La abultada retribución provenía de la firma Highland Asssets Corp, empresa registrada en Panamá y propiedad de Diego Salazar, representada legalmente por el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello. Era el primer hilo que se deshilachaba de lo que terminó siendo una compleja madeja de empresas de maletín, cascarones financieros y millones de dólares, sobre los que todavía hay cabos sueltos, mientras todavía tarda en arrancar el juicio correspondiente en un tribunal de Andorra. 

La relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez —ex ministro de Energía, ex canciller, y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela por una década—, parece ser un tatuaje en la vida de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como parte del llamado Grupo Salazar, fue el principal operador de uno de los más grandes desfalcos a la estatal petrolera mediante el cobro de comisiones y sobornos, que involucran a más de una decena de individuos. Como socios en distintas actividades financieras millonarias, Salazar y Rodríguez Cabello reportaron amistades con lujos y dinero y también un pase a la prisión, aunque en distintas condiciones. 

Los FinCEN Files, una filtración de más de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ y 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info, revelan que pese al escrutinio que se seguía de la BPA, los cuantiosos movimientos de dinero a cuentas presuntamente asociadas a Luis Mariano Rodríguez Cabello, siguieron ocurriendo y levantando banderas rojas en otras jurisdicciones y empresas que no habían sido incluidas hasta ahora en el mapa del trasiego de la corrupción de la Pdvsa roja-rojita, como en su momento la proclamó Rafael Ramírez.

En un resumen incluido en el boletín interno semanal de la FinCEN, Kleptocracy Weekly, se recoge que, entre el 7 de octubre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, individuos "supuestamente relacionados con el escándalo de Pdvsa" usaron una cuenta empresarial del banco Morgan Stanley Smith Barney LLC para recibir más de 107 millones de dólares mediante quince transferencias. El escueto reporte de la transacción —cuyo detalle estaría en un reporte de actividad sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés, no incluido en la filtración— señala que la cuenta, a nombre de la empresa Energy Risk Indemnity SCC, registrada en la ex colonia británica del Caribe oriental, Barbados, era manejada por Rodríguez Cabello y "cuatro individuos relacionados", por lo que generó preocupación en el banco sobre si el dinero provenía de un esquema de sobornos en Venezuela. 

Este boletín semanal resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel. En el reporte correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2016, la FinCEN describe a Rodríguez Cabello como socio clave de Diego Salazar, con quien fue grabado en una conversación junto a Pablo Laplana, gerente de la Banca Privada de Andorra, proponiendo sobornar a autoridades andorranas para liberar cuentas bloqueadas en las que habría más de 200 millones de dólares. 

El reporte se refiere a una conversación grabada el 5 de diciembre de 2012 y develada por el diario El País el 17 de diciembre de 2017, en la que Rodríguez Cabello conversa con Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la BPA, sobre la posibilidad de sobornar a investigadores europeos para detener las pesquisas, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho con la justicia en Venezuela. 

No fue sino hasta que ocurrió la purga llevada a cabo por Nicolás Maduro dentro del chavismo, ese reacomodo de lealtades en el que Ramírez acabó como enemigo de la autodenominada Revolución Bolivariana, que la trama que detectó Francia tuvo movimientos en Venezuela. Pasaron siete años de esa escandalosa propina en un hotel parisino, para que el Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, en una sentencia del 1 de diciembre de 2017 que ordena la extradición desde Colombia de Leonardo Díaz Paruta como presunto cómplice de Rodríguez Cabello, iniciara una investigación contra el operador de Diego Salazar, quien fue detenido ese mismo año. 

El documento señala que el expediente se abrió "con ocasión del informe de fecha 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra la Corrupción, del cual se desprende el análisis de reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. 

El fiscal Tarek William Saab hablaba de los “Expedientes de Andorra”, que contenían “formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de movimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia cuentas externas a las de la Banca Privada de Andorra SA., o traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano".

Para ese diciembre de 2017 ya había transcurrido más de un lustro desde que el Ministerio Público recibió el oficio de Diligencias Previas N° 4103434/2012 de la jueza andorrana Canolic Mignorance Cairat, que entonces había hecho una solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal a la Fiscalía venezolana. Las autoridades andorranas pidieron información sobre si existían investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil —esposa de Salazar—, el llamado Zar de los seguros, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo —también primo de Ramírez y alto ejecutivo de Pdvsa—, y los ex viceministros Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

Documentos de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público —defenestrada en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo que creó Nicolas Maduro para evadir el control legislativo— reflejan que ese despacho procesaba el caso lentamente. En 2012 recibió el oficio desde Andorra. En abril de 2016, la entonces directora contra la corrupción de ese despacho, Paula Ziri Castro, informó en una carta a la Asamblea Nacional —con mayoría opositora desde enero de ese año— que no podía aportar datos a la Comisión de Contraloría que intentaba retomar pesquisas que habían adelantado algunos diputados opositores en la anterior legislatura. Argumentó que, al tratarse de una investigación en curso, se debía respetar la reserva de la causa.

En junio de 2016, el Ministerio Público recibió información que había solicitado a Andorra bajo esa misma figura de asistencia mutua, según confirmó Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía para el momento, hoy exiliado en Colombia, quien mostró para este reportaje imágenes de esos registros. Aunque el expediente ya se había empezado a armar, Tarek William Saab afirmó que el caso comenzó en diciembre de 2017. "La improvisada policía contra la corrupción envió un informe y, en lugar de anexarlo a la investigación en curso, iniciaron una nueva. El sistema de seguimiento de casos impedía duplicidades de esa naturaleza, pero fue suprimido", señaló Mundaray.

Mientras en Venezuela los expedientes no tenían consecuencias, las actuaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí las generaban en otras fronteras. El 10 de marzo de 2015 fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), respondiendo a la denuncia de la FinCEN por presuntas operaciones de lavado de dinero por un total de 4.200 millones de dólares vinculadas a Venezuela.

Una inusual sociedad

En los FinCEN Files es la primera vez que aparece públicamente la empresa Energy Risk Indemnity SCC y se vincula a la trama corrupta en Andorra. Si bien en los documentos judiciales del pequeño principado europeo se precisan los nombres de al menos 34 sociedades establecidas en Venezuela, Ecuador, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, la firma de Barbados no estaba incluida.

Energy Risk tiene sede en Saint James, localidad al oeste de esa isla del arco de las Antillas menores, y continúa activa. Fue incorporada en 2013 con Bernell Arrindell, Trevor Carmichael, Carolyn Humphrey y Grafton Williams como sus primeros directores. De este grupo, solo los dos primeros se mantienen en la cabeza de la firma. Luis Mariano Rodríguez Cabello entró a la directiva de la compañía al año siguiente, el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas reportadas a la FinCEN, y tres meses antes del derrumbe de la Banca Privada de Andorra. 

A sus 72 años, Arrindell es considerado una autoridad en materia tributaria internacional. Su experiencia reciente lo ubica, además de en Energy Risk, en Cidel Bank and Trust y antes en la firma londinense Ernst & Young, en su sede en Barbados. Desde 1998 ha sido consultor del gobierno de ese país en asuntos económicos, de impuestos y legislativos asociados, y ha participado de delegaciones oficiales de Barbados para negociar tratados comerciales con otras naciones, así como en el desarrollo de instrumentos fiscales de la Caricom. Entre otras decenas de ocupaciones, formó parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios entre 2005 y 2013.

Su biografía pública incluye su vasta experiencia y galardones internacionales —como su nombramiento a finales del año pasado como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), un reconocimiento que otorga la Reina Isabel II por recomendación de los gobiernos del Reino Unido y la Commonwealth—, pero no menciona la cantidad de empresas en las que ha participado como director. Una pesquisa hecha para este trabajo arrojó su nombre asociado, aunque no necesariamente en el presente, a otras siete empresas reaseguradoras como Ocean International Reinsurance Company Limited, Three D Insurance Services LTD y Rainmaker Insurance SCC.  

En no pocas de esas firmas su nombre aparece junto al de Trevor Carmichael y Grafton Williams. De hecho, los cuatro directivos, ex socios de Rodríguez Cabello, han tenido distintos enroques en las directivas de otro puñado más de compañías reaseguradoras. 

Carmichael es un hombre dedicado al sector bancario de Barbados desde la década de 1970, considerado pieza fundamental de la fortaleza que ahora tiene ese sector en la economía de la pequeña nación insular del Caribe. Fue nombrado como Consejero de la Reina, un estatus honorífico conferido por la Corona, y entre otras actividades gremiales y hasta filantrópicas, es miembro de la International Bar Association, una organización internacional compuesta por operadores jurídicos, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades, que influye sobre la reforma del derecho internacional. Además es el patriarca de una de las familias más adineradas de Barbados, según la revista Vanity Fair.

Arrindel y Carmichael son los únicos directores que siguen en Energy Risk y compartieron con Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado nacido en 1965 en Caripe, estado Monagas, en el oriente del país, con un portafolio de relaciones en torno a Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y su primo Diego Salazar, un vendedor de pólizas de seguros que se hizo millonario operando una red de empresas offshore para el cobro de sobornos a empresas a cambio de jugosos contratos, que le alcanzaron también para patrocinar a petromodelos. 

Humphrey y Grafton se retiraron en abril de 2015 y marzo de 2019, respectivamente. Ambos fueron contactados para ser consultados para este reportaje, pero no emitieron respuesta. Pero Arrindell y Carmichael sí respondieron a través de una comunicación firmada por The Board de la empresa, cuando fueron consultados para este trabajo sobre las millonarias transferencias ocurridas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Durante ese período, según explicaron por escrito, la compañía "tenía licencia para participar en negocios de reaseguros desde Barbados", bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de la isla (FSC, por sus siglas en inglés), con vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Barbados (FIU, por sus siglas en inglés). Energy Risk, aseguran, "estaba estatutariamente obligada a cumplir toda la legislación nacional e internacional relativa a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

La directiva, en conjunto, declara no tener conocimiento de alguna actividad indebida que involucre a la empresa durante el periodo mencionado, ni tampoco "de ningún registro de que la compañía supuestamente habría realizado transacciones con la Banca Privada de Andorra". Además, en la comunicación afirman que no han recibido comunicación alguna de la FSC o de la FIU en relación con alguna actividad de negocios indebidos por parte de la firma o sus directores. "Hasta donde sabemos, la Compañía no recibió durante el período mencionado ni durante su existencia fondos derivados de fuentes no relacionadas con su negocio de reaseguros". 

