un “régimen de inspección permanente”. La Sudeaseg era presidida en ese momento por Ana Teresa Ferrini, quien antes había ocupado un puesto directivo en la propia Universitas. “Era juez y parte. Sabía lo que ocurría y ahora supervisaba”, recuerda alguien que conoció el proceso de cerca y solicita el resguardo de su identidad. 

Las particularidades de la venta captaron la atención de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora. A finales de 2018 esa instancia inició la investigación de la adquisición de Seguros Universitas por la supuesta “compra fraudulenta” de la empresa.  

En la época ya se hablaba de que Bolívar era quien daba la cara por la aseguradora, pero que el verdadero dueño era otro venezolano de “origen árabe”, una referencia que apuntaba a Khalil. Conrado Pérez, entonces diputado de Primero Justicia en el centroccidental estado de Yaracuy y vicepresidente de la Comisión, fue uno de los denunciantes más activos de las supuestas irregularidades en la compra de Seguros Universitas. Pero el expediente fue archivado de manera abrupta. El legislador fue acusado entonces de supuesta “extorsión” por dirigentes de su partido en ese estado, como el diputado Joaquín Aguilar. Pérez negó las acusaciones y aseveró que su decisión de abandonar la investigación obedeció a que no existía “ningún fundamento por escrito o pruebas” sobre las irregularidades que él mismo había denunciado.

Como también lo reflejó Armando.info, el diputado Ismael León (Voluntad Popular), quien asistía a la comisión, aunque sin derecho a voto, fue uno de los que compareció a las interpelaciones para investigar las actuaciones de esa instancia legislativa. En su entrevista del 4 de diciembre de 2019 lamentó que el caso de la aseguradora fuera archivado por Pérez. “No hay la menor duda de que el archivo se alteró y tengan la plena seguridad de que ahí habrá muchas cosas por buscar y no se van a conseguir”, indicó León.

Varios miembros de la comisión parlamentaria — muchos ahora llamados con el mote despectivo de alacranes, en referencia a un plan del Gobierno para “picarlos” con supuestos sobornos y hacer que sirvan a los intereses del régimen de Maduro —, incluyendo al propio Conrado Pérez, fueron destituidos bajo sospechas de recibir pagos de empresarios para otorgar certificados de “buena conducta” a quienes eran investigados.

El caso de manejos turbios más famoso de esta instancia contralora fue el del colombiano Alex Saab, el contratista favorito de Nicolás Maduro, que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos, donde espera juicio luego de haber sido extraditado desde Cabo Verde el 16 de octubre de 2020. Varios diputados de esa instancia trataron de librar de culpas a Saab, que hoy es acusado bajo cargos de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y lavado de dinero. 

Los contactos libaneses de Bolívar

Son varios los empresarios que lograron cuestionadas fortunas durante el chavismo a través del mundo de los seguros y el favor de altos dirigentes gubernamentales a la hora de contratar las pólizas de las instituciones que dirigen. Entre ellos se puede nombrar a Raúl Gorrín (dueño de Seguros La Vitalicia y conocido por sus estrechos vínculos con altos jerarcas del chavismo, fue sancionado por las autoridades estadounidenses por participar en un esquema de presunto lavado de dinero que ascendió a 2.400 millones de dólares), Omar Farías (dueño de Seguros Constitución y apodado como el “Zar de los Seguros”, fue investigado por presunto lavado de dinero en Ecuador, España y Estados Unidos) y Víctor Vargas (más conocido como el banquero de Chávez, por su estrecha relación con el fallecido mandatario, también es dueño de Seguros La Occidental que llevó las pólizas de seguros de la estatal petrolera Pdvsa).

Menos conocido es que Majed Khalil, hoy entre los empresarios más recurridos por el régimen de Maduro, también inició fortuna y contactos gracias a este ramo. La historia de Bolívar y Khalil empezó en 2003 con Serviseguros, una aseguradora originalmente inscrita en 1972 y que fue reflotada por los dos socios ese año.

A pesar de no tener una trayectoria, ni una estructura operativa importante, los nuevos socios lograron captar dos importantes pólizas en el estado Bolívar, la región que lidera la generación de energía eléctrica en Venezuela, que sirvieron como trampolín para los negocios de los hermanos. Para 2003 ya se hablaba sobre los contactos de los empresarios de origen libanés con el chavismo, luego de que se hicieron con la tradicional atunera venezolana Eveba. Ese año los rumores se veían confirmados por registros oficiales, con la firma de contratos para la venta de equipos de informática al ministerio de la Defensa y la Comandancia General de la Armada, a través de la empresa Grupo Hardwell Technologies. 

Los recursos de estas contrataciones con instituciones militares también fueron seguidos por nuevas cuentas millonarias en el Credit Suisse. De acuerdo con datos de la filtración, en diciembre de 2004 la entidad Representaciones Hardwell, así como Majed y Khaled Khalil como personas naturales, abrieron una cuenta conjunta que llegó a tener 19,2 millones de francos suizos el 31 de enero de 2005  (unos 24 millones de dólares para la época). La cuenta fue cerrada el 31 de mayo de 2014.

Las primeras contrataciones otorgadas a Serviseguros estaban relacionadas con contactos castrenses. La póliza de seguros de la gobernación de Bolívar, gobiernop regional entonces a cargo del general Francisco Rangel Gómez, un cercano aliado de Chávez, que gobernó el estado durante tres periodos consecutivos (2004-2017), y la de Edelca, una empresa de la región presidida por el general Hipólito Izquierdo y encargada de la generación hidroeléctrica en el cauce del río Caroní. Ambos militares se convirtieron en estrechos colaboradores de los Khalil, a tal punto que, en 2009, Serviseguros abrió una sucursal en Puerto Ordaz, parte de Ciudad Guayana sobre la ribera izquierda del Caroní, donde se encuentran las sedes de las empresas mineras, siderúrgicas e hidroeléctricas del Estado venezolano.

En ese 2004, los negocios de los Khalil se expandieron de forma tan acelerada que empezaron a captar la atención de autoridades de otros países. La vinculación de la administración del fallecido presidente Chávez con mandatarios del mundo árabe, en especial con algunos dictadores como Sadam Husein y Muamar El Gadafi, levantaron las alarmas de organismos de inteligencia de Estados Unidos. Ese mismo año, el diario El Nuevo Herald informó sobre la decisión del gobierno estadounidense de revocarle la visa a Majed Khalil, aunque los motivos nunca fueron indicados de forma oficial.

Los nuevos padrinos políticos

A pesar de la sanción estadounidense, los negocios iban tan bien que Bolívar y Khalil decidieron abrir una segunda aseguradora en 2007, de nombre H.M.O. Servisalud, y cuya sede está, actualmente, en la misma torre de Seguros Universitas. Ambas aseguradoras también tienen vínculos comerciales. De acuerdo con sentencias de juzgados mercantiles venezolanos, H.M.O ha administrado el centro de contacto telefónico (call center) que tiene Seguros Universitas para la atención de sus clientes.

El 30 de junio de 2008, Majed Khalil aportó 220 millones de bolívares a la compañía (102.000 dólares al cambio oficial de la época), lo que equivalía a 50% del capital total de la empresa, que quedó en 440 millones de bolívares (204.000 dólares al cambio oficial de la época), de acuerdo con documentos de la compañía a los que Armando.info tuvo acceso. Con este aporte Khalil quedó como el accionista mayoritario con 220.000 acciones (50%), mientras César Bolívar poseía 88.000 (20%), Felix Léal tenía también 88.000 acciones (20%) y Ramón Arias 44.000 (10%).

