Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.

Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.

Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.

Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019. 

Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).

En Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en Amazonas (84.7%).

Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.

Pobre injusticia, justicia pobre

Investigaciones publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces penales son en realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del Estado.

Ahora la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles.

Un ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones. Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.

Una de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.

“El nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación política estrecha que no ha cesado.

También tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando es falso”.

En esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76% tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Pedro Rafael Solórzano Martínez fue quien cumplió con el mandato emitido desde la gobernación, al firmar la querella introducida por el gobernador Carrizález en compañía de la alcaldesa Ofelia Padrón, y tres personas más. Quienes lo conocen lo describen como un joven que había comenzado su carrera en la administración pública con cargos políticos antes de llegar al sistema judicial, en marzo de 2016, cuando le dieron un cargo como juez penal sin experiencia previa. Luego de firmar esta querella como juez provisorio del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, mejoró con un nuevo cargo escalando a la Corte de Apelaciones del estado.

En Barinas, también en los llanos venezolanos y vecino de Apure, el carnet del Psuv es la llave que abre las puertas a los tribunales. La presidenta del Colegio de Abogados de la entidad, Lucía Quintero, no tiene reparos en afirmar que la mayoría de los jueces de la entidad no tienen credenciales, preparación o mérito para ocupar los cargos que tienen. “Lo único que tienen es ese carnet. Yo siempre digo que la razón por la cual ellos son tan dóciles en los lineamientos que les dan es porque ellos saben que la única razón por la que están allí es porque poseen ese carnet”, expresa.

Lo que Quintero da por hecho consigue respaldo en los números obtenidos de la base de datos. Barinas es el estado con más jueces militantes con 78.7%. Con casi ocho de cada diez jueces militando en el partido de Gobierno, contraviniendo los artículos 145 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además en esta entidad 85.3% de sus jueces no tienen titularidad de sus cargos.

Quizás como resultado de esa mezcla de desconocimiento académico, falta de preparación y lealtad política, ocurren hechos insólitos como la entrega de las sentencias en un pendrive, o su envío por correo electrónico, a una de las partes involucradas en el juicio para que impriman el documento y lo lleven de vuelta en físico al tribunal, porque en la sede no tienen papel ni tinta para hacerlo, como si se tratara de una monografía que hay que entregar en el colegio y no de un veredicto que debe tratarse con rigurosidad para no afectar el acto jurídico. Esta práctica iniciada en 2018 y agravada en el primer trimestre de 2019 es común en el Circuito Judicial Penal y en los tribunales de protección, precisa la presidenta del Colegio de Abogados de Barinas.

Que la justicia sea menos independiente, los jueces más vulnerables y el sistema menos eficiente en entidades como Barinas y Apure, es algo que se repite en Delta Amacuro, Amazonas y Monagas según el cruce de datos realizado por Armando.Info tras organizar la información proveniente de los 5.881 jueces que han pasado por el sistema judicial en los últimos 20 años (2.396 de ellos activos al menos hasta abril). De oeste a este del mapa de Venezuela, estos cinco estados muestran un patrón donde la pobreza y la escasa administración de justicia van entrelazados, y donde la población que menos tiene es la peor tratada por el sistema.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) los incluye dentro del grupo de entidades que reúnen entre 10% y 20% de hogares en pobreza extrema o incluso más, según el último censo nacional de población y vivienda de 2011, mientras que la más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela, también los identifica como parte de los estados que para 2018 presentaban mayores niveles de pobreza multidimensional en sus localidades.

Delta Amacuro es, posiblemente, el más afectado. Es el segundo estado menos poblado de Venezuela pero con mayor desigualdad, con un acceso tradicionalmente difícil por su geografía fluvial, y con una población indígena de la etnia warao tan importante como olvidada por el Estado. En los tribunales de Tucupita apenas quedan tres jueces de carrera de los 40 que aún dictan sentencias, de acuerdo con los datos del propio TSJ.

Lex Bejarano es uno de los activos. Ha sido juez provisorio en el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Protección de niños, niñas y adolescentes y de Tránsito, juez rector del estado y juez superior. Y en 2014 coqueteó con el TSJ postulándose para ser magistrado. Pero Bejarano también ha sido un “juez contratista”. Su empresa de obras y servicios denominada Proyectos, Construcciones e Inspecciones Mara, C.A, ejecutó proyectos para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Fundavivienda y el Instituto de Vialidad de Delta Amacuro.

No quiso dar declaraciones sobre cómo se encuentra el Poder Judicial en su estado: “No podemos hablar de eso”, dijo. Y se negó a hablar sobre su empresa y el conflicto de intereses por su cargo como juez: “No sé de qué me habla”, respondió. Sin dar ningún margen para más preguntas finalizó la llamada con una afirmación: “Todo funciona bien en Tucupita”.

Trampolín a donde sea

Que los cargos dentro del sistema de justicia dependan de decisiones tomadas en el cuestionado TSJ ha instaurado vicios e irregularidades que hasta los trabajadores tribunalicios reconocen.  

No es normal que la abogada Margarita García Salazar, juez agrario, cuente en su expediente el paso por cinco estados del país desde 2005 (Apure, Aragua, Área Metropolitana de Caracas, Guárico y Yaracuy) en tribunales afines con su especialidad y de lo contencioso administrativo. En junio de 2015 fue designada como contralora provisional del estado Aragua, donde apenas estuvo “prestada” tres meses para luego seguir su camino en los tribunales agrarios de Guárico. Aunque se intentó contactar por varias vías, en el juzgado superior agrario de San Felipe, estado Yaracuy, informaron que desde el año pasado la jueza García está de reposo y de vacaciones, alternando los permisos. Por ella hay otro juez provisorio. Como García, dos jueces más han transitado por cinco entidades.

Tampoco es buen síntoma que un jurista sume 29 nombramientos en 14 años, rotando por distintos tribunales y haciendo suplencias especiales, así como actuando en calidad de juez provisorio o accidental. Es el caso de Saturno Ramírez, del estado Falcón, que en promedio ha dedicado cinco meses a cada asignación. Es el ejemplo más extremo, pero en la información del propio TSJ (incompleta y con retrasos en su actualización), se evidencian las altas rotaciones: dos jueces con 27, uno con 20, otros 74 juristas que han recibido entre 10 y 19 nombramientos.

Una de las figuras que suele cumplir este patrón de movilidad es la del juez rector. “En el área penal es como el ministro de justicia en esa entidad, y la verdad es que un juez rector en las regiones tiene muchísimo poder. Ellos son los que recomiendan a los nombramientos de los nuevos jueces”, detalla Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.

Desde el TSJ se envían lineamientos a los jueces rectores, por lo que llevan una carga política en sus cargos. José Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas, expresa abiertamente en sus redes sociales su afinidad política. Al menos desde 2012 ha hecho vida en el Poder Judicial, pasando por los estados Mérida, Táchira y Barinas. Su poder en la entidad llanera es de tal nivel que creó una “coordinación de fianzas” en el Circuito Judicial Penal, oficina donde cobran a los abogados un arancel para otorgar una medida cautelar, algo absolutamente ilegal que no está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el Colegio de Abogados de Barinas. La oficina funciona al margen de la ley.

En Caracas, el juez rector Juan Pablo Torres Delgado es de los que llevan sus aspiraciones políticas tatuadas. En 2008 participó en las primarias del Psuv para postularse como alcalde del municipio Anaco en el estado Anzoátegui. En 2009 fue postulado por la Universidad Bolivariana de Venezuela para ser rector del CNE, y fue una de las personas por la cuales la organización civil Súmate introdujo un Recurso Contencioso Administrativo en el TSJ para que anulara la lista final de candidatos por su vinculación directa o indirecta con organizaciones políticas, o por haber demostrado parcialización en el ejercicio de sus funciones públicas. En 2014 ejerció funciones como síndico procurador del municipio Libertador del Distrito Capital (gobernado por el Psuv), y fue seleccionado en diciembre de ese año como uno de los magistrados suplentes “express” de la Sala de Casación Civil del TSJ.

Pero quizás lo más elocuente de su trayectoria es haber apoyado en los 90 a los abogados que defendieron a Hugo Chávez y a los militares que participaron en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Cilia Flores y Tarek William Saab, así como al naciente movimiento político MBR 200, como recuerdan viejos conocidos.

Que Venezuela figure entonces como el país con el peor índice de estado de derecho según el World Justice Project (WJP), que evalúa el sistema de justicia en 126 países, no sería una exageración, considerando los propios datos del Poder Judicial venezolano. En la edición 2019, el país suramericano también ocupó el último lugar entre las naciones con la peor justicia penal y el penúltimo en justicia civil. 

Además, el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentado el 5 de julio y referido a la situación de los derechos humanos en Venezuela, también subraya las irregularidades existentes en el Poder Judicial. No se trata de un asunto menor.

En el apartado sobre las violaciones a los derechos civiles y políticos detalla que “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”. Pero además cita entre los factores que propician la impunidad a “la elevada rotación de los fiscales, jueces y juezas”.

Y en el capítulo referido al acceso efectivo a la justicia advierte que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Aunque los datos del propio Tribunal Supremo de Justicia sobre los jueces del país no estén completos y la radiografía que muestren pueda ser parcial, no dejan de estar a tono con lo que día a día pasa en los tribunales del país, con las irregularidades recogidas por el equipo de Michel Bachelet, y con la parcialidad que empeora en las ciudades más recónditas de Venezuela.

*Esta investigación contó con el trabajo de Gustavo Jiménez e Isabella Reimi.

-¿Y qué otras cosas les hacen a los que desobedecen las reglas que tú has impuesto, Wilmito? 

