De ese monto, un millardo correspondía a Oswaldo Cisneros, el empresario venezolano dueño de Digitel que, sentado frente a Maduro, dejó clara esa tarde su incursión en el mundo petrolero. La encomienda presidencial no era menor: Cisneros y su participación debían contribuir con triplicar la producción de crudo de unos pozos en Monagas en un plazo de 5 años.

Pero Cisneros no estaba solo allí. En el camino que lo llevó a la sociedad de su compañía Delta Finance con Pdvsa para impulsar la creación de la empresa mixta Petrodelta (de la Faja del Orinoco), le acompañaron Francisco D’Agostino y Alessandro Bazzoni. El primero asociado al escándalo de las compras eléctricas de Derwick Associates con el gobierno de Hugo Chávez, y el segundo, un desconocido empresario italiano.  

La firma del acuerdo sorprendió a observadores del negocio petrolero por la inesperada incursión del magnate de las telecomunicaciones, obviando a los otros dos emprendedores. El caso retrata la ávida determinación de nuevos actores, incluso de otras áreas, por auxiliar financieramente a Pdvsa y, así, entrar en sus negocios tomando las plazas que los socios tradicionales dejan en el país, agotados de lidiar con una empresa en declive y en medio de una economía de posguerra.

D’Agostino y Bazzoni tampoco tienen expedientes históricos de servicios profesionales en la industria petrolera venezolana. Sin embargo, sus señas en conjunto aparecen en los registros de empresas en Barbados y Malta, según documentos obtenidos en una filtración del bufete Appleby por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, mejor conocida como Paradise Papers.

Consultado sobre sus inversiones petroleras, D’Agostino, quien es socio de Daycohost y miembro de la junta directiva del Banco Occidental de Descuento, así como cuñado del político de oposición Henry Ramos Allup, alegó que su empresa de negocios petroleros, Element Capital, fue excluida del sistema de contratación de PDVSA y, por lo tanto, no mantiene negocios con la estatal. 

Bazzoni confirmó que es socio minoritario de Petrodelta y asesor de la empresa Elemento LTD, la cual “sólo pudo comercializar cuatro buques de PDVSA entre febrero y abril de 2017”. Agregó que su relación actual con D’Agostino es solo social. Ambos negaron tener negocios con Derwick Associates, señalada en múltiples trabajos de periodismo de investigación de haber defraudado al Estado venezolano con venta de plantas eléctricas con sobreprecio.

Espejo roto

Es el área de consolidación de capital para negocios petroleros donde Bazzoni y D’Agostino saltan a la vista. En 2015, un año antes del anuncio en Miraflores, ya Cisneros, D’Agostino y Bazzoni estaban en la faja como parte de Petrodelta como directores de Harvest (la socia originaria de PDVSA en la compañía mixta), de la cual habían comprado una parte y para la que diseñaron un plan de financiamiento con la idea de reposicionar a la empresa de origen argentino en Venezuela.

Esta entrada al negocio del tuvo su costo. Implicó que la empresa CT Energy Holding, controlada para el momento por los tres socios según documentos de la Security Exchange Commission (SEC), comprara notas financieras a Harvest por unos 60 millones de dólares. Luego se concretó el desplazamiento total de Harvest (que ya quería marcharse del país) por parte de los venezolanos que entonces se convirtieron en socios directos de PDVSA. 

Por el lado de PDVSA el camino estaba allanado. Harvest tenía años tratando de zafarse de su sociedad con la estatal, que bloqueaba sus intentos exigiendo más capitalización. “Harvest es un ejemplo de un socio que no tiene la capacidad (financiera para invertir en el negocio petrolero). Ellos sólo quieren el dividendo, no invertir”, dijo Eulogio Del Pino, entonces presidente de PDVSA, a Reuters.

Cuando llegó CT Energy, PDVSA -ávida de dinero fresco- desbloqueó el paso a la sociedad. El empresario de origen italiano intentó durante varios años entrar en el negocio petrolero en Venezuela y el apuro de Harvest en salir del país era su oportunidad. Pero Bazzoni, por su desconocida trayectoria, levantaba sospechas entre los funcionarios de PDVSA, según dijo un ex funcionario de la estatal. Además, no conseguía el financiamiento. Hasta que se asoció con Cisneros, comenta la fuente.

Documentos del registro de empresas de Barbados revelan una serie de empresas off shore de nombres similares a CT Energy Holding, que finalmente entabló con Pdvsa la empresa mixta Petrodelta. En todas participan Bazzoni y D’Agostino como accionistas, directores o jefes de finanzas. En muchos casos cambia sólo el “apellido” de la compañía: CT Energía Holding, CT Derivatives Corporation y CT Energía Oil and Gas LTD. Algunas, como CT Energy Holding SRL, tienen su sede en Las Mercedes, en el edificio de Daycohost, la empresa propiedad de la familia de D’Agostino. 

Otras radican en Malta y Barbados. Inglaterra es otra sede de dos emprendimientos en conjunto: Elemento Solutions Limited y Elemento Services Limited. Los registros indican que la naturaleza de las empresas es la compra y venta de petróleo. Cisneros no aparece en ellas pero la sociedad de D`Agostino y Bazzoni  en CT Energy Holding sella el acuerdo financiero con Harvest en junio de 2015 y entra como socia de PDVSA en Petrodelta, en noviembre de 2016. 

En el ínterín, varias de las socias previas de Bazzoni en negocios de financiamiento petrolero -Centauro, Chemoil, Saltpond e Imperial Energy Ventures- inician consultas en cortes anti-fraude de Texas y Nueva York señalando a las empresas off shore del italiano por desvío de fondos, incumplimiento de contrato e irrespeto acuerdos de jurisdicción. Una de ellas exige resarcir daños hasta por 21 millones de dólares.

Desde Barbados, la caída de Bazzoni llegó hasta Nueva York. En la isla caribeña, el empresario había incorporado una empresa denominada Cinque Terre Financial Group, que un juez ordenó liquidar en abril de 2016 por insolvencia y deudas. Sin embargo, el liquidador de Barbados observó que a pesar de haberse iniciado el proceso de liquidación Bazzoni abrió filiales de Cinque Terre (curiosamente con el nombre de CT Energía LTD), tanto en esa isla como en Malta. 

Por lo pronto casi nada se sabe de la productividad de la alianza entre PDVSA y estos socios. A más de un año de haber sellado su compromiso de aumentar producción es toda una incógnita si estos aliados no convencionales que conformaron Petrodelta contribuyeron al Plan Siembra Petrolera.

Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados al norte del estado Bolívar y al sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2.248 contenido en la Gaceta Oficial 40.855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno venezolano pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo nacional para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.

“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en el año 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de Tantalio y Niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Ahora la filtración Paradise Papers, que contiene millones de documentos provenientes del bufete Appleby en el archipiélago de las Bermudas y de registros mercantiles en varios paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Suddeutsche Zeitung y compartidos mediante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República tras vencer por ajustado margen a Henrique Capriles. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.

En busca del coltán

El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó a nombre de la compañía un acuerdo con el Gobierno, representado por el entonces Ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2.359, publicado en la Gaceta Oficial 41.026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el restante 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.

Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa en la Torre Hener, en El Rosal, una zona financiera de Caracas. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.

Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial 41.046, determinó que la flamante empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita, Casiterita, Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y oro, incluyendo su aprovechamiento” en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450 mil bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo al acta de la asamblea de accionistas publicada allí.

Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y sólo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno venezolano para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica que “somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.

El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine), que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno nacional. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Angel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa. Un reportaje de efectococuyo.com, publicado en septiembre del año pasado, mostró ese vínculo entre Corporación Faoz y Ecomine, así como que ambas tenían la misma oficina en la Torre Exa, otro complejo de oficinas en la zona de El Rosal, en Caracas.

El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo a la reseña, los mil kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.

Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a la agencia estatal que “estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan, es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.

Un reportaje firmado por los periodistas Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, publicado el 4 de marzo de 2012 en Armando.info, comprobó que el mineral se estaba comercializando de forma ilegal en plataformas de internet. “Justo en Paguaza –en el estado Bolívar, piedemonte del macizo guayanés– se ven los primeros indicios de la fiebre del coltán”, se relata en el trabajo. Se afirmaba, además, que entre 2009 y 2011 la Guardia Nacional incautó casi dos toneladas de coltán a siete personas, según registros judiciales.

El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del Gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Nicolás Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”.  “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Palestina, vénganse completa a trabajar el oro, el diamante, el petróleo, el gas, el coltán, vénganse. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió el jefe de Estado.

Esas prisas que desde el año pasado muestra el presidente de la República por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Chávez como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, quienes han intentado infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia acciones legales contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco. “El 5 de agosto (de 2016) el país vio el acto más oprobioso de los últimos 200 años”, sentenció en una entrevista de televisión Alcalá Cordones a propósito de los acuerdos entre el Gobierno y compañías como la desconocida Corporación Faoz.

Chávez los expulsó, Maduro pactó

Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno nacional que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a quien Hugo Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para conformar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó la administración de Nicolás Maduro luego de que en 2014 la minera obtuviera en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.

“De un conflicto y un pleito que teníamos ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 mil millones de dólares”, argumentó Maduro en febrero del año pasado cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto, en realidad, obliga a Venezuela a saldar el laudo, que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.

Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo al decreto presidencial 2.465 publicado en la Gaceta Oficial 41.000. Allí quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining Inc de Barbados.

Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering Inc. “GR Engineering Inc brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica el sitio web de Gold Reserve.

Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado un aproximado de 7 millones de dólares en el proceso de conformación de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio para el Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.

Mientras el Gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM) alertaron recientemente que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”

Como la metáfora de ese jugador que es cuarto bate, cátcher y novio de la madrina del equipo, el párrafo anterior es apenas el primero de ocho objetivos que se abroga la compañía Pdvsa Marketing Internacional (Aruba) A.V.V., establecida en esa isla caribeña con un capital de 30.000 dólares, un monto más que modesto para las pretensiones de también emitir y comprar bonos, participar en la liquidación de compañías o participar en “todo tipo de contratos con propósito legal”. Así lo señala el documento constitutivo de la empresa, uno de los 13,4 millones de documentos obtenidos en una filtración del bufete Appleby por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, mejor conocida como Paradise Papers. 

En el documento consta que la empresa se constituyó el 22 de julio de 1991 y fue reflotada en el 2009 con las firmas de Asdrúbal Chávez –para la fecha vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa y actual presidente de Citgo– y Eudomario Carruyo, entonces vicepresidente de Finanzas de la estatal petrolera, caído en desgracia tras ser señalado de participar en el desvío de recursos que acabó con el Fondo de Pensiones de la empresa. Aunque no hay rastros claros que adviertan si la empresa hizo alguna contratación a través de esa sucursal arubeña y de la que no deja registro formal en algún lado, la constitución de esta empresa en un paraíso fiscal dista de ser una práctica aislada en los tiempos de la Pdvsa “roja rojita”.

También en el año 2009 Pdvsa Gas contrató los servicios del bufete Appleby para la constitución de la empresa Pdvsa Gas Accro Ltd –en sustitución de otra conocida como Accroven Holdings Ltd–la cual fue registrada en Barbados en septiembre de ese año con un abanico de objetivos y propósitos más ambiciosos relacionados con la explotación gasífera.

En el año 2010 firma como su único director el entonces gerente general de la División Costa Afuera de Pdvsa, Ricardo Coronado, quien luego de escalar altas posiciones dentro de la industria fue señalado por corrupción por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y salió del país mucho antes de la razzia que ahora tiene tras las rejas a directivos como Eulogio del Pino y Nelson Martínez, entre otros 63 trabajadores de la empresa.

Aunque oficialmente la dirección de Finanzas de Pdvsa Gas no respondió un cuestionario enviado sobre el alcance y funcionamiento de esa empresa –sobre la que no da cuenta en algún informe de gestión– una fuente de la petrolera confirmó que la oficina se encuentra activa, aunque no adelantó la naturaleza de sus actuaciones.

La filtración del bufete Appleby también da cuenta de que la empresa WillPro Energy Services (Pigap II)  fue adquirida por Pdvsa Gas por un monto de 112,4 millones de dólares –especializada en servicios de inyección y compresión de gas– y se encuentra registrada en las Islas Caimán, aunque tiene oficina establecida en Maturín, estado Monagas. A pesar de los intentos no pudo establecerse un contacto telefónico con esa sucursal.

¿Por qué una empresa estatal abre oficinas en un paraíso fiscal? Aclarado el punto de que Pdvsa no tiene necesidad de evadir impuestos en Venezuela, un abogado experto en la constitución de entidades financieras y empresas offshore aseguró a Armando.info que la primera explicación puede encontrarse en la vigencia del control de cambio en Venezuela desde el año 2003 y la posibilidad que ofrecen estas empresas de tener una relación comercial con la petrolera sin pasar por ese control.

“Los pagos en dólares que recibe una empresa offshore, así sea de Pdvsa, no tienen la obligación de pasar por el Banco Central de Venezuela”, especifica el experto refiriéndose a la reforma de la Ley del BCV que levantó la obligación a Pdvsa de pasar todas sus utilidades a este ente. “Esto hizo más fácil la colocación de divisas en otros lugares como el Fonden o empresas offshore”.

El problema fundamental de estas colocaciones es su opacidad. Al estar fuera de la jurisdicción venezolana, difícilmente puede la Contraloría venezolana o la Asamblea Nacional pedir alguna rendición de cuentas, sobre todo si Pdvsa no hace públicas estas empresas. En su organigrama oficial, la estatal solo reconoce a PDV Insurance Company (Pdvic) como única empresa establecida en las islas Bermudas.

El otro gran detalle es que al constituir filiales en paraísos fiscales, Petróleos de Venezuela tiene la posibilidad de hacer subcontrataciones sin pasar por el proceso de licitación establecido en la legislación venezolana. “La empresa offshore, por su naturaleza, puede recibir pagos y también pagar a cualquier proveedor prácticamente sin controles. Si se trata de una offshore que se maneja como filial de Pdvsa se evita además la licitación porque es la propia empresa adquiriendo un bien o servicio a una filial. No significa que esto ocurra, pero se presta a todo tipo de subcontrataciones, sobreprecios y cobro de comisiones”.