Esta empresa fue contratada en 2008 para proveer servicios de atención médica primaria y suministro de medicamentos a los empleados de la recién creada Corpoelec, una jugosa contratación que incluía a más de 70.000 beneficiados, justo cuando llegaba Hipólito Izquierdo, el antiguo presidente de Edelca, a la presidencia de ese organismo. “Ese fue un contrato brutal. Corpoelec es una de las empresas que más ingresos generaba”, indicó una fuente que estuvo al tanto de los acuerdos. La empresa estatal fue la encargada de estatizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica en el país, una política que, junto con irregularidades en la compra de equipos, llevó al colapso del sector eléctrico en Venezuela, en donde el suministro de energía se ve interrumpido a diario, a menudo por varias horas.

Con estos contactos en el chavismo a su disposición, pronto la compañía expandió su rango de acción. El Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que, al menos en 2011 y en 2016, la empresa fue contratada para llevar la “administración plan salud y funerario” de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, brindando este servicio a una abultada nómina que contó con un total de 76.000 beneficiarios. También llevaron la nómina de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Empleados, Obreros y Jubilados del Poder Electoral (Capseoj) en 2012, 2013 y 2016 que, casualmente, también contaba con 76.000 beneficiarios, de acuerdo con el RNC. A pesar de estos contratos de pólizas de seguros, esta empresa no aparece registrada como aseguradora en el portal web de la Sudeaseg. 

Con estos contratos se afianzó la relación de Majed Khalil con los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge, hoy considerados como la dupla más poderosa en Venezuela después de la pareja presidencial. La relación se estrechó especialmente con el actual presidente del cuestionado Parlamento del chavismo, Jorge Rodríguez, quien era alcalde del municipio Libertador de Caracas para la época en que se firmaron estos dos contratos y cuyo poder de influencia llega hasta el Poder Electoral en Venezuela, pues se desempeñó como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2005 y 2006. Los hermanos Rodríguez se convirtieron en los principales padrinos políticos de los Khalil, quienes lograron así mantenerse en la primera línea de los empresarios favoritos del chavismo.

H.M.O. Servisalud también logró contratos con Edelca en 2010 y 2016 para la administración del “Plan Funerario de 34.229 beneficiarios”, y del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) en 2011 y 2016 para prestar el mismo servicio a 15.747 beneficiarios. Las demás empresas que aparecen en el RNC son casi todas pertenecientes a los hermanos de origen libanés, quienes aseguraban a sus trabajadores con su propia compañía del ramo. En el registro aparecen el Grupo Hardwell (2007), la atunera Eveba (2008), Hevensa (2007) —esta, una empresa dedicada a la producción de ferroaleaciones—, la televisora Sun Channel (2007) y Rigomar Agentes Aduanales, entre otros nombres del grupo empresarial. La fuente cercana al entorno de los hermanos, también refiere que Majed Khalil está detrás de la empresa Excellent E.R.S.C. Sociedad de Corretaje de Reaseguros.  

Seguros Universitas, por su parte, heredó la póliza de Corpoelec y, de acuerdo con el RNC, también manejó la de otras instituciones públicas como el Banco del Pueblo Soberano e Ipostel. “Se enriquecieron con seguros colectivos, sobre todo con gente del gobierno, de los ministerios. Con la dolarización empezaron pagando bien, pero a partir de 2019 se volvieron un desastre”, señala uno de los corredores de seguros entrevistados para esta historia. Armando.info dejó un cuestionario en la sede de Universitas en Caracas el pasado 22 de marzo, y también se mandó otro a Majed Khalil a los correos de contacto de algunas de sus empresas, a fin de obtener la versión de los hermanos empresarios sobre este asunto. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se recibió respuesta en ninguna de las dos solicitudes.

El caso de Universitas no es único. Tanto los corredores de seguros como un representante de las clínicas privadas acotan que, salvo muy pocas excepciones, el colapso de los seguros nacionales es generalizado. El sector asegurador venezolano sufrió el embate de la crisis económica venezolana, que fue agudizada por la pandemia de la covid-19 y los costos que esta implicó para el ramo. Sin embargo, la fuente cercana a los hermanos señala que, en el caso de Universitas, el entorno desfavorable se combinó con los efectos de una mala administración en la empresa. “A los otros directivos, Khalil decidió sacarlos, sólo dejó a César Bolívar”.

La salida de Félix Leal, Héctor Parra y Carlos Santana sí ocurrió en, al menos, algunas de las empresas de Bolívar en Florida, en las que tenían cargos directivos, como H.M.O Servisalud CA LLC y Univerprima Financiadora de Primas CA LLC. En el caso de Universitas Holdings LLC, los tres renunciaron en 2016 y la empresa fue disuelta en marzo de 2020, cuando el seguro ya presentaba problemas para atender sus compromisos. Antes de enfrentar estos problemas financieros en Venezuela, Universitas también abrió una filial en República Dominicana de nombre Multiseguros, también dirigida por César Bolívar. 

Lo sucedido con Seguros Universitas, a más de diez años de la entrega de la aseguradora a un grupo con nexos con los Khalil, es un ejemplo del destino que corren  muchas empresas estatizadas que in extremis son asignadas a dedo a empresarios amigos del régimen. El estado actual de Universitas, ¿puede tomarse como un vaticinio del futuro que aguarda a otras empresas absorbidas por los Khalil, como Lácteos Los Andes y Coposa? Solo el tiempo lo dirá.

Para ese día se convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas en el salón Europa del Centro Comercial El Indio, en Acarigua, estado Portuguesa. El fin era someter a votación, una vez más, una propuesta inusual que permanecía desde hace semanas sobre la mesa: entregar a otra empresa privada casi la mitad de las acciones de Coposa como pago de una deuda que esta última, por su parte, contrajo con una institución pública. 

La propuesta ya había sido sometida a consulta el 24 de septiembre, aunque no era uno de los puntos a discutir en la agenda original de ese día. El tema, coinciden diversos testimonios, surgió de repente.

Entonces, la representación de más de la mitad del capital accionario, que hasta esta fecha desconocía de lo que estaba en marcha, se negó de manera rotunda a aceptar la propuesta por considerar que se trata de una trampa con la que perderían la empresa. El restante grupo de accionistas, que lideraba la anterior junta directiva, con un administrador de nombre Antonio Rodríguez como su presidente, no solo estaba de acuerdo, sino que había participado en el diseño de esta fórmula. 

El acuerdo establece que Coposa, representada por Rodríguez, acepta ceder 45% de sus acciones a una compañía de nombre Envasadora de Alimentos (Evalsa) como pago de una deuda que había contraído en 2013 con el estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y que este habría traspasado a Evalsa a través de un mecanismo cuyos detalles no se conocen.

“Nos quieren imponer un socio y por una cantidad de dinero muy poca. Nosotros hemos conseguido otros posibles inversionistas, pero desde la vicepresidencia de la República hay una orden”, dijo a Armando.info una fuente que integra la junta directiva de Coposa, quien, por temor a represalias, pidió no ser identificado. De acuerdo a fuentes internas de la empresa, el monto de la deuda, un poco más de 10 millones de dólares, por la cual se quiere ejecutar la toma de 45% de la compañía, puesta a manera de prenda, no corresponde ni a 5% del valor de sus activos, que un avalúo de septiembre de 2020 fijó en unos 217,39 millones de dólares.

Por falta de quórum, en la cita de diciembre ni siquiera se pudo instalar la reunión. Una gran parte del capital accionario se abstuvo de inscribirse, para así manifestar su desacuerdo con la propuesta. Solo quedó la opción de celebrar, tres horas después de lo pautado, una reunión informativa. Se permitió el paso a una parte de los accionistas que protestaban a las afueras.

En medio de la reunión y de forma repentina, aparecieron los representantes de Evalsa y el consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, el abogado Gabriel Pérez, además de Majed Khalil, venezolano de origen libanés que, junto con su hermano Khaled, se encuentran entre los contratistas favoritos del chavismo.