Antes de dar la respuesta, se estira en la silla de plástico. Respira hondo, alza los brazos y la panza se le infla y al tiempo que expulsa el aire baja lentamente sus gruesas manos hasta posarlas en la mesa cuadrada. Es miércoles 30 de abril de 2014 y estamos en las áreas comunes de la Mínima de Tocuyito, el penal localizado en las afueras de la ciudad de Valencia, la tercera más importante de Venezuela, capital del estado de Carabobo, a donde Wilmer José Brizuela Vera, el goldo, como también le llama su gente de confianza, ha sido trasladado después de un motín en el otro penal en el que estaba, Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, que culminó con dos guardias nacionales asesinados por los presos que él había liderado durante ocho años. Cuando finalmente coloca sus dedos sobre la superficie de la mesa, dice:

-No les damos tiros en la espalda, sino donde les pegue. Yo no estoy todo el día dando órdenes. Las personas se mueren en la cárcel por la rutina impuesta. Así uno no quiera, lamentablemente hay que cumplir las reglas.

Y estas son las reglas.

*** 

Es lunes 16 de diciembre de 2013 y voy hacia el penal de Ciudad Bolívar a visitar a Brizuela, el líder máximo del reclusorio. Fuera del penal nadie lo conoce como Wilmer, sino como Wilmito.

Le he pedido al taxista que me deje a tres cuadras de la cárcel, en la esquina de la avenida San Francisco, frente a una tienda llamada Comercial Romar. Las bicicletas con cestas de mimbre delante del manubrio forman dos filas simétricas en la entrada. A las tres de la tarde no hay clientes dentro del local. Nadie camina en la acera del frente y los autos circulan con vidrios polarizados y el aire acondicionado encendido. Ciudad Bolívar es a esta hora de la tarde una plancha de aluminio sobre la que se refleja un sol gelatinoso. Sólo quien tiene necesidad u obligación camina a esa hora por las calles solitarias que rodean a uno de los penales más peligrosos del país. Vista Hermosa, el sector donde está ubicado, no hace honor a su nombre. En realidad es un predio de clase media venido a menos, compuesto por calles rotas y casas de uno o dos pisos, con techos de platabanda, de verjas altas y puntiagudas y paredes desconchadas. Hace rato que muchas de las viviendas que se levantan a la vera de la calle que conduce hasta el penal no reciben una mano de pintura. Cuando en los años sesenta del siglo XX la ciudad se expandió desde las orillas del río Orinoco, esta urbanización, como le llaman a los sectores de clase media en Venezuela -en contraposición a los barrios de clase popular- se convirtió en el sitio preferido de las nuevas familias. El rápido crecimiento del sector terminó rodeando al penal, construido años antes, en 1951, en esa zona muy alejada del casco histórico.

Eran, desde luego, otros tiempos. El Estado mantenía el control de las cárceles y era inconcebible que un interno tuviera un fusil AR-15, pistolas 9 mm o una escopeta recortada. Hoy, como ha llovido durante varios días, los huecos de las calles están rebosados de aguas pestilentes. Los vehículos aminoran la marcha para no reventar el tren delantero. Las aceras están levantadas y las viviendas que están en la acera contraria a la del reclusorio tienen sus fachadas agujereadas. Esos vecinos viven frente a un sitio donde se escuchan disparos cada día y donde cada tanto los presos arrojan a la calle a hombres cosidos a balazos, como ocurrió en agosto de 2011, cuando dejaron en la puerta el cadáver de Marlon Guevara, luego de una riña por el control del penal. También está agujereado el portón principal de la cárcel, de color verde, por el que entraré dentro de minutos, aunque hoy no es un día establecido para las visitas. Pero eso no importa. Los presos deciden quién entra y cuándo puede hacerlo. Mientras arreglábamos nuestra primera cita, Wilmito me dijo por teléfono: “Usted llega hasta la puerta de la entrada y desde allí me llama para mandarlo a buscar”. 

Eso hice. Me detuve en la acera, junto a la garita de vigilancia de la Guardia Nacional –en realidad, se trata de un quiosco con techo de machimbrado a dos aguas con banquitos de hierro casi oxidado-, para enviar un mensaje de texto. “Estoy aquí”. Pasan diez minutos y Wilmito no me responde. Decido llamarlo. “¿Cómo estás vestido?”, me pregunta casi a modo de saludo. Le digo que uso un pantalón negro de algodón, una polo blanca y un cuaderno de tapa blanca y vivos azules en degradé en la mano derecha. “Ya mando a buscarte”, me responde. Los oficiales de la Guardia Nacional están distraídos hablando entre ellos y no sé si reparan en que estoy comunicándome con uno de los internos. Todavía no puedo creer que voy a entrar a la cárcel con mi teléfono celular y que nadie me va a revisar.

Minutos después se escuchan golpes en el portón verde. Un guardia se acerca, abre una puerta minúscula y veo la cabeza de un hombre joven. Aunque en ese momento no lo conozco, con los meses sabré que se llama Juan Carlos Hernández, y es una de las personas de confianza de Wilmito. El hombre mira a la izquierda, luego a la derecha, hasta que fija su mirada en mí.

-¿Usted viene buscando a Wilmer?

-Sí –respondo.

-Él viene con el jefe –dice Juan Carlos Hernández, dirigiéndose a los guardias.

Uno de los oficiales deja la conversación que mantenía con sus colegas y se dirige hasta una mesa de hierro de esquinas romas que completa la escenografía de la garita. Hay apenas espacio para colocar las manos porque todo está ocupado por un archivo que contiene, ordenadas alfabéticamente, las cédulas de identidad de los visitantes. Le entrego mi documento y él a su vez me extiende un carné que me identifica. Camino hacia el portón y, antes de entrar, le estrecho la mano a Juan Carlos. Y así es como llego a un Estado dentro de otro Estado: un Estado que Wilmer José Brizuela Vera, Wilmito, el pran más temido de Venezuela, domina con mano férrea desde hace ocho años.

***

Un pran es el líder de los reclusos. Es un término acuñado en la jerga carcelaria y que llegó a Venezuela desde Puerto Rico. Al margen de esas inexactitudes suena, sí, como un nombre muy musical y de fácil recordación para los internos y las personas de la calle. Quien mencione esa palabra –“Pran”- delante de otros sabe que lo entenderán porque se refiere, incluso en el extendido ámbito de la guasa caribeña, a la persona que tiene el poder.

Quienes llegan al penal que lidera Wilmito ingresan a un territorio sin reglas donde el único mandamiento necesario para sobrevivir es no demostrar que se teme al otro y adaptarse de la mejor manera a lo inesperado.

El de Vista Hermosa es el penal donde menos muertes han ocurrido desde 2011. Y no son pocos los que atribuyen esa disminución a la labor de Wilmito y su idea de reproducir en la prisión el entorno que el preso dejó atrás. Desde la entrada intuyo que caminaremos por un barrio cualquiera al escuchar la música sonando a todo volumen, como en cualquier sector popular del Caribe. Veo mujeres cruzando el patio con sus rollos en la cabeza y los hijos de los presos crecen corriendo entre hombres que blanden pistolas. El Caribe y su anarquía feliz.

***

Son las cuatro y media de la tarde. Del cinto de Juan Carlos Hernández, que viste bermudas y una remera ceñida, sobresale una pistola. Es un hombre flaco pero atlético, de piel y ojos claros y con el pelo a cepillo, y me conducirá hasta la habitación del Pran: nadie llama celdas a los sitios donde viven aquí los presos. En este penal las rejas fueron eliminadas hace muchos años, quizás incluso antes de que Wilmito se convirtiera en 2006 en su máxima autoridad. El hacinamiento explica una prisión sin barrotes.

El Internado Judicial de Vista Hermosa fue construido para 650 internos, pero en él viven 1.750. Los presos, pues, deben aprovechar cualquier espacio posible para vivir y en ese afán sobrevienen los conflictos y las muertes.

Estoy en un gran patio con piso de cemento. Allí, un hombre transporta una carretilla llena de tierra mientras otro lo espera junto a un promontorio de arena. Como en cualquier sector popular de Venezuela, los internos construyen sus propias chabolas. De hecho, mientras estaba en la calle esperando entrar a la cárcel, vi un camión estacionado frente al portón de entrada. Dos hombres introducían al penal bloques de cemento y materiales para la construcción. Más tarde sabré que habían sido autorizados por Wilmito.

Al fondo de ese patio hay un galpón pequeño. Por órdenes de Wilmito, allí están confinados los presos que no se someten al régimen impuesto. Les dicen gandules, porque viven de pedir a los otros y del tráfico de drogas y porque, según la cosmovisión del gobierno interno (o sea, de Wilmito), no quieren progresar. En la puerta del galpón un hombre mira fijamente hacia el cielo, como alelado, e intempestivamente, cada tanto, lanza manotazos al aire..

Dejamos el patio y atravesamos un pasillo que nos llevará hasta la habitación de Wilmito, ubicada en las oficinas que alguna vez estuvieron destinadas a las autoridades designadas por el Estado. Pasamos frente al taller de carpintería. Después de pasar un pequeño jardín interno, llegamos al borde de unas escaleras que conducen al piso superior. Un hombre armado está sentado al pie del primer escalón en una banqueta de plástico. No hay barandas para sostenerse y el cemento de los escaños está incompleto, como si un animal lo hubiera mordisqueado. En el primer piso, hay un pequeño recibo con un televisor de pantalla plana y un sofá de color negro, descosido. Juan Carlos me indica que me siente. Él continúa caminando hacia la izquierda. Dos personas están sentadas allí, manipulando sus teléfonos celulares.