En su comunicación, la directiva de la empresa no respondió cómo y por qué se iniciaron los negocios con el venezolano, tampoco si alguno de los integrantes de Energy Risk tenía alguna relación previa con Rodríguez Cabello, o si mantienen en contacto con él. Tampoco quisieron emitir algún comentarios sobre las acusaciones por lavado de capitales que pesan sobre su ex socio.

Los directores actuales de Energy Risk niegan haber tenido relación alguna con Diego Salazar o haber firmado contrato con Pdvsa o empresas afiliadas. De hecho, en Caracas no tienen sede física, como confirma un ex empleado de la firma en Venezuela que trabajó durante cinco años allí como asesor en reaseguros y que prefiere mantener su nombre en resguardo. “El reaseguro es el seguro del seguro, no se trata de un tipo de empresas. Es un contrato mediante el cual una empresa aseguradora llamada cedente, mediante el pago de una prima, obtiene una cobertura para determinados riesgos y la reaseguradora se compromete a resarcir sus riesgos. Así que el reaseguro no se refiere a tipo de empresas sino a clases de riesgos y coberturas para ellos", detalla el ex empleado que se retiró de la firma en abril de 2020 y dijo que siempre reportó a Grafton Williams. 

Aunque revelar los clientes que tenía Energy Risk en Venezuela sería violar los acuerdos de confidencialidad de su contrato, asegura que no vio negocios con empresas del Estado; la mayoría eran compañías extranjeras del sector privado. 

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia. En los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía el 1° de agosto de ese año como la fecha de egreso de su último empleo con el que cotizaba al sistema: Reinsurance Consulting C.A., una compañía de tres empleados de la que era era el representante legal, de acuerdo con el documento de solvencia emanado de la institución. 

Salvarse de la extradición 

Cuando Rodríguez Cabello supuestamente buscaba más tiempo para estar con su familia, ya su nombre formaba parte de escándalos internacionales, y menos de cinco meses después Diego Salazar fue arrestado en Caracas, mientras las oficinas que compartía con Rodríguez Cabello eran allanadas. 

El 1° diciembre de 2017, la Fiscalía venezolana acusó formalmente a Luis Mariano Rodríguez, y el 13 de ese mes  el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó su aprehensión y la de otras 19 personas. El 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a España la extradición de Rodríguez Cabello, quien se había entregado a las autoridades de ese país.

Según declaraciones de su abogado Ismael Oliver, recogidas en medios en noviembre de 2018, Rodríguez Cabello estaba solicitando asilo político en España y se presentó en una comisaría de Madrid al conocer que en Venezuela se había cursado una orden de detención en su contra. En esa oportunidad, Oliver calificó a Diego Salazar y a Luis Mariano Rodríguez Cabello como "primos" de Rafael Ramírez, cosa que luego el ex ministro negó. "Ni siquiera los conozco de trato ni por ningún tipo de relación de nada", le dijo entonces a la agencia EFE.

El 9 de enero de 2019, Luis Mariano Rodríguez Cabello argumentó ante los tribunales españoles que su extradición pondría en riesgo su vida, pues en Venezuela se tortura y maltrata a los detenidos. En aquella audiencia, Ismael Oliver alegó la situación de Diego Salazar, quien supuestamente estaba recluido sin ver la luz solar en La Tumba de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, una suerte de celda de máxima seguridad. También señaló que Salazar estaba sufriendo un retraso procesal. Unas semanas atrás, el 12 de diciembre de 2018, había muerto en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el exministro de Petróleo y exjefe de Pdvsa, Nelson Martínez, detenido como parte de la misma trama.  

Poco más de un mes después, en febrero, la Audiencia Nacional finalmente denegó la extradición de Rodríguez Cabello. En aquel momento, Oliver dijo a El Confidencial que recurrían la decisión porque no se trata "únicamente de salvaguardar los derechos humanos del reclamado, sino también de probar que no es justa una extradición pasiva”, como la que había aprobado el Consejo de Ministros de España en noviembre de 2018 por solicitud de la Fiscalía venezolana. 

Las gestiones de Oliver parecen haber surtido efecto, pues en 2020 Luis Mariano Rodríguez Cabello es un hombre libre, al menos en Madrid. Consultado para este reportaje, Oliver afirmó que el señalado "ya no precisa defensa jurídica, su proceso judicial derivado de la extradición solicitada por Venezuela ya ha concluido", y agregó que "su estatus es el de un ciudadano que no tiene ningún otro procedimiento y es residente en España". Otras preguntas formuladas al abogado al respecto no fueron respondidas. 

Las cuentas pendientes

Luis Mariano Rodríguez Cabello logró escabullirse de la causa en España, según su abogado, pero aún está acusado por corrupción en Venezuela y en Andorra.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aún se recuerda que Rodríguez Cabello sería convocado para una interpelación que le exigiría explicaciones sobre su afirmación de que había pagado 80.000 dólares para frenar investigaciones en su contra en Venezuela, según grabaciones llevadas al parlamento por el diputado opositor Julio Montoya, luego de un viaje a Madrid para buscar más información sobre la trama corrupta en torno a Petróleos de Venezuela y la Banca Privada de Andorra. 

Eran tiempos en los que la Asamblea Nacional estaba dominada por mayoría chavista y no se mostró dispuesta a dar curso a investigaciones sobre las actuaciones del abogado, estrechamente vinculado a la cúpula de Pdvsa. Pedro Carreño, del partido oficial (Psuv), encabezaba la Comisión de Contraloría que decidió "engavetar" las denuncias, según dijo después Freddy Guevara, del opositor Voluntad Popular, que lo relevó en la presidencia de esa instancia.

En la siguiente legislatura, vigente hasta ahora, cuando la oposición se queda con la mayoría del Parlamento, el audio obtenido por Montoya fue mostrado en la Comisión de Contraloría que ahora investigaba al entorno de Rafael Ramírez por las denuncias de lavado de dinero en Andorra. En octubre de 2016, mientras se presentaba un "informe final" inculpatorio, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el trabajo parlamentario. 

La magistrada Gladys Gutiérrez firmó la sentencia con la cual ordenó proteger al entonces embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y suspendió los efectos de la investigación, pues escudriñar tales irregularidades pondría en riesgo la ya complicada situación financiera de Pdvsa.

Más tarde, el panorama de lealtades y compromisos del oficialismo había cambiado. En 2017, Rafael Ramírez ya era visto como enemigo, así como quienes acompañaron su gestión. En diciembre de 2017, Tarek William Saab ya había incluido a Rodríguez Cabello —señalado por Montoya de ser propietario de 100 apartamentos en Dubái— en el denominado Grupo Salazar. El abogado se desempeñaba como socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios, propiedad de Diego Salazar, con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre, en Caracas, que había sido allanada por el Sebin tres días antes de la declaración de Saab.

En septiembre de 2018 la magistrada Canólic Mingorance notificó el procesamiento judicial del exviceministro venezolano Nervis Villalobos y otros 15 venezolanos de entre 28 implicados —incluyendo directivos de la BPA—, por el presunto expolio a las arcas venezolanas. Según el juzgado de la magistrada andorrana, los exfuncionarios del chavismo y empresarios cobraron comisiones de más de 10% a compañías —la mayoría chinas— que después recibieron jugosos contratos para proyectos dentro y fuera de Pdvsa. 

La Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición calculó que el desfalco pudo superar los 16.000 millones de dólares. Según la Fiscalía venezolana, la cantidad blanqueada a través de la Banca Privada de Andorra asciende a 4.200 millones de euros operados mediante 40 empresas "fantasmas", según información oficial de diciembre 2017. El monto se corresponde con lo alertado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015, cuando la Banca Privada de Andorra fue intervenida por blanqueo de capitales. 

Un nuevo 'board'

Mientras el ex directivo de Energy Risk afrontaba causas judiciales en su contra, la firma con la que levantó sospechas ante la FinCEN mutaba y se reacomodaba para hacerse más internacional. En 2017, con Rodríguez Cabello ya fuera del board,  se sometió a revisión por parte de la agencia calificadora AM Best, que en noviembre de ese año le otorgó un B+ en fortaleza financiera. Ese mismo mes, pasó a tener su Legal Entity Identifier (LEI), un número de identificación global único otorgado a entidades que participan de transacciones financieras.

Entonces el argentino Paticio Rubinstein se sumó a la junta directiva, aunque no muestre su participación en ella en su página de Linkedin, donde destacan varios fondos de inversión a los que pertenece como Blue Swan Initiative y Quantum Global Alliance, ubicados en el paraíso fiscal de Luxemburgo, donde apareció relacionado a empresas señaladas en la filtración llamada Bahama Leaks, también coordinada por el ICIJ.  

En la nueva Energy Risk se sumó además Jean-Francois Clermont-Tonerre como director. En su perfil profesional, el francés defiende tener 25 años de carrera en el sector de banca, finanzas y bienes raíces. En 2018 un tribunal de Luxemburgo lo declaró inocente de un fraude masivo que su exsocio Fabien Gaglio —a quien él mismo había denunciado— había protagonizado desde la firma que compartían, Hottinger & Partners (HPSA).

Contactados directamente y consultados a través de la comunicación respondida por The Board, ni Rubinstein ni Clermont-Tonerre quisieron responder para este trabajo si conocían a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Energy Risk tampoco respondió si esos nuevos directores estaban al tanto de las manchas en la trayectoria de un exdirectivo de la compañía cuando ingresaron a la firma. 