Ni siquiera pudieron sentarse. De manera inmediata, fueron abucheados y pitados por la multitud. Los accionistas de Coposa ratificaron su negativa a aceptar la propuesta: “No queremos esta trampa que nos montaron. No somos chigüires ni somos venados para que los señores del Ministerio nos estén poniendo trampas”, dijo uno de los accionistas durante la asamblea. En medio de los abucheos, registrados en videos por teléfonos celulares, los funcionarios del Ministerio, Evalsa y Khalil se retiraron en fila hacia la salida. 

Accionistas que están en contra de entregar casi la mitad de la empresa a Evalsa han propuesto como alternativa el pago de la deuda a Bancoex o su tenedor final. Consideran que, aumentando la capacidad utilizada a 60%, y con acceso a financiamiento o a una asociación en mejores términos, se podría honrar en no más de dos años. Hoy Coposa no trabaja a más de 20% de su capacidad debido a la falta de materia prima, la escasez de diésel y la crisis del servicio eléctrico.

Evalsa, por su parte, no acepta el pago de la deuda. “Es obligado que le tenemos que vender a Evalsa. No dejan ni que se pague, nos lo dijo el ministro de Alimentación [Carlos Augusto Leal], tenemos que vender a juro”, dijo a Armando.info un exgerente de Coposa que solicitó no ser nombrado.

Por su parte, otra fuente de la directiva que está de acuerdo con la cesión de la deuda, a pesar de lo cual pide mantener su identidad en reserva, asegura que esta es la única forma de honrar el compromiso y que el valor de Coposa no es de 200 millones de dólares -dice que, de ser así, ya se habría podido pagar la deuda-, por lo cual rechaza que todo el movimiento se trate de una toma hostil: No se trata de la venta de la empresa, se trata de una emisión de nuevas acciones, de pagar una deuda y de inyectar capital de trabajo a la misma”. 

Una OPA opaca

La historia comenzó con la solicitud de un crédito hecha por Coposa en 2013 por un monto de 15,68 millones de dólares a Bancoex —institución financiera adscrita al Ministerio de Economía— que tenía como objeto invertir en la ampliación y modernización de la capacidad de procesamiento de semillas de girasol.

Uno de los activos que la empresa adquirió fue una planta completa de descascarado de semilla de girasol, con una capacidad instalada de 600 toneladas métricas al día, por un valor CIF (siglas en inglés de “costo, seguro y flete”) de 5,73 millones de dólares. El otro activo fue una planta de refinación/planta de desencerado, con una capacidad de 300 toneladas métricas diarias, por un valor CIF de 9,95 millones de dólares.

Además de esto, se construyeron tanques para almacenar aceites crudos por el orden de los 14 millones de kilos.

De acuerdo con los accionistas mayoritarios, factores como la prolongada crisis económica, el control de cambio, las asignaciones de cupo para la importación de materia prima y la escasez de combustibles, se conjugaron para hacer prácticamente imposible la amortización final de la deuda, que a mediados de 2019 estaba de plazo vencido y había ascendido a 21,54 millones de dólares, por la suma de intereses convencionales e intereses de mora (netos). 

Luego de reuniones y análisis de escenarios, en enero de 2020 se suscribió un convenio transaccional de pago del contrato de crédito en el que la deuda bajaba a 18,85 millones de dólares. Coposa pagó en esa oportunidad la cantidad de 2,125 millones de dólares. Además, Bancoex dio un plazo de seis años para el pago de la deuda mediante 24 cuotas trimestrales, que empezarían a contarse desde el 1º de febrero de 2020.

Pero sin esperar la fecha establecida para el pago de la primera cuota trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, el 24 de abril de 2020, la intervención de Coposa por 180 días prorrogables por “irrespetar los precios acordados y caer en prácticas especulativas”, como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para retomar el control de precios.

El Ministerio de Alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocuparon las instalaciones de Coposa y tomaron el control de la producción, que casi en su totalidad se destinó, desde entonces y durante los siete meses que duró la ocupación, a suplir a las cajas CLAP. Al principal programa social-clientelar del gobierno se despachó mercancía por un valor de 7,86 millones de dólares, según indica un informe preparado por la directiva actual de Coposa. También se suministraron aceites envasados y margarina a Red Venezuela —empresa adscrita al Ministerio de Alimentación—, Mercal y el Instituto Nacional de Nutrición, por un valor equivalente a poco más de 212.000 dólares. De ese monto total de 8,07 millones de dólares, siempre de acuerdo a la directiva actual, ni un céntimo ingresó a las arcas de la empresa. 

En medio de la ocupación gubernamental de Coposa, el 10 de agosto de 2020, el entonces presidente de la junta directiva, Antonio Rodríguez, solicitó al Ministerio de Alimentación que la deuda que tenía la compañía con Bancoex fuera cedida a Evalsa.

Casi un año después, el 25 de agosto de 2021, Bancoex cedió a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación, los derechos del crédito que en su oportunidad otorgó a Coposa. Acto seguido, Cuspal suscribió otro contrato de cesión a favor de Evalsa con todas sus garantías.

“Es legítimo que un sujeto de derecho público haga una cesión de deuda, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos para ello”, explica a Armando.info la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Dce que es claro que “por tratarse de un organismo público [Bancoex], debe regirse no solo por los propios términos del contrato de deuda -que pudieran prohibir la cesión, o permitirla siempre y cuando se notifique al deudor bajo determinadas condiciones, por ejemplo-, sino ceñirse además a unos controles previos y posteriores, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República, que debe establecer que esa cesión de deuda no signifique una merma del patrimonio público”.

Con la información disponible al momento de hacer este reportaje, no quedaba claro que tales extremos se hayan cumplido. El consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, fue contactado en dos oportunidades para este reportaje, pero no respondió los mensajes enviados.

De acuerdo con una de las accionistas consultadas por Armando.info, quien solicitó el anonimato, la cesión de la deuda se hizo sin el conocimiento de los accionistas. “Hay muchos intereses, estamos luchando contra una mafia muy grande”. Explicó que en los últimos años Coposa “se vino a menos”, entre otros factores, por la competencia de productos traídos de Brasil y de Turquía que comenzaron a llenar los anaqueles. Incluso, asegura la fuente, los accionistas estaban buscando asociarse con otra empresa privada para aumentar el capital, luego de los efectos de la ocupación de Coposa por órdenes del Gobierno. Pero la decisión de asociar a Coposa con Evalsa ya estaba tomada. Pasó a ser un tema de “interés político”, refiere esta accionista.

De nuevo, en la guerra de versiones, otro miembro cercano a aquella junta directiva aseguró que esa decisión “fue tomada y aprobada en la Junta Directiva Anterior, con el fin de evitar la ejecución por parte del estado de la hipoteca sobre el crédito de Bancoex. Y tratar de obtener oxígeno, por así decirlo, ante la grave situación financiera de la empresa y de  la ocupación de la cual éramos objeto en aquel entonces”.

Ese mismo 25 de agosto de 2021, se suscribió un “Acuerdo de Cooperación Mutua” entre el Ministerio de Alimentación, la junta directiva de Coposa, y Evalsa. El documento reconoce el costo de despachos de aceite hechos durante la ocupación a Coposa por un monto de 3,36 millones de dólares, además de otro tanto efectuado a Evalsa, y que estaban pendientes de pago por un valor de 4,55 millones de dólares. Tras esas deducciones, la deuda de Coposa quedó en 10,07 millones de dólares.

Estos descuentos, sin embargo, no se aplicarían en el caso de que Coposa “no cuente con el voto favorable en Asamblea de Accionistas para la aprobación de la propuesta de acuerdo".

El 27 de agosto de 2021, un mes antes de la asamblea donde la mayoría accionaria conoció y rechazó el convenio, Acranan Karouni, director-gerente de Evalsa, envió una carta a la apoderada especial de Antonio Rodríguez, Zulma Beatriz Bello Cabrera, en la que notificó su “cualidad de cesionario de los derechos” de la deuda.