Al final del pasillo está la habitación de Wilmito. Lo intuyo porque la puerta está cerrada y, sobre la superficie de falsa madera de la puerta, veo las iniciales de su nombre y apellido, WB, dibujadas sobre dos pliegos de cartulina de colores. Desde el sofá en el que estoy sentado puedo ver el patio principal de la cárcel, donde hay una multitud que va y viene. Las columnas de humo, provenientes de las parrillas donde se cocinan alimentos, se elevan hacia el primer piso. Hay puestos que venden comida, golosinas, y mesas sobre las cuales se disponen dosis de droga, también a la venta para aquellos que puedan pagarla. De pronto, se escucha el motor de una moto. Me levanto del sofá para asomarme a las ventanas que dan al patio y, en efecto, es una moto, conducida por un hombre que se pierde por la vereda que va hacia el campo de béisbol.

La cárcel de Ciudad Bolívar se levanta en un inmenso terreno. El área administrativa está separada de los pabellones donde viven los presos, que pueden verse desde la ventana por donde ahora miro. El sol comienza a ponerse y el penal adquiere un tono ocre, reforzado por el color durazno de la pintura de las paredes. En la fachada principal de los pabellones de los presos hay dos rostros pintados. A la derecha, Nelson Mandela. A la izquierda, Wilmito. Las dos imágenes están encerradas en un óvalo que a la distancia se parece a las ventanillas de un avión. Al lado del rostro de Mandela hay una frase: “No se puede juzgar a una nación por la manera que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato brindado a los más marginados, sus presos”. Y junto al de Wilmito: “No dejes que cuatro paredes roben tu sonrisa”. Mientras apunto esas frases en mi libreta, alguien se me acerca por el costado. Es Wilmito, que se planta delante de mí y me extiende la mano.

-¿Usted se va a quedar esta noche? Porque si es así de inmediato le arreglamos una habitación.

***

Wilmer José Brizuela Vera nació en Ciudad Bolívar el 20 de marzo de 1982. No hay que dejarse llevar por la impresión que causan las fotos que con frecuencia cuelga en su perfil de Facebook. Algunas veces está más gordo, otras menos, de modo que no es fácil reconocerlo al primer golpe de vista. En diciembre de 2013, cuando lo vi por primera vez, pesaba 93 kilos, y no es un hombre alto: mide un metro sesenta y cinco. Camina con las piernas semiabiertas, un pie apuntando hacia un lado, el otro hacia el otro. A veces, cuando usa cholas, arrastra los pies, pero es un hombre ágil y se precia de ser un gran amante. “Mi único vicio son las mujeres”, suele decir.

Padre de nueve hijos concebidos con siete mujeres, Wilmito es, paradójicamente, el único descendiente de Vidalina, el primer nieto de María y el primer sobrino de un gran matriarcado. Su padre, Carlos Delgado, era, al momento de concebirlo, un obrero de la industria de la bauxita. En la década de los 70, impulsado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el estado Bolívar desarrolló una industria nacional para trabajar el hierro y el aluminio. Carlos Delgado fue uno de los hombres beneficiados por los empleos que se generaron en la zona, y en aquellos años tuvo una relación casual con Vidalina. Es muy curioso que ella solo diera a luz a un niño. En las familias pobres venezolanas, suele haber muchos más.

-Mamá dice que siempre se conformó con tenerme a mí- dice Wilmito.

La de Wilmito es una pieza más bien pequeña. En la pared del fondo hay una biblioteca con tres repisas que llena todo el espacio, con muchos libros. Sobre otro de los entrepaños están sus efectos personales –colonias, desodorantes- y, en la última repisa, están los zapatos. Cuento más de diez pares. Detrás de la silla que ocupa Wilmito hay un fusil de asalto AR-15 y una pistola 9 milímetros. Sobre la cabecera de la cama, de tamaño matrimonial, cuelga un afiche, enmarcado en marco dorado, con la foto de un tigre. Debajo de la fotografía leo: “El Señor va delante de mí, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides”. La voz de barítono de Wilmito dice:

-¿Dígame, hermanito, qué se le ofrece?

*** 

Conozco a Vidalina, la madre de Wilmito, una mañana de enero de 2014 en un estadio de softbol, El equipo de la cárcel de Vista Hermosa –llamado Los Hit Man- está inscrito en un torneo que enfrenta a cuatro equipos y hasta allí ha llegado Vidalina para aupar a Wilmito, titular en su escuadra. Estamos en el barrio Medina Angarita, de Ciudad Bolívar. Las viviendas, pintadas en tonos de rosado, ocre o azul pálido, son de una planta, y el tendido eléctrico cruza sobre los techos de platabanda.

Vidalina –una morena robusta, entrada en sus cincuenta, que cuando sonríe enseña unos dientes parejos y muy blancos- aún vive en el barrio Hipódromo Viejo de Ciudad Bolívar, una lonja de tierra entre el margen más angosto del Río Orinoco y la Laguna del Medio. Trabajó como camarera durante muchos años en el Hotel Bolívar, el más importante de la ciudad en la década de los años setenta, y Wilmito, durante sus ausencias, quedaba al cuidado de la abuela María. El niño creció en un matriarcado, rodeado de afecto, alejado de las drogas y sin extrañar la figura paterna. Recibió su apellido de una pareja estable que tuvo Vidalina mientras transcurrió su embarazo. Aceptaba los regaños de los vecinos sin abrir la boca y sin contradecir las órdenes. Jugaba con canicas –aquí las llaman metras- y un trompo. Iba al colegio Rotario por las mañanas y pasaba las tardes jugando a la pelota en las calles de tierra, a la sombra de árboles de mango.

-Nunca me llamaron para plantearme una queja de él-, dice Vidalina, sentada en la tribuna sobre dos tablas rectangulares de madera cuarteada, en medio del bullicio de los jugadores, que ahora beben cervezas.

Wilmito está en la otra tribuna con Luis Zamora, alias Boliqueso, el segundo de sus lugartenientes y encargado de administrar los castigos en el penal. El equipo de los presos ha perdido el partido frente a la formación de Brisas del Orinoco, constituida por vecinos de ese sector, y él no tuvo una buena tarde.

Para los presos, de cualquier manera, estos partidos son una fiesta. Vigilados por la Guardia Nacional, que está apostada en las entradas y salidas de las tribunas y rodea cada punto del estadio, el juego de béisbol es la excusa para encontrarse con sus familiares e hijos en las tribunas. Bien lo sabe Vidalina. Es, también, el modo que ella tiene de apoyar esa suerte de programa de gobierno que su hijo repite a los periodistas que lo han visitado, y que podría resumirse en cuatro mandamientos: nada de andar en los pasillos sin camisa, hay que respetar a los familiares que visitan el penal, no hay que robar a los compañeros y se debe practicar algún deporte. Tal vez por esa razón, los presos se toman estos campeonatos como si se tratara de un torneo profesional.

***

Siendo todavía un niño, Wilmito empezó a practicar boxeo aunque su madre se oponía. El responsable de esa pasión fue su abuelo Cándido Vera, un ex boxeador y luchador profesional, con quien veía los programas de boxeo que transmitía la televisión –las históricas peleas de Ray Sugar Leonard con Marvin Hagler o Tommy Hearns- en la década de los ochenta. Un día, mientras miraban una de esas peleas, Wilmito le dijo que quería aprender.

-Tú me estás jodiendo –le contestó el abuelo.

-No –le respondió Wilmer.

El abuelo se levantó de la silla y se puso en posición de combate: Las piernas flexionadas, los codos pegados a las costillas, los pasos hacia adelante y hacia atrás, uno, dos, uno, dos. A partir de entonces, y de manera más o menos improvisada y rústica, el abuelo entrenó al nieto en los principios del boxeo. Cinco meses más tarde, Wilmito pidió matricularse en una academia. Tenía 13 años. Ciudad Bolívar tenía entonces dos campeones mundiales –los hermanos Ernesto y Crisanto España- que atribuyeron el poder de sus puños a los mangos que comían y una legendaria escuela, el gimnasio Boris Planchart, dirigida por el entrenador Ángel Salaverría. Hasta allá lo llevó Cándido Vera una tarde. Salaverría y Vera se saludaron sin especial deferencia. Cuando Vera le contó el motivo de la visita, Salaverría encaró a Wilmito, y sostuvieron un breve diálogo:

-¿Quieres aprender?

-Sí.

-¿Quieres ser alguien?

-Sí.

El entrenador se quedó callado, mirándolo a los ojos. Después, le dijo una frase que hoy, casi veinte años después, Wilmito es capaz de recitar de memoria: “Necesitas tener un corazón de guerrero, una vista de águila y unos puños de acero”.

En el boxeo, Wilmito tenía talento y ganas, pero le faltaba la preparación física. Ángel Salaverría, fallecido hace dos años, pulió aquellas primeras lecciones del abuelo Cándido Vera. Wilmer llegaba del colegio a la una de la tarde, recogía un bolso con una muda de ropa y una pimpina de agua, y salía en autobús hacia el gimnasio, donde pasaba cuatro horas entrenándose hasta que, derrotado por el cansancio, volvía a casa a comer y a dormir. Estaba matriculado entonces en el liceo Ernesto Sifontes, cursaba la escuela secundaria y era un chico delgadísimo, de apenas 48 kilos. A los 14 años, cuando su entrenador decidió que estaba listo para debutar en la categoría Mosca, no resaltaba por la fuerza de su pegada. Pero a Salaverría le llamaba la atención la tranquilidad de su discípulo. Aplanado, casi inexpresivo, Wilmito no parecía alterarse cuando lo golpeaban. Con el tiempo, aprendió a anticipar los movimientos del rival para esquivarlos. Muchos años después, el boxeo le serviría para mantener la calma en medio de situaciones muy complejas: ¿Cómo encarar el robo de un banco sin alterarte cuando el plan no funciona como lo habías diseñado, sin ser capaz de anticipar las reacciones del otro, que está tan aterrado como tú?