En noviembre de 2019, Energy Risk llegó a un acuerdo de fusión con Ocean International Reinsurance Company (Ocean Re), que fue aprobado por las instancias regulatorias de Barbados, la misma empresa que tuvo en su directorio a Grafton Williams hasta 2015 cuando se incorporaron Trevor Carmichael y Bernell Arrindell, actuales integrantes de la junta que encabeza Energy Risk. La operación se concretó en marzo de 2020, para arrojar un portafolio conjunto de operaciones de reaseguros en 73 países repartidos en cuatro continentes, principalmente de América Latina y Reino Unido.

“Mi función consistía en buscar alternativas para dar continuidad al sistema de pagos ilícitos en el exterior”, dijo Da Rocha en un interrogatorio del 22 de noviembre de 2016 conducido por los procuradores brasileños, en el contexto de su delación premiada. “Buscaba bancos en el extranjero para hacer los pagos paralelos, la creación de nuevas estructuras financieras y apoyar a los ejecutivos que estaban fuera de Brasil para hacer pagos no oficiales”. Es decir, sobornos.

Para esa época, el Sector de Operaciones Estructuradas había establecido cuatro niveles de lavado de dinero a través de sociedades de gaveta controladas por los funcionarios que trabajaban en esa área de la compañía, y así distanciar el origen ilegal de los fondos de los receptores de las coimas. “El dinero pasaba por dos etapas antes de llegar a las cuentas que eran administradas por mí, hasta 2008. […] Nosotros hacíamos las órdenes de transferencia y las enviábamos al encargado de la cuenta o directamente a los bancos. […] Finalmente el dinero era enviado a las cuentas del nivel 4, cuyo titular en la mayoría de los casos era Olivio Rodrigues [funcionario del Sector de Operaciones Estructuradas], y él hacía los pagos a los destinatarios finales”, dijo Da Rocha a los procuradores brasileños.

Entre 2006 y 2008, de acuerdo con Da Rocha, los bancos utilizados para abrir cuentas de las offshore de las capas 2 y 3 fueron el “Pictec Et Cie, PKB Lugano, Meinl Bank Austria, Banif Ilha da Madeira y la Banca Privada de Andorra (BPA)”.

Pero fue a partir de 2008, “con el crecimiento del volumen de las operaciones del Sector de Operaciones Estructuradas”, que Fernando Migliaccio —uno de los ejecutivos del departamento de sobornos de Odebrecht— se hizo responsable de la gestión de todas las cuentas corrientes de nivel 2 y 3; y Da Rocha pasó a apoyar a los líderes empresariales y directores superintendentes fuera de Brasil para el pago de sobornos. En ocasiones Luiz da Rocha visitaba los países donde estaban los políticos o funcionarios públicos que recibirían las coimas, y los instruía para abrir cuentas bancarias principalmente en Antigua Overseas Bank (AOB) y, a partir de 2010, en Meinl Bank Antigua.

Hasta el 2010, el Sector de Operaciones Estructuradas hacía casi la totalidad de las operaciones de distribución de coimas a través del AOB, pero en esa época el banco enfrentaba serios problemas de liquidez.

“Nuestra distribución de pagos fue comprometida. Con el endurecimiento de las reglas de compliance en el mundo, era cada vez más difícil encontrar bancos que aceptaran hacer operaciones con nosotros”, contó Hilberto Silva a los procuradores brasileños el 22 de noviembre de 2016, en una declaración testimonial como parte de su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia brasileña.

Pagar dos veces

El ex jefe del Sector de Operaciones Estructuradas narró a los procuradores que, en esas circunstancias, Odebrecht hizo lo posible para que el AOB pudiera seguir operando. “Yo tuve dos reuniones con el dueño del banco para intentar resolver el problema”, dijo Silva. La primera de ellas fue en la oficina de la constructora en São Paulo, en la cual los dueños del banco le pidieron un “depósito floating” de cinco millones de dólares, para que el AOB siguiera funcionando. Este fue autorizado y desembolsado desde la cuentas offshore controladas por Odebrecht en ese banco.

Hubo un segundo encuentro en julio de 2010 en Antigua, la ex colonia inglesa de las Antillas Menores del Caribe, con el presidente del AOB. “El banco estaba quebrando y perderíamos los recursos que teníamos en él. Hubo agentes públicos que abrieron cuentas en el AOB para recibir sobornos nuestros y que no habían retirado el dinero. En esos casos tuvimos que hacer nuevos depósitos para que ellos pudiesen retirar su dinero. Es decir, pagamos dos veces”, dijo Silva.

Ante la situación insalvable con el Antigua Overseas Bank, Luiz Da Rocha le propuso a Hilberto Silva una alternativa: el Meinl Bank Antigua.

Hilberto Silva señaló que Da Rocha había identificado una oportunidad en el Meinl Bank de Austria, para reactivar una unidad que el banco tenía en Antigua. “Luiz Eduardo y Fernando [Migliaccio] me convencieron de la importancia de tener un sustituto para Antigua Overseas Bank”. Ambos bancos “serían de gran conveniencia porque las personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) podrían abrir cuentas bancarias para recibir transferencias internas desde las cuentas de Olivio [Rodrigues], sin riesgo de tener un visto negativo de compliance, facilitando así la circulación de recursos”.

Luiz Eduardo da Rocha ya conocía a ejecutivos del Meinl Bank, quienes incluso le plantearon la compra del banco: “Como ya trabajábamos con el Meinl Bank en Austria y conocíamos a Alexander Waldstein y a Peter Weinzierl [funcionarios del banco], en una conversación me comentaron que tenían un banco en Antigua que no utilizaban. Eso nos interesó mucho”. Habló con Olivio Rodrigues y con tres ex ejecutivos del AOB, Luiz Franca, Vinicius Veiga y Marco Bilinski. “Vimos la posibilidad de que ellos compraran ese banco y comenzamos a conversar con los ejecutivos del Meinl Bank en Austria”.

En las negociaciones llegaron a un monto por un valor mínimo que era el capital del banco: cinco millones de dólares. Olivio Rodrigues y Fernando entraron con un millón de dólares. Marcos Bilinski y Luiz Franca con ocho millones de dólares. “Necesitábamos un tercer socio que fue Vanue Faria […], con un millón de dólares. Daríamos ese valor de entrada y el resto sería parte del capital del banco”.

Da Rocha le ofreció a Odebrecht ser parte de la sociedad de este banco, de forma oculta, pero aseguró a los procuradores brasileños que no hubo interés.

Fue así como 51% de las acciones del Meinl Bank Antigua fueron adquiridas por ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas, y operadores financieros vinculados a estos. La participación societaria fue dividida en tres bloques. El primero estaba conformado por Vinicius Veiga, Marco Bilinski y Luis Franca, todos ellos ex ejecutivos del AOB. El segundo bloque por Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo da Rocha y Olivio Rodrigues (los dos primeros permanecieron como socios ocultos); y la tercera parte por Vanue Faria. El 49% de las acciones restantes las mantuvo Meinl Bank, en Viena.

A inicios de 2012, la composición del Meinl Bank Antigua cambió. Venue Faria vendió su participación a los otros accionistas y el Meinl Bank en Viena vendió otro porcentaje de acciones. La composición quedó así: el 67% de las acciones del banco estaban divididas entre el grupo de Veiga y el grupo de Rodrigues; y el 33% restante lo mantenía la sede del banco en Viena. En esa época Veiga, Bilinski y Franca eran los administradores del banco. Los tres recibían un salario; y en el caso de Migliaccio, Da Rocha y Rodrigues recibían un fee (comisión) por todas las operaciones de Odebrecht que pasaban por el banco, desde las cuentas controladas por Rodrigues.

 Según el testimonio de Da Rocha, los ejecutivos del Meinl Bank Antigua “tenían pleno conocimiento” de que las cuentas que eran abiertas en el banco “tenían como reales beneficiarios a personas políticamente expuestas”; y que los gerentes del Meinl Bank Antigua se hicieron cargo —con el apoyo de Da Rocha— de conseguir contratos simulados para evadir la vigilancia del área de compliance.

“La apertura de cuentas vinculadas a los destinatarios finales de los montos ilegales en el propio Meinl Bank fue una forma de eludir el compliance, disminuyendo las exigencias, ya que eran transferencias internas”, dijo Da Rocha.

De acuerdo con Vinicius Veiga —en su declaración como delator premiado en Brasil de junio de 2016—, por “el Meinl Bank pasaron alrededor de 1.600 millones de dólares” producto de toda la operatoria ilegal.

Cuentas venezolanas

La filtración de los llamados FinCEN Files, que contiene más de 2.000 reportes de actividades sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) producidos por los bancos estadounidenses para la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (la Red de Control de Crímenes Financieros o FinCEN, por su acrónimo en inglés), arroja información reveladora sobre el caso. Estos documentos forman parte de una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en alianza con BuzzFeed News, en la que participó IDL-R de Perú, Armando.info de Venezuela y otros 106 medios de 88 países.

Seis años después de que el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht comprara el Meinl Bank para soportar su esquema de sobornos, funcionarios del Standard Chartered Bank, de Nueva York, rindieron ante el FinCEN un reporte de proporciones significativas que giraba en torno al Meinl Bank Antigua. El informe del 18 de octubre de 2016, dividido en tres partes, decía que el Standard Chartered había iniciado una investigación como consecuencia de las publicaciones periodísticas que indicaban que Odebrecht había comprado —a través de terceros— la mayoría de acciones del Meinl Bank Antigua con el propósito de lavar dinero y pagar miles de millones de dólares en sobornos.

El Standard Chartered identificó 134 transacciones sospechosas del Meinl Bank Antigua por un monto total de poco más de 64,3 millones de dólares, hechas a través de una cuenta en el Meinl Bank de Viena, entre septiembre de 2010 y febrero de 2015. Es decir, el banco de Antigua usó su antigua casa matriz en Viena como banco corresponsal para hacer transacciones internacionales. En estas operaciones figuran algunas de las offshore controladas por Odebrecht para el pago de sobornos: Klienfeld Services Limited, Trident Inter Trading Limited, Intercorp Logistic Limited and Innovation Research Engineering and Development Limited.