De acuerdo con el petitorio redactado en noviembre de 2021 por Antonio Rodríguez, presidente de la junta hasta septiembre de 2021, y demás representantes, el objetivo de la negociación entre el Ministerio de Alimentación, Coposa y Evalsa fue darle un “alivio financiero a la empresa” ya que “el destino de más de 1.100 personas entre trabajadores y accionistas de Coposa está en juego”.

El documento insiste en que la asociación con Evalsa permitiría a Coposa participar en el mercado público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados, lo que consideran “vital”.

Según el documento, en el momento en que se contrajo la deuda, Coposa facturaba en un mes el equivalente al monto total de la deuda, entonces pagadera en seis años. Ahora la empresa facturaba 15% de lo que había ingresado, y la siembra de girasol era casi nula, cuando en el año en que se instaló la planta la cosecha de girasol fue casi de 60.000 toneladas métricas.

Vivos útiles

Detrás de la artimaña jurídica para hacerse de la mitad de una empresa privada aparecen unos viejos contratistas del chavismo, hoy parte de la constelación de empresarios que ha crecido a la sombra de la autodenominada Revolución Bolivariana: los hermanos Majed y Khaled Khalil, cuya cercanía con el gobierno les ha llevado incluso a actuar como agentes para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

La más reciente expansión de su red de negocios —tienen presencia en los sectores informático, construcción, turismo, energético y alimentación— se había cristalizado a través de maniobras que le otorgaban activos que la administración Maduro, sobre todo a través del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, decidía reprivatizar y poner en manos de allegados. Un ejemplo de ello fue la toma de control sobre Lácteos Los Andes en 2020. Pero el take over de Coposa les ha reservado un rol distinto. 

De acuerdo con fuentes del sector de alimentos consultadas para este reportaje, los hermanos Khalil son el músculo financiero detrás de Evalsa, empresa del estado Portuguesa que en los papeles aparece dirigida por Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar, como gerente y director principal, respectivamente, al menos hasta 2020. Ese año, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC),  hicieron negocios con el Ministerio de Alimentación a través de un contrato con Cuspal para la producción, procesamiento y distribución de todo tipo de alimentos destinados al consumo humano.

Evalsa, que nació en los tiempos de Hugo Chávez, en 2008, ha participado en la producción y distribución de las bolsas de alimentos subsidiados del programa gubernamental CLAP en el estado Portuguesa, de donde el ministro Castro Soteldo, excomandante de la Aviación Militar, es oriundo y donde sirvió por ocho años como gobernador. Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar son vistos como "fieles hombres de la revolución chavista y madurista" que, como muchos de ellos, gustan anclar sus inversiones en el estado de Florida, Estados Unidos.

Karouni aparece como presidente de una empresa registrada en Miami en 2012, llamada Envasadora de Alimentos S.A., homónima de la compañía venezolana que está presionando junto con el Gobierno para hacerse de casi con la mitad de Coposa. El domicilio es un conjunto residencial privado de mansiones lujosas, donde se han constituido al menos otras diez empresas (The World of Spices, Corp., Trenyba International LLC, Sorobello International, Corp., Touram Spices, Corp., House of Spices and Chiles Corp., Yaly Corp., Santa Ramzie Corp., Romanelli, Corp., Olimpic International, Corp. y Kukitos, Corp), de acuerdo con el registro mercantil del estado de Florida en Estados Unidos. En todas las compañías aparecen miembros de la familia Yarbouh, a la que pertenece Nedal Yarbout, uno de los que han sido socios de la Envasadora de Alimentos venezolana, y un Cabello de Monagas (Sorocaima José Ascanio Cabello), quien además de ser presidente al menos hasta 2010 de cuatro empresas en Panamá, es un presunto primo de Diosdado Cabello, como ha señalado el abogado y político panameño Guillermo Cochez. 

 Ahora por las malas

Tras el naufragio de la asamblea del 14 de diciembre, los accionistas mayoritarios de Coposa no recibieron una réplica por parte del gobierno sino hasta el día 16 y en forma de una inspección. En horas de la noche de la misma jornada, representantes oficiales tomaron la planta y prohibieron la entrada a siete directivos, incluyendo al presidente de la junta actual, Alejandro Quijada. Lució como un mensaje inequívoco de que la hora de las negociaciones estaba por terminar.

Ese mismo día, el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Rafael Fernández Pereira, ordenó aplicar una medida preventiva de ocupación temporal  de Coposa por 180 días y designó como miembros de la junta administradora encargada a dos funcionarios del Ministerio de Alimentación, uno de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y otro de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal). 

Se trata de una medida que los trabajadores de Coposa -582, ya no los 1.100 que Antonio Rodríguez decía proteger con su propuesta de alianza con Evalsa- rechazan por ser, en la práctica, un cierre técnico. Representantes del sindicato Unstracoposa y de los consejos productivos de trabajadores (CTP) de la empresa, en contacto con Armando.info, manifestaron estar preocupados por la eventual entrega del 45% de las acciones de Coposa a Evalsa. Temen correr con la misma suerte de los trabajadores de Lácteos Los Andes y de la envasadora de productos del mar, Eveba, ambas pertenecientes a los hermanos Khalil. Recuerdan que, en ambos casos, luego del cambio de dueños, extinguieron los contratos colectivos y los sindicatos, violentando derechos laborales. Por esos antecedentes piden resguardar su identidad. 

El take over de Coposa está en desarrollo mientras 585 trabajadores viven la incertidumbre de cómo será, laboralmente para ellos, este 2022, los accionistas de la empresa tienen prohibida la entrada a las instalaciones y otras compañías privadas ven los toros desde la barrera. 

Por la comida, el pago era de 117,5 millones de euros, de los que 29 millones (casi 25%)  debían pagarse en efectivo. Al mismo tiempo, los útiles escolares iban a costar 17 millones de euros, de los que 8,5 millones debían pagarse en efectivo: esto es, la mitad en cash.

Ante esas condiciones inusuales el comprador no puso reparo alguno. Es más: otorgó garantías adicionales. Por ejemplo, si no podía completar el saldo restante en efectivo, pagaría con commodities, como chatarra o coque de petróleo.

La contraparte privada de este negocio llevaba, pues, todas las de ganar. ¿Quién era el vendedor mimado? Sigma International Services Inc., una compañía panameña sin actividad conocida en Venezuela. Pero el apellido de sus dueños sí que era conocido en el país: Khalil, el patronímico de dos hermanos que, si no son los contratistas más frecuentes del chavismo, con toda probabilidad son los más longevos. 

También fueron de las personalidades ligadas al chavismo que más temprano recibieron algún tipo de reprimenda desde Washington. En junio de 2004, el Miami Herald dejó saber que el Departamento de Estado había suspendido la visa de Majed, el menor de los hermanos Khalil Majzoub, a cuenta de su participación, a través de una empresa de su propiedad, en “la sistematización de la sección de inteligencia del Ejército de Venezuela”.

Pero esa penalidad -que antecedió por lustros las aplicadas luego a los Alex Saab o Samark López- no disuadió ni a Majed ni a Khaled Khalil Mazoub, hoy de 51 y 56 años de edad, respectivamente, de seguir expandiendo su coto empresarial al amparo de conexiones políticas.

La consolidación económica de la familia Khalil comenzó en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez. Así, las empresas del grupo han prestado servicios al Gobierno que van desde adecuaciones tecnológicas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta aprovisionamiento de comida y servicios de aseo urbano.

Recientemente, en 2020, una de las últimas jugadas de los Khalil fue la de hacerse con el control, por la vía de la asignación de un Estado siempre benévolo con ellos (lo que implica sin licitaciones ni explicaciones y mediante terceros), de la destartalada empresa Lácteos Los Andes, expropiada por Hugo Chávez en el año 2008, venida a menos y, ahora, entregada a la empresa privada Venilac, otra fachada de los hermanos.