Un ejemplo de estos manejos sin control fue lo que hizo Pdvsa Insurance Company (Pdvic) al entregar 66,7 millones de dólares a un fondo financiero –Fractal Fund Management– que terminó enredado en el esquema Ponzi en el que se perdieron más de 500 millones de dólares de la estatal petrolera. “El deber ser es que Pdvsa no tenga intermediarios y haga sus contrataciones de forma directa, para que estas puedan ser debidamente auditadas”, remata el letrado.

La cantidad y amplitud de los objetivos que establecen estas empresas en sus documentos constitutivos contribuye también a la posibilidad de hacer contrataciones de todo tipo con cualquier tipo de empresa. Los paraísos fiscales permiten esas definiciones laxas justamente para facilitar la constitución de las empresas, a diferencia de las leyes de otros países, incluyendo Venezuela, que ordenan definiciones más delimitadas.

Otro reconocido caso de una subcontratación lesiva para el erario público venezolano fue el arrendamiento de la plataforma Aban Pearl a la empresa offshore Petromarine Energy Services Ltd, registrada en Barbados. La plataforma, que se derrumbó el 13 de abril del año 2010 habría sido contratada con un sobreprecio de hasta 50 millones de dólares, según la denuncia enviada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a la Fiscalía venezolana.

Con la primera filtración de documentos conocida como Panama Papers –esa vez del bufete panameño Mossack Fonseca– se supo que el gusto de Pdvsa por las offshores le alcanzó incluso para crear la empresa mixta Veniran Petrochemical Company en agosto de 2007 entre la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y su par iraní, National Petrochemical Company, registrada entonces en las Islas Vírgenes Británicas.

El fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, denunció esta semana sobre la contratación de Pdvsa con la empresa Petrosaudi Oil Services, a la que calificó como una firma sin experiencia en la perforación costa afuera radicada en Barbados sin dar detalles sobre la posible pérdida del estado venezolano al haberla contratado.

No obstante, en los Paradise Papers hay constancia de que Pdvsa a través de Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd hizo dos contrataciones para perforación, uno por 120 millones de dólares y al que llamaron contrato de perforación Neptuno (Neptune Drilling Contract) en octubre de 2007 y otro por 130 millones de dólares en septiembre de 2010 al que llamaron Saturno, Saturn Drilling Contract.

En otra filtración figura que Pdvsa constituyó una empresa mixta (Petrolera Güiria) para la explotación de crudo y gas en el Golfo de Paria junto con la petrolera italiana ENI y una empresa offshore llamada Ine Paria –que previamente se llamó EOG Resources Venezuela Ltd–, registrada en las Islas Caimán y con oficina en Caracas. Con esa misma compañía también creó otra empresa mixta (Petroparia) en la que participó la estatal china Sinopec. Por Venezuela firmó esas empresas quien entonces fuera presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo y hasta hace una semana el “hombre fuerte” de Pdvsa, Eulogio del Pino.

Aunque la legalidad en la constitución de estas empresas no está en discusión, Pdvsa no da cuenta oficial de sus relaciones con la mayoría de ellas y en algunos casos –como Pdvsa Gas Accro Ltd, Pdvsa Marketing International (Aruba) A.V.V.– ni siquiera las menciona en sus informes de gestión, mucho menos el tipo de operaciones que realizan ni cuánto cuestan al Estado. El gusto que le ha tomado Pdvsa a contratar con offshores por ahora solo contribuye a espesar el velo de sus operaciones.

En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe si de la democracia o simplemente de la verdad: reveló en una entrevista con el periodista salvadoreño Víctor Flores, para la revista dominical del diario Milenio de México, que el presidente Hugo Chávez padecía de un tumor maligno que le dejaba con una expectativa de vida de “hasta dos años”.

Pasarían poco menos de esos dos años para que la predicción se cumpliera. Pero en lo inmediato, el propio Chávez reaccionó con sorna ante la primicia. Para el comandante de la Revolución Bolivariana, Navarrete era “un gran embustero” al que no conocía. “Yo me reía leyendo la entrevista”, dijo.

El desmentido presidencial no fue el único que Navarrete tuvo que enfrentar. Seis días después de la publicación, tres médicos de planta del Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas –donde, según la versión oficial, Hugo Chávez fallecería en marzo de 2013– ofrecieron una rueda de prensa

Aunque en el trío se encontraban el director del hospital para el momento, Earle Siso García, y el ex ministro de Sanidad y de la Presidencia de la República, Rafael Vargas, la voz cantante correspondió al gastroenterólogo Fidel Ramírez: “El doctor Salvador Navarrete nunca ha sido médico tratante del presidente Hugo Chávez ni ha formado parte de su equipo de confianza”, sentenció Ramírez con gravedad, antes de criticar la “imprudencia científica” de Navarrete.  “Podemos dar fe, como médicos tratantes del presidente, en momentos puntuales del pasado y de la actualidad, que las declaraciones del doctor Navarrete carecen de base científica y, por lo tanto, de veracidad”.

Salvador Navarrete a la postre debió abandonar el país. La carrera de Fidel Ramírez Carreño, en cambio, prosperaría. Su hermano, Rafael Ramírez Carreño, era para entonces uno de los hombres más poderosos de la nomenklatura chavista y del país. Llevaba ya siete años en la presidencia de la petrolera estatal Pdvsa, y casi otros tantos como ministro de Energía. Desde esas posiciones había moldeado la corporación “roja, rojita” que servía de caja chica para la inversión social –y clientelar– del Gobierno, casi tanto como de nicho para su séquito personal.

Plenipotenciario, Rafael Ramírez nombró a su hermano Fidel Ramírez como Director General de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012, y lo sumó a un entorno íntimo que en la corporación también conformaban personajes como Diego Salazar, primo, y Baldo Sansó, cuñado.

Ahora en 2017, cuando Rafael Ramírez parece caído en desgracia, la trayectoria siamesa de Fidel Ramírez empieza a hacerse pública en su dimensión de enriquecimiento irregular. Por ejemplo, el nombre de Fidel Darío Ramírez Carreño acaba de aparecer en la reciente filtración denominada Paradise Papers, los 13,4 millones de registros recibidos como archivos electrónicos por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) convirtió en una base de datos y coordinó para su investigación a casi un centenar de medios de todo el mundo, entre los que se encuentra Armando.info. La base de datos no sólo contiene documentos del bufete de servicios offshore Appleby de Bermudas, así como de su par, la firma Asiaciti de Hong Kong, sino además los expedientes de 19 registros mercantiles correspondientes a paraísos fiscales.

El médico Ramírez Carreño figura como presidente de la Junta de Directores, principal accionista –con 98% de las acciones– y fundador de Roraima SAL, una empresa incorporada en julio de 2014 en el registro mercantil del Líbano. La empresa es calificada como offshore, por lo que está habilitada para operar y recaudar ingresos en el extranjero, solo con la administración afincada en Líbano. Los socios de Ramírez en la empresa son Mostafa Al-Huseini y Mostafa Ali Al-Huseini.

Este dato suelto se deja conocer justo en momentos en que concluye en Nueva York un proceso judicial en el que el nombre de Fidel Ramírez también salió a relucir. Se trata del juicio contra los dos propietarios –Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz– de Miami Equipment & Exports, una empresa de venta de maquinaria pesada en Florida que, según la acusación, se había convertido en una auténtica centrifugadora de pagos irregulares a terceros, emitidos desde Venezuela por la Constructora KCT, y destinados a ejecutivos de la propia empresa y a personeros del Gobierno de Venezuela.  Los pagos correspondían a comisiones por operaciones cambiarias ilegales o sobornos a autoridades, y Miami Equipment & Exports accedía a servir de canal para ellos a cambio de una comisión estipulada por lo general en dos por ciento del monto total. La empresa habría encauzado hasta cien millones de dólares en esos pagos irregulares.