Fue principalmente de esa maraña de empresas de donde salieron buena parte de los sobornos y desvíos de fondos, que se han podido documentar en la trama local de Odebrecht en Venezuela. No en vano, entre los años 2011 y 2015, el venezolano Luis Enrique Delgado Contreras recibió y canalizó 100 millones de dólares en una cuenta precisamente del mismo Meinl Bank de Antigua y Barbuda.

Delgado fue una suerte de caballo de Troya que Odebrecht encontró en el Metro de Caracas -que había contratado a los brasileños la construcción de sus líneas nuevas- para agilizar los pagos a lo interno del gobierno venezolano e, incluso, para que filtrara información y documentos que luego sirvieran en favor de la empresa. “Recibió en total alrededor de 100 millones de dólares a lo largo de esos cuatro años”, apuntó el segundo a bordo de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Dias, ante los fiscales brasileños que en diciembre de 2016 lo conminaron a confesar a cambio de beneficios procesales.

El botín, de cualquier forma, no era para una sola persona: el corolario de esta historia no solo retrató a Luis Delgado transfiriendo más de 40 millones en ocho cuentas bancarias relacionadas con el exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, sino que años después la Fiscalía suiza lo encontró al frente de una de esas cuentas bancarias junto a María Baptista y Elita Zacarías, esposa y suegra del mismo ministro que era responsable de las más de 30 construcciones que los brasileños prometieron y ni siquiera terminaron de levantar en Venezuela.

Así como Delgado recibió fondos destinados al Metro de Caracas desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, otro venezolano, Héctor Dáger, también figuró como beneficiario de varios recursos destinados originalmente a la tantas veces prometida y aún inconclusa Central Hidroeléctrica de Tocoma.

“Resulta que Héctor Joseph Dáger Gaspard (…) ha recibido, entre julio de 2008 y marzo de 2016, en cuentas bancarias a él atribuidas en Suiza cerca de 49 millones de dólares de cuentas bancarias a nombre de sociedades atribuibles directa o indirectamente al grupo Odebrecht”, sostuvo la fiscal suiza Dounia Rizzonico en noviembre de 2017.

Un caso similar es el del tío de Rafael Ramírez, el recordado expresidente de Petróleos de Venezuela y ahora archienemigo de su ex camarada Nicolás Maduro. Egly Ramírez y el resto de la directiva de Pdvsa Agrícola se repartieron más de 33 millones de dólares en sobornos, por cuatro complejos industriales cuyo trailer anunciaba la película del etanol criollo. En lugar de convertir caña de azúcar en energías renovables, la verdadera alquimia salió del ya célebre Meinl Bank de Antigua y Barbuda.

La conexión austríaca

La conexión del Meinl Bank Antigua con Austria es de gran relevancia para la fiscalía austríaca, que en 2017 inició una investigación por corrupción y lavado de dinero contra el banco. También la Autoridad del Mercado Financiero de Austria (FMA, por sus siglas en alemán) denunció a los ex ejecutivos del Meinl Bank y del Meinl Bank Antigua.

Hace pocos meses, el Banco Central Europeo (BCE)  revocó la licencia al Meinl Bank, que había cambiado su nombre a Anglo Austrian AAB Bank. La razón detrás de esta medida fue, entre otras cosas, la práctica de conductas indebidas en relación a la normativa contra el lavado de dinero, detectadas en el Meinl Bank Antigua. El banco apeló, pero a la fecha no hay un veredicto.

El ex presidente ejecutivo del Meinl Bank, Peter Weinzierl, negó las acusaciones y dijo que Meinl Viena y Meinl Bank Antigua son “entidades completamente separadas”, y que el primero no tenía “control operativo sobre las actividades” del segundo. Sin embargo, confirmó que el Meinl Bank de Viena facilitó pagos del banco en Antigua, pero que este no tenía sospechas sobre sus actividades de lavado de dinero, y que solo surgieron a partir de las publicaciones periodísticas sobre el caso Lava Jato desde Brasil.

De acuerdo con Weinzierl, el Meinl Bank cruzó las referencias de los nombres mencionados en las revelaciones periodísticas con los datos de las transacciones y generó sus propios reportes de transacciones sospechosas, que luego fueron enviados a las autoridades austríacas.

 Luego de revocar la licencia del Meinl Bank, el Banco Central Europeo notó de manera crítica que “la empresa supervisada recién generó un reporte de actividad sospechosa el 6 de septiembre del 2016, tres meses después de que los medios publicaran el caso por primera vez. Esto demuestra que las estructuras organizacionales y los procedimientos AML/CFT de la empresa no eran los apropiados para detectar riesgos relacionados al lavado de dinero ni al financiamiento al terrorismo”.

Acorde con la decisión del BCE, el FMA, ente regulador austríaco,  concluyó que el Meinl Bank en Viena había violado las leyes contra el lavado de dinero de manera “repetida y masiva” en relación a sus negocios con el Meinl Bank Antigua.

Peter Weinzierl, quien ahora intenta distanciarse de los hechos, figuraba en documentos de la empresa que datan de 2016 como uno de los dos directores del Meinl Bank Antigua. De acuerdo con el Meinl Bank, esos cargos no eran de naturaleza “ejecutiva”, es decir, que no estaban involucrados en la parte operativa de los negocios.

 Un vocero de la Fiscalía austríaca afirmó que existe la sospecha de “pago de sobornos y lavado de dinero en relación a transacciones que Odebrecht realizó a través del Meinl Bank Antigua” y que el caso tiene una dimensión internacional, por lo que será necesario hacer requerimientos de asistencia judicial internacional.

Algo que representa una novedad en esta trama es que el banco austriaco Raiffeisen Bank International (RBI) canalizó al menos 102 pagos del Meinl Bank Antigua por una suma total de 54 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía, Raiffeisen Bank International no es parte de la investigación. Pero, los FinCEN FIles revelan el rol que cumplía el segundo banco más grande de Austria en el esquema de corrupción. De acuerdo con los reportes de operaciones sospechosas, Standard Chartered notó que el 23 de septiembre de 2014 se realizaron dos pagos por un total de 512.000 dólares desde la cuenta de Intercorp Logistic Limited —una de las offshore desde la que Odebrecht pagó sobornos a los exdirectores de Petrobras— en Meinl Bank Antigua, utilizando al Raiffeisen Bank International como banco corresponsal.

Un apodo para cobrar

 De acuerdo con el SAR, la offshore Fincastle controlada por Olivio Rodrigues —desde la que se le pagó medio millón de dólares al artista colombiano Fernando Botero—, entre el 27 de octubre del 2014 y el 31 de marzo del 2015, hizo desde su cuenta en el Meinl Bank Antigua 19 transacciones por más de ocho millones de dólares, utilizando el Raiffeisen Bank International.

Otras transacciones que, de acuerdo a los reportes de actividad sospechosa, pasaron a través del Raiffeisen Bank International, son descritas de manera similar vinculadas a las offshore empleadas por el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

El rastro del dinero de estas transacciones lleva a una planilla del Sector de Operaciones Estructuradas del 2014, publicada por IDL-R en el artículo Las planillas ocultas de Odebrecht en el contexto de otra investigación global del ICIJ denominada Bribery Division.

En la lista de seudónimos del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hay al menos diez transacciones por un total de 3,6 millones que, de acuerdo a los archivos FinCEN, pasaron a través de RBI.

 De acuerdo con la lista de seudónimos (o apodos), estas transferencias llegaron a tres peruanos: el exgerente de la municipalidad de Lima, José Miguel Castro, Budian; el abogado Miguel Ángel Ronceros, Magali; y el árbitro Horacio Cánepa, Almofadinha.

Hay un pago de 350.000 dólares para José Miguel Castro, del 12 de noviembre de 2014, casi un mes después de la victoria de Luis Castañeda y la derrota de Susana Villarán en las elecciones a la alcaldía de Lima. En el caso de Horacio Cánepa hay un pago de 250.000 dólares, cargado al proyecto IIRSA Sur, pagado desde Ravenscraig. Como se recuerda, Cánepa recibió cuatro millones de dólares en coimas de Odebrecht por favorecer a la constructora en procesos arbitrales.

 Miguel Ronceros, a su turno, recibió un total de 450.000 dólares, en cuatro pagos entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre de 2014, cargados al proyecto Gasoducto del Sur, de acuerdo con el registro de las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas que IDL-R publicó en 2019. Uno de esos pagos, de 50.000 dólares, del 13 de diciembre de 2014, está asociado a Ravenscraig.

 Consultado para esta investigación, un vocero del Raiffeisen Bank International dijo que debido al secreto bancario, no le estaba permitido hablar de la existencia o no de una relación bancaria o transacciones específicas. “Lo que sí puedo decir es que nosotros —por supuesto— cumplimos con nuestra obligación. Nosotros reportamos todo caso sospechoso y también cortamos cualquier vínculo siempre y cuando haya factores de sospecha relevantes”.

Luego el Raiffeisen Bank International indicó que Meinl Bank Antigua no era propietario de la cuenta que, de acuerdo a los reportes de actividad sospechosa, había sido usada para las transacciones. Sin embargo, como se puede deducir de la siguiente declaración, las transacciones en efecto existieron: “Las transferencias reportadas por los bancos de Estados Unidos activaron una alarma en nuestros sistemas AML. Inmediatamente llevamos a cabo un análisis, después del cual cortamos nuestra relación con el propietario de dicha cuenta”. Hasta ese momento, de acuerdo al reporte de actividad sospechosa, ya habían sido transferidos por lo menos 54 millones de dólares.

Los controles internos de un banco pueden ser una cuestión curiosa, por decir lo menos. La revista austríaca Profil obtuvo documentos relacionados a la cuenta de Meinl Bank de Viena, a través del cual el Meinl Bank Antigua realizó una serie de transferencias. El 11 de mayo de 2015, tres directores del banco de Antigua firmaron “declaraciones corporativas de Gobierno” y admitieron, entre otras cosas, proveer de “capacitaciones anticorrupción” a empleados con contactos de socios de negocios y oficiales públicos.