En aquellos años los negocios entre los Khalil -beneficiados entre 2004 y 2012 con el otorgamiento por Cadivi de al menos 91 millones de dólares a tasas preferenciales- y el Estado venezolano ocurrían siguiendo un patrón: contratos obtenidos sin licitaciones ni explicaciones a empresas en cuyos documentos no aparecen los dueños o lo hacen de manera fluctuante y con retribuciones en moneda extranjera. Estos tres factores compendian también la historia del contrato entre Sigma y Corpovex y que se origina en Panamá, país que no es ajeno para los Khalil pues allí, entre 2004 y 2007, los hermanos constituyeron las compañías KK Inversiones y Brambech INC.

Los dos ligaditos

El origen de Sigma International Services, con Khaled a la cabeza, se remonta a 2010, de acuerdo con documentos que reposan en el Registro Público de Panamá. El 19 de enero, Khaled Khalil registró la empresa, junto con Khaled Ahmad Mansour, Mohamed Daya y, quien figuraría años después, Khalil Ahmad Mansour. El capital inicial, según lo que quedó asentado en el documento, era de un millón de dólares.

La contraparte de estos contratistas -entre decenas de negocios multimillonarios- ha sido Corpovex, la estatal venezolana que se convirtió desde su fundación en 2014 en un tinglado con el que un militar próximo a Diosdado Cabello, Giuseppe Yoffreda, concentró el control de las importaciones del Estado venezolano al mismo tiempo que las hacía inaccesibles para el sector privado.

En 2019, un año después de la salida de Yoffreda de la presidencia de la empresa, seguía al frente de esta Xabier Fernando León Anchustegui, exvicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y exviceministro de Comercio, cercano a Tareck El Aissami, actual vicepresidente sectorial de Economía y Ministro de Industrias. Fue en la presidencia de León cuando Sigma International Services firmó los contratos con Corpovex para importar comida y útiles escolares.

Para ello hubo dos contratos por separado, pero casi simultáneos, ambos, de julio de 2019. Uno avalado por el Ministerio de Educación e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0071-2019 para la adquisición de útiles escolares, y otro avalado por la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal) e identificado con el código CPVX-CJ-CONT-0067-2019.

La lista de útiles incluía cajas de borradores, colores, juegos geométricos, cuadernos, pegamentos, lápices, pinturas y tijeras. La de comida, cajas de pasta, arroz, atún enlatado, aceite, leche, mayonesa, granos, salsa de tomate y azúcar. 

El contrato para útiles escolares fue suscrito por poco más de 17,14 millones de euros. El de la comida, por 117,5 millones. Además de las condiciones establecidas para el pago en efectivo y, eventualmente, en materias primas, en los contratos se hacía referencia al “remanente en moneda china”, es decir, en renminbis. Pero se trata de un supuesto que este reportaje no pudo verificar.

La panameña Sigma International Services Inc, de los Khalil, terminó por despachar la mercancía pero no desde el istmo, sino embarcada en el puerto de Mersin, Turquía. De allí navegaron por el mar Mediterráneo, atravesaron el Atlántico y llegaron al puerto de La Guaira entre julio y agosto de 2019.

Cambios para que todo siga igual

Los documentos de Sigma International Services INC. del Registro Público de Panamá indican que Khaled Khalil fungió como presidente y director de la empresa entre el momento de la constitución de ésta, en enero de 2010, hasta mayo de 2015. Por razones que no se especifican, entonces hubo cambio de directorio: renunció a sus dos cargos.

Los lugares de Khaled Khalil como director y presidente los ocupó la venezolana Silvia Sousa Vieira, quien en el país es la única propietaria de Grupo Construven, C.A. Esta empresa tuvo vínculos comerciales con una compañía de los Khalil, la Corporación Meditech, dedicada al ramo de los ìnsumos médicos y de la que fue proveedora de materiales de remodelación (especialmente pinturas) en 2014, un año antes de que su dueña, Sousa Vieira, asumiera los altos cargos en Sigma.  

En febrero de 2019, ninguno de los accionistas originales de la empresa fungía ya en la lista de presidentes y directores de Sigma International Services. Pero Khaled Ahmad Mansour, Khalil Ahmad Mansour, Mohamed Daya y el mismo Khaled Khalil, los fundadores, siguieron encontrándose en el accionariado de otras empresas.

La principal de ellas es Argenta Zona Libre, S.A., en la que, de acuerdo con sus últimas actualizaciones, Khaled Khalil tampoco ha querido figurar, aunque es uno de sus fundadores. En cambio, esta empresa, con sede en Colón, zona de puerto libre sobre el caribe panameño, ha prestado servicios al Centro de Estudios Tecnológicos Avanzados (Centec), propiedad del mismo Khaled Khalil.

En una suerte de racha interminable, los hermanos Khalil han sorteado sanciones del gobierno estadounidense y continuado con sus negocios en el extranjero. En abril de 2020, los nombres de ambos tuvieron cierta relevancia entre una maraña informativa tupida por la pandemia de la Covid-19, cuando la presidencia interina de Juan Guaidó, a través de su comisionado para la Inteligencia Financiera y el Crimen Organizado, Carlos Paparoni, los aludió como cabezas financieras del régimen de Nicolás Maduro.

En un documento al que tuvo acceso Armando.info, Paparoni vinculaba a los Khalil con Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente de la República y hombre de confianza tanto para Hugo Chávez como para Nicolás Maduro.

De las filas del chavismo también había surgido una acusación similar: a comienzos de 2020, mediante un tuit, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minas entre 2004 y 2013, acusó a Rodríguez de enriquecerse a través de un testaferro, Majed Khalil.

El sustituto de León en Corpovex, Héctor Obregón, designado presidente de la corporación en marzo de 2020, es hombre de confianza de Jorge Rodríguez. En 2012 fue asesor jurídico de la empresa Supra Caracas, dedicada a la recolección del aseo urbano en tiempos en los que Rodríguez era alcalde de Libertador. Luego fungió por una semana como ministro de Comunicación e Información, cargo que entregó a Rodríguez, aludido en el documento de la presidencia interina por su vínculo con los Khalil.

Esquivando acusaciones, el silencio y la prudencia han acompañado a los hermanos Khalil en un viaje de dos décadas de multiplicación de negocios.

Como para que no quepan dudas, la empresa se llama Eliminalia. Es española, con sede en Barcelona. Garantiza desaparecer a petición cualquier enlace o liga a sitios web donde aparezca el nombre del cliente dentro de Google. Para ello pone a disposición de clientes y prospectos su capacidad de hacerlo no solamente con enlaces de noticias o reportajes periodísticos publicados online por un medio de comunicación, en cualquier portal o blog, sino también en las distintas redes sociales y hasta en sitios web de instituciones públicas u oficiales. Es el sueño de quien desee obrar mal, o ya lo hizo, sin dejar rastro. 

Eliminalia es uno de tantos proveedores de ese servicio. Pero es de los que más utilizan una modalidad de retorcida simpleza con la que sirven a los intereses de sus clientes mientras, de paso, molestan e intimidan a los medios informativos, poniendo engañosamente a su favor las reglas de juego de la red: se trata de la creación de falsas denuncias por derechos de autor que terminan por forzar a buscadores como Google a retirar el contenido. 

Un estudio de la organización sueca Qurium Media Foundation, dedicada a la defensa de los derechos digitales y seguridad en Internet, se llevó a cabo en abril pasado con foco en esa usanza. Su análisis forense apuntó a más de 250 páginas web falsas, que resultaban ser dominios creados por Eliminalia para clonar información de medios de comunicación legítimos y, con estas identidades falsas, reclamar esos contenidos como propios. Los resultados del estudio son reveladores, especialmente para Venezuela: por ejemplo, uno de esos resultados fue la certeza de que el vicealmirante Padilla contrató a Eliminalia. 