Esa actividad permitió al fiscal Joon H. Kim imputar a los acusados con cargos de conspirar para la operación de un negocio ilegal de envío de dinero sin los respectivos registros estadales y federales, lavado de dinero y pagos para financiar actividades ilegales en el extranjero.

Aunque los acusados se declararon “no culpables”, el pasado 15 de noviembre el jurado encontró a Luis Díaz Jr responsable de todos los cargos y a su padre, Luis Javier Díaz, culpable de solo dos. El próximo marzo recibirán condena del juez William H. Pauley III, titular de la corte del Distrito Sur de Nueva York.

En los interrogatorios y testimonios de expertos surgió el nombre de Fidel Ramírez Carreño como receptor de hasta ocho millones de dólares en remesas. Entre otros funcionarios venezolanos mencionados estuvo Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, subalterno de Rafael Ramírez durante la época de la emergencia eléctrica que Hugo Chávez decretó en 2009-2010, y que dio lugar a negociados multimillonarios para la compra a dedo de maquinaria de generación eléctrica. A Villalobos, recientemente arrestado en Madrid, también se le investiga en relación a los fondos negros depositados en la intervenida Banca Privat D’Andorra, y con el caso del Banco Espirito Santo de Portugal.

Otro hermano de Rafael Ramírez, Daniel, había aparecido un año antes en los llamados Panama Papers de 2016, por una referencia oblicua. En diversos correos electrónicos filtrados entonces desde el bufete panameño Mossack Fonseca se puede ver cómo un hombre de negocios uruguayo, Fernando Burstin, indaga acerca de la posibilidad de abrir a través del bufete unas cuentas bancarias en un banco panameño para hacer giros regulares a tres venezolanos, entre ellos, Ramírez.

Burstin y Ángel Mariani representan a empresas como Tecno Uruguay e Interamericana de Cómputos S.A. (Incosa), ambas prestadoras de servicios informáticos. Según informaciones publicadas en Uruguay , Incosa obtuvo en 2005 contratos de una filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), CVG Telecom.

Al constatar de que estaban hablando nada más y nada menos que del hermano del presidente de Petróleos de Venezuela, en Mossack Fonseca dudaron. “Con relación a este caso, hemos estado investigando un poco más la situación por el tema familiar y su clasificación como PEP por la posición de su hermano, Rafael Ramírez, como Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (PDVSA) de la República Bolivariana de Venezuela, desde el 20 de noviembre de 2004”, advirtieron en su correspondencia interna del martes 29 de enero de 2013. “De parte de Compliance consideramos que debemos tener mucha cautela con la aprobación de este cliente pues no tendremos manera de verificar que efectivamente la cuenta bancaria sea utilizada para recibir los pagos de Mandala Services, igualmente porque en los resultados de las búsquedas aparece que su profesión es Contador Público; más no se le relaciona con el mundo de la Informática”.

Pero al final, los delegados encontraron la manera de evadir los controles y las regulaciones internacionales, por recomendación del FPB Bank de Panama, donde depositarían el dinero del hermano de Rafael Ramírez.

“Dando seguimiento a nuestra discusión ayer por teléfono cuanto al tema de la cuenta personal del Sr. Daniel Ramírez, confirmo que la cuenta estará siendo presentada frente al comité de cumplimiento en la primera semana de Septiembre”, apuntó una agente financiera del banco llamada Simone Lima, en una comunicación dirigida a sus interlocutores de Mossack Fonseca. “Entretanto resalvo la sugerencia del banco en crear una compañía panameña para el Sr. Ramírez a fin de proteger y agilizar los trámites de movimiento de cuentas entrantes y o salientes en vista de que (…) los bancos corresponsales involucrados en cualquier transacción estarán verificando el nombre del Sr. Ramirez y a la vez identificarlo como PEP o que podrá retrasar algún pago”.

Al menos 66,7 millones de dólares del seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desaparecieron del mapa. Un giro inesperado muestra que la empresa estatal depositó el dinero precisamente en la misma empresa offshore en la que Francisco Illaramendi traspasó –y luego perdió– parte del fondo de pensiones de los trabajadores de la industria petrolera.

El relato oficial recuerda que en 2011 este ambicioso bróker venezolano-estadounidense, terminó declarándose culpable de estructurar un esquema Ponzi en el que no tuvo cómo reponer unos 540 millones de dólares que conformaban el fondo de los ahorros de los jubilados de Pdvsa. La nueva filtración de documentos conocida como Paradise Papers muestra que PDV Insurance Company, una subsidiaria de PDVSA registrada en las islas Bermudas como su principal empresa aseguradora, colocó fondos en el mismo saco, por lo que corrieron la misma suerte: se evaporaron.

Una enrevesada triangulación de operaciones, orquestada por Illaramendi, logró la colocación de acciones en varios operadores financieros entre los que destaca Fractal Fund Managment, a la que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos –la SEC, por sus siglas en inglés– congeló 170 millones. En esa empresa, a cargo de tres socios entre los que destaca el venezolano Moris Beracha, quedaron varados al menos 66,7 millones de dólares de la estatal petrolera.

Como en los Panama Papers, el diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo un archivo de más de 6,8 millones de documentos internos del bufete Appleby –con más de 700 empleados en paraísos fiscales– que compartió con casi 100 medios del mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En esos papeles quedaron copia de los acuerdos suscritos entre Pdvsa y Fractal Fund Management.

A través de PDV Insurance Company, Pdvsa entregó a Fractal Fund Management 3,5 millones de dólares en un contrato con fecha del 7 de mayo de 2008, que se sumaron a otros 63,2 millones depositados el 19 de marzo de 2007 en dos partes: 14 millones por un lado y otros 49,2 millones aparte, de los que no hay noticias.

El funcionario Héctor Gamboa –quien llegó a ser tesorero de Pdvsa– fue el responsable de la entrega del año 2008, mientras que las tajadas grandes de 2007 quedaron anotadas con la firma del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo. Este último fue destituido de la empresa en 2011 tras el escándalo de Illaramendi, al verse comprometido como presidente de las juntas del Fondo de Pensiones y de Previsión.

Dos semanas antes de ser destituido por el propio Hugo Chávez, Carruyo tuvo su último pronunciamiento público –a través de una carta enviada a la Asamblea Nacional– donde negaba que la directiva de la estatal petrolera fuera responsable de la ya célebre estafa del caso Illaramendi. Ni una palabra dijo entonces sobre alguna inversión de PDV Insurance Company, mucho menos que también quedaron en una de las empresas señaladas de participar en el fraude.

En el limbo

Los jubilados y pensionados de Pdvsa aún esperan respuestas. Al día de hoy no han sido resarcidos, a pesar de que en Estados Unidos la Corte de Connecticut recuperó parte del dinero. A nombre de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP), Elena Pino, adelanta que los últimos cambios de autoridades en Pdvsa han permitido iniciar una auditoría para precisar lo que hay y no hay en sus activos.