(*) Este reportaje fue publicado originalmente en IDL-Reporteros, de Perú, como parte de los FinCENFiles y compartido con Armando.info para su publicación.

Pero apenas dos meses después de recibir su carta de asilo y publicarla en su cuenta en  Twitter, los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank Trust Company Americas pusieron una bandera roja sobre una de sus transacciones. En un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) enviado a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, (FinCEN, por su acrónimo en inglés), alertaron sobre seis transferencias bancarias por un total de 180.020 dólares realizadas entre el 21 de julio de 2016 y 6 de marzo de 2017 a través del banco alemán, presumiblemente en el rol de banco corresponsal. La notificación de sospecha relacionaba las operaciones con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y además agregaba que la circular era apenas una parte de la “revisión continua de la actividad de transacciones sospechosas de Rendón Delgado con el Deutsche Bank” que, para la fecha, totalizaban 542.500 dólares.

Esta alerta sobre Peña Nieto y Rendón forma parte de los reportes incluidos en la filtración de los FinCEN Files, originalmente obtenida por Buzzfeed News y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y 108 medios más de 88 países de todo el mundo, incluido Armando.info. En este caso la información no está en un SAR sino en un boletín interno semanal de la FinCEN, el Kleptocracy Weekly, que resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel.

Si bien el boletín no detalla ni las fechas en que se efectuaron ni las razones por las que estas transacciones resultaron sospechosas —explicación que debió estar en el SAR—, no se ahorra en cambio señalamientos para abonar las dudas en torno al “Political Strategist” —estratega político, entre comillas en el original— al que además marca como Persona Políticamente Expuesta (o PEP, el acrónimo en inglés comúnmente usado en el negocio bancario). Cita al banco para recordar los escándalos de soborno que lo vincularon con narcotraficantes colombianos —“y lo llevaron a renunciar a su puesto como jefe de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos”—, su relación con el caso del hacker electoral, Andrés Sepúlveda, la presunta violencia contra una mujer en Venezuela y su aura oscura como el rey de las campañas sucias en América Latina.

En entrevistas ofrecidas para este reportaje desde Miami, a Armando.info y en una ocasión también a Univisión, Rendón zanja el señalamiento de su figuración en los reportes. Niega que tuviera una cuenta bancaria en Deutsche Bank y asegura que solo trabajó para la campaña de Peña Nieto en 2012 y estas operaciones corresponden a los años 2016 y 2017, mucho después de esos comicios pero cuando su cliente todavía ocupaba la presidencia de México.

Que a tan solo semanas de recibir el asilo estuviera bajo la lupa de las autoridades de vigilancia financiera de su país de recepción, podría parecer un problema serio para cualquiera, menos para J.J. Rendón. Con su invariable vestimenta negra, su hablar pausado, la verdad es que se ha construido un personaje casi mítico. En su carrera ha tenido que apelar muy a menudo a su destreza para sortear con unas declaraciones, un desplante, una verdad administrada, las polémicas que inevitablemente rodean su modo rudo de hacer política.

No será diferente en esta ocasión. Durante la entrevista para explicar por qué una institución como el Deutsche Bank catalogaba como sospechosos sus movimientos bancarios, Rendón se defiende, asegurando que entre 2012 y 2014 recibió 198 “ataques” de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro que afectaron su récord bancario. No quiso especificar los ataques, ni cómo podrían afectar su historia bancaria, ni si alguno terminó con el cierre de algunas de sus cuentas bancarias.

¿Por qué Peña Nieto?

Los FinCEN Files han revelado que Deutsche Bank ayudó a mover más de 560 millones de los 677 millones de dólares que figuran en la filtración que involucran a Odebrecht, la constructora brasileña que los fiscales de Estados Unidos acusaron del mayor caso internacional de sobornos en la historia, vinculado al financiamiento de campañas políticas en Latinoamérica, entre ellas, la de Peña Nieto, de la que Rendón fue asesor. Y parte de esa historia pasada ha vuelto ahora como un búmeran no solo en los SAR que monitorean sus transacciones. Ese paso por México sigue levantando sospechas ocho años después.

El pasado 11 de agosto, recién deportado desde Alemania a México, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) que participó en la campaña de Peña Nieto, delató a sus presuntos cómplices en la recepción de pagos de Odebrecht para financiar la campaña presidencial con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconquistó el poder del que lo habían desplazado por doce años.

A Lozoya, quien ahora está cooperando con la justicia de México, lo acusaron tres ejecutivos de Odebrecht de recibir el dinero. Pero el ex director de Pemex ha compartido ahora la responsabilidad diciendo que Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron pagar con ese dinero los servicios a diez firmas de asesorías electorales, entre las que figura la empresa Tulum Investment, de la que Rendón es director. Esta es una de sus tres compañías activas, creada en mayo de 2011 en Delaware, un pequeño estado sobre la costa media del Atlántico, considerado en la práctica como un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.

Según documentos obtenidos de la Fiscalía mexicana y divulgados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estos pagos pretendían ocultar pagos ilícitos provenientes de Odebrecht para los asesores de Peña Nieto. Tales pagos no se reportarían a la autoridad electoral azteca, sino que se disfrazarían como pagos a empresas de extracción de oro, mineral de hierro y de explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

Lozoya creó la empresa Latin America Asia Capital Holding en las Islas Vírgenes Británicas y allí recibió el dinero de soborno de Odebrecht desde una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza. También se usó para este pago Innovation Research Engineering and Development Ltd., otra empresa fachada de Odebrecht, con varios reportes de actividad sospechosa en la filtración de los FinCEN Files. El dinero evadió la fiscalización de las autoridades suizas y mexicanas porque parecía estar pagando negocios, no servicios políticos.

Aunque el nombre de Rendón figura en el juicio que se le sigue a Lozoya, y el propio asesor reconoce que recibió en mayo de 2012 un pago de 250.000 dólares de la empresa creada por el ex director de Pemex en las Islas Vírgenes Británicas, no se han hecho públicas las evidencias que puedan haber de que él haya simulado, como otros colegas, un proyecto minero para recibir el dinero. Aún su caso está en investigación.

Rendón asegura que solo ha visto dos veces a Lozoya y nunca mantuvo comunicación con él. “Para mis efectos no sabía ni tenía que saber de dónde venían más allá de quién los envió”, dijo, refiriéndose a los 250.000 dólares que le depositaron a nombre de la empresa de Lozoya. Se habría limitado, siempre según su testimonio, a verificar que la empresa que remitía los fondos no estuviera en la lista de entes sancionados por el Departamento del Tesoro. 

Sin embargo, al preguntarle sobre en qué lugar y para quién trabajaba en el momento de la transferencia, responde: “Ese no es tu problema. Es información privada”.

El financiamiento de Odebrecht a campañas políticas —que ha quedado al descubierto como un modus operandi con los escándalos de soborno y la detención de las cabezas de la empresa— también tuvo un episodio en Venezuela. 

Rendón fue asesor de Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia, en su postulación presidencial de 2013. Cuando se trata de Venezuela, ha dicho Rendón, trabaja ad honorem. Sin embargo, para 2012, el estratega quiso cobrar nueve millones de dólares por una asesoría de este tipo, dijeron a Armando.info dos personas que fueron parte del equipo que participó en la campaña de Capriles, que en octubre de 2012 se midió con Hugo Chávez en las urnas electorales; la asignación no se dio. Cuando muere Chávez y Capriles se enfrenta a Maduro en los comicios de abril de 2013 por la sucesión, Rendón sí hace parte del comando.

Por allí andaba otra vez la sombra de Odebrecht. La empresa brasileña de obras de infraestructura buscaba mantener sus contratos en Venezuela —que montaban a 30.000 millones de dólares— en el escenario de una eventual salida del chavismo del gobierno. En las confesiones como testigo del caso Lava Jato del superintendente de la empresa en Caracas, Euzenando Azevedo, señala que la empresa brasileña dio 17 millones de dólares para las campañas presidenciales de la oposición que Capriles abanderó. En 2012 dio los primeros dos millones de dólares y en abril del año siguiente, en la revancha contra Maduro tras la muerte de Chávez, aportó otros 15 millones.

“Yo podría demandar al Deutsche Bank por colocar en su sistema de información privado una información sobre mí que me descalifica como eventual sujeto de poder tener transacciones o cuentas bancarias porque me pone como hacker, violador de gente y de estar ligado al narcotráfico”, reiteró Rendón al asegurar que el banco nunca lo contactó para pedirle explicaciones, aclaratorias que no tendría que rendir, de cualquier manera, si no era cliente de ellos.

Rastro de demandas

Si de algo sabe Rendón es de demandar a quien lo señala. Así ha respondido casi ante cualquier escollo, que son varios en su carrera. Ha demandado a la W Radio de Colombia, Caracol Radio, Grupo Prisa y el diario El Espectador de Bogotá por difusión y difamación en artículos. Por ejemplo, cuando Nicolás Uribe, miembro del Partido de la U en Colombia —el primero de Álvaro Uribe, y luego partido de Juan Manuel Santos—, acusó a Rendón de haberlo amenazado con hacer una campaña sucia en su contra si no sacaba del cargo a Ana María Convers, la directora del programa Colombia Joven.

En su acción legal pretendía recibir doce millones de dólares en compensación por las acusaciones que se hicieron en estos medios sobre campañas de desprestigio y guerra sucia que supuestamente dirigió el estratega político en Colombia durante la campaña de Juan Manuel Santos. Este caso no llegó a nada en tribunales de Florida.

El reporte del FinCEN detalla, entre los antecedentes llamativos de la alerta de transacciones sobre Rendón, el caso del pirata informático Andrés Sepúlveda, quien cumple una condena de diez años de prisión en Colombia. Sepúlveda mencionó a Rendón como la persona que le pagó para hackear y conducir ciberataques relacionados con la campaña en nombre de sus clientes políticos, así como robar estrategias e instalar spyware en oficinas de oposición en nombre del presidente Enrique Peña Nieto. Estas denuncias se publicaron en Bloomberg Businessweek el 31 de marzo de 2016 en un reportaje titulado “Cómo hackear una elección”. 