La organización sueca comprobó la vinculación de 16 de esos dominios con solicitudes fraudulentas enviadas a Google a nombre de clientes venezolanos para que borrara contenidos por violar derechos de autor de acuerdo con la ley DMCA (Digital Milennium Copyright Act), una legislación aprobada en Estados Unidos en 1998 para proteger los derechos de autor en Internet.

El estudio detectó la existencia de 92 solicitudes falsas de DMCA enviadas a Google entre mayo de 2019 y marzo de 2021. Once países concentraron los reclamos, con la curiosa figuración de Venezuela entre las tres naciones con mayor cantidad de denuncias fraudulentas, 16 en total, después de Taiwán (con 26) y la propia España (con 17). 

La nueva táctica representa una evolución en las formas de Eliminalia, que en una primera fase solía enviar -todavía lo hace- a medios y periodistas notas de advertencia o peticiones argumentadas en nombre de sus clientes, en las que a menudo aludía a posibles infracciones a leyes o principios internacionales en favor de la dignidad o la memoria de los individuos. La redacción de los mensajes dejaban la sensación de que los periodistas, si no atendían a la solicitud de borrar los nombres y hechos de los clientes de Eliminalia, se exponían a acciones legales en jurisdicciones europeas. Pero ahora la agencia parece más orientada a acudir a los hechos consumados y, engañando a Google, a forzar la salida del aire de los contenidos perjudiciales para sus contratantes.

Sin escrúpulos, Eliminalia y sus pares se valen para ello de una vulnerabilidad de la normativa DMCA. Por un lado, la empresa crea un sitio web falso que se hace pasar en ocasiones por un medio digital; al mismo tiempo, copia el artículo periodístico original de un medio informativo verdadero, lo publica en esa web falsa pero le asigna a la copia una fecha de publicación anterior al artículo original y legítimo. Con ese detalle de la fecha reclama los supuestos derechos de autor que, en realidad, no tiene. El servidor se ve obligado a retirar el contenido o el buscador a desindexarlo. El artilugio funciona.

“El problema es que la legislación DMCA no obliga que la persona que denuncia sea la parte involucrada. Yo puedo decirle a Google que hay una violación de copyright porque he visto el mismo artículo en dos páginas web. Y además no tengo la obligación de autentificarme, puedo decir que soy el autor pero no me van a pedir una prueba”, explica Tord Lundstrom, director técnico de Qurium y uno de los autores del análisis forense que determinó las solicitudes falsas de DMCA. 

Precisa, además, que por tratarse de una ley nacida en Estados Unidos, país de raíz protestante cuya legislación castiga el perjurio con fuerza, se asume de entrada que la persona que presenta la denuncia está diciendo la verdad, pues de lo contrario se estaría exponiendo al riesgo de, precisamente, enfrentar un eventual cargo por perjurio.

“Google no tiene más remedio que creer, verifica la fecha de publicación y da por hecho que eres el autor. Google deja la ventana abierta al abuso”, sostiene Lundstrom. 

En la práctica, Google se convierte en un juez sin serlo, apunta Carlos Guerrero, abogado especialista en derechos digitales y director del Instituto para la Sociedad de la Información, con sede en Perú. Recuerda que la Ley DMCA tuvo su origen en el cabildeo de corporaciones de la industria cultural, como disqueras y cinematográficas, que veían en las prestaciones de Internet una ampliación exponencial de las capacidades para piratear sus productos. No les faltaba razón: el mp3 y Napster fueron hitos fugaces de un acceso libérrimo a los bienes culturales. El principio era prevenir, o detener lo más rápido posible, el uso redituable de contenidos ajenos por parte de eventuales infractores. Pero con la llegada de la era de Spotify y Netflix y enterrada ya la utopía, ciertas prevenciones no tienen razón de ser, amén de que las tecnologías han mejorado. 

Pero la DMCA no se ha modernizado al mismo ritmo. Por eso el procedimiento que establece sigue siendo drástico: bajar de la red contenidos tras recibir una notificación de violación de los derechos de autor; solo después de eso es que la persona señalada del presunto plagio puede defenderse y probar que es inocente. 

“Son mecanismos express, rápidos, para bajar contenidos. Probablemente una máquina detecta los requisitos y actúa, no hay un humano revisando si procede o no la denuncia”, detalla Guerrero.

De este modo resulta posible que un periodista que corrió riesgos cubriendo una información y no durmió varias noches redactándola, de pronto reciba una notificación de que esa obra ha sido puesta fuera de línea porque alguien más reclama los derechos sobre ella. Sorprendente, casi risible, pero ya bastante frecuente para medios periodísticos venezolanos. 

La veta boliburguesa

La Venezuela chavista es uno de los principales mercados extranjeros para Eliminalia. Qurium detectó varios nombres de personas, venezolanos o extranjeros con vínculos de negocios con Venezuela, que han solicitado los servicios de esta empresa española para lavar su reputación, no solamente con las tácticas de falsas denuncias de DMCA sino con las demás opciones que ofrecen. 

La cruzada emprendida por el vicealmirante Padilla Di Biasi en 2019 no es la única destacable de la investigación realizada por Qurium. Sobresalen otros nombres: Diego Adolfo Marynberg, Charles Henry de Beaumont, Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara. Además, entre los clientes de Eliminalia interesados en borrar sus menciones específicamente en medios venezolanos -según se confirmó con Qurium para este reportaje-, también figuran empresas privadas como la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH Bank, de Suiza), un controvertido banco de Ginebra, y personajes de otras latitudes como el argentino Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Todos han contratado sus servicios, en una o varias oportunidades, entre 2016 y 2020.

La organización sueca ha publicado dos informes sobre Eliminalia advirtiendo de sus tácticas, y en el más reciente, de abril de 2021, llegó a identificar también los temas más comunes de los textos que supuestamente violaban derechos de autor o copyright y fueron objeto de solicitudes de supresión por parte de Eliminalia: casos de fraude empresarial y financiero, corrupción, casos de acoso o abuso sexual, conexiones con grupos mafiosos o de crimen organizado, reportes sobre impacto ambiental causado por empresas y violaciones de derechos humanos. 

Valga un ejemplo: en febrero de 2021 una denuncia de falsa propiedad intelectual llegó a Armando.info. El aviso pretendía obligar al portal a borrar un reportaje publicado en agosto de 2020, resultado de una investigación conjunta con El País de Madrid, que detallaba quién era el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La historia ahondaba en la relación de Leal con un socio venezolano: Axel Capriles Hernández. 

El aviso hacía ver que el contenido había sido publicado originalmente por un blog llamado primerapagina.site (actualmente inexistente), pero el reclamo inventado no logró su objetivo de censurar. Si bien para este reportaje no se pudo comprobar ningún vínculo de Eliminalia en este caso, permite ilustrar junto a otros cómo se aplica y cuál es el alcance de una técnica emergente.

En abril de 2020, el sitio web venezolano de Acceso a la Justicia, organización civil dedicada a la defensa de los derechos jurídicos, estuvo fuera de línea durante 15 días. La drástica medida fue antecedida por dos quejas de violación de propiedad intelectual. 

La primera fue en diciembre de 2019 y aludía a un análisis sobre un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, un tipo de artículo que suele publicar la organización en su portal web. La solicitud de remoción del contenido refería a la existencia de un blog, con la misma información, con fecha de publicación el día anterior al texto original; la segunda denuncia llegó en marzo de 2020 y en esa ocasión el servidor web de la organización decidió suspender el acceso al portal, por lo que estuvo caída durante dos semanas. 