En aquel primer combate enfrentó a Luis Palma, a quien venció por decisión de los jueces. El profesor Salaverría tomó aquella refriega como el inicio de la carrera de un campeón al que había que cincelarle la paciencia. Wilmito vio en aquellos años los videos de Marvin Hagler, un legendario campeón de peso medio que jamás dejaba de pegar. ¿Qué pasaría si él, que entonces era una poquita cosa, un gorrión de lavandero sin alas, el hijo único y pobre de una camarera, se convertía en un nuevo campeón mundial de boxeo, como Hagler? De las siguientes 280 peleas, solo perdió tres: con Gilmer Pino, José Rincón y Patrick López, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de 2003 celebrados en República Dominicana. Hasta hoy Wilmito los recuerda con nombre y apellido, y no porque aún no haya asimilado la derrota, sino porque Patrick López llegó hasta donde él hubiera querido llegar: Los Juegos Olímpicos. A Wilmer solo le faltó ese escalón para coronar una progresión exitosa: ganó la presea dorada en los Juegos Nacionales Juveniles de 1997 y participó, en 1999 y 2000, del torneo internacional Batalla de Carabobo, el evento más importante del pugilismo aficionado en Venezuela. 

Esa capacidad para esquivar los golpes y castigar al rival a la zona media con la mano izquierda –una técnica que Salaverría le enseñó utilizando como blanco un muñeco relleno de arena- fue también advertida por los entrenadores de la selección nacional, José Sayago y Ángel Fermín. Fue quizá el momento más esplendoroso de su vida. En 2000, con 18 años, fue llamado a la preselección que participaría en el nuevo ciclo olímpico. En 2004 se celebrarían las Olimpiadas en Atenas, y Wilmito comenzó a pensar que podía colgarse en el pecho una medalla de oro. Había desarrollado la valentía de intercambiar golpes de principio a fin. Con el tiempo, había ganado poder en su pegada: su entrenador lo obligaba a golpear sacos de aserrín de más de 100 kilos. Un round dura tres minutos, pero sobre el ring tres minutos son la eternidad. Decía Joyce Carol Oates, en su ensayo Del boxeo, que el que practica este deporte debe aprender a inhibir su propio instinto de supervivencia y a doblegar el impulso humano de eludir el dolor. Wilmito dice que, con los años, el boxeo lo enseñó a perder el miedo. Y eso era algo que iba a necesitar.

***

Mientras evoca sus glorias idas, sus ayudantes llegan con la cena: dos sánduches rellenos con pollo a la parrilla, rociados con salsa rosada, preparados, supongo, en uno de los expendios de comida del penal. Cuando nos disponemos a comer, tocan la puerta de la habitación. Es Boliqueso que viene abrazado a dos mujeres arregladas como para ir a bailar. Una de ellas, vestida con una blusa escotada, unos jeans desteñidos y sandalias, tiene el cabello veteado de tinte amarillo. El tinte no ha logrado colonizar las raíces negras. Lleva las uñas de los pies perfectamente pintadas en varios colores. La otra, más discreta, permanece callada y parece triste. Boliqueso lleva en su mano una botella de licor de anís y tiene el pecho henchido. Wilmito, que dice no ser un aficionado a las bebidas alcohólicas, bromea con el grupo que se prepara para seguir la fiesta. Frente a los chistes de Wilmito, en un lenguaje casi cifrado, la falsa rubia se dobla como si tuviera arcadas, ríe con energía y parece a punto de caer. Son conversaciones que un extraño no entiende sin contexto. Los tres han entrado al cuarto para buscar vasos plásticos. Wilmito se levanta de su silla y toma tres vasos de color fosforescente del mueble colocado frente a su cama. Sobre la repisa que lo corona hay un televisor pantalla plana de 42 pulgadas y varios discos compactos de una banda llamada Voces de Libertad. Al ver los discos, Wilmito tiene una idea, que ejecuta una vez que Boliqueso y las chicas salen del cuarto, abrazados como entraron: amenizaremos nuestra cena con la música de la formación que, faltaba más, lo tiene a él entre sus integrantes.

Su sánduche está todavía intacto sobre la mesa. Wilmito enciende el DVD y prepara el televisor para que veamos el show mientras cenamos. Voces de la Libertad es una orquesta de presos que toca versiones de grandes clásicos de la salsa. En la carátula del disco cuento los nombres de dieciocho personas, entre personal técnico, coristas, cantantes y músicos. La primera pieza que escuchamos es Aguanilé, el viejo tema que grabaron Héctor Lavoe y Willie Colón en una memorable placa llamada El Juicio, de 1972, y que más recientemente ha sido cantada por Marc Anthony. Los músicos se presentan sobre una tarima que nada tiene que envidiar a las que se ven en los conciertos de las bandas establecidas..

-Esa es una fiesta que dimos aquí el día de Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona de los presos.

La tarima, me dice, estaba colocada al fondo del penal, en el patio de deportes, un terreno en forma de diamante donde suelen jugar béisbol.

***

En octubre de 2002, cuando tenía 20 años, Wilmito fue a una función de matiné en la discoteca Atenas, muy de moda en Ciudad Bolívar, con un amigo que llevaba una pistola. Wilmito, vestido con la chaqueta de la selección nacional de Venezuela, una pieza con los colores de la bandera nacional, conversaba con unos amigos cuando la policía llegó al local para hacer una requisa. Ya era un hombre reconocido por sus méritos deportivos y, aprovechando esa circunstancia, su amigo le entregó la pistola que llevaba, para evitar problemas. Esa noche, ninguno se salvó de la revisión.

-Yo creo que el policía me vio cuando recibí el hierro. Todo fue muy rápido. Me quitaron la pistola, me esposaron y me sacaron de allí detenido. De pronto las cosas cambiaron para mí.

Wilmito dice que hasta ese momento jamás había delinquido. Pero eso no es cierto, según lo comprobé después de mi visita al chequear sus antecedentes penales. Desde el 13 de mayo de 2001 estaba solicitado por la subdelegación de Ciudad Bolívar por robo. Una semana después, 20 de mayo, volvió a robar y también lo hizo el 19 de octubre de 2001. De acuerdo con los registros policiales había delinquido en tres ocasiones antes de ser capturado dentro de la discoteca, pero él ha preferido obviar ese detalle.

De la discoteca lo llevaron a la cárcel de Vista Hermosa, donde pasó seis meses. Durante los primeros cuatro días no salió nunca de la habitación. Se las había arreglado para conseguir la protección de uno de los líderes del pabellón donde lo alojaron, Luis Oswaldo Martínez. No lo dejaban ver los coliseos, las peleas a cuchillo entre presos enfrentados por alguna disputa, y que son ordenadas por el pran para que esas disputas se diriman. Dejó de alimentarse como un atleta –carnes blancas, vegetales, zumos naturales- para comer harinas y a deshora.

Al salir de la prisión con una medida cautelar, el Instituto Nacional de Deportes (IND) sometió su caso a la consideración de un tribunal disciplinario en Caracas, que resolvió expulsarlo de la preselección nacional de boxeo. Wilmito regresó decepcionado a su casa, sin ganas de seguir entrenando, a pesar del respaldo que le daba su mentor, Ángel Salaverría. Había quedado fuera del ciclo olímpico.

Vidalina, su madre, estaba sin trabajo, en medio de una feroz contracción económica por el paro de la industria petrolera venezolana de principios de 2003. Wilmito comenzó a frecuentar a los amigos del barrio que no tenían una vida sino un prontuario. Vidalina le pidió que no se juntara con los malandros del barrio. Pero él tenía una certeza: creía que los hombres jamás pueden zafarse de su prontuario, y él, aunque pequeño, ya tenía uno.

La primera vez participó en un robo a un comerciante de oro y diamantes, en el aeropuerto de Ciudad Bolívar, una terminal modesta que sólo recibe un vuelo comercial por día desde Caracas. Salvo eso, por lo general allí aterrizan avionetas con personas que transportan metales –oro, diamantes- desde las minas del sur y el oeste del Estado. Fue una operación simple, en la que él sólo se encargó de cuidar las espaldas de los compañeros que asaltaron al comerciante. A ese debut le siguieron varias operaciones similares hasta que, acusado de un delito que él nunca reconoció – el secuestro de Juliano Elías Abboud, un conocido comerciante árabe de la zona, ocurrido el 26 de septiembre de 2004- volvió por segunda vez a Vista Hermosa. Era el año 2005 y Wilmito estaba dispuesto a convertirse en líder.

***

Como presidenta del circuito judicial penal, Mariela Casado ratificó en 2007 el primer fallo de los tribunales locales, publicado en octubre de 2006, contra Wilmito: diez años de prisión por raptar a Abboud. No era la primera vez que se veían, ni tampoco sería la última. Se habían conocido en la cárcel de Vista Hermosa cuando ella recién se estrenaba en su cargo y él apenas comenzaba a despuntar como un líder. Ella visitaba el penal para conocer las demandas de los presos y él era quien transmitía las peticiones. Con lo poco que hablaron, Casado elaboró el perfil de un hombre astuto, amoral y siniestro, con mucha más facilidad para expresarse que el resto de sus compañeros. Varios de los presos que acudían a los tribunales confirmaron sus presunciones cuando, en el receso de las audiencias, le confiaban que para sobrevivir dentro del penal había que obedecerlo y pagar sin falta el impuesto semanal.