En este caso Bloomberg también fue demandado por Rendón luego de la publicación. En septiembre de 2019 el caso fue descartado por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida y ahora él se prepara para apelar. Cuando llevó este caso a tribunales en Florida, Rendón ya había interpuesto otras cinco demandas por supuesta difamación y daños.

El resumen del SAR incluido en los FinCEN Files también menciona su impasse con el ex presidente de El Salvador y periodista, Carlos Mauricio Funes, ahora exiliado en Nicaragua. Funes lo acusó en 2014 de orquestar campañas de guerra sucia en toda América Latina. Rendón presentó la demanda en la circunscripción de Florida, donde no fue admitida.

Ese mismo año, Rendón entró en el relato de una trama de corrupción en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció un supuesto aporte de dos millones de dólares de dudosa procedencia que habría hecho el publicista venezolano a la campaña de Juan Manuel Santos, de quien fue asesor. El caso comenzó a investigarse en la Fiscalía de Colombia, pero no se encontraron pruebas para respaldar la acusación.

A los señalamientos de Uribe siguieron otros del capo Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos ‘Comba’, quien cumple condena en Estados Unidos. Calle Serna aseguró que él y otros jefes del narcotráfico habían entregado doce millones de dólares a Rendón para que desarrollara una propuesta para la entrega a la justicia de siete narcos. En el expediente se lee que algunas de estas reuniones se hicieron en la oficina del abogado colombiano Abelardo De La Espriella, quien llegó a ser asesor jurídico del empresario Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde en espera de su posible extradición a Estados Unidos, y señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro en empresas comerciales.

El 5 de mayo de 2014 se inició la indagación para verificar si los hechos narrados en los informes de los medios de comunicación efectivamente ocurrieron. Inmediatamente después J.J. Rendón renunció a la dirección estratégica de la campaña para la reelección de Santos, un hecho que llamó la atención a los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank y quedó asentado en el informe de la FinCEN.

La investigación sobre los doce millones de dólares se mantiene archivada por falta de evidencias e información precisa, pero no ha sido dirimida. Si aparece una nueva información relevante, el caso volverá a investigarse.

Para Rendón, todos los antecedentes mencionados constituyen una mala investigación del banco. “El banco en su informe pone un montón de cosas que son falsas y yo considero el informe pobre. Está mal hecho. No confirmado, no actualizado, no hicieron el trabajo de investigación, porque lo que afirma, lo del hacker, está en demanda, él y Bloomberg. Lo del alerta roja de Interpol y las violaciones ya la quitaron los siete países, se echaron para atrás. Lo de los doce millones, está en archivo”, dijo Rendón a Univisión y a Armando.info. 

La opción armada

Pese a la compulsión aparente de J.J. Rendón por ir a tribunales, las denuncias sobre sus manejos no se detienen. Además del caso de Odebrecht que sigue su curso en México, este año el polémico estratega político que opera en las sombras, también estuvo involucrado en el pago de supuestos viáticos a una empresa de mercenarios para explorar la idea de una operación comando que detendría a Nicolás Maduro y a sus allegados.

La llamada Operación Gedeón, el chapucero intento de desembarco de fuerzas especiales en Venezuela en mayo pasado para detener a Nicolás Maduro y provocar su derrocamiento, que dejó ocho personas fallecidas y al menos 13 detenidos —incluidos dos ex boinas verdes estadounidenses condenados ya a 20 años de prisión—, ocurrió luego de varios encuentros de Rendón, como asesor oficial del Gobierno interino de Juan Guaidó, con el ex boina verde Jordan Goudreau, representante de la contratista militar Silvercorp. Si bien el episodio provocó a la postre la renuncia de Rendón, no quiere decir que todos sus detalles se hayan hecho públicos. Por el contrario, aún permanece bajo muchas sombras y las dudas que dejó se han saldado con el desgaste en la credibilidad del líder opositor y jefe del Parlamento.

La versión que ha dado J.J. Rendón sobre este asunto es que él sostuvo entre tres y cuatro encuentros con Goudreau. El ex boina verde, según Rendón, pidió una cita para plantear un proyecto post cese de la usurpación para el entrenamiento de las fuerzas militares. En ese encuentro, Goudreau le notificó que ese plan estaba gestándose con militares en el exilio desde noviembre del año 2018. Sin embargo, en un contrato presentado por el contratista estadounidense, cuando la operación ya había fracasado, aparece la firma de Guaidó, de J.J. Rendón y del diputado Sergio Vergara. El representante de la empresa de mercenarios solo mostró siete de las ocho páginas del documento que también firmó como testigo el abogado Manuel J Retureta, un penalista cubano-americano que ha defendido a varios narcos colombianos, que estaba accesible para ese momento en Miami, según Rendón.

El operativo pretendía detener y capturar a Nicolás Maduro para entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Para lograr esto, Silvercorp cobraba unos 212,9 millones de dólares. Rendón enfatizó que se trató de “un acuerdo preliminar que no se perfeccionó” porque Goudreau debía demostrar cómo se iba a financiar la operación, quiénes eran los involucrados y que el contrato sólo tenía vigencia de cinco días. Asegura que Guaidó no firmó el contrato, al menos él no lo vió, pero sí lo firmaron 200 personas que no especificó.

Pese al desistimiento en la operación que ha alegado J.J. Rendón, y su posterior fracaso, el estratega giró una transferencia bancaria desde su cuenta personal por 50.000 dólares como una “indemnización por gastos operativos o viáticos” que salieron de su bolsillo altruista que tiene reservado para liberar a Venezuela de la dictadura. “El señor Jordan cuando se reunió con nosotros, que sí se reunió como tres o cuatro veces, algo así, pidió una cobertura de gastos de traslado y esa cobertura se la pagué yo. Y tengo mi respaldo que es un pago de gastos. De boletos, comida, taxi, Uber, de seis traslados desde diferentes ciudades de Estados Unidos para venir a hablar con nosotros”, dijo en una entrevista.

La “fase exploratoria” de la operación alcanzó no solo para gastar 50.000 dólares sino también para realizar dos reuniones con militares venezolanos en el exilio en la residencia de Rendón en Miami.

Fuentes vinculadas a la operación describen uno de los encuentros como “una especie de performance”. Debieron quitarse los zapatos para entrar a la residencia, un lujoso apartamento en Brickell, la zona comercial y de oficinas de Miami. En el lugar estaban sus espadas y los samurai con los que ha adornado la leyenda de su personaje de asesor político, siempre vestido de negro como los guerreros japoneses. En el sanitario, el papel higiénico tenía estampada una caricatura del rostro del fallecido presidente Hugo Chávez.

La primera reunión se dio en octubre de 2019, apenas cinco meses después del fracaso de la intentona de rebelión del 30 abril, cuando —según militares consultados— Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López rompieron los acuerdos y se adelantaron un día para el operativo.

Más allá del personaje creado detrás del estratega político que se ha forjado en América Latina, los militares ligados a esta operación argumentan que buscaron a Rendón porque tenía los contactos necesarios en Estados Unidos. Para esa fecha, Rendón ya estaba en la Comisión de Estrategia del gobierno interino de Venezuela, un cargo para el que fue designado en agosto de 2019. Según ellos, el llamado “rey de la propaganda negra” podía hacer el lobby para obtener apoyo y reconocimiento a la operación. Así se embarcaron en una segunda cruzada.

En esa primera reunión, el consultor se dedicó a demostrar que no solo sabe negociar, tiene contactos y traza estrategias políticas, sino que además tenía en su currículum experiencias y destrezas certificadas para merecer el cargo de comandante en jefe. “Él (J.J. Rendón) siempre pensó que la solución de Venezuela es armada, pese a que su fortaleza es electoral”, dijo una persona cercana a su círculo laboral. El plan iba muy en serio y la configuración de un nuevo mito también.

Para respaldar sus pretendidas habilidades como líder castrense alegó que es hijo de un militar retirado, un suboficial del Ejército. Dijo que había tomado cursos en Estados Unidos sobre entrenamientos tácticos. Aseguró que tenía pericia en el uso de armas y recordó que había formado parte de la operación militar que logró la liberación de la ex candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Buscaba nuestro respeto”, dice uno de los militares que estuvo en el complot.

El acuerdo preliminar para la eventual extracción de Maduro y de otras personas del Gobierno, iba a costarle a Rendón, y al gobierno interino, un pago multimillonario que debía cubrirse o con futuras exportaciones de petróleo o con la confiscación de las ganancias ilícitas del círculo de confianza de Maduro, según publicó el diario The Washington Post.  Pero mantener a los 200 combatientes en el lado colombiano mientras se ejecutaba la acción costaba 2.000 dólares diarios, según una fuente involucrada con el operativo.

Cliver Alcalá, militar en retiro que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar involucrado en el narcotráfico en Venezuela, fue detenido en Colombia mientras se gestaba el plan. Él era quien lideraba el entrenamiento de estos jóvenes. Las fuentes consultadas por Armando.info aseguran que al ver que el gobierno de Estados Unidos quitó el apoyo a la incursión con la orden de captura del líder militar de la operación, varios de los combatientes comenzaron a echarse para atrás.

A la Operación Gedeon del pasado 3 de mayo solo llegaron 60 hombres y fue otro fracaso. Y al fracaso siguió la inmolación de Rendón, como lo hizo cuando la campaña de Santos, un control de daños que él muy bien sabe hacer. Liberó de culpas a Guaidó en el camino que supuestamente fue exploratorio, se desligó del resultado final, renunció al cargo de estratega y ahora mantiene la tesis de que la operación siempre estuvo infiltrada y financiada por el gobierno de Maduro.

“El error de la comisión fue no haber denunciado que algo podía pasar, pero la denuncia la hicimos a lo interno”, dijo Rendón.

Asesores que han trabajado con Rendón señalan que el estratega selecciona a sus empleados con incisivas pruebas en las que somete a los aspirantes a jornadas de 48 horas de trabajo sin dormir y duras evaluaciones psicológicas. Todo bajo estrictos acuerdos confidenciales. Uno de los retos de este proceso de selección consiste en encerrar al grupo de contrincantes por el cargo en una habitación para que resuelvan un problema solo con lo que llevaban encima. En una gymkana como esta parece haber derivado la Operación Gedeón, otra oscura polémica aún llena de nieblas que se suma a la carrera J.J. Rendón. 