Este hecho irregular fue registrado en el informe “Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina”, de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público. En sus líneas presenta una explicación que resulta vital para entender el riesgo de estos reclamos fraudulentos: la ley DMCA obliga a los proveedores de servicios de Internet (Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, GoDaddy) a eliminar cualquier contenido de sus sitios. Y es así porque la mayoría de estas plataformas tienen sede en Estados Unidos, país de origen de la ley DMCA. “Lo que les afecta a ellas nos afecta a nosotros como usuarios”, agrega Guerrero, el abogado, desde Perú. 

Meses después de lo ocurrido con Acceso a la Justicia, el medio digital La Gran Aldea vivió un hecho similar, también detallado en el informe de Espacio Público. De nuevo, una falsa denuncia por DMCA les conminaba a eliminar un contenido por supuesto plagio. Este medio logró confirmar que la solicitud tenía vinculación con un artículo sobre Haiman El Troudi, exministro de Transporte involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Cierto que en ninguno de estos dos incidentes se pudo identificar la actuación de Eliminalia, pero en otro episodio sí. 

El ex ministro y ex diputado Haiman El Troudi, o quienes forman parte de su círculo íntimo, también han hecho llegar solicitudes de remoción de contenido a Armando.info. Pasó en junio de 2020 y no fue bajo la modalidad de una falsa denuncia de derechos de autor por la ley DMCA, sino una petición por correo electrónico, otra de las tácticas más usadas y más comunes para pretender eliminar contenidos periodísticos en Internet. Puntualmente buscaban borrar información sobre la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías.

Con ayuda de Qurium, Armando.info pudo confirmar para este reportaje que esa petición fue realizada desde Eliminalia, vía correo electrónico desde un servidor localizado en Ucrania, con una de las cuentas falsas que usa la empresa española, en este caso “abuse@legal-abuse.eu”. Todo lo anterior quedó registrado en el cabecero del mensaje junto a la dirección del remitente.

La comunicación solicitaba “muy amablemente” eliminar el reportaje con el título de Haiman El Troudi no tiene quien lo investigue en sus dos versiones, en castellano e inglés, o “la ocultación de la referencia a la identidad de Maria Eugenia Baptista Zacarías en los buscadores de internet mediante la adopción de medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc, para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca su información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de internet de los siguientes enlaces publicados”.

Lo anterior, escrito así textualmente, fue presentado bajo un aparente paraguas legal donde citan dos artículos de la Constitución venezolana vigente, la de 1999, el 60 (sobre el honor y la reputación) y el 28 (destrucción de datos), copiados en el cuerpo del correo que, además, mezcla esta legislación venezolana con otra europea. Para reforzar el punto, el mensaje usualmente aparece firmado por un dominio registrado en la Unión Europea, acompañado por un texto que insiste en asegurar que dicho correo es confidencial y está sujeto a demandas civiles. Una estrategia que varios identifican como amenazante y que busca como reacción inmediata que el medio de comunicación elimine el contenido y no ventile la razón por la que lo hace. 

Tres correos más, de características similares y provenientes de servidores web de Eliminalia, han llegado a Armando.info. Dos a nombre de Charles Henry de Beaumont y uno a nombre del CBH Bank (Compagnie Bancaire Helvétique S.A), en 2019. De Beaumont es el asesor financiero de origen francés que manejó el dinero de varios empresarios y funcionarios que vieron crecer sus fortunas con el chavismo y buscaron a este gestor para administrarlas. Lo hizo a través del CBH Bank, entidad suiza de banca de inversión regida parcialmente por el estricto secreto bancario del país alpino, y cuyos movimientos quedaron al descubierto en Conexión Suiza, investigación conjunta de los medios venezolanos  Armando.info, El Pitazo y Runrunes, y el español El Confidencial.

“Lo que hemos visto en Venezuela, sobre el trabajo de Eliminalia, es que aboga por personas vinculadas con la corrupción general en el país, con contratos amañados, amigos que hicieron contratos con petroleras”, dice Lundstrom, el director técnico de Qurium. 

Los correos enviados para eliminar las menciones y reportajes sobre De Beaumont y el CBH Bank también llegaron desde una dirección falsa “@legal-abuse.eu” de las manejadas por Eliminalia, con un formato idéntico al correo sobre El Troudi pero con un argumento legal distinto: el derecho al olvido y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Detalles intimidantes para dar apariencia legal.

Carlos Gaio, abogado de la organización Media Defence, con sede en Londres, aclara que no existe una ley europea sobre derecho al olvido sino una interpretación judicial que solo tiene jurisdicción en la Unión Europea. Esa interpretación, así como la protección de datos, no se pueden aplicar extraterritorialmente. “Es difícil que un tribunal europeo pierda el tiempo en una demanda fuera de su jurisdicción”, acota. Con él coincide Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales.  

Desindexar, antes conocido como eliminar

La organización sueca le ha seguido el rastro a Eliminalia en varios países y a partir de los análisis forenses y digitales que ha hecho sobre ellos concluye que, por ejemplo, Eliminalia comenzó a trabajar con clientes venezolanos en 2016. No sabe quién es el representante comercial de la española en el país, si es que lo hay, aunque conoce versiones sobre una persona designada por la empresa para Latinoamérica, que se movería por varios países en busca de negocios. En Suramérica esta compañía dice tener presencia en Ecuador y Bolivia, en el Caribe cuenta con una oficina en República Dominicana (en Cap Cana, curiosamente), y en Norteamérica están en México y Estados Unidos (Miami y Los Ángeles).

Suele manejarse por contratos y en ellos acostumbra incluir un listado de links susceptibles a ser eliminados o relegados en buscadores como Google. Hay quienes llegan a pagar sumas de hasta 400.000 dólares por este tipo de limpieza reputacional, de acuerdo con la información de Qurium, pero el dinero termina en Ucrania, no en España. 

“Ellos tienen dos métodos, el inicial es mandar un mensaje amenazante, el otro es citar los artículos para desindexar”, detalla Lundstrom. 

En el mundo digital indexar es, con seguridad, uno de los verbos más importantes para todo el que quiera tener presencia en Internet o, con más precisión, en Google, el motor de búsqueda más usado mundialmente. La Real Academia Española define indexar como la acción de “registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar su índice”, y Wikipedia se refiere a la indexación como los “diversos métodos para incluir en el índice de Internet el contenido de un sitio web”. Desindexar, por lo tanto, se refiere a la acción de eliminar de ese gran catálogo de contenidos una información. 

Guerrero, el abogado especialista en derechos digitales, explica que la desindexación puede ocurrir por dos vías: que el autor del contenido elimine el enlace o manipule el código de la web o del enlace para que Google no lo incluya entre sus contenidos (es lo que hace el robot .txt), o que Google lo desindexe por un pedido, como por ejemplo la DMCA o por leyes de protección de datos personales vigentes en determinados países. “El problema es que la DMCA se ha convertido en un instrumento para la censura cuando no tiene que ver con eso”, reitera el abogado.   

Empresas como Eliminalia elevan una petición a Google para desindexar datos pero también ofrecen un servicio, en apariencia más inocuo, que termina por aplicar censura indirecta. 

Valiéndose de la tecnología, son capaces de crear un nuevo sitio web o supuesto medio de comunicación, publicar allí numerosas noticias positivas sobre distintas facetas del cliente (como deportista, artista, emprendedor o benefactor), hacer que Google crea que esos contenidos son legítimos, y con ellos inundar el índice de resultados que arroja Google cuando se consulta ese nombre, por ejemplo. También abren redes sociales a esos falsos medios o blogs para replicar la información en esos espacios y seguir abultando con los links de las redes sociales el índice de resultados.

De esta manera, los contenidos basura o spam se posicionan de primeros y el link con la investigación periodística legítima, pero acusadora, que habla sobre esa persona o empresa en particular, va desapareciendo de los primeros resultados del índice, hasta quedar relegada a posiciones lejanas en los resultados de Google. Cuando esto se logra se está ante una censura indirecta, porque el contenido no está eliminado pero se desestimula llegar a él, hasta hacerlo casi imposible.