“Por primera vez se está haciendo una auditoría”, dijo esta semana. “Nadie nos ha informado si ese dinero fue reversado, no tenemos ningún recibo y no nos consta como junta directiva qué ha pasado con inmuebles como el del Ministerio de Turismo, que formaba parte de los activos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de Pdvsa”.

En Petróleos de Venezuela tampoco hay respuesta. Ni para este ni para ningún otro reporte han vuelto a dar luces de lo que pasó con los fondos que durante años ahorraron sus pensionados. El silencio se extiende sobre los 66,7 millones de dólares depositados en Fractal entre 2007 y 2008 y que bien pudieron haber contribuido con el pago de las cuotas de PDV Insurance Company a las aseguradoras extranjeras –como la firma inglesa Cooper Bay– antes de la explosión en el complejo refinador de Amuay, que sorprendió la madrugada del 25 de agosto de 2012 y dejó 55 muertos, 156 heridos y más de mil millones de dólares en daños.

Al haber asegurado que el accidente fue producto de un “sabotaje”, Pdvsa nunca solicitó los respaldos financieros de sus aseguradoras, aunque algunos expertos aseguran que la estatal venezolana no había pagado las cuotas de sus pólizas y por eso no hubo reembolso por las pérdidas en la tragedia.

Desde entonces, la empresa no es la misma. Las cifras son elocuentes: la producción de Amuay bajó de 620 mil barriles por día a 370 mil, mientras que las importaciones de combustible se han multiplicado por cuatro, de unos 27 mil a 108 mil barriles por día.

No hay vocero del seguro de Pdvsa que responda por lo que realmente pasó con sus pólizas. No fue posible encontrar un balance ni en Caracas ni en Hamilton –la capital de las islas Bermudas– a donde, paradojas de esta historia, quedó asentada la sociedad que debe velar y responder por los activos de la empresa más importante del Estado venezolano.

Pero agazapados en los archivos de Appleby quedaron pistas de que las acciones de PDV Insurance Company fueron congeladas a raíz del caso Illaramendi y que seis meses antes de la explosión en Amuay la empresa intentó recuperar exigiéndole a Fractal Fund Management su devolución total.

“Ejercemos nuestro derecho de solicitar la redención de la totalidad de las acciones PV que PDVIC mantiene en el Fondo Fractal, y solicitamos que el pago correspondiente se efectúe mediante transferencia bancaria”, pidió la funcionaria Mariela Matheus como directora gerente, en una carta firmada el 15 de febrero de 2012.

Moris Beracha, uno de los accionistas de Fractal –y quien fuera asesor del ministro de Finanzas, Rafael Isea–, confirmó vía correo electrónico para este trabajo la recepción de este reclamo por parte de PDV Insurance Company y lo calificó como un “intento indebido ya que ellos estaban claros de la situación y de que los recursos estaban congelados pendientes a la decisión sobre el proceso legal de caso MK (Michael Kenwood, nombre de la empresa de Illaramendi)”.

Beracha señaló que nunca presionó o trató de convencer a PDV Insurance Company de invertir en su empresa y que, en cambio, fue esa filial de Pdvsa quien “presentó” a Fractal Fund Management la empresa de Francisco Illaramendi. Lo que vino después es incierto. Si bien en la Corte de Connecticut sobreseyó en agosto de 2014 a Fractal y sus socios y recuperó una porción del botín, no se sabe ni cuánto ni lo que hizo Pdvsa con esa suma. “¿Cómo o qué hicieron ellos internamente? Realmente desconozco”, asegura el empresario. 

Dos años después del escándalo del fondo de pensiones, Fractal señalaba oficialmente su incapacidad de devolver el dinero. “Los activos de Illarramendi permanecen congelados, pero tenemos entendido que el Síndico tiene la intención de presentar un plan de distribución, que determinará si se compensará a los acreedores de Illaramendi y en qué medida y en qué términos”.

Eso apuntaron el 9 de septiembre de 2014 en una comunicación de la que no daban garantías. “En este momento, Fractal no sabe qué compensación, en caso de haber, recibirá en última instancia por su reclamación contra la herencia de la administración judicial. Sin embargo, como es su obligación, mantendrá informados a los inversores relevantes como PDV Insurance de los procedimientos judiciales y cualquier distribución relevante”.

Desde entonces hasta ahora no hay datos sobre el destino de estos millones, que parecen haberse evaporado en las islas Bermudas.

En la isla de Padang, en el corazón de la región de la industria maderera indonesia, un grupo de jóvenes señala lo que queda de los árboles de palma sagú. Estos son los restos de los incendios que, durante dos décadas, han venido calcinado los frondosos bosques de esta nación-archipiélago.

“Sentimos indignación” dijo Alvin, de 15 años, quien se crió en el pueblo de Bagan Melibur. “Los efectos de las quemas forestales son inmensos para los humanos y los animales”, añadió.

En esta cadena de islas los incendios del 2015 fueron tan intensos que gran parte de Indonesia ha quedó envuelta en una calima feroz. Tanto así que llegó a extenderse hasta Tailandia. Se paralizaron los vuelos aéreos, los niños tuvieron que usar máscaras protectoras para ir a la escuela. Varios estudios han conectado los niveles de niebla tóxica (smog) con por lo menos 19 muertes y tantos como medio millón de habitantes con problemas respiratorios. La agencia meteorológica indonesia llamó esta neblina y tiniebla “un crímen de lesa humanidad”.

Los incendios que ocasionaron la densa neblina fueron producto de una temporada de sequía prolongada y de la tala y quema empleadas para despejar los bosques frondosos de las turberas (pantanos), que han abierto el paso a las plantaciones de aceite de palma y de madera de pulpa. Como consecuencia de estos estragos, grupos de protección ambiental desataron su protesta contra las empresas industriales que se ocupan en despejar los bosques de Indonesia. Entre ellos figura Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), una de las mayores pulperas y productoras de papel en el mundo.

El equipo que coadyuva a que esto suceda

Una fuga de documentos de una empresa offshore ha revelado que APRIL es una de las empresas de recursos naturales de la región que han logrado mayor prosperidad, mediante el talado de enormes extensiones de zonas forestales indonesias y el apoyo de una red global de banqueros, abogados y contadores de élite que le han ayudado a navegar entre las corrientes corporativas y tributarias.

Los documentos vienen de la firma offshore Appleby y del proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los mismos muestran que la firma de abogados Appleby, basada en Bermuda, además de bancos de renombre como Credit Suisse y el banco holandés ABN Amro continuaron asistiendo a APRIL con la estructuración de sus operaciones a pesar de un ya cuestionable récord ambiental de la empresa pulpera y maderera.

Los documentos internos de Appleby arrojan nueva luz a las preocupaciones de académicos, grupos de voceros y funcionarios de gobierno. Sus reservas se basan en que el sistema financiero offshore coadyuva al financiamiento y crecimiento de empresas involucradas en el derribe de bosques y en el uso de otras prácticas que agudizan el cambio climático global. El problema es aún más serio si se tiene en cuenta que Indonesia abriga la tercera extensión más grande de bosques tropicales con la tasa más elevada de deforestación en el mundo.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los documentos fugados, los cuales se compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros medios asociados.