***

Ya es de noche, pero la música, ensordecedora, continúa. Ahora son casi las ocho y Wilmito me reitera la invitación:

-Si quieres puedes quedarte a dormir. Yo arreglo un cuarto y mañana continuamos.

Pero no acepto quedarme, porque tengo miedo.

Antes de irme, le pido dar una vuelta por otras áreas del penal, y Wilmito acepta. Salimos del cuarto y nos encontramos con Juan Carlos Hernández, el hombre que me había recibido en la entrada, sentado en el sofá del recibidor. Cuando nos ve aparecer, hace el ademán de levantarse, como si ante él hubiera aparecido un militar de rango superior. Todavía lleva la pistola en el cinto. Wilmito le pide que se quede sentado con un gesto apenas perceptible. Seguimos caminando por el mismo pasillo hasta la puerta del fondo. Al abrirla, entramos a un cuarto oscuro iluminado por la luz que rebota de un televisor de 42 pulgadas de pantalla plana, que refleja una transmisión de circuito cerrado. En todo el penal hay 48 cámaras que le permiten al Pran y a sus segundos vigilar todas las áreas: la planta baja de los pabellones, la vereda donde se reproducen kioscos de venta de comida y golosinas, la verja verde de la entrada principal, el área destinada a los homosexuales y a los evangélicos, y la zona de La Guerrilla, donde están los presos que no quieren acatar las reglas impuestas. Es un galpón donde viven hacinadas varias personas. Wilmito toma el mouse del ordenador que controla el sistema y se posa sobre cualquiera de las imágenes, para ver con detalle qué sucede.

Wilmito pasa mucho rato mostrándome la cárcel a través de la pantalla, y entonces le pido que dejemos para otro momento el recorrido. Wilmito me acompaña, escaleras abajo, hacia la puerta de salida del penal. Por el camino le pregunto quién pone el dinero para comprar las cámaras y los televisores. No hay una respuesta concluyente y variará en los meses que siguen: a veces me dice que son donaciones de amigos; otras, que se compraron con el dinero que cada preso entrega al Pran todos los domingos de cada mes para mantener las instalaciones.

***

Regreso a Vista Hermosa a media tarde del jueves 9 de enero de 2014. Sopla una brisa fresca y no hace tanto calor como en diciembre. Juan Carlos Hernández me recoge otra vez en la puerta, pero no caminamos hacia la habitación de Wilmito. Recorremos el penal a la luz del día. Mientras caminamos por el pasillo de uno de los pabellones, Hernández se detiene y toca la puerta de una de las habitaciones. Entramos a un cuarto iluminado por luces de neón. Una mujer está sentada sobre una cama matrimonial, con una niña paralítica entre los brazos. Wilmito está a su lado. Al verme, y antes de extenderme la mano, se inclina para besar la frente de la niña, que, sabré después, tiene cuatro años. Luego utiliza el dedo índice y el medio a modo de pinza para tocarle la nariz y hacerle cariño mesándole el cabello. El aire acondicionado mantiene la habitación a una temperatura casi polar.

Cuando salimos le pregunto quién era y me responde:

-Ella era mi mujer, pero ya no estoy con ella. Ella vive aquí con mi hija.

Wilmito no sabe precisar qué le pasa a la niña, por qué está paralizada. A esa mujer, a la que ni siquiera menciona por su nombre, la dejó por otra, y a esa otra la sustituyó por otra más y así.

Seguimos caminando por el pasillo que desemboca en el patio central. Allí hay dos niños jugando. Uno de ellos –pequeño, fornido, moreno y con el cabello casi al rape- usa una camiseta del Barcelona y debe tener unos seis años. Se parece mucho a Wilmito y, en efecto, es uno de sus hijos. Antes de seguir, él se toma unos segundos para jugar con él. Padre e hijo se colocan en posición de combate, con la pierna izquierda más adelantada, semiagachados, y con los puños a la altura del mentón. Después, unen sus puños derechos, como si estuvieran jugando a los superhéroes. Juan Carlos Hernández y yo seguimos nuestro camino y Wilmito se va a su habitación.

El paseo que hemos dado por casi toda la cárcel tiene un solo propósito: que yo vea que los presos son más capaces que el Estado para manejar el penal. El fallecido presidente Hugo Chávez consideraba a Wilmito casi un gobernador in pectore. Chávez, que solía bromear con sus invitados al programa dominical que conducía, Aló, Presidente, le dijo al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, presente entre el público, “Ese Wilmito como que manda más que tú, Rangel”. El gobernador esbozó una media sonrisa.

Este día de enero, el recorrido por la cárcel termina en la cancha, que está muy bien conservada. Dos equipos de presos juegan al fútbol. Algunos tienen camisetas de clubes como Arsenal o Real Madrid; otros, usan camiseta de clubes locales: Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club.

Wilmito es uno de los jugadores. Acompaña la jugada con parsimonia de elefante y no traba la pelota en la mitad del terreno. Parado cerca de la banda, siempre espera desmarcado el último pase para patear al arco. En dos ocasiones, el arquero bloquea la pelota, pero en la tercera Wilmito recibe en el vértice del área, regatea a un contrario que se desliza para quitarle el balón, y le pega al ángulo. No se escuchan aplausos desmedidos tras el gol. Wilmito regresa caminando hacia la mitad de la cancha que defiende su equipo, y ocupa su posición de extremo. Noto, sí, el esfuerzo de los rivales por no pegarle patadas.

Boliqueso está sentado a mi lado, ajeno a lo que ocurre en el juego, porque se entretiene manipulando su teléfono inteligente de última generación. Los guardaespaldas de Wilmito se apostan con armas largas en las esquinas de la cancha, y detrás de nosotros. Lo primero que me dice Boliqueso es que él es responsable de que los presos aprendan a convivir. Esa frase suena extraña en boca de hombre que apenas abre los labios, de frases cortas y silencios amplios. De pronto, toda su autoridad queda en evidencia cuando dos de sus lugartenientes se presentan ante nosotros escoltando a un hombre que trasgredió uno de los mandamientos del Pran. La noche anterior, un preso dejó olvidado un teléfono celular en las gradas de la cancha. A través de las cámaras, alguien vio que este hombre nervioso, que ahora está parado delante de nosotros, se lo llevaba escondido entre la ropa.

El hombre empieza a gesticular con movimientos ampulosos cuando lo acusaron del robo.

-No, causa, usted cree que yo voy a estar pendiente de ese teléfono.

En la jerga carcelaria, “causa” significa amigo cercano o aliado. Boliqueso apenas lo mira y parece pendiente de su propio teléfono. El hombre sigue gesticulando, con una pistola de cacha niquelada en la mano. Una, dos, tres veces sube y baja los brazos en un gesto visible de contrariedad, al tiempo que trata de explicar que él no ha tomado el aparato. Cuando repite el gesto por cuarta vez, tengo miedo de que se le escape un disparo, y cierro los ojos. De pronto, la voz de Boliqueso dice:

-Quítenle la pistola y que regrese al techo.

El hombre entrega el arma y se va, pateando el aire. Durante mi primera visita había visto a varios hombres sobre la platabanda de los pabellones, pero supuse que allá arriba, mientras caía la tarde, se distraían viendo hacia el horizonte, o buscaban la brisa fresca que, a nivel del asfalto, apenas se siente. Pero no. En el techo están castigados durante días aquellos internos que transgreden las normas impuestas por el Pran. Y no pueden bajar hasta que se los autoricen.

Wilmito termina de jugar y camina hacia nosotros. Uno de los guardaespaldas le ofrece una silla. Casi se arroja sobre ella en el esfuerzo de recuperar el ritmo normal de las pulsaciones. Se ve bastante cansado. Pocos minutos más tarde, me invita a ir hasta su habitación.

-Esa escena que tú presenciaste, del muchacho que se robó el celular, es una de las formas que tenemos de imponer la disciplina –dice, una vez que nos instalamos en el cuarto.

-¿Pero aquí en Vista Hermosa han ocurrido cosas peores?

-¿Como cuáles? –pregunta Wilmito, reclinándose en una silla de plástico.

La camisa sudada reposa en el respaldar del asiento.

-En otras cárceles venezolanas, por ejemplo, a los internos que roban les cortan los dedos con un machete. ¿Eso pasa aquí?

-No. Pero le podemos dar un tiro en la mano para que no lo vuelvan a hacer.

-¿Y cómo castigan a los que cometen faltas más graves?

-Depende de la falta que hayan cometido.

-A los violadores, por ejemplo, creo que no les perdonan la vida.

-Eso es cierto.

-En Youtube pude ver un video llamado ‘La reina del arroz con pollo’. ¿Esas imágenes fueron grabadas en este penal?

-Ese chamo violó a una niña de ocho años. Él debe sufrir lo que ella sufrió.

-¿Lo violaron y luego lo mataron?

-Él no murió. Pero al que tomó el video que circuló en Internet sí lo matamos.

***

Wilmito está ahora sentado a orillas de un inmenso terreno que en la cárcel se utiliza para jugar béisbol. Es martes 18 de marzo de 2014. Son las tres de la tarde y bajo la canícula polvorienta, un interno alto y barbudo trota a paso de maratón.

Nos acompañan Sincamisa y varios de los guardaespaldas. Uno de ellos le pide que cuente cómo fue que se convirtió en el jefe de todos. Recuerdo entonces lo que me había contado en su habitación en una de mis primeras visitas. En 2005 William, un preso con el que había cometido algunos atracos, tenía que salir en libertad y decidió entregarle el control del grupo. Fue casi como la coronación de un discípulo: “Tú lo puedes hacer mejor de nosotros”, afirmaron los dos subalternos de William, a quienes correspondía por jerarquía conducir al grupo.