A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una vivienda social en San Francisco de Yare, localidad en el estado Miranda, a unos 75 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están estampados los ojos vigilantes del ex presidente Hugo Chávez.

Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, explicó. “No podemos andar comprando a cada rato".

Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país.

Poderosos hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, participaron en el desastre. Los movimientos bancarios de algunos de los llamados boliburgueses aparecen en una muestra de reportes confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 108 medios más, incluido Armando.info. La filtración devela el rastro del dinero saqueado del erario público y suma piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del país, mientras la economía se derrumbaba.

La filtración, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, su acrónimo en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En los reportes aparece, por ejemplo, Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con cercanas conexiones gubernamentales. El empresario envió secretamente al menos 116 millones de dólares de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción del edificio en el que vive Ramírez, que forma parte de la Gran Misión Vivienda, el programa social por el cual el gobierno venezolano asegura haber construido millones de viviendas que asignó a familias pobres.

Ceballos es uno de al menos siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen reflejados en los documentos que integran los FinCEN Files. Se trata de hombres de negocios, famosos por su amor hacia los relojes Rolex y las carreras de caballos, que viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.

Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Otras filtraciones ya habían revelado que bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Bär Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, en operaciones que los documentos de la FinCEN y otros reportes ahora confirman como sospechosas.

El Banco Espirito Santo (BES) —el más importante de Portugal y que fue disuelto luego de quebrar en 2014— movió más de 100 millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadounidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las instituciones del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files haciendo enormes pagos a las empresas de Ceballos —a través de una empresa de papel registrada en Londres— destacaban la petrolera estatal Pdvsa y la Misión Che Guevara, un programa de empleo adscrito al Ministerio para las Comunas y Protección Social.

Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos corresponsales”, un papel de intermediario por el que los bancos transnacionales conectan entidades más pequeñas al sistema financiero global.

Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ de los SAR incluidos en la muestra obtenida por Buzzfeed News. Cerca de 70% de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la estatal petrolera, como protagonista.

“Esa es la conexión que la gente no hace”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que el venezolano no tiene es por el dinero que se ha ido afuera”.

Una empresa familiar

En una comunidad exclusiva ubicada a las afueras de Miami, Florida, la casa de Ceballos ocupa la esquina de Jockey Circle con Steeplechase Drive. Al otro lado de la calle, algunos caballos mordisquean el abundante césped verde de las casas.

A media de hora en carro de la casa se encuentra el hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach. Ahí, caballos del establo de Ceballos compiten cada semana por premios que alcanzan hasta 75.000 dólares. En la entrada, un Pegaso de 30 metros de altura se encabrita encima de un dragón derrotado. Es la segunda estatua más alta de Estados Unidos, después de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Para Ceballos, ganar una carrera de caballos es uno de los grandes placeres de la vida. Es como “darle un beso a una mujer bella”, dijo en una entrevista publicada en 2016 en su propio sitio de Internet.

La fortuna de Ceballos viene del negocio de la construcción que heredó de su familia, iniciado hace décadas. Su madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos, fundó el negocio en 1978, y muchas de sus operaciones fueron consolidadas en el año 2000 bajo la empresa principal, Inversiones Alfamaq. Grupo 7C, la empresa matriz de la familia, toma su nombre de Maura y sus seis hijos; siete integrantes de la familia Ceballos.

Durante el gobierno de Chávez, la familia Ceballos ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas, el principal sitio de eventos deportivos y espectáculos de la capital venezolana. “No hay un estado en Venezuela donde, a lo largo de estos 37 años, Alfamaq no haya trabajado”, se jactó Alejandro Ceballos en una entrevista en 2016.

Ceballos ha sido acusado de corrupción. La Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición desde enero de 2016— lo investigó en 2018 por su presunta participación en varios esquemas diseñados para robar recursos públicos. En 2010 fue señalado por intervenir en el desvío de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); en otra ocasión, colaboró en la venta fraudulenta de terrenos públicos en una zona turística en Lechería, el Acapulco venezolano, sobre la costa nororiental del país. Las investigaciones, que Ceballos tachó como “acusaciones infundadas” promovidas por “intereses malsanos”, fueron abandonadas.

La familia Ceballos mantuvo sus lazos cercanos con la élite venezolana en el poder durante el gobierno de Maduro. En agosto de 2016, el gobierno venezolano firmó un acuerdo con Gold Reserve, una empresa minera canadiense especializada en la extracción de oro. Después de la ceremonia oficial, protagonizada por el propio Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, una celebración se llevó a cabo en la mansión de cuatro pisos de Ceballos, ubicada en la exclusiva urbanización del Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas, según contó un empleado de la familia a Armando.info. Inversiones Alfamaq adquirió acciones en Gold Reserve y proveyó “servicios de apoyo” en una operación minera de metales preciosos en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Ceballos no contestó a las solicitudes de entrevista que le envió ICIJ, ni respondió a un cuestionario que recibió en agosto. En un correo electrónico a un reportero de ICIJ dijo que tenía dificultades para acceder a documentos debido al confinamiento por la pandemia de covid-19. Posteriormente, dejó de contestar a correos electrónicos que le ofrecían un plazo más amplio para dar su versión.

“Visto lo indicado le manifiesto la imposibilidad de satisfacer sus pretensiones en el lapso previsto, y ratifico la consideración que se merece el arrojo, valentía y ética de los periodistas, siempre y cuando su trabajo tenga como norte el respeto por la verdad”, escribió Ceballos.

“Saquear una nación”

Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los FinCEN Files permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron a recorrer su camino.

La información viene de los propios bancos. Un banco debe enviar un reporte de actividad sospechosa al FinCEN si “sabe, sospecha o tiene una razón de sospechar” que una transacción que transita por Estados Unidos tiene un origen criminal o no tiene un propósito de negocios claro. Estos reportes no son denuncias formales, pero constituyen la línea de defensa más fuerte y temprana del sistema bancario contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos corruptos, narcotraficantes o delincuentes comunes. Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas.

Sin embargo, los documentos de la filtración muestran que los bancos a menudo se limitan a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando enfrentaron indagaciones por sus propias acciones.

Así fue como la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo —sancionado por el gobierno estadounidense en 2005 por abrir cuentas secretas al dictador chileno Augusto Pinochet—, procesó transacciones vinculadas con Ceballos por más de 262 millones de dólares. Tardíamente trató de verificar si eran legítimas, pero ya no pudo. Pagos a familiares que parecieron “excesivos” a los oficiales de cumplimiento; documentos justificativos que “despertaron muchas preocupaciones” y transacciones con entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero calificadas como “artificiales por naturaleza”, están en los partes que el banco portugués envió a los reguladores en 2013 y 2014.

Los bancos contactados para esta historia evocaron la privacidad de sus clientes y la naturaleza confidencial de los reportes de actividad sospechosa para justificar que no responderían a preguntas precisas sobre las transacciones.

El CBH de Ginebra negó cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero vinculadas con Venezuela. El Julius Bär Group dijo que lamentó sus fallas del pasado y que recientemente tomó medidas para reforzar sus controles contra el lavado de dinero.

Los bancos vinculados con negocios sospechosos hacia Venezuela enfrentaron distintas respuestas de los reguladores. Algunos, como el CBH, escaparon a una revisión de fondo. El gobierno de Suiza prohibió a Julius Bär realizar “adquisiciones grandes y complejas”, y nombró a un auditor independiente para vigilar sus actividades. En el caso del Espirito Santo, terminó disuelto por los reguladores portugueses, luego de las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a Venezuela, que en 2014 el Wall Street Journal ya había revelado. Después del cierre, la oficina de Miami fue renombrada Brickell Bank, tras ser adquirida en 2019 por Banesco USA, operación en Estados Unidos de un grupo financiero venezolano. Banesco USA dijo que la unidad ya no tiene directores que hayan trabajado con los dueños anteriores, y que puso en marcha un robusto programa de combate al lavado de dinero.

Pero los castigos llegaron cuando el mal ya estaba hecho, y miles de millones de dólares ya se encontraban fuera de Venezuela. En estos casos quedó probado que los supervisores del sistema financiero global no pudieron contener el torrente de dinero que fluyó del erario venezolano hacia cuentas bancarias privadas abiertas en Ginebra o Miami, según encontró ICIJ.

“Los banqueros están totalmente insertos en este esquema de saquear la riqueza de una nación”, dice Martín Rodil, fundador y director general de InterAmerican Solutions, un despacho de consultoría que asesora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones contra Venezuela. “Sin los bancos, esto nunca hubiera ocurrido”.

La cartera venezolana

El 2012, Venezuela otorgó un contrato de 126 millones de dólares a Energy Coal SpA, una empresa energética italiana, para construir 1.540 departamentos destinados a personas de bajos recursos en San Francisco de Yare. El trato comprometía al gobierno venezolano a entregar coque —un combustible sólido parecido al carbón, subproducto del procesamiento de crudos pesados en Venezuela— a la empresa italiana, a cambio de las viviendas. Sin capacidad técnica ni experiencia, Energy Coal subcontrató el trabajo a Sarleaf Limited, una sociedad basada en Londres, controlada por Ceballos y sus familiares.

Abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir la participación de la familia Ceballos en la sociedad, según un reporte que el Espirito Santo envió posteriormente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La sociedad offshore fue creada por “motivos de seguridad”, para “proteger a la familia Ceballos de estar expuesta en Venezuela”, escribió el banco.

 Entre abril de 2013 y enero de 2014, según los reportes del Espirito Santo, Pdvsa y la Misión Che Guevara pagaron más de 146 millones de dólares a Sarleaf. La compañía luego distribuyó decenas de millones de dólares a empresas y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos. Alejandro Andrés Ceballos, el hijo de Ceballos, fue el más beneficiado en el reparto. Amasó 22 millones de dólares en una cuenta bancaria creada para gestionar sus “ahorros, inversiones y gastos personales”, y otros 22 millones en una sociedad en Panamá que “provee servicios de facilitación de importación y exportación de productos en la industria de la construcción”. Alejandro Andrés Ceballos no contestó a las preguntas que ICIJ envió a su empresa, Proyectos y Construcciones 1128, y a Inversiones Alfamaq.