En su análisis de los documentos, ICIJ halló que APRIL es una entre una docena de compañías de productos forestales con sede en Asia que han utilizado de los servicios de Appleby. Esta compañía, que se autodenomina “uno de los mayores proveedores de servicios jurídicos offshore”, ha movido miles de millones de dólares mediante una red de empresas offshore que abarca desde las Islas Cook en el Pacífico Sur hasta las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, según la revisión de ICIJ.

Un representante de la empresa escribió por mail: “APRIL no comenta públicamente los detalles de sus arreglos financieros”.

APRIL es miembro del Royal Golden Group, uno de los conglomerados de recursos más grandes de Asia. Con sede en Singapur, RGE emplea más de 60,000 persona en la producción de papel, aceite de palma y otros productos en el mundo. El conglomerado está bajo el control de pocos accionistas, a la vez que su información financiera es muy escasa.

RGE dice que provee “asesoramiento estratégico y toda una gama de procesos de negocios para la subcontratación externalizada” a APRIL y a otras compañías en el grupo y que cada empresa se gerencia independientemente, cuenta con sus propios bienes y maneja sus finanzas de manera autónoma”.

Nadie duda quién tiene el control de todo esto: se trata del billonario Sukanto Tanoto, quien de modestas circunstancias ha llegado a ser una de las figuras más poderosas y mejor conectadas del país y tal vez transnacionalmente.

Padre fundador

Según la página web de la empresa, en 1967 Tanoto asumió el negocio familiar, que consistía en el suministro de repuestos para las industrias del petróleo y la construcción. Al poco tiempo comenzó a ganar contratos de una compañía de hidrocarburos (petróleo y gas) bajo control estatal. En 1973 Tanoto fundó RGE y de allí pasó a la industria forestal como fabricante de madera aglomerada.

El fallecido presidente indonesio Suharto, dictador que tomó el poder en 1967, dio rienda suelta al desarrollismo estimulando la explotación masiva de los recursos naturales del país. Suharto declaró que las zonas forestales –a groso modo tres cuartas partes del territorio indonesio–, eran de propiedad estatal, haciendo así caso omiso a los reclamos de las comunidades indígenas. Acto seguido, las concesiones de los bosques se repartieron entre miembros de la familia, socios de negocios y partidarios del régimen. Para fines de la era de Suharto –que duró hasta entrada la década de 1990–, debido a la tala indiscriminada se arrasaron aproximadamente 100 millones de acres de bosques tropicales en Indonesia –equivalentes a los territorios de Alemania y Holanda, conjuntamente.

Cuando Tanoto abrió su primera planta pulpera y maderera, Suharto y su gabinete asistieron a la ceremonia de apertura. Según la Comisión de Erradicación de Corrupción Indonesia y los investigadores forestales, las empresas del magnate han gozado de subsidios generosos durante años, incluyendo las regalías al gobierno que se han mantenido artificialmente bajas para el sector forestal desde los años noventa.

Mientras el país se encontraba en la plenitud del auge económico, a mediados de la década de 1990, y se convertía en uno de los “Tigres del Asia”, Tanoto se movilizaba hacia las áreas de aceite de palma, energía y fibras para la producción de rayón y celofán

Según los documentos revisados por ICIJ, por esa misma época RGE comenzaba a trasladar sus gestiones financieras a paraísos tributarios, establecía entidades corporativas en jurisdicciones de cero o bajos impuestos y hacía traslados de capital a jurisdicciones offshore.

En septiembre de 1994, con la formación de dos compañías en Bermuda –puerto de avanzada del sistema financiero offshore– comenzaron a aparecer las primeras piezas de lo que vendría a conocerse como APRIL. Estas entidades contrataron los servicios administrativos y legales de Appleby.

En menos de un año, una de las entidades de Bermuda, también conocida como APRIL, fue registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). De acuerdo con documentos secretos usados en la investigación de 2013 de ICIJ “Offshore Leaks”, un proveedor de servicios offshore con sede en Singapur, Portcullis TrustNet, ayudó a RGE a establecer una compañía en las Islas Vírgenes Británicas y dos firmas en las Islas Cook. Una de las compañías de las Islas Cook fue PEC-Tech Ltd., una firma de ingeniería que llegó a desempeñar un papel activo en las operaciones de pulpa y papel de Tanoto.

Para algunas de las corporaciones creadas por intermedio de Portcullis, Tanoto firmó contratos autorizando a compañías terciarias a realizar transacciones en representación suya. Tanoto, de ascendencia china, es ciudadano indonesio. Las autorizaciones fueron firmadas con su nombre chino, Tan Kang Hoo.

La crisis financiera de Asia en 1997, puso en picada a la economía de Indonesia y sacó a Suharto del poder. El choque económico ocasionó que en el año 2001 APRIL, que arrojaba pérdidas por casi 1,300 millones de dólares, fuera sacada del registro del NYSE.El gobierno del presidente Megawati Sukarnoputri intervino para rescatar la industria de recursos naturales del país. La Agencia para la Restructuración Bancaria Indonesia y acreedores nacionales e internacionales de APRIL reestructuraron las deudas de esta empresa y las de sus competidores.

Según informes de los expertos forestales, APRIL acordó ampliar sus operaciones de pulpa en Sumatra, la principal isla de Indonesia, a cambio de la reestructuración.

De acuerdo con su propia página Web, APRIL se extendió también a China, Brasil y otros países. Los documentos de Appleby revelan que APRIL tiene o ha tenido subsidiarias en Dubai, las islas Seychelles y otros paraísos fiscales. Estas compañías no figuran en la página de internet pública de la empresa.

Entretanto, RGE trasladó la casa matriz a Singapur. Aún permanece en este estado-ciudad que además de ser un paraíso tributario es centro financiero.

La creciente complejidad del conglomerado trajo consigo repercusiones adversas en 2007, cuando las autoridades fiscales comenzaron a investigar Asian Agri, la gigantesca afiliada de RGE en materia de aceite de palma. El gobierno presentó cargos alegando que entre los años 2002 y 2005 los gerentes de Asian Agri diseñaron una argucia sofisticada de evasión de impuestos que involucraba a 14 subsidiarias.

Las autoridades acusaron a Asian Agri de utilizar empresas de fachada en las Islas Vírgenes Británicas, Macao y Hong Kong con el fin de manipular el precio de los bienes transferidos y de esa manera reducir las ganancias de las empresas indonesias, a la vez aumentan en las subsidiarias offshore. En 2012, la Corte Suprema de Indonesia sentenció al gerente de Asian Agri a dos años de prisión y ordenó a la compañía de aceite de palma a pagar más de 440 millones de dólares en impuestos y penalidades.

El bosque y los árboles

Mientras la unidad de aceite de palma de RGE enfrentaba problemas tributarios, el conglomerado de productos forestales, APRIL, estaba enredado en controversias alrededor de sus expansiones.

De acuerdo con varios reportes de noticias, un año antes de que una subsidiaria de APRIL ganara la licencia para operar en la isla de Padang en 2009, el regente de una provincia de Sumatra central fue encontrado culpable y sentenciado a 11 años de prisión por haber recibido 100,000 dólares en sobornos a cambio de emitir licencias de plantación forestal a compañías que ilegalmente estaban talando en bosques protegidos. Siete de las empresas eran suministradores de madera de APRIL.

La coalición ambiental Eyes on the Forest, reclamó que APRIL era responsable de la destrucción de cerca de 350,000 acres de terreno forestal en Sumatra y que la compañía, “a sabiendas, extraía pulpa de madera natural forestal de concesionarios cuyas licencias habían sido emitidas a través de prácticas corruptas”.