“A nivel práctico nadie va a buscar un resultado en la página cuatro”, dice el representante de Qurium, y apunta algo más. Cuando la empresa española, o cualquiera que ofrezca el servicio de lavado de reputación, logra enterrar un reportaje, noticia o investigación, el medio de comunicación afectado no tiene cómo detectar que eso ha ocurrido. “No te das cuenta de que hay un acto de censura indirecta. A veces no envían ninguna notificación al medio para que eliminen el contenido porque saben que no habrá negociación”, advierte Lundstrom. 

El reciente 5 de julio llegaron a Armando.info tres notificaciones de Google avisando que el gigante de búsquedas en Internet había desindexado tres reportajes por una denuncia de derecho de autor sustentada en la DMCA. Las tres piezas periodísticas tenían que ver con Odebrecht y las supuestas páginas web que reclamaban la autoría eran dudosas, no solo por su procedencia -una provenía de los Territorios Palestinos y otra de Panamá-, sino además porque no reportaban el supuesto enlace original. Todo esto pudo verificarse en la base de datos de Lumen, un proyecto del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, en Massachussets, Estados Unidos, que sirve como repositorio de las denuncias de derecho de autor por la ley estadounidense.    

Las dudas sobre esas páginas web derivan, además, de otro hallazgo. Más de 250 sitios web falsos, creados por Eliminalia, han sido detectados por Qurium en sus investigaciones. Incluyen nombres de países, ciudades y homónimos a medios digitales de trayectoria.

La empresa española no respondió las solicitudes de información sobre sus servicios, métodos y clientes venezolanos que fueron enviadas por Armando.info a sus correos de contacto.

Quedaron en Internet como recién nacidos

¿Qué podría desear el vicealmirante Padilla Di Biasi, protagonista de las primeras líneas de esta historia, que se borrara de su pasado? Su nombre pudo ser detectado por Qurium Media Foundation como uno de los clientes venezolanos que han contratado los servicios de Eliminalia. Muy a su pesar, seguramente, aún pueden conseguirse algunas noticias que recuerdan el paso breve, de menos de dos meses, del alto oficial de la Armada venezolana por la presidencia de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), y la escueta denuncia realizada en su contra por un personaje de peso en el chavismo, José Vicente Rangel, fallecido en diciembre pasado.

En su recordado programa dominical de televisión, José Vicente hoy, el ex vicepresidente y ex canciller de Chavez, además de mentor de Nicolás Maduro, reveló un dato confidencial según el cual la destitución de Padilla Di Biasi se debía a una investigación que, sobre él, había realizado la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a solicitud personal del propio Maduro. A este anuncio de Rangel, de octubre de 2014, le siguieron especulaciones sobre el uso de aviones de la petrolera estatal Pdvsa para viajes privados del vicealmirante. 

Eliminalia le propuso al vicealmirante suprimir varios enlaces del Ministerio Público y de otros sitios web que llevaban a las ediciones de la Gaceta Oficial donde fueron oficializados los nombramientos de Padilla Di Biasi dentro del Ministerio de la Defensa como responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Unidad Administradora Central de ese despacho, así como su designación como presidente de Cavim, en agosto de 2014. 

Además incluía enlaces web de noticias sobre su destitución, vínculos que revelaban la existencia de empresas privadas a su nombre o a su cargo, registradas en Venezuela y en España, por ejemplo, e incluso un enlace de Armando.info que dirige a la base de datos de la investigación Outsourcing Militar, serie que narra el doble rol de los militares activos que a la vez actuaban como contratistas del Estado. Allí Padilla Di Biasi quedó registrado como uno de los vocales de la directiva de Seguros Horizonte, la compañía aseguradora propiedad de militares. 

No fue posible contactar directamente al vicealmirante para este reportaje. Tras buscarlo a través de dos de sus empresas registradas en el país, Grupo Agroindustrial FG y Logística Agropecuaria 77, se pudo conocer que ya no vive en el país. Su abogada precisó que estaba radicado en España desde hace un tiempo y que le haría llegar el mensaje. Ante el Registro Mercantil de España, Padilla Di Biasi aparece como apoderado de la empresa Veneinnova General Service SL.

Diego Marynberg quiso borrar algunas informaciones sobre una de sus empresas, Adar Capital, con Eliminalia. Este empresario y financista argentino-israelí mantuvo presencia en Venezuela durante más de 20 años, pero con mayores beneficios para sus fondos de inversión entre 2006 y 2017. 

En los años férreos del control cambiario, cuando los negocios estaban sedientos de dólares y el mercado negro presentaba una gran brecha para la fuga de fondos públicos, Marynberg logró tener acceso a dólares preferenciales. Se estima que con una de sus empresas, Adar Capital Partners, llegó a manejar operaciones que sumaron alrededor de 1.500 millones de dólares solo entre 2014 y 2015. Los movimientos de varias de sus compañías con actores venezolanos fueron seguidos por la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como reveló la investigación global de los FinCEN Files a finales de 2020.

Majed Khalil Majzoub, Isaac Sultán Cohen y Elías Ramón Koury Guevara no solo tienen en común el haber buscado los servicios de Eliminalia para enterrar ciertas informaciones. Los tres son empresarios, con compañías que han resultado favorecidas en años del chavismo, y con vínculos con funcionarios públicos de peso.

Majed Khalil Majzoub, de origen libanés, es conocido por ser el dueño de Eveba, una marca tradicional de atún enlatado adquirida por él en 2003, y reciente comprador -a través de terceros- de Lácteos Los Andes, otrora empresa privada, estatizada por Chávez y llevada casi a la quiebra, que retornó a manos privadas. Aparte de esas incursiones en categorías de consumo masivo, también ha sido contratista en asuntos de seguridad, energía e informática. Durante años ha estado junto a su hermano Khaled bajo la mira de Estados Unidos, país que muy temprano, en 2004, le revocó la visa por presuntas actividades de lavado de dinero y vínculos con el extremismo islámico. Ha intentado ser proveedor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.

Koury Guevara es ampliamente conocido en Anzoátegui, estado del oriente venezolano, por su faceta como contratista del Estado, sobre todo cuando el actual Fiscal General de la República, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Asamblea Constituyente en 2017, fue gobernador de la entidad entre 2004 y 2012. En aquellos años las empresas de Koury Guevara y sus familiares fueron beneficiadas con decenas de contratos de la gobernación y el caso llegó a ser investigado por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia. 

Mientras, Sultán Cohen se ha dedicado al sector portuario, con empresas que operan en Puerto Cabello y en el puerto de La Guaira. En 2014 su nombre figuró junto con el de Tomás Niembro en las negociaciones para la compra de un banco en España. 

Estos dos últimos empresarios han optado por una limpieza de imagen que mantiene en los primeros resultados de búsqueda informaciones que nada tienen que ver con sus negocios. No hay nada que vincule a Koury Guevara, por ejemplo, con Constructora Conkor, una de sus empresas investigadas, o a Sultán Cohen con sus compañías. En cambio, abundan enlaces sobre distintas personas homónimas, con informaciones positivas. Es un rastro típico del paso de los lavadores de reputación.

Guerrero, el abogado especializado en derechos digitales, recuerda que estos nuevos métodos de censura son tan graves que organismos internacionales, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado que para sacar contenido de internet debe haber leyes específicas, y que en la divulgación de informaciones de interés público las leyes de derecho de autor y de protección de datos no deberían ser aplicables. 

Pero mientras estas leyes se concretan, en el área gris de las denuncias y manipulación de contenidos en Internet, empresas como Eliminalia seguirán siendo el nuevo y silencioso bolígrafo rojo para las tachaduras de contenidos.