A mediados de aquel año, todas las áreas del penal tenían sus líderes. Las rencillas por el control completo de la cárcel eran frecuentes y había cada vez más muertos. Las disputas se dirimían en una actividad medieval –llamada Coliseo- donde dos internos, por órdenes del Pran, se enfrentan a cuchillo en el medio de una rueda formada por sus compañeros. Por todas esas cosas, dice Wilmito, la idea de controlar el penal, instaurar sus reglas y masificar la práctica deportiva generó la simpatía de los internos.

Con 60 de ellos, planificó tomar el área de Reos –otra de las partes en las que se divide el penal, que tenía su líder- el 16 de octubre de 2005. Armaron un croquis e identificaron por dónde entrarían a matar a los miembros del grupo rival. Fabricaron escudos con tambores de hojalatas y puertas de escaparates, que servirían para avanzar mientras se protegía al líder. El invento, al que llamaron Papa Móvil, funcionó de la mejor manera porque logró amortiguar el impacto de una granada, y Wilmito y sus compañeros sólo recibieron algunas esquirlas. Aturdidos y confundidos, los miembros del grupo rival quedaron a merced de Wilmito, que emergió desde atrás de los escudos con su ametralladora terciada y su pistola. Al primero lo liquidó con un disparo entre los ojos y, después, mató a tres más. El grupo de Wilmito solo tuvo una baja. Los presos de Reos que sobrevivieron de inmediato reconocieron su autoridad.

Semanas después se prepararon para atacar a los del sector de Observación. Wilmito sentía por ellos un particular desprecio. En la mañana del 15 de noviembre de 2005, un hombre de la banda que allí mandaba “cantó una luz”. En la jerga carcelaria, eso significa que nadie puede moverse del lugar en el que está. Son momentos de mucha tensión, porque pueden estar moviéndose armas de un escondite a otro, y entonces se necesita discreción. Pero un interno de ese sector, que estaba preso por haber robado un cerdo, desobedeció y lo mataron. A las dos de la tarde de ese día, Wilmito, asqueado, le dijo al parquero, el hombre que conoce dónde se guarda el armamento:

-Prepara todo porque vamos a tomar esa mierda.

Lo cumplieron. Después de Observación, Wilmito y su banda tomaron el área de Taller. Luego cayeron el Rancho y el Anexo. En 2006 ya tenía control sobre todo el penal y había establecido las reglas: respetar a la visita del interno por sobre todas las cosas (el que no lo hiciera tendría que pagar con su vida); nunca revelar a la Guardia Nacional el sitio donde se esconden las municiones y las armas; y jamás intentar despojarlo de su oficiosa autoridad.

Ese mandamiento casi nunca es respetado y él mismo lo sabe. En 2009 intentaron asesinarlo. Un hombre joven le salió al paso mientras Wilmito caminaba por las áreas administrativas, y comenzó a dispararle. Casi al mismo tiempo, empezaron a sonar balazos en otras áreas. Wilmito fue herido en el hombro, pero pudo subir las escaleras hasta llegar a su habitación. Tomó la ametralladora, y volvió a salir de la habitación con un compañero que lo custodiaba. Sabiendo que todo era muy confuso, que aquello podía ser un nido de traidores, con la ametralladora terciada y con un bolso en el que llevaba dos mil balas y cinco granadas, tocó el hombro de su custodio y, tras persignarse, le dijo:

-Que sea lo que Dios quiera.

Para entonces, Boliqueso y Sincamisa habían ordenado cortar la luz. Así, Wilmito y sus compañeros, tiro a tiro, sofocaron la rebelión. Los conspiradores eran siete y cuatro murieron ajusticiados.

Me doy cuenta de que Wilmito ha estado recordando todas sus operaciones en medio de un público que, salvo yo, parece casi indiferente a sus hazañas. Nadie lo interrumpe, todos asienten. Están sus guardaespaldas, están Juan Carlos y Sincamisa, pero todos escuchan el relato como si estuvieran un poco hartos del mismo cuento escuchado una y otra vez. El sol comienza a ocultarse detrás del muro del penal, y dicen que van a acompañarme hasta la salida. Yo, sin querer, me quedo un poco rezagado amarrándome los cordones de los zapatos mientras Wilmito y sus espalderos caminan adelante. Cuando me estoy incorporando para sumarme al grupo siento el fuerte rugido del motor de una moto muy cerca del oído. Veo a un hombre a mi lado, subido a una moto. Apenas recojo mi cuaderno cuando escucho:

-Te puedo llevar hasta la puerta para que no camines este trayecto. Son 20 bolívares.

***

El 28 de diciembre de 2009, a la hora del almuerzo, Wilmito se desplomó entre bocado y bocado. Acababa de molestarse con un interno que “se había comido una luz”. Esa expresión significa en la jerga carcelaria una falta a las reglas impuestas por los reos y es merecedora de un castigo proporcional a ese “delito”. Wilmito fue trasladado hasta la policlínica Santa Ana de Ciudad Bolívar, y volvería a despertarse doce días después, tumbado en una cama y preguntándose qué le había pasado. Le había subido la presión arterial con la potencia suficiente para generar un edema cerebral que con los días fue cediendo a base de inyecciones de diuréticos y esteroides.

Asesorado por sus abogados, Wilmito identificó en ese percance la oportunidad de solicitar al tribunal cumplir el resto de la pena en su casa. Al escrito que razonaba la petición agregaron un informe médico que certificaba sus padecimientos –una elevada presión arterial y alteraciones en los valores de los triglicéridos y el colesterol- y lo presentaron con las formalidades debidas para que la audiencia incluso se celebrara en su lecho de enfermo. Todos suponían que la decisión favorable era un hecho mas no fue así. Advertida por los médicos de la clínica, la jueza Mariela Casado sabía que Wilmito podría regresar a la cárcel sin mayores inconvenientes. Como magistrada rectora ella pidió explicaciones a la jueza de primera instancia que llevaba el caso por la falta de decisión. Había transcurrido un mes desde el desmayo y Wilmito era el de siempre. Hacía y deshacía. Tenía las llaves de su habitación, entraba y salía de la clínica, y sus familiares se habían alojado en el cuarto contiguo para acompañarle. ¿Era posible que un preso ahora utilizara la clínica como un hotel?, se preguntaba Mariela Casado.

Con esas evidencias, y quizás con la silenciosa presión de Mariela Casado, la jueza del caso decidió que los días de Wilmito como paciente habían terminado. Debía volver a la cárcel.

***

A juzgar por lo que vino después Wilmito no recibió la noticia de buena manera y urdió una venganza en dos actos. El primero comenzó el sábado 30 de enero de 2010, cuando sacó una ventana del marco de su habitación en la clínica, rompió los barrotes y ganó la calle con la aparente complicidad del piquete policial que lo resguardaba, de acuerdo con el relato contenido en los expedientes del caso.

En la clínica los médicos conocieron otra versión. Era imposible que un hombre de esas dimensiones pudiera escapar por una ventana. Wilmito había salido a ver en la televisión el último juego de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, un acontecimiento deportivo que paraliza al país. Se trata de los dos equipos con más seguidores y Wilmito, un seguidor del Caracas, que obtuvo el título aquella noche, estaba entre aquellos absortos hinchas. En el júbilo de la celebración el Pran se quedó dormido y no regresó a su habitación.

Cuando la policía advirtió su ausencia inició una búsqueda casi frenética. El 2 de febrero vaciaron una casa donde suponían que estaba escondido. No lo encontraron. Hallaron, sí, a tres hombres e incautaron, según la prensa, 700 municiones calibre 7.62 para un fusil automático liviano. El cerco se estrechó tanto hasta que el 4 de febrero Wilmito se entregó en Caracas, en una oficina de la Policía Científica. Había recorrido 600 kilómetros desde Ciudad Bolívar porque creía que solo en la capital de Venezuela podrían reparar la injusticia que, según creía, la jueza Casado había cometido en su contra al impedir una decisión favorable. Le había planteado su caso a Lina Ron, una activista del gobierno con sólidos nexos con el presidente Chávez, quien lo llevó con el entonces director de la Policía Científica, Wilmer Flores Trossel.

Wilmito no regresó a Vista Hermosa. A los pocos días lo trasladaron hasta la Mínima de Tocuyito –el penal donde ahora se encuentra- y agregaron a su expediente el intento de fuga de la clínica. Tenía asegurado no solo un nuevo juicio, sino un incremento de la condena. Lejos de su familia y del poder que había acumulado, Wilmito comenzó a subir de peso y a sufrir quizá como nunca antes dentro de un reclusorio. Su familia, mientras tanto, denunciaba en los medios locales sus padecimientos y la mala voluntad de la jueza Casado como máxima autoridad judicial al no querer reconocerlos. Dos meses después volvió a Ciudad Bolívar para ser juzgado por el intento de fuga. El juez Roberto Delgado ratificó en abril de 2010 que debía volver a la cárcel de Tocuyito tras la primera audiencia. Un alguacil que estuvo presente me contó su reacción cuando escuchó el fallo. Wilmito se enfureció y lanzó maldiciones a todos los presentes en la sala. “Ella es la culpable. Mariela Casado es la culpable de esto”, gritaba. Desde entonces, comenzó a planear la manera de vengarse de ella.

***

Mariela Casado quería regresar a Valencia, de donde era oriunda. Había pasado mucho tiempo enfrentando un entorno hostil que no le permitía trabajar con comodidad. A sus familiares les había confesado que no se sentía una mujer libre. La mitad de su libertad, contaba, la había perdido cuando se recibió de abogado y la otra mitad la estaba perdiendo lentamente en su pedregoso ejercicio profesional.