APRIL rechaza las alegaciones: “Nosotros tomamos la conversión de tierras de manera responsable”, escribió APRIL como respuesta al reporte de Eyes on the Forest. “Las acusaciones de que APRIL o aquellos de quienes la compañía surte de fibra de madera estén operando ilegalmente o que las concesiones otorgadas hayan estado sujetas a prácticas corruptas no son ciertas”.

En 2016, la Corte Suprema de Indonesia multó a los surtidores de APRIL en un monto de 1,200 millones de dólares tras haber hallado que el suministrador había incurrido en una tala ilegal que destruyó más de 18,000 acres de bosques.

Un problema

En 2009, un año después del caso de soborno en el centro de Sumatra, una subsidiaria de APRIL obtuvo una licencia para operar en Padang Island, una isla mucho más pequeña, justo al este de Sumatra. Los residentes de Bagan Melibur en la parte sur de la isla de Padang al oriente de Sumatra dicen haberse enterado de las actividades de talado de APRIL cuando los campesinos que vivían en el bosque se dieron cuenta de los equipos pesados en la zona. Los taladores comenzaron a cortar el bosque de tajo y sembrar árboles de acacia para la producción de papel mientras los excavadores abrían canales entre las turberas para transportar los troncos a las madereras y secar el humedal.

Los aldeanos organizaron marchas, huelgas de hambre y otras protestas. Algunos se cosieron los labios para protestar por el apoyo a la compañía de parte del gobierno.

Uno de los manifestantes, Budimaridi (algunos indonesios usan sólo un nombre) dijo que los aldeanos usan el bosque para cultivar árboles de caucho, palmas de aceite y palmas de sagú, utilizadas para producir almidón para diversos panes y galletas.

“Somos una familia, una aldea” y tenemos “un problema” expresó Budimaridi. “Ellos continuaron explotando” el bosque y “nosotros continuamos luchando”.

En 2013 el gobierno central retiró 17,000 acres de tierras de las concesiones de APRIL que los isleños, incluyendo los pobladores de Bagan Melibur, habían reclamado. Sin embargo, de acuerdo a las organizaciones ambientalistas locales, la compañía ha continuado sus operaciones en la zona con la aprobación muda del gobierno. APRIL se negó a comentar estas denuncias.

“A veces nos sentimos como si ya no fuéramos ciudadanos indonesios”, dijo Budimaridi, quien trabaja para una empresa de energía local. “Nuestro gobierno no es lo suficientemente fuerte como para controlar la compañía”.

Dar la Mano

En medio de quejas en aumento, los préstamos de los grandes bancos seguían fluyendo, a menudo a través de una red de corporaciones, hasta que llegaban a las compañías que operaban en los bosques de Indonesia.

Según un diagrama de flujo hallado en los expedientes internos de Appleby, en diciembre del 2010, mientras usaba a Appleby como su consejero jurídico, un grupo bancario encabezado por Credit Suisse le prestó más de 180 millones de dólares al grupo APRIL. Este dinero estaba destinado a PEC-Tech, la compañía de ingeniería de las Islas Cook. Conforme al diagrama, en vez de ir directamente a su destinario, el prestatario era Gold Crest Capital, una compañía de control de capital que, a su vez, habría de enviar el préstamo a otra compañía de control de capital en Singapur, con ánimo de “actuar como el centro tesorero y financiero del grupo APRIL”, según emails de Appleby.

La compañía controlante de Singapur, Heliosity Consulting, le habría prestado dinero a la unidad indonesia que le suministraba pulpa a APRIL, y de ahí dicha suministradora le pagaría a PEC-Tech por la siguiente línea de producción de pulpa.

Un abogado de las entidades bancarias escribió por email a Appleby que esta figura tipo circuito formaba parte de una estructura con fuerza motriz de carácter tributario, creada para disminuir el recargo general de impuestos.

Appleby no fue la creadora de esta estructura, pero les proveía servicios legales a los bancos involucrados en los préstamos a algunas de las subsidiarias de APRIL.

Se desconocen los efectos tributarios de esta figura. Los documentos analizados demuestran que en 2013 la subsidiaria de APRIL en las IVB había obtenido un préstamo con similares características y que fue descrito como libre de impuestos.

Una portavoz de APRIL dijo que la compañía “cumple todas las obligaciones tributarias en las jurisdicciones donde opera” y que, “se ciñe a todas las leyes y reglamentos nacionales e internacionales pertinentes a sus gestiones financieras como parte de un compromiso general por la buena administración corporativa y prácticas de negocios sostenibles”.

Los expertos que ICIJ entrevistó declararon que una firma puede rebajar el costo de sus préstamos al mover éstos a través de empresas de fachada en las IVB y otros paraísos tributarios hacia centros financieros como Singapur. Dichos movimientos pueden reducir o evitar la retención en la fuente sobre los pagos de intereses a los prestamistas. Los fondos del préstamo pueden ser posteriormente distribuidos a la empresa que opera en el país de impuestos altos, como Indonesia.

Común… y perjudicial

Este tipo de arreglo es legal y además común. Los archivos de Appleby revelan que entre 2006 y 2013, APRIL por sí sola movió hasta 3,000 millones de dólares a subsidiarias a través de su compañía controlante en las Islas Vírgenes Británicas y otras entidades offshore.

Sin embargo, los expertos dicen que tales arreglos suelen traspasar las ganancias gravables de las jurisdicciones que acarrean los costos sociales de la explotación de los recursos a otras que simplemente cobran menos impuestos.

Múltiples reportes e informes de grupos de derechos humanos y agencias para el desarrollo han venido documentando la manera en que la toma de tierras y el desplazamiento de indígenas son el resultado de las prácticas de negocios de las compañías de extracción de recursos naturales. Esto acarrea el empobrecimiento de dichas comunidades cuyo sustento depende del bosque.

Para proteger los intereses de los países en desarrollo y prevenir el abuso de los tratados tributarios existentes que ayudan a minimizar la carga de impuestos de ciertas compañías, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) endosaron recientemente una serie de medidas para reformar las normas tributarias internacionales.

Las áreas forestales son de vital importancia no solo para sus habitantes, sino “también para la economía y el futuro del país en general, así como a nivel global, en términos de cambio climático”, expresó Stephanie Fried, directora ejecutiva de la Ulu Foundation, un grupo ambiental con base en Estados Unidos. Cuando las empresas usan el dinero que se han ahorrado al haber evadido impuestos, para invertirlo en deforestación y otras actividades destructivas, “el daño ambiental y la devastación social se extienden mucho más”, dijo Fried, quien también es experta en el sector forestal indonesio.

Los analistas también dijeron al ICIJ que el uso de las compañías de fachada para la realización de préstamos, permite a los bancos reclamar que su involucramiento con las compañías de recursos naturales que se burlan de las leyes ambientales es muy limitado. Cuando los préstamos se otorgan a las subsidiarias offshore, el poder identificar y lograr hacer responsables a las casas matrices que las controlan es mucho más difícil, dicen ellos.

Los ambientalistas toman acción

Desde mediados de la década del 2000, los grandes bancos han venido adoptando, de manera voluntaria, aunque presionados por los grupos ambientalistas y el Grupo del Banco Mundial, estándares que permitan valorar los riesgos ambientales asociados con los prestatarios de las empresas de recursos naturales.