La familia Ceballos se aprovechó de una abundante fuente de ingresos del gobierno de Venezuela. Pero para disfrutar del dinero lejos de la crisis que azota Venezuela, y comprar propiedades y caballos de carrera en el sur de Florida, la familia necesitaba ayuda.

El Banco Espirito Santo, entonces el segundo mayor prestamista de Portugal, y su oficina en Miami, estaban dispuestos a ayudar. Como parte de una agresiva estrategia de crecimiento, Ricardo Salgado, su director general por largo tiempo, había cultivado vínculos cercanos con funcionarios y familias adineradas en países en desarrollo, entre ellos, Venezuela.

En 2012, el Espirito Santo creó una cuenta corriente para Sarleaf, la compañía offshore controlada en secreto por la familia Ceballos. El banco procesó más de 262 millones de dólares en pagos ligados con Sarleaf, pero también transacciones vinculadas con los magnates Isabel Dos Santos, de Angola, y Dmytro Firtash, de Ucrania, según muestran los FinCEN Files. Dos Santos y Firtash enfrentan cargos de corrupción en Angola y Estados Unidos, respectivamente.

En 2014 el Espirito Santo se derrumbó. Las autoridades portuguesas disolvieron el banco y movieron sus activos sanos al Novo Banco, una institución controlada por el Banco Central de Portugal. Salgado fue detenido y pasó un breve momento en la cárcel. En julio de este año, las autoridades lo acusaron de lavado de dinero, sobornos, malversación y defraudación fiscal.

El banco suizo CBH también ha sido repetidamente vinculado con venezolanos acusados de corrupción. Entre sus clientes más prominentes destacaba Alejandro Betancourt, quien a los 29 años fundó Derwick Associates, una empresa de energía de los popularmente conocidos como los bolichicos, que ganó miles de millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación para arreglar la todavía hoy defectuosa red eléctrica de Venezuela.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, y otras siete personas, por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero que involucró más de 1.200 millones de dólares. En el reporte criminal, Betancourt quedaba señalado como co conspirador anónimo, según reportó el Miami Herald.

A pesar de los esfuerzos de Betancourt para cerrar el caso —hasta contrató a Rudolph Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para cabildear ante el Departamento de Justicia—, los fiscales siguieron hurgando. En febrero reciente, la máxima corte de justicia de Suiza ordenó al CBH y otros bancos suizos que entreguen sus expedientes sobre Betancourt a los fiscales de Estados Unidos.

En 2019, Bloomberg News reportó que el CBH ayudó a sus clientes venezolanos a ambos extremos de las transferencias de dinero, y les permitió utilizar los inmuebles del banco en Ginebra como su dirección; un privilegio especial que les ayudó a evadir el escrutinio.

El Julius Bär Group fue otro de los bancos suizos usados por los más altos ejecutivos de Derwick. Betancourt y Convit eran clientes personales de Matthias Krull, asesor de clientes para Venezuela de Julius Bär. En octubre de 2018, Krull fue condenado en Florida a una pena de diez años de cárcel por su participación en el esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares.

El CBH negó estar involucrado en actos de corrupción vinculados con Venezuela, y cuestionó la nota de Bloomberg. El banco dejó todas sus inversiones de Venezuela en 2013, dijo su director jurídico, Christopher Robinson, a los socios de ICIJ en el Miami Herald. “CBH nunca ha participado, facilitado o tolerado lavado de dinero, corrupción, malversación o cualquier otros actos ilegales y transacciones bancarias ilegales”.

El Julius Bär Group dijo, por su parte, que Krull perpetró sus delitos más allá del alcance de sus deberes oficiales en el banco, y que salió del mercado venezolano en 2018. El banco dijo que en los últimos tres años ha tomado “medidas exhaustivas” para mejorar su monitoreo. “Deploramos las fallas identificadas en nuestros negocios con clientes de América Latina”, dijo el Julius Bär Group a ICIJ en una declaración.

Un abogado de Betancourt dijo que su cliente desmiente cualquier irregularidad y un abogado de Convit se negó a declarar.

La conexión Wall Street

Los flujos ilícitos de efectivo no solo corren a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres. Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal (el equivalente en Estados Unidos a un banco central) otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discrecional, que se realiza a cambio de una cuota para bancos más pequeños o regionales, permite el funcionamiento del engranaje financiero global.

Los reportes a la FinCEN muestran que estas instituciones financieras, conocidas como bancos corresponsales, enviaron alertas a las autoridades de Estados Unidos sobre decenas de pagos sospechosos que involucraron a Derwick, CBH y Julius Bär.

Para asegurarse de que no están moviendo dinero ilícito, se supone que los grandes bancos deben vigilar a sus clientes —los bancos más pequeños— y los millones de pagos que fluyen a través de sus cuentas. Los reportes de actividad sospechosa muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los bancos corresponsales son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades criminales o de corrupción. Muchas veces, señalan transacciones solo años después de que ocurrieron.

Los bancos corresponsales jugaron un papel crucial en permitir que el producto de presuntos actos de corrupción en Venezuela viajara desde Caracas a Zúrich, pasando por Nueva York, para luego ser gastado alrededor del mundo.

Por ejemplo, Derwick envió cerca de doce millones de dólares a una sociedad llamada Mediterráneo Global Investments. Standard Chartered, que actuó como banco corresponsal, determinó tiempo después que los pagos eran sospechosos, pero no pudo determinar “ni el perfil de negocios ni la identidad” de la compañía.

Una mirada más profunda a sus propios archivos le hubiera ofrecido información valiosa: apenas un mes antes, el mismo banco, Standard Chartered, había señalado a Mediterráneo como receptor de 6,5 millones de dólares de una compañía relacionada con Martín Lustgarten. Este magnate austríaco-venezolano fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2015 por lavar millones de dólares de carteles de la droga a través del mercado negro de divisas en Venezuela.

Lustgarten negó los cargos, que posteriormente fueron abandonados, ya que sus abogados determinaron que los fiscales no pudieron obtener documentos bancarios clave de otros países, como Suiza. Tres de las sociedades de la red de Lustgarten usaron cuentas bancarias en CBH, según encontró el Standard Chartered.

Un informe de JP Morgan Chase fechado en febrero de 2017 —mientras actuaba como banco corresponsal— señaló transferencias realizadas por Julius Bär. El informe examinó compañías sospechosas y pagos vinculados con Alejandro Istúriz, un funcionario del área de contratos de Pdvsa. El año pasado, Istúriz fue condenado en Texas por cargos federales de lavado de dinero.

Una compañía de Panamá vinculada con Istúriz, Large Investment Inc, apareció en el mismo reporte. Usó una cuenta en Julius Bär en Suiza y pagó o recibió dinero de otras tres entidades. Istúriz es prófugo de la justicia de Estados Unidos. ICIJ no pudo contactarlo para este reportaje.

En una declaración a ICIJ, JP Morgan Chase reconoció que, a principios de la década, su régimen antilavado “necesitaba mejorar”, pero que ahora ha tomado el liderazgo en el combate contra los delitos financieros. Standard Chartered señaló que invirtió más en su programa de cumplimiento y llevó a cabo “una transformación exhaustiva y positiva en los últimos años”.

Mundaray, el ex fiscal venezolano, dijo que el dinero derivado de la corrupción pública en Venezuela ha sido lavado a escala masiva. “Lo que empezó con los pequeños bancos cómplices ha inundado todo el sistema bancario”.

Siguen ganando

La administración del presidente Donald Trump adoptó una línea dura contra Venezuela. En marzo pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro por tráfico de drogas y corrupción. También sancionó a más de 90 funcionarios de su gobierno y de instituciones públicas, incluyendo el Banco Central y Pdvsa.

Pero la mayor parte de los empresarios socios del gobierno de Venezuela escaparon a la persecución, a pesar de que sus actividades financieras despertaron alertas.

De al menos 26 personas, compañías y agencias del Estado venezolano que aparecen en los FinCEN Files, solamente tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). La impunidad de la que gozan muchos de los boliburgueses es una consecuencia directa del fracaso de los bancos en aplicar un monitoreo apropiado a las actividades financieras de sus clientes, agregó Mundaray. “Ninguno de los bancos investigó lo suficiente”, dijo. “Porque lo que realmente pasaba era el saqueo de un país”.

Además de los destinos predilectos, como Miami y Suiza, recientemente las élites de negocios cercanas al régimen de Maduro eligieron nuevos escondites para sus fortunas, como Hong Kong, Chipre y Turquía.

En Venezuela, la familia Ceballos sigue ganando contratos públicos. Entre sus últimas adjudicaciones destacan la reparación del sistema de agua potable en el estado Anzoátegui -noreste del país- y de estaciones de bombeo en otros tres estados. Ambos proyectos están en ejecución.

No queda clara la regularidad con la que Alejandro Ceballos pernocta en su casa de las afueras de Miami pero su Grupo 7C Racing Stable —la compañía que gestiona los caballos en las competiciones— floreció y ha ganado al menos 116 carreras desde su fundación.

En 2016, el caballo Majesto compitió en el Kentucky Derby, una de las carreras de la Triple Corona de Estados Unidos, un evento con el que Ceballos había soñado desde que tenía seis años, según dijo. En una entrevista previa a la carrera, Ceballos expresó su confianza en que los venezolanos apoyarían una victoria de Majesto. “Yo le quiero decir a Venezuela que sienta ese caballo como suyo”, dijo. “Es el esfuerzo de los venezolanos”. Majesto, ese día, perdió.

(*) Este reportaje contó con la contribución de: Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Tamoa Calzadilla, Sylvain Besson, Kevin Hall, Antonio Delgado, Jay Weaver, Ewald Scharfenberg.