Las imprecaciones de Wilmito sumaron otro motivo a las ganas de marcharse de la ciudad. No era la primera amenaza que recibía, es cierto, pero ya había perdido la fuerza que durante cinco años la llevó a soportar las presiones. Recordó entonces cómo, entre 2005 y 2010, había decidido abstenerse de conocer cualquier causa relacionada con él para evitar la tortura de lidiar con Vidalina, la madre del Pran, y María, la abuela, quienes siempre pasaban por los tribunales para exigir cualquier cosa: desde medidas alternativas al encierro para cumplir la pena o el regreso de Wilmito a su ciudad de origen.

Mariela Casado se ocupó, sí, de dejar asentadas esas amenazas en una denuncia interpuesta ante la fiscalía del estado Bolívar. Hoy sus familiares piensan que gracias a ese afán por documentarlo todo se despejó el camino para resolver el crimen que la alejó del país. El 6 de junio de 2007, según consta en el expediente, había revelado que en varios mensajes enviados a los celulares de sus colaboradores la amenazaban de muerte. Dos de ellos decían así: “Wilmel (sic), hay que joder a esa Mariela Casado, la juez de Ciudad Bolívar. Ya cuadré el atraco (…) Pégale un tiro”. Y otro: “Los panas (amigos) fueron a la cárcel a visitar a Wilmito y él cuadró todo. Mosca (pendiente), dile a Cara de Ratón”.

A ella, sin embargo, no le parecía que Brizuela pudiera ser el autor de ese mensaje. De hecho, en 2007 había despedido a varios secretarios y alguaciles de los tribunales y cualquiera de ellos tenía incluso más razones para amenazarla. Y el mismo Wilmito se encargó de llamarla para aclarar cómo procedía él poco después de que recibiera esas amenazas. Mariela Casado le contó a un amigo cercano, quien a su vez aceptó revelarme esto siempre y cuando mantuviera en secreto su identidad, lo que entonces le dijo el Pran: “Doctora, yo no amenazo, yo actúo”.

No tenía por qué dudar de su palabra. Cuando el 23 de marzo de 2007 la prensa local difundió el asesinato de cuatro hombres que tenían pocas horas dentro del penal, Wilmito la llamó para confirmar los corridos que se escuchaban en la calle: “Por ahí están diciendo que yo maté a esos muchachos. Quiero que sepa que yo sí los maté a ellos en represalia por la muerte de un primo, a quien ellos asesinaron”. Lo había advertido al juez antes de que sus víctimas llegaran a la cárcel. “De aquí no salen vivos”. Y cumplió. La prensa aseguró que una de las víctimas fue torturada y mutilada. Los hombres de Wilmito colocaron los ojos y la cabeza dentro de unos envases de vidrio.

Wilmito no amenaza. Wilmito actúa.

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Los presos comenzaron a matarse por el control del penal de Vista Hermosa después de la baja de Wilmito. En febrero de 2010 asumió el control Ausberto Medrano, alias Niño Criminal, que era parte de su clan. Durante su liderazgo murieron Frank Viamonte, después de un roce entre reos, y Ronny Rodríguez y Wilber Hernández, media hora después de haber ingresado a la cárcel. Niño Criminal se fugó el 19 de octubre de 2010 y fue abatido por la policía en un enfrentamiento un mes más tarde. Tomó entonces el control Pata’e loro, con quien siguió la ristra de muertes. Once días después de su coronación, el 30 de octubre, balearon a Miguel José Bolívar Solís, Roger Ernesto Requena García, José Wilfredo Bejarano Vargas y otros dos reclusos no identificados, en medio de un motín por el control de Vista Hermosa. Y meses más tarde el gobierno de Marlon Alirio Guevara –quien a su vez había sustituido a Pata’e loro, trasladado a otro penal- culminó de forma trágica, acribillado con más de 20 impactos de bala.

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Mariela Casado sentía que un hombre la seguía cada vez que regresaba a su casa desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, una institución creada por el comandante Chávez para ampliar la oferta educativa. Era el mes de abril de 2010 y la jueza rectora cumplía con algo de desgano con uno de los últimos compromisos en Ciudad Bolívar.

Tenía razones para sentir que todos la miraban. Aunque, paradójicamente, no temía un atentado en su contra, tomó algunas previsiones. No utilizaba siempre el mismo vehículo, por ejemplo. No solo eran los señalamientos directos de Wilmito. Recordó entonces que entre abril y diciembre de 2009 había recibido mensajes de texto en su teléfono celular casi elegíacos, que prefiguraban su actual situación. El 14 de abril le escribieron esto: “Días vendrán en que de verdad la justicia prevalezca, por los momentos aún le queda tiempo para recapacitar, cuídese”. Y un día después le llegó lo siguiente: “Mis pasos se bañarán con la sangre del impío. Hay un Dios que reivindica al justo y está haciendo justicia en la tierra”. Tres días después leyó amenazas más explícitas: “Escribo y borro, busco y no encuentro elementos para salvarla. He usado ya todo cuanto me ayudó a impedir su partida”. Y a continuación: “Podría equivocarme como te has equivocado tú, Mariela, sin embargo soy justo y debes irte”.

Su cuerpo comenzó a somatizar todas sus angustias hacia principios de junio, con atroces puntadas en el vientre. Sin tiempo que perder su hermana Maria Gabriela le fijó para el 18 de junio una cita con un médico en Valencia. Mariela Casado dudó por un momento. Para ausentarse de la ciudad debía obtener el permiso de sus superiores en Caracas. También alguien debía encargarse de buscar y traer a sus hijos al colegio. Su hermana le dice entonces:

-Anda. Yo busco a los muchachos en el colegio.

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El 14 de junio de 2010, Manuel Gutiérrez, entrenador deportivo de Edelca, la compañía eléctrica del Estado de Bolívar, se dirige hacia la casa de su hijo menor Christian conduciendo una camioneta blanca, marca Jeep, modelo Gran Cherokee. Son las ocho y media de la noche. Manuel vive en Puerto Ordaz, la segunda ciudad más importante del estado Bolívar, y el polo de desarrollo de la industria del hierro y el aluminio venezolanos. En el baúl lleva 150 pelotas de tenis, tres raquetas, otros implementos deportivos y una guitarra.

Christian sale apenas escucha la bocina de la camioneta junto a su hermana Yenibel y se entretienen conversando en la acera. Un grito de Yenibel interrumpe la conversación. Dos hombres armados, que habían bajado de un Fiat Siena, apuntan al grupo, los separan y le piden a Manuel las llaves de la camioneta.

Marlon Medina, moreno, peliteñido, es uno de los atracadores y quien ahora conduce el vehículo que va de vuelta hacia Ciudad Bolívar. Se siente contento porque pronto tendrá en su bolsillo 5.000 bolívares que le había ofrecido alias El Pucho, el jefe de la operación, por buscar la camioneta que necesita el patrón. Al patrón también le dicen el goldo Wilmer –así, con una ele intercalada- o Wilmito. El patrón está determinado a matar a la jueza Mariela Casado en cuatro días más y para la misión ha encargado un carro.

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A las once y media de la mañana del jueves 18 de junio El Pucho, cuyo nombre real es Luis Ramón Acosta, es citado por alias El Ciego en el estacionamiento del Bingo Calypso. El Ciego es el gran coordinador de la operación que está a punto de empezar, y se mantiene en contacto con Wilmito por vía telefónica, de acuerdo con la voluminosa acusación que los fiscales escribieron para imputarles el crimen que pronto cometerían.

Al llegar, El Pucho saluda a otras dos personas a quienes solo conoce por sus apodos: La Niña y El Menor.

-Vamos a matar a una señora –dice El Ciego.

El Ciego le pide a El Pucho que maneje la camioneta Cherokee y que lleve como acompañantes a estas dos personas. Él, mientras tanto, sube a otro vehículo que hará de lazarillo para conducirlos hasta el sitio donde La Niña, cuyo verdadero nombre es Edgar Silva Rondón, bajará del vehículo y cumplirá con el encargo.

A las doce y media del mediodía la profesora María Gabriela Casado enciende su Toyota Yaris color negro, ese que a veces utiliza su hermana para trasladarse hasta la Universidad Bolivariana de Venezuela, y maneja hasta el colegio Nuestra Señora de las Nieves, situado en el cruce de las avenidas Jesús Soto y Táchira. Es un sitio estratégico porque está ubicado frente al aeropuerto y es una de las vías expresas que conduce hasta la salida de Ciudad Bolívar. El tráfico del mediodía es denso porque a esa hora todos están buscando a sus hijos. A las 12:45 sale con sus sobrinos y se detiene en un restaurante de comida rápida para comprar el almuerzo. No tardaría mucho allí. Poco después de la una llegan a la casa. Los chicos bajan del carro y corren a tocar el timbre para que el abuelo, Héctor Casado, les abra la puerta. Cuando uno pasa mucho tiempo expuesto al calor húmedo de Ciudad Bolívar solo le provoca correr y colocarse delante de un ducto de aire acondicionado.

En el carro queda olvidada la cajita roja, llena de papitas fritas, con una letra m pintada en color amarillo sobre una de las caras. Antes de entrar a la casa, María Gabriela Casado atiende a un vecino, llamado Pedro Pérez, que le viene a dar buenas noticias. Es cuestión de días para que arreglen un bote de aguas servidas que está afectando tanto a su casa como a la residencia de la familia Casado. Casi al mismo tiempo que se produce esta conversación, El Ciego llamó a La Niña.

-Esta es la mujer.

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Wilmito no amenaza, Wilmito cumple.