APRIL ha continuado recibiendo préstamos jugosos, no obstante que las quejas acerca de su récord ambiental hayan ido en aumento. Por ejemplo, en 2011 una de las compañías controladoras de APRIL en la Islas Vírgenes Británicas negoció un préstamo de 600 millones de dólares con ABN Amro, Banco Santander y otros.

Los expedientes de Appleby muestran que APRIL buscó debilitar una cláusula ambiental en los documentos del préstamo. El borrador de los documentos habría comprometido a la compañía a: “tomar todos los pasos razonables en anticipación a cambios conocidos o que puedan esperarse en el futuro o a obligaciones [existentes] bajo la Ley Ambiental o cualesquiera Licencias Ambientales”. Un agente de los prestamistas escribió a pie de página en el borrador pidiendo eliminar la cláusula ambiental por cuanto sería “engorroso para ellos monitorear y anticipar futuros cambios a leyes ambientales”. La compañía logró su cometido.

APRIL se negó a comentar acerca de dichos esfuerzos. Una vocera de ABN Amro dijo que el banco “no hace parte de ninguna transacción o actividad que esté en conflicto con la conservación de la naturaleza” y no “facilita la evasión de impuestos”. Y se negó a comentar sobre el negocio bancario con APRIL.

Dos meses después del cierre del préstamo en junio de 2011, clientes corporativos como Full Xerox Australia y Officeworks anunciaron que dejarían de hacer negocios con APRIL y citaron las preocupaciones de los ambientalistas acerca de la deforestación y los reclamos de que los suministrados de la compañía estuviesen involucrados en talado ilegal.

En 2011 APRIL perdió un respaldo clave cuando el Forest Stewardship Council, FSC –un consejo regulador forestal en lo referente a estándares ambientales con sede en Bonn–, retiró los certificados de aprobación a dos productores de pulpa y papel de APRIL.

El consejo rompió relaciones totalmente con APRIL en el 2013, luego que Greenpeace y otros grupos ambientales denunciaran lo que describieron como “la participación de la compañía en una deforestación a gran escala”. En 2015 APRIL logró obtener certificación de otro organismo que algunos ambientalistas consideran que es más débil en lo ambiental y más receptivo a los intereses de la industria.

En su respuesta a la decisión del FSC del 2011 APRIL expresó: “Aun cuando comprendemos que existen aquellos que se oponen filosóficamente al establecimiento y aún a la existencia de industrias forestales en Indonesia, nuestro firme punto de vista es que las industrias forestales son un elemento integral para

llevar adelante el plan del Gobierno indonesio para lograr el desarrollo nacional y los objetivos ambientales del país”.

Según las minutas de la reunión que el CRO –director de riesgos–, de Credit Suisse sostuvo en abril de 2015 con Greenpeace y otras organizaciones del medio ambiente y que fueron publicadas en el sitio de Internet BankTrack, el ejecutivo les comunicó que el banco “revisaría” su financiamiento de APRIL. Por esos mismos días los bancos Santander y ABN Amro anunciaron que no proveerían nuevos préstamos a APRIL.

Para inicios de junio APRIL anunció repentinamente que hacía un mes que había detenido la tala de bosques vírgenes –con cuatro años de anterioridad a lo programado–. La compañía dijo que había cambiado de enfoque para concentrarse en obtener toda su madera de las plantaciones de maderos de pulpa.

Este cambio motivó la decisión de Greenpeace de formar parte del Comité Asesor de Terceros Interesados de la compañía –Stakeholder Advisory Committee–. A su vez, ABN Amro reversó su posición con respecto a futuros financiamientos, citando el respaldo a las prácticas de APRIL por parte de grupos ecológicos, afirmó Karen Vermeer, de BankTrack al relatar la explicación que el banco holandés dio en 2016.

Por su parte, Credit Suisse nunca dejó de prestar financiamiento a APRIL. Omitiendo cualquier referencia a la decisión del banco, un vocero afirmó que Credit Suisse estimula a sus clientes a “fijar su atención en cualquier preocupación de carácter social o de sustentabilidad”.

Préstamo multimillonario

En Setiembre 2015, mientras la calima cubría la región, la compañía controlante en Singapur negociaba otro préstamo gigantesco, de 1,100 millones de dólares, con un consorcio formado entre otros por Credit Suisse y ABN Amro. Según los documentos fugados, Appleby prestaba servicios jurídicos a los bancos para ayudarles a facilitar los préstamos.

Los correos electrónicos indican que la niebla tóxica –que los ambientalistas atribuían a las actividades de APRIL y otras compañías forestales– llegó a tal densidad que se suspendieron los vuelos y los ejecutivos de APRIL en Indonesia no pudieron salir de Sumatra para asistir a las negociaciones en Yakarta y por tanto tuvieron que dar poderes a sus representantes en Yakarta para que actuaran en su lugar.

El cierre del préstamo se dio a fines de octubre de 2015. El siguiente año una agencia del gobierno determinó que las operaciones de APRIL en la isla de Padang habían violado una moratoria al despeje de tierras turberas que se impuso tras la niebla tóxica. El drenaje de pantanos ocasiona la sequía de las tierras, exponiéndolas aún más al peligro de incendios.

Como resultado, la agencia detuvo las operaciones de la compañía en la isla y Greenpeace, junto con la organización protectora de fauna silvestre World Wildlife Fund, se retiraron de SAC , el comité asesor de terceros interesados de APRIL.

APRIL emitió disculpas y renovó su compromiso con la restauración y conservación de las áreas forestales.

En octubre, el ministerio del medio ambiente de Indonesia rechazó el plan de largo plazo de APRIL, por cuanto consideraba que éste violaba los reglamentos de la nación con respecto a la protección de las turberas. “Invito a [la compañía] a obedecer las normas de este país” declaró el ministro.

Imaginando el futuro

Desde cuando se interrumpieron las operaciones en los bosques reclamados por los aldeanos de Began Melibur, la vegetación silvestre sube ahora cinco pies, cubriendo los terrenos donde antes los árboles ‘meranti’ y otras especies ondeaban con su altura. Como símbolo de una batalla continuada, los residentes señalan una torre de control de la compañía, que abandonada ya, queda frente a la choza de un campesino y su siembra de piña.

Un día, a comienzos de 2017, Suhairi, de 31 años, caminaba entre el pantano esponjoso con botas de caucho, por un parche de tierra que él dice una vez fue suyo. Dijo que creció cosechando el fruto de las palmas de aceite hasta que le arrebataron la tierra como parte de la concesión de APRIL. Hay marcas de las excavadoras aún en la turbera. Una pitón flota sobre el agua quieta y fangosa de algún canal cercano.

Suhairi cava un puñado de tierra para mostrar los diminutos fósiles que conforman la turbera. Recuerda cuando cazaba siervos-ratones y las abejas en el bosque en su niñez. Creciendo, recuerda que pensaba seguir trabajando la tierra que había heredado de su padre para pasarla a su hijo de cinco años, algún día. Ahora todo eso está en duda.

“Si tenemos nuestros campos, tenemos esperanza de poder continuar ganando el sustento”, dice. “Si nos quitan nuestras tierras, ¿cómo podremos imaginar un futuro?”