Dos días después de mi segunda visita al penal de Vista Hermosa, el jueves 9 de enero de 2014, Wilmito asiste a la penúltima audiencia del largo juicio seguido por el asesinato de la profesora María Gabriela Casado. Recuerdo que hablaba por teléfono para coordinar el traslado hasta Valencia en un autobús, donde fue radicado el juicio. Unos llevarían carne asada. Otros, la bebida. La condena definitiva llega tres semanas después: 14 años y diez meses como cómplice no necesario en robo agravado del vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. A El Pucho le correspondieron 16 años y diez días.

Antes de salir para aquella vista le pregunté a Wilmito por la doctora Casado. Estamos en su habitación con el aire acondicionado encendido en su máxima velocidad. Cuando escucha preguntas alejadas del guión del personaje que está construyendo, el Pran se estira y se toma su tiempo. Es una pausa necesaria para elaborar respuestas ajustadas a la imagen de líder que desea proyectar. En esta ocasión, sin embargo, parece ligeramente molesto. Sin alzar la voz, como si de pronto sintiera la necesidad de demostrar sin poses quién es, me responde con la primera idea que le viene a la cabeza.

-Si yo hubiera querido asesinar a Mariela Casado lo habría hecho. Yo no me equivoco. Yo sabía dónde lavaba su ropa, cuándo viajaba a Caracas. Muchas veces me llamaban cuando la tenían enfrente para preguntarme qué hacían con ella. Y nunca actué en su contra. Yo decidí admitir mi responsabilidad por la relevancia del caso y porque tenía la pelea perdida contra la jueza más poderosa del estado Bolívar.

Después del asesinato de su hermana, Mariela Casado salió de Venezuela con rumbo desconocido y con el imperioso objetivo de olvidarse de que alguna vez ejerció como abogada y jueza. Sus familiares tienen prohibido revelar dónde se encuentra por miedo, ahora sí, a que se concrete un atentado.

Ahora que el Gobierno pide orden en la frontera, hay más de 5.000 millones de dólares que esas regiones debieron recibir por ley. Una de las prioridades legislativas que estableció el proceso constituyente de 1999 fue promulgar una Ley Orgánica de Fronteras, que prometía asignaciones económicas especiales a las mismas regiones en las que hoy se pide sacrificios para luchar contra delitos, que van desde el tráfico de alimentos hasta el contrabando de gasolina, minerales y materiales de construcción.

La Carta Magna establece que el Estado debe normar y dar beneficios a los espacios que marcan los límites del territorio nacional, y lo dice en el artículo 15 entre los primeros apartados: "Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad".

Han pasado casi 15 años desde que se promulgó la Constitución y el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras sigue en alguna gaveta de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Rocío San Miguel señala –desde la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional– que el proyecto fue aprobado en 2004 en primera discusión y al año siguiente fue sometido a un proceso de consulta pública en foros organizados en Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. Desde entonces no ha habido más.

TSJ tranquilo

Ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia dio curso a una demanda por inconstitucionalidad, que la propia San Miguel introdujo el año pasado para reclamar la omisión legislativa en la que han incurrido los diputados de este y otros períodos.

En ponencia de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, la Sala Constitucional desestimó hace dos meses el reclamo, tras señalar que San Miguel no había vuelto a manifestar interés en el tema. "No se ha realizado ninguna actuación procesal tendente a dar continuidad a la tramitación del presente juicio", justificó el Poder judicial el 17 de julio a través de un comunicado.

La Asamblea Nacional, de cualquier forma, sigue en mora con la Constitución y con las poblaciones de la frontera, cuyo proyecto de ley apunta –entre otros beneficios– destinar 0,75% del presupuesto nacional para los municipios y estados que delinean el mapa venezolano.

Se trata de 17,6 millardos de bolívares fuertes que desde el año 2000 dejaron de percibir las alcaldías y gobernaciones de todas las fronteras. Calculada a la tasa del dólar oficial de cada año, la suma equivale a 5.320 millones de dólares que hubieran dado para levantar casi 15 puentes como el del río Orinoco o 49 hospitales como el Cardiológico Infantil de Caracas, inaugurado en 2006 con 107,4 millones de dólares.

Gobierno reacciona

Esta semana el Gobierno volvió a dar señales sobre el tema. Apenas hace un mes, el diputado por el partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas, no daba muchas pistas; no era preciso cuando le consultaban sobre el destino de la Ley de Fronteras. El jueves, sin embargo, advirtió por dónde van los tiros. Dijo que estaban revisando los artículos, pero directamente en Miraflores a través de otra ley: la Habilitante.

Fariñas, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, reiteraba el mes pasado que la Ley de Fronteras estaba lista para ser aprobada, pero no decía para cuándo. "Tenemos un jefe del Estado y depende de todas esas cosas, pero hay la disposición", dijo el 14 de agosto en una entrevista para este trabajo. Este jueves fue un poco más allá y asomó la posibilidad de que sea el primer mandatario quien la promulgue.

Nicolás Maduro, en su campaña contra el contrabando, anunció la noche del jueves una reforma a la Ley de Precios Justos y más temprano, Fariñas informó que el propio jefe del Estado había pedido el Proyecto de Ley de Fronteras, con el objetivo de promulgarla con una reforma a la Ley de la Seguridad de la Nación.

Preocupados por lo que pasa alrededor de los más de 2.200 kilómetros que dividen a Venezuela de Colombia, los poderes públicos han empezado a retomar el debate que la Constituyente planteó sobre las zonas fronterizas y, en ese sentido, el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Alexis López Ramírez, planteó también el jueves –desde Fuerte Tiuna y en compañía de Fariñas– "controlar el desequilibrio poblacional" que hay a ambos lados de la raya.

"En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos una relación de ocho a uno, es decir ocho habitantes colombianos a un venezolano", resaltó el mayor general del Ejército, Alexis López Ramírez, de acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional. "La presión poblacional es muy grande por cuanto a la demanda de artículos de primera necesidad y contrabando, porque esas ocho personas tienen que alimentarse de ese solo venezolano que vive en este lado".

Cúcuta decepcionada

En Colombia, sin embargo, creen que el tema está mal planteado. Vía telefónica desde Cúcuta, el presidente de la Asamblea Departamental del Norte de Santander, Abel Moreno Monsalve, afirma que es imposible legislar sobre las reglas del mercado. El meollo del asunto, a su juicio, está en el control cambiario. "No hay mejor regulador de la economía que la propia economía", dice. "El tipo de cambio es el que debe regular el mercado".

En nombre del millón de colombianos que viven al otro lado del Táchira, Moreno habla de una medida unilateral tomada en Caracas, que ha restringido el derecho al libre tránsito, ha debilitado el comercio bilateral y ha alejado a familias repartidas a ambos lados de la raya.

"Hay más de 200 trochas y uno se pregunta si es que el Gobierno venezolano cierra los pasos fronterizos porque no confía en su propia guardia", agrega Moreno, quien forma parte del partido Social de la Unidad Nacional, el mismo del presidente Juan Manuel Santos.

Táchira descontento

Aunque la Casa de Nariño advirtió que el cierre de la frontera era una decisión exclusiva de Miraflores, Maduro y Santos llevan la fiesta en paz, lo que tampoco quiere decir que Caracas y Bogotá bailen al mismo ritmo. En Colombia también se preparan para aprobar una reforma a la Ley de Fronteras que tienen desde 1995, pero en este caso para dar beneficios económicos y no para ampliar controles contra el contrabando.

El Senado colombiano aprobó en junio el primer debate; la propuesta quedó a un paso de ser ley y con ella la premisa de fomentar la economía y la integración de los departamentos que limitan con Venezuela y sus otros vecinos.

En Táchira, mientras tanto, se profundiza un descontento popular. De eso no tiene dudas el diputado por el circuito de los municipios fronterizos de esa entidad, Walter Márquez, quien insiste en un "apartheid político".

"El Gobierno está atacando las consecuencias y no las causas", concluye. Los cierres de la frontera han incidido, según su punto de vista, en los resultados de las últimas elecciones. No en vano fue en ese estado donde Henrique Capriles sacó el mayor porcentaje de votos. El 8 de diciembre, por su parte, la oposición consiguió la victoria en 17 de los 29 municipios del Táchira.

Márquez cree que la Ley de Fronteras debe acortar las distancias entre las estructuras del poder y los pueblos limítrofes. Plantea, por ejemplo, retomar una idea archivada en los debates de la Constituyente, que hablaba de convertir a municipios como el Alto Apure y la Gran Sabana en estados. "Colombia elevó sus comisarías y corregimientos a la figura de departamentos", cuenta. "No es que eso vaya a solucionar todos los problemas pero cómo es posible que Guasdualito no tenga vuelos con Caracas mientras que del Arauca colombiano todos los días sale un avión directo a Bogotá".

Rocío San Miguel plantea, en la misma onda, la necesidad de legislar con una visión clara de país. Si bien cree que la soberanía pasa por evitar el tráfico de alimentos y mantener llenos los estómagos de los venezolanos, no se trata de voltear ahora a los pueblos de la frontera por el tema del contrabando. Las políticas limítrofes, asegura, también deben articular materias que van desde la protección de la selva amazónica, sus especies y sus recursos naturales, hasta definir problemas limítrofes no solo con Guyana sino también con islas del Caribe como Dominica.

"No hay políticas de frontera", concluye. El problema comenzó, afirma, cuando el Gobierno cambió su posición frente a los grupos irregulares colombianos: "Yo estoy convencida de que el proyecto chavista, instalado definitivamente en el poder, abrió las compuertas para una presencia guerrillera en Venezuela y esto debilitó cualquier esfuerzo de una política nacional para los estados y municipios fronterizos".

(*) Este reportaje fue originalmente publicado en El Universal el 18 de marzo de 